Nueva Ley de la Vivienda intenta reducir el grave déficit habitacional de Cuba

La norma profundiza en los derechos patrimoniales, al derogar oficialmente la confiscación de viviendas a los migrantes cubanos que salieron de forma definitiva del país, mientras facilita las herencias a personas en el extranjero.

Sociedad Dariel Pradas 17 agosto, 2026

 

Un albañil trabaja en el exterior de una vivienda en construcción, en la provincia de Pinar del Rio, en el extremo oeste de Cuba. En 2025 se construyeron apenas 5493 viviendas, 26 % menos que en 2024.

Foto: Jorge Luis Baños / IPS

La Habana, 17 ago.-  La legislativa Asamblea Nacional de Cuba aprobó una nueva Ley de la Vivienda para paliar el déficit habitacional de más de 800 000 inmuebles y estimular el mercado inmobiliario, en un país colapsado y que no puede garantizar el derecho a una vivienda “adecuada” reconocido por su Constitución.

La nueva norma, que entrará en vigor 90 días después de su próxima publicación en la Gaceta Oficial y deroga la Ley General de la Vivienda de 1988, permite que las personas naturales puedan poseer hasta dos viviendas en propiedad en zonas urbanas —hasta ahora solo se autoriza una—, aparte de una tercera posible para descanso o veraneo.

Asimismo, la ley aprobada por el unicameral parlamento el 30 de julio, flexibiliza los contratos de compraventa entre personas, con menor necesidad de autorizaciones administrativas para vender, donar, permutar, arrendar, unificar o ceder partes de una vivienda, o al transmitir la propiedad de solares yermos, azoteas y otros espacios para construir.

Las partes en un contrato inmobiliario podrán pactar cláusulas libremente, siempre que no violen la ley, un asunto hoy sumamente restringido.

“En Cuba conseguir autorizaciones para construir o vender viviendas podía ser un proceso bastante burocrático y lento”, dijo a IPS Anabel Morales, arquitecta cubana de 30 años, que emigró a España y cofundó la empresa de arquitectura AAJ Group, de la cual es socia.

Morales cree que los cambios que anuncia la ley pueden ayudar a crecer la economía y circular más dinero dentro del país, pues “comprar, reformar, construir, alquilar o vender implica trabajo para arquitectos, constructores, diseñadores y otros sectores”.

“Darle la responsabilidad del problema de la vivienda a un sector privado de la arquitectura recién renacido, me parecen palabras mayores, cuando en más de 60 años las grandes empresas estatales poco pudieron hacer”: Javier Cuadra.

Su colega, Javier Cuadra, de 34 años, también socio de AAJ Group, coincidió en que la nueva ley, que entrará en vigor antes de finalizar el año, tiene varios aspectos positivos, y que la posibilidad de poseer más casas “era otra de las limitaciones que nos habían impuesto, que carecían de sentido e impedían que el mercado inmobiliario se desarrollara”.

Sin embargo, la apertura administrativa de la ley es “un arma de doble filo”, agregó.

Cuadra teme que, por ejemplo, si un propietario decide construir sobre la azotea de su casa, sin un control adecuado, pudiera acarrear peligros a la estructura original del inmueble, además de alterar el orden urbanístico y otras posibles consecuencias.

“Realmente no estamos preparados para eso. No hay unas regulaciones bien escritas. Es apenas un primer paso”, para llegar a un orden práctico en la construcción, dijo a IPS.

La ley profundiza en los derechos patrimoniales, al derogar oficialmente la confiscación de viviendas a los migrantes cubanos que salieron de forma definitiva del país, mientras facilita las herencias a personas en el extranjero.

“Qué bien saber que tendré más opciones para comprar casas cuando me vaya del país. Obviamente, ahora no tengo ni un peso para comprarme nada”, dijo a IPS Adrián Rojas, un taxista habanero de 22 años.

Una pretensión de la nueva norma es, de hecho, que los jóvenes, de entre 18 y 30 años, puedan asentarse en la isla y acceder a una vivienda adecuada, mediante subsidios para adquirir materiales de construcción, créditos, préstamos, beneficios fiscales y otros tipos de incentivos facilitados por los gobiernos municipales.

Paralelamente, prioriza el acceso a la vivienda social a mujeres jóvenes en situación de maternidad temprana, discapacidad, víctimas de violencia de género o familiar, así como a personas de barrios con bajos ingresos o degradados urbanísticamente.

“El anteproyecto se sustenta en la voluntad del Estado de continuar desarrollando programas de vivienda social para reducir el déficit habitacional y proteger a familias en situación de vulnerabilidad”, dijo en marzo a medios locales Marvelis Velázquez, directora de Asuntos Legales de la Vivienda en el Ministerio de la Construcción.

Sin embargo, el esfuerzo constructivo ha sido deprimente.

Construcción en cimientos

En 2025 se construyeron apenas 5493 viviendas —26 % menos que en 2024—, de las cuales, un tercio apenas fueron acabadas por el sector estatal, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei).

Entre 2019 y 2023 se concluyeron 132 382 viviendas. En el último año de este periodo se terminaron 20 232 inmuebles, que fueron sucedidos en 2024 —como evidencian las cifras—  por una caída abrupta que continúa en picado hasta hoy. Sin embargo, ese ansiado despegue constructivo nunca fue suficiente.

El déficit de más de 800 000 viviendas no es mucho menor que el faltante registrado en 2018, cuando el gobierno presentó una política, aún vigente, para mejorar aquella situación y, en una década, rehabilitar 402 000 núcleos y construir 527 000.

Un recuento oficial indicó que al cierre de 2020 en esta nación insular caribeña había 3,9 millones de viviendas, de las cuales casi 40 % estaba en regular y mal estado.

