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lunes, 18 de marzo de 2024

La política crediticia y su implementación en las relaciones de la banca con los actores económicos. Miradas 2023. (X), Comentario HHC

Por FRANCISCO FIDEL BORRÁS ATIÉNZAR

Introducción

Las transformaciones del Modelo Económico y Social cubano colocan en el centro de la atención preceptos tales como la sostenibilidad y prosperidad de la nación; la eficiencia y eficacia del sistema productivo; el bienestar y la equidad social; la educación y formación; el uso racional y la protección de los recursos y el medio ambiente; entre otros. Alcanzar estas metas es impensable sin la existencia de un sistema financiero sólido, competente, inclusivo y socialmente responsable, para respaldar con flexibilidad y agilidad las transformaciones acaecidas en el panorama económico y social del país. A su vez, el crédito bancario es uno de los mecanismos financieros con mayores potencialidades para ejercer un impacto efectivo sobre el desarrollo sostenible del país y en especial de los actores económicos.

El crédito es un financiamiento que permite, entre otros efectos, la realización de proyectos, procesos y operaciones necesarios para la sostenibilidad econó- mica, social y/o ambiental de los actores económicos. La política crediticia debe identificarse no solo con la canalización de recursos financieros de los oferentes hacia los demandantes, con la colocación y recupera
ción de fondos, sino también, con objetivos inherentes a su esencia como son los incentivos a la elevación de la eficiencia económica, la inclusión social y la sustentabilidad ambiental.

Por los argumentos anteriores, el objetivo del capítulo es reflexionar sobre la correspondencia entre la Conceptualización, la política crediticia del Sistema Bancario y su implementación a través de la influencia del crédito en los principales actores económicos. Además de determinar las principales brechas existen- tes, el trabajo define las causas fundamentales de las mismas, con una mirada hacia los factores internos al Sistema Bancario.

La política crediticia en la Conceptualización

La Conceptualización reconoce, dentro de sus principales transformaciones el adecuado equilibrio entre la centralización y la descentralización de la gestión de las organizaciones para que garantice la autonomía en las instancias intermedias y de base, lo que exige el rediseño integral de los subsistemas económicos, y entre ellos: la política crediticia (Partido Comunista de Cuba, 2021).

Se enfatiza en que el Estado no interfiera en la gestión autónoma de las entidades empresariales de propiedad de todo el pueblo, dentro de las cuales se encuentran las instituciones bancarias (Partido Comunista de Cuba, 2021).

La Conceptualización señala que: «la Política Crediticia genera los incentivos necesarios para garantizar la correspondencia entre la demanda y la oferta de crédi- tos, así como estimular a sectores y actores económicos estratégicos para el desarrollo del país» (Partido Comunista de Cuba, 2021, pág. 38). En esta afirmación queda esclarecido el papel del crédito bancario como herramienta que debe promover y respaldar el desarrollo sostenible de los actores económicos. Se trata de entender el crédito, no solo como una fuente de financiamiento que cubra el déficit temporal de recursos monetarios, sino también como un instrumento económico para favorecer la eficiencia y competitividad de las entidades empresariales en cualquiera de sus formas de propiedad. Por supuesto, la Conceptualización tiene entre sus pilares que «el peso cubano es la única moneda y centro del sistema financiero nacional. Cumple adecuadamente sus funciones de dinero, que son: medir el valor de los bienes y servicios, de medio de pago o circulación, y de ahorro o atesoramiento» (Partido Comunista de Cuba, 2021, pág. 39), requisito indispensable para una efectiva política crediticia.

Se define que las tasas de interés deben representar un mecanismo de regulación y control del acceso a las divisas, de la cantidad de dinero en circulación y del ahorro e inversión. Para ello, las tasas de interés deben reflejar el costo del dinero dentro de la economía y estructurarse de forma coherente con el sistema de precios de la economía interna y las tasas de interés internacionales, en función de la política económica (Partido Comunista de Cuba, 2021).

Es importante resaltar el siguiente paradigma conceptual: «El apoyo financiero al sector empresarial y a otros actores económicos, se realiza mediante mecanismos que contribuyen a su progreso y competitividad» (Partido Comunista de Cuba, 2021, pág. 40). En el otorgamiento de los créditos bancarios debe considerarse el impacto que ejerce sobre la eficiencia empresarial, lo cual no excluye tratamientos preferenciales a aquellos que, por intereses estratégicos del país lo necesitan.

Los Lineamientos 2021-2026 establecen pautas para la política crediticia (Partido Comunista de Cuba, 2021). Se resalta la necesidad de consolidar el Sistema Finan- ciero y Bancario Cubano, para hacerlo eficiente y diversificado, de tal forma que contribuya a dinamizar la economía y asegurar la sostenibilidad financiera del país.

Sobre la Política Crediticia, en los Lineamientos se incluyen las siguientes directrices:

• Dinamizar el crédito para el impulso a la actividad económica del país.

• Diversificar las ofertas de productos y servicios.

• Avanzar en la aplicación de un sistema de tasas de interés racional y fundamentado, para convertirlas en un instrumento de incentivo económico.

• Perfeccionar los servicios bancarios dirigidos a las formas de gestión no estatal, para contribuir a su adecuado funcionamiento.

En el Plan 2030 (Partido Comunista de Cuba, 2017) se resalta, en los principios 14 y 15, la relevancia de contar con un sistema bancario sólido y eficiente. Queda ex- plícita la significación de lograr la coherencia entre la política crediticia y el resto de las políticas económicas y sociales.

«El sistema bancario, a través de sus funciones, ejerce una influencia directa y transversal sobre todos los ejes estratégicos de desarrollo económico y social. Las funciones más visibles de los bancos son la provisión de medios de pago para apoyar y agilizar las transacciones económicas y financieras y la intermediación financiera. Pero, además, el sistema bancario cumple otras tres importantes funciones vinculadas a su responsabilidad social: influir sobre la eficiencia económica de los clientes, impactar favorablemente sobre la equidad social y apoyar la preservación y cuidado del medioambiente. Es por ello que ninguno de los ejes estratégicos puede lograr un desarrollo exitoso si las entidades bancarias cubanas no cumplen cabalmente con esas funciones» (Borrás, 2019, pág. 76).

En fin, las estrategias económicas y sociales del país, expresadas en los documentos rectores, marcan la ne- cesidad de fortalecer el papel de la política crediticia en aras de lograr un mayor impacto en los componentes económico, social y ambiental del desarrollo próspero y sostenible del país, en especial a través del financia- miento eficaz y eficiente de los actores económicos

La política crediticia en los macroprogramas de gobierno y en el marco regulatorio del sistema bancario

Para la implementación del Plan 2030, en el macro- programa «Institucionalidad y Macroeconomía», se creó un programa denominado Sistema financiero, el cual incluye el proyecto «Fortalecimiento del ahorro y el crédito en la economía». Este proyecto persigue como objetivo central incentivar el ahorro y fomentar el papel del crédito para el financiamiento de la activi- dad económica del país.

Dentro de los aspectos estratégicos propuestos para ser abordados por el proyecto «Fortalecimiento del ahorro y el crédito en la economía» están los siguientes:

• La regulación de los márgenes de actuación de los bancos para facilitar el rol del crédito en la economía, favoreciendo sectores priorizados.

• El incentivo al diseño de productos de crédito en función de los intereses de la población y los agentes económicos.

• La implementación de la banca de desarrollo especializada.

• La utilización de canales de crédito basados en las tecnologías informáticas.

• El desarrollo de capacidades de evaluación de proyectos de inversión que financien los bancos, en términos de rendimientos y riesgos.

El enfoque y contenido de este proyecto está alineado con la Conceptualización, el Plan 2030 y con los Lineamientos 2021-2026.

Los principales hitos en el marco regulatorio del Sistema Bancario Nacional (SBN) que pautan la políti- ca crediticia en los últimos años, son los decretos leyes n.º 361/2018 y n.º 362/2018 (Consejo de Estado, 2018). El Decreto Ley n.º 361 define los objetivos, funciones y facultades del Banco Central de Cuba (BCC). El Decreto Ley n.º 362 establece el régimen jurídico para la constitución, organización, funcionamiento, regulación, supervisión, vigilancia y sanción de las entidades que operan en el sector bancario y financiero cubano.

A través de este marco legislativo el BCC asume las facultades de regular los niveles de crédito en función de la política monetaria y financiera, según la coyuntu- ra económica; y determinar el sistema de tasas de interés. Estas prerrogativas se corresponden tanto con las tendencias internacionales como con la Conceptualización, siempre que la regulación del crédito y la determinación de las tasas de interés se realicen a través de mecanismos financieros y no administrativos. Así, se pueden crear condiciones para la existencia de un ade- cuado margen de autonomía a las instituciones bancarias que permita aplicar políticas comerciales propias de acuerdo a sus particularidades, a los segmentos de mercado y a sus estrategias corporativas.

El Decreto Ley n.º 362 sienta las bases para el fortalecimiento de las instituciones bancarias cubanas en muy bien calibrada consonancia con la Conceptualización y con las tendencias de avanzada de la banca internacional. Uno de los principales aportes a la modernización del sistema bancario y financiero es la tipología establecida para estas entidades, lo cual ayuda a la flexibilidad institucional y su desarrollo prospectivo. Nuevas instituciones como los bancos de inversión, los bancos de segundo piso, las sociedades administradoras de fondos de inversión ayudarían a expandir y fortalecer el financiamiento creditico a través de la banca de desarrollo, la banca verde, las instituciones de microcrédito, entre otras.

