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lunes, 14 de junio de 2021

Cuando los precios se desordenan

La crisis por la que atraviesa la economía cubana y el déficit de ofertas han desatado una espiral inflacionaria que afecta el poder adquisitivo de la población. Desde el inicio de la Tarea Ordenamiento salieron a flote errores de diseño y en la implementación, así como la tendencia a solapar la ineficiencia empresarial con el incremento desmedido del valor de producciones y servicios. Ante las quejas de la ciudadanía, sigue latiendo la voluntad política de corregirlos siempre que sea posible. Sobre esos candentes asuntos BOHEMIA dialoga en exclusiva con Meisi Bolaños Weiss, titular del Ministerio de Finanzas y Precios


Por DELIA REYES GARCÍA

Fotos: YASSET LLERENA ALFONSO

Infografía: REI

Caricatura: OSVAL

Si bien en Cuba, mucho antes de anunciar el inicio del ordenamiento monetario y cambiario, ya los precios traían una escalada que aguijoneaba el bolsillo de la población, a partir del primero de enero –sencillamente- se desorbitaron. Cinco meses después, la marea sigue subiendo.

La población se debate en cómo hacer las cuentas a fin de mes, aunque los precios de los productos normados y las tarifas de servicios básicos mantienen sus valores al estar regulados por el Estado, lo que permite el acceso a los mismos por igual, sean trabajadores, jubilados o beneficiarios de la asistencia social.

Limitadas ofertas, desabastecimiento en mercados agropecuarios e industriales, colas extenuantes marcan el día a día de los cubanos. Mientras tanto, pululan coleros y acaparadores en un mercado informal donde el dólar desborda los pronósticos. Debajo del tapete, el cartón de huevos ya anda por los 300 pesos, una libra de carne de cerdo cuesta más de 100 … un grupo de productos -aun de factura nacional- tiene precios por las nubes. Ni las flores escapan al jolgorio especulativo.

Para atraer a los clientes, en la Plaza Vieja de la capital las pizarras de los restaurantes anuncian la cola de langosta a 200 pesos, el pollo al carbón en 45, un vasito de caldosa a 20. La pescadería del Mercado Cerro oferta la libra de tiburón en más de 300 pesos.


Meisi Bolaños Weiss, titular del MFP, reconoce la urgencia de producir cada vez más bienes y servicios para que los precios no se desorbiten.

¿Cómo saldrá de ese atolladero la economía nacional? ¿Qué hacer para evitar la inflación? ¿Cuáles son los resultados previsibles que dejará la Tarea Ordenamiento (TO)? Para responder estas y otras interrogantes, dialogamos en exclusiva con Meisi Bolaños Weiss, titular del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP).

Saldar una vieja deuda

Una de las debilidades estructurales que arrastraba la economía cubana era la desconexión entre precios y salarios. Con la implementación del ordenamiento monetario y cambiario, la transformación de los ingresos (salarios, pensiones y prestaciones de la asistencia social) y la eliminación progresiva de gratuidades indebidas y subsidios excesivos, comenzó un proceso de reformas para precisamente superar esa ruptura. Sin embargo, los resultados aún no son los esperados.

“Lo que está previsto es que el salario se convierta en una motivación al empleo, y sea la principal fuente de ingresos para satisfacer las necesidades del trabajador y de su familia. Por eso se previó una canasta de bienes y servicios de referencia que no solo incluye los productos normados de la libreta, sino también servicios básicos.

“Aunque es un diseño adecuado, ha sido necesario realizar determinados ajustes y correcciones porque la población empezó a sentir insatisfacciones con algunas tarifas y precios de bienes o servicios esenciales que deterioraban la economía familiar. Entre estos, la electricidad, el gas, los medicamentos.

“Pero a partir de la difícil situación que enfrenta la economía cubana, en medio de la actual crisis mundial asociada a la covid-19 y el feroz bloqueo del gobierno estadounidense, existe un déficit de oferta y se ha desatado lo que llamamos una inflación reprimida, no deseada, encareciéndose los precios de un grupo de productos liberados como los agropecuarios.


“Al principio de la implementación de la TO, la formación de precios descentralizados, incluso de la gastronomía, no estuvo exenta de errores. Los ejemplos más elocuentes fueron los de los comedores obreros y del transporte de los trabajadores. Y esto no fue un problema de diseño, sino de implementación. En muchos lugares no se tuvo la sensibilidad suficiente para comprender que no se podía de manera mecánica calcular el valor de esos servicios por 24 pesos, la nueva tasa de cambio.

“Esa fue una de las distorsiones que reveló el ordenamiento. En algunos casos se aplicaron precios ‘al barrer’ en el sistema empresarial, sin tener en cuenta la capacidad de compra de los trabajadores y, sobre todo, que en la reforma general de ingresos el salario no creció 24 veces”.

Según el diseño previsto, los precios minoristas de los bienes y servicios que ofertan las formas de gestión no estatal, aun cuando responden a la oferta y la demanda, no debían haber crecido más de tres veces, ni los productos agropecuarios más de dos.


Nada escapa a la estrepitosa especulación.

“Pero eso no se ha cumplido en muchos lugares. La inflación prevista como efecto de la devaluación debía manifestarse gradualmente en el transcurso del año, no de manera tan acelerada desde la aplicación del ordenamiento. Existieron problemas en la implementación, en la interpretación adecuada de los principios y las normativas para la formación de los precios descentralizados.

“En tal sentido, hemos realizado ajustes y correcciones necesarias, sin desconocer los efectos de una devaluación del 2 300 por ciento. Por tanto, la economía tiene que irse adaptando a los nuevos precios y costos; sin dejar de considerar los vínculos entre estos y los ingresos de la población.

“Muchas personas tienen la percepción de que perdieron su capacidad de compra porque no son suficientes las rebajas a las tarifas de la electricidad o la balita del gas, si en su vida diaria cada vez que van al agro o le compran al carretillero, esos precios subieron más que sus ingresos”.



Aunque las tarifas eléctricas, inicialmente diseñadas en la TO fueron corregidas, el llamado es al ahorro.

Y la población no solo cuestiona estos precios liberados, muchos preguntan por qué la subida tan drástica de los productos normados.

“La canasta de referencia pautó 1 528 pesos per cápita de gastos para el nuevo escenario y dentro de esa están los productos y servicios con precios centralizados. Hay que tener en cuenta que antes estos eran subsidiados por el Estado. Mas aún ahora, la electricidad, un grupo de medicamentos, los productos alimenticios para los niños menores de siete años, se mantienen bajo este concepto.

“Es cierto que se produjo un incremento importante de los precios normados, pero están calculados dentro de la canasta de bienes y servicios de referencia. Ahora, estas tarifas estimulan al ahorro, cuando miras los resultados hay una disminución del consumo. El combustible y el resto de los alimentos en el mercado externo mantienen una tendencia alcista y la estrategia del Gobierno no es recargar esos incrementos sobre la población, ni deteriorar su calidad de vida. Hoy, por ejemplo, hay que subsidiar la tarifa eléctrica con unos 17 000 millones de pesos.