La entonces Política de la Vivienda, aprobada en 2019, ha ido palidecido por una crisis económica que se ha ido profundizado en la isla a partir de la pandemia de covid-19, y que en 2026 ha mostrado su peor expresión por el bloqueo petrolero y las presiones financieras de Estados Unidos a la isla.

Pero en la crisis habitacional también han incidido otros problemas como trabas burocráticas, pérdida o robo de recursos materiales, subsidios sin terminar y recursos financieros inmovilizados en los bancos por ese concepto, además de una grave escasez y una lamentable producción de materiales de la construcción.

Durante el último lustro, los materiales han sido tan difíciles de obtener para la población que las obras realizadas por “esfuerzo propio”, (de las personas naturales) suelen demorar años en concluirse: según la Onei, 107 462 viviendas aún se encuentran en pie de obra, mientras 40 191 permanecen paralizadas.

La Onei también apuntó que en 2025 Cuba apenas produjo, de los materiales básicos para la construcción, 365 900 metros cúbicos de arena calcárea (78,2 % de la cantidad de 2024); asimismo, 500 toneladas de barras de acero corrugadas, 20 300 metros cúbicos de prefabricados de hormigón (20 % y 44,4 % con respecto a 2024, respectivamente).

Solo el cemento gris, con 283 100 toneladas, aumentó 10 % con relación al año anterior.

La brecha entre la demanda de viviendas y la capacidad real de construcción sigue siendo drástica, pese a que la población cubana ha ido disminuyendo por las olas migratorias y el decrecimiento natural de la población.

Cuba cerró en 2025 con 9 434 593 millones de habitantes, unos 313 414 menos que en 2024, y, sin embargo, el déficit habitacional seguía siendo prácticamente igual.

La tendencia podría significar que las personas que no pudieron acceder a viviendas siguieron siendo las mismas: aquellas que no pudieron emigrar ni mejorar su situación económica para comprar o construir una casa.

Un incipiente mercado inmobiliario

La nueva Ley de la Vivienda introduce y regula la actividad inmobiliaria, mientras la promueve como un actor clave “para contribuir —según su artículo 42— a disminuir el déficit habitacional y obtener recursos financieros para el desarrollo de la vivienda social”.

El 4 de agosto, cuando entró en vigor el decreto 160 de 2026, que reduce la cantidad de actividades económicas prohibidas para el sector privado, la actividad inmobiliaria también quedó abierta a los emprendedores cubanos residentes en la isla.

“Si el gobierno tiene la voluntad de realizar los cambios estructurales y políticos necesarios, (el negocio inmobiliario) es un trabajo que se puede realizar con mayor facilidad”, dijo a IPS Dalhit González, presidente de Constructora Dalhit SURL, una empresa privada especializada en servicios constructivos e inmobiliarios.

Antes de la actualización de las actividades económicas, los agentes inmobiliarios funcionaban bajo una especie de limbo legal, con algunos vacíos jurídicos a la hora de reconocerse su papel intermediador en una operación de compra o venta.

Ahora el mercado inmobiliario en Cuba sufre, según González, “un proceso complejo de distorsión de la realidad”, tanto de los cubanos residentes en la isla, como en el extranjero, causando que los precios de las viviendas se deprecien, pero que aún sean inaccesibles para la mayoría de la población.

“Los cubanos de la isla no tienen expectativas ni esperanzas (de quedarse en Cuba) y los cubanos del exterior ven una oportunidad real de compra de viviendas. Este proceso denota que existe de fondo un problema económico para el cubano de la isla”, afirmó.

Según la arquitecta Morales, con la posibilidad de crear inmobiliarias privadas, podría fomentarse la nueva construcción, además de la rehabilitación de edificios deteriorados.

“En España existen promotores, inmobiliarias y estudios de arquitectura que trabajan de forma conjunta: se identifica una inversión, el arquitecto desarrolla el proyecto, se construye y la inmobiliaria se encarga de comercializarlo. En Cuba podría funcionar similar”, dijo.

En la nueva lista de actividades económicas prohibidas para el sector privado no aparece la arquitectura, un hecho que no pasó desapercibido por un gremio que exige desde hace décadas la posibilidad de crear sus estudios privados.

Tras del triunfo de la revolución cubana en 1959, la arquitectura quedó restringida solo a empresas estatales, y para pequeñas ampliaciones o construcciones de viviendas por esfuerzo de la población, existía un sistema de “arquitectos de la comunidad”, que aprobaban técnicamente los pequeños proyectos.

“Si cuando yo estaba en Cuba, hubieran permitido los estudios privados de arquitectura,  ¿quién sabe si me hubiera quedado? Qué bueno que ya lo permitieron, y qué malo que lo hicieron ahora porque no les quedó más remedio”, dijo a IPS Amaury Hernández, el tercer socio de AAJ Group.

Los tres socios de AAJ Group coinciden en que es necesario establecer una normativa exhaustiva —en materia urbanística y empresarial— para que un estudio privado de arquitectura opere y un mercado inmobiliario florezca en Cuba.

Hernández, por ejemplo, no ve el mercado adecuado en la isla para invertir en un estudio de arquitectura: “No veo los clientes, la normativa no la tengo clara y el escenario está súper agresivo. Ningunas de las condiciones para que un arquitecto pueda ejercer, están creadas”.

Pero, más allá de las nuevas oportunidades empresariales, el problema de la vivienda no será resuelto por las inmobiliarias, ni mucho menos por los arquitectos.

“La arquitectura se basa, en general, en el dinero para ejecutarse: inversiones a largo plazo que sean seguras y, en el caso de la vivienda, voluntad política, apoyo económico estatal y recursos”, dijo Cuadra.

