Cuando el control interno se fue de campismo (+infografías)

Las violaciones de las normas, el exceso de confianza y la irresponsabilidad de directivos le sirvieron una millonaria suma de dinero en bandeja de plata a un especialista de la Empresa de Campismo Popular Sancti Spíritus, condenado a 18 años de privación de libertad

Por ENRIQUE OJITO Y YOSDANY MOREJÓN

8 abril, 2024 - 5:55am

A cinco directivos y funcionarios de la Oficina Central de la empresa les fueron aplicadas multas penales administrativas. (Foro: Vicente Brito/Escambray).

Una y otra vez se frotó las manos: había encontrado el mítico vellocino de oro. Para hallarlo, no pasó prueba alguna, como sí debió vencerlas el héroe griego Jasón. Ni gigantes de seis brazos ni acantilados ni toros inmensos que echaban fuego por la boca; no lideró, mucho menos, una expedición hasta la costa del mar Negro.

A aquel especialista B en Gestión Económica, de la Dirección Contable y Financiera perteneciente a la Empresa de Campismo Popular Sancti Spíritus, se la pusieron fácil para que desfalcara 7 968 669.50 pesos. Todo o casi todo lo localizó en una simple gaveta, en un simple buró: usuarios, contraseñas, claves, tarjetas de Telebanca escaneadas, firmas electrónicas…

Con esas llaves maestras a mano, operó las cuentas (corriente, de inversiones y de intermediación financiera) en moneda nacional de dicha entidad, del Ministerio del Turismo (Mintur), en el servicio Virtual Bandec, un sistema de conexión remota banco-cliente, que permite realizar variadas operaciones desde la oficina u otro lugar, mediante Internet o la Intranet cubana, sin necesidad de presentarse en la sucursal correspondiente del Banco de Crédito y Comercio (Bandec).

Pero tanto fue el cántaro a… las cuentas de la empresa espirituana con el propósito de transferir cuantiosas sumas de dinero a la suya que las sistemáticas operaciones promovieron la sospecha en entes externos. El hallazgo, bochornoso; la alerta tomó su curso acostumbrado. Era el 24 de mayo del 2023.

Denuncia por medio, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria acudieron tres días después al domicilio de residencia del ciudadano en Trinidad y le incautaron los artículos adquiridos con la millonaria cifra malversada. Hasta tres cadenas de oro, con medallas de Santa Bárbara, incluyó el decomiso.

Concluido el expediente de fase preparatoria por la Unidad Especializada de los Delitos contra la Seguridad del Estado, del Ministerio del Interior aquí, se radicó la causa 188/2023 ante la Sala Primera de lo Penal, del Tribunal Provincial Popular (TPP), cuyo juicio oral, público y ejemplarizante seguido contra el especialista B en Gestión Económica sesionó el 30 de noviembre pasado.

MODUS OPERANDI AL DESCUBIERTO

— ¿Cómo usted se llama?, pregunta la jueza al testigo.

— Oscar Ramón Rodríguez Socarrás.

Breves acotaciones de rigor. Toma la palabra el director de Inspección y Control Interno del Grupo Empresarial Campismo Popular, quien interviene en condición de perito. Él y su equipo obraron con la diligencia que le asistía al célebre detective Hércules Poirot, personaje de la notable Agatha Christie. El testigo responde cada interrogante; detalla, precisa. Conoce perfectamente los resultados de la auditoría ejecutada a la Empresa de Campismo Popular Sancti Spíritus, cuyo informe escudriñaron los jueces.

Por lo expuesto documentalmente, el encartado actuó como dueño y señor de las cuentas de la entidad en la plataforma Virtual Bandec. Eran minas de billetes. De septiembre del 2022 a mayo del 2023, transfirió efectivo a su cuenta personal hasta en cuatro ocasiones en un mes.

A 86 556.50 pesos ascendió la primera operación fraudulenta, ejecutada el 15 de septiembre del 2022, y a 100 000, la última, el 11 de mayo del año siguiente; ese mes sumó 200 000 pesos, el de menor cuantía desfalcada en todo el período, mientras enero del 2023 notificó 1 650 000, la mayor cifra malversada por el implicado durante 30 días.

Para enmascarar su actuar, Rodríguez Socarrás explica que, luego de efectuar las operaciones en el sistema Virtual Bandec, el enjuiciado editaba de nuevo los estados de cuenta y eliminaba así las transferencias a su tarjeta magnética; para ello empleaba un convertidor del documento confeccionado en PDF a Word.

Mientras tanto, ¿dónde estaba la contrapartida, tan elemental en cualquier organización económica? ¿A dónde habían ido a parar las normas del sistema de control interno en esta entidad del Mintur?

DESCONTROL, TERRENO FÉRTIL

Más de una violación le sirvió el dinero en bandeja de plata al encartado. En agosto del 2022, cuando cesó temporalmente en su labor, primero debido a un certificado médico y, posteriormente, a una licencia de maternidad, la entonces directora del área Contable y Financiera no cambió ni usuario ni clave en Virtual Bandec.