Se establece la posibilidad de ofrecer una amplia gama de productos y servicios, vinculados al financiamiento. Entre ellos: préstamos; administración de riesgos; créditos a la exportación; descuentos de letras de cambio, pagarés y otros documentos comerciales; emisión y transferencia de títulos valores; emisión de tarjetas de crédito; emisión, y gestión de cartas de crédito; asunción de obligaciones pecuniarias; otorga- miento de avales, fianzas y garantías; actuación como agente financiero; servicios de ingeniería financiera y cobertura de tasas de interés; arrendamiento financiero; fideicomisos; factoring; administración de fondos y carteras; inversión en valores mobiliarios; entre otros.

Se ratifica la necesidad de que las instituciones bancarias posean la necesaria autonomía para su dirección y gestión, uno de los aspectos que sirven de sustento a la actualización del modelo cubano. Queda explícita la prerrogativa de las instituciones del sector bancario y financiero de contar con sistemas propios de gestión de riesgos, mecanismos independientes de control interno y políticas administrativas internas.

A pesar de las fortalezas que poseen los decretos leyes en cuanto a su coherencia con las directrices es- tratégicas del país: presentan brechas evidentes. Ni tan siquiera una vez en ambos documentos rectores apa- recen los términos: innovación, autonomía, descentralización, medioambiente, salvaguardas ambientales y sociales, equidad, género, territorios, eficiencia empresarial. El interés o repercusión social se referencia solo en dos ocasiones, siendo estos conceptos pilares fundamentales de la Conceptualización. A nuestro entender, la regulación bancaria actual, que encuentra su sostén marco en los decretos leyes n.º 361 y n.º 362 aún no sostiene un diálogo suficientemente coherente con las dimensiones económicas, ambientales y sociales.

Otros momentos importantes en la política crediticia del país, fueron el Decreto Ley n.º 289. Establece los principios y procedimientos que regulan los créditos y otros servicios bancarios para las personas naturales, el cual incluye a trabajadores por cuenta propia; y la Resolución n.º 213/2021 del Banco Central de Cuba sobre el financiamiento a las mipymes. Ambas normas trazan políticas crediticias con las formas de gestión no estatal y con la población en adecuada consonancia, dentro de las restricciones actuales de la economía cu- bana, con las estrategias generales del modelo.

La política crediticia en la práctica

La implementación en la práctica de la política crediticia no ha logrado suficiente correspondencia con su diseño y dista mucho de los preceptos esenciales defi- nidos en la Conceptualización. Por supuesto, hay palpables avances en el fortalecimiento del crédito bancario como factor de apoyo a los actores económicos, pero aún hay muchas «sombras» que representan perentorios retos para el futuro, incluso a corto plazo.

Las valoraciones defendidas en este trabajo sobre la aplicación de la política crediticia se fundamentan en diversos métodos y fuentes de información, entre ellos los siguientes: estudio de casos sobre financiamiento crediticio en 34 empresas estatales y 15 mipymes; 17 debates grupales con 300 mipymes de La Habana, convocadas por el Banco Metropolitano (Banmet) y celebradas en el primer semestre de 2022; análisis de la información estadística del BCC y los bancos comerciales; entrevistas a profundidad en visitas físicas a 11 mipymes; estudio de contenido de la información emitida sobre créditos bancarios en 10 revistas científicas cubanas; 7 medios de comunicación y 4 redes sociales en el período 2021-2022, entre otros.

Existen indudables y pertinentes avances en la implementación de la política crediticia entre ellos se pueden mencionar los siguientes: se crearon nuevos incentivos al financiamiento de determinados sectores y áreas de la economía, como el caso del sector agro-azucarero e industrial; se creó la banca de de- sarrollo agropecuario; se establecieron medidas para favorecer el financiamiento bancario a proyectos de desarrollo territorial; se unificó el esquema de tasas de interés y se eliminó el límite inferior de tasas de interés para sectores estratégicos; se constituyó el Fondo de Garantía, a partir de las utilidades de las en- tidades bancarias, para respaldar los créditos a las formas de gestión no estatal; se diseñó una «Estrategia nacional de educación financiera».

Dentro de las principales brechas entre la práctica y la Conceptualización se encuentran las siguientes:

• El crédito bancario a los actores económicos no ha llegado a jugar en la práctica el papel que le asigna la Conceptualización ni por su presencia dentro de las fuentes de financiamiento, ni por su cualidad de mecanismo de incentivo y apoyo al desa- rrollo de las organizaciones, tanto estatales como privadas.

• Las evidencias prácticas confirman que el financiamiento crediticio otorgado a las empresas estatales no ha estado acompañado, en la mayoría de los casos, por resultados que muestren el progreso y elevación de la competitividad de esas organizacio- nes, como pauta la Conceptualización. En muchas ocasiones el crédito ha sido destinado a mitigar acuciantes problemas financieros de iliquidez o in- solvencia, que tienen raíces en causas estructurales, así como al financiamiento de inversiones sin una evaluación económico-financiera adecuada y, por tanto, no obtienen ni los rendimientos esperados ni se cumplen los plazos previstos.

• La evaluación, otorgamiento, seguimiento y control de los créditos bancarios no incorpora con suficiente rigor las salvaguardas ambientales y sociales. Los criterios ambientales no están presentes, como regla, en la valoración integral de los ries- gos. Tampoco están presentes en la política crediticia las valoraciones e incentivos vinculados a la inclusión social y la equidad territorial, comunitaria, de género, etaria. Las condiciones de los créditos no se diferencian en aras de impactar en los objetivos ambientales y sociales antes comentados.

• El sistema de tasas de interés dista mucho de convertirse en un mecanismo de regulación económica ni de reflejar el valor del dinero y la coherencia con los precios de la economía interna.

Los principales factores internos al sistema bancario que inciden en la existencia de esas brechas se mencionan a continuación:

• En la cultura organizacional de las instituciones bancarias cubanas y sus «reglas de juego» no está enraizado con suficiencia un concepto fundamental: el crédito bancario es un anticipo a un ingreso futuro. Por lo tanto, el cliente debe demostrar con rigor, cálculos económicos sólidos, evidencias documentales y estrategias de desarrollo bien ar- gumentadas la alta probabilidad de recibir los ingresos futuros asociados al destino del crédito. En muchas ocasiones estos paradigmas no se cumplen a cabalidad lo cual deteriora la influencia del crédito sobre la eficiencia económica. En ello inciden disímiles factores vinculados tanto a las insuficientes capacidades del banco, relacionadas con el personal, los procedimientos, la infraestructura, la tecnología entre otros, como las presiones que ejercen los clientes por las percepciones, muchas objetivas y otras no, de la «inoperancia», «lentitud», «burocracia» y «trabas» del banco. Esta situación crea un distanciamiento sustancial entre lo estipulado en la Conceptualización y la realidad.

• Limitaciones de los financiamientos bancarios por baja autonomía de los bancos para el diseño y de- sarrollo de nuevos productos y servicios, así como la interferencia de instancias ajenas al banco que otorga el crédito.

• Arraigada cultura de aversión al riesgo y excesiva prudencia al enfrentar la gestión de riesgos. La idea es minimizar riesgos en vez de optimizarlos mediante una gestión integral de riesgos. 

• Bajo grado de capitalización y liquidez de las instituciones bancarias.

• Insuficiente preparación del personal bancario.

• Ausencia de incentivos a los bancos por favorecer a los segmentos y sectores priorizados.

• Poco estudio del mercado e insuficiente enfoque hacia el cliente. Prima en muchas ocasiones el paradigma de recuperación de los financiamientos que el criterio de acompañamiento eficaz a los clientes.

• Debilidades en los análisis del riesgo crediticio y en los estudios de factibilidad de las inversiones a financiar.

• Insuficiente infraestructura tecnológica.

Conclusiones

La Conceptualización traza pautas de política crediticia coherentes, atemperadas a las particularidades de la economía cubana. La concreción de esa política en el diseño del marco legal es adecuada, aunque presenta vacíos que deben considerarse en su perfeccionamiento, sobre todo en el fortalecimiento de los incentivos y salvaguardas ambientales y sociales asociados al financiamiento crediticio de los actores económicos.

Sin embargo, la aplicación práctica de la política presenta brechas significativas que alejan a la realidad de los preceptos de la Conceptualización. Es necesario reconocer que en la existencia de estas brechas inciden factores internos del Sistema Bancario. Dentro de las principales insuficiencias resaltan las vinculadas al fortalecimiento de los criterios de impacto del crédito sobre la sostenibilidad económico-financiera de los actores económicos. La banca cubana debería ampliar la mirada más allá de la solución de los problemas inmediatos que presentan las empresas y que sus decisiones influyan con mayor fuerza en las debilidades estructurales de los actores económicos, dando prioridad a los criterios y mecanismos económicos y financieros sobre los administrativos.

Bibliografía

Banco Central de Cuba. «Resolución 213/2021. Establece los principios y procedimientos generales que regulan los créditos y otros servicios bancarios para las cooperativas no agropecuarias y las micro, pequeñas y medianas empresas». Gaceta Oficial de la República de Cuba, año CXIX, n.° 94 ordinaria, 19 de agosto de 2021, págs. 2768-2770.

Borrás Atiénzar, Francisco. «Transformaciones necesarias en el sistema bancario cubano». En Miradas a la Economía Cubana; un plan de desarrollo hasta 2030. La Habana: Ruth Casa Editorial, 2019, págs. 75-86.

Consejo de Estado. «Decreto-Ley n.° 289. De los créditos a las personas naturales y otros servicios bancarios». Gaceta Oficial de la República de Cuba, año CIX, n.° 40 extraordinaria, 21 de noviembre de 2011, págs. 401-404.

