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"Peor que los peligros del error son los peligros del silencio." Fidel Castro Ruz

viernes, 17 de mayo de 2019

Cuba no reconocerá demandas amparadas en la Helms-Burton y apoyará a inversionistas extranjeros

Por: Deny Extremera San Martín, Irene Pérez

17 mayo 2019 
Rodrigo Malmierca: «La Helms-Burton es inaplicable en Cuba. Sin embargo, está verdad absoluta no es motivo para desmovilizarnos». Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
“Sobre principios como los establecidos en la Ley 80 de 1996 (Ley de Reafirmación de la Dignidad y la Soberanía Cubanas), nuestro Gobierno garantiza que ninguna ley extranjera impedirá la utilización en beneficio del pueblo cubano de las propiedades que en su momento fueron nacionalizadas mediante leyes que guardaron total apego a las normas del derecho internacional, y que ningún tribunal, en ningún lugar del mundo, puede desconocer impunemente”, dijo este viernes en La Habana Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera.
Durante un encuentro con empresarios extranjeros que han invertido en Cuba y representantes del cuerpo diplomático acreditado en la Isla, Malmierca señaló que la Helms-Burton “es inaplicable en Cuba. Sin embargo, está verdad absoluta no es motivo para desmovilizarnos. Por el contrario, es necesario aunar esfuerzos para hacer patente el más decidido rechazo a esa política de prepotencia e irrespeto hacia la comunidad internacional y, en particular, hacia Cuba”.
Esa ley, emitida apenas medio año después de que Cuba aprobara su primera ley de inversión extranjera (Ley 77 de 1995), tiene el claro objetivo de atemorizar a la comunidad de negocios para disuadirla de desarrollar sus actividades en nuestro país. “Sobre tales desafíos se ha formado desde entonces la relación de muchas de las empresas extranjeras con Cuba”, dijo.
“En 1996, no lograron el propósito de impedir el acceso de inversionistas de diversos países a sectores prioritarios de la economía cubana. Les ratificamos a los empresarios presentes en Cuba la decidida oposición de nuestro gobierno a estas nuevas medidas de la administración estadounidense.
“Les aseguramos que se aplicará cualquier tipo de garantía contemplada en nuestro marco jurídico para proteger sus inversiones en Cuba -de carácter fundamental para el desarrollo del país- ante cualquier eventual demanda basada en la Ley Helms-Burton”, afirmó Malmierca en la apertura del encuentro en un salón del Hotel Nacional de La Habana.

Garantías a inversiones extranjeras

Déborah Rivas Saavedra, directora general de Inversión Extranjera en el Mincex, expuso ante los inversionistas las garantías que ofrece Cuba en el contexto actual. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
Sobre las garantías que en el actual escenario Cuba ofrece a los inversionistas extranjeros, Déborah Rivas Saavedra, directora general de Inversión Extranjera en el Mincex, explicó que existen tres normas fundamentales: la Constitución de la República de Cuba, la Ley 118 de 2014 (Ley de la Inversión Extranjera), y la Ley 80 de 1996 (Ley de Reafirmación de la Soberanía y la Dignidad Cubanas).
La Constitución proclamada este año eleva por primera vez a rango constitucional las garantías a los inversionistas. La Ley 118 de 2014 incluye esas garantías y es la herramienta esencial con la que cuentan los empresarios extranjeros para su establecimiento y operaciones en el país. Entretanto, la Ley 80 de 1996 declara inaplicable la Helms-Burton y establece la legalidad del proceso de nacionalizaciones realizado décadas atrás.
El Estado promueve y brinda garantías a la inversión extranjera, como elemento importante para el desarrollo económico del país, sobre la base de la protección y el uso racional de los recursos humanos y naturales, así como del respeto a la soberanía e independencia nacionales. (Artículo 28, Constitución de la República de Cuba)
“La mención que se hace en el Artículo 28 y que se dirige a la Ley de Inversión Extranjera, es la expresión más clara de cómo el Estado cubano, desde la Constitución, hará cualquier acción necesaria para dar protección a todos los inversionistas extranjeros que están en nuestro país”, subrayó Rivas.
Acorde con el principio establecido en la carta magna, la Ley 118 tiene varios artículos en el capítulo referido a las garantías.
El Artículo 5 de esa ley está directamente enfocado en la Helms-Burton y cualquier otra medida de corte extraterritorial que intente dañar los intereses de los inversionistas extranjeros en Cuba.
Las inversiones extranjeras son protegidas en el país, contra reclamaciones de terceros que se ajusten a derecho o la aplicación extraterritorial de leyes de otros estados, conforme a las leyes cubanas y a lo que dispongan los tribunales cubanos. (Artículo 5, Ley de Inversión Extranjera de 2014)
“Es en esta ley donde está el instrumento fundamental para proveer protección a las inversiones extranjeras en el país”, apuntó la funcionaria.
La Ley 80 de 1996, en uno de sus primeros párrafos, recuerda que “el proceso de nacionalización de las riquezas y los recursos naturales de la nación, llevado a cabo por el Gobierno revolucionario en nombre del pueblo cubano, fue realizado conforme a la Constitución, las leyes vigentes y el derecho internacional, sin discriminaciones, con propósito de beneficio público; disponiéndose las compensaciones adecuadas, las que fueron acordadas mediante negociación bilateral con todos los gobiernos involucrados, con excepción del de Estados Unidos de América, que se negó a ello por su política de bloqueo y agresión, perjudicando gravemente con esta actuación a sus nacionales”.
Sobre la Ley 80, la funcionaria del Mincex recordó que el concepto “interés público” está reconocido en muchas constituciones del mundo como motivo para favorecer nacionalizaciones. “No es prerrogativa de Cuba, es un principio del derecho internacional que está bien recogido en nuestra Constitución”.
Desde su primer artículo, la Ley 80 de 1996 declara “ilícita la Ley Helms-Burton, inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno” en Cuba, y añade que “consecuentemente, se considera nula toda reclamación amparada en ella de persona natural o jurídica, cualquiera que fuere su ciudadanía o nacionalidad”.
Rivas subrayó que “aquí está disponiendo nuestro Estado que no vamos a declarar con lugar ninguna de estas demandas contra inversiones extranjeras en Cuba”.
Además, en su Artículo 5 esa ley “encarga al Gobierno de la República de Cuba la adopción de las disposiciones, medidas y facilidades adicionales que resulten necesarias para la total protección de las actuales y potenciales inversiones extranjeras en Cuba y la defensa de los legítimos intereses de estas frente a las acciones que pudieran derivarse de la Ley Helms-Burton”.
Es decir, continuó Rivas, “tenemos la responsabilidad, y en este caso el Mincex es el rector de la inversión extranjera en el país, de conducir, facilitar, ayudar a, en caso extremo, implementar cualquier medida o apoyo que podamos dar a los inversionistas para proteger sus intereses”.
Igualmente, en su Artículo 6 la Ley 80 señala que el Gobierno cubano “está facultado para aplicar o autorizar las fórmulas que se requieran para la protección de los inversionistas extranjeros contra la aplicación de la Ley Helms-Burton, incluyendo el traslado de los intereses del inversionista extranjero a empresas fiduciarias, entidades financieras o fondos de inversión”.
Se reafirma la disposición del Gobierno de la República de Cuba, expresada en las leyes de nacionalización promulgadas hace más de 35 años, en lo relativo a una adecuada y justa compensación por los bienes expropiados a las personas naturales y jurídicas que en ese momento ostentaban la ciudadanía o nacionalidad de los Estados Unidos de América. (Artículo 2, Ley 80 de 1996, Ley de Reafirmación de la Soberanía y la Dignidad Cubanas).

