Fidel


"Peor que los peligros del error son los peligros del silencio." Fidel Castro Ruz

viernes, 28 de octubre de 2016

La Conceptualización del Modelo: Análisis de sus características y perspectivas (I)



I
A lo largo del desarrollo de la Revolución cubana, han sido varios los documentos en los que se han plasmado conceptualmente las características del proceso de transición al socialismo en nuestro país, por lo que resulta de utilidad que las transformaciones actuales se analicen en el contexto de su perspectiva histórica.
En efecto, ya en el I Congreso del PCC, celebrado en 1975, se aprobó la “Plataforma Programática del Partido Comunista de Cuba”[1]. En este documento se recogía la fundamentación, el carácter y la obra de la Revolución en su primera parte y en una segunda sección se desarrollaban los principios y objetivos programáticos de la misma.
Entre los aspectos a destacar de ese documento, que enmarcaba la sociedad cubana de entonces transitando por un período de construcción socialista, se afirmaba: “La construcción del socialismo significa: superar todo tipo de propiedad privada sobre los medios de producción en la economía social y, con ello, la formación de un sistema único de economía en el que solo existan formas sociales colectivas de propiedad sobre los medios de producción… (…) Representa alcanzar la victoria total y definitiva sobre las antiguas clases explotadoras.” Esto suponía que junto a la creación de la base técnico material del socialismo se produjera “…el desarrollo y ampliación de las relaciones de producción socialista hasta hacerlas únicas, lo que conduce, a través de la estricta observancia del principio de voluntariedad, a la gradual sustitución de la pequeña propiedad campesina por la propiedad cooperativa o a su incorporación paulatina a la propiedad de todo el pueblo.”[2]
Se concebía así una sociedad donde no había espacio para la propiedad privada –tampoco un lugar destacable para la propiedad cooperativa- y donde se aspiraba a la preponderancia absoluta de la propiedad de todo el pueblo, entendida como propiedad estatal. Todo ello se suponía transcurriera en un período de tiempo relativamente breve y sin mayores contradicciones.
Posteriormente, en el III Congreso del PCC, celebrado en 1986, se aprobó el “Programa del Partido Comunista de Cuba”.[3] Este documento también tenía una primera parte dedicada al recuento histórico, el carácter y la obra de la Revolución, mientras que una segunda parte destacaba los objetivos y tareas del PCC para culminar la construcción del socialismo.
En la fase correspondiente a la construcción del socialismo se planteaba: “…superar todo tipo de propiedad privada sobre los medios de producción en la economía social y, con ello, la formación de un sistema único de economía en el que solo existan dos formas de propiedad social sobre los medios fundamentales de producción: la estatal y la cooperativa;…”[4] Por otro lado, en la cuestión central del desarrollo económico en los próximos años se subrayaba que: “…no consiste en cuanto crecer, sino en que crecer y cómo crecer…”, enfatizándose en la industrialización y en la profundización de la integración socialista.[5]
Se podían observar muchas similitudes entre este documento y la Plataforma aprobada en 1975, aunque se abría un espacio a la propiedad cooperativa y se enfatizaba que la propiedad social sería preponderante –específicamente- sobre los medios fundamentales de producción.
La vigencia de este último documento se vio limitada por la crisis del Período especial y por las valoraciones que produjo del Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias negativas que se inició en 1986, proceso donde se evaluaron críticamente los errores cometidos en la introducción –entre 1975 y 1985- de una política basada en el cálculo económico, la que tomaba muchos elementos del modelo soviético de gestión vigente entonces.
De tal modo, en el IV Congreso del PCC, celebrado en 1991 se acordó que: “…el Programa no se corresponde cabalmente con los conceptos desarrollados en el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, a partir del 19 de abril de 1986, ya en parte señalados meses antes en el Informe Central al III Congreso.” Y más adelante se concluía “…el IV Congreso del Partido (…) Declara que el programa aprobado por el III Congreso no se ajusta a la realidad actual.”[6]
Durante los años del Período especial –que se inicia el 29 de agosto de 1990- el país debió concentrarse en una estrategia dirigida a resistir el impacto de la crisis al menor costo social posible, al tiempo que la economía cubana se reinsertaba en la economía mundial bajo las nuevas condiciones que suponían la desaparición del socialismo en Europa. En esa situación no sería posible la elaboración de nuevos documentos con el objetivo de examinar conceptualmente la experiencia de la Revolución cubana, aunque sí se elaboró lo que pudiera calificarse como una política de resistencia y sobrevivencia, expresada en los documentos del IV Congreso del PCC de 1991 y en el V Congreso de 1997[7], así como en numerosos discursos del Comandante en Jefe Fidel Castro.
Superados los momentos más críticos del Período especial y tomando en cuenta la necesidad de enfrentar sus secuelas, nuevos conceptos sobre la construcción socialista se elaborarían en los años 2000, bajo las premisas del proceso de lucha ideológica y rediseño de las políticas económicas y sociales que se impulsaron bajo la llamada Batalla de Ideas entre 1999 y 2006. Esa experiencia se expuso en el discurso del Comandante en Jefe Fidel Castro del 5 de diciembre de 2004, donde –en esencia- se abogaba por una gestión estatal liberada de métodos burocráticos y se buscaban soluciones a agudos problemas políticos y sociales por métodos expeditos.[8]
Sin embargo, serios problemas estructurales permanecían sin solución, imposibilitando un crecimiento sostenible que asegurara el desarrollo. Esto se puso dramáticamente de manifiesto cuando la situación económica del país se agravó notablemente bajo el impacto de la crisis en 2008, lo cual llevó a que se analizara por el gobierno cubano la necesidad de emprender cambios sistémicos más profundos en la economía para estabilizar el crecimiento y asegurar el desarrollo del país.
De este modo, la decisión de realizar una transformación esencial de la política económica y social del país se hizo pública por el presidente Raúl Castro en su discurso del 1º de agosto del 2009 ante la Asamblea Nacional al señalar que “…se trata de definir con la más amplia participación popular la sociedad socialista que aspiramos y podemos construir en las condiciones actuales y futuras de Cuba, el modelo económico que regirá la vida de la nación en beneficio de nuestros compatriotas y asegurar la irreversibilidad del régimen sociopolítico del país, única garantía para su verdadera independencia.”[9]
Se iniciaría entonces una nueva etapa en la estrategia de desarrollo y la política económica de la Revolución cubana.