Consejo de Estado. «Decreto-Ley n.° 361. Del Banco Central de Cuba». Gaceta Oficial de la República de Cuba, año CXVI, n.° 58 extraordina- ria, 12 de octubre de 2018, págs. 1151-1171.

Consejo de Estado. «Decreto-Ley n.° 362. De las instituciones del sistema bancario y financiero». Gaceta Oficial de la República de Cuba, año CXVI, n.° 58 extraordinaria, 12 de octubre de 2018, págs. 1171-1189.

Partido Comunista de Cuba. Conceptualización del Modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Lineamientos de la Política económica y social del Partido y la Revolución para el período 2021-2026. La Habana: Editora Política, junio de 2021.

Partido Comunista de Cuba. Documentos del 7mo. Congreso del Partido aprobados por el III Pleno del Comité Central del PCC el 18 de mayo de 2017 y respaldados por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 1 de junio de 2017. Contiene la Conceptualización del Modelo Econó- mico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, las Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. Visión de la Nación, ejes y sectores estratégicos y los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021. La Habana: Editora Política, junio de 2017.

FIN

Comentario HHC: Este es el ultimo capitulo del Libro Miradas 2023 del CEEC. que he estado publicando por capitulos en las ultimas 10 semanas. He aprendido mucho con la lectura- publicacion del mismo. Los autores son profesionales que dominan ampliamente los temas que abordan, una pena que no siempre nuestras autoridades tomen en cuenta sus opiniones, pero si de ciencia se trata en materia economica, aqui hay un buen ejemplo a seguir. Le doy las gracias a mi tocayo el Dr Humberto Blanco por motivarme a leer este libro, que ya se hace imprescindible cada año. Gracias !!!!!

Manuel David Orrio: Miradas a la Economía Cubana. Enlaces a capítulos, ya el libro completo, publicado en el blog "Cuba y la Economía" del colega y amigo Humberto Herrera Carles .

Leyendo este excelente libro sobre la maltrecha economía cubana, de un colectivo de autores del Centro de Estudios de la Economía Cubana . Me llama la atención el desfase entre academia y discurso oficial.

1.- 26 DE DICIEMBRE DE 2023
MIRADAS A LA ECONOMIA CUBANA. De la Conceptualización a la práctica. Prólogo

2.-La Conceptualización: una mirada desde la perspectiva del desarrollo. Miradas 2023 (II)

3.- Distorsiones estructurales y reforma económica en Cuba. Miradas 2023 (III)

4.- La Conceptualización y los incentivos: lo que queda por hacer. Miradas 2023 (IV)

5.- Política monetaria en Cuba: Entre el paradigma y la realidad. Miradas 2023 ( V)

6.- Políticas sociales en Cuba: de la Conceptualización a la práctica. Principales desafíos. Miradas 2023 (Vi)

7.- Alimentación en Cuba: prioridad y situación actual. Miradas 2023

8.- Autonomía municipal y gobernanza multinivel: dos aspectos claves para el desarrollo local en Cuba.

9.- La empresa estatal en su laberinto: entre lineamientos, conceptualizaciones y medidas.

10.- Actores económicos de propiedad no estatal ¿por la senda de la Conceptualización?

11.- La política crediticia y su implementación en las relaciones de la banca con los actores económicos. Miradas 2023. (X)

domingo, 3 de marzo de 2024

Actores económicos de propiedad no estatal ¿por la senda de la Conceptualización?. Miradas 2023 (IX)

Por Dra Ileana Díaz Fernández

Introducción

El 8vo. Congreso del Partido aprueba un nuevo documento de la Conceptualización el cual declara «La conceptualización del modelo económico y social actualizado expone y fundamenta los objetivos estratégicos de este, los principios en que se sustenta y las principales transformaciones requeridas en correspondencia con las condiciones contemporáneas» (Partido Comunista de Cuba, 2021, pág. 16), por tanto, enmarca el propósito hacia el cual se desea encaminar el país.

El objetivo del presente capítulo es analizar hasta qué punto las medidas adoptadas sobre los actores económicos de propiedad no estatal —asumidas como expresión de políticas— apuntan hacia el logro del modelo deseado.

Al hablar de actores económicos no estatales se referirá sobre todo, al trabajo privado ya sea en forma de pequeñas y medianas empresas, trabajadores por cuenta propia y agricultores privados, así como las cooperativas. No se abordarán las empresas mixtas, por la escasa información de carácter abierto.

El capítulo describe la aparición de las diferentes formas de propiedad mediante una línea de tiempo para a continuación mostrar la alineación o no de las medidas tomadas sobre los actores económicos respecto a lo expuesto en la Conceptualización.El análisis se realizará respecto a la Conceptualización actualizada y aprobada en el 8vo Congreso del Partido, abril de 2021 y vigente.

Actores no estatales en la economía cubana. Línea de tiempo

Al triunfo de la Revolución se toman, entre otras, dos grandes medidas decisivas respecto a la forma de propiedad que debería predominar: la Ley de Reforma Agraria y la nacionalización y expropiación de las grandes empresas de propiedad privada nacional y extranjera. La primera, con la entrega de tierras, condujo a la ampliación del número de campesinos agricultores privados, junto a la gestión estatal de parte de la tierra y la segunda al surgimiento de un amplio sector de propiedad estatal.

Es decir, que en sus inicios aparece la propiedad estatal, la propiedad privada agrícola y mantiene su existencia la micro, pequeña y mediana empresa privada no nacionalizada, ni expropiada. También aparecen asociaciones de campesinos que en un paso posterior se convierten en Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) (Nova, 2005).

El panorama de actores económicos no se modifica en lo sustancial hasta 1968 con la Ofensiva Revolucionaria la cual nacionaliza el resto de los negocios privados que actuaban en el país, excepto los transportistas y por supuesto los agrícolas.

No es hasta 1975 después del primer congreso del PCC y con la adopción del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SDPE), que se promueven las Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA) (Nova, 2005, pág. 4) y el Trabajo por Cuenta Propia (TCP), con el Decreto Ley n.º14, sobre el ejercicio de actividades laborales por cuenta propia en 1978.

Sin embargo, si bien continuó el fomento de las formas cooperativas, no fue así con el trabajo privado, el cual se desalentó en el Proceso de Rectificación de errores y tendencias negativas que comenzara a mediados de la década de 1980, aunque quienes tuvieran licencias podían continuar laborando de forma privada.

En la década de 1990, en medio de la crisis y del llamado Período Especial, se retoma de nuevo el TCP, en el cual se amplían las actividades permitidas, así como la posibilidad del trabajo en familia. Al mismo tiempo en 1993 se aprueban las Unidades Básicas de Producción Cooperativas (UBPC) (Nova, 2005, pág. 6), una forma de gestionar las tierras de propiedad estatal mediante trabajo cooperativo.

A partir de los finales de la década de los noventa, de nuevo se estanca el trabajo privado al limitar o prohibir para algunas actividades la entrega de licencias y no es hasta 2010 que se aprecia una apertura de este tipo de trabajo, con la posibilidad de contratar fuerza de trabajo, dentro de las reformas asociadas a la Actualización del modelo económico y social iniciado formalmente en 2011. El TCP crece en un 72 % en 2011 respecto al año anterior.1

En 2012, además, sale a la luz, en forma de experimento, el procedimiento para la creación de las Cooperativas No Agropecuarias (CNA) (Piñeiro, 2018) sin embargo, este proceso se detiene casi por completo dos años después cuando dejaron de aprobarse nuevas CNA, con el argumento de estar en revisión el experimento.

No es hasta agosto de 2021 que se emiten las normativas para la creación de micro, pequeñas y medianas empresas privadas y estatales, CNA y se perfecciona la aprobación de TCP.

El proceso expuesto se muestra mediante una línea de tiempo en la ilustración 1


Se debe destacar que en los primeros cinco congresos del Partido (1975, 1980, 1986, 1991 y 1997), la referencia a formas de propiedad no estatal se enmarcan en el sector agrícola. No se alude a la gestión no estatal en otros sectores de actividad económica. El trabajador privado no agrícola aparece en la medida que la economía lo requiere y se margina cuando las condiciones que empujaron su existencia, se eliminan o mitigan.

En el 6to. Congreso del Partido celebrado en 2011 se aprueban los Lineamientos. Este documento de manera explícita por vez primera «reconoce y promueve, además de la empresa estatal socialista, que es la forma principal en la economía nacional, las modalidades de inversión extranjera previstas en la ley (empresas mixtas, contratos de asociación económica internacional, entre otras), las cooperativas, los agricultores pequeños, los usufructuarios, los arrendatarios, los trabajadores por cuenta propia y otras formas, todas las que, en conjunto, deben contribuir a elevar la eficiencia» (Partido Comunista de Cuba, 2011, pág. 10), si bien no especifica el documento sobre la empresa privada.

En el 7mo. Congreso (2016) se aprueba la Conceptualización, la cual se actualiza en el 8vo. Congreso (2021), tal y como se expuso en la introducción de este capítulo, ambos documentos explicitan las diversas formas de propiedad. El último de ellos se analizará en detalles en el próximo epígrafe.

En el intermedio de los dos congresos antes referidos (2019) se aprueba una nueva Constitución, que refrenda en su artículo 22, en sintonía con los fundamentos de los Lineamientos y la Conceptualización, las formas de propiedad siguientes: de todo el pueblo, cooperativa, privada, mixta, de organizaciones políticas y de masa, de instituciones y formas asociativas y la personal.

