Por: José Luis Rodríguez
I
A lo largo del desarrollo de la Revolución cubana, han sido varios los documentos en los que se han plasmado conceptualmente las características del proceso de transición al socialismo en nuestro país, por lo que resulta de utilidad que las transformaciones actuales se analicen en el contexto de su perspectiva histórica.
En efecto, ya en el I Congreso del PCC, celebrado en 1975, se aprobó la “Plataforma Programática del Partido Comunista de Cuba”[1]. En este documento se recogía la fundamentación, el carácter y la obra de la Revolución en su primera parte y en una segunda sección se desarrollaban los principios y objetivos programáticos de la misma.
Entre los aspectos a destacar de ese documento, que enmarcaba la sociedad cubana de entonces transitando por un período de construcción socialista, se afirmaba: “La construcción del socialismo significa: superar todo tipo de propiedad privada sobre los medios de producción en la economía social y, con ello, la formación de un sistema único de economía en el que solo existan formas sociales colectivas de propiedad sobre los medios de producción… (…) Representa alcanzar la victoria total y definitiva sobre las antiguas clases explotadoras.” Esto suponía que junto a la creación de la base técnico material del socialismo se produjera “…el desarrollo y ampliación de las relaciones de producción socialista hasta hacerlas únicas, lo que conduce, a través de la estricta observancia del principio de voluntariedad, a la gradual sustitución de la pequeña propiedad campesina por la propiedad cooperativa o a su incorporación paulatina a la propiedad de todo el pueblo.”[2]
Se concebía así una sociedad donde no había espacio para la propiedad privada –tampoco un lugar destacable para la propiedad cooperativa- y donde se aspiraba a la preponderancia absoluta de la propiedad de todo el pueblo, entendida como propiedad estatal. Todo ello se suponía transcurriera en un período de tiempo relativamente breve y sin mayores contradicciones.
Posteriormente, en el III Congreso del PCC, celebrado en 1986, se aprobó el “Programa del Partido Comunista de Cuba”.[3] Este documento también tenía una primera parte dedicada al recuento histórico, el carácter y la obra de la Revolución, mientras que una segunda parte destacaba los objetivos y tareas del PCC para culminar la construcción del socialismo.
En la fase correspondiente a la construcción del socialismo se planteaba: “…superar todo tipo de propiedad privada sobre los medios de producción en la economía social y, con ello, la formación de un sistema único de economía en el que solo existan dos formas de propiedad social sobre los medios fundamentales de producción: la estatal y la cooperativa;…”[4] Por otro lado, en la cuestión central del desarrollo económico en los próximos años se subrayaba que: “…no consiste en cuanto crecer, sino en que crecer y cómo crecer…”, enfatizándose en la industrialización y en la profundización de la integración socialista.[5]
Se podían observar muchas similitudes entre este documento y la Plataforma aprobada en 1975, aunque se abría un espacio a la propiedad cooperativa y se enfatizaba que la propiedad social sería preponderante –específicamente- sobre los medios fundamentales de producción.
La vigencia de este último documento se vio limitada por la crisis del Período especial y por las valoraciones que produjo del Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias negativas que se inició en 1986, proceso donde se evaluaron críticamente los errores cometidos en la introducción –entre 1975 y 1985- de una política basada en el cálculo económico, la que tomaba muchos elementos del modelo soviético de gestión vigente entonces.
De tal modo, en el IV Congreso del PCC, celebrado en 1991 se acordó que: “…el Programa no se corresponde cabalmente con los conceptos desarrollados en el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, a partir del 19 de abril de 1986, ya en parte señalados meses antes en el Informe Central al III Congreso.” Y más adelante se concluía “…el IV Congreso del Partido (…) Declara que el programa aprobado por el III Congreso no se ajusta a la realidad actual.”[6]
Durante los años del Período especial –que se inicia el 29 de agosto de 1990- el país debió concentrarse en una estrategia dirigida a resistir el impacto de la crisis al menor costo social posible, al tiempo que la economía cubana se reinsertaba en la economía mundial bajo las nuevas condiciones que suponían la desaparición del socialismo en Europa. En esa situación no sería posible la elaboración de nuevos documentos con el objetivo de examinar conceptualmente la experiencia de la Revolución cubana, aunque sí se elaboró lo que pudiera calificarse como una política de resistencia y sobrevivencia, expresada en los documentos del IV Congreso del PCC de 1991 y en el V Congreso de 1997[7], así como en numerosos discursos del Comandante en Jefe Fidel Castro.