II

Luego de una amplia discusión popular,[10] los Lineamientos[11] aprobados en abril de 2011 por el VI Congreso del PCC implicaron un grupo de transformaciones fundamentales en la política económica y social del país dirigidas a superar las limitaciones impuestas por el Periodo especial y también aquellas asociadas al modelo económico cubano vigente durante los primeros 30 años de la Revolución.
Aún cuando la elaboración de los Lineamientos no estuvo precedida de una conceptualización formalizada en un documento, de hecho en los mismos se expresó implícitamente un cambio conceptual importante a nivel de la estrategia económica para esta nueva etapa. Se pasó así de una estrategia de resistencia frente a la crisis y reinserción en las nuevas realidades económicas, que primó desde 1990, a otra de mayor complejidad, que se caracterizaría por la creación de condiciones para un desarrollo sostenible a mediano plazo.
De este modo, en la formulación de los Lineamientos se subrayó la necesidad de actualizar el modelo socialista, y los mismos llevaron implícitamente a la introducción de un grupo de tesis que incluían una interpretación novedosa o diferente de algunos principios que se venían aplicando en la construcción del socialismo en Cuba, tomando en cuenta la experiencia acumulada a lo largo de 50 años de Revolución.
En los Lineamientos se reconoció en primer lugar, un mayor espacio a las relaciones monetario-mercantiles y a la propiedad no estatal en el sistema de dirección de la economía, en el que –no obstante- predominaría la planificación.
Esta decisión dio cuenta de una realidad objetiva y superaba consideraciones anteriores sobre la preponderancia de una sola forma de propiedad social, tomando en consideración el insuficiente nivel de desarrollo que había alcanzado el país y la imposibilidad de que una gestión de la economía socialmente más eficiente transcurriera con un elevado nivel de centralización y únicamente bajo la propiedad estatal.[12] Por otro lado, se precisaba concentrar los esfuerzos del sector público en la promoción de los sectores donde se encuentra el mayor potencial de desarrollo económico y donde se concentran los medios fundamentales de producción.
No obstante se correrían riesgos, ya que aunque eran explícitos los propósitos de no desarrollar un modelo capitalista, debían adoptarse medidas efectivas que permitieran reconocer y neutralizar las negativas consecuencias del mercado en una economía socialista.
En segundo lugar, se reitero el papel fundamental de la propiedad estatal como el elemento motriz fundamental del desarrollo, al tiempo que se definió un nuevo espacio para la gestión de la propiedad privada, la cooperativa y la propiedad mixta, aunque los límites de la propiedad no estatal se precisarían posteriormente de forma gradual.
En tercer lugar, se promovió la separación entre las funciones estatales y empresariales, unido a la descentralización de la gestión económica de las entidades públicas a favor de las empresas y territorios, asegurando la participación de los trabajadores en la misma.[13]
Por último, en las transformaciones previstas se otorgo un mayor peso al consumo personal en los mecanismos de estimulación, en tanto que se racionalizaba el consumo social, especialmente en lo referido a los subsidios generalizados y las gratuidades indebidas, asegurando –al mismo tiempo- la equidad y la solidaridad social, proceso que ha probado ser de elevada complejidad.[14]