Conceptualización y medidas asumidas sobre los actores económicos de propiedad no estatal

El estudio de la Conceptualización aprobada en el 8vo. Congreso del Partido en 2021, al igual que la aprobada en el 7mo. Congreso de 2016, en sus tres primeros capítulos: «Principios en los que se sustenta el modelo y sus principales transformaciones», «El sistema de relaciones de propiedad sobre los medios de producción» y «Dirección planificada del desarrollo económico y social», permitió identificar un conjunto de aspectos que el modelo se propone alcanzar en lo relacionado con los actores de propiedad no estatal. A continuación, se señalan las más relevantes:
••
El Estado y el gobierno crean las condiciones para la cooperación y la participación competitiva, ventajosa y dinámica de los actores de la economía cubana en el mercado internacional, de forma directa o indirecta. Son estimuladas con eficacia la exportación, la sustitución de importaciones y los encadenamientos productivos entre todos los actores económicos.
••
El Estado norma las relaciones con las cooperativas sin intervenir en su autonomía y promueve la interrelación entre estas y otras formas de propiedad y gestión. Para la atención y representación de las cooperativas, el gobierno se auxilia de un órgano estatal constituido a tales fines.
••
Sobre la propiedad privada. Estas empresas realizan actividades autorizadas a mediana o inferior escala que tributan a la estrategia del desarrollo territorial y local, así como a desplegar vínculos productivos entre ellas y con otros actores económicos.
••
El Estado aplica políticas, normativas y regulaciones contentivas de los límites, espacios de actuación y alcance de las diferentes escalas.
••
El apoyo financiero al sector empresarial y a otros actores económicos, se realiza mediante mecanismos que contribuyen a su progreso y competitividad, al otorgar de manera selectiva tratamientos preferenciales a aquellos que, por intereses estratégicos del país, lo requieren
••
Proporciona a los actores económicos de las diferentes formas de propiedad y gestión condiciones similares de acceso a los mercados de sus producciones e insumos.
••
Establece políticas comerciales y de precios, así como normas jurídicas para regular la competencia, impedir malas prácticas y la especulación por parte de cualquier actor económico.
••
Impedir que cualquier entidad monopólica o de otra índole impongan condiciones contrarias a los intereses y principios de la sociedad, con independencia de la forma de propiedad o gestión.
••
Promueve un efectivo y eficaz desempeño e interacción de los actores económicos mediante la cooperación, integración y complementariedad de los sistemas productivos, que están compuestos por diversas formas de propiedad y gestión.

Para alcanzar los propósitos que plantea la Conceptualización respecto al sector no estatal, lo más importante es comprender su necesidad e importancia en el tejido empresarial y su aporte a la economía del país.

En tal sentido, sería necesario crear las condiciones para su desenvolvimiento en términos del ecosistema, la articulación con empresas estatales, apoyo en términos financieros e incentivos fiscales. Es decir, es indispensable, adaptar y ajustar mecanismos, instrumentos y procedimientos a las particularidades de este sector, el cual no se debe regir por presiones burocráticas de control.

La Conceptualización concibe la ampliación de los actores no estatales y las micro, pequeñas y medianas empresas, así como crear las condiciones para su funcionamiento. No obstante, no es hasta 2021 —cinco años después de los planteamientos realizados en aquella y dos años después de la aprobación de la Constitución— que ocurre la aprobación de las mipymes y se posibilita continuar con las CNA, sin que hubiesen sido creadas las condiciones que permitieran alcanzar el resto de los propósitos planteados en la Conceptualización.

El marco jurídico continúa siendo restrictivo para las mipymes pues solo contempla la forma jurídica de sociedad de responsabilidad limitada (srl) y no concibe la opción de otras formas de sociedades que pudieran en algunos casos convenir más al tipo de empresa a crear. Para los TCP se introdujeron algunos cambios relativos a la operatoria de las licencias y tributos. Continúa sin solución una única norma para cooperativas.

Tampoco se ha previsto una institución que las represente, como se enfatiza en el documento. No se ha privilegiado la elaboración de una ley de sociedades mercantiles, lo cual implica continuar manejando un Código de Comercio de la época colonial.

Un énfasis a lo largo de la Conceptualización es lograr la articulación, encadenamiento y vínculo entre todos los actores, incluidas las empresas estatales, sin embargo, existen al menos tres aspectos que lo limitan: el ecosistema empresarial, el monopolio de las empresas estatales y el listado negativo para el ejercicio del trabajo no estatal.

Ecosistema empresarial

Al hablar del ecosistema empresarial, se hace referencia a la interacción de los diversos actores, a partir de un conjunto de condiciones y políticas que permitan el desenvolvimiento saludable de las empresas, cualquiera que sea la forma de propiedad. De hecho, se relaciona con el llamado ecosistema emprendedor, conformado por: políticas, finanzas, cultura, soporte, capital humano y mercados (Isenberg, 2010).

Tal ecosistema está organizado alrededor de las empresas estatales como único actor. El marco jurídico que ampara las políticas, el sistema financiero y los exiguos mercados están orientados a las empresas estatales, sin considerar el resto de los actores, salvo excepciones relacionadas sobre todo con la agricultura y algunas otras de los últimos dos años. Por otra parte, la cultura de los negocios que prevalece es la instaurada por las empresas estatales en su dinámica con el Estado.

Existe capital humano emprendedor, el cual se ha mostrado en la aparición de nuevos negocios en correspondencia con las aperturas alcanzadas, pero cuya capacidad se ha visto limitada por las políticas alrededor del trabajo privado, cooperativo e incluso en empresas estatales, poco estimulado por el sistema económico administrativo y rígido que constriñe la gestión de la empresa estatal.

El monopolio de las empresas estatales

Las empresas estatales son en su mayoría monopolios o poseen el poder del mercado y por tanto disfrutan de la libertad de establecer precios y condiciones al resto de los actores según su conveniencia para compensar en muchas ocasiones una gestión insuficiente. Tal aseveración se puede constatar en la intervención del ministro de Economía Alejandro Gil sobre las empresas con exceso de utilidades, donde reconoce su carácter de monopolio (Cubadebate, 2022), lo cual les permite elevar precios, con lo cual se acomoda a un contexto inflacionario mundial y nacional.

Este comportamiento de monopolio para las empresas estatales se observa en diferentes acciones, así se reporta sobre la gastronomía en Díaz (2022) y en un interesante artículo de Arias Salazar y Jordán Pantoja (2022) que estudia las cooperativas agropecuarias de Granma, donde se muestra que las mayores dificultades en los contratos son con GELMA y Acopio con altos por cientos de insatisfacción en el proceso de negociación y con la entrega de insumos contratados.

No se han establecido normas antimonopolio o para impedir malas prácticas, aspecto central de defensa a la competencia legítima.

El listado negativo para el ejercicio del trabajo no estatal

El listado negativo de actividades prohibidas para el ejercicio del sector no estatal, está un paso adelante al antiguo listado positivo, no obstante, continúa siendo restrictivo en áreas como turismo, telecomunicaciones, cultura y servicios profesionales, pues cada organismo determina cuáles actividades son autorizadas a los privados y las cooperativas, lo que transita por aceptar la existencia de la competencia. Además es de señalar la agricultura cuya nota en el listado del Decreto n.º 49 sección A, relacionado con la agricultura «sin modificar la base productiva», establece un freno a las mipymes en ese sector.

Las restricciones del listado expresan incomprensión sobre cuáles son medios fundamentales de producción y la relación propiedad-gestión y manifiesta prejuicios sobre formas de propiedad no estatales que limitan su aporte a la economía en cooperación y articulación con la propiedad estatal.

Los tres aspectos antes señalados, son restricciones fuertes al logro de encadenamientos entre los diversos actores, lo cual se agudiza con los controles que reciben las empresas estatales, muy dirigidas a los contratos con formas no estatales.

Un aspecto central para el desempeño de los actores de propiedad no estatal, que corrobora lo antes expuesto, es el financiamiento a dichos actores. Las normas jurídicas, resoluciones del Banco Central de Cuba n.º 212, 213, 222, 249 y 285 de 2021, son restrictivas en el otorgamiento de créditos, en cuanto a exigencias, garantías, tiempos, tasa de interés. Si se tiene en cuenta la situación económica endémica del país en temas financieros, deberían abrirse nuevas formas y permitir instituciones financieras no bancarias mixtas o privadas, reguladas por el Estado. Sin una apertura en tal sentido, y que no solo será solucionada por la inversión extranjera, será difícil lograr un despegue del sector que aporte a la oferta de bienes y servicios.

Otro elemento a tener en cuenta son las «condiciones similares de acceso a los mercados», pero esto se ha entendido como condiciones iguales entre los actores de propiedad no estatal y las empresas estatales, siendo un pacto injusto e inequitativo que pone en desventajas a los que reciben menos ingresos para competir en el mercado.

En tal sentido, tanto el régimen tributario como el mecanismo de exportación e importación, son una muestra de ello.

En cuanto al régimen fiscal, la tabla 2 muestra las tasas para las formas de gestión no estatal y las cooperativas no agrícolas.



El impuesto sobre utilidades de mipymes, la contribución a la seguridad social, el impuesto a la fuerza de trabajo y sobre ventas, es exactamente igual a la empresa estatal, ello obvia uno de los propósitos del régimen fiscal, el de equidad de la carga tributaria, según la Ley n.º 113 de 2012, así como ser una vía para incentivar el incremento de la oferta de los bienes y servicios.

Por otra parte, la Resolución n.º 315 de 2020 sobre el procedimiento de exportación e importación de estos actores, los obliga a realizarlo mediante una empresa estatal exportadora e importadora. No deja opción para ejecutarlo de forma directa o mediante otras vías. De igual manera, las bonificaciones fiscales son poco incentivadoras. Esta decisión establece el mismo régimen que para las empresas estatales, según el criterio del monopolio al comercio exterior por parte del Estado. No obstante, las empresas estatales pueden obtener, en algunos casos, licencia de exportación o importación, no así hasta el momento los no estatales.