Las indemnizaciones por las propiedades estadounidenses nacionalizadas en virtud de ese proceso legítimo, validado por las leyes cubanas y el Derecho Internacional, a las que se refiere el artículo anterior, podrán formar parte de un proceso negociador entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Cuba, sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo.
Las reclamaciones de indemnización por la nacionalización de dichas propiedades deberán ser examinadas conjuntamente con las indemnizaciones a que el Estado y el pueblo cubanos tienen derecho, con motivo de los daños y perjuicios causados por el bloqueo y las agresiones de todo tipo, cuya responsabilidad corresponde al Gobierno de los Estados Unidos de América. (Artículo 3, Ley 80 de 1996, Ley de Reafirmación de la Soberanía y la Dignidad Cubanas)
La directora general de Inversión Extranjera en el Mincex recordó que, según establece esta ley, los órganos estatales competentes que autorice el gobierno de la República de Cuba, cumpliendo lo dispuesto en las regulaciones legales vigentes, proporcionarán a los inversionistas extranjeros que así lo soliciten “la información y documentación disponibles necesarias para la defensa de sus legítimos intereses frente a las disposiciones de la Helms-Burton”.
En ese sentido, y también según la Ley 80 de 1996, las autoridades cubanas “facilitarán las mencionadas informaciones y documentación disponibles a los inversionistas extranjeros que lo soliciten para promover procesos legales ante los tribunales de sus respectivos países, al amparo de disposiciones jurídicas protectoras de sus intereses o que hayan sido dictadas para impedir o limitar la aplicación de la Ley Helms-Burton”.
Con esto se relacionan las llamadas leyes antídotos que se oponen a la aplicación extraterritorial de la Helms-Burton. “Daremos todas las facilidades necesarias a aquellos que, demandados, decidan emprender cualquier acción legal en los tribunales competentes de sus países”, añadió Rivas.
Sobre el Artículo 13, que se refiere a que el Parlamento y el Gobierno “cooperarán y coordinarán con otros parlamentos, gobiernos y organismos internacionales para promover cuantas acciones se entiendan necesarias para impedir la aplicación de la Helms-Burton”, afirmó que “aquí estamos hablando de acciones no solo dentro de Cuba, sino de las acciones que emprenderá el país fuera de sus fronteras, a través de sus autoridades, para dar todo el apoyo necesario para protegerse contra una demanda” bajo la sombrilla de la Helms-Burton.
Una de las leyes antídotos es el Estatuto de Bloqueo de la UE, aprobado en 1996 como respuesta a la Helms-Burton, que prohíbe la ejecución de sentencias judiciales de terceros países -en lo que entra el Título III de la Helms Burton y su alcance extraterritorial-, y permite a las empresas demandadas en Estados Unidos recuperar, a través de tribunales europeos, cualquier perjuicio ocasionado por el proceso legal en ese país.
La Unión Europea, la región con mayor nivel de inversión extranjera en Cuba, brinda así un nivel de protección adicional a los empresarios europeos establecidos en la Isla.
Igualmente, en 1996 el Gobierno canadiense emitió la Ley de Medidas Extraterritoriales Extranjeras, principal legislación de ese país frente a la Helms-Burton, que establece que cualquier sentencia emitida de conformidad con la ley de Estados Unidos no será reconocida ni ejecutable en Canadá, otro de los principales inversores en Cuba. Recientemente, la canciller de ese país ha ratificado esa posición.
En el caso de México, el Gobierno de esa nación aseguró que protegerá a sus empresas con negocios en Cuba, y reiteró el rechazo a la aplicación de leyes unilaterales de carácter extraterritorial. México cuenta con la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional, también de 1996.