A partir del análisis de la situación económica del país y de las premisas conceptuales implícitas en los cambios a proponer, los Lineamientos definieron las soluciones a alcanzar a corto plazo como aquellas encaminadas a resolver el déficit de la balanza de pagos, la eficiencia económica, la motivación por el trabajo y la distribución del ingreso, así como la creación de condiciones estructurales y productivas para el desarrollo.
A más largo plazo las soluciones deberían comprender una alta autosuficiencia alimentaria y energética, un uso eficiente del potencial humano, una elevada competitividad en las producciones tradicionales y el desarrollo de nuevas producciones de alto valor agregado.[15]
En síntesis, la lógica esencial para el avance económico y social del país a corto/mediano plazo suponía reducir hasta eliminar el déficit financiero externo –en primer lugar mediante la renegociación y pago de la deuda externa-, como elemento clave para incrementar la inversión extranjera directa, a un nivel tal que permitiera aumentar aceleradamente la productividad del trabajo y con ello crear las condiciones indispensables para incrementar la retribución al trabajo y los ingresos de la población, con vistas a elevar su nivel de vida, todo ello conjugado con la necesaria formación de valores éticos y políticos en los ciudadanos.
Transformaciones de esta naturaleza demandaban necesariamente un periodo de tiempo largo, aunque en no pocos casos, esta premisa no se tuvo en cuenta adecuadamente en las proyecciones de los Lineamientos para el periodo 2011-2016. Probablemente ello se debió en parte a la presión para encontrar soluciones más rápidas a problemas presentes durante muchos años por diversas circunstancias y también por errores de apreciación en los procesos de planificación.
El nivel de ejecución de los Lineamientos aprobados en 2011 arrojo hasta abril de este año un cumplimiento del 21% de los 313 previstos, con un 77% en proceso de ejecución y un 2% que no se han ejecutado.[16]
Los mayores avances se alcanzaron en la reducción del desbalance financiero externo y en la creación de condiciones jurídicas y organizativas favorables para la aplicación de la política fiscal y la referida al tratamiento de la inversión extranjera, así como en el reconocimiento al papel que puede jugar la propiedad privada y cooperativa en el desarrollo de la sociedad. También se inicio el proceso de reestructuración del sector empresarial estatal en su primera etapa y se redujo el subempleo en las empresas públicas. No obstante, dificultades de diversa naturaleza provocaron que el crecimiento logrado entre 2009 y 2015 solo alcanzara un 2,8% promedio anual.
En el ámbito de las relaciones sociales, se produjo un cambio sustancial en la política migratoria del país mediante una nueva legislación más flexible aprobada en 2013, mientras que se mantuvieron los indicadores alcanzados en los servicios de salud y educación, aunque también se enfrentaron dificultades. Tampoco se pudo neutralizar el impacto negativo de diversas medidas, lo que conllevo a un aumento en la desigualdad en la distribución del ingreso, una reducción de la cobertura de la asistencia social y a una disminución en el ritmo de solución del déficit habitacional y del transporte de pasajeros.
En el Informe Central al VII Congreso del PCC, celebrado en abril de este año el presidente Raúl Castro destaco como problemas en la implementación de los Lineamientos la no valoración de los niveles de riesgo, así como de los costos y beneficios de determinadas medidas y alerto sobre la necesidad de rectificar cuando los efectos no son los deseados, entre los aspectos de mayor importancia.[17]

