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jueves, 15 de abril de 2021

La derrota del progresismo en Ecuador



Alfredo Serrano y Sergio Pascual analizan la derrota electoral del correísmo en Ecuador y destacan varios elementos que el progresismo latinoamericano no ha de perder de vista en sus propios procesos electorales y políticos.

15 ABRIL, 2021

Luego de una derrota, siempre se suscita un gran interés por la búsqueda de culpables. Sin embargo, más que nombres y apellidos, lo que realmente sirve es entender las múltiples aristas de un proceso político tan complejo como el ecuatoriano. He aquí algunas variables para comprender por qué Andrés Arauz perdió contra Guillermo Lasso (47,5 % vs. 52,5 %).

  1. Tal como escribimos al terminar la primera vuelta, las movilizaciones de octubre del 2019 (en contra de las medidas FMI del Gobierno de Lenín Moreno) siguen dejando una huella imborrable en el tablero político en Ecuador: lo ha reordenado con evidentes consecuencias electorales. El movimiento indígena se constituye como sujeto, relevante en lo político y competitivo en lo electoral. Más allá de la heterogeneidad al interior del mismo y de las grandes divergencias existentes en la dirigencia, hoy en día es la segunda fuerza en la Asamblea y su candidato presidencial, Yaku Pérez, se quedó a 30 mil votos de pasar a segunda vuelta. Esto también ha tenido su correlato en el ballotage: llamaron al voto blanco/nulo y lo lograron (casi 2 millones de votos blancos/nulos). Todo lo que suceda en el Ecuador a partir de ahora, sí o sí, tendrá que tener en cuenta lo que ocurra en el seno del movimiento indígena y, por supuesto, en lo que pueda suceder en la próxima elección a inicios del mes de mayo a la Presidencia de la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas). No será lo mismo si gana Yaku Pérez que si lo hace Leonidas Iza. Si gana el segundo, entonces, Lasso tendrá una férrea oposición en el sector indígena.
  2. La campaña importó. Y el debate presidencial también. El “Andrés, no mientas otra vez”, que Lasso le espetara a Arauz en pleno debate fue efectivo en clave de “meme drop” simpático y pegadizo, que detrás de su aparente frivolidad escondía una acertada estrategia: cercenar la credibilidad de Arauz. Además de ese eje, Lasso logró mostrarse como lo que no es. Apenas dedicó tiempo a sus propuestas. Evitó cualquier posibilidad de dispersión en sus mensajes (fue repetitivo hasta aburrir). Centró toda su atención en “pescar” a la mayoría del electorado de Hervas (quien había sacado 16 puntos en primera vuelta) y a parte de lo que habían alcanzado los otros candidatos (13 puntos). Y lo logró. A eso hay que añadir que le agregó una mayor dosis de épica a su campaña, en base a la “remontada”. Esto contrastó con la campaña de Andrés, más plana y confiada, y que tuvo dos defectos: por un lado, creyó que la línea de meta se alcanzaba después de superar todos los obstáculos para llegar a inscribir la candidatura (por todo lo sufrido hasta entonces) en vez de haberla considerado como punto de partida; y, por otro lado, el inesperado resultado de primera vuelta los tuvo más de un mes paralizados. Un tiempo perdido que nunca es fácil de recuperar en una campaña electoral tan competitiva.
  3. Un frente es únicamente un frente real cuando está compuesto por diferentes partes; no se puede formar pareja con uno mismo. El correísmo lo intentó, pero en ningún momento lo pudo materializar. Desde primera hora esta idea, la necesidad de ampliar, no fue del todo genuina y sincera. La resaca de la traición de Lenín supuso un freno para la consecución de este objetivo. La desconfianza es siempre adversa al deseo de sumar a nuevos actores. El correísmo acabó siendo el correísmo en su esencia, y eso alcanzó para ser primera fuerza en primera vuelta pero no para ganar en la segunda.