Superados los momentos más críticos del Período especial y tomando en cuenta la necesidad de enfrentar sus secuelas, nuevos conceptos sobre la construcción socialista se elaborarían en los años 2000, bajo las premisas del proceso de lucha ideológica y rediseño de las políticas económicas y sociales que se impulsaron bajo la llamada Batalla de Ideas entre 1999 y 2006. Esa experiencia se expuso en el discurso del Comandante en Jefe Fidel Castro del 5 de diciembre de 2004, donde –en esencia- se abogaba por una gestión estatal liberada de métodos burocráticos y se buscaban soluciones a agudos problemas políticos y sociales por métodos expeditos.[8]
Sin embargo, serios problemas estructurales permanecían sin solución, imposibilitando un crecimiento sostenible que asegurara el desarrollo. Esto se puso dramáticamente de manifiesto cuando la situación económica del país se agravó notablemente bajo el impacto de la crisis en 2008, lo cual llevó a que se analizara por el gobierno cubano la necesidad de emprender cambios sistémicos más profundos en la economía para estabilizar el crecimiento y asegurar el desarrollo del país.
De este modo, la decisión de realizar una transformación esencial de la política económica y social del país se hizo pública por el presidente Raúl Castro en su discurso del 1º de agosto del 2009 ante la Asamblea Nacional al señalar que “…se trata de definir con la más amplia participación popular la sociedad socialista que aspiramos y podemos construir en las condiciones actuales y futuras de Cuba, el modelo económico que regirá la vida de la nación en beneficio de nuestros compatriotas y asegurar la irreversibilidad del régimen sociopolítico del país, única garantía para su verdadera independencia.”[9]
Se iniciaría entonces una nueva etapa en la estrategia de desarrollo y la política económica de la Revolución cubana.
II
Luego de una amplia discusión popular,[10] los Lineamientos[11] aprobados en abril de 2011 por el VI Congreso del PCC implicaron un grupo de transformaciones fundamentales en la política económica y social del país dirigidas a superar las limitaciones impuestas por el Periodo especial y también aquellas asociadas al modelo económico cubano vigente durante los primeros 30 años de la Revolución.
Aún cuando la elaboración de los Lineamientos no estuvo precedida de una conceptualización formalizada en un documento, de hecho en los mismos se expresó implícitamente un cambio conceptual importante a nivel de la estrategia económica para esta nueva etapa. Se pasó así de una estrategia de resistencia frente a la crisis y reinserción en las nuevas realidades económicas, que primó desde 1990, a otra de mayor complejidad, que se caracterizaría por la creación de condiciones para un desarrollo sostenible a mediano plazo.
De este modo, en la formulación de los Lineamientos se subrayó la necesidad de actualizar el modelo socialista, y los mismos llevaron implícitamente a la introducción de un grupo de tesis que incluían una interpretación novedosa o diferente de algunos principios que se venían aplicando en la construcción del socialismo en Cuba, tomando en cuenta la experiencia acumulada a lo largo de 50 años de Revolución.
En los Lineamientos se reconoció en primer lugar, un mayor espacio a las relaciones monetario-mercantiles y a la propiedad no estatal en el sistema de dirección de la economía, en el que –no obstante- predominaría la planificación.
Esta decisión dio cuenta de una realidad objetiva y superaba consideraciones anteriores sobre la preponderancia de una sola forma de propiedad social, tomando en consideración el insuficiente nivel de desarrollo que había alcanzado el país y la imposibilidad de que una gestión de la economía socialmente más eficiente transcurriera con un elevado nivel de centralización y únicamente bajo la propiedad estatal.[12] Por otro lado, se precisaba concentrar los esfuerzos del sector público en la promoción de los sectores donde se encuentra el mayor potencial de desarrollo económico y donde se concentran los medios fundamentales de producción.
No obstante se correrían riesgos, ya que aunque eran explícitos los propósitos de no desarrollar un modelo capitalista, debían adoptarse medidas efectivas que permitieran reconocer y neutralizar las negativas consecuencias del mercado en una economía socialista.
En segundo lugar, se reitero el papel fundamental de la propiedad estatal como el elemento motriz fundamental del desarrollo, al tiempo que se definió un nuevo espacio para la gestión de la propiedad privada, la cooperativa y la propiedad mixta, aunque los límites de la propiedad no estatal se precisarían posteriormente de forma gradual.
En tercer lugar, se promovió la separación entre las funciones estatales y empresariales, unido a la descentralización de la gestión económica de las entidades públicas a favor de las empresas y territorios, asegurando la participación de los trabajadores en la misma.[13]
Por último, en las transformaciones previstas se otorgo un mayor peso al consumo personal en los mecanismos de estimulación, en tanto que se racionalizaba el consumo social, especialmente en lo referido a los subsidios generalizados y las gratuidades indebidas, asegurando –al mismo tiempo- la equidad y la solidaridad social, proceso que ha probado ser de elevada complejidad.[14]
A partir del análisis de la situación económica del país y de las premisas conceptuales implícitas en los cambios a proponer, los Lineamientos definieron las soluciones a alcanzar a corto plazo como aquellas encaminadas a resolver el déficit de la balanza de pagos, la eficiencia económica, la motivación por el trabajo y la distribución del ingreso, así como la creación de condiciones estructurales y productivas para el desarrollo.