Notas

[1] PCC (1976) “Plataforma Programática del Partido Comunista de Cuba. Tesis y Resolución” Departamento de Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La Habana, 1976.
[2] Ibid. pp. 58 y 59.
[3] PCC (1986) “Programa del Partido Comunista de Cuba” Editora Política, La Habana, 1986.
[4] Ibid. p. 75.
[5] Ibid. p. 79.
[6] PCC (1992) “IV Congreso del Partido Comunista de Cuba. Discursos y documentos” Editora Política, La Habana, 1992 (pp. 127 y 137).
[7] Ver PCC (1997).
[8] Ver Castro (2004)
[9] Ver de Raúl Castro (2015)
[10] Producto de esta discusión se modifico el 68% de los lineamientos contenidos en el proyecto original.
[11] Ver PCC (2011).
[12] La existencia de las relaciones monetario-mercantiles en el socialismo se basa en el aislamiento económico relativo entre los productores que –producto del bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas- no pueden expresar directamente el carácter social de su trabajo y requieren de un mercado para hacerlo.
[13] En los Lineamientos no resultaron explícitos los mecanismos de participación y diversos autores señalaron la necesidad de que se transitara a una forma de gestión participativa. Ver Fernández (2012); Espina (2012); García et. al. (2012) y Piñeiro (2012).
[14] Ver el análisis de Zabala (2013) y Espina (2012 y 2015).
[15] Ver PCC (2011, p. 10).
[16] Ver Rodriguez (2016)
[17] Ver Castro (2016).

Bibliografía

-Castro, Fidel (2004) “Discurso pronunciado en la clausura del VIII congreso de la UJC el 5 de diciembre de 2004” en http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2004/esp/f051204e.html
-Castro, Raúl (2015) “Discursos e intervenciones del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba General de Ejército Raúl Castro Ruz” en www.cuba.cu/gobierno/raul/discursos/index2.html
-Castro, Raúl (2016) “Informe Central al VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, 16 de abril de 2016” en periódico Juventud Rebelde, Especial, p. 5.
-Espina, Mayra (2012) “Retos y cambios en la política social” en Pável Vidal y Omar Everleny Pérez (Compiladores) “Miradas a la economía cubana. El proceso de actualización”, Editorial Caminos, La Habana, 2012.
-Espina, Mayra (2015) “Reforma económica y política social de equidad en Cuba” en Mayra Espina y Dayma Echevarría (Coordinadoras) Cuba: los correlatos socioculturales del cambio económico, Ruth Casa Editorial y Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2015.
-Fernández, Oscar (2012) “Rasgos esenciales del modelo de funcionamiento económico en Cuba. Limitaciones y retos de las transformaciones en marcha” Economía y Desarrollo Nº 1, Enero-Junio del 2012.
-García, Jesús, Rafael Alhama, Roberto Lima y Daniel Rafuls (2012) “Cuba: propiedad social y construcción socialista” Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2012.
-Hidalgo, Vilma y Yordanka Cribeiro (2015) “Estrategia de crecimiento y equilibrio macroeconómico en Cuba” revista Economía y Desarrollo, Nº 153, Edición Especial 2015.
-Hidalgo, Vilma (2016) “El modelo económico cubano: reflexiones desde una perspectiva macroeconómica” revista Economía y Desarrollo Nº 156, 2016 y www.cubayeconomia.blogspot.com Septiembre 4 2016.
-PCC (1976) “Plataforma Programática del Partido Comunista de Cuba. Tesis y Resolución” Departamento de Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La Habana, 1976.
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-PCC (1992) “IV Congreso del Partido Comunista de Cuba. Discursos y documentos” Editora Política, La Habana, 1992.
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– PCC (2011) “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución” Abril 18 de 2011 en www.juventudrebelde.cu/file/pdf/suplementos/lineamientos-politica-partido-cuba.pdf
-PCC (2016) “Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista” VII Congreso del PCC, La Habana, abril de 2016 en www.cubadebate.cu
-PCC (2016a) “Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030: Propuesta de Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos” VII Congreso del PCC, La Habana, abril de 2016.
-PCC (2016b) “Actualización de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021 aprobados por el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba en abril de 2016 y por la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio de 2016” en www.uschamber.com
-Piñeiro, Camila (2012) “Visiones sobre el socialismo que guían los cambios actuales en Cuba” TEMAS Nº 70, Abril-Junio del 2012.
-Quiñones, Nancy (2015) “El déficit externo de Cuba: una visión desde la sostenibilidad” Editorial UH, La Habana, 2015.
-Rodríguez, José Luis (2016) “Lineamientos para la política económica y social: Una mirada a su evolución 2011-2016” en La Jiribilla N° 770, Abril 9 al 15 de 2016 en www.jiribilla.cu
-Rodríguez, José Luis (2016a) “Complejidades y perspectivas de la economía cubana en 2016 y 2017 (I y II)” Cubadebate, agosto 2016 en www.cubadebate.cu
–The Economist Intelligence Unit (EIU) (2016) “Country Report Cuba” June 1st 2016 en www.eiu.com
-Zabala, María del Carmen (2013) “Retos de la equidad social en el actual proceso de cambios económicos” en Omar Everleny Pérez y Ricardo Torres (Compiladores) “Miradas a la economía cubana. Entre la eficiencia económica y la equidad social” Editorial Caminos, La Habana, 2013.
(Continuará)

Como ajustarse: 10 prioridades para las economías emergentes


Con la colaboración de Vox Lacea.