“Darle la responsabilidad del problema de la vivienda a un sector privado de la arquitectura recién renacido, me parecen palabras mayores, cuando en más de 60 años las grandes empresas estatales poco pudieron hacer”, concluyó.

ED: EG

La renta de viviendas en Cuba a precios inaccesibles y sin amparo legal

El amparo legal del arrendamiento de viviendas de propiedad personal ha sufrido diversas transformaciones a lo largo de la historia en la isla caribeña.

Sociedad Dariel Pradas 11 septiembre, 2025

Una mujer junto a su mascota en la entrada de una vivienda que presta servicios de hospedaje, en La Habana. Los precios del alquiler de viviendas en Cuba se han vuelto inaccesibles para la mayoría de la población de la isla.

Foto: Jorge Luis Baños / IPS

La Habana, sept 11.- Alejandro Candelaria, de 27 años, solo tuvo una semana de plazo para recoger sus cosas e irse con su novia de la casa donde vivían alquilados en la capital de Cuba. Daba igual que siempre pagara la renta a tiempo e incluso invirtiera en mejorar las condiciones del alojamiento.

El propietario, quien antes los agasajaba con frases de “mejores que ustedes, ninguno”, apenas se excusó diciendo que ya tenía vendido el lugar y que necesitaba desalojarlos.

Como no mediaba un contrato legal en la renta, los dos jóvenes, sin posibilidad de reclamar ante la ley, no tuvieron más opción que buscar otro alquiler en el plazo de una semana , también sin contrato y bajo el riesgo de otra mudanza repentina, como es lo usual en esta y otras ciudades de la nación caribeña.

“Con el tiempo, me enteré de que todo era mentira, que otra persona estaba viviendo alquilada de donde el tipo (el propietario) nos botó. Pagaba más dinero”, dijo a IPS Candelaria.

Carla Carreño, una chilena de 24 años que estudia en la Universidad de La Habana, hace un mes estuvo oteando alguna renta por el Vedado, uno de los barrios más cotizados de la capital, y casi todas rebasaban el precio de 100 dólares mensuales, aunque no dispusieran de todas las condiciones óptimas para vivir, como electrodomésticos esenciales.

Aquellos lugares pensados para inquilinos extranjeros, con mejores comodidades, rondaban entre 250 y 300 dólares.

“Los precios están subiendo. Es muy fuerte. Antes no estaba tan caro. Lo atribuyo a que el costo de vida en Cuba, y el (precio del) dólar, están subiendo muchísimo”, dijo Carreño a IPS.

Según Carreño, a varios amigos los han desalojado con la justificación de que se quiere vender la vivienda, pero la mayoría de las veces, es una forma menos “engorrosa” de cambiar al inquilino por otro que pague más.

Los precios están subiendo. Es muy fuerte. Antes no estaba tan caro. Lo atribuyo a que el costo de vida en Cuba, y el (precio del) dólar, están subiendo muchísimo”.

Carla Carreño

Los precios de las rentas pueden variar mucho, advirtió Candelaria, en dependencia de si el propietario es un conocido suyo, o de la zona y las condiciones del lugar y otros elementos típicos.

Este joven trabajador de un bar de propiedad privada, no considera que los 50 dólares al mes que paga actualmente por un apartamento pequeño de dos cuartos, en un barrio cerca del casco histórico de la ciudad, sea un precio caro para el mercado inmobiliario vigente.

Sin embargo, es un precio que solo pueden costearse mayormente trabajadores del sector privado o de algunos pocos segmentos cuyos salarios mensuales sobrepasan, en gran medida, los 16 dólares –según la tasa del mercado cambiario informal, la más usada– del salario medio del sector estatal en Cuba, que emplea a la mayoría de la población.

El precio de la renta puede haber aumentado con respecto a años anteriores, pero lo que se mantiene inalterable es el estado de desprotección legal bajo el que ocurren los acuerdos entre inquilinos y propietarios o arrendadores, llamados localmente caseros.

Inquilinos desprotegidos

“Realmente, contratos no existen. Los alquileres lineales (que se extienden sin plazo definido) ocurren sin contrato”, reconoció Candelaria.

Por su parte, Carreño opinó que “no tienen nada de legalidad, no hay nada pactado por contrato y cualquiera puede echarte dentro de 15 días”.

La estudiante universitaria cree que esa situación pudiera evitarse con un sistema inmobiliario más regulado.

En Cuba, existen herramientas legales que posibilitan a los propietarios arrendar sus viviendas, sea por horas, días o meses, tanto a cubanos como extranjeros, a otras personas naturales o negocios, sea algunos espacios o la vivienda entera.

Sin embargo, estos evitan hacerlo por la vía legal para evitar cuestiones burocráticas, evadir impuestos, o las inspecciones y controles que acarrea una licencia de trabajador por cuenta propia (autónomo) en la modalidad de “arrendador de viviendas”, que pueden derivar en multas.

También existe el riesgo de que la autorización de la licencia sea denegada desde un inicio porque el hospedaje no cumple con ciertas condiciones de habitabilidad, higiene u otras razones; entonces el propietario podría ser inspeccionado en ocasiones posteriores para verificar que no esté rentando ilegalmente.

En resumen, a los caseros no les conviene la legalidad.

“No es fácil. Los inquilinos pueden ser una caja de sorpresa. Están los que destrozan las cosas, o simplemente no las arreglan si se rompen (los gastos para reparaciones menores deben ser asumidos por los arrendatarios, según la ley)”, dijo Edmundo a IPS, un arrendador de La Habana que pidió mantenerse en anonimato.

En cualquier caso, Edmundo nunca consideró registrar su negocio y operar bajo el paraguas legal: “¿Por qué lo haría? Funciona así como está y no creo que más burocracia mejore la cosa (la situación)”, señaló.