Carlos Fernández de Cossío: Falsedades detrás de la Ley Helms-Burton

“Es la pretensión de negarle a un empresario de un tercer país el derecho a invertir legítimamente en Cuba”. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
Carlos Fernández de Cossío, director general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, afirmó que “hasta hace unos meses podíamos hablar de estar experimentando un retroceso progresivo en la marcha de las relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos. Hoy, desafortunadamente, tenemos que hablar de una franca hostilidad”.
Cossío llamó la atención sobre el empeño evidente, en los últimos tiempos, de contaminar la relación bilateral “aduciendo un pretexto nuevo: pretender justificar la hostilidad hacia Cuba, viejas posiciones y ambiciones del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba, con el tema de Venezuela”.
“Cuando Donald Trump era candidato, incluso antes de serlo, era uno de los pocos candidatos por el Partido Republicano que no se oponía a los pasos del presidente Barack Obama para mejorar las relaciones con Cuba. Sin embargo, una vez que era candidato y fue a hacer campaña a la ciudad de Miami, dijo que era necesario revisar lo que había hecho la administración Obama con respecto a Cuba. Al hacerlo en ese entonces, septiembre de 2016, no mencionó a Venezuela.
“Cuando en junio de 2017 proclamó una nueva proyección hacia nuestro país, que contrastaba con la de los últimos años, tampoco mencionó a Venezuela. Tampoco lo hizo cuando en octubre y noviembre de ese año tomó varias medidas, entre ellas designar a unas 179 entidades cubanas que serían objeto de requisitos especiales, o cuando expulsó a un grupo de diplomáticos cubanos de Washington, redujo la plantilla en su embajada en La Habana y cerró aquí los servicios consulares para la población cubana.
“Tampoco lo hizo en 2018, cuando agregó más empresas cubanas a la lista bajo restricciones excepcionales. No fue hasta inicios de 2019 que, con un gran oportunismo político, se introdujo la supuesta preocupación por el caso Venezuela para justificar su actuación contra Cuba. Y se hizo a raíz del evidente fracaso de las fórmulas para provocar un cambio de régimen en el país latinoamericano por la fuerza”.
En ese contexto, inevitablemente -continuó Fernández Cossío-, es en el que tenemos que observar los pasos recientes con respecto a la Ley Helms-Burton. “Si bien los empresarios no vienen a Cuba por razones políticas, sí se ven afectados por el contexto y el clima bilateral”.
La Helms-Burton, apuntó, es un instrumento legislativo “bastante peculiar”, en primer lugar “por su extensión” y en segundo lugar por “su especificidad”.
“Es poco común en la política exterior de cualquier país, incluso en la de Estados Unidos, que se emita una ley tan amplia y tan específica para un tema tan peculiar y singular de la política externa, como es en este caso para Cuba.
“Estados Unidos tuvo una guerra con Vietnam pero no emitió una ley para esa nación; hizo una guerra contra Iraq y lo ocupó y no existe una ley hacia ese país. Lleva casi dos décadas en guerra en Afganistán y no existe una ley con respecto a Afganistán. Ni siquiera existió una ley con respecto a Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, existe una ley amplia y específica para Cuba”, recordó.
El director general de Estados Unidos en la Cancillería apuntó que la Helms-Burton descansa en dos falsedades muy grandes. “La primera, que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Solo basta con mirar un mapa para darse cuenta de lo absurdo de ese planteamiento. Tampoco existe evidencia alguna que pueda apuntalar un argumento de esa naturaleza.
“La segunda falsedad es que las nacionalizaciones que se realizaron en Cuba a inicios del proceso revolucionario fueron ilegales o indebidas. Incluso, la ley busca confundir el término confiscación con el de nacionalización, y engloba dentro del término confiscación todas las expropiaciones que tuvieron lugar en aquellos años. Es cierto que en los primeros días de enero de 1959, en Cuba se emitió una ley para confiscar los bienes y propiedades malhabidos por la dictadura de Batista, de los que se beneficiaron los personajes que participaron de la dictadura. Es una ley legítima, reclamada por el pueblo.
“Ese es un hecho totalmente separado de las nacionalizaciones que después se realizaron, en primer lugar, al amparo de leyes que se emitieron con ese propósito y que descansaban en los postulados de la Constitución de 1940y que nunca se habían aplicado, entre ellas una de un gran impacto simbólico que cumple 60 años este 17 de mayo, la primera Ley de Reforma Agraria.
“Si se considera que alrededor del 70% de las propiedades y la riqueza de la nación cubana estaban en manos extranjeras, es imposible pensar que un gobierno pudiera cumplir con el mandato y el deseo del pueblo de proyectar el desarrollo del país de manera soberana si no se le permitía a la nación hacerse dueña al menos de una parte fundamental de la riqueza nacional.
“Por tanto, el proceso de nacionalizaciones, además de estar aplicado sobre leyes legítimas, de responder al mandato constitucional que databa de 1940, se convertía en sí mismo en fuente de derecho legítimo de un país en desarrollo. Se hizo, además, en conformidad no solo con las leyes cubanas, sino con el derecho internacional y con lo que era la práctica de la comunidad internacional en esos años.
“Hay suficientes resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen ese derecho y el derecho de los países en desarrollo de proyectar su propio progreso económico a nacionalizar si es necesario y establecer las bases de la compensación justa y apropiada en dependencia de sus condiciones socioeconómicas”.
Las nacionalizaciones -continuó Fernández Cossío en su intervención ante empresarios y miembros del cuerpo diplomático- “estuvieron amparadas por leyes que establecieron cuál era el sistema de compensación, y en el caso de Estados Unidos, el país de donde provenía la mayor parte de los dueños de bienes y propiedades en Cuba, hubo una ley específica para las propiedades de Estados Unidos y una ley específica para la compensación. De haber aceptado el Gobierno de EE.UU. negociar o acordar con Cuba un sistema de compensación como el previsto en esa ley, a inicios de los ochenta ya todas las propiedades estadounidenses en Cuba hubieran sido compensadas”.
Esos procesos, mediante acuerdos, se realizaron con otras naciones como España, Gran Bretaña, Suiza y Francia.
“El Gobierno de Estados Unidos se negó a aceptar la compensación e incluso se negó a negociar. Y si uno analiza la historia, es natural que lo hiciera, porque ya estaba preparándose la invasión por Playa Girón. ¿Qué sentido tendría para el Gobierno de EE.UU. negociar con un Gobierno al que se proponía derrocar por la fuerza?”.
Otro elemento nuevo en la Ley Helms-Burton es que permite a personas que no eran estadounidenses en el momento de las nacionalizaciones, reclamar en virtud de esta ley las propiedades que el pueblo cubano nacionalizaba o confiscaba. “Y hay que decir que también para los nacionales cubanos, cuando hubo expropiación por bien público en los años sesenta, se estableció un sistema de compensación. Y en Cuba vivieron miles de personas que durante el resto de sus vidas recibieron una compensación del Estado cubano por las propiedades nacionalizadas”, dijo el funcionario.
Al ser promulgada, la Ley Helms-Burton perseguía tres objetivos: expandir el esfuerzo para asfixiar la economía cubana, cuando, contrario a lo que se pensaba a inicios de los noventa, la sociedad cubana no colapsó; atemorizar a los inversionistas extranjeros, alejarlos de nuestro país, y obstaculizar cualquier perspectiva de mejoría en las relaciones entre los dos países, dijo Fernández de Cossío.
“Nosotros no podremos calcular nunca cuál ha sido el impacto real de esta ley, nunca podremos saber cuántos empresarios y grupos empresariales tenían la inclinación de acercarse a Cuba y relacionarse comercialmente o emprender inversiones, y no lo hicieron con motivo de la amenaza que planteaba la existencia de la Helms-Burton.
“Sin embargo, lo que sí sabemos es que un grupo importante de empresarios no se dejaron amenazar ni amedrentar y durante todos estos años han interactuado con nosotros, han invertido en Cuba y compartido la suerte de la economía cubana”.
La Helms-Burton busca -utilizando el término muy indefinido de “traficar”- asustar al empresario con la idea de que cualquier acción comercial con Cuba, específicamente con un bien determinado, se puede convertir en objeto de demanda legal en Estados Unidos. “Es la pretensión de negarle a un empresario de un tercer país el derecho a invertir legalmente en Cuba -según las leyes de la Isla, de su país de origen y del derecho internacional- en un bien legítimamente nacionalizado”.
Hasta el momento se han presentado tres demandas bajo la ley: dos contra la empresa de cruceros Carnival, y una contra dos entidades cubanas.
“Por lo que hemos podido apreciar en conversaciones con abogados y firmas legales de Estados Unidos, quienes escribieron la ley hicieron énfasis en los asuntos políticos pero descuidaron el rigor legal, formalidades y detalles importantes de la práctica del derecho, al menos en los Estados Unidos, y por tanto observan que no es sencillo ganar un pleito en los Estados Unidos contra un empresario que invierta en nuestro país”, dijo el funcionario de la Cancillería.
Finalmente, destacó la postura de Canadá, países de la Unión de Europa, México y naciones de la Comunidad Caribeña, entre otros, contra la Ley Helms-Burton y en respaldo al derecho de sus empresarios a interactuar legítimamente con Cuba.
“Cuba parte de que no es sencillo borrar los lazos que se han construido durante años con diversos sectores de la sociedad estadounidense. Por tanto, nuestro gobierno está comprometido a seguir fomentando lazos con esos sectores estadounidenses, incluido el empresarial, que prefieren seguir el intercambio con nuestro país.
“Vamos a seguir fomentando los intercambios culturales, científicos, educacionales, en materia de salud, en protección del medio ambiente; si es posible, en la cooperación frente a desastres naturales y en materia de aplicación y cumplimiento de la ley. Vamos a seguir ampliando los lazos con la comunidad de cubanos que residen en los Estados Unidos.
“En 2018, después de Canadá, el segundo mercado emisor de visitantes a Cuba fue el de los ciudadanos estadounidenses, y el tercero los cubanos residentes en ese país, lo que es demostración del interés por visitar Cuba, explorar el país, y ampliar los lazos con el pueblo cubano, que los acoge con hospitalidad”.

