La isla actualizó las reglas sobre suelos y fertilizantes dentro de una reforma agrícola más amplia, mientras la degradación condiciona la capacidad de producir alimentos.
Por Valeria Cortés Alvarado. Periodista con visión global, especializada en tendencias y comercio internacional, y en su impacto sobre las cadenas agroalimentarias de América Latina.
Fuente: AgroLatam.com
Autor: AgroLatam.com
Cuba avanza en la aplicación de un nuevo esquema regulatorio para el manejo de sus tierras agrícolas en medio de un problema que condiciona directamente su producción de alimentos: más del 75% de la superficie agraria del país está afectada por factores que limitan su productividad. La actualización del Decreto-Ley 50 sobre conservación y manejo sostenible de los suelos y utilización de fertilizantes fue publicada el 24 de septiembre y forma parte de un paquete de cambios legales implementados durante 2026 para intentar impulsar la recuperación del sector agropecuario.
La cifra permite dimensionar por qué la regulación va mucho más allá de una cuestión ambiental. Investigaciones del Instituto de Suelos del Ministerio de la Agricultura, difundidas por la FAO, identifican entre las principales limitantes erosión, compactación, baja materia orgánica, salinidad, escasa retención de humedad, pedregosidad y problemas de drenaje. Son condiciones que afectan el potencial productivo de las tierras y obligan a relacionar cualquier estrategia de recuperación agrícola con el estado del suelo.
La publicación de septiembre no creó desde cero el Decreto-Ley 50, vigente originalmente desde 2021. Lo que hizo fue reunir en una versión actualizada y concordada los cambios introducidos por el Decreto-Ley 126, aprobado el 22 de julio y publicado el 9 de septiembre de 2026. El propio texto oficial señala que la actualización responde a las transformaciones económicas y sociales orientadas a incentivar la recuperación agrícola.
Qué cambia para productores, suelos y fertilizantes
Uno de los puntos centrales es que los productores deben vincular la planificación agrícola con la capacidad real de sus tierras. La normativa establece que quienes utilicen suelos para producciones agropecuarias, cañeras, forestales y frutícolas tienen la obligación de elaborar sus planes de siembra de acuerdo con la agroproductividad de los suelos, considerando además el balance de nutrientes, su disponibilidad y las necesidades de cada cultivo.
El esquema alcanza a personas naturales y jurídicas que sean propietarias, usufructuarias o poseedoras de tierras y establece principios de sostenibilidad, prevención y responsabilidad. Esto último implica que quien genere efectos degradantes debe asumir las medidas preventivas y correctivas correspondientes. El objetivo oficial es preservar la fertilidad y utilizar de manera integrada los fertilizantes sin comprometer la capacidad futura de producir alimentos.
También cambia el control de los insumos. La Dirección de Suelos y Fertilizantes del Ministerio de la Agricultura queda encargada del balance nacional de fertilizantes minerales, orgánicos, órgano-minerales y biológicos, además de correctores, estimulantes y enmiendas. Ese balance contempla la demanda vinculada con importaciones estatales, las donaciones recibidas por el Estado y la información sobre importaciones realizadas por otras personas naturales y jurídicas, junto con la producción nacional.
Para la actividad cañera aparece otra particularidad. La normativa permite excepcionalmente al Grupo Empresarial Azucarero ejecutar el servicio pedológico y agroquímico sobre los suelos destinados a caña. Esas dependencias deberán informar anualmente las áreas analizadas, la ubicación de los muestreos, los resultados obtenidos, el balance de nutrientes y las dosis recomendadas de fertilizantes y otros productos destinados al mejoramiento del suelo.
Un millón de hectáreas afectadas por salinidad
La dimensión del deterioro explica el énfasis regulatorio. Además de las distintas limitaciones que afectan a más de tres cuartas partes de la superficie agraria, alrededor de un millón de hectáreas están afectadas por salinidad o sodicidad. La FAO ha advertido que este fenómeno impacta producciones como frutas, hortalizas, papa, raíces tropicales, maíz y arroz.
El país ya viene implementando proyectos para recuperar capacidad productiva. En agosto de 2026, la FAO informó que el proyecto Resiliencia Climática en los Ecosistemas Agrícolas de Cuba (IRES) avanzaba sobre tierras afectadas por degradación, sequía y proliferación de marabú en siete municipios, con el objetivo de reincorporarlas a la producción y fortalecer la seguridad alimentaria.
La actualización sobre suelos tampoco aparece aislada dentro del ordenamiento agrícola cubano. La Ley 185 de Tierra Agropecuaria y Forestal, publicada en septiembre, obliga a los productores a utilizar la tierra en armonía con el ambiente, aplicar fertilización integrada, promover la rehabilitación de los suelos y emplear tecnologías que mitiguen los efectos del cambio climático. También incorpora el aprovechamiento de residuos agropecuarios y forestales para mejorar las tierras.
Cuba cuenta además con un Programa Nacional de Mejoramiento y Conservación de Suelos y ha recibido cooperación internacional para fortalecer laboratorios y servicios de análisis agroquímico, herramientas que permiten determinar nutrientes, salinidad, acidez y otras variables antes de definir fertilización y manejo. En un territorio donde más del 75% de la superficie agraria enfrenta algún factor que limita su productividad, recuperar suelo fértil se convirtió también en una cuestión de producción y disponibilidad de alimentos.