En el caso de la inversión extranjera, cuya ley incluye a todos los actores, en la práctica su procedimiento solo lo permite para la empresa estatal y aunque se discute el procedimiento para el sector no estatal, al parecer sería bajo la sombrilla de las «condiciones similares» antes expuestas.

El acceso al mercado bajo condiciones similares, solo sería posible al asumir las particularidades de mipymes, TCP y cooperativas, diferentes de las grandes empresas estatales, las cuales además se benefician de restricciones financieras blandas otorgadas por el Estado.

Por último, es de destacar que la atención por las empresas estatales del Ministerio de la Agricultura a las cooperativas del sector agropecuario, «se convierten en juez y parte de un movimiento cooperativo» (Nova, 2021), lo cual reduce la autonomía, limita los principios cooperativos y, en resumen, representa un mecanismo administrativo que no incentiva la producción.

La política que emerge de las medidas comentadas, muestra desconfianza y desconocimiento de tales actores y la necesidad de mantener un férreo control administrativo, mediante el cual constriñen las relaciones de producción socialistas, las que se suponen permitan desarrollar las fuerzas productivas para un socialismo próspero y sostenible.

Reflexiones finales

La economía cubana padece de problemas estructurales no resueltos, más bien agravados en los últimos años por un bloqueo aún más férreo, los problemas económicos de Venezuela, la pandemia de la covid–19 y en medio de todo ello, la aplicación de un proceso de Ordenamiento que desarticuló el sistema financiero y cambiario del país.

Lo anterior ha conducido a niveles de inflación no antes vistos en Cuba y en medio de tal contexto nacen las mipymes y las CNA, sin que, como se apuntó, se crearan condiciones para su desenvolvimiento.

Los nuevos actores han tenido que sobrevivir en un medio adverso y sin todo el reconocimiento y entendimiento del papel que los mismos pueden jugar en apoyar la economía.

En cuanto al sector agropecuario y sus actores no estatales, de nuevo bajo otras medidas, las cuales continúan sin dirigirse a la esencia, es decir, otorgarles libertad de acción bajo la regulación estatal, pero eliminando el control administrativo que hoy ejercen sobre ellas las empresas estatales.

Las valoraciones de carácter ideológico no pueden ser un freno a las fuerzas productivas, el miedo a la concentración de la propiedad, a la mayor y mejor eficiencia de lo no estatal, etc., tiene que cambiarse por la regulación económica incentivadora de todos los actores (incluidos los estatales) en función de las necesidades del pueblo, que debe ser el objetivo supremo de un modelo socialista.

Citas

1 Para profundizar en el proceso del trabajo por cuenta propia desde 1976 y hasta 2018, ver Díaz (2019).

Bibliografía

Asamblea Nacional del Poder Popular. «Ley n.° 113. Del Sistema Tributario». Gaceta Oficial de la República de Cuba, año CX, n.° 53 ordinaria, 21 de noviembre de 2012, págs. 1693-1768.

Arias Salazar, Claudio y Adys Jordan Pantoja. «Las cooperativas agropecuarias en Cuba. La negociación y contratación de sus producciones con las empresas estatales». REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, n.° 141, 2022, en: https://doi.org/10.5209/reve.81817 (último acceso: 2 de julio de 2023).

Banco Central de Cuba. «Resolución 222/2021. Normas para el uso y operatoria de cuentas bancarias para las operaciones de compra y venta de bienes y de prestación de servicios en Moneda Libremente Convertible». Gaceta Oficial de la República de Cuba, año CXIX, n.° 78 extraordinaria, 9 de septiembre de 2021, págs. 709-714.

Banco Central de Cuba. «Resolución 249/2021. Autoriza conceder créditos en moneda extranjera, a las cooperativas no agropecuarias y a las micro, pequeñas y medianas empresas». Gaceta Oficial de la República de Cuba, año CXIX, n.° 78 extraordinaria, 21 de septiembre de 2021, págs. 743-744.

Banco Central de Cuba. «Resolución 285/2021. Autoriza a Financiera Iberoamericana S.A. a conceder créditos en moneda extranjera, a las cooperativas no agropecuarias y a las micro, pequeñas y medianas empresas». Gaceta Oficial de la República de Cuba, año CXIX, n.° 125 ordinaria, 1 de noviembre de 2021, págs. 3656-3657.

Consejo de Estado. «Decreto-Ley 44. Sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia». Gaceta Oficial de la República de Cuba, año CXIX, n.° 94 ordinaria, 19 de agosto de 2021, págs. 2693-2705.

Consejo de Estado. «Decreto-Ley 46. Sobre las micro, pequeñas y medianas empresas». Gaceta Oficial de la República de Cuba, año CXIX, n.° 94 ordinaria, 19 de agosto de 2021, págs. 2710-2725.

Consejo de Estado. Decreto-Ley 47. De las cooperativas no agropecuarias». Gaceta Oficial de la República de Cuba, año CXIX, n.° 94 ordinaria, 19 de agosto de 2021, págs. 2725-2741.

Consejo de Estado. Decreto-Ley 48. Del el régimen especial de seguridad social para los trabajadores por cuenta propia, los socios de las cooperativas no agropecuarias y de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas Gaceta Oficial de la República de Cuba, año CXIX, n.° 94 ordinaria, 19 de agosto de 2021, págs. 2641-2752.

Cubadebate. «Analizan empresas estatales con utilidades excesivas». Cubadebate, 30 de abril de 2022, en: http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/30/analizan-empresas-estatales-con-utilidades-excesivas/ (último acceso: 2 de julio de 2023).

Díaz Álvarez, Alejandro. «Gastronomía estatal y precios...». Cubadebate, 23 de mayo de 2022, en: http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/23/gastronomia-estatal-y-precios/ (último acceso: 2 de julio de 2023).

Díaz Fernández, Ileana. «Emprendimiento en Cuba: ¿enfocado al desarrollo económico?». Economía y Desarrollo, vol. 164, n.º 2, 2020 en: https://revistas.uh.cu/econdesarrollo/article/view/1749 (último acceso: 2 de julio de 2023).

Isenberg, Daniel J. «How to start an entrepreneurial revolution». Harvard Business Review, junio de 2010, en: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5419320/mod_resource/content/1/Harvard-Ecosystem.pdf (último acceso: 2 de julio de 2023).

Ministerio de Comercio Exterior e Inversión extranjera. «Resolución 315 del 2020. Reglamento que rige las relaciones comerciales en las operaciones en moneda libremente convertible entre las entidades autorizadas a realizar actividades de comercio exterior y las formas de gestión no estatal». Gaceta Oficial de la República de Cuba, año CXVIII, n.° 59 ordinaria, 17 de agosto de 202, págs. 1920-1935.

Ministerio de Finanzas y Precios. «Resoluciones 345/2021. Normas para la tributación y el tratamiento de precios y tarifas para los trabajadores por cuenta propia». Gaceta Oficial de la República de Cuba, año CXIX, n.° 94 ordinaria, 19 de agosto de 2021, págs. 2780-2786.

Ministerio de Finanzas y Precios. «Resoluciones 349/2021. Aplica el Impuesto sobre los Ingresos Personales a los trabajadores asalariados contratados por las cooperativas no agropecuarias». Gaceta Oficial de la República de Cuba, año CXIX, n.° 94 ordinaria, 19 de agosto de 2021, págs. 2811-2812.

Ministerio de Finanzas y Precios. «Resoluciones 350/2021. Establece las regulaciones tributarias, financieras y de precios de las micro, pequeñas y medianas empresa». Gaceta Oficial de la República de Cuba, año CXIX, n.° 94 ordinaria, 19 de agosto de 2021, págs. 2812-2817.

Nova González, Armando. El cooperativismo. Línea de desarrollo en la agricultura cubana. Documento de trabajo, 2005 en: http://repositorio.geotech.cu/jspui/bitstream/1234/2128/1/El%20cooperativismo.%20L%C3%ADnea%20de%20desarrollo%20en%20la%20agricultura%20cubana.pdf

Nova González, Armando. «Cooperativas agropecuarias en Cuba en peligro». Inter Press Service Cuba, 14 de abril de 2021 en: https://www.ipscuba.net/espacios/cooperativas-agropecuarias-de-cuba-en-peligro/ (último acceso: 2 de julio de 2023).

Oficina Nacional de Estadísticas e Información. «Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos Agosto 2022». Oficina Nacional de Estadísticas e Información, agosto de 2022, en: https://www.onei.gob.cu/node/18731 (último acceso: 2 de julio de 2023).

Partido Comunista de Cuba. Conceptualización del Modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Lineamientos de la Política económica y social del Partido y la Revolución para el período 2021-2026. La Habana: Editora Política, junio de 2021.

Piñeiro Hanecker, Camila. «Desempeño socioeconómico de las cooperativas no agropecuarias: contribución de sus principales determinantes. Estudio de casos». Tesis de Doctorado. La Habana, 2018.

martes, 27 de febrero de 2024

La empresa estatal en su laberinto: entre lineamientos, conceptualizaciones y medidas. Miradas (VIII)

Por Dr. HUMBERTO BLANCO ROSALES

Introducción

La empresa estatal cubana ha estado por mucho tiempo en la palestra pública, sometida a cuestionamientos y evaluaciones desde diferentes perspectivas. En nues- tro modelo de desarrollo, como se sabe, esta empresa ha sido proclamada de manera explícita como el actor económico principal, cuyo desempeño es determinante en la generación de riqueza, una dinámica sostenible de crecimiento y el bienestar de la población.