El amparo legal del arrendamiento de viviendas de propiedad personal ha sufrido diversas transformaciones a lo largo de la historia.

En 1960, un año después del triunfo de la revolución cubana, fue prohibidia esa actividad económica.

En 1984, la ley 48 reconoció que “resulta conveniente, como una solución marginal a nuestro déficit habitacional, autorizar que los propietarios de viviendas que posean espacios sobrantes alquilen esos espacios, dentro de determinadas limitaciones”. Se autorizó sin que fueran necesarios trámites administrativos.

En 1988, la Ley 65, la Ley General de la Vivienda, reguló la posibilidad del arrendamiento de hasta dos habitaciones con o sin servicio sanitario propio, previa autorización de la Dirección Municipal de la Vivienda correspondiente.

Después la ley, que sigue vigente, sufrió varias modificaciones en cuanto a la renta.

La reforma más reciente fue la de 2018, mediante el Decreto Ley 35, que enuncia, en su artículo 74.1, que “los propietarios pueden arrendar sus viviendas, habitaciones y espacios, a personas naturales y jurídicas (…) mediante precio libremente concertado y previa autorización de la Dirección Municipal de Trabajo”.

Dos hombres trabajan en la construcción de una vivienda en La Habana. Cuba tenía al cierre de 2023 un déficit de más de 855 000 viviendas. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS

Caída en el mercado inmobiliario

Mientras el mercado inmobiliario se caracteriza por rentas cada vez más costosas, el precio de las viviendas en venta se encuentra, al contrario, muy depreciado con respecto a años atrás.

Según el propietario de una inmobiliaria privada de La Habana, dedicada a la gestión de compra-venta de viviendas, la inflación ha impactado negativamente en los precios de los bienes inmuebles.

Además, entre 2020 y 2022, debido a la pandemia de covid-19, las notarías cerraron y las ventas de casas estuvieron prácticamente detenidas.

Por otra parte, la crisis migratoria a partir de 2022, en conjunto con la crisis de múltiples dimensiones que afronta Cuba, ha provocado que no existan casi clientes, y que los precios de las casas se desplomen sustancialmente.

“De 2020 hasta hoy, ha sido una de las peores épocas para el boom inmobiliario. El comportamiento ha ido en picada, y te puedes encontrar una casa que en 2015 costaba 500 000 dólares, a 200 000 dólares o menos”, dijo a IPS este corredor inmobiliario con más de 10 años en el sector, quien pidió anonimato.

Si bien algunas viviendas se ofertan en más de 100 000 dólares, también se pueden encontrar en 2000 dólares, en zonas periféricas de la capital y con peores condiciones infraestructurales.

Según su experiencia, las personas interesadas en comprar casas suelen ser mujeres casadas con extranjeros que emigraron hace años a otro país, con la intención de poseer un hogar para pasar sus vacaciones en Cuba y dejarla al cuidado de otros familiares.

Asimismo, suelen ser cubanos dueños de negocios privados, o extranjeros que tienen residencia permanente en la isla; de estos últimos, algunos se aprovechan de los bajos precios del mercado para comprar casas, repararlas y vendérselas a otros extranjeros, explicó.

Quienes venden, por su parte, son personas desesperadas por emigrar o que no tienen los recursos para costear el mantenimiento de grandes inmuebles; o ancianos de bajos ingresos que compran luego una casa más barata para vivir sus últimos años con el dinero restante, dijo.

Los precios de las casas son más bajos, pero todavía inaccesibles para la mayoría de la población, sobre todo cuando la banca estatal, la única que legalmente puede tratar con la población, no ofrece opciones de crédito para su compra.

Aun así, muchos se cuestionan –los jóvenes, en gran medida– si vale la pena esa inversión.

“Comprarme una casa no me interesa mucho, ya que mi objetivo no es vivir en Cuba. Prefiero pagar un alquiler en estos momentos, quer gastar mis ahorros en una casa que no me interesa vivirla”, dijo Candelaria.

El ritmo lento de la construcción de nuevas viviendas, condicionado por la escasez de materiales de la construcción, tampoco ayuda para solventar la demanda habitacional del país.

Emprendimientos en el este de Cuba atenúan la crisis de la vivienda

A pesar del esfuerzo de estos emprendimientos los déficits de viviendas en Granma resultan un inconveniente serio para la calidad de vida de la ciudadanía.

Economía Dariel Pradas 19 septiembre, 2024

 

Karina Milanés y Yunier Porto, cofundadores Pokarce, especializado en la producción de materiales de la construcción de cerámica roja, a las puertas del horno ecológico de tiro invertido que construyeron por esfuerzo propio, en la provincia de Granma, en el este de Cuba.

Foto: Jorge Luis Baños / IPS

Este producto periodístico forma parte de la cobertura especial Nuevos actores económicos y desarrollo local en Cuba (2023-2025). #DesarrolloLocalParaCrecer

BAYAMO, Cuba – Con el primer horno ecológico de tiro invertido en Cuba, el proyecto de desarrollo local Pokarce es la única minindustria privada de la oriental provincia de Granma que fabrica materiales de cerámica roja para construcción, que son muy demandados ante la carencia de cemento en el país.

“Quisimos rescatar las producciones de cerámica roja que se habían perdido en la provincia, sobre todo la rasilla (ladrillo delgado, plano y hueco), porque lo que más golpea hoy en la construcción es la impermeabilización (de los techos), ya que la manta debe importarse”, dijo la directora de Pokarce, Karina Milanés, a IPS en Bayamo, la capital provincial, a unos 740 kilómetros de La Habana.

