Las medidas aisladas y administrativas no permiten aprovechar el potencial de los actores no estatales en favor de la economía cubana.
A partir del 2021, el tejido empresarial de Cuba se modifica sustancialmente al permitirse la constitución de mipymes y al resurgir de las cooperativas no agropecuarias.
Foto: Jorge Luis Baños_IPS Cuba
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Nuevos actores económicos y desarrollo local en Cuba (2023-2025)
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La Habana, 29 oct.- Los actores no estatales permitidos en Cuba desde 2021 no gozan de condiciones económicas para su saludable desempeño. No existen reglas de juego que permitan generar los vínculos imprescindibles entre los sectores privado y estatal.
Vale recordar que tras el triunfo de la Revolución, en 1959, se instaura un actor clave (y principal) de la economía: la empresa estatal, que abarca en poco tiempo a la mayoría de los sectores; y las cooperativas, negocios y productores privados en el sector agropecuario.
Luego se mantiene la pequeña propiedad privada en diferentes áreas hasta 1968, cuando se elimina excepto en la agricultura.
A partir de 2021, el tejido empresarial de Cuba se modifica sustancialmente al aprobarse la constitución de mipymes y con el resurgir de las cooperativas no agropecuarias (CNA).
Caracterización de mipymes privadas, CNA y PDL
El 57% de las Cooperativas no agropecuarias se concentra en La Habana. Los triciclos eléctricos o ecotaxis alivian los problemas de transporte en la capital cubana. Foto: Jorge Luis Baños_IPS Cuba
A continuación, se mencionan particularidades y elementos esenciales del sistema empresarial no estatal integrado por mipymes privadas y CNA, así como de los Proyectos de Desarrollo Local (PDL). De todos se señalan sus limitaciones y posibilidades.
El Decreto-Ley 88/2024 (que modifica poco el contenido del Decreto-Ley 46/2021) y el Decreto-Ley 89/2024 establecen que toda mipyme y CNA se crean como Sociedad de Responsabilidad Limitada, definen sus órganos y el proceso de creación, así como las vías de extinción de esos actores económicos.
Si se comparan ambas fuentes es posible verificar que las características por actividad y distribución territorial no se diferencian.
La clasificación de las mipymes se basa en una sola variable: la ocupación. De modo que se identifican tres: la microempresa (que tiene de uno a 10 integrantes), la pequeña empresa (de 11 a 35) y la mediana empresa (de 36 a 100).
Por su parte, las CNA deben crearse con un mínimo de tres socios y se clasifican como cooperativas de trabajo. Las aprobadas a partir de septiembre de 2021 suman 72. Sin embargo, como resultado del proceso de constitución de este tipo de cooperativas desde años anteriores, la cifra total es de 483, según la ONEI.
De las 9075 mipymes privadas que registra la ONEI, el 58,2% se concentran en el occidente del país y, de ellas, el 73% en La Habana. El 67,5% se ubica en cinco provincias, prácticamente las mismas que en 2019 agrupaban a la mayoría de los trabajadores por cuenta propia.
Ahora solo cambia que Granma supera a Villa Clara como la segunda provincia con la mayor cantidad de mipymes privadas.
En cuanto a la distribución de las CNA, el caso es más drástico, el 57% se concentra en La Habana. Se destacan provincias como Artemisa, con 73, y Pinar del Río, Camagüey, Holguín, Granma y Santiago de Cuba, con alrededor de 10 cada una (véase la infografía Mipymes privadas y CNA en Cuba).
El 75% de los municipios del país poseen entre una y 50 mipymes privadas y CNA, mientras que solo el 4% de los territorios reúnen entre 300 y 500 de estos actores no estatales.
Los PDL, reconocidos legalmente antes que las mipymes y la nueva ola de CNA, de acuerdo con el Decreto 33/2021, emitido por el Consejo de Ministros, se “conciben como un conjunto de recursos, esfuerzos y acciones, con identidad propia para transformar una situación existente en otra deseada”.
No tienen personalidad jurídica y pueden conformarlos diversos actores estatales y no estatales. Por tal razón, no se les debe considerar actores ni necesariamente no estatales.
Hasta noviembre de 2023 se contabilizaban en el país 1792 PDL, la mayoría en La Habana, Matanzas, Villa Clara y Ciego de Ávila. No obstante, la región occidental agrupa el 41,1% del total.