Los empresarios hablan

Representantes de la comunidad de empresarios extranjeros en Cuba asistieron al encuentro. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
Al final del encuentro, varios representantes de empresas extranjeras con negocios en Cuba ofrecieron impresiones y opiniones al auditorio:
José Antonio Vila, representante de una empresa mixta del sector de la minería: “Tenemos varios años de operaciones en Cuba. Estamos trabajando de una manera normalizada. La ley en lo que más efecto tiene es en nuestro acceso a servicios y suministros desde el exterior”.
 Francisco Camps, subdirector general de Meliá Hotels Internacional Cuba: “Estamos haciendo negocios en Cuba libre y voluntariamente. En nuestro caso, fuimos pioneros, en 1990. Desde el primer hotel hemos ido creciendo y pronto alcanzaremos 34 hoteles con más de 15 000 habitaciones en Cuba.
“Estamos en Cuba porque es un país que ofrece seguridad y seguridad jurídica. Tenemos proyectos futuros y seguiremos creciendo. Cuando llegamos a Cuba lo hicimos respetando la legislación de este país y del nuestro.
“Intentemos tener unión, información, busquemos información de nuestros ministerios y embajadas para no caer con informaciones falsas”.
 Mateo Cardentei, de Iberostar: “Somos muchos y nos conocemos aquí. Nosotros hemos estado en Cuba por más de 25 años. Apostamos seguros por el desarrollo turístico de este país.
“Hay que estar muy bien informados, atentos. Tenemos empresas mixtas en distintos sectores. Estamos desarrollando un nuevo hotel con Cubanacán, en Trinidad. También hay una empresa mixta de logística en la Zona de Mariel, y una empresa mixta con Gran Caribe”.
 Gonzalo Boluda Martín: “Hemos estado por más de 24 años en el mercado cubano. Nos hemos consolidado en el país y el saldo es positivo. La apuesta es a futuro. Luego de renegociar en 2015 por otros 20 años, vamos a seguir trabajando en las circunstancias que sea”.

¿Qué alternativas implementar ante problemas de la economía cubana? (+ Podcast)

Por: Dianet Doimeadios Guerrero, Lissett Izquierdo Ferrer, Deny Extremera San Martín, Edilberto Carmona Tamayo
Publicado en: Podcast