“No obstante, tenemos que seguir corrigiendo todo lo que haya que corregir. Este no es un proceso terminado, lleva evaluaciones y ver realmente los impactos. Tenemos el deber de observar constantemente qué pasa con la relación precio-ingreso, evaluar, ajustar, tomar las mejores decisiones, para evitar esa inflación no deseada y desinflar los precios. En este sentido es vital producir más, generar mayores volúmenes de bienes y servicios, que diversifiquen las ofertas a la población y contribuyan a estabilizar los precios”.

El primer secretario del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, insiste en escuchar los criterios de la Academia. Investigadores del Centro de Estudios de la Economía Cubana y del Centro de Estudios de la Economía Internacional de la Universidad de La Habana coinciden en la necesidad de indexar al salario el crecimiento de los precios; es decir que, cuando los últimos suban, también lo haga el primero, para estimular realmente la productividad del trabajo.

“El escenario es muy complejo y la solución no es adoptar medidas de parcheo, sino producir más de manera extensiva e intensiva, incrementar los valores de la circulación mercantil minorista, mayor volumen de bienes y servicios a la población, superar la crisis de oferta para una mayor satisfacción de las demandas de la población y consecuentemente incidir en la reducción de los precios.



El ordenamiento no ha logrado solucionar la desconexión entre precios y salarios, debilidad estructural de la economía cubana.

“Para indexar al salario el crecimiento de los precios habría que generar esos bienes y servicios porque de lo contrario sería una serpiente mordiéndose la cola; es decir, el incremento del salario tendría efecto inflacionario.

“En determinados sectores y actividades las personas sí están generando un nivel de salario que permite satisfacer importantes necesidades. Hay muchas experiencias positivas de empresas exportadoras que les está yendo muy bien”.

Sin terapias de choque

La escasez de divisas en la economía también provoca que suban los precios de las formas de gestión no estatal. En el mercado informal ya se está comprando el dólar a más de 60 pesos. “Un importante elemento formador de precios es la tasa de cambio. Eso no solo sucede en Cuba, es en el mundo entero. Y hay que tener en cuenta el incremento de los precios en el mercado internacional.

“Las tensiones de liquidez, la falta de divisas afecta el abastecimiento de la red minorista, incluidos los productos de demanda básica como aceite, puré de tomate y otros bienes. Ahora, pongo un ejemplo, una botella de aceite en Granma, según el monitoreo de precios que estamos realizando, cuesta 400 pesos, pero si hubiera ese producto, esto no sucedía. ¿Por qué la carne de cerdo cuesta 130 pesos la libra? Porque sencillamente no hay carne en el mercado. La causa no es solo a cuánto está el dólar, sino el déficit de oferta.


Los mercados que eran en CUC sí mantuvieron el cambio de uno por 24.

“Hicimos una devaluación en condiciones muy difíciles. ¿Qué hace cualquier país del mundo? Primero, racionalizar plazas y lanzar a la calle a gran número de personas. ¿Cuántos empleos se han perdido en América Latina? Aquí no sucede así y se han mantenido las garantías salariales. Solo en 2021, hasta el mes de marzo, se han pagado por gastos del covid-19 más de 1 800 millones de pesos del presupuesto del Estado.

“Aquí se hizo un ordenamiento, fue devaluada la moneda y no se subió la carga impositiva de ningún sector, ni a ninguna persona. Se adoptó un conjunto de medidas para nivelar los impuestos entre los distintos actores económicos. Y eso tiene que venir acompañado de la necesaria disciplina tributaria porque el país necesita esos ingresos para financiar los gastos sociales. En Cuba a nadie se le cobra un centavo al vacunarse contra la pandemia”.

La también licenciada en Derecho esclarece que los precios de un grupo de productos de las tiendas en CUC se mantuvieron tal cual estaban desde mayo de 2016, cuando se adoptaron medidas para incrementar la capacidad de compra de la población.

Con vistas a estimular la producción agropecuaria, en fecha reciente, fueron aprobadas 63 medidas, algunas de implementación inmediata, las cuales disminuyen tarifas y precios de servicios al sector.

A su juicio, “el ordenamiento nos está dejando ver las principales distorsiones presentes en la economía. Y lo que nos queda es resolverlas”.

Atajar la impunidad

Ante la ausencia de un mercado legal de divisas, prolifera la venta ilícita, a precios abusivos.

Los mecanismos de control existentes para evitar el acaparamiento, la especulación, la venta de divisas y demás actitudes ilícitas son insuficientes, reconoce Bolaños Weiss. “El momento es de enfrentamiento y exigencia a las autoridades locales, encargadas directamente de ejercer esa batalla. Hay impunidad en algunos territorios. Las estructuras administrativas están obligadas a dar respuestas a la población cuando enfrenta estos procederes ilícitos para que siga confiando en la denuncia. Mientras la gente sienta que le están vendiendo a precios abusivos, no estaremos satisfechos”.

Según el informe valorativo del MFP, al cierre de abril, disminuyeron las acciones de control realizadas a los precios minoristas y mayoristas. Es evidente la tendencia a incrementar las inspecciones en entidades estatales, en detrimento del enfrentamiento a personas naturales que mantienen precios abusivos y especulativos. Solo en el 60 por ciento del total de acciones fueron detectadas violaciones.

La mitad de las provincias disminuyeron la imposición de multas en ambos sectores y la venta de productos agropecuarios ha sido la menos inspeccionada. “A pesar de los chequeos sistemáticos que se realizan centralmente por el MFP a esta actividad, las alertas oportunas, y fundamentalmente las quejas de la población, no se logra en los municipios y provincias una reacción al incremento en el enfrentamiento a los precios abusivos y especulativos, y los análisis se caracterizan por ser formales, situación que urge revertir”


Infografía: Rei

Madeja enredada

Cambiar modos de hacer, planificar sin reservas de eficiencia y velar por equilibrios macroeconómicos son algunos desafíos del Ministerio de Finanzas y Precios



Hay que poner un PARE enorme a la tendencia de solapar la ineficiencia empresarial detrás de los precios.

Pocos días habían transcurrido de implementación, cuando la Empresa Agroindustrial Ceballos, insignia dentro del sector agropecuario, comenzó a tambalearse. Cada tonelada de pulpa de frutas que exportaba generaba pérdidas considerables, contrario a todos los pronósticos de la Tarea Ordenamiento (TO), en los que las entidades exportadoras saldrían siempre mejor paradas en el nuevo escenario. En esta ocasión, se trabó el paraguas.

La titular del Ministerio de Finanzas y Precios advierte: “En Ceballos se dieron varias cosas que se han ido corrigiendo, como la disminución en los precios de acopio al productor agropecuario en algunas frutas esenciales para esa industria. Pero lo principal de esta, y cualquier otra empresa, es buscar mayor eficiencia dentro de sus procesos productivos. Eliminar gastos superfluos.