— ¿Dónde usted dejó su tarjeta de telebanca escaneada y su contraseña al salir de certificado médico?, indagan en el juicio.

—En el departamento.

La testigo añadió que, al incorporarse a trabajar a la empresa, ya se encontraban allí escaneadas las tarjetas del director general y del director adjunto. Allí también las halló el encausado, quien transitó por la Dirección Contable y Financiera como parte de una capacitación desde agosto y durante septiembre del 2022, con el objetivo de ocupar una plaza de especialista en dicha área; cargo desempeñado oficialmente a partir del 11 de octubre del propio año.

Durante esa etapa inicial, asumió voluntariamente todo lo relacionado con los mecanismos legales de la directora contable y financiera. Si bien es cierto que en septiembre aún no estaba nombrado para ejercer como especialista en Gestión Económica, realizó los cierres contables de la empresa.

Desde esa fecha, el encartado fue la única persona en operar la plataforma electrónica de Bandec y les negó a sus colegas el acceso a la computadora donde él laboraba; testificaron dos especialistas del área Contable y Financiera. Incluso, cuando una de ellas le pidió que le enseñara el manejo del sistema virtual bancario —por si él se ausentara en cierto momento—, el implicado le espetó un “No” rotundo.

Los autorizados a operar el sistema eran el director general, el director adjunto y la directora del área Contable y Financiera, según el contrato del servicio de Virtual Bandec con la Empresa de Campismo Popular Sancti Spíritus; documento no actualizado, al acogerse esta última funcionaria a un certificado médico, lo que constituyó una transgresión evidente del control interno, permitida por los directivos.

Inobjetablemente, para malversar el enjuiciado encontró caldo de cultivo, además, en el desconocimiento que poseían el director general y el adjunto sobre cómo funciona el Virtual Bandec. Verdad admitida por ellos. No fue la única: en cierta ocasión, especialistas del área Contable y Financiera les solicitaron las tarjetas de Telebanca, luego escaneadas. En el juicio oral y público, ambos reconocieron que permanecían al margen del uso dado a estas por quienes trabajaban allí.

IMPUNIDAD CERO

A partir de los hechos probados y del análisis de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, la Sala Primera de lo Penal del TPP condenó a 18 años de privación de libertad al especialista B en Gestión Económica de la Empresa de Campismo Popular, por ser autor de un delito de falsificación de documentos bancarios o de comercio de carácter continuado, como medio o fin para cometer una malversación.

Como sanción accesoria, el tribunal le aplicó el comiso de la voluminosa cantidad de los bienes que le fueron ocupados, obtenidos con el dinero malversado, que transfería vía electrónica a cuentas en moneda nacional a favor de terceras personas para la adquisición de estos en el mercado informal, a saber: televisor de pantalla plana (55 pulgadas), refrigerador, nevera, dos motorinas…

El acusado, quien admitió su responsabilidad en los hechos desde la fase investigativa, está obligado, asimismo, a reparar el daño material ocasionado a la empresa espirituana, en la suma de 7 968 669.50 pesos.

Esta sentencia todavía no es firme, pues el condenado, de 26 años de edad, interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular, según fuentes oficiales.

Durante el proceso de investigación, les fueron aplicadas multas penales administrativas a cinco personas de la empresa: director general, director adjunto, directora contable y financiera, jefa de Recursos Humanos y un especialista de esta última área, por el incumplimiento del deber de preservar bienes en la entidad; lo cual le despejó el camino al sancionado para su actuar corrupto.

Dicho sea de paso, apenas comenzó a tomar cuerpo la malversación, la empresa dejó de contar con liquidez monetaria, vital para saldar sus deudas con los proveedores y pagar utilidades a los trabajadores, quienes, por ende, se sintieron el impacto del delito en sus bolsillos.

REACCIÓN EN CADENA

Una vez detectado el hecho, el Grupo Empresarial Campismo Popular envió un directivo de otra provincia a la entidad espirituana, hasta que Héctor Morales Betancourt, director entonces de Operaciones y Calidad, asumió —también provisionalmente— la dirección general desde septiembre del propio 2023 a febrero pasado.

Para dar una vuelta de página al mayúsculo descontrol económico y administrativo, la nueva dirección de la empresa estableció un gardeo diario a sus estados de cuenta, en coordinación con la sucursal correspondiente de Bandec, significa Morales Betancourt. A la par, se salió al encuentro de los proveedores habituales para esclarecer las cuantías de las deudas, reconocidas por estos, cercanas a los 2 millones de pesos por aquel tiempo.

—Vamos a revisar, aseguraba la dirección provisional de la entidad en cada puerta que tocaba.