A más largo plazo las soluciones deberían comprender una alta autosuficiencia alimentaria y energética, un uso eficiente del potencial humano, una elevada competitividad en las producciones tradicionales y el desarrollo de nuevas producciones de alto valor agregado.[15]
En síntesis, la lógica esencial para el avance económico y social del país a corto/mediano plazo suponía reducir hasta eliminar el déficit financiero externo –en primer lugar mediante la renegociación y pago de la deuda externa-, como elemento clave para incrementar la inversión extranjera directa, a un nivel tal que permitiera aumentar aceleradamente la productividad del trabajo y con ello crear las condiciones indispensables para incrementar la retribución al trabajo y los ingresos de la población, con vistas a elevar su nivel de vida, todo ello conjugado con la necesaria formación de valores éticos y políticos en los ciudadanos.
Transformaciones de esta naturaleza demandaban necesariamente un periodo de tiempo largo, aunque en no pocos casos, esta premisa no se tuvo en cuenta adecuadamente en las proyecciones de los Lineamientos para el periodo 2011-2016. Probablemente ello se debió en parte a la presión para encontrar soluciones más rápidas a problemas presentes durante muchos años por diversas circunstancias y también por errores de apreciación en los procesos de planificación.
El nivel de ejecución de los Lineamientos aprobados en 2011 arrojo hasta abril de este año un cumplimiento del 21% de los 313 previstos, con un 77% en proceso de ejecución y un 2% que no se han ejecutado.[16]
Los mayores avances se alcanzaron en la reducción del desbalance financiero externo y en la creación de condiciones jurídicas y organizativas favorables para la aplicación de la política fiscal y la referida al tratamiento de la inversión extranjera, así como en el reconocimiento al papel que puede jugar la propiedad privada y cooperativa en el desarrollo de la sociedad. También se inicio el proceso de reestructuración del sector empresarial estatal en su primera etapa y se redujo el subempleo en las empresas públicas. No obstante, dificultades de diversa naturaleza provocaron que el crecimiento logrado entre 2009 y 2015 solo alcanzara un 2,8% promedio anual.
En el ámbito de las relaciones sociales, se produjo un cambio sustancial en la política migratoria del país mediante una nueva legislación más flexible aprobada en 2013, mientras que se mantuvieron los indicadores alcanzados en los servicios de salud y educación, aunque también se enfrentaron dificultades. Tampoco se pudo neutralizar el impacto negativo de diversas medidas, lo que conllevo a un aumento en la desigualdad en la distribución del ingreso, una reducción de la cobertura de la asistencia social y a una disminución en el ritmo de solución del déficit habitacional y del transporte de pasajeros.
En el Informe Central al VII Congreso del PCC, celebrado en abril de este año el presidente Raúl Castro destaco como problemas en la implementación de los Lineamientos la no valoración de los niveles de riesgo, así como de los costos y beneficios de determinadas medidas y alerto sobre la necesidad de rectificar cuando los efectos no son los deseados, entre los aspectos de mayor importancia.[17]
Notas
[1] PCC (1976) “Plataforma Programática del Partido Comunista de Cuba. Tesis y Resolución” Departamento de Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La Habana, 1976.
[2] Ibid. pp. 58 y 59.
[3] PCC (1986) “Programa del Partido Comunista de Cuba” Editora Política, La Habana, 1986.
[4] Ibid. p. 75.
[5] Ibid. p. 79.
[6] PCC (1992) “IV Congreso del Partido Comunista de Cuba. Discursos y documentos” Editora Política, La Habana, 1992 (pp. 127 y 137).
[7] Ver PCC (1997).
[8] Ver Castro (2004)
[9] Ver de Raúl Castro (2015)
[10] Producto de esta discusión se modifico el 68% de los lineamientos contenidos en el proyecto original.
[11] Ver PCC (2011).
[12] La existencia de las relaciones monetario-mercantiles en el socialismo se basa en el aislamiento económico relativo entre los productores que –producto del bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas- no pueden expresar directamente el carácter social de su trabajo y requieren de un mercado para hacerlo.
[13] En los Lineamientos no resultaron explícitos los mecanismos de participación y diversos autores señalaron la necesidad de que se transitara a una forma de gestión participativa. Ver Fernández (2012); Espina (2012); García et. al. (2012) y Piñeiro (2012).
[14] Ver el análisis de Zabala (2013) y Espina (2012 y 2015).
[15] Ver PCC (2011, p. 10).
[16] Ver Rodriguez (2016)
[17] Ver Castro (2016).
Bibliografía
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(Continuará)
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