Ingeniera geóloga de formación, Milanés, de 39 años, es la única mujer en este emprendimiento con 12 trabajadores, entre quienes se incluye su esposo Yunier Porto, de 40 años, un ingeniero eléctrico.

El problema de la vivienda en la provincia de Granma está crítico, hay demasiadas personas vulnerables, con techos que se mojan, pisos de tierra, que todavía usan letrinas fuera de la casa”

 

Yurisbel Ramírez

“Hicimos este negocio porque teníamos conocimientos de la materia, y el tema de la cerámica es súper complicado y no creo que muchas personas tengan paciencia para ello”, afirmó Porto a IPS.

La pareja, con 14 años de matrimonio y dos hijas, laboró hasta 2021, cuando se oficializó el proyecto, en la estatal Empresa de Materiales de Construcción de Granma. Milanés atendía la explotación en las canteras de la provincia y Porto, las inversiones de la entidad.

Entre ladrillos de gran formato, bloques ligeros de cuatro huecos y rasillas, Pokarce produce unas 20 000 unidades mensuales de barro cocido, cifra que oscila dependiendo de la disponibilidad del fluido eléctrico en la zona, afectada por largos apagones.

Elaborados a partir de la arcilla, un recurso endógeno y de gran calidad en la provincia, sus producciones se destinan, en parte, a la construcción de viviendas sociales subsidiadas por el gobierno.

De acuerdo a Porto, si bien había una cultura en el este cubano de utilizar la cerámica roja para las actividades constructivas, esta fue desapareciendo porque “la gente se casó un poco con el bloque de hormigón”.

Sin embargo, ante la baja producción de cemento en el país –necesario, junto a los áridos, para la fabricación de bloques de hormigón–, y las medidas del Estado para sustituir esa manufactura, desde 2020 se ha ido rescatando la cerámica roja en el territorio como forma de resiliencia.

Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), en 2023 se produjeron en esta nación insular caribeña 520 millones de toneladas de cemento gris, solo 39 % de la producción de 2019.

Asimismo, los materiales de la construcción fabricados con soluciones locales, como los de Pokarce, representan hoy menos de 0,5 % del total. 

Soluciones locales y artesanales

Cuando en 2019 cerró por falta de combustible la fábrica estatal en Bayamo, parte del antiguo centro laboral de Milanés y Porto–, donde se producía toda la cerámica roja de la región oriental, la pareja empezó a invertir sus fondos personales en el sueño de levantar un negocio privado.

La instalación industrial se montó sobre una antigua cantera convertida en cerro luego de haberse rellenado con escombros, un pequeño terreno que ninguna institución estatal quería y que cedieron oficialmente a Pokarce en 2021 de forma gratuita, mediante un contrato de comodato.

Las naves para el secado lento de los bloques se erigieron de madera y tejas de zinc, la extrusora se armó con soluciones artesanales y el horno, con una estructura abovedada, sin vigas de acero ni cemento, lo que demoró su terminación hasta un año, debido a que los albañiles carecían de capacitación en ese tipo de tecnología constructiva.

El prototipo del horno, de tiro invertido y cuyo combustible es la leña, posee las licencias ambientales que se exigen en Cuba: sus gases residuales llegan a la atmósfera después de haber sido filtrados por la tierra y los propios bloques, sin ningún tipo de componente tóxico.

Para la creación del horno, que alcanza los 1200 grados Celsius, Porto pasó varios cursos en línea con el Programa de Eficiencia Energética en Ladrilleras de América Latina para Mitigar el Cambio Climático, con su base en Perú, que es auspiciado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude).

El ingeniero también recibió otras capacitaciones vía internet para crear un programa digital que instaló en el horno junto a seis sensores, con el objetivo de monitorear la temperatura de cocción de los materiales en producción.

“El alma del horno es el control de la temperatura”, afirmó.

No obstante, sin el conocimiento geológico de Milanés sería imposible mantener el emprendimiento, pues a la hora de extraer arcilla en la cantera, ella es quien sabe analizar los planos y escoger los depósitos de mayor calidad.

La cantera pertenecía a la empresa estatal donde ambos trabajaban, y como ella ya no la explota, Pokarce debe extraer cada pocos meses la materia prima con una retroexcavadora y unos camiones que alquila.

“Si yo hubiera comenzado este negocio sin ella, hubiese desistido a los 10 primeros errores, pues no tengo ese conocimiento técnico”, confesó su esposo.

En julio de 2021, el negocio se instauró bajo el estatus de proyecto de desarrollo local, de los primeros cuatro del municipio de Bayamo. Actualmente, existen 102 aprobados en Granma.

La primera “quema” del horno fue en febrero de 2022. Un fracaso, debido a la mala acomodación de las unidades de cerámica. Ya después la producción adoptó un flujo estable, con poco margen de error.

Promoviendo sus materiales de cerámica a través de redes sociales, Pokarce se hizo notar, y de los primeros clientes que obtuvo en Bayamo, hoy suministra materiales a empresas constructoras tanto privadas como estatales de las provincias orientales de Granma, Holguín, Santiago de Cuba y también de La Habana, al oeste.

Actualmente, están preparando un taller en sus propias instalaciones para enseñar a jóvenes de escuelas de oficio el trabajo con cerámica, así como artesanías a personas en situación de discapacidad. Al fin y al cabo, su propósito nunca ha dejado de ser el de recuperar la cultura perdida en el territorio de crear con arcilla.

Del horno a la vivienda

Constago, la empresa privada que dirige Yurisbel Ramírez, una ingeniera civil bayamense de 37 años, se dedica casi íntegramente a la construcción de viviendas subsidiadas por el Estado, que se entregan a personas en situación de vulnerabilidad económica y con problemas habitacionales.

Los bloques y rasillas que utiliza Constago son de Pokarce.