17 mayo 2019

Desde el estudio de radio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, el podcast de Cubadebate. Foto: Deny Extremera San Martín/Cubadebate.
La economía cubana protagoniza nuevamente El podcast de Cubadebate. En esta oportunidad, conversamos con el Doctor José Luis Rodríguez y el periodista Ariel Terrero sobre las alternativas que podrían implementarse para solucionar problemas urgentes del sistema de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, así como para mejorar nuestra situación financiera.
— El presidente Miguel Díaz-Canel anunció en la reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional que la actualización del plan de la economía para las situaciones más complejas exige la acción más inmediata.
José Luis, usted fue ministro de Economía y Planificación de Cuba desde 1994 hasta 2008, cuando seguramente ese plan estaba activado. ¿Qué medidas podemos esperar?
José Luis Rodríguez: Vuelvo sobre la idea de que no estamos en una situación similar a la del Periodo especial, cuando las decisiones que tomamos fueron de sobrevivencia. Había que resistir, y eso suponía reducciones muy drásticas del consumo de alimentos, del transporte y la electricidad. Esa no es la situación que tenemos hoy; el país tiene reservas que puede utilizar en este instante. Partiendo de eso, ciertamente, hay una serie de problemas urgentes que hay que atender.
Infografía: Edilberto Carmona / Cubadebate
— ¿Cuál es el problema más urgente que tenemos?
José Luis Rodríguez: Yo diría que es la búsqueda de la necesaria liquidez que requiere el país para su funcionamiento; incluso, para financiar gradualmente su desarrollo. Todo lo que se puede hacer en ese sentido, en parte, está recogido en las seis directivas fundamentales del Plan 2019, cuando se habla de diversificar las exportaciones, de sustituir importaciones, de ampliar los servicios que exportamos…
Infografía: Edilberto Carmona / Cubadebate
Pero hay que ir a nuevas tácticas para cumplir con el objetivo de impedir que una situación nos sofoque desde el punto de vista del financiamiento externo. Hay que garantizar dos cosas inicialmente: la alimentación de la población y la energía del país. Nosotros hemos pasado por crisis energéticas muy graves. Recordemos la del año 1994 con los apagones de “8 por 8”, y también la de 2004. La primera fue por falta de combustible y la segunda por crisis en las instalaciones de generación; se cayó la generación en unas cuantas termoeléctricas y eso provocó una crisis importante. El país tomó medidas extraordinarias en aquel momento; por ejemplo, los grupos de generación descentralizada de electricidad, los grupos de emergencia, las plantas pico, etc.
Infografía: Edilberto Carmona / Cubadebate
Es decir, hay un conjunto de medidas para situaciones extremas que el país tendría que adoptar si se generan las situaciones que lo ameriten. Pero nosotros tenemos que avanzar más dentro de lo que hoy funciona, como es el caso de la inversión extranjera. El país no tiene capacidad suficiente de ahorro y depende de la inversión extranjera, no absolutamente para todo, pero sí para una serie de sectores claves; por ejemplo, la generación de fuentes renovables de energía, el turismo… Sectores que va a ser muy difícil desarrollar con recursos propios si no tienen una fuerte entrada de inversión extranjera. Para ello, tenemos que tener presente que la experiencia de la inversión extranjera en los últimos años no va a los ritmos de crecimiento que se requieren.
Infografía: Edilberto Carmona / Cubadebate
No se puede perder de vista que el principal obstáculo para la inversión extranjera ha sido el bloqueo estadounidense, porque la persona que viene a invertir en Cuba lo primero que se encuentra es que el calificador de riesgo que le aplican a Cuba es de alto riesgo. Tiene que venir consciente de eso, ¿por qué?, porque tiene que enfrentarse a los estadounidenses. Aun así, hay gente dispuesta a invertir en Cuba. Lo ha demostrado la vida, lo demostró el Periodo especial con situaciones peores, y se está demostrando en el presente.
Pero, lógicamente, ese capitalista que viene a invertir en Cuba corre un riesgo mayor y pide que se le retribuya. En otras palabras: el riesgo se paga en la economía. Si usted hace una inversión a riesgo, usted aspira a que la retribución cubra el riesgo. Usted no puede negociar la inversión extranjera de la misma forma en que se negocia en Costa Rica, en Jamaica o en otros países que no están bloqueados.
Uno de los elementos claves en la forma de negociar la inversión extranjera es reconocer el riesgo del inversionista que viene. Es necesario. Si uno analiza la experiencia de los años noventa con la Sherritt, con Tabacalera, con Etecsa, aprecia que se fue muy hábil para reconocer el riesgo de aquel que venía a invertir a Cuba, y se le retribuyó de una u otra manera. Así progresaron las inversiones extranjeras, sobre todo a partir de 1994.
Entonces, esa experiencia existe. Tenemos que aplicarla, y más en estos momentos, poniendo por delante que ahora también tenemos la amenaza de la Ley Helms-Burton y su Título III, cuando los Estados Unidos comienzan a implementar las reclamaciones por el uso de propiedades expropiadas para Cuba.
Cuba tiene que desarrollar una política proactiva teniendo en cuenta el riesgo de quien viene a invertir, para evitar que ese inversionista se retire. Y para eso hay una serie de medidas elementales; por ejemplo, no podemos tener deudas con los inversionistas. Nosotros tenemos, por una serie de circunstancias, utilidades retenidas que no hemos podido pagar y eso tiene que resolverse. Hay una cantidad de dinero que quedó debiéndose del año pasado.
No podemos seguir con una deuda con la gente que está invirtiendo o que está comerciando con nosotros. Esas son las decisiones de carácter urgente que tienen que tomarse antes de proponer cualquier otra medida en ese sentido. Una vez que se resuelvan esos problemas, entonces hay que ir a una política de concesiones, hasta donde sea indispensable, para evitar que se produzca un aislamiento de Cuba en el ámbito internacional. Por lo tanto, este campo es muy importante para el financiamiento del desarrollo nuestro, que está asociado —aunque no es exactamente lo mismo— con el financiamiento corriente, o sea, con los créditos para comprar alimentos, combustible, etc.
Hay que tratar, por todos los medios, de cumplir a tiempo con todas esas cuestiones. Y si hay que frenar un poco el gasto de inversión, habrá que hacerlo con recursos propios, porque es indispensable que no se nos produzca una situación de mayor tensión en los suministros corrientes, donde no solo están los alimentos sino todas las materias primas. Por ejemplo, el país no puede renunciar a la producción de medicamentos ni crear una situación de escasez mayor a la que ya existe por no tener el financiamiento indispensable para comprar la materia prima, pues afectaría nuestro consumo interno, lo cual es grave, y también las exportaciones.
Infografía: Edilberto Carmona / Cubadebate
Es decir, hay que revisar todas estas decisiones, ver todos los puntos rojos y operar para salvar todas las urgencias que pueden crearnos un conflicto a corto plazo. Hay que ver cómo se maneja este fenómeno de la Ley Helms-Burton. Hay que seguir el tema muy de cerca. Habrá que tomar medidas no solo para contrarrestar, sino para ir a la ofensiva contra la Helms-Burton, como se hizo en los años noventa. Cuba se mostró favorable a una negociación desde los años sesenta. Cuando se hicieron los procesos de nacionalización se fue a negociar las compensaciones; fueron los norteamericanos los que se negaron a esta posibilidad.
Cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas, en 2014, volvió a abrirse esta área  y empezaron a aparecer una serie de alternativas, porque han pasado ya muchos años y hay gente que recuperó el dinero que perdió en las nacionalizaciones. Hay que estudiar quiénes son y ver qué se está demandando, y qué otra medida podemos adoptar para neutralizar.
—Ariel, según su experiencia, ¿qué medida urge implementar a corto plazo?
Ariel Terrero: Hay una medida que para mí es fundamental en el corto, mediano y largo plazo, que es acelerar la reforma empresarial. La empresa, de cualquier tipo, es la célula fundamental de la economía. El óptimo funcionamiento de las empresas es lo que va a garantizar que la economía funcione bien en un entorno financiero-monetario que favorezca el desarrollo.
Se han dado algunos pasos, pero todavía con demasiada cautela, para propiciar que las empresas tengan una política salarial más flexible. Aún queda mucho por hacer para que tengan más autonomía y posibilidades para garantizar la participación de los trabajadores en la planificación. Todavía se va muy lento y con mucho miedo, a veces, ese es el sentimiento que deja.
Separar las funciones estatales de las empresariales fue positivo; sin embargo, se buscó como una alternativa las famosas Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), y lo que ha demostrado esta primera experiencia es que todavía las empresas están amarradas por dichas estructuras al tomar una decisión.
Entonces, que existan grandes corporaciones —que sería el equivalente de las OSDE— es positivo, pero eso no puede impedir que las Unidades Empresariales de Base (UEB) tengan más capacidad para tomar decisiones, para tener personalidad jurídica, para poder operar en el mercado exterior.
O sea, que exista otra manera de entender la economía, y que las empresas sean capaces de “extender las alas” tanto en un mercado externo como interno, incorporar nueva tecnología, acordar una inversión. Eso podría propiciar, incluso, que los inversionistas extranjeros tengan un escenario más favorable a la hora de venir a buscar dónde hacer la inversión. El Ministerio de Comercio Exterior se ha preocupado por propiciar esto, pero hay que reconocer que no ha funcionado del todo bien, y es fundamental, porque estamos hablando de las empresas estatales, que son las que soportan el peso de la economía. Pero estoy pensando también en las cooperativas, que son una forma empresarial, que poco a poco han ido siendo reconocidas como tal, tanto dentro como fuera de la agricultura, aunque tengo mis dudas de que sean la forma ideal de la economía cubana. Pero si están presentes, bienvenidas sean. También las pequeñas y medianas empresas privadas —el tamaño no es lo que me preocupa—, que ya están funcionando bajo la apariencia de trabajadores por cuenta propia o de cooperativas —y en realidad son empresas privadas— están ahí y pueden jugar un papel importante en la economía.
Pero en general, todos estos pasos que se vienen dando, y que se han dilatado mucho en el tiempo, estaban previstos para 2017. Algunas medidas se han ido posponiendo en torno a la reforma empresarial. Y la economía cubana lo necesita con urgencia, creo que hace falta más audacia para implementar determinados cambios para las empresas: si no funcionan bien por exceso, entonces los voy reduciendo, porque a la inversa, ir abriendo la puerta poco a poco, no funciona de manera adecuada.
Estas medidas podrían contribuir mucho a la solución de algunos de los problemas que hemos mencionado. Por ejemplo, el de la agricultura, que requiere inversiones. No es casual que cada vez que estamos en una coyuntura económica importante, se defina la producción de alimentos como un problema estratégico, de soberanía. Es importante que fortalezcamos la agricultura sin visiones extremas.
Y por último, esa maldita dualidad monetaria y cambiaria que nos urge resolver.