  4. El relevo es una partida no saldada. La sucesión no es una cuestión baladí, ni en la vida, ni en la política. Es un asunto que al interior del progresismo latinoamericano en este siglo XXI aún cuenta con poca muestra como para extraer conclusiones robustas. Cada proceso lo hizo a su manera: Cristina con Alberto, Evo con Arce, y en el caso ecuatoriano estábamos en el segundo round, Correa con Arauz. Este es un estadio lleno de complejidades porque no está exento de dialéctica; es pseudogramsciano porque convive un liderazgo consolidado con otro que está en fase de nacer. Si esto tiene lugar en época electoral, entonces, todo se torna aún más difícil. Y no siempre sale bien. Esta vez, a la luz de los votos, no fue lo virtuoso que podría haber sido.
  5. El doble filo del lawfare. Lo hubo. El correísmo lo sufrió hasta el extremo. Correa no pudo presentarse como candidato y le han abierto muchas causas judiciales con y sin sentencia, pero todas ellas sin base alguna. Además, buena parte de sus líderes están exiliados, casi todos ellos perseguidos judicialmente. Todo eso ocurrió, aunque no todo puede ser explicado en base a ese proceso. Si un asunto (en este caso, el lawfare) funge como argumento monopólico, entonces se corre el riesgo de sobredimensionarlo, creyendo que todo, absolutamente todo, puede ser interpretado desde esa óptica. El lawfare existe, sí, es un asunto de gran transcendencia, pero considerado en modo monotema puede llegar a atrofiar la capacidad para advertir lo poliédrico de un fenómeno. (Y, por cierto, un detalle: la ciudadanía, en general, no desayuna lawfare).
  6. El efecto Lenín. Por muy paradójico que parezca, un notable porcentaje de la ciudadanía aún le achaca a Correa la responsabilidad del nefasto Gobierno de Lenín. Es paradójico porque el presidente Lenín cogobernó con Lasso y persiguió sin cesar al correísmo. Sin embargo, hubo una mayoría de electores que asumió que Lenín es, en parte, la “continuidad” del correísmo.
  7. ¿Conocemos a la clase empobrecida? El término “clase media” puede ser útil en un enclave geográfico y momento histórico. Pero no siempre sirve. Si se usa en exceso, es muy probable que se cometa un gran error: no sintonizar con la lógica aspiracional de las mayorías, con sus sentidos comunes, con su lenguaje y sus códigos dominantes. Es probable que algo de esto haya sucedido en Ecuador: Arauz estaba preocupado por esa población pero, en cambio, no logró una conexión con ellos como para permitirle ganar la elección.
Son muchas más variables las que se necesitan para entender por qué la ciudadanía ecuatoriana optó por elegir como presidente a un banquero (medios de comunicación, asimetría en el gasto en pauta publicitaria, etc.). Todas serán determinantes en lo que venga a partir de ahora. Lasso ganó la elección en esta segunda vuelta, pero su futuro estará en gran medida condicionado por si acaba padeciendo “la enfermedad de Macri”, esto es, creerse que su fuerza política es proporcional a los votos obtenidos en segunda vuelta. Confundir votos propios con votos prestados conlleva a una sobreestimación de sí mismo, que hace que se quiera gobernar como si tuviera mayoría. Y no. Lasso es la quinta fuerza en número de escaños en la Asamblea Legislativa, y casi 9 de cada 10 no le votó en primera vuelta (obtuvo sólo el 15 % de votos totales) seguramente porque no quieren un plan de gobierno neoliberal al uso.

miércoles, 14 de abril de 2021

Tensiones políticas en la región

Por Julio C. Gambina

Hubo elecciones en Bolivia, Ecuador y Perú, para gobernaciones en el primer caso y presidenciales en los otros. Los resultados, aun en análisis, con múltiples consideraciones según la orientación ideológica y política del o la comentarista, darán todavía mucho que hablar. Lo cierto es que todo está en movimiento, a izquierda y a derecha del arco político y no sirven consideraciones desde la emoción, sino de la complejidad y la crítica.