“Los principales cambios hay que hacerlos en la mentalidad de los empresarios, buscar más innovación y creatividad. Como ha insistido el primer secretario del Partido, salir de la actual crisis, llevar a término la TO y desarrollarnos, depende de nuestros propios esfuerzos”.

Al cierre de marzo, aproximadamente medio millar de empresas cayó en pérdidas, con algo más de dos mil millones de pesos, concentradas en el sector del transporte fundamentalmente. En el reverso de la moneda, las que han tenido éxito, generaron utilidades por más de 41 mil millones de pesos. “De manera eficaz han utilizado las medidas aprobadas para el perfeccionamiento de la empresa estatal y la estrategia económico social trazada para enfrentar la crisis mundial asociada a la pandemia. Los distintos actores económicos están y deben seguir encadenándose y articulando con integralidad”.

Rompiendo límites


Las ventas en moneda libremente convertible son una ventana de salida a la crisis económica que azota a la Isla antillana.

Una de las medidas de mayor furor dentro del universo empresarial es la de eliminar el límite para la distribución de utilidades a los trabajadores. Sin embargo, al establecer la Resolución 124 de 2021, del MFP, una cuantía máxima trimestral de hasta 30 por ciento, se suscitan polémicas y confusiones.

“Cuando hablamos de romper los límites del salario significa poder distribuir tanto dinero como utilidades se generen, después de cumplir las obligaciones tributarias con el Estado. Esta es una regulación más flexible. Antes los trabajadores tenían que esperar al cierre contable anual de la entidad para hacer la distribución entre los meses de febrero y marzo del año entrante. Eso cambió.

“La resolución permite pagar por adelantado esos montos, en las cantidades que aprueben los consejos de dirección. No puede ser por encima del 30 por ciento porque se correría el riesgo de anticipar una utilidad que luego no se pueda generar, por ejemplo, si caen los precios en el mercado externo. Al cerrar el año fiscal, si no hay contratiempos, puede distribuirse el restante 70 por ciento.

“Ahora bien, sucede que algunas empresas elaboran planes fáciles y ya al cierre del primer trimestre tienen cumplida la utilidad del año. Así no puede ser, resulta inconsistente. Eso lleva un análisis empresarial y la depuración de responsabilidades. El sistema empresarial está llamado a realizar planes rigurosos -y cumplibles-, que estimulen la eficiencia”.

Bolaños Weiss insiste en la necesidad de hacer correctos análisis de costos para establecer precios competitivos tanto en el mercado externo como en el interno. Recuerda, además, que en la Resolución 124 fue aprobada la creación de reservas voluntarias para diferentes destinos como incrementar el capital de trabajo, desarrollo e investigaciones, la capacitación; la adquisición, reparación y construcción de viviendas; la estimulación a colectivos y trabajadores, entre otras.

A la par, se flexibilizó la gestión de la moneda libremente convertible. Las empresas pueden venderle a la Zona Especial de Desarrollo Mariel o emplear el mercado electrónico; encadenarse con las formas de gestión no estatal y salir competitivamente con un producto exportable. “La empresa estatal socialista es el principal resorte del desarrollo económico del país, sin demeritar a los otros actores. El sentido es inclusivo y todos pueden aportar”.

Retos

Los equilibrios macroeconómicos dependen en buena lid de la estabilidad en la microeconomía empresarial y familiar.

A propósito de las medidas que perfeccionan la gestión empresarial, esta publicación realizó en diciembre pasado una Mesa Redonda con directivos de diferentes sectores de la economía. Algunos de los invitados manifestaron cierto recelo con la facultad para descentralizar los precios, en tanto debían hacer excesivas consultas, mediante trámites burocráticos.

“Algunos sectores, hicieron colapsar a sus clientes al aplicar incorrectamente la norma. El hecho de establecer un máximo para calcular los precios significa un elemento de contención a la inflación y nadie está autorizado a violarlo. Por otra parte, es insostenible que una entidad tenga pérdidas y gaste en cosas superfluas que no tributen a favor de la reproducción propia, ni a minimizar los costos del proceso productivo o de servicios.

“Pero puedo asegurar que para establecer un precio descentralizado no hay que consultar al MFP. Si el cliente plantea discrepancias, después de muchas negociaciones, entonces sí se apela al ministerio para revisar técnicamente el asunto.

“El diseño de la TO implica una descentralización fuerte, importante, y con control de las facultades para la formación de precios. Como advertía anteriormente, en esto han salido distorsiones, altos costos de producciones importadas, aun teniendo la posibilidad de hacerlas en el país. Esa mentalidad importadora hay que desterrarla definitivamente.

“En el sector presupuestado también hay reservas para el ahorro. Cada cual debe cuidar su pedacito, pero hay que pensar y actuar como país. No es un slogan”.

Para la titular del MFP, la economía cubana tiene por delante muchos retos “en función de objetivos muy concretos que son la generación de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la población. En tal sentido, corresponde a los trabajadores de la administración financiera del Estado lograr la implementación de una política de precios ajustada a las condiciones actuales, que sea inclusiva y asegure la igualdad para los diversos actores económicos.

“Que el precio como categoría económico-financiera exprese con objetividad el valor de la producción de bienes y servicios, y coadyuve a obtener los equilibrios macroeconómicos. Esto unido a otras tareas de envergadura como la sostenibilidad fiscal, el mejoramiento en la ejecución y administración del presupuesto.

“Mientras mayores sean los déficits fiscales, crece el endeudamiento interno y puede convertirse en algo insostenible. Por eso hay que adoptar medidas de corrección para evitarlo. El Gobierno realiza los ajustes con integralidad, velando por no deteriorar el déficit fiscal aprobado hasta donde las condiciones lo permitan”.

Bolaños Weiss asegura que las medidas de ajustes adoptadas dentro de la TO han conllevado erogaciones presupuestarias adicionales. “Para eso el Estado previó una reserva de apoyo al sistema empresarial, con un importe de alrededor de 18 mil millones de pesos. Desde ahí han sido asumidas las correcciones a las tarifas de la electricidad, el agua, los medicamentos, incluso el financiamiento temporal a las empresas con pérdidas”.

En la agenda de esta reportera quedan otros temas por tratar, como los márgenes de ganancia permitidos a las empresas comercializadoras y a las productoras; los presupuestos destinados a las inversiones priorizadas o el impacto de las adecuaciones tributarias… Mas, el tiempo va de prisa y la ministra tiene muchos otros asuntos pendientes. Sobre su buró, un hermoso ramo de flores revela que, este 27 de mayo, es su cumpleaños.