Unificación monetaria, ¿solución a los problemas de la economía?

El Doctor José Luis Rodríguez en El podcast de Cubadebate. Foto: Deny Extremera San Martín/Cubadebate.
— ¿Estamos en un momento oportuno para la unificación monetaria y cambiaria?
José Luis Rodríguez: Es necesario eliminar la dualidad monetaria y cambiaria. La circulación de dos monedas se admitió en 1993 debido a que en ese momento el peso cubano se había depreciado notablemente en relación con el dólar americano. En 1990, en la economía informal, se cambiaban siete pesos por un dólar; en 1994 ya eran 150 pesos por un dólar.
La economía estaba muy desequilibrada y había que volver a garantizar la función del dinero, para lo cual existían dos caminos. Uno era cambiar todas las monedas, una medida muy traumática porque es coger los billetes y decir que ya no valen, todo empieza desde cero. Esto se propuso y se discutió en el Parlamento en mayo de 1994. La otra vía era hacer un proceso gradual de transición, que fuera menos traumático, segregando los sectores que tenían condiciones para reproducirse porque generaban divisas, y los que dependían de otros. Se produciría una especie de transición entre unos y otros, de manera que se llegara a un punto en el que se volviera a normalizar la situación.
Entre 1993 y 1994, cuando se sacaron las cuentas de cuánto implicaba una devaluación, el trauma iba a ser de tal naturaleza que la economía no lo podía resistir. Sin devaluar, el 69% de las empresas ya no era rentable en ese momento.
— ¿Qué ocurre cuando se devalúa?
En este caso, la moneda nacional pierde valor frente a otra moneda. En esos años —y todavía se mantiene hoy— la tasa de cambio para las operaciones en la actividad económica era de 1×1. En ese momento, reconocer el valor real que tenía un peso cubano implicaba que hubiera que cambiar 10 o 15 pesos por un dólar americano. Eso provocaba que por cada dólar que entrara a la economía el costo fuese de 10 o 15 pesos, lo cual elevaba el costo notablemente y, por tanto, aquellas empresas que ya eran irrentables no quedarían en pie. La decisión que se tomó no fue irse por este camino, sino ir a una solución gradual, conscientes de que en el tiempo esa situación tenía que ser superada. Una parte de las empresas operaría en divisa y la otra en moneda nacional. La población tendría, a su vez, una parte de ingresos y gastos en divisas y otra en moneda nacional.
Para poder hacer esa devaluación —el inicio de la solución del problema— hay que partir de una premisa: en el caso de Cuba, el Comandante en Jefe Fidel Castro, y luego el General de Ejército Raúl Castro, siempre plantearon que nadie sería ni será afectado, en lo fundamental.
Por lo tanto, y volviendo a la explicación anterior, cuando se tiene que elevar el costo producto de la devaluación, ese impacto no puede pasar a los precios finales, porque de lo contrario a la población no le alcanzaría el dinero para nada. Si se pasa trabajo sin devaluación, imagínense multiplicar por 10 los costos de los productos. La solución consiste en poner un “colchón” para evitar que esto ocurra, es decir, subsidiar los precios que se elevan producto del incremento de los costos. Cuando se sacaron las cuentas de lo que esto representaba estábamos hablando de miles y miles de millones.
A lo largo de los años se han estado buscando alternativas para ver cómo se logra esa cantidad de dinero o elevar los ingresos, tanto de las empresas como de la población, para evitar que las golpeen precios más altos. Esa es la fórmula que no se ha encontrado. Para eso la economía tiene que tener una cierta nivelación y estabilidad. Después de 2003 parecía que íbamos a entrar por este camino, cuando se anunciaron los referidos pasos; en 2015 pareció que era posible. Pero con crecimientos del 1% y con déficit creciente en la balanza de pagos prácticamente es imposible, porque no hay de dónde sacar el dinero.
Considero que hoy no hay condiciones a corto plazo para llevar a cabo ese proceso. Puede ser el año próximo o el siguiente. Incluso, los análisis internacionales exponen que en la actualidad Cuba no puede, por su situación económica, eliminar la dualidad monetaria y cambiaria. Tendrá que ser entre 2021 y 2022, que se conjugue finalmente todo lo descrito. Porque hay dos tasas de cambio, que es el otro problema: una para las empresas y otra para la población, en Cadeca (1×25).
En las empresas hay una devaluación y en el sector de la población se requiere revaluar ese peso, es decir, llevar la tasa hasta 15, por ejemplo. Cuando se haga esto, se estaría rebajando el precio, similar a lo que ocurrió en 2005. En ese año se planteó por la máxima dirección del país buscar qué se podía hacer para elevar el poder de compra de las personas. Se propuso pasar la tasa de aquel momento (26-27) a la actual (24-25). Ese simple movimiento de dos pesos le costó al país cientos de millones de dólares. Porque la gente, cuando percibe que su moneda tiene mayor poder de compra, la convierte inmediatamente en bienes materiales, y si las tiendas no están abastecidas se crea un rollo mayor.
Eso pasó otra vez en 2016, cuando se rebajaron los precios de determinados productos en las TRD, como el pollo. Antes de la rebaja, se vendían 30 toneladas diarias, y luego el consumo se incrementó a 120 toneladas. Por eso, el proceso implica reunir dinero para llenar las tiendas.
Vean todas las complejidades que tiene este proceso. Por eso digo que tenemos que seguir trabajando hasta que se creen las mejores condiciones para el ajuste monetario gigante que tiene que hacer el país.
El podcast de Cubadebate. Foto: Deny Extremera San Martín/Cubadebate.
Ariel Terrero: A veces me pregunto si será posible solucionar la dualidad monetaria sin que haya determinado costo social, quizás haya que buscar otras maneras de decidir cómo dar el paso, aunque no estén creadas todas las condiciones. El propio General de Ejército Raúl Castro ha reconocido la necesidad de resolver la dualidad monetaria y cambiaria para poder resolver otros problemas del país, en los precios, los salarios, las jubilaciones, las inversiones, una serie de dificultades cuya solución depende de la eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria.
Yo sí creo que la solución de los problemas de la economía pasa, primero, por la unificación monetaria y cambiaria. Si esperamos a tener todas las condiciones creadas para dar el paso, nunca va a llegar. Será inevitable que tengamos algún costo, porque de hecho ya hoy lo estamos teniendo, precisamente por la demora en la solución de ese problema.
—Ariel hablaba de la necesidad de liberar las fuerzas productivas, ¿este escenario requiere fortalecer más el sector estatal y no estatal?
José Luis Rodríguez: Sí, indudablemente. Pero hay que tomar decisiones en ese sentido. Yo no coincido mucho con Ariel en que eliminar la dualidad monetaria sea lo primero que haya que consumar, porque si fuera así desde 2013 estuviéramos sin hacer nada, porque se dijo que había que realizarla y no se ha podido.
Hay que tener mucho cuidado, porque hay medidas que se pueden adoptar y son reversibles, con determinados costos, pero no son impagables. Ahora, si nosotros damos un paso en falso en la dualidad monetaria, eso no tiene regreso. Experiencias en ese sentido hay, las de Vietnam en 1986, los chinos cómo lo hicieron… Ambos tuvieron muy malas experiencias, precisamente, por no medir bien a la hora de dar el paso, porque no es reversible y las consecuencias se disparan. Si usted no tiene preparadas alternativas, el problema se dispara.