Gracias al aporte de expertos contratados a través de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba y a un crédito otorgado por Bandec en noviembre último, entre otras acciones, retornaron la salud financiera y el pago de utilidades a los trabajadores en el 2023 en la entidad, donde fueron aplicadas varias medidas disciplinarias, entre estas, la separación definitiva de la entidad y del sector.

Otro escollo debió encararse con urgencia en aquel momento, hoy no resuelto de forma total: el déficit de la fuerza laboral en la Oficina Central, que llegó a 12 personas en secciones claves como Recursos Humanos, Auditoría, Comercial, así como en la Contable y Financiera; en ascuas, estuvo literalmente esta, al quedarse solo con dos especialistas, de ocho previstos en la plantilla, asevera el director de Operaciones y Calidad.

—Héctor, desde el punto de vista ético, ¿qué dejó este hecho de corrupción al interior de la empresa?

—Cuando se da un hecho de este tipo, los trabajadores dejan de confiar en la dirección.

— ¿Y ya confían?

—Hoy los trabajadores confían en la actual dirección. Por eso, echaron para adelante, y la muestra está en los 80 millones de pesos ingresados en el 2023. La empresa ya tiene vida.

Confianza no debe traducirse en exceso de confianza, como el que manifestó la antigua dirección de la entidad hacia el encartado y que le facilitó a este manejar, a diestra y siniestra, las cuentas de la empresa en el servicio Virtual Bandec. La confianza hacia el otro debe construirse, ante todo, desde el respeto de las funciones de cada quien, más aún en materia de contabilidad y finanzas.

Sobre ello, en Cuba todo está escrito en piedra. La Resolución No. 60/11, de la Contraloría General de la República, debe ser almohada permanente tanto para directivos como para trabajadores. De otro modo, el control interno —como el ejemplo de marras— se va de campismo, desafortunadamente.

Pago de tributos en Sancti Spíritus: Que no se tranque el “dominó”. Comentario HHC

La Oficina Nacional de la Administración Tributaria en Sancti Spíritus identificó a más de 9 960 contribuyentes deudores, buena parte de los cuales se ha hecho de la vista gorda ante el deber cívico de pagar sus respectivos tributos

Por ENRIQUE OJITO

18 julio, 2022 - 6:33am

Ilustración: Osval

Sin “entremés” de por medio, o sea, yendo al grano: para no pocos espirituanos, en lo esencial trabajadores por cuenta propia, el impuesto se ha convertido en una papa caliente, si consideramos la alta cifra de calificados como deudores del presupuesto del Estado, por la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT).

No se trata de decenas o cientos, sino exactamente de 9 968 personas obligadas por ley a saldar sus débitos correspondientes al 2020, 2021, así como al actual año y que no lo hicieron por determinadas razones, en medio de un contexto epidemiológico asociado a la pandemia de la covid, limitante, además, del control fiscal.

En ese escrutinio, la ONAT ha puesto oído a los contribuyentes, un segmento de los cuales ha manifestado desconocimiento de la legislación, incluida la Resolución No. 345 Normas para la tributación y el tratamiento de precios y tarifas para los trabajadores por cuenta propia, del Ministerio de Finanzas y Precios.

Más de una novedad trajo a cuestas dicho cuerpo legal; entre las de significación, puede mencionarse una: todos los cuentapropistas pagan sus obligaciones tributarias conforme al régimen general, excepto aquellos que se les autorice por la ONAT a aplicar el régimen simplificado.

¿Quiénes estarían en este último caso? Los trabajadores por cuenta propia cuyos ingresos anuales no superen los 200 000 pesos cubanos y no contraten fuerza laboral. Pero no todo queda ahí; se evalúan, también, las relaciones comerciales del contribuyente con personas jurídicas y la ubicación geográfica de su proyecto.

Sin desconocer los “ruidos” que ocasionan los tecnicismos propios de este argot, debe subrayarse que el pago de tributos en el régimen simplificado —con periodicidad trimestral— asciende al 20 por ciento del ingreso mensual, descontando el mínimo exento de 3 260 pesos.

Los acogidos a este régimen no efectúan liquidación anual; aunque sí deben formular la Declaración Jurada, como también los insertados en el general de tributación al finalizar el ejercicio fiscal, a los efectos de realizar la liquidación y pago adicional del impuesto sobre los ingresos personales.

Según reza en la norma legal, dichos contribuyentes ejecutan un pago anticipado a cuenta del referido impuesto, a través de una cuota mensual consistente en el 5 por ciento de los ingresos obtenidos en el mes; es decir, no es una cantidad fija como sucedía con anterioridad.

Lógicamente, la legislación —modificada en determinadas cuestiones en el 2021 para atemperarse a las realidades del país— recoge muchísimas otras precisiones, de las cuales debieran permanecer al tanto quienes ejercen el cuentapropismo y todo aquel que precisa pagar algún tributo.

