Por: Enrique Ojito
Ni plantando un rascacielos en medio de la plaza de los Olivos al estilo del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, erigido en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, la mayoría de los espirituanos puede llegarle a buena parte de los precios de bienes y servicios ofertados ahora mismo en la provincia, atendiendo al monto de sus salarios, pensiones o prestaciones monetarias.
Frente a este fenómeno duro y lamentable, las autoridades cubanas no se refugian en la torre de marfil. Para disipar dudas, apelamos al recién celebrado VII Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que analizó la marcha de la implementación de la Tarea Ordenamiento, aplicada desde el primero de enero.
En el Parlamento, el diputado Marino Murillo Jorge, jefe en aquel entonces de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, admitió que la inflación minorista ha sido la desviación fundamental del referido proceso, uno de los de mayor hondura económica, financiera y política en la historia de la Revolución.
¿Cómo se traduce esto en el bolsillo de los espirituanos y cubanos, en general? En la cotidianidad, casi se duplicaron las cifras diseñadas para los costos de la canasta de bienes y servicios de referencia, estimada en 1 528 pesos y que dio las señales para el cálculo del salario mínimo.
Como explicaron funcionarios del Ministerio de Comercio Interior a inicios de año, esta clase de canasta —concepto aplicado en varias naciones con miras a instituir políticas macroeconómicas— incluye los productos alimenticios de la canasta familiar normada, otros alimentos y renglones de venta liberada, y un cálculo del consumo fuera del hogar. Abarca, asimismo, artículos de aseo e higiene personal, vestuario, calzado, un porcentaje para el mantenimiento de la vivienda, el pago de prestaciones básicas (electricidad, agua y telefonía fija), así como la transportación urbana.
Comer determinado alimento en la calle le cuesta a la persona en la actualidad el doble de lo diseñado, han reconocido los especialistas, y si bien las distorsiones mayores en cuanto a los números fijados para la canasta de bienes y servicios de referencia las registran La Habana y el oriente cubano, Sancti Spíritus no escapa de la problemática, a juzgar por los comentarios en la web de Escambray y por las vivencias que a diario experimenta uno mismo.
En la práctica, la inflación minorista, que rebasó con creces lo previsto, ha situado contra las cuerdas la capacidad de compra que dio la reforma salarial, así como el incremento de las pensiones y de las prestaciones monetarias, esencialmente en los segmentos de la población con menor entrada financiera. Por consiguiente, es razonable que ello constituya la principal insatisfacción de la ciudadanía con respecto al ordenamiento monetario y cambiario.
Estadísticas aportadas durante las recientes sesiones del Parlamento ofrecen más luces sobre la peliaguda situación. En cuanto a la inflación minorista, de acuerdo con el diseño de la Tarea Ordenamiento, las ventas totales se incrementarían 1.6 veces y los ingresos de las personas, cinco. Bajo ese pronóstico, se decidió aplicar el ordenamiento monetario y la reforma salarial.
Todo indicaba que quienes vivimos del salario íbamos a quedar mejor parados. Sin embargo, los vaticinios enrumbaron hacia la derecha y la realidad, hacia la izquierda; por ello, la población se ha dado de bruces contra precios hasta 10 veces más altos que lo pronosticado. Ese ascenso exponencial se ha constatado, básicamente, en los precios relacionados con el transporte, la alimentación y la vivienda; en este último caso, referidos a la compra de materiales de la construcción, según trascendió en la Asamblea Nacional.
Por cierto, hablamos de precios estatales; como se sabe, la inflación en las abruptas cimas del mercado informal se vuelve más punzante, salpicada por otro ingrediente que apenas esbozamos: en esos oscuros terrenos hoy un dólar ya frisa los 80 pesos; divisa por la cual optan no pocos espirituanos para obtener artículos en la red de tiendas que expenden en Moneda Libremente Convertible (MLC).
No debe olvidarse la imposibilidad que tiene Cuba de vender divisas al tipo de cambio oficial; causa que ha vigorizado el mercado subterráneo de compraventa de MLC, necesitada también por el sector no estatal para realizar adquisiciones en el país o asumir importaciones.
El impacto combinado del reforzamiento del bloqueo estadounidense y de la pandemia del SARS-CoV-2 ha puesto boca abajo la economía nacional; debido a esos efectos, Cuba dejó de percibir más de 3 000 millones de dólares en ingresos desde el 2019.
Poco a poco, la covid ha ido cediendo gracias al plan integral trazado por el Gobierno —con expresión en el logro de vacunas con sello nacional—, y la Mayor de las Antillas emprende gradualmente la revitalización productiva y de prestación de servicios.
En dicho contexto, adquiere prioridad el enfrentamiento a la inflación, oxigenada por la insuficiencia productiva, el exceso de circulante, el inadecuado régimen fiscal, las presiones externas, entre otras condicionantes, según expertos citados por Bohemia.
Bajo el asedio de este fenómeno multicausal, el Gobierno ha adoptado medidas compensatorias a favor de los vulnerables, “muy insuficientes todavía”, subrayaba el vice primer ministro y titular de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández. Este actuar se ha extendido a unas 400 000 personas, por un valor que rebasa los 400 millones de pesos.
Resulta explicable que las distorsiones en la fijación de los precios les ocupe tiempo a la máxima dirección del país, que ha acentuado la urgencia de profundizar la aplicación de las medidas antiinflacionarias, entre estas una mayor participación de los productores nacionales en función de satisfacer la demanda de la ciudadanía y mejor control de la liquidez en manos de la población, además de las acciones compensatorias para la atención a los ciudadanos más vulnerables.
Por tanto, la inflación, que duele en la billetera popular, se torna un verdadero crucigrama, que exige emplearse a fondo a las autoridades y a todos los actores económicos para poder dilucidarlo.
(Tomado de Escambray)
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