Bolivia: es un hecho que creció el desprestigio de un gobierno surgido de un golpe, entre fines del 2019 y del 2020, pero vale discutir cuál es el sentido común instalado entre los electores de ese país, más allá del 2020. El inmenso respaldo electoral al gobierno de Luis Arce, dista de los resultados locales que se dieron en dos elecciones desarrolladas a posteriori. Es un tema para estudios en profundidad sobre la conciencia social, los consensos electorales y los proyectos económicos, políticos y sociales en debate.

Perú: habilita la disputa en segunda vuelta con opciones de baja votación ante la dispersión de fórmulas presidenciales, dando cuenta de una crisis de representación de larga data. Más allá de cualquier caracterización, la contienda ofrece en primer lugar un candidato de la izquierda con antecedentes recientes en la lucha social docente en 2017 y por el otro, un imaginario de derecha con la heredera de un líder golpista asociado a la corrupción, con un legado en medio de la pandemia de gravosas consecuencias sociales.

Ecuador: fue sorpresa y convoca a desapasionados exámenes sobre las valoraciones de la sociedad en el ejercicio del voto. Es que el gobierno actual y saliente tiene origen en la supuesta continuidad del proceso iniciado por Rafael Correa y, sin embargo, ejerció el gobierno con la política más cercana al programa liberal del nuevo ganador, claramente identificado con la derecha y el liberalismo. Las nociones de derecha y de izquierda aparecieron sin nitidez en un debate que exacerba pasiones sobre el contenido de los proyectos civilizatorios de este tiempo.

Es cierto que cada caso tiene especificidad, pero se trata de tres países con fuerte presencia de población originaria, que más allá de largas y centenarias luchas indígenas, es en los últimos años que se hicieron visibles las reivindicaciones de los pueblos originarios para el conjunto de la sociedad. En todos los casos juega la manipulación mediática y de redes, desafiando a la política crítica y por las transformaciones profundas de las relaciones de producción.

Las Constituciones del 2009 en Bolivia y Ecuador, recuperaron visiones históricas relativas al Vivir Bien o al Buen Vivir. Son cosmovisiones que discuten el orden social contemporáneo y recuperan un debate, muchas veces escamoteado, sobre problemas estructurales de las relaciones sociales de producción y entre los seres humanos y la naturaleza.

De hecho, los pueblos originarios tienen identidad previa a las “nacionalidades” construidas en los últimos doscientos años, conmemorados por estas horas como gestas independentistas. La tradición indígena antecede a las nacionalidades actuales, por eso la “plurinacionalidad” es parte constitutiva de un debate del presente, cuestionando una concepción conservadora sobre los modos de organización y representación a futuro.

Nuestras constituciones reconocen la presencia de pueblos originarios, pero subordinados a una lógica civilizatoria dominada por el régimen de propiedad capitalista. Fue la posesión y no la propiedad la forma organizativa precolombina y de luchas por la independencia.

Por ello, junto a lo “plurinacional” emerge el debate por las formas comunitarias de organización económica de la sociedad, precisamente en un momento en que la realidad pandémica devuelve el resultado regresivo de políticas de liberalización y privatización exacerbadas en el último medio siglo.

Recrear propuestas de transformación

Estas cinco décadas son las que estamos evaluando en el presente, ya que, desde la presentación del neoliberalismo bajo la dictadura chilena, y su proyección mundial, Reagan y Thatcher mediante, la realidad de crisis hace evidente la recreación del orden.

Fue la recesión mundial del 2007-09 y la posterior ralentización del crecimiento económico agravado por la pandemia, lo que puso en discusión cómo reorganizar el sistema de relaciones, la economía y la política. Así emergieron en los últimos años las nuevas derechas y las búsquedas de unas izquierdas que habían sido conmovidas con la ruptura de la bipolaridad mundial.