Pueden existir contribuyentes detractores de la decisión de generalizar la presentación de la Declaración Jurada de ingresos a todos los trabajadores por cuenta propia. De hecho, los hay. Y una de las causas podría ser que con esta medida, que busca una mayor transparencia y refuerza la premisa de aportar a las arcas estatales según los ingresos, se potencia la gestión y el control fiscal.

Lo cierto es que gran parte de los deudores ha dejado pasar el tiempo para ver qué sucede con ellos, y olvida que sus respectivas deudas son una bola de nieve, al crecer gradualmente en la medida en que, por ejemplo, el recargo por mora no es pagado por el infractor.

No obstante, el viento de los incumplidores no sopla por igual en todos los municipios y, en tal sentido, la ONAT mira con mayor preocupación hacia el territorio cabecera, Trinidad, Cabaiguán y Yaguajay, donde acciona con mayor intencionalidad.

Y en esa cruzada, la institución prioriza el requerimiento a quienes reporten adeudos, algo así como un conteo de protección para que reaccionen, y los resultados, aunque distan de ser óptimos, indican la validez del proceder: más del 22 por ciento de los contribuyentes requeridos ha saldado su débito.

Lo más sensato sería que la persona no aguardara por el requerimiento de la ONAT, si este se sabe deudor. Asimismo, prudente sería acudir de inmediato a la oficina municipal, apenas sea notificado, para aclarar su situación. Algunos lo hacen con celeridad; los más, no.

Para darles un giro de 180 grados a los incumplimientos tributarios, la ONAT en Sancti Spíritus delineó un programa, y entre sus acciones debe citarse la revitalización al máximo de las alianzas con la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez, para que sus estudiantes, en lo fundamental de las carreras afines, participen más activamente en el proceso de requerimiento.

Queda claro que, agotadas las vías administrativas, a la entidad solo le resta presentar la denuncia por la supuesta comisión del delito de evasión fiscal, sancionado hasta con penas de privación de libertad; trámite engorroso para todas las partes y con ejemplos concretos en la provincia espirituana.

Lo ideal sería que prevalezca la cultura tributaria y se repliquen los casos de los contribuyentes que pagan a tiempo en concordancia con lo realmente ingresado, pues comprenden que sus aportes derivan luego en gastos sociales a la cuenta del presupuesto del Estado. En fin, lo ideal sería que el deudor no se mantenga en sus trece y abone la cuantía determinada. Así no se trancaría el “dominó”.

Comentario HHC: Aquí no debe existir contemplación alguna. Los grandes violadores del fisco en otros paises  reciben grandes multas y algunos hasta carcel.

 En nuestro país deben pagar sin excusas, de lo contrario deben multarse y hasta cerrar el negocio según sea el caso. Y si es recurrente e incumplidor de montos  importantes (a definir) debe de actuarse con mas severidad.

Los que pueden llegar a ser medianas empresas, deben pagar mensualmente.  

¿ Quienes terminaron de pagar los equipos de la revolución energética? Los que no lo hicieron hay que incluirlos en un buro de crédito, no elegible a créditos. 

Quedar disponible, quedar en la calle

 Sin que pudiera hablarse de una situación de crisis, los procesos de disponibilidad laboral en Sancti Spíritus revelan fisuras y se han convertido en una salida en busca de la ansiada eficiencia económica en ciertas entidades

ENRIQUE OJITO, Escambray

4 julio, 2022

La alimentaria se encuentra entre las entidades con números nada desestimables de procesos de disponibilidad concebidos para este año. (Foto: Xiomara Alsina/Escambray)

Solo un kamikaze quisiera verse hoy en los zapatos de los más de 2 300 trabajadores espirituanos que enfrentan el proceso de disponibilidad laboral; que significa, en la concreta, la posibilidad real de perder el empleo con el consiguiente trauma personal y familiar, agravado por la inflación minorista, que ha picado y se ha extendido hasta las gradas del jardín central.

Ante todo, pongamos este proceso en su lugar: aunque no constituye una novedad en materia laboral, hoy está más asociado a la implementación del paquete de medidas aprobadas para el fortalecimiento de la empresa estatal socialista, con un punto fijo en el horizonte: el logro de la eficiencia económica, que debe redundar en un alza productiva y de servicios.

Sin embargo, habría que preguntarse si cortar el vínculo laboral acaso no es el camino más fácil encontrado por algunas administraciones en la búsqueda a ultranza de ese objetivo, que presupone la obtención de utilidades y su reparto en los colectivos.

Donde se pensó y obró así resulta cuestionable, como sucedió en la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado; anomalía constatada por Rodolfo Gallego Soriano, miembro del Secretariado de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la provincia.

Obviamente, la eficiencia no cae del cielo, como tampoco las fuentes alternativas de ingreso, que están sujetas a destrabar todo el pensamiento innovador y poner este en función de ello, como si se tratara de la economía hogareña.

El sentido común indica, asimismo, que el proceso de disponibilidad nazca de conjunto con la conformación del plan anual de la economía de cada entidad, cuyo diseño supone tanto el pronóstico de los niveles productivos como de los recursos humanos a emplear, entre otras variables.  