Escrito por Andrew Powell Principle Advisor, Inter-American Development Bank

Numerosas economías emergentes, sobre todo en América Latina y el Caribe, se enfrentan a una deuda creciente, a déficit fiscales y a un crecimiento lento. Teniendo en cuenta la dirección de los razones de deuda sobre el PIB, numerosos países están decidiendo proceder a los “ajustes” para mantener la sostenibilidad. En este blog, proponemos 10 prioridades para el ajuste fiscal en las economías avanzadas.

Prioridad 1: Rapidez. Si el producto se encuentra en su punto potencial, no hay que retrasarse, pero si el producto se encuentra por debajo del potencial hay que moverse más gradualmente y en todos los casos tienen un plan creíble a mediano plazo. Cuando el producto de una economía se sitúa cerca de su nivel potencial a largo plazo, tanto las referencias teóricas como empíricas sugieren que el efecto de una política fiscal en el producto no es tan importante, sobre todo en las economías pequeñas y abiertas. Esto significa que el ajuste fiscal debería tener un impacto negativo pequeño en la economía y que no hay motivos para retrasarlo. Por otro lado, cuando el producto se sitúa por debajo del potencial (y suponiendo que en algún punto volverá a ese nivel), puede que lo más conveniente sea actuar progresivamente. [1] En cualquiera de los dos casos, un plan razonable a mediano plazo (no demasiado ambicioso) es muy útil y puede que a los países les convenga aprobar una legislación para aumentar su credibilidad. Un plan explícito y creíble contribuirá a bajar las tasas de interés y maximizará el impacto positivo de la consolidación fiscal en la inversión privada.

Prioridad 2: Tener objetivos explícitos en términos de resultados fiscales y del razón de deuda/ sobre PIB deseado – que debería ser al menos estabilizador y probablemente disminuir a mediano plazo. Las economías emergentes tienen una gama diversa de niveles de deuda. Jamaica tiene una deuda superior al 100% del PIB, mientras que en Costa Rica la deuda en relación con el PIB se sitúa aproximadamente en un 45%. En este último caso, un plan para mantener la deuda estable puede ser suficiente, mientras que en el primero el plan tiene que disminuir la deuda. Tener planes explícitos en términos de objetivos y explicar cómo esos objetivos se alcanzarán maximizará la credibilidad del plan y, una vez más, contribuirá a mantener o incluso a aumentar la inversión privada.

Prioridad 3: Impuestos versus gastos. Si los impuestos son muy altos, no hay que seguir subiéndolos sino centrarse en el recorte del gasto. Pero si el gasto es muy bajo, no hay que seguir recortando, sino centrarse en aumentar los ingresos. América Latina es una región muy diversa y en América del Sur hay varios países que tienen una fuerte carga fiscal, mientras que los países en América Central tienen niveles de gasto más bien bajos.

Prioridad 4: Proponer recortes que no afectarán al crecimiento. El aumento de la eficiencia (conseguir lo mismo con menos gasto), mejorar la focalización y reducir la filtración de los programas sociales (por ejemplo, recortar programas que ayudan a los hogares no pobres o focalizarlos mejor para ayudar a los pobres) podría producir ahorros considerables, quizá hasta entre el 2% y el 4% del PIB en América Latina y el Caribe. Se debe evitar el recorte de los proyectos de inversión de capital productivo. En efecto, si el producto se sitúa por debajo del potencial y los proyectos son verdaderamente productivos, una política de este tipo puede ser contraproducente, y aumentar la deuda en relación con el PIB en lugar de reducirla, debido a su impacto en el PIB. En América Latina y el Caribe, se requiere equilibrar y orientar el gasto fiscal hacia un mayor gasto de capital. Si se sigue esta prioridad, se obtendrán buenos resultados en esa dirección.