Hay fórmulas para compensar. Lo último que se ha dicho en este sentido es que la dualidad monetaria va a venir acompañada de una reforma salarial. ¡Correcto! Pero no es solo una reforma salarial, porque tenemos en el país 1 600 000 jubilados, y las pensiones no se pueden quedar iguales.
—Entretanto, ¿qué se puede hacer?
José Luis Rodríguez: Si no se puede dar la gran solución, ¿por qué no se pueden indexar las pensiones?: si aumentan los precios, que aumenten las pensiones, modestamente. Los precios no están disparados a tal magnitud que vayan a disparar la situación. Están las alternativas de fondos de pensiones que no estamos explotando. No tiene que cargar el Estado con el ciento por ciento de los fondos de pensiones, se pueden emplear fórmulas que otros países han utilizado, que pueden ser fondos de pensión privados o cooperativos.
— ¿Qué son los fondos de pensión cooperativos?
José Luis Rodríguez: Hay cooperativas que subvencionan las pensiones que las personas reciben del Estado con un monto adicional, sobre la base de una contribución que hicieron previamente. Los fondos de pensiones son importantes en los países capitalistas y no todos son estatales. Hay que explorar todas esas vías, lo que sí no puede decirse es que se va a hacer la unificación monetaria y que va a seguir la situación de los fondos de pensiones como está, igual que la de los salarios.
Con unificación monetaria o sin ella, soy del criterio que si hoy no se aumenta la retribución salarial de sectores que están muy erosionados, como la educación o la ciencia, vamos a perder la masa crítica, y si se pierde no se repone en dos días. Cuando se va un doctor o un profesor titular, estos no se reponen en dos días. Vimos en un episodio de la serie de televisión ConCiencia cómo el científico terminó de parqueador. Y que las razones son eminentemente económicas no es una exageración. Hay notables casos, personas con un tremendo nivel de preparación que se han ido a ganar un salario mayor en otra profesión que no tiene nada que ver con su preparación.
Entonces, no podemos perder la masa crítica porque, compañeros, cuando se va, no retorna. Tengo experiencia en ese sentido; en los años noventa no pocas personas quedaron disponibles y luego no se logró su retorno, porque no solo era un problema de dinero, sino de tratamiento personal. Hay que estudiar todas las posibles soluciones y tener preparadas las alternativas.
Es verdad que todo cambio tiene un costo. Toda esta reforma económica tiene ventajas que en muchos casos no se materializan a corto sino a largo plazo, pero a corto plazo tienen costos. Un gran costo es el pago de la deuda; consecuencia más costosa que esa no ha existido en estos años, y eso fue parte de los Lineamientos del 2011. Todavía hoy estamos en ese proceso, pero eso no se explicó de esa manera. Aparece que todos estos crecimientos no se materializan; claro, si hemos estado pagando miles de millones de dólares de deuda.
Infografía: Edilberto Carmona / Cubadebate
Y aquí me quiero referir a la secuencia lógica del despegue. Si usted no liquida cuentas con aquellos a los que debe, y con la gente que está potencialmente como inversionista en Cuba, nadie va a venir a invertir ni nadie nos va a prestar un quilo. Esa es una condición básica para que haya inversión extranjera, y sin inversión extranjera no aumenta la productividad, y si no aumenta la productividad no puedes subir los salarios. Esa es la secuencia, no tiene otro camino.
¡Ah!, pero hay que tomar las decisiones adecuadas para que en el punto crítico se opere en el momento indispensable. Se ha estado explicando aquí todos los problemas que hay con la ciencia, con la estimulación de los trabajadores de la ciencia. La ciencia es una esfera típica de capital de riesgo; no se puede seguir pensando en financiar un centro de investigación y al año siguiente exigirle un descubrimiento. De esta manera no ha funcionado la biotecnología cubana, el sector más exitoso del país. Por ejemplo, para llegar a la cura de la enfermedad del pie diabético se necesitaron 10 años, y no se le podía decir al investigador principal que en un mes debía formular la cura. Lo cierto es que todavía se sigue considerando como un gasto y no como una inversión.
—Volviendo a la pregunta, ¿cree que en este escenario sea imprescindible potenciar más la participación del sector no estatal; por ejemplo, las cooperativas no agropecuarias?
José Luis Rodríguez: Sí. Hay una participación que está a la vista, cuya operación tiene complejidades, pero que puede dar grandes réditos. Se trata de las remesas, las cuales se estiman entre 2 500 y 3 000 millones de dólares cada año. El 50% de ese monto es capital de trabajo, para el desarrollo de negocios como restaurantes y casas de renta; porque, ¿de dónde saca el dinero este sector si no suele pedir créditos al banco?
Hay experiencias internacionales de creación de fondos mixtos de inversión en los cuales participa tanto el que manda y recibe la remesa, como el Estado. ¿De cuánto de esos millones que entran a Cuba pudiera beneficiarse el Estado? Incluso, puede ser durante un tiempo. Claro, esto requiere un mercado financiero que hoy no existe; en los lineamientos está previsto que se cree. Hay una serie de cosas que están apuntadas, vías posibles de solución que tenemos que pensar. Aunque no son soluciones simples. No es implementarlas y ya, se resolvió el problema; hay que diseñar instituciones, mecanismos.
—Una última pregunta, en la Asamblea Nacional del Poder Popular se definieron seis sectores estratégicos para el desarrollo de la economía. ¿En ellos se concentrarán las inversiones? ¿Qué opinan?
Ariel Terrero: Me parece prudente haber definido seis sectores estratégicos, que forman parte de los 11 identificados en el plan de desarrollo a largo plazo, pues permitirá concentrar los dineros en áreas claves, en momentos de limitaciones en el capital destinado a las inversiones debido a la actual situación económica.
Infografía: Edilberto Carmona / Cubadebate
  • El turismo, por ejemplo, ha demostrado desde los años noventa capacidad de desarrollo y un fuerte potencial.
  • También está el sector de la biotecnología, de alto desarrollo y con un lugar importante en las exportaciones.
  • Hay una diferencia sustancial con respecto a los años noventa. Hoy Cuba produce, aproximadamente, casi la mitad del petróleo que consume, entre petróleo y gas acompañante.
  • En los años noventa, prácticamente todo el petróleo era importado. En la actualidad se busca desarrollar las fuentes renovables de energía y creo que es una alternativa muy interesante y que también tendría virtudes desde el punto de vista ambiental. Esa es otra actividad que hay que mantener.
O sea, se trata de concentrarse en sectores que pueden aportar, en el corto plazo, una fortaleza determinada a la economía cubana. Además, son sectores donde estaba prevista una capacidad de infraestructura que generan de forma directa exportaciones o sustituyen importaciones.
Infografía: Edilberto Carmona / Cubadebate