Lo anterior no niega otro razonamiento: el proceso de disponibilidad es pariente cercano del fenómeno de las plantillas infladas, diana del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, en varias de sus intervenciones, y criticado, además, por el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien ha calificado de empresas “cabezonas” a aquellas entidades con una cifra desmedida de cuadros, funcionarios y trabajadores en el área administrativa, en detrimento de los vinculados directamente a la producción y a la prestación de servicios.

No obstante, paradójicamente es usual encontrar que la disponibilidad afecte al personal directo, en lugar del indirecto o de apoyo; realidad solo explicable si augura, como razón esencial, un desplome de la actividad productiva, debido a una baja en la entrada de materias primas y otros insumos.

En ese contexto y sin dejarnos seducir por el paternalismo, tan pernicioso, hay estadísticas que deben leerse con toda la sensibilidad del mundo. De acuerdo con la Subdirección de Empleo de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, entre las entidades con números nada desestimables de procesos de disponibilidad concebidos para este año se encuentran la Empresa Integral Agropecuaria con 350 trabajadores; la Porcina, 281; Provincial de la Industria Alimentaria; 200; Provincial de Transporte, 192, y Provincial de Acopio, 179. No menos relevantes son las sumas previstas en la Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro (123), Agropecuaria Obdulio Morales (122) y en la de Tabaco Torcido (100).

Que el Consejo de Ministros le levara ancla a la autonomía de las empresas, a tenor de un mandato constitucional, no equivale a desmarcarse de lo legislado, en lo fundamental del Código de Trabajo y su reglamento correspondiente, entre otras normativas.

Aun cuando las empresas pueden decidir su plantilla laboral, no le deben echar tierra y darle pisón a lo dispuesto: en el sector estatal los trabajadores pueden ser declarados disponibles debido a procesos de reorganización de los órganos, organismos, entidades nacionales, consejos de la administración y organizaciones superiores de dirección empresarial.

También se justifica al suceder cambios técnicos o tecnológicos, al disminuir el nivel de actividad, al estudiarse la organización del trabajo u otras medidas que permitan un uso más racional de la fuerza de trabajo, y al fusionarse o extinguirse entidades, como fueron CubaTaxi y Taxis Cuba en la provincia, donde, por motivos obvios, los disponibles se concentran en el personal de las áreas administrativas de esas entidades.

En cualquiera de las circunstancias, el principio de la idoneidad demostrada regirá el proceso de determinación de los trabajadores que permanecen en la entidad y de los disponibles; análisis que debe estar apuntalado por las evaluaciones periódicas del desempeño individual.

Decimos “debe” por cuanto estas últimas muchas veces no se realizan e, incluso, cuando se efectúan, la superficialidad, en no pocas empresas y unidades presupuestadas, campea por su respeto; es decir, no valen ni un comino en el momento de decidir con justedad quién se queda y quién se va.

En dicho proceso y por ley, la organización sindical no puede ser un cero a la izquierda. Alertar, asesorar, velar por el cumplimiento de lo instituido y el apego a los derechos de los trabajadores son obligaciones que van a la cuenta del sindicato, el cual, en algunos centros, ha dado indicios de parcialidad y favoritismo.

No es presunción; lo admite con toda honestidad Oslidia López Martín, integrante del Secretariado de la CTC en la provincia, órgano que ha encerrado en círculo rojo el objetivo 8 del XXI Congreso, dirigido a prestarle especial atención al tratamiento de las interrupciones laborales —condición previa a quedar disponible— y a exigir la reubicación de los trabajadores afectados.

Inquieta sobremanera que el sistema empresarial no esté precisado por norma en informar las plazas vacantes a los burós municipales de empleo, lo cual se la pone más difícil a los trabajadores disponibles, quienes pudieran ser reubicados en esos puestos, de por sí escasos, sobre todo en Trinidad, Fomento y Yaguajay.

Preocupa en demasía que en entidades como en la Empresa Provincial de Acopio y en la de Farmacias y Ópticas, ante la cercanía de los procesos de disponibilidad las administraciones adopten medidas como el cierre de contratos por tiempo determinado, en quebranto de los derechos de los trabajadores.

Sobre ello podría redactar un tratado el área de Asuntos Laborales y Sociales de la CTC en el territorio, que notifica 15 reclamaciones en el 2022 por este motivo; ejemplo palmario, igualmente, de debilidades en el funcionamiento y proyección de las organizaciones sindicales implicadas, urgidas de asumir, en tales casos, sus funciones con responsabilidad, en primera y última instancia, por una cuestión de sensibilidad. Se trata de ponerse en los zapatos de la persona perjudicada, a quien al ser declarada disponible, la amparan ciertas garantías salariales.