Con excepción de La Habana y Matanzas, las otras dos provincias occidentales (Artemisa y Mayabeque) no se destacan por las cantidades de mipymes y CNA, mientras que las tres provincias que tienen más actores privados y cooperativos no sobresalen por el número de PDL (véase la infografía PDL en Cuba).
La distribución observada confirma los desiguales niveles de desarrollo del país, donde los focos de mayor desarrollo se localizan en el occidente y en algunas provincias muy particulares.
Esta es una distorsión que se arrastra desde la colonia (dominio del reinado español sobre Cuba, desde 1492 hasta 1898), que solo fue resuelta parcialmente por la Revolución de 1959, sobre todo en el aspecto social.
Los recursos permanecen centralizados desde 1959 y poco se incentiva (es decir, no se exhorta) a que las provincias desplieguen diferentes ejes de desarrollo.
Respecto a las actividades económicas de las mipymes privadas, el 73,3% se dedica a la gastronomía, el alojamiento, la construcción y la industria manufacturera, una situación similar a las mipymes estatales.
Al parecer, la preponderancia de la gastronomía se relaciona con la indicación (incluida en el Decreto-Ley 46/2021) de que todo trabajador por cuenta propia con más de tres personas contratadas debe reconvertirse en mipyme pues, antes del vencimiento del plazo de este requisito (septiembre 2023), esta actividad era la tercera más ejercida por el sector privado.
El 9% de las mipymes incursionan en la reventa de bienes. En tal sentido, resulta importante señalar que, en la mayoría de los países de América Latina, las mipymes se dedican sobre todo a la venta de productos.
En cuanto a las CNA cubanas, el 59,4% se dedican al comercio, la gastronomía y el alojamiento, le siguen la construcción y la industria manufacturera (véase la infografía Mipymes y CNA por actividades).
Resulta más difícil este análisis sobre los PDL puesto que su clasificación no depende de la actividad económica, sino del enfoque del proyecto: exportación, producción de bienes, entre otros.
No obstante, un estudio publicado por el Instituto Cubano de Antropología, en 2023, indica que se destacan las actividades de construcción, gastronomía y producción manufacturera, en particular, la producción de alimentos en las pequeñas industrias.
Si se verifica la distribución de estos actores por actividades se puede afirmar que la mayoría se agrupa en las tres referidas: gastronomía y alojamiento, construcción e industria manufacturera. Este es un hecho que las cifras confirman, pero no la comercialización.
El privilegio dado a la gastronomía en el sector privado es comprensible, por los pobres resultados del sector estatal en esa área. Por otra parte, no debe olvidarse el impulso a esta actividad y a la construcción en las cooperativas no agropecuarias antes de 2021.
Pero la ausencia de incentivos para el ejercicio de actividades priorizadas en el país como la producción de alimentos y, en general, la industria manufacturera, hace que los resultados en el sector privado sean a contra marcha de las limitaciones económicas y administrativas imperantes.
En cuanto a los socios de mipymes y CNA (los datos se refieren a las últimas 72 creadas) se observa lo siguiente: el 26,7% son mujeres y el 73,3%, hombres. Muy pocas mujeres dirigen los PDL (hasta noviembre de 2023 tenían liderazgo femenino solo 410 de los 1792 registrados). Ese último dato evidencia la brecha de género existente en el país.
Estas tendencias tienen su base en la división sexual del trabajo, que asigna roles diferenciados a las mujeres y dificulta su acceso a los recursos que empoderan. Ello se refuerza con la persistencia de estereotipos de género que limitan la inserción femenina en el mercado laboral.
No existen políticas ni instrumentos afirmativos que les faciliten a ellas participar de manera más activa en las formas de gestión privada y cooperativa.
Respecto al color de la piel, el 71,1% de los socios son blancos y el 8,4%, negros, lo que ratifica la diferenciación de negros y mulatos respecto a blancos en cuanto a acceso y oportunidades, así como la carencia de políticas que reviertan esa situación.
Potencialidades y resultados
El sector no estatal de la economía (que incluye cooperativas y productores privados agropecuarios, además de trabajadores por cuenta propia) da empleo al 35% de la población ocupada en el país.
El sector no estatal de la economía (que incluye cooperativas y productores privados agropecuarios, además de trabajadores por cuenta propia) da empleo al 35% de la población ocupada en el país.
En las mipymes y CNA trabajan 296 000 personas en 202 000 puestos. En algunos municipios, estos actores no estatales representan una importante fuente de empleo, según datos aportados por el Ministerio de Economía y Planificación en mayo pasado.