¿Pondrán las gallinas huevos de oro?

jueves, 20 de febrero de 2020

Presupuesto social: más allá del cerco


De asegurar los ingresos y ahorrar los recursos materiales y financieros depende la ejecución presupuestaria en Cuba



Por DELIA REYES GARCÍA, Bohemia

Fotos: JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA

Los desesperados coletazos del presidente Donald Trump no le quitan el sueño a nadie en la Isla. Sobre todas las cosas, porque los cubanos sentimos el respaldo de un Gobierno que, aun haciendo malabares para encontrar recursos financieros, mercados seguros y sortear muchas otras piedras en el camino, mantiene las garantías de los servicios básicos a la población.

Así queda demostrado, una vez más, con la aprobación de la Ley 130 del Presupuesto del Estado 2020, en la cual se destinan más de 33 390 millones de pesos a cubrir los costos de Salud Pública, Asistencia Social, Educación, Cultura, Deporte y Seguridad Social, cifra que representa más de la mitad de los gastos del presupuesto y denota su esencia eminentemente social. Pocos pueblos en el mundo tienen ese privilegio.

En un escenario similar al del pasado año, mediado por las restricciones que impone el cerco económico, financiero y comercial del gobierno norteamericano, la ejecución del presupuesto precisa de mayor rigor y control tanto en sus ingresos como en los gastos.

El ahorro es la palabra clave. Por eso, precisó Vladimir Regueiro Ale, viceministro primero de Finanzas y Precios, “el punto crítico está en garantizar los niveles de ingresos previstos y movilizar todas las reservas que se identifiquen en las distintas formas de gestión, incluyendo las unidades presupuestadas”.

Aseguró Regueiro Ale que están identificado un grupo de medidas que se implementa en los sectores de la economía como son el ahorro de combustible, electricidad, gas y telefonía. El 30 de enero cerró el proceso de notificación del presupuesto, y el 15 de febrero culminará la desagregación a los distintos niveles (gobiernos locales, grupos empresariales, unidades empresariales y presupuestadas).

En materia de ingresos a las arcas del Estado para el actual año se aprobaron 66 291 millones de pesos, que representa un crecimiento en el orden del 11,5 por ciento con respecto al anterior año. Este incremento no tiene precedentes, ni siquiera cuando se implementó la Ley 114 del Sistema Tributario, aseguró el viceministro primero.

Una de las fuentes para nutrir esos ingresos está en los impuestos sobre las ventas y los servicios en la circulación mercantil minorista, que deberán garantizar las empresas de subordinación local del Comercio y la Gastronomía.

El sector empresarial es un eslabón principal en los aportes al erario público, encargado de asegurar el 85 por ciento de los ingresos, fundamentalmente estos se concentran en los impuestos sobre las utilidades, el rendimiento de la inversión estatal, la utilización de fuerza de trabajo, y los dividendos en los casos que corresponda.

Por tal motivo, los resultados empresariales están en la mirilla del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP). “Tenemos que prestar una atención diferenciada, especial, para que no nos sorprendan las empresas que planificaron ingresos y luego deterioran sus indicadores y comienzan a tener pérdidas en su gestión”, sostuvo el Regueiro Ale.

Las únicas modificaciones a los egresos previstos, puntualizó, serán las relacionadas con la implementación de una política aprobada, o una decisión del Gobierno, “hay que enmarcarse en las cifras ratificadas en el plan. No podemos demandar más recursos porque no existen. Los principios son el ahorro y la racionalidad en los gastos”. Así lo ratifica una de las normas complementarias a la Ley 130 del Presupuesto del Estado.

Recibir y aportar

Más de 1 600 millones pensionados tienen asegurados los beneficios de la Seguridad Social. El presupuesto para este fin recibirá ingresos por 6 400 millones de pesos, procedentes de los empleadores estatales, la contribución especial de los trabajadores, incluidos todos los del sector presupuestado, así como de las formas de gestión no estatal. Pero este financiamiento no será suficiente, pues solo cubrirá el 85 por ciento de lo necesario. Por tal motivo se subsidiará ese déficit desde el presupuesto central.



A la Salud Pública y la Asistencia Social se le planificaron gastos por 12 740 millones de pesos, lo cual representa el 28 por ciento del total de las erogaciones presupuestarias para el actual año.

En cuanto a los gobiernos provinciales y municipales se ratificó la atribución de hacer uso de la mitad de los montos financieros que se recauden por la contribución territorial para el desarrollo local. A este fin se planificaron 1 194 millones de pesos.

Como establece la Ley 113 del Sistema Tributario, en cuanto a introducir en la Ley del Presupuesto las modificaciones pertinentes en esta materia, precisó Regueiro Ale, para este 2020 se generalizó el pago de la contribución especial a la Seguridad Social y del impuesto sobre los ingresos personales a los trabajadores del sector presupuestado, en correspondencia con el aumento salarial que se realizó desde julio del pasado año.

Asimismo, comenzará a aplicarse el impuesto sobre ingresos personales a los atletas que se contraten en el exterior, y a la gente de mar (marinos y personal asociado a estas actividades), contratados por armadores extranjeros. Después de aprobadas las políticas para este fin, se emitirán las normativas con resoluciones específicas del MFP, indicó el viceministro primero.

De los beneficios… al control

En Cuba no podemos darnos el lujo de que se pierdan o desvíen los financiamientos que deben respaldar los gastos del presupuesto estatal. La salud de todos, la educación de nuestros niños, una calidad de vida mejor, no tienen que esperar por morosos o evasores. El pago de impuestos, tasas y contribuciones es un deber y responsabilidad compartida. Estos aportes representan el 74 por ciento de los ingresos totales.



La eficiencia empresarial es un eslabón principal para garantizar los ingresos a las arcas públicas.

Las autoridades del MFP tienen identificadas una serie de indisciplinas que atentan contra el erario público. En el caso del sector no estatal, prevalecen las evasiones en el pago por la fuerza de trabajo contratada y la subdeclaración de ingresos personales. Del pasado año quedaron multas pendientes por un monto de 1 100 millones de pesos, lo cual también exige un mayor rigor en la gestión de cobro, valoró Regueiro Ale.

En el sector estatal hay retrasos en la Declaración Jurada (DJ) con los impuestos sobre las utilidades, y el pago por el rendimiento a la inversión estatal. “Todavía –afirmó– no se paga en las fechas establecidas, y necesitamos que el dinero llegue de manera oportuna a las cajas del presupuesto”. Por tal motivo, para el actual año se realizará la fiscalización al ciento por ciento de las DJ del sector empresarial.

Las cadenas de impagos que existen dentro del sector del Comercio y la Gastronomía es otro problema a resolver, en tanto provoca la falta de liquidez de las empresas para cumplir con sus obligaciones tributarias, lo cual afecta los ingresos al presupuesto, sostuvo el viceministro primero.

También existen subdeclaraciones por parte de las personas naturales en los pagos de impuestos asociados a la trasmisión de viviendas y autos. En tal sentido, reconoció, “hay un bajo nivel de enfrentamiento a la ilegalidad”, lo que también se manifiesta en la comercialización de productos de forma ilícita en los territorios.