Alguien pudiera cuestionar qué representan unos 2 300 trabajadores a punto de quedar sin plaza, en relación con los más de 110 000 espirituanos vinculados al sector estatal. Matemáticamente, casi nada; humanamente, muchísimo, porque dígase sin rodeo, quedar disponible es quedar en la calle.

Inflación, complicado crucigrama

 Por: Enrique Ojito 1 diciembre 2021

Ni plantando un rascacielos en medio de la plaza de los Olivos al estilo del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, erigido en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, la mayoría de los espirituanos puede llegarle a buena parte de los precios de bienes y servicios ofertados ahora mismo en la provincia, atendiendo al monto de sus salarios, pensiones o prestaciones monetarias.

Frente a este fenómeno duro y lamentable, las autoridades cubanas no se refugian en la torre de marfil. Para disipar dudas, apelamos al recién celebrado VII Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que analizó la marcha de la implementación de la Tarea Ordenamiento, aplicada desde el primero de enero.

En el Parlamento, el diputado Marino Murillo Jorge, jefe en aquel entonces de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, admitió que la inflación minorista ha sido la desviación fundamental del referido proceso, uno de los de mayor hondura económica, financiera y política en la historia de la Revolución.

¿Cómo se traduce esto en el bolsillo de los espirituanos y cubanos, en general? En la cotidianidad, casi se duplicaron las cifras diseñadas para los costos de la canasta de bienes y servicios de referencia, estimada en 1 528 pesos y que dio las señales para el cálculo del salario mínimo.

Como explicaron funcionarios del Ministerio de Comercio Interior a inicios de año, esta clase de canasta —concepto aplicado en varias naciones con miras a instituir políticas macroeconómicas— incluye los productos alimenticios de la canasta familiar normada, otros alimentos y renglones de venta liberada, y un cálculo del consumo fuera del hogar. Abarca, asimismo, artículos de aseo e higiene personal, vestuario, calzado, un porcentaje para el mantenimiento de la vivienda, el pago de prestaciones básicas (electricidad, agua y telefonía fija), así como la transportación urbana.

Comer determinado alimento en la calle le cuesta a la persona en la actualidad el doble de lo diseñado, han reconocido los especialistas, y si bien las distorsiones mayores en cuanto a los números fijados para la canasta de bienes y servicios de referencia las registran La Habana y el oriente cubano, Sancti Spíritus no escapa de la problemática, a juzgar por los comentarios en la web de Escambray y por las vivencias que a diario experimenta uno mismo.

En la práctica, la inflación minorista, que rebasó con creces lo previsto, ha situado contra las cuerdas la capacidad de compra que dio la reforma salarial, así como el incremento de las pensiones y de las prestaciones monetarias, esencialmente en los segmentos de la población con menor entrada financiera. Por consiguiente, es razonable que ello constituya la principal insatisfacción de la ciudadanía con respecto al ordenamiento monetario y cambiario.

Estadísticas aportadas durante las recientes sesiones del Parlamento ofrecen más luces sobre la peliaguda situación. En cuanto a la inflación minorista, de acuerdo con el diseño de la Tarea Ordenamiento, las ventas totales se incrementarían 1.6 veces y los ingresos de las personas, cinco. Bajo ese pronóstico, se decidió aplicar el ordenamiento monetario y la reforma salarial.

Todo indicaba que quienes vivimos del salario íbamos a quedar mejor parados. Sin embargo, los vaticinios enrumbaron hacia la derecha y la realidad, hacia la izquierda; por ello, la población se ha dado de bruces contra precios hasta 10 veces más altos que lo pronosticado. Ese ascenso exponencial se ha constatado, básicamente, en los precios relacionados con el transporte, la alimentación y la vivienda; en este último caso, referidos a la compra de materiales de la construcción, según trascendió en la Asamblea Nacional.

Por cierto, hablamos de precios estatales; como se sabe, la inflación en las abruptas cimas del mercado informal se vuelve más punzante, salpicada por otro ingrediente que apenas esbozamos: en esos oscuros terrenos hoy un dólar ya frisa los 80 pesos; divisa por la cual optan no pocos espirituanos para obtener artículos en la red de tiendas que expenden en Moneda Libremente Convertible (MLC).

No debe olvidarse la imposibilidad que tiene Cuba de vender divisas al tipo de cambio oficial; causa que ha vigorizado el mercado subterráneo de compraventa de MLC, necesitada también por el sector no estatal para realizar adquisiciones en el país o asumir importaciones.

El impacto combinado del reforzamiento del bloqueo estadounidense y de la pandemia del SARS-CoV-2 ha puesto boca abajo la economía nacional; debido a esos efectos, Cuba dejó de percibir más de 3 000 millones de dólares en ingresos desde el 2019.

Poco a poco, la covid ha ido cediendo gracias al plan integral trazado por el Gobierno —con expresión en el logro de vacunas con sello nacional—, y la Mayor de las Antillas emprende gradualmente la revitalización productiva y de prestación de servicios.