Con tales propósitos, en esta se han aplicado diversos enfoques y sistemas de dirección de la economía a lo largo de seis décadas, incluyendo, desde 1998, intentos infructuosos de prescribir una única forma de gestionar estas empresas, con independencia de sus particularidades culturales, tecnológicas, ramales y contextuales. Sin embargo, a pesar de no pocas medidas adoptadas como parte de la Actualización iniciado en 2010, con mayor énfasis en los últimos tiempos, el despegue no acaba de producirse. Los llamados de la máxima dirección del país a «estremecer la empresa estatal socialista» son la evidencia más reciente de la afirmación anterior. Los problemas acumulados no han encontrado ni en viejas, ni en recientes soluciones, la respuesta adecuada. El presente capítulo realiza una valoración de este actor económico en los documentos programáticos de los tres últimos congresos del Partido, la cual se inicia con los Lineamientos de su 6to. Congreso —documento fundacional de la Actualización— como antecedente de las dos versiones de la Conceptualización.

A continuación, se intenta un balance de los aportes y limitaciones de estas dos versiones, en el cual se tratan problemas referenciados en la teoría sobre las empresas del Estado. Asimismo, se abordan otros do- cumentos relacionados con la «puesta en práctica» de la Conceptualización, Plan 2030 y la Estrategia Económi- ca y Social del 2020, así como las medidas adoptadas en años más recientes para dinamizar la empresa estatal. Por último, se incluyen algunas ideas para la transfor- mación de este actor económico.

La empresa estatal y los Lineamientos del 6to. Congreso

A finales de 2010 se publica una primera versión de los Lineamientos, el documento fundacional del proceso de cambios del modelo económico cubano, oficialmente denominado Actualización.

Sometido a una amplia consulta popular por varios meses y aprobado con las modificaciones correspondientes en abril de 2011 por el 6to. Congreso del Partido Comunista de Cuba, los Lineamientos enuncian una serie de directrices relativas al modelo de gestión, la macroeconomía, relaciones económicas externas, inversiones, ciencia, tecnología, innovación y medioambiente, sociales y también políticas sectoriales. En su primer acápite, titulado «Modelo de gestión económica», se enuncian algunos temas retomados en 2016 en la Conceptualización.

En esta sección se ratifica el papel de la empresa estatal como la forma principal de la economía cubana, a la vez que se reconoce la existencia de otros actores como los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas, las formas de asociación con capital extranjero, etc. También se enuncian, entre otros asuntos, la separación de las funciones estatales de las empresariales, la creación de agrupaciones para una mejor organización del sistema empresarial estatal y el papel de los contratos en las relaciones interempresariales y con otras formas de gestión (Partido Comunista de Cuba, 2011, págs. 10-11).

Llama la atención la mención al «Sistema de dirección y gestión de la empresa estatal socialista», más conocido como «Perfeccionamiento Empresarial», refrendado en el los decretos leyes n.º 252 y n.º 281, de 2007. De forma muy escueta, solo se enuncia que dicho «Perfeccionamiento…» se integraría a las políticas del Modelo Económico, sin más detalles (Partido Comu- nista de Cuba, 2011, pág. 12).

Ya para ese entonces, a pesar de los intentos por mantenerlo vigente, se apreciaba que dicho sistema, a pesar de sucesivas modificaciones en el marco jurídico, exhibía importantes limitaciones y languidecía. Tampoco los cambios realizados dentro de la Actualización, arrojaron resultados significativos (Blanco, 2020).

Comentario aparte merece lo relacionado con el tratamiento financiero de las empresas estatales. Además de la reiterada declaración sobre la eficiencia y competitividad que debería caracterizar a estas empresas, en este acápite se afirma que no serán permitidas aquellas que sostenidamente arrojen pérdidas o no puedan honrar sus obligaciones, lo que implicaría su liquidación o el traspaso a formas no estatales.

La Conceptualización y el tratamiento de la empresa estatal. Un balance

La dinámica y desafíos derivados de las transformaciones iniciadas con la actualización, unidas a la necesidad de dotarlas de un sustento programático, trajeron consigo que en mayo de 2017, como resultado del 7mo. Congreso (2016), se diera a conocer la Concep- tualización en su primera versión. En lo relativo a la empresa estatal, enuncia los siguientes aspectos (Par- tido Comunista de Cuba, 2017, pág. 7):

• El predominio de la propiedad socialista de todo el pueblo, la cual incluye entre sus entidades a las empresas de este tipo de propiedad como actor económico principal, con el Estado como representante de los intereses del propietario (el pueblo cubano).

• Se establece como principio general para estas empresas que deben obtener utilidades, de las cuales pueden retener una parte para el desarrollo de la empresa y la estimulación de sus trabajadores y cumplir con sus responsabilidades sociales.

• Cumplen funciones inherentes a su naturaleza como empresas, están dotadas de autonomía de gestión y aplican modelos que se corresponden con sus particularidades para administrarlas

• El Estado como representante del propietario, se reserva el rol de seleccionar y reemplazar a los principales directivos de estas empresas y de adoptar las decisiones principales y estratégicas que le competen, sin interferir en la autonomía empresarial.

• Además, el Estado y el gobierno adoptan decisiones con aquellas empresas ineficientes que arrojen pérdidas, con atención a las causas de tal situación y con respeto a los derechos y la protección de sus trabajadores. En esta ocasión no se especifica, a diferencia de los Lineamientos 2011, cuáles serán esas decisiones.

Asimismo, al reconocer la existencia de diversas formas de propiedad, en el acápite correspondiente al sistema general de entidades de carácter empresarial, se ratifica la coexistencia e interacción de diversos actores económicos: las empresas estatales, mixtas, privadas, cooperativas y de entidades de la sociedad civil, todas las cuales han de tributar al desarrollo y desempeñarse bajo similares condiciones dentro del marco regulatorio vigente. Esto último apunta, en la práctica, a igualar actores de diferente naturaleza, que en rigor lo que requieren es diferente tratamien- to regulatorio.

La actualización de la Conceptualización la cual tuvo lugar en 2021, a raíz del 8vo. Congreso del Partido, introdujo tres cambios que refuerzan —al menos en teoría— la intención de flexibilizar el funcionamiento de la empresa estatal (Partido Comunista de Cuba, 2021, págs. 28-29):

• Se reitera la idea de que cada empresa debe poseer modelos de gestión propios, y se adiciona que las empresas estatales podrán adoptar diferentes regímenes jurídicos y organizacionales según sus necesidades de desarrollo, dentro del marco legal estipulado.

• Se elimina la afirmación de la primera versión de que corresponde al Estado adoptar las decisiones principales y estratégicas de las empresas.

• Además de reafirmar que el Estado no interfiere en la gestión de las empresas estatales, aparece la idea de que este debe facilitarles el acceso a mercados de insumos, bienes y servicios, sin mencionar de manera explícita el mecanismo de asignaciones centralizadas de recursos que han caracterizado al sistema de planificación de la economía cubana.

A modo de síntesis, ambas versiones reiteran enun- ciados respecto a la empresa estatal provenientes de los congresos anteriores del Partido y de los documentos normativos del proceso de perfeccionamiento empresarial en sus diferentes momentos, tales como su papel protagónico en la economía, la autonomía de gestión, el imperativo de una mayor eficiencia y productividad, entre otros.

Sus aportes pueden sintetizarse en:

• El reconocimiento de otras formas de propiedad y por ende de actores económicos que coexisten e interactúan con la empresa estatal.

• La declaración de la flexibilidad de formas organizativas y modelos de gestión empresarial, en oposición a la pretensión, defendida por más de 20 años, de prescribir un modelo único de gestión para todas las empresas estatales.

• La no interferencia del Estado en la gestión empresarial y el reconocimiento de la diferencia entre sus funciones del Estado y las empresariales, al preservar el papel rector de aquel en la conduc-ión de la economía.

Y del lado de las limitaciones habría que mencionar:

• Persiste la idea de que los principales directivos empresariales son designados por el Estado, sin hacer mención alguna al papel de los trabajadores y sus organizaciones representativas en la decisión. De esta forma se cierra —o al menos no se abre de manera explícita— un espacio para la participación del colectivo laboral en la dirección de asuntos que le conciernen de modo directo, tales como formular propuestas propias o someter a su parecer propuestas externas.

• No hace referencia a problemas acumulados en la gestión de las empresas estatales a lo largo de su evolución por más de 60 años, como antecedente necesario para formular las bases de las transformaciones en el principal agente económico.

La anterior afirmación también se sustenta en que el documento no solo elude esas particularidades del caso cubano, sino que no trata problemas generales del funcionamiento de las empresas del Estado en economías centralmente planificadas y, por tanto, queda sin respuesta a la pregunta de cómo serían enfrentados en el marco del modelo propuesto. Todo lo anterior constituye una ausencia importante en el documento.1 Para una mejor comprensión del asunto, algunos de estos problemas se relacionan a continuación.

Decisiones de naturaleza empresarial adoptadas fuera de la empresa

La asignación centralizada de recursos críticos, la obligatoriedad impuesta a veces de interactuar solo con ciertos proveedores y clientes, las restricciones para acceder al comercio exterior, entre otras restricciones que aún permanecen vigentes, provocan desacoples con necesidades operativas del proceso de creación de valor en la empresa, así como con otras necesidades más relacionadas con su desarrollo, como las inversiones, los proyectos de I+D+i y la penetración en nuevos mercados, por enumerar algunas.