Déficit presupuestario

Para el año en curso, precisó Maritza Cruz García, vice titular del MFP, se prevén gastos totales por 73 186 millones de pesos, de los cuales 67 499 millones corresponden a gastos corrientes.

Además de los servicios básicos a la población, se respaldan los subsidios a la canasta familiar normada, a las personas con baja solvencia económica para realizar acciones constructivas en sus viviendas; el financiamiento para la exportación y sustitución de importaciones; los montos destinados a las inversiones materiales, entre las que se encuentra el programa de la Vivienda, obras de infraestructura que incluyen las fuentes renovables de energía, el sector turístico, la sostenibilidad del sistema hidráulico, los programas de enfrentamiento a la sequía y de la agricultura, así como en Educación y Salud Pública.

Los aportes que realizan las formas de gestión no estatal también son importantes para sostener el gasto social en el país.

La viceministra acotó que también se inscriben en el presupuesto las pérdidas a financiar dentro del sector empresarial por un valor de 531 millones de pesos, destinados al Grupo Empresarial Azcuba, al Comercio y la Gastronomía de Santiago de Cuba, a la Unión Cuba Petróleo y al Ministerio de la Agricultura.

Los ingresos brutos, aprobados en la Ley 130 del Presupuesto, ascienden a 66 291 millones de pesos, mientras que los gastos totales se estiman en 73 186 millones de pesos. La diferencia entre ingresos y gastos, o sea, 7 095 millones de pesos, es el déficit fiscal del presupuesto.

La demanda financiera, es decir, la deuda pública, asciende a 11 395 millones 600 000 pesos, e incluye el monto del déficit fiscal más las amortizaciones de créditos con vencimiento en el actual año, y que ascienden a 4 301 millones de pesos. El dinero para cubrir la demanda financiera se solicita al Banco mediante bonos soberanos.

Las autoridades del MFP reconocieron que en el presupuesto aprobado no pudieron incluirse todas las solicitudes que realizaron los organismos, pues fue preciso en la planificación mantener el equilibrio macroeconómico. Por eso, frente a la tensa situación que presenta el presupuesto, con una elevada deuda pública, la exhortación es a ahorrar los recursos materiales y financieros, evitar los gastos superfluos. Hacer más, con más ahorro y racionalidad en los gastos. Incrementar por todas las vías posibles los aportes al presupuesto porque el dinero no cae del cielo.

Novedades


Vice titular primero del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), Vladimir Regueiro Ale /Foto: RHC

Sobre una nueva normativa, la Resolución 39 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), que beneficia la gestión empresarial, dio la primicia a la prensa Vladimir Regueiro Ale, vice titular del MFP. Se trata de una norma que regula las relaciones financieras entre las empresas y el presupuesto del Estado en tres aspectos novedosos.

Primero, el gasto en investigación, desarrollo e innovación de las empresas será considerado como una inversión, y por tanto no afectará el resultado final como sucedía con anterioridad. Segundo, se extiende la posibilidad de distribuir dentro de las utilidades empresariales hasta cinco salarios a los trabajadores, antes solo se permitían tres remuneraciones. Y por último, los dividendos que se obtengan por la participación en negocios con capital extranjero, o en entidades de capital ciento por ciento cubanas, podrán retenerlos las empresas como parte de sus ingresos. Estos dividendos se aportaban íntegramente al presupuesto del Estado.

“Estas medidas, reflexionó Regueiro Ale, deben influir en una mejor gestión por parte de las empresas estatales, y contribuye a mejorar la salud y las finanzas de estas entidades”.

Dentro de las principales modificaciones tributarias que se implementan con la Ley 130 del Presupuesto del Estado 2020, están las relacionadas con los productores individuales de productos agropecuarios, a los cuales se les simplificó el proceso de liquidación y pago anual del impuesto sobre los ingresos personales, con el objetivo de estimular e incrementar la producción de alimentos en el país.

-Hace dos años, cuando el MFP presentó el impuesto sobre la ociosidad de la tierra se explicó que tendría un carácter progresivo, aunque comenzaría de manera experimental en dos provincias. ¿Qué ha pasado con este tributo?

-Vladimir Regueiro Ale: Aunque sea necesario, hoy tenemos limitada la implementación del tributo sobre la ociosidad de las tierras, porque su objetivo más que sancionar a los incumplidores, es compulsar a que se pongan en explotación todas las áreas posibles. El programa de producción de alimentos es un asunto de seguridad nacional.

“Para la implementación del cobro de este tributo lo que más ha afectado son las condiciones técnicas y organizativas. Este impuesto requiere el conocimiento de quién es el tenente de la tierra, si es persona jurídica o natural; caracterizar o calificar los suelos en sus dimensiones y calidad también. Porque el impuesto se aplica en función de la categoría técnica-productiva que tienen.

“Luego hay que ver cuál es el nivel de explotación de la tierra, si es adecuado o no. Y todo eso hoy no está bien. Las provincias que comenzaron a aplicarlo en un primer año fueron Pinar del Río y Cienfuegos, y en el segundo año lo extendimos a Artemisa, Mayabeque y Matanzas. Para esto fue necesario desplegar en esos territorios un arduo trabajo con las delegaciones provinciales de la Agricultura y sus oficinas de control de la tierra. En la actualidad han avanzado en un proceso de informatización de sus registros, pero con anterioridad no se tenían.

“Para el presente ejercicio fiscal (año 2020) no fue posible incorporar a otras provincias en la implementación de este tributo. Tenemos los materiales para la capacitación, hemos ganado en experiencia, y se han estrechado los canales de comunicación con la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), y con las delegaciones de la Agricultura en los territorios. Pero este impuesto requiere que apliquemos normas que luego podamos conducir y controlar, y eso no ha sido posible en este momento. Esta es una de las líneas a seguir trabajando para la extensión y aplicación de este impuesto.

-¿Con la Ley 130 del Presupuesto del Estado disminuyen los tributos a pagar por los productores individuales?

-Vladimir Regueiro Ale: Esta es una de las modificaciones que introduce la Ley 130 del Presupuesto del Estado. A los productores individuales de productos agropecuarios se les sustituyó la escala progresiva sobre los ingresos personales por un tipo impositivo fijo del cinco por ciento para el cálculo y pago anual del impuesto. Es cierto que hay una desgravación, es decir, disminuye la cantidad a pagar al realizar el proceso de Declaración Jurada (DJ) al cierre del año fiscal. Pero los tributos no solo cumplen una función recaudadora, también son instrumentos de regulación económica. Por eso, se evaluó la necesidad de incentivar la producción de alimentos en el país.


Para que exista equilibrio en la economía será necesario garantizar en la circulación mercantil minorista un incremento de los bienes y servicios que se presten a la población.