En 2018, Ramírez creó una brigada para el mantenimiento de inmuebles bajo una licencia por cuenta propia y, en 2022, reconvirtió al estatus legal de su negocio al de las micro, pequeñas y medianas (mipymes).

“Empecé sola, sin recursos, sin presupuesto prácticamente, y no podía pedir crédito (al banco), porque para que te lo dieran era algo casi imposible”, dijo a IPS.

Con sus 62 trabajadores contratados, de los cuales tres son mujeres, hoy está encaminando la construcción de nueve viviendas. Su empresa ha terminado ya 12 desde que se inauguró.

“Siempre me han asignado las obras de casas para personas que son discapacitadas o tienen poco poder adquisitivo. Son casas de obras sociales, que paga el Ministerio de Vivienda», explicó.

Analizó que «el problema de la vivienda en la provincia de Granma está crítico, hay demasiadas personas vulnerables, con techos que se mojan, pisos de tierra, que todavía usan letrinas fuera de la casa”.

Una de las nueve nuevas viviendas, en el barrio Pedro Pompa de Bayamo, será entregada en diciembre, si el suministro de cemento no falla, a Melanio Hernández, quien tenía un hogar improvisado –ahora demolido para construirlo desde cero– y en condiciones tan deplorables que, en tiempos de lluvia, debía poner seis cubos bajo las goteras del techo.

“Soy un agradecido. El tema vivienda es necesidad de todos los cubanos y para que mejore, tienen que existir los recursos y que se puedan ofertar a la gente a precios asequibles. El principal problema es el de los materiales de la construcción”, dijo Hernández a IPS.

Como la emprendedora Milanés, Ramírez y su negocio Constago también cobijan un proyecto educativo –de nombre Profet– para capacitar a jóvenes en la fabricación de bloques, losas, y en la dosificación de áridos y otras actividades de la albañilería.

A pesar del esfuerzo de estos dos emprendimientos mencionados, los déficits de viviendas en Granma resultan un inconveniente serio para la calidad de vida de la ciudadanía.

De las 1636 nuevas viviendas que debieron construirse en la provincia en 2023, solo se terminaron 966 (59 %), según datos de la Onei.

El aprieto se extiende al resto del país, pues en el año anterior se entregaron apenas 16 065 inmuebles, 65 % de lo previsto, mientras que en el primer semestre se levantaron 4159 viviendas, 49 % del plan hasta esa fecha.

El déficit habitacional de Cuba sobrepasa las 850 000 viviendas, y 40 % de los 3, 9 millones de viviendas existentes se encuentra en regular o mal estado.

Vivienda en Cuba, un problema sin solución a la vista

 

Cartel en el exterior de una vivienda en venta en el municipio de Centro Habana. Al transitar por calles de la capital cubana resultan frecuentes en no pocas fachadas variopintos carteles y grafías con un texto común de Se vende. Algo no muy distinto ocurre en ciudades y localidades de los 168 municipios cubanos. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS

LA HABANA – Para emigrar a Estados Unidos y concretar la aspiración de una vida mejor, Ana Iraida vendió casi todas sus pertenencias, incluido el apartamento que, hasta su partida, la salvó de la incertidumbre de vivir alquilada en Cuba, país con una irresuelta deuda habitacional.

“El apartamento en La Habana lo heredé de mi abuela materna, quien falleció en 2015. Era pequeño, pero confortable. Lo vendí en 6000 dólares para pagar documentos, trámites y el pasaje”, señaló a IPS esta filóloga, quien al igual que el resto de las personas que brindaron su testimonio, solicitó omitir su apellido.

Desde la ciudad estadounidense de Houston, donde ahora reside, la joven contó que, gracias a préstamos de amistades, “reuní otros 4000 dólares. Llegué a Nicaragua en diciembre de 2022 y de allí seguí por vía terrestre hasta la frontera estadounidense”.

Ana Iraida aseguró que se siente “afortunada” de haber tenido una vivienda, “amueblada y en buenas condiciones”, con la cual sufragó gastos. Advirtió que otros “la tienen más difícil al carecer de techo propio”.

“Está siendo difícil vender, porque mucha gente quiere emigrar, y están prácticamente ‘regalando’ las casas. También la divisa escasea y una persona con miles de dólares prefiere usarlos para irse del país”: Elisa.

En los últimos dos años se disparó la emigración desde Cuba en medio del deterioro de la situación económica interna, avivada por la covid, el endurecimiento del embargo estadounidense, la dolarización parcial, la caída del poder adquisitivo de los salarios y de las pensiones, el desabastecimiento de productos esenciales y la inflación.

También inciden los errores y dilaciones en la implementación de reformas para modernizar el país y el ineficaz ordenamiento monetario implementado en enero de 2021.

En este país de 11 millones de habitantes, en 2022 el éxodo llevó a unas 250 000 personas solo a Estados Unidos, principal nación receptora de migrantes de este país insular del Caribe, de la cual la separan 90 millas náuticas (167 kilómetros).

Para frenar la oleada migratoria, el 5 de enero el gobierno estadounidense extendió a nacionales de Cuba, Nicaragua y Haití un programa de permiso humanitario de residencia temporal, conocido como “parole”, similar al implementado en octubre de 2022 para los venezolanos y anteriormente para otras nacionalidades.

Hasta el cierre de agosto, más de 47 000 cubanas y cubanos obtuvieron ese permiso humanitario, de los cuales 45 000 ya viajaron, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Uno de los requisitos de ese permiso temporal de residencia es contar con patrocinadores que sean de nacionalidad estadounidense, tengan la ciudadanía u otro estatus legal, además de contar con recursos para mantener a la persona o personas beneficiarias.