Ello mantiene vigencia en nuestros días y significa que, en definitiva, una buena parte de los resultados finales de estas empresas no depende de la efectividad en su gestión hoy, después de varias décadas de pronunciamientos alrededor de la autonomía.

Varios «principales» y sus encargos funcionales

La ambigüedad en la delimitación de las funciones estatales y empresariales —muy relacionada con el problema anterior— arrastra consigo una práctica: la prescripción exhaustiva y detallada de disposiciones a cumplir por la empresa, desde entidades diferentes y de forma insuficientemente articulada.

Esa falta de articulación y la intervención de en- tidades gubernamentales —cada una con sus pro- pios intereses y diversos controles en paralelo para el cumplimiento de sus funciones específicas— afectan la coherencia interna del sistema empresarial, le crean interferencias y limitan de manera notable el tiempo para el ejercicio cotidiano de la dirección y provocan que esta se concentre a menudo en demostrar el cumplimiento de normas y procedimientos, más que en el mejoramiento efectivo de sus procesos e implementar una agenda de desarrollo de la empresa.

Restricciones presupuestarias blandas

Se manifiestan mediante el tratamiento financiero de las empresas estatales con pérdidas. En la práctica, más allá de declaraciones que anuncian la intención de no continuar dicho tratamiento, se ha seguido subsidiando a estas empresas a lo largo del tiempo. En 2022 se reportaron un total de 446 empresas con pérdidas y en 2021, por concepto de subsidios al sector empresarial estatal, el presupuesto del Estado entregó un total de 10 730 millones de pesos (Reyes, 2022).

No puede descartarse la necesidad de subsidiar de manera puntual en determinadas coyunturas —e incluso en algunos casos con sistematicidad—, ni siempre puede atribuirse en su totalidad a la empresa el resultado desfavorable. Sobre esto último, baste apuntar variaciones en precios de insumos importados y la práctica habitual en nuestra economía de adoptar decisiones centralizadas de formación de precios que contradicen los propósitos de autonomía, y afectan ciertos eslabones de la cadena de valor en un sector de negocios, al beneficiar a otros eslabones precedentes.

Pero mantener el enfoque de subsidiar de manera constante empresas ineficientes, sin aplicar otras soluciones, resulta un desestímulo a la mejora continua de su gestión, dada la garantía de que sobrevivirán de todas maneras. Desestimula también a aquellas empresas eficientes que en la práctica terminan subvencionando a aquellas que no lo son. Así se origina una erogación insostenible desde las arcas estatales, con el consiguiente efecto negativo en la disponibilidad de recursos financieros para emplear en otros fines de carácter social, científico-tecnológico, medioambiental, también determinantes para el desarrollo.

El «efecto trinquete»

El sistema de planificación basado en la asignación centralizada de recursos críticos y metas de carácter obligatorio para un horizonte temporal anual que refuerza el enfoque cortoplacista en la dirección de la empresa, tiene efectos nocivos sobre la proyección del desarrollo de la empresa, en tanto asuntos como los mencionados en el primer problema, por su naturaleza, rebasan dicho horizonte anual. Así, una planeación estratégica de mayor alcance, orientada al desarrollo empresarial, queda relegada a un plano secundario.

Este sistema condiciona además patrones de comportamiento donde las empresas estatales persiguen obtener más recursos para cumplir las metas anuales e intentarán que estas no sean demasiado tensas, en contraposición con la tendencia de sus niveles superiores a entregarles menos recursos, exigirles metas más tensas y extraerles más beneficios.

La paradoja radica en que, a mejor desempeño, las empresas serán más exigidas en todos esos sentidos —recursos, metas y beneficios— para el siguiente año, con lo cual se desestimula hacer esfuerzos adicionales y se intenta evadir tales exigencias y asegurarse un plan cumplible.

La «postconceptualización»: Plan 2030, Estrategia Económica y Social del 2020 y las 43 medidas para la empresa estatal

Entre la primera versión de la Conceptualización y la actualidad, se han hecho públicos otros documentos que pudieran considerarse soportes para su puesta en práctica. Dentro de ellos destacan, en primer término (2016) el Plan 2030. En él, aparece una visión de la nación, los ejes estratégicos, entendidos como referentes donde se construye y sostiene el desarrollo en su multidimensionalidad, y los once sectores pivotes que lo impulsarían.

Por su contenido y horizonte temporal, el Plan 2030 resulta un documento rector para la puesta en práctica de la Conceptualización, que serviría de antecedente a políticas, planes más operativos, indicadores de medición y los recursos correspondientes.

Dicho Plan 2030 se concentra en abordar el desarrollo en las dimensiones macroeconómica, sectorial, so- cial, medioambiental y territorial. Aquí se aprecia una limitación: la no inclusión del desarrollo en su dimensión empresarial. No es ocioso reiterar una verdad de Perogrullo: la creación de riqueza y el desarrollo están directamente ligados a la presencia de un tejido empresarial robusto, resiliente y dinámico, aupado por un contexto macroeconómico e institucional favorecedor. Solo bajo estas condiciones se puede garantizar el bienestar de sus colectivos laborales y de la población como fin último de las empresas. La omisión de una agenda de desarrollo y de transformación de la em- presa estatal como actor fundamental —en unión con los demás actores— deja sin soporte el avance en las restantes dimensiones.

Con posterioridad en julio de 2020 el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) hace pública una «Estrategia Económico-Social para enfrentar la crisis provocada por la COVID–19». En esta se proclama entre sus principios, una vez más, el dotar de mayor autonomía de gestión al sector empresarial. Se incluyen medidas a aplicar en 16 áreas clave las cuales absorben los 11 sectores estratégicos del Plan 2030 e incorporan otras actividades; así como otras cinco secciones relacionadas con los actores no estatales, el ordenamiento territorial y urbanístico y la dirección de la economía.

Las menciones principales a la empresa estatal aparecen en la sección dedicada al sistema financiero (Ministerio de Economía y Planificación, 2020, pág. 27) donde de nuevo se repiten declaraciones como la necesidad de transformar la empresa estatal y dotarla de mayor autonomía y responsabilidad por sus resultados, favorecer mayor participación de los colectivos laborales, establecer incentivos para la generación y ahorro de divisas, potenciar productividad y eficiencia, priorizar los recursos para las empresas de mayor impacto en la economía.

Una mención importante y positiva en esta sección resulta el planteamiento de flexibilizar los objetos so- ciales de las empresas estatales, lo cual se refrendó con la Resolución 28 del MEP de 2021. Las restricciones impuestas con anterioridad en su formulación, derivadas de la recentralización en la década de los años 2000, causaron más impactos desfavorables sobre la insuficiente autonomía, no hicieron sino reforzar la cultura de la espera, y redujeron de manera notable la iniciativa empresarial para buscar nuevas opciones en productos, servicios y clientes, acordes con sus potencialidades y oportunidades de negocio.

También se anunció el propósito de eliminar las trabas existentes para una relación más fluida entre las empresas estatales y el sector no estatal, lo cual constituye un reconocimiento explícito a la presencia de obstáculos institucionales para esta relación y que, en última instancia, reflejan la resistencia que ha existido para el fomento de dicho sector, lo cual ha ido transformándose desde septiembre de 2021 con la aprobación de nuevos actores económicos, aunque todavía persisten problemas que inhiben su potencial.

Por otro lado, la sección dedicada a dirección y gestión de la economía (Ministerio de Economía y Planificación, 2020, pág. 31), solo hace mención al sistema empresarial estatal para referir que deberá evaluarse una estructura de dirección para este y que los ministerios se concentren en el ejercicio de sus funciones. Esta sección, que por su contenido está circunscrita al plano gubernamental, debió incluir no solo las referen- cias a la empresa estatal que aparecen en la sección ya comentada del sistema financiero. Al menos en términos generales, debió incluir las bases de un programa de decisiones para impulsarla.

La Estrategia contiene un exceso de áreas declaradas como priorizadas (16) y la reiteración de intenciones que no han sido llevadas a la práctica. Su contenido parece resultado de la suma de diferentes secciones redactadas por separado sin un enfoque común, y no de un documento en sistema.2 Llama la atención que no se dedique una sección específica para el actor económico fundamental, algo que sí se hace, de manera muy breve, para los demás actores económicos.

Al final de la misma, en esta Estrategia se hace mención a la posterior promulgación de 43 medidas para el perfeccionamiento de la empresa estatal, divulga- das entre septiembre de 2020 y 2021, encaminadas a propiciar nuevas transformaciones en estas empresas como «un conjunto de medidas inmediatas» para ace- lerar las transformaciones en estas empresas.

Estas medidas pueden catalogarse en primer término como positivas, en tanto apuntan a conceder más facultades a las empresas estatales y facilitar su desempeño. Varias son las razones para que las expectativas alrededor de su impacto no se hayan cumplido en la medida necesaria:

• El contexto muy adverso en el que se desempeña la economía cubana, marcado por los impactos de la pandemia de la covid–19, catástrofes como la explosión ocurrida en la Base de Supertanqueros de Matanzas, la inflación y los problemas de funciona- miento de cadenas de suministros a nivel global y los efectos de la agudización del bloqueo norteamericano.

• Problemas estructurales acumulados en la economía que no han encontrado solución en los marcos de la Actualización del modelo, ni permitido crear las capacidades internas para enfrentar con mayor solidez el contexto arriba descrito.

• Fallas en el diseño e implementación de la Tarea Ordenamiento y ausencia de un programa efec- tivo de control del mercado cambiario y de la in- flación.