“No se pierde el principio de generalidad en la aplicación del impuesto tributario porque se ratifica la presentación de la DJ, en un formato más sencillo y comprensible al productor. Lo que se ha hecho es reducir la carga impositiva, porque el objetivo es estimular a los mayores productores para exportar y sustituir importaciones. También se evaluaron las limitaciones de la producción agropecuaria en 2019, y que se mantendrán para el actual año. Los beneficios fiscales se aplican con un criterio de temporalidad, de acuerdo a las condiciones que existan en el país.

“Ahora, si bien se reducen los montos totales a pagar, quienes más ingresos obtengan, aportarán más, porque el tipo impositivo del cinco por ciento tendrá una expresión absoluta superior mientras mayores sean los dividendos”.

-Generalmente los insumos que necesita el sector campesino son suministrados por entidades estatales. ¿Por qué entonces solamente se le permite deducir el 70 por ciento y no el total de los gastos en que incurren? 

-Vladimir Regueiro Ale: De acuerdo a las evaluaciones realizadas por el MFP, se entendió que el 70 por ciento es suficiente para respaldar los niveles de gastos, de acuerdo a las fichas técnicas que tienen cada una de las producciones agropecuarias. Hoy no podemos decir que en todos los casos puedan justificarlos o cuenten con el respaldo documental necesario para hacer una deducción del ciento por ciento de los gastos en que incurren.



El presupuesto para la asistencia social precisa desagregarse para conocer con mayor exactitud cuánto se destinará a las personas más vulnerables que precisan la ayuda del Estado.

“Ciertamente existe un por ciento muy importante que pueden justificar a partir de los insumos recibidos por el canal de distribución estatal, de las empresas con las que ellos se vinculan. Pero los productores individuales se complementan con otras cooperativas, se prestan servicios mutuamente, como puede ser, por ejemplo, para la roturación de las tierras o la adquisición de alimentos para animales. Además contratan eventualmente o de manera fija fuerza de trabajo. Pero eso hoy no está bien integrado, falta cultura en la conservación de los comprobantes para el control de las operaciones y en la trazabilidad de las contrataciones.

“No obstante, hay un estímulo fiscal específico para el sector agropecuario al quedar exonerado del pago del impuesto por la utilización de fuerza de trabajo, y es válido tanto para las formas de gestión no estatal del ramo, como para las empresariales. Del 70 por ciento que se permite deducir de los ingresos brutos a los productores individuales, deben justificar documentalmente solo la mitad. La aspiración general dentro del sistema tributario es llegar, cuando las condiciones lo permitan, a aplicar los impuestos sobre las ganancias netas que tenga y pueda demostrar cada contribuyente, como una forma de medición mucho más objetiva”.

Otras dudas

Los ingresos brutos totales que se proyectan al presupuesto del Estado ascienden a 66 291 millones de pesos, y representan un crecimiento del 12 por ciento con relación al anterior ejercicio fiscal. Para esto, se proyectó un crecimiento sustancial en la circulación mercantil minorista a partir de incrementar las ofertas a la población y extraer la liquidez necesaria que garantice un adecuado equilibrio monetario-financiero en el país.

-¿Los impuestos por la venta de bienes y servicios, que representan el 37 por ciento del total de ingresos brutos al presupuesto, y proyectan crecimientos en un 14 y 25 por ciento respectivamente, afectarán a la población ante un posible alza de los precios?

-Vladimir Regueiro Ale: Aquí estamos hablando de un crecimiento de los impuestos sobre las ventas y servicios no por la actualización de las tasas impositivas. Se trata de un crecimiento asociado al incremento de la circulación mercantil minorista. Es importante recordar que muchos de los precios minoristas están regulados de manera centralizada por el MFP, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, o los grupos empresariales que pueden toparlos.

“De hecho el MFP para que no existiera una tendencia inflacionaria a raíz del incremento salarial en el sector presupuestado, emitió las resoluciones correspondientes en el mes de julio del pasado año e indicó que no se podían incrementar los precios que existían en el momento de aprobar esta medida.

“Por tanto, el incremento en los volúmenes de los impuestos sobre ventas y servicios no será porque se incrementen los precios, o los tipos impositivos, sino porque crecerá la cantidad de bienes, habrán mayores cantidades de mercancías comercializándose y más prestaciones de servicios, fundamentalmente gastronómicos, de alojamiento, de recreación, que realizarán las empresas de Comercio y Gastronomía”, concluyó.

jueves, 14 de septiembre de 2017

¿Qué recursos financieros puede usar el Estado para la recuperación?




Cuando ocurre un desastre natural como el que Cuba acaba de sufrir con el paso del huracán Irma, el Estado debe movilizar recursos financieros que le permitan sufragar las cuantiosas pérdidas que se producen.

Varias son las vías que permiten enfrentar los gastos de la fase recuperativa, de acuerdo con la Ley del Presupuesto del Estado, y otros mecanismos financieros existentes.

En el presente ejercicio fiscal de 2017, por ejemplo, el presupuesto estatal contempla una reserva para gastos corrientes y de capital de 200 millones de pesos, los cuales están a disposición del Ministerio de Finanzas y Precios, así como los consejos de Administración de las asambleas provinciales del Poder Popular, para sufragar gastos que no hayan podido preverse, como es ahora el caso.

Otra fuente de recursos la constituye la reserva para subsidios a personas naturales por acciones constructivas en sus viviendas, la cual tendrá como destino prioritario a las familias damnificadas, según explicó durante su visita a provincias afectadas la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza.

Es importante precisar que esta reserva en el presupuesto central se planifica sobre la base del 8.5 % del importe recaudado por concepto de impuesto sobre las ventas de materiales de la construcción a precios liberados.

De los ingresos que se captan por este tributo, el 51.5 % se destina a estos subsidios de acuerdo con las decisiones de los gobiernos provinciales, mientras que el monto restante también financia gastos de los presupuestos locales.

Para que se tenga una idea del monto de tales fondos, baste decir que según el informe de liquidación del Presupuesto del 2016, el pasado año se asignaron mil 365 millones de pesos para subsidiar la adquisición de materiales de construcción, en beneficio de más de 28 mil 500 familias.

Con independencia de estas fuentes específicas para paliar contingencias, el Presupuesto del Estado tiene también la posibilidad de ejecutar otras acciones como las transferencias corrientes y directas a los presupuestos locales, e incluso las reasignaciones o redistribución de cifras aprobadas y consignadas para diferentes destinos, dentro del marco de los límites de gastos establecidos por la ley.

No menos importante como otros mecanismos de financiamiento resultan los créditos bancarios, préstamos a los cuales pueden acudir tanto las personas como las entidades en función de recuperar inmuebles y capacidades productivas.

En el caso de las familias damnificadas, esta es una de las vías primarias y más expeditas —de acuerdo con las autoridades—, que se facilita como opción para adquirir diversos materiales y bienes, a partir de la evaluación que realizan los bancos sobre la solvencia económica de las personas beneficiadas.