El aporte al PIB de todos los actores no estatales se estima en alrededor del 15%. Por otra parte, el informe sobre la liquidación del presupuesto estatal en 2023, presentado ante el parlamento cubano en julio pasado, señala: “las formas de gestión no estatal aportaron 21 876 millones de pesos, el 9% del total de los ingresos recaudados y el 15% de los ingresos tributarios”.
De igual modo, se reconoce el incremento del aporte de las mipymes, por encima de 7000 millones, pero superadas por los trabajadores por cuenta propia, con más 10 000 millones. Las ventas minoristas de los actores económicos no estatales representan el 44% del total (2451,3 millones de CUP) (véase la infografía Sectores estatal y privado en las ventas minoristas de bienes y servicios en Cuba (2020-2023)).
Su aporte a la economía es innegable. Si se tiene en cuenta el nivel escolar de los socios, con un 35% de universitarios y en general con más del 70% entre egresados de universidades, preuniversitarios y carreras de técnico medio, las capacidades de las personas emprendedoras son reales y potenciales, al asumir nuevos conocimientos y retos.
Restricciones y limitaciones
Las mipymes y los TCP acuden a la comercialización, es decir, a la pura actividad de reventa, como una vía rápida para cerrar ciclos.
El conjunto de actores se desempeña en medio de una situación económica muy deteriorada, donde persiste el pobre crecimiento del PIB, lo que implica reducción de la oferta de bienes y servicios, la caída de las exportaciones (a diferencia de las importaciones), el alto déficit presupuestario, la inflación y la elevada deuda externa.
Nacen en un entorno recesivo e inflacionario, que también restringe el desempeño de las empresas estatales. Esto incide en una drástica reducción de la oferta, por tanto, los actores no estatales deben importar para cubrir sus necesidades de insumos o de venta.
Las mipymes y los TCP acuden a la comercialización, es decir, a la pura actividad de reventa, como una vía rápida para cerrar ciclos diferentes a los de producción (que exigen un proceso continuo de materias primas y periodos más largos de realización).
Dichos actores no estatales colocan la oferta en el mercado, por encima del sector estatal, a precios bastante elevados, toda vez que deben acudir a un mercado informal de divisas para obtenerlas, ya que se encuentra inoperante el oficial.
Por otra parte, al no respetarse la divisa que se transfiere o deposita en los bancos –en las cuentas en moneda libremente convertible (MLC)– se buscan mecanismos fuera del sistema financiero nacional como vía para salvaguardar los ingresos en divisas (ya sea por exportaciones, remesas y otros).
Este asunto particular desestimula la exportación, tan necesaria al país, unido a otras situaciones de lentitud y burocracia asociadas a un intermediario estatal.
De legislarse las medidas anunciadas en julio pasado (pago de aranceles en divisas, comercio exterior con certifico de no adeudo fiscal, cobros y pagos de no estatales desde bancos cubanos y declarar el origen de los fondos), estas pueden significar un estrangulamiento del comercio exterior del sector privado, con la consecuente caída de la oferta y la elevación de los precios.
La regulación temporal de precios minoristas máximos a seis productos y, en la práctica, a todos aquellos que decidan los gobiernos municipales, así como de los límites de utilidades en la contratación con empresas estatales, no soluciona la inflación, sino que reduce las ofertas y favorece al mercado informal con precios aún más elevados.
De igual forma, la limitación impuesta al comercio por el Decreto-Ley 107/2024 genera un monopolio privado, en contubernio con empresas estatales, mientras que los precios no disminuyen, más bien tienden a crecer o paralizan la oferta.
El régimen fiscal y el financiamiento, dos instrumentos que pudieran utilizarse para el fomento de actividades o el desarrollo de zonas de interés, tienen un enfoque muy restringido.
Lo fiscal tiene fines puramente recaudatorios e impuestos de la magnitud de las empresas estatales y el financiamiento se limita a otorgar crédito bancario con exigencias similares a los de una empresa estatal y sin el respaldo que poseen estas.
Las mayores limitaciones del financiamiento se mencionan a continuación:
- Productos y servicios poco diversificados y que no se ajustan las necesidades del sector.
- Ausencia de capital semilla para el inicio del negocio.Falta de preparación del personal bancario, acostumbrado a tener como clientes a empresas estatales respaldadas.Ausencia de instituciones financieras especializadas.
- Garantías limitadas y poco flexibles.