• Y el carácter parcial y limitado de algunas de estas medidas las cuales basadas en un enfoque incremental, no atacan el sistema empresarial y su entorno de conjunto, ni apuntan hacia soluciones integradas y de fondo que realmente hagan despegar a la empresa estatal. En otras palabras, sigue sin darse solución a los problemas de las empresas estatales mencionados con anterioridad.

Permitir a la empresa tomar decisiones de relativa menor cuantía, como las concernientes a la contratación de jubilados y otros trabajadores, ajustar destinos de distribución de las utilidades, permitir el pago de utilidades a trabajadores sancionados, entre otras, no producirá grandes cambios en los resultados finales.

Otras de ellas, más que medidas novedosas, repiten intenciones ya incluidas en la Estrategia, como la de priorizar en la asignación de recursos a empresas que exporten, o eliminar las limitaciones para los vínculos entre empresas estatales y el sector no estatal. Su puesta en práctica ha estado muy limitada.3

De manera particular, en cuanto a la exportación, por ejemplo, se observa que en la actualidad no se aplican plenamente incentivos que se fijaron para las empresas estatales exportadoras en la Resolución n.° 115/2020 del Ministerio de Economía y Planificación, dada la situación crítica con la disponibilidad de divisas y la discrecionalidad para su asignación.

Otras medidas no son tales, al menos por su redacción, y repiten propósitos como «priorizar el turismo», «flexibilizar la planificación», y varias se encaminan a paliar los efectos de haber desatado una polémica conversión de empresas a Unidades Empresariales de Base (UEB), lo cual restringió la autonomía de gestión de estas unidades y ha complejizado más las estructuras organizativas de dirección.

En este último caso, la cuestión va más allá de regresar en algunos casos al punto de partida y reconvertir a empresas algunas UEB que perdieron tal condición, o crear nuevas figuras como las empresas filiales que refrenda el Decreto Ley n.° 34 de 2021, que suscita dudas sobre sus ventajas y si en definitiva, se está instauran- do un nivel adicional de dirección .

Se trata de reformular la organización empresarial completa, desde las denominadas Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE ) hasta las bases productivas y de servicios, atendiendo a las características de cada agrupación empresarial. En el caso de las OSDE, se trata sobre todo de que su exis- tencia realmente añada valor y fomente una sinergia positiva en la agrupación. Se anunció que en 2019 se haría una evaluación de estas estructuras empresariales, la que en definitiva no se efectuó (Doimeadiós, Izquierdo y Albert, 2018).

Reflexiones finales y la transformación necesaria

Las bases conceptuales y metodológicas para una verdadera transformación y desarrollo de la empre- sa estatal cubana no han sido abordadas en toda su magnitud e intensidad. Desde la Conceptualización en sus dos versiones hasta las medidas más recientes, se aprecian ambigüedades, la omisión de problemas que desde la teoría y la práctica requieren ser tratados, declaraciones reiteradas por mucho tiempo sobre eficiencia, autonomía y otros asuntos, sin acciones más resueltas que las hagan ciertas.

Estas limitaciones son decisivas para que las políticas y decisiones adoptadas y su correspondiente marco jurídico —por ejemplo las medidas para otorgarles más facultades a las empresas estatales—, no hayan tenido el resultado esperado. Su limitado alcance y enfoque incremental, no apuntan a remover en su totalidad las trabas determinantes para mejorar el desempeño de estas empresas y desplegar su potencial.

La empresa estatal requiere un programa de cambios que van desde el contexto regulador e institucional hasta la dirección de sus procesos internos. En otras palabras, la convocatoria al «estremecimiento de la empresa estatal» no solo debe producirse al interior de la empresa. Es también desde fuera. Al respecto, a continuación, se comparte un primer grupo de ideas para su transformación, fruto de un trabajo en proceso de un colectivo de profesores universitarios.

Dicha transformación —signada por el conflicto entre la urgencia de hacerla y el tiempo necesario para implementarla, en un contexto muy desfavorable para Cuba— debe incluir aspectos «externos» como el marco jurídico para la empresa estatal —como parte integrante de un marco jurídico para todos los actores que conforman el tejido empresarial cubano— y una reestructuración de la banca comercial para facilitar el acompañamiento a la gestión empresarial. Se requiere también llevar a la práctica el concepto de «medios fundamentales de producción», en términos de cuáles actividades económicas los concentran y en qué proporción se detenta la propiedad estatal.

Esto último debe ir de la mano de la delimitación de los espacios donde han de prevalecer los monopolios y sus empresas estatales correspondientes, la legitimación de la competencia entre actores, sean estatales o no, la eliminación de subsidios a empresas ineficientes y la definición de aquellas que por razones de interés social debieran ser subsidiadas. Esta tipología determinaría las especificidades de las relaciones e intervención del Estado en sus empresas.

También, deberán abordarse asuntos como el gobierno empresarial, funciones, atribuciones y composición de las juntas de gobierno, y los órganos de relación y control del Estado para con sus empresas en las diferentes instancias de gobierno, en sustitución del solapamiento aún vigente entre funciones estatales y empresariales.

Debe legitimarse de una vez la autonomía en temas como el acceso al comercio exterior, selección de clientes y proveedores, el manejo de las finanzas empresariales y decisiones de inversión, en un sistema de planificación donde el enfoque de asignaciones cen- tralizadas de recursos críticos ceda espacios a mayor presencia de relaciones de mercado.

Además, se debe fomentar la creación de nuevas empresas y acometer la reestructuración organizativa y financiera de las existentes —las irrentables en primer lugar— con objetivos de mejora claros y medibles en breve plazo, unos dos años, en aquellos casos donde sea factible una revitalización.

Esa reestructuración debe estar acompañada de una agenda de desarrollo de mayor aliento donde además de estrategias de crecimiento, cooperación, competitivas y otras, aparezcan temas como la transformación digital, la innovación, el intraemprendimiento, la infraestructura física y tecnológica, el capital humano, y un sistema integrado de gestión, que de conjunto moldeen la interrelación de la empresa con su entorno y cuya implementación respalde los propósitos del Plan 2030.

Citas

1 Para un análisis de los problemas de las empresas estatales en economías centralmente planificadas y el caso cubano, se recomienda a Fernández y Torres (2020).

2 Para un análisis más detallado sobre esta Estrategia, se recomienda consultar a Anaya (2021).

3 En el trabajo de mi colega Ileana Díaz que aparece en este mis- mo volumen (págs. 95-101), se abordan los obstáculos en las relaciones entre actores estatales y no estatales.


Bibliografía

Anaya Cruz, Betsy. «Reflexiones en torno a la nueva estrategia para el desarrollo económico y social de Cuba». En Apuntes sobre economía Cubana y Covid–19. Santo Domingo: Fundación Friedrich Ebert, 2021,págs. 17-26.

Blanco Rosales, Humberto. «Treinta años de la empresa estatal en Cuba: recuento y reflexiones sobre su transformación». Economía y Desarrollo, vol. 164. n.º 2, julio-diciembre de 2020, págs. 91-109.

Consejo de Estado. «Decreto Ley n.° 34. Del Sistema Empresarial Estatal Cubano». Gaceta Oficial de la República de Cuba, año CXIX, n.° 51 ordinaria, 7 de mayo de 2021, págs. 1501-1509.

Izquierdo Ferrer, Lissett; Dianet Doimeadios Guerrero y Beatriz Albert Pino. «Cuba redefinirá el próximo año su estructura empresarial». Cubadebate, 16 de diciembre de 2018, en: http://www.cubadebate.cu/especiales/2018/12/16/cuba-redefinira-el-proximo-ano-su-es- tructura-empresarial/ (último acceso: 2 de julio de 2023).

Fernández Estrada, Oscar y Ricardo Torres Pérez. «Las empresas estatales en las economías de planificación central: el caso cubano e ideas para su transformación». International Journal of Cuban Studies, vol, 12, n.° 1, 2020, págs. 13-28, en: 10.13169/intejcubastud.12.1.0013 (último acceso: 2 de julio de 2023).

Ministerio de Economía y Planificación. «Cuba y su desafío económico y social: Síntesis de la Estrategia Económico-Social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19». Ministerio de Economía y Planificación, 2020, en https://www.mep.gob.cu/sites/default/files/Documentos/Archivos/tabloide_estrategia.pdf (último acceso: 2 de julio de 2023).

Ministerio de Economía y Planificación. «Resolución 115/2020. Establecer las Bases generales para el perfeccionamiento del sistema de asignación de la liquidez del plan de la economía nacional». Gaceta Oficial de la República de Cuba, año CXVIII, n.° 60 ordinaria, 18 de agosto de 2020, págs. 1939-1943.

Ministerio de Economía y Planificación. «Resolución 28/2020». Gaceta Oficial de la República de Cuba, año CXVIII, n.° 51 ordinaria, 7 de mayo de 2020, págs. 1521-1523.

Partido Comunista de Cuba. Conceptualización del Modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Lineamientos de la Política económica y social del Partido y la Revolución para el período 2021-2026. La Habana: Editora Política, junio de 2021.

Partido Comunista de Cuba. Documentos del 7mo. Congreso del Partido aprobados por el III Pleno del Comité Central del PCC el 18 de mayo de 2017 y respaldados por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 1 de junio de 2017. Contiene la Conceptualización del Modelo Econó- mico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, las Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. Visión de la Na- ción, ejes y sectores estratégicos y los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021. La Habana: Editora Política, junio de 2017.

Reyes García, Delia. «Empresas con pérdidas (II): arideces sobre el tablero». Bohemia, 21 de septiembre de 2022, en: http://bohemia.cu/ empresas-con-perdidas-ii-arideces-sobre-el-tablero (último acceso: 2 de julio de 2023).