En dicho contexto, adquiere prioridad el enfrentamiento a la inflación, oxigenada por la insuficiencia productiva, el exceso de circulante, el inadecuado régimen fiscal, las presiones externas, entre otras condicionantes, según expertos citados por Bohemia.

Bajo el asedio de este fenómeno multicausal, el Gobierno ha adoptado medidas compensatorias a favor de los vulnerables, “muy insuficientes todavía”, subrayaba el vice primer ministro y titular de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández. Este actuar se ha extendido a unas 400 000 personas, por un valor que rebasa los 400 millones de pesos.

Resulta explicable que las distorsiones en la fijación de los precios les ocupe tiempo a la máxima dirección del país, que ha acentuado la urgencia de profundizar la aplicación de las medidas antiinflacionarias, entre estas una mayor participación de los productores nacionales en función de satisfacer la demanda de la ciudadanía y mejor control de la liquidez en manos de la población, además de las acciones compensatorias para la atención a los ciudadanos más vulnerables.

Por tanto, la inflación, que duele en la billetera popular, se torna un verdadero crucigrama, que exige emplearse a fondo a las autoridades y a todos los actores económicos para poder dilucidarlo.

(Tomado de Escambray)

¿Empresas privadas en Cuba?

 Bajo el fuego de los francotiradores, el escepticismo del pensamiento dogmático y la anuencia de quienes apuestan por la actualización del modelo económico cubano, en este mes de septiembre comenzará el proceso de constitución gradual de las micro, pequeñas y medianas empresas en el país

ENRIQUE OJITO

10 septiembre, 2021 - 7:22am

Varios negocios privados en Trinidad pudieran convertirse en micro, pequeñas y medianas empresas. (Foto: Ana Martha Panadés)

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Para ciertos dogmáticos, las empresas privadas le cavarán la tumba a la construcción del Socialismo cubano; para quienes no sacan el dedo del gatillo, la decisión del Consejo de Estado de darles el visto bueno a esas entidades llega tardíamente; para otros, esta le viene como anillo al dedo al proceso de actualización del modelo económico y contribuye, al menos en el papel, a confinar el prejuicio hacia esa forma de propiedad.

El más reciente espaldarazo a este tipo de propiedad lo dictó el Decreto-Ley No. 46 Sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes); norma legal que responde al perfeccionamiento de este actor de la economía, uno de los vagones del tren convocado a inducir el desarrollo del país, junto a la empresa estatal socialista, las cooperativas no agropecuarias, el trabajo por cuenta propia y otras formas productivas.

Que las Mipymes anclen en Cuba parte del reconocimiento que la Constitución de la República le realiza a la propiedad privada, la cual debe interactuar en similares condiciones que las restantes formas dentro del sistema económico nacional, donde prevalece la socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, como lo aclara la ley de leyes.

Quienes siguen la ruta a la actualización del modelo económico de la isla caribeña saben que lo realmente peculiar asociado a las Mipymes lo constituye la posibilidad del otorgamiento de personalidad jurídica a entidades como, por ejemplo, restaurantes privados, que ya operaban en el entramado económico.

Recuérdese que antes de la irrupción de la pandemia de la COVID-19, en Sancti Spíritus prestaban servicio decenas de paladares con fuerza laboral contratada por sus dueños, bajo el paraguas del trabajo por cuenta propia. Estadísticas del Ministerio de Economía y Planificación (MEP) refieren que la quinta parte de los más de 600 000 cuentapropistas del país es personal contratado.

Ello conduce a sostener que las entidades privadas por nacer tendrán como cimiento, o sea, como primeras fuentes de creación los actuales negocios de trabajadores por cuenta propia que disponen de una amplia contratación de personal; aunque hagamos la salvedad: el Decreto-Ley No. 46 también suscribe la constitución de Mipymes en el sector estatal.

No pocas preocupaciones afloraron a raíz de la publicación, en la Gaceta Oficial, del paquete de normativas relacionadas con el perfeccionamiento de los actores económicos, entre estos, las Mipymes; regulaciones que, dicho sea de paso, entrarán en vigor el 20 de septiembre para dar comienzo a la constitución gradual de esas unidades productivas y de prestación de servicios.

El estudio de las experiencias internacionales le permitió a Cuba detectar la existencia de varios indicadores para clasificar este tipo de empresa, como el volumen de ventas anuales y el valor de los activos; no obstante, se optó por la cantidad de personas ocupadas, el elemento más extendido en el mundo.

¿Cómo ello se traducirá en la práctica cubana? Serán consideradas microempresas aquellas que dispongan de 1 a 10 ocupados; el rango de las pequeñas oscilará para las que cuenten entre 11 y 35, y el de las medianas, de 36 a 100.