Prioridad 5: Contemplar una reforma fiscal y mejorar la administración tributaria. Hay un gran espacio de maniobra para mejorar los sistemas fiscales en numerosas economías emergentes. Esas reformas deberían tener como objetivo aumentar la eficiencia fiscal, mejorar los incentivos, promover el crecimiento, reducir la desigualdad y potenciar los estabilizadores automáticos. El diseño de una reforma adecuada es inevitablemente una tarea específica de cada país y dependerá de un conjunto de factores en relación con el estado del sistema actual y de las características de cada país. Por esto, es difícil generalizar sobre qué deben hacer los países. El documento del BID, Recaudar no basta proporciona un debate integral sobre las reformas fiscales potenciales en América Latina y el Caribe. Mejorar la administración tributaria puede aumentar considerablemente los ingresos.

Prioridad 6: Desarrollar un plan a mediano plazo para reducir la informalidad. La informalidad contribuye a una baja productividad y reduce la base fiscal, lo que implica que los impuestos en las empresas productivas formales son necesariamente más elevados. Sin embargo, reducir la informalidad es difícil y puede requerir a la vez incentivos y sanciones, además de exigir que numerosos sectores del gobierno trabajen conjuntamente. Se debe contemplar ofrecer servicios para que las empresas formales mejoren los incentivos a favor de la formalización y, en el aspecto fiscal, reducir los impuestos sobre el trabajo y otros impuestos que aumentan los incentivos para que las empresas funcionen en la informalidad.

Prioridad 7: Contemplar una reforma de las pensiones antes de que se produzca una crisis. Varias economías emergentes, entre ellas no pocas en América Latina y el Caribe, tienen sistemas de pensión que no son sostenibles financieramente, sobre todo dadas las tendencias demográficas previstas. Los sistemas de pensión en la región tienden a ser caros, regresivos y tienen una cobertura deficiente. Diferentes países tienen diferentes sistemas y es poco probable que las políticas públicas puedan elaborar una fórmula que sirva para todos (el documento del BID,Ahorrar para desarrollarse trata este aspecto con más detalle). Sin embargo, baste decir que es recomendable tratar este problema inminente más bien temprano que tarde.

Prioridad 8: Contemplar otras reformas para impulsar el crecimiento. Impulsar el crecimiento potencial y, por lo tanto, el denominador del ratio deuda/PIB es una estrategia incluso más recomendable que la consolidación fiscal. Hay numerosas iniciativas que los gobiernos pueden emprender, entre ellas la reformas estructurales en sectores susceptibles de impulsar el crecimiento en el corto a mediano plazo, mejorando el gasto necesario en infraestructura y un conjunto de políticas más específicas: el documento del BID ¿Cómo repensar el desarrollo productivo? contiene un análisis de algunas de dichas políticas. Éstas deberían ser congruentes con el plan de consolidación fiscal.

Prioridad 9: Fortalecer las instituciones fiscales. Numerosas economías emergentes se encuentran en la posición en que están hoy en día porque no ahorraron lo suficiente durante los tiempos favorables. De hecho, numerosos países en América Latina y el Caribe siguieron una política fiscal expansiva incluso cuando el producto se situaba por encima del potencial, algo difícil de explicar. Se requieren mejores instituciones fiscales para evitar que esto vuelva a suceder y quizá sea más fácil para un país adoptar una legislación adecuada (o introducir cambios constitucionales) en el presente, durante los tiempos menos favorables. En el caso de los exportadores de materias primas, se requieren mecanismos para administrar los inevitables riesgos de los precios de las materias primas. Los mecanismos de cobertura de la estabilidad de los precios utilizados en los presupuestos anuales y el desarrollo de un fondo de estabilización para gestionar riesgos a más largo plazo son medidas complementarias útiles. Sin embargo, de manera más general, el fortalecimiento de las instituciones fiscales puede permitir un mejor uso de las políticas fiscales discrecionales en los tiempos favorables y en los tiempos desfavorables, dado que los estabilizadores automáticos siguen siendo débiles.

Prioridad 10: Asegurar una estrecha coordinación entre la política monetaria y la política fiscal. Numerosas economías emergentes (entre ellas unas nueve en América Latina y el Caribe [2]) han desarrollado regímenes de focalización de la inflación con cierto éxito para disminuir la inflación y mantenerla en niveles razonables. Estos regímenes han alcanzado un alto grado de credibilidad en algunos países. Sin embargo, se ha observado cierta coordinación inadecuada entre la política fiscal y la política monetaria. Por otro lado, ocurre con demasiada frecuencia que la política fiscal ha sido demasiado expansiva y, por consiguiente la política monetaria ha sido más dura de lo que tendría que haber sido en otras circunstancias. Esta coordinación inadecuada de las políticas fiscal y monetaria es ineficiente e incluso puede amenazar la credibilidad de un régimen monetario útil.