Vista general de La Habana desde Cerro, uno de sus 15 municipios. Esta urbe de 2,2 millones de habitantes, la principal del país, acumula el mayor déficit de viviendas del país que a nivel nacional sobrepasa las 800 000. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS

Se cambia (por parole) o se vende

En ese contexto, disponer de una vivienda propia puede ser también una oportunidad para el viaje de familias completas.

“La gente está cambiado las casas por recibir un parole. Hace pocas semanas facilité el intercambio de una casa por cinco paroles hacia Estados Unidos. Y en otro caso, con una residencia en Miramar (barrio acomodado del oeste de la Habana), las beneficiadas fueron nueve personas”, dijo Damián, un historiador quien de forma privada se dedica a la actividad de compraventa, por lo cual cobra una comisión.

Damián explicó a IPS que “residentes en Estados Unidos piden de 10 000 a 12 000 dólares por poner un parole. Según el valor de la casa es el número de personas que se compromete a respaldar para el procedimiento. Cuando se completa el trámite, se vende el inmueble y queda a nombre de algún familiar o amistad de esa persona en Cuba”.

Al paso por las calles, en vetustas o remodeladas fachadas de la capital cubana, no es difícil encontrar los más variopintos carteles y grafías con un texto común: Se vende. Algo no muy distinto ocurre en otras ciudades y localidades de los 168 municipios del país.

En portales digitales y grupos en Facebook para actividades de compraventa proliferan anuncios con fotos y datos relevantes de los inmuebles como la cantidad de habitaciones, la presencia de una línea de teléfono fijo o una instalación eléctrica que permita conectar equipos de 110 y 220 voltios, entre otros.

Algunos negocian el precio con o sin mobiliario, o si el comprador está “con dinero en mano (en efectivo)” y paga en dólares, euros o realiza el depósito en el exterior.

“Es difícil vender, porque mucha gente quiere emigrar, y están prácticamente ‘regalando’ las casas. Pero al mismo tiempo la divisa escasea y una persona con miles de dólares prefiere usarlos para irse del país”, argumentó Elisa, una abogada que confesó a IPS tener interés por asentarse con su esposo e hijo en España.

Señaló que lleva un año tratando de vender su apartamento en La Víbora, otro barrio habanero. “No encuentro un comprador, ni siquiera ahora que lo dejo en 10 000 dólares, la mitad del precio inicial, y con equipos”, lamentó.

En el informal mercado inmobiliario cubano aparecen ofertas desde 2000 dólares –y un poco menos- hasta algunas propuestas por un millón de dólares. La menor de estas cifras dista, por mucho, del salario medio mensual, equivalente a 16,5 dólares en el mercado negro.

Un hombre arrastra una carretilla cargada con bloques de construcción junto a una casa en venta en el municipio de Centro Habana. Ante la disminuida capacidad constructiva del Estado y el deterioro del fondo habitacional, desde 2010 el gobierno autorizó la venta liberada de varios materiales para la construcción, reparación de viviendas en mal estado, así como para su ampliación. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS

Frenos pese a la reforma

Ahora, los cubanos pueden disponer de sus inmuebles incluso para abrirse camino fuera de la isla, una situación muy diferente a 15 años atrás, cuando apenas eran posibles las permutas (intercambio de casas entre dos o más propietarios). La venta solo podía hacerse al Estado y la vivienda era confiscada si emigraba.

En virtud de leyes aprobadas en los primeros años de la revolución de 1959, la mayoría de los ciudadanos se convirtieron en dueños de sus casas.

La Ley de Reforma Urbana de 1960 entregó las propiedades de las viviendas a quienes las habitaban, prohibió la venta o el arrendamiento, abolió la construcción privada y suprimió las hipotecas.

Tras décadas de prohibiciones, en octubre de 2011 se modificó la Ley General de la Vivienda de 1988 y se abrieron las puertas a la libre compra y venta entre ciudadanos cubanos e, incluso, residentes extranjeros, avalado ante notarios y con el correspondiente pago de los impuestos asociados a esas operaciones.

Además, la norma eliminó trámites y regulaciones oficiales en las permutas, y legalizó la cesión de propiedades.

Antes de esa restitución del derecho de propiedad de las unidades residenciales, en 2010 el gobierno aprobó conceder licencias para edificar por “esfuerzo propio”, vale decir, en forma privada, a titulares de terrenos, azoteas u otras áreas, tanto para la reparación de viviendas en mal estado, como para su ampliación.

Ante la disminuida capacidad de construcción del Estado y el deterioro del fondo habitacional, en ese mismo año también se autorizó la venta liberada de cemento, áridos, bloques y cabillas (barras de hierro corrugado), que hasta entonces eran exclusivamente de asignación central o comercializados en pesos convertibles (CUC, moneda ya desaparecida y equivalente al dólar).

Las autoridades impulsaron el otorgamiento de subsidios a familias en situación de vulnerabilidad, sobre todo aquellas afectadas por los huracanes, y microcréditos para construir, ampliar o remodelar viviendas.

Estas medidas contribuyeron al auge en la construcción y reparación por particulares.

Como en otros ámbitos signados por la escasez de materiales, trámites burocráticos y desigual poder adquisitivo, el otorgamiento de domicilios y venta de materiales no está exento de hechos de corrupción, robos y mala calidad en las terminaciones, lo cual suscita reiteradas quejas ciudadanas.

Persiste un déficit de viviendas que sobrepasa las 800 000, mientras que un tercio de los 3,9 millones de hogares cubanos están dictaminados en regular y mal estado.

Las mayores déficits se concentran en La Habana, urbe de 2,2 millones de habitantes, así como en las ciudades de Holguín, Santiago de Cuba y Camagüey, las otras tres urbes más pobladas.