No solo es lento el ritmo de crecimiento económico, objetivo instalado de la “normalidad capitalista”, sino, que es visible el agravamiento de todos los indicadores sociales, especialmente la desigualdad, en tanto empobrecimiento relativo de la mayoría social globalmente considerada.

Es un tema destacado en América Latina y el Caribe, que en la coyuntura se manifiesta con crudeza en el impacto del COVID19, ahora en una segunda ola que afecta a países que hasta hace poco parecían alejados del flagelo que acosa a la humanidad.

La región latinoamericana y caribeña no es la más pobre del mundo, pero si la más desigual. Es un tema derivado de su fuerte inserción colonial primero y luego dependiente del capitalismo hegemonizado por Europa y EEUU en los dos últimos siglos, los años de la “independencia” que conmemoramos en nuestro tiempo.

Si la región fue sustancial en el origen del capitalismo, descubrimiento y conquista mediante, en la actualidad se profundiza el papel de proveedor de recursos e insumos estratégicos para la producción dominada por las transnacionales.

Las tensiones políticas actuales en la región se asocian a la búsqueda de un rumbo estratégico, que remite para algunos a la subordinación a las tendencias hegemónicas por la liberalización que sustentan las derechas, mientras que, para otros, se asocia al imaginario de otro mundo posible desde las izquierdas. Un desafío que tiene en Cuba el principal experimento, desde hace una década en actualización del modelo económico.

En definitiva, se discute la base material, económica, de la producción y circulación de bienes y servicios que satisfacen las necesidades sociales, al tiempo que contemplen la defensa de los bienes comunes y la naturaleza.

Las luchas continentales en nuestros territorios tuvieron tradición anti colonial y luego antiimperialista, con un momento de relativa mejora en las condiciones de vida en tiempos de la industrialización, entre los 50/70 del Siglo XX, agotada con la novedad neoliberal que avanzó en todo el continente y que hoy está en crisis.

Son los límites estratégicos de un nuevo proyecto integral para nuestra sociedad y para la humanidad lo que genera las sorpresas, tensiones y debates de nuestro tiempo, y que nos convocan al despliegue de un pensamiento crítico que recree un objetivo civilizatorio para resolver las insatisfacciones actuales.

Buenos Aires, 13 de abril de 2021


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Julio C. Gambina
Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
Montevideo 31, 2º Piso CP 1019ABA. Ciudad de Buenos Aires.
Teléfono: (54 11) 4551 6869 / 4381 5574 
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viernes, 11 de octubre de 2019

ECUADOR: REACCION SOCIAL FRENTE A POLITICAS DE AJUSTE APLICADAS EN EL MARCO DEL ACUERDO CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.


Dra. Wilma Salgado (wsalgadot@gmail.com)

El gobierno del Presidente Lenin Moreno ha venido aplicando políticas de ajuste del gasto y de la inversión pública, en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) suscrito con el Fondo Monetario Internacional en febrero del 2019, políticas que han afectado a las clases medias y a las clases populares. Estas políticas han lanzado a estos sectores de la población hacia la pobreza y la miseria, al tiempo que han beneficiado a empresas trasnacionales, a los bancos  y los grandes grupos económicos en general.

En el marco de las negociaciones con el FMI, el actual gobierno dictó una ley, irónicamente denominada “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal”, vigente desde agosto del 2018, mediante la cual se reinstauró en el país la política neoliberal para la reducción del déficit fiscal y de la deuda pública, fijadas como prioridades nacionales. En dicha ley se contempló la remisión de intereses, multas y recargos por obligaciones pendientes de pago con varias instituciones del Estado: Servicio de Rentas Internas (SRI), gobiernos autónomos descentralizados, Superintendencia de Compañías, Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas,  empresas públicas e incluso con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS

 A la fecha en que entró en vigencia dicha Ley, el sector privado debía al Estado, solamente por impuestos no pagados al SRI, US $ 4.291,1 millones de dólares, -sin considerar intereses-, cifra superior al monto del crédito aprobado por el FMI. Luego del acuerdo suscrito con dicho organismo, los desembolsos de este crédito –de 4.200 millones de dólares- se irán realizando en cuotas, luego de la evaluación del cumplimiento por parte del país de las condiciones que dicho organismo impone.