No se pretende aquí establecer una clasificación por importancia de estas 10 prioridades. En realidad, esa clasificación dependerá de cada caso. Una lección fundamental del período de la crisis financiera global y posteriormente para numerosas economías emergentes es que hablar de política fiscal en abstracto es arriesgado. El detalle de las medidas de las políticas en la práctica importa. Aún así, si las economías emergentes actúan considerando estas 10 dimensiones, hay una buena probabilidad que la consolidación será a la vez positiva y mantendrá la sostenibilidad económica.

Acerca del título: Es una adaptación del blog de Blanchard y Cottarelli, “Diez mandamientos para el ajuste fiscal en las economías avanzadas”, y fue inicialmente publicado en el Ideas que Cuentan Blog, el Octubre 21, 2016.

1. Si el producto se sitúa temporalmente por debajo del potencial, los multiplicadores fiscales pueden ser temporalmente más elevados, lo que implica que merece la pena retrasar el ajuste. Sin embargo, hay considerables dudas actualmente acerca de qué es el producto potencial, y en la mayoría de los países del mundo ha sido rebajado en los últimos años

2. La publicación del BID Revela monitorea las expectativas de crecimiento e inflación en los países con mecanismos de control de la inflación de América Latina y el Caribe.

Avances en materia de género en América Latina y el Caribe

De los 25 países medidos en el Índice en la región en 2016, 17 han mejorado su puntuación total en comparación con el año pasado, mientras que ocho han retrocedido.

Con una brecha de género promedio del 30%, América Latina y el Caribe se posiciona por encima de la media del Índice Global de la Brecha de Género 2016a nivel regional, y casi empata con la región de Europa del Este y Asia Central. A esta región pertenecen tres de los diez países que registran mayores avances en el mundo desde 2006: Nicaragua y Bolivia - que lideran la clasificación regional - y Ecuador, mientras que los países de más bajo rendimiento de la región son la República Dominicana, Belize y Guatemala. Seis países de la región han cerrado totalmente su brecha de género en el ámbito de instrucción, salud y supervivencia; siendo ésta la única región con esta distinción.

Nicaragua (10) recupera su lugar en el top ten mundial y sigue siendo el mejor clasificado de la región por quinto año consecutivo. Se ha cerrado totalmente la brecha de género en en el logro educativo, la salud y la supervivencia, y es el país con mayor representación política femenina, con más del 50% de la brecha de género ahora cerrada. Bolivia (23) registra un ligero descenso en la participación laboral de las mujeres, pero ha alcanzado la paridad en el Parlamento y se ha cerrado por completo su brecha de género en salud y supervivencia. Sin embargo, es el segundo país con peor desempeño en la región en el subíndice de logro educativo. Costa Rica (26) continúa mejorando en participación económica e igualdad de oportunidades. Su brecha de logro educativo ha quedado totalmente cerrada desde 2011, y se sitúa entre los 20 primeros del mundo en representación política, con más del 36% de su brecha de género cerrada. Cuba (27) sigue figurando entre los países más bajos de la región en cuanto a participación económica y oportunidades. Sin embargo, se ha cerrado completamente la brecha de género en el logro educativo.

Barbados (28) se mantiene entre los países con mejores resultados en la región y en el mundo en igualdad de oportunidades económicas, y logra la paridad de género en el ámbito de legislación, altos funcionarios y directivos. Continúa en la primera posición del Caribe, seguido por las Bahamas (37) y Trinidad y Tobago (44), que comparten perfiles similares. Jamaica (42) continúa mejorando el el ámbito de empoderamiento político, con una mayor proporción de mujeres en el parlamento.

La brecha de género de Argentina (33) en salud y la supervivencia sigue cerrándose, y el país sigue destacando por su representación política a nivel regional. Sin embargo, a pesar de la igualdad en el logro educativo, el país no aprovecha su talento femenino, ocupando el puesto 101º en participación económica e igualdad de oportunidades. Colombia (39) mejora en la participación económica e igualdad de oportunidades debido a un aumento en la participación laboral e ingresos de las mujeres, y muestra igualdad de género en el ámbito de legisladores, altos funcionarios y directivos. Ecuador (40) continúa experimentando un retroceso en su participación económica e igualdad de oportunidades, con retrocesos en todas las categorías, excepto en el ámbito de profesionales y técnicos, en los que se ha alcanzado la paridad. Su brecha de género en salud y supervivencia sigue estando totalmente cerrada.