También resulta una garantía en el caso de las producciones dañadas en la agricultura, la protección que representa el aseguramiento de bienes agrícolas, pecuarios y los patrimoniales agropecuarios, que están entre las principales líneas de productos de la Empresa del Seguros Nacionales (Esen).

Es preciso recordar que esta entidad prevé que en caso de ocurrencia de un siniestro —como ahora el huracán Irma— el asegurado debe avisar a la Aseguradora o al representante de la misma en su localidad, en un plazo de tres días hábiles, a los efectos de disminuir las afectaciones, prevenir daños mayores e iniciar el proceso de inspección y tasación.

Según precisa la Esen en su página web institucional, la aseguradora realizará de forma directa o a través de entidades de servicios auxiliares del seguro, la inspección de los daños y pérdidas en un plazo que no supere los 15 días naturales después de recibido el aviso de la pérdida.

El asegurado —establece la entidad— debe participar en la inspección y tasación de los perjuicios, firmando el acta correspondiente.

La indemnización que realiza la Esen deberá efectuarse en un plazo no mayor de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que obre en su poder toda la información necesaria para el ajuste de la pérdida.

( Tomado de Trabajadores)

jueves, 31 de agosto de 2017

Cooperativa Scenius apelará decisión oficial

Rachel D. Rojas • 31 de Agosto, 2017, Progreso Semanal


LA HABANA. El Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) notificó el pasado 4 de agosto a la junta directiva la Cooperativa no Agropecuaria (CNOA) Scenius la decisión de cerrarla. El organismo que constituyó a una cooperativa puede ordenar su liquidación, haciendo uso de la prerrogativa que le otorga el Decreto-Ley 305. En este caso, la Resolución No. 473 que se le entregó a Scenius está firmada por la titular del ministerio Lina Pedraza.

La fundamentación para una medida que el propio reglamento de las cooperativas considera extrema, responde a “las reiteradas violaciones cometidas por la Cooperativa en el cumplimiento del alcance social aprobado”, según el comunicado que publicó el Ministerio, sin dar más explicación sobre las indisciplinas.

“Durante los próximos 30 días estamos obligados a paralizar todos los servicios y crear una comisión liquidadora, y a partir de ahí tenemos hasta el 31 de diciembre para efectuar el cierre”, explica Alfonso Larrea (en foto de arriba), presidente de Scenius. Si no cumplen con los márgenes de tiempo, estarían incurriendo en desacato.

La repercusión mediática de esta medida ha sido mucho mayor que con otras, pues según informa el propio Larrea, otras (una o dos) CNOA en la actividad de la construcción están siendo también cerradas por incurrir en delitos. En cambio, la presidencia de Scenius sí ha acudido a la prensa. La cobertura, especialmente desde la presa extranjera, ha colocado a esta cooperativa como una de las más eficientes y de rápido crecimiento de la Isla, aunque los datos de referencia para tal comparación no son de dominio público.

En efecto, durante una entrevista realizada hace dos años con la directiva de Scenius, pudimos confirmar que su trabajo se centraba en la capacitación de otras CNOA para su constitución, cuando muchas de estas cooperativas fueron inducidas por el Estado cubano y no todas se conformaban por la propia espontaneidad de sus socios. Trabajaban incluso en conjunto con varios ministerios.

Hablamos de una entidad dedicada a los servicios contables, una de las seis que según Larrea existen en el país. Las únicas, además, que pueden considerarse cooperativas de servicios profesionales, pues todavía esa opción no se ha aprobado para otros profesionales, como arquitectos, diseñadores, programadores de software, etc.

Hoy Scenius cuenta con 300 socios, de tres socios fundadores. Tienen más de 60 clientes fijos y ofrecen más de 100 servicios mensuales. Otro dato importante: en la actualidad el 100 por ciento de los clientes de Scenius son entidades estatales, no cooperativas como en sus inicios.

Aun así, las irregularidades que el MFP alega haber detectado en el trabajo de Scenius, no son públicas. El derecho que tiene la entidad que crea la cooperativa para cerrarla, “se sustenta en supuestas violaciones del objeto social, es decir, que hemos hecho más de lo que nuestro objeto social nos permitía hacer”, afirma Larrea.

Ante este escenario su presidencia, de acuerdo con todos los socios, piensan apelar la decisión, “considerando que se vulnera con la Resolución impugnada, un derecho de la CNA derivado de las disposiciones legales vigentes”, dice en un comunicado de la cooperativa.

Alfonso Larrea se refiere a la Resolución 134/2014 del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), en la cual se autoriza la flexibilización del objeto social por parte de la máxima autoridad de la entidad.

“Esto es una discusión muy vieja con Finanzas y Precios. (…) Nosotros siempre hemos alegado el derecho a que las normas del país nos amparen.”, dice Larrea. “Eso se traduce en la facultad que le otorga el MEP a las empresas para, a partir del objeto social aprobado, realizar actividades que se deriven de él, secundarias, de apoyo, eventuales, etc.”, agrega. Según afirma, esta Resolución, incluye también a las CNA.


En un inicio y según lo establecido por ley, debe apelar a la misma organización que aplica la medida. “Tenemos 30 días para presentar una reclamación al mismo órgano que emitió la Resolución, que es el MFP. Y luego que este ministerio dictamine nuestra reclamación, si nosotros no estamos de acuerdo con eso, tenemos acceso a la vía judicial. Lo que vamos a combatir básicamente son las razones en las que se sustenta el uso de la prerrogativa que tiene la Ministra”, explica Larrea.

La presunción de inocencia, hasta que no se demuestre lo contrario, es importante en cualquier juicio claro y justo. La culpabilidad debe ser demostrada.

Luego de realizada esta entrevista, Progreso Semanal solicitó por las vías establecidas una entrevista con autoridades del MFP. Después de varios días, el 17 de agosto, se nos notificó que la entrevista no tendría lugar. No existe ningún otro mecanismo legal en Cuba para que la prensa pueda tener acceso a información sobre asuntos públicos.

Las infracciones

Este es, tal y como lo imprimió Alfonso Larrea en su oficina durante la entrevista, el objeto social aprobado para SCENIUS: “Actividades de registro contable de transacciones comerciales para empresas, otras entidades y formas de gestión no estatal, la preparación de estados de cuentas, el examen de dichos estados y la preparación de declaraciones de ingresos para personas y empresas. Se incluyen las actividades de asesoramiento en materia de tributos y representaciones conexas realizadas en nombres de clientes ante las autoridades fiscales, exceptuando la representación jurídica. Además, actividades relacionadas con la teneduría de libros, el cobro y pagos de las cuentas corrientes pendientes (corrientes), de impuestos, tasas y contribuciones”.

