El consumo residencial de electricidad: una señal de problemas estructurales.
En Cuba, una proporción excepcionalmente alta del consumo eléctrico total se concentra en los hogares, el 62 por ciento, de acuerdo con la OLACDE. Ese rasgo no debe interpretarse únicamente como consecuencia de patrones singulares de consumo doméstico. Más bien, refleja una combinación de factores estructurales: la debilidad de la base productiva, un sistema de tarifas distorsionado, la sustitución de otros combustibles por electricidad en los hogares, la compresión del consumo estatal ante la escasez de oferta, y una expansión del equipamiento doméstico financiada en parte por remesas y otros ingresos, sin una contrapartida equivalente en inversión energética.
Entre 2000 y 2024, el consumo de electricidad de los hogares se duplicó con creces, con una tasa promedio anual del 3%, frente a un decrecimiento del 1,2% en el resto de los sectores. El PIB real (a precios constantes de 1997) aumentaba un 2,5% anual en el mismo período.
El primer factor es la estructura productiva. En economías con sectores industriales más desarrollados, una mayor parte de la electricidad se consume en actividades productivas. En Cuba, en cambio, la prolongada contracción de la industria y las limitaciones del sector estatal han reducido el peso del consumo no residencial y desplazado el centro de gravedad hacia los hogares. En 1989, la industria representaba el 48% del consumo final total, mientras que los hogares solo el 25%. En 2024, la manufactura había caído al 23%. A ello se añade un matiz importante: una parte del consumo registrado como residencial probablemente corresponde, en realidad, a actividad económica privada realizada desde viviendas o bajo contratos domésticos. Aunque en años recientes se ha intentado desagregar mejor ese componente, es razonable pensar que persiste cierto solapamiento estadístico.
Un segundo elemento clave es el sistema tarifario. En muchos países existen subsidios parciales al consumo residencial, pero en Cuba la distorsión es más profunda porque las tarifas cobradas a los hogares en pesos cubanos están muy alejadas del costo real de generación en un sistema dependiente de combustibles, insumos y financiamiento en divisas. Eso no solo abarata artificialmente la electricidad, sino que también debilita por completo la señal económica que debería orientar el consumo. En esas condiciones, el precio deja de funcionar como mecanismo de contención de la demanda, se reducen los incentivos al ahorro y a la eficiencia, y se posterga el ajuste entre el consumo, la inversión y la capacidad real del sistema. Los costos no desaparecen: se trasladan al presupuesto, a subsidios cruzados o a pérdidas acumuladas en el propio sector eléctrico.
A esto se suma la escasa disponibilidad de combustibles alternativos. En la mayoría de los países, los hogares combinan distintas fuentes para cocinar y cubrir otras necesidades básicas, entre ellas GLP, keroseno, gas natural o leña. En Cuba, la escasez crónica del GLP —el gas de balita— y la electrificación del consumo doméstico, impulsada por la Revolución Energética, ampliaron el uso de la electricidad para cocinar, calentar agua y realizar otras funciones cotidianas. En muchos casos, además, ese uso se realiza con equipos poco eficientes, debido al limitado acceso a tecnologías más modernas.
Otro factor decisivo ha sido la caída de la generación y la forma en que se ha distribuido el ajuste. Ante una oferta insuficiente, el gobierno ha trasladado durante años una parte importante de la restricción al sector estatal, incluidas las empresas industriales y los servicios públicos. Esa estrategia ha buscado proteger el consumo familiar y contener el costo político de la crisis, pero su sostenibilidad se ha reducido cada vez más. Cuando la economía no genera recursos suficientes para sostener el sistema eléctrico, o cuando los recursos disponibles se asignan de manera inadecuada, la presión termina por alcanzar a todos los consumidores. La actual crisis demuestra precisamente ese límite.
Las remesas también forman parte de la explicación. Durante años, una fracción relevante del consumo de muchas familias se ha sostenido con ingresos provenientes del exterior. Esos recursos aumentan el ingreso disponible de los hogares y, en un contexto de desequilibrios monetarios y de captación estatal de divisas, una parte se ha destinado a la compra de electrodomésticos y otros equipos intensivos en electricidad (en su mayoría importados). Las remesas en especie y la paquetería individual reforzaron esa tendencia. El resultado ha sido una expansión del equipamiento doméstico que no guarda proporción ni con el nivel de desarrollo del país ni con la capacidad de su sistema electroenergético.
Ese proceso se conecta, además, con otras distorsiones internas de precios y de asignación. En la economía cubana, varios componentes del gasto de los hogares que en otras sociedades absorben una parte importante del ingreso —como salud, educación o vivienda— tienen un peso relativamente bajo o se canalizan por vías distintas al mercado. Al mismo tiempo, existen pocas oportunidades de destinar ingresos adicionales a actividades productivas, en particular a sectores transables, debido a las restricciones que han limitado el desarrollo del sector privado. En ese contexto, una parte de las remesas y de otros ingresos provenientes de actividades de mercado o de la informalidad ha terminado financiando el consumo, incluido el consumo eléctrico, más que la inversión productiva. Dicho de otro modo, el problema no es solo cuánto consumen los hogares, sino que ese consumo ha crecido sin una expansión correspondiente de la capacidad de generación ni mejoras suficientes en la red.
Visto así, el elevado peso del consumo residencial es síntoma de una falta de coherencia interna del sistema económico. La comparación internacional ayuda a dimensionar hasta qué punto Cuba se aparta de los patrones más habituales. Desde la perspectiva de la política energética, esto implica que una gran parte de la demanda eléctrica está asociada a necesidades residenciales básicas —y posiblemente también a segmentos de actividad privada que operan desde ese mismo espacio—, lo que reduce considerablemente el margen para nuevos racionamientos o ajustes tarifarios sin un costo social directo.