Panamá (47) y El Salvador (64) se encuentran en la media regional, con, un ligero aumento y un ligero descenso, respectivamente, en la participación económica e igualdad de oportunidades. Ambos países han logrado la paridad de género en el subíndice de salud y supervivencia. México (66) retrocede en la proporción de mujeres profesionales y técnicos y se mantiene entre los países de más bajo rendimiento de la región en este indicador. Se mantiene un rendimiento estable en la mayoría de los otros indicadores. Chile (70) sigue avanzando en la participación económica e igualdad de oportunidades debido al aumento de la tasa de actividad femenina y al incremento de la participación de los profesionales y técnicos femeninos. Sin embargo, sigue figurando entre los tres peores de la región en este subíndice. La mejora continua en la participación política de las mujeres se asienta con una mujer como jefe de Estado. Venezuela (74) registra una disminución en la representación femenina en el parlamento, mientras que Perú (80) avanza. Sin embargo, Perú sigue siendo el país con la mayor brecha de género en la salud y supervivencia a nivel regional. Honduras (78) registra mejoras en ingresos de las mujeres y su brecha de género en el logro educativo permanece completamente cerrada. La mejora de Brasil (79) gracias al hecho de haber tenido una mujer jefe de Estado, es contrarrestada por el incremento de la brecha de género en participación laboral femenina y en logro educativo. Uruguay (91) registra algún progreso en el logro educativo, pero la brecha de género se mantiene abierta.

Los peor clasificados de la región son: Surinam (95), Belize (98), República Dominicana (97) y Paraguay (96), que supera a Guatemala (105) debido a las mejoras en la tasa de ingresos femenina y el número de legisladoras, altas funcionarias y directivas. Sin embargo, sigue siendo el segundo país con peor desempeño en la región en el subíndice de representación política femenina.

No pagar impuestos como Donald Trump

By El Duende

Traducido del más allá por Max Lesnik


El mega millonario Bill Gates, el hombre más rico del mundo Presidente de la empresa Microsoft paga religiosamente todos los años al Departamento de Rentas e Impuestos de Estados Unidos su cuota impositiva correspondiente- 10 mil millones de dólares-no solo porque es su deber ciudadano, sino porque de no hacerlo, puede ser multado o dar con sus huesos a la cárcel como le ocurriera a Al Capone el famoso gánster mafioso del Chicago de ayer.

Yo como modesto Duende que soy, hago lo mismo que Bill Gates. También pago mis impuestos, aunque por supuesto pudiera burlar el fisco norteamericano como hace el magnate inmobiliario Donald Trump, aspirante a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, que utiliza subterfugios leguleyos que le hacen decir socarronamente que no paga impuesto alguno porque él es un hombre más inteligente que los demás, más brillante que Bill Gates, con lo cual quiere decir que el resto de los norteamericanos que cumplen con las leyes del país, son todos unos tontos estúpidos, mucho menos inteligentes que él.

Traigo el tema a colación porque en la prensa Cloaca de Miami se ha publicado a todo dar que en Cuba algunos “cuentapropistas” dicen estar molestos con el gobierno cubano porque les están conminando a pagar al Estado los correspondientes impuestos sobre sus ganancias, como se hace en cualquier parte del mundo , entre ellos en Estados Unidos el país del capitalismo por excelencia.

No pagar impuestos o declarar menos de lo que corresponde por la ley, es un delito grave en cualquier parte del planeta y Cuba no puede ser una excepción. A menos, digo yo que se trate de un “Disidente” que recibe dinero de un gobierno extranjero y le permitan vivir del cuento sin trabajar y turistear por el mundo con el dinero de los impuestos que pagamos Ud. y yo. Habría que ponerles un nombre Yo les llamaría “cuento-propistas”, aspirantes a ser en Cuba tan “listos” como Donald Trump.

Y hasta el próximo lunes amigos de El Duende que con mi gallo me voy cantando a mi tumba fría. Bambarambay.

Bill Gates paga sus impuestos ( 10 mil millones de dólares)


 

"Yo no pago impuestos"

El Duende | octubre 28, 2016 a las 9:59 am | URL: http://wp.me/p63R3z-2Du