Antes de que llovieran las dudas, funcionarios del MEP alertaron que el principio de la gradualidad regirá durante el nacimiento de las entidades; sin rodeo: no habrá maratones en su creación para no lesionar la calidad de este inédito proceso económico. Concebirlo de tal modo no significará ponerle zancadillas a la formación de las Mipymes; bien se conoce que la premura nunca lleva a tierra firme.

Para evitar los cuellos de botella, se priorizarán, entre otras áreas, la producción de alimentos, los proyectos de desarrollo local coherentes con la política aprobada en función de los territorios, y toda la actividad de economía circular que tenga como punto esencial la utilización de materias primas nacionales.

Al conocer estas prioridades, no es descartable que algún dueño de negocio particular diga: “Apaga y vamos”; pero la lógica indica que la conversión a entidad privada no debe acontecer de golpe y porrazo.

Operar con personalidad jurídica deja más de un punto a favor. Ante todo, no es igual sentarse a negociar con otro actor económico bajo la condición de empresario que como mero cuentapropista.

Súmele la posibilidad de acceder a créditos en moneda nacional tanto para capital inicial, de trabajo o inversiones; en el caso de los préstamos en Moneda Libremente Convertible (MLC), el MEP anunció que se labora en su diseño, pues no solo las Mipymes, sino también otros actores económicos precisan de esa moneda para adquirir ciertos bienes e insumos.

Por supuesto, para obtener financiamiento en MLC —como alegaron directivos del propio ministerio— el sujeto deberá tener ingresos en esa moneda y la capacidad para devolver la deuda; condición que pondría cualquier institución bancaria del planeta. De suscitarse algún débito, no importa en cuál moneda, la empresa responde con su patrimonio, sin implicar el personal de los socios, lo cual brinda cierto respiro.

Contar con personalidad jurídica no constituye un abracadabra para las Mipymes al entrar en el circuito económico nacional; sin embargo, sí otorga dos posibilidades más que deben, al menos, mencionarse: favorece la asociación con otras entidades y les permite a sus integrantes acceder a las prestaciones de la Seguridad Social, con los mismos derechos que los trabajadores del sector estatal.

He ahí uno de los tantos elementos reveladores de que la conformación de las empresas privadas en Cuba no le hará guiños al capitalismo. Además de la protección a los trabajadores y el régimen de Seguridad Social, lo revalida la fórmula tributaria aprobada, ha expuesto el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández.

No obstante, existe otra señal de que las Mipymes no implicarán la restauración del sistema capitalista: se puede ser socio de una sola entidad de esta clase; lo que limitará la concentración de la propiedad y la riqueza, en clara sintonía con los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución.  

Exactamente, lo regulado para evitar esa concentración ha sido la comidilla de los francotiradores, de los fervientes defensores del “cambio de régimen” en la isla. De ello se desprende la validez de lo legislado que, en sentido general, pretende liberar las fuerzas productivas de las Mipymes como actor económico; aunque se destierra la más mínima posibilidad de que estas le caven la tumba al Socialismo en Cuba.

¿Cuánto le cuesta la COVID-19 al bolsillo de Cuba? (+infografías)

Además de impactar en la salud, la enfermedad ha devenido un desafío enorme para la economía cubana

ENRIQUE OJITO, Escambraytaris 1,257

La salvación de las vidas de los cubanos y cubanas constituye prioridad para las autoridades gubernamentales. (Foto: Oscar Alfonso)

Desde que el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, de La Habana, diagnosticara los primeros infectados en Cuba con el SARS-CoV-2 (tres turistas italianos alojados en un hostal de Trinidad) el 11 de marzo del 2020, la pandemia de la COVID-19 se convirtió en un movimiento telúrico que perturba no únicamente la vida de la familia por la incertidumbre que genera un confirmado en el seno del hogar —miles de los cuales no han logrado rebasar la enfermedad—; sino, además, la menguada economía nacional y, por ende, las arcas del Estado.

Infografía: Enrique Ojito Linares y Ángel R. Borges Quintero

El Gobierno ha debido manejar las finanzas centavo a centavo; solo en el 2020, las fuentes de ingresos en divisas convertibles del país reportaron 2 413 millones de dólares menos en relación con el 2019, y en lo que va del 2021, la cifra asciende a 481 millones menos con respecto al primer semestre del año pasado, como consecuencia de la pandemia y del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, que frena la entrada de ingresos y limita las exportaciones.

Infografía: Enrique Ojito Linares y Ángel R. Borges Quintero

En tal escenario económico, el enfrentamiento al coronavirus, es decir, la salvación de las vidas de los cubanos y cubanas constituye prioridad para las autoridades gubernamentales, traducida en el respaldo a los gastos para garantizar el funcionamiento de los centros de aislamiento y la compra de insumos médicos, reactivos, equipos, medios de protección, material gastable y fármacos.

Infografía: Enrique Ojito Linares y Ángel R. Borges Quintero

Fuentes para la realización de las infografías: Ministerio de Economía y Planificación, Dirección Provincial de Finanzas y Precios y Dirección Provincial de Salud