- Trabas burocráticas para solicitar y otorgar créditos.
- Pobre apoyo de capacitación a los negocios.
Por último, el nuevo marco regulatorio establece que los emprendimientos deben ser aprobados por los municipios, con objetos sociales afines y que tributen al desarrollo local, a la solución de problemas sociales o a prioridades nacionales, todo lo cual ralentiza la creación de nuevos actores.
Los PDL, en su mayoría formados por TCP, mipymes y CNA en cualquiera de sus variantes, tienen la ventaja de realizar cualquier actividad siempre que los gobiernos locales así lo entiendan.
El logro de un tejido empresarial denso y fortalecido, que aporte a la economía y a la sociedad solo puede materializarse con una reforma integral que, entre otros aspectos, cambie el modelo de funcionamiento de la economía cubana.
Sin embargo, enfrentan limitaciones como no poseer cuentas en MLC. Enfrentan vacíos legales por no ser una figura con personalidad jurídica, pero al estar formados en muchos casos por actores que sí la poseen, les crea zonas confusas en las esferas contables.
Si bien el PDL nace con una diversidad mayor de instrumentos financieros, en la práctica poco se utilizan, y deben enfrentar el desconocimiento y la incompetencia de los gobiernos locales.
El logro de un tejido empresarial denso y fortalecido, que aporte a la economía y a la sociedad solo puede materializarse con una reforma integral que, entre otros aspectos, cambie el modelo de funcionamiento de la economía cubana, hoy fragmentado en dos espacios:
Uno que se regula administrativamente, es preponderante y lo maneja el gobierno hacia las empresas estatales.
Otro espacio de mercado donde habita el sector no estatal de la economía.
Las señales en cada espacio son diferentes, las reglas del juego también, esto ya de por sí complejiza la articulación entre las partes. Para sumar dificultades, el gobierno cada día emite más regulaciones de carácter administrativo hacia el espacio de mercado (topes de precio, procedimientos arancelarios y de importación, entre otras).
Tales medidas no se alinean con las exigencias y necesidades de actores cuyos resultados se miden en el mercado.
Conclusiones
Es imprescindible una reforma integral y necesario un cambio de concepto en la dirección económica del país.
Los actores no estatales son una realidad, tienen un cuerpo legal y operan, pero son una ficción si no se aprovecha su potencial, si no se crean las condiciones para su funcionamiento y crecimiento junto a las empresas estatales, que de igual forma deben ser fortalecidas, no amparándolas, sino dejándolas ser empresas.
Si las reglas de juego fuesen claras y no restrictivas estimularían las sinergias entre todos los actores sin distinción de forma de propiedad. La mirada podría ser muy positiva sobre las posibilidades de crecimiento futuro.
Los beneficios de una regulación que establece personalidad jurídica solo se alcanzan si esto viene acompañado de un conjunto de condiciones que favorezcan el desempeño, es decir, un ecosistema de apoyo.
Las medidas administrativas, las restricciones derivadas de nuevas leyes, sobre todo para emprendimientos en ciernes, un entorno de incertidumbre, lleno de inspecciones, multas, posibilidades de cierre de negocios, no suponen precisamente estímulos para crecer, sino para sobrevivir.
Una vez más sea dicho: es imprescindible una reforma integral, no medidas aisladas ni administrativas, es necesario un cambio de concepto en la dirección económica del país. El tiempo ya juega en contra. (2024)
Los días 29 y 30 de octubre, la Asamblea General de las Naciones Unidas considerará, por trigésimo segunda ocasión, el proyecto de resolución de Cuba sobre el bloqueo.
La delegación de Granada, en nombre de la Comunidad de Estados Caribeños (Caricom), pidió que se retiren las medidas ilícitas contra Cuba, que no tienen justificación legítima alguna.
El representante de Irak, en nombre del Grupo G77 y China, lamentó que el bloqueo contra Cuba durante más de 60 años siga vigente y se continúe aplicando con rigurosidad. 
El representante de Uganda, en nombre del Movimiento de Países no Alineados, expresó su solidaridad con Cuba y recordó que en el anterior período de sesiones igualmente la mayoría de los países miembros de la AGNU rechazaron el bloqueo contra Cuba.
El representante permanente de Honduras ante la Asamblea General, a nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), señaló los costos de la política de bloqueo contra Cuba y recordó que es contraria a los deseos de paz de América Latina y el Caribe, así como a los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional.