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Conversamos con

José Luis Rodríguez: Académico cubano. Doctor en Ciencias Económicas. Asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. Ministro de Economía y Planificación de Cuba (1994-2008). Fue vicepresidente del Consejo de Ministros.
Ariel Terrero: Periodista cubano, especialista en asuntos económicos. Director del Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Juan Gualberto Gómez. Vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba.

Cuba en Datos: Agricultura, sector estratégico que precisa despuntar

Por: Oscar Figueredo Reinaldo, Lissett Izquierdo Ferrer, Edilberto Carmona Tamayo

17 mayo 2019 | 52 |

  
Cuba gasta anualmente más de 2 mil millones de dólares en la compra de alimentos, de ellos entre 600 y 800 millones, aproximadamente, podrían sustituirse haciendo más productivas las tierras del país, según análisis oficiales.
Es por eso que en los debates sobre el tema siempre se insista en las potencialidades aún por aprovecharse, además de la necesidad de, entre otras cosas, estructurar la actividad en cadenas productivas y de aumentar las inversiones.
Pero hay otra realidad quizás menos conocida: las condiciones agroecológicas de Cuba no son favorables.  
De acuerdo con el investigador José Luis Rodríguez, los terrenos que tienen rendimientos buenos o muy buenos son solo el 33% de la tierra agrícola, alrededor de 6 millones de hectáreas; por lo tanto, en el 67% debe complementar la base que tiene el suelo con agua, fertilizantes o pesticidas para que la producción sea favorable.
Por ejemplo, la papa en Cuba no puede sembrarse más allá de Ciego de Ávila, lo mismo pasa con el plátano en las provincias orientales, no hay agua ni potasio suficiente.

Dónde plantar

Cuba cuenta aproximadamente con 11 millones de hectáreas de tierras disponibles; de ellas unos 6 millones dedicadas sobre todo a cultivos varios y ganadería. Además, otros 3,5 millones pertenecen al desarrollo forestal.

Mapa: Cubadebate

Mapa: Cubadebate

Mapa: Cubadebate

Las manos que producen la tierra

Si en los años sesenta, tras la promulgación de la segunda Ley de Reforma Agraria, era predominante el sector estatal en la agricultura cubana, en la actualidad es inversamente diferente, con el auge de los productores individuales.
El 80 por ciento de la tierra es propiedad del Estado, sin embargo, el 70 por ciento la gestionan las cooperativas y los campesinos.
De manera general, el sector agropecuario cuenta con cerca de un millón de trabajadores (el 20% del total de cinco millones de cubanos empleados), aunque solamente aporta al Producto Interno Bruto un 3,6%.

Gráfico: Cubadebate

Gráfico: Cubadebate

Impulso necesario

Para lograr la diversificación, mejor abastecimiento al mercado interno, la sustitución de importaciones y el progreso de las exportaciones, se han implementado a lo largo de los años múltiples programas y medidas.
Las reformas más recientes datan de 2007, decisiones que quedan formalizadas en los Lineamientos socioeconómicos de 2011, y también en la versión actualizada de ese paquete, cinco años después.
Principales transformaciones:
  • Reactivación de la entrega de tierras ociosas en usufructos.
Esta decisión ha contribuido a que la administración de la superficie agrícola del país se realice cada vez más por formas no estatales. En la actualidad los actores económicos en la agricultura son las CCS (que agrupan al mayor número de usufructuarios), CPA, UBPC, los productores individuales (hay más de 30 mil) y las granjas estatales.
  • Incremento de precios al productor para ciertos rubros como el frijol y la carne y la leche vacunas.
  • Autorización de ventas directas de productos a instalaciones turísticas. Descentralización de la comercialización agrícola.
  • Puesta en vigor de un nuevo reglamento para las UBPC.
  • Experimento del mercado libre de insumos agropecuarios en el Municipio Especial Isla de la Juventud.
  • Modificación de precios de insumos e implementos agrícolas para su comercialización libre y sin subsidio, con la consecuente modificación de los precios de acopio de la carne de cerdo y de materias primas para la industria (café, cacao, miel de abeja, entre otros), de modo que puedan percibir un margen de utilidad.
  • Perfeccionamiento del Ministerio de la Agricultura (MINAG), con la separación de las funciones estatales y empresariales.

Gráfico: Cubadebate

Gráfico: Cubadebate

Gráfico: Cubadebate

Gráfico: Cubadebate

Gráfico: Cubadebate