Y a continuación copio las actividades señaladas en la Resolución No. 473 de este año del MFP que le fue entregada a la directiva de Scenius: Servicios de capacitación para la constitución de CNOA de la gastronomía, análisis económico y financiero, planificación financiera, organización del trabajo en el área económica, solicitud de créditos bancarios, diseño de sistemas y fichas de costo y análisis estadísticos.

“Además de no existir —se lee en el documento— homogeneidad en la descripción de los servicios en los contratos, los documentos de ofertas y las facturas, que imposibilita determinar en la totalidad de los casos el servicio realmente prestado”.

Para la contadora Isis R. Lemus, ambos grupos de actividades son diferentes en cuanto al alcance y al área de la economía en que se engloban. Las primeras, contenidas en el objeto social, se concentran más en la contabilidad en sí; pero las segundas, señaladas por el MFP, son actividades económicas que no necesariamente se derivan de las primeras. Desde un punto de vista técnico, son actividades diferentes.

No obstante, la Resolución 134 del 2013 del Ministerio de Economía y Planificación (MEP) que Larrea asegura que les ampara dice también que “la realización de actividades secundarias derivadas del objeto social, eventuales y de apoyo, (…) en ningún caso se ejercerán de modo contrario a la legislación vigente”.

Hasta el momento, y debido a la ausencia de datos brindados por la contraparte (MFP), no es posible tener claridad si Scenius ha quebrantado alguna de las normas que califiquen como extralimitación de su objetivo social.

En el caso de los servicios de capacitación, según la especialista Isis R. Lemus, la Cooperativa no está autorizada para llevarlos a cabo, aunque no los cobre. “Si no está en el objeto social, no están autorizados. Supongo que debieron haberlo puesto. Además, cuando se habla de servicio, generalmente hay un pago mediante”.

Porque esto es lo que alega Alfonso Larrea, que la capacitación ofrecida no es un servicio, y que SCENIUS no cobró un centavo por ella. No obstante, en nuestra primera entrevista, realizada en febrero de 2015, Larrea contó sobre los inicios de la cooperativa.

También contó sobre las tres alternativas que tenían pensadas para convertirse en cooperativa, y cómo en los tres casos los objetos sociales eran gigantescos: “Porque veníamos con la concepción de empresas, de que mientras más cosas pusiéramos en el objeto social, más cosas nos permitían hacer. Incluso los objetos sociales clásicos dicen ‘y toda actividad que sea lícita’”.

Dado su conocimiento en la conformación de objetos sociales, podría pensarse que Alfonso Larrea está bastante seguro de que la Resolución 134/2014 del MEP ampara a Scenius. De ser así sabría si la cooperativa se ha extralimitado de su alcance o no, como indica su disposición a pleitear la decisión del Ministra de Finanzas y Precios. También sabemos que, al menos al comienzo, Scenius sí cobró por servicios de capacitación a CNOA, y no solo a las gastronómicas, aunque no es lo único que se le señala.

Pocos hechos son claros en todo este asunto. La contraparte de Scenius y Alfonso Larrea como presidente de la cooperativa no ha ofrecido explicación alguna sobre la decisión de cerrar una cooperativa aparentemente exitosa. El MFP rechazó está oportunidad en su primer comunicado público, y lo hizo de nuevo cuando la posibilidad de concedernos una entrevista fue negada. Así que solo podemos contar con una sola versión.

Pero más allá de este conflicto en particular, el cierre de formas de gestión más horizontales como las cooperativas —que al menos en teoría se parecen más al sistema de distribución justo al que Cuba podría aspirar como sociedad— crea, cuando menos, un muy mal precedente.

El cierre de Scenius compromete algo más que el experimento sin conclusiones anunciadas del cual son objeto la existencia misma de las cooperativas no agropecuarias en Cuba. Pongo en duda que los 300 socios de Scenius merezcan quedar sin trabajo.

Si el MFP tiene tan claras las infracciones, aunque no las explique en público y con transparencia, ¿por qué no toma medidas con personas específicas, luego de la debida investigación, y no con la totalidad de la cooperativa? Aún más: ¿Cuántas empresas estatales han sido cerradas, desintegradas, por los escandalosos casos de corrupción de unos pocos? Creo que ninguna.

Fotos: Kako

martes, 8 de agosto de 2017

Ministerio de Trabajo aclara sobre temporalidad de las nuevas medidas en el sector cuentapropista (+ Video)


Una de las principales interrogantes de la población sobre las recientes medidas para el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia es el tiempo en que demorarán el otorgamiento de nuevas licencias. Sobre este particular el noticiero del mediodía de este lunes entrevistó a la viceministra de trabajo y seguridad social Marta Elena Feitó sobre la temporalidad de estas medidas.

La viceministra recordó que todas las personas que tienen autorización para ejercer las diferentes actividades pueden practicarlas sin ningún tipo de problemas.
Las personas que se encontraban en trámites- unas 1600- se le continúa el proceso para otorgársele las autorizaciones; entre tanto, la temporalidad de estas medidas estará determinado por el tiempo en que dure el proceso de aprobación de las normas jurídicas que van a refrendar esas políticas. No será un tiempo muy largo pues es un proceso normal de trabajo para la aprobación de estas normas”, aclaró.
Al comentar sobre las cinco actividades que se suspenden dijo que es una medida de continuidad “en el caso de los carretilleros o los operadores de equipos de fabricación rústica no se han autorizado desde hace más de un año”.
Entre las nuevas medidas, asegura la viceministra, está la compactación de actividades que son afines.
“Este paso posibilita la reducción de los trámites que tiene que hacer la población; pues hasta este momento para ejercer varias actividades afines había que hacer una solicitud de cada una de las autorizaciones”, detalló.
En el caso de la actividad de servicios de belleza agrupará por ejemplo siete de las actuales actividades. “Si hoy usted quiere ser peluquero, masajista, manicura o barbero tiene que sacar la licencia por cada una, y esto se elimina desde este momento”, comentó la vice titular.
Añadió que a la vez, se crean dos nuevas licencias como son la de bar y recreación así como la de panadero-dulcero.
Igualmente se reforzará el control sobre las actividades por cuenta propia en la Isla a partir de la conformación de un equipo multidisciplinario de los gobiernos locales que realizarán una evaluación colectiva.
“Nos posibilitará la no reiteración de las inspecciones por diferentes cuerpos de inspectores al mismo lugar”, expresó.
Sobre las nuevas facilidades de los titulares de las licencias que al ausentarse podrán nombrar a uno de sus trabajadores contratados para que asuma su responsabilidad durante ese tiempo, se explicó también.
“Actualmente esta posibilidad no existía y en esta situación lo que se hacía era una suspensión temporal de la actividad y con ello el cese del establecimiento. Ahora no será así y se permitirá la continuidad del trabajo en esos establecimientos”, comentó.
La viceministra aseguro que estas medidas no constituyen un retroceso y sí consolida el trabajo por cuenta propia que hoy es ejercido por más de medio millón de cubanos.

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