En 2019 echó a andar la Política de la Vivienda, con el propósito de anular en una década ese déficit, sobre la base de incentivar la producción local de materiales constructivos e insumos reciclables, además de lo que aporte el estado y la economía centralmente planificada.

La política encuentra frenos en la propia crisis económica, y en múltiples factores como morosidad en los trámites, pérdida de recursos materiales, subsidios sin terminar y recursos financieros inmovilizados en los bancos por ese concepto.

La escasez de divisas y la insuficiente inversión impiden incrementar producciones e incorporar equipamiento que amplíe la capacidad constructiva y su sostenibilidad.

Los datos oficiales exponen que en 2022 se dedicaron a servicios empresariales, actividad inmobiliaria y de alquiler, incluida la edificación de hoteles, más del equivalente a 195 millones de dólares, lo que representó casi 33 % de la inversión en el sector.

En cambio, solo se destinaron 8,5 millones de dólares a la construcción habitacional, vale decir, 1,4 % del total, de acuerdo con la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei).

De 2019 a la fecha se concluyeron 127 345 viviendas y efectuaron 106 332 acciones de rehabilitación, confirmó Vivian Rodríguez, directora general de la Vivienda del Ministerio de la Construcción, durante la más reciente sesión del Consejo de Ministros, el 1 de octubre.

Las autoridades reconocieron que está amenazado el cumplimiento del plan del año de 30 000 nuevas unidades. Mantener ese ritmo implicaría eliminar el déficit en más de 28 años.

Una casa muy deteriorada colinda con otra recién remodelada, en una de las calles del municipio de Playa, en La Habana. Un tercio de los 3,9 millones de hogares cubanos están dictaminados con su infraestructura en regular y mal estado. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS

Sin solución inmediata

La falta de casas y el deterioro de las existentes siguen sin una solución viable a corto o mediano plazo.

En no pocas ocasiones, personas de distintas generaciones están obligadas a convivir en pequeñas viviendas y locales, muchos deteriorados, lo cual pone en riesgo a un número significativo de familias.

El acceso a una vivienda ha sido identificado, además, como un factor que incide en la baja natalidad y fecundidad que arrastra Cuba desde hace décadas.

El drama se intensifica tras el paso de ciclones tropicales y lluvias intensas cuando suelen derrumbarse centenarias edificaciones sin reparaciones o rehabilitación, o quedan sin techo aquellas vulnerables a los fuertes vientos.

Tampoco se permite el ejercicio privado de profesiones como la arquitectura, y si bien desde septiembre de 2021 el gobierno autorizó la constitución de micro, pequeñas y medianas empresas, algunas especializadas en el ámbito constructivo y de reparación de inmuebles, todavía encuentran trabas para su ejercicio.

“Las soluciones pueden ser múltiples, pero a mi juicio una esencial es que los materiales de construcción estén disponibles y a precios asequibles; o que se vendan casas a los trabajadores y que las puedan pagar a crédito. De lo contrario, seguirán familias hacinadas, techos y paredes nos vendrán encima o llegaremos a viejos sin un lugar propio”, manifestó a IPS Orlando, un profesor de preuniversitario residente en La Habana.

ED: EG

Analiza Gobierno de Cuba recuperación de la vivienda

 

REDACCIÓN ACN FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN 

23 JUNIO 2023

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La Habana, 23 jun (ACN) La constante insatisfacción del pueblo por el limitado avance del ritmo de recuperación del fondo habitacional tras afectaciones climatológicas, fue objeto de análisis de la reunión mensual con los gobernadores del país, encabezada por el Primer Ministro, Manuel Marrero.

Según informa hoy el sitio web de la Presidencia, en el encuentro, que sesionó este jueves en el Palacio de la Revolución, se evaluaron las afectaciones a las viviendas en Pinar del Río, luego del paso del huracán Ian, donde el 70 por ciento (%) de los casos aún está sin solución; y en Camagüey, Las Tunas, Granma, Holguín y Santiago de Cuba, tras las lluvias intensas de hace dos semanas.

El Jefe de Gobierno insistió en trazar una estrategia diferente para acelerar la recuperación, que, no va al ritmo que demanda la población, y en el papel que deben jugar los gobiernos locales y, sobre todo, los municipios, en un tema que urge de sensibilidad y constancia.

“Que nos detengan los recursos materiales, pero no el esfuerzo, la convocatoria a las personas, la manera de enfrentar esto de una forma diferente. No podemos dejarlo a la espontaneidad, hay que controlar, hay que conducir este proceso y la búsqueda de soluciones hasta que terminemos”, afirmó.

Marrero también insistió en que debe existir control de los recursos, y a quienes desvían materiales en las provincias afectadas se deben aplicar con todo rigor las leyes establecidas.

Resaltó que, ante las limitaciones que enfrenta el país, la principal fuente de obtención de recursos para la recuperación es la producción local de materiales de la construcción, en la cual hay que tener en cuenta las potencialidades de cada lugar, la tipología y la tecnología constructiva que corresponda.

Al evaluarse el cumplimiento del plan de la vivienda correspondiente al mes de mayo, se puso énfasis en el programa de los subsidios y de erradicación de pisos de tierra, los cuales solo se terminan al 13 y al 9 %, respectivamente.

También se explicó que la falta de cable eléctrico y la carpintería está afectando la terminación de las viviendas.

Para ayudar a resolver problemas de los identificados, Marrero se refirió a trazar una política de recuperación y de ampliación de todos los tejares, pues con esto se resuelven las paredes, los pisos, los techos y eso está en los territorios.

Tenemos que trazar, desde la empresa estatal socialista, una política diferenciada y chequearla con mucha exigencia para saber en qué se ha avanzado en la producción de este tipo de material local, como una vía autóctona, señaló.