La lista de grandes beneficiarios de la remisión estuvo encabezada por empresas petroleras y de energía: Andes Petróleum Ecuador LTD adeudaba 396.2 millones de dólares, de los cuales se le perdonarían 228.3 millones; Oleoducto de Crudos Pesados, OCP, debía 347.7 millones y se le perdonarían 194.4 millones; Consorcio Petrolero Bloque 16, debía 141.6 millones y se le perdonarían 78.7 millones; AGIP OIL Ecuador debía 96.1 millones y se le perdonarían 61.5 millones; Repsol Ecuador S.A. debía 93.7 millones y se le perdonarían 52.2 millones, entre las más grandes. En segundo lugar, por el monto de la remisión, se encuentra una trasnacional telefónica, OTECEL S.A. que debía 78.4 millones y se le perdonarían 38.9 millones; sigue la Exportadora Bananera Noboa S.A., que debía 71.1 millones y se le perdonarían 41.2 millones.

También hay bancos privados: Banco Pichincha debía 39.6 millones y se le perdonarían 18.3 millones; Banco de la Producción S.A. Produbanco, debía 29.3 millones y se le perdonarían 14.9 millones; Banco de Guayaquil debía 6.3 millones y se le perdonarían 3.9 millones. Vale precisar que la lista de beneficiarios, sólo toma en cuenta a las deudas con el SRI. Entre ellos se incluye también a la empresa ODEBRECHT, que debía 11.8 millones y se le perdonarían 4.5 millones; y, al señor Alex Bravo, ex gerente de Petroecuador, poseedor de cuentas en paraísos fiscales, actualmente en prisión, quien debía 6.3 millones y se le perdonarían 3.9 millones. [1]Igualmente cabe recordar que los actos de corrupción asociados con operaciones de la empresa Odebrecht, así como con sus cómplices y beneficiarios aún no han sido juzgados en  Ecuador, lo que marca una diferencia flagrante con lo que ocurre, por ejemplo en Perú.

Luego de la aplicación de las remisiones, el SRI reportó que las recaudaciones ascendieron a 1268 millones de dólares[2], pero no explicó qué pasó con los más de 3.000 millones restantes, cifra que duplica el monto que el gobierno estima recaudará por los subsidios a los combustibles, gasolina extra y diésel eliminados desde el 1 de octubre 2019 -1.300 millones de dólares-[3].

Se desconoce el monto al que ascendieron el resto de remisiones contempladas en la mencionada ley con otras instancias públicas. Tampoco se cuenta con información sobre el monto al que habría ascendido el sacrificio fiscal por las exoneraciones de impuestos contempladas en la misma Ley, lo que evidencia la absoluta falta de transparencia que caracterizó a la aprobación de dicho cuerpo legal y de sus reales alcances.

La Asamblea aprobó esta Ley sin siquiera solicitar esa información mínima, con los votos de Alianza País (movimiento formado por el ex presidente Rafael Correa, luego de que se retiraron los partidarios del ex presidente y se quedara la fracción de asambleístas morenistas) y el Partido Socialcristiano.

Mientras los grupos económicos más poderosos del país se beneficiaron de remisiones y exoneraciones tributarias, el actual gobierno ha venido tomando medidas para financiar el déficit fiscal, en el marco del acuerdo suscrito con el FMI, que afectan a la clase media y a los sectores populares.

Condicionalidad en el acuerdo con el FMI: peor que Argentina

En el Memorando de Políticas Económicas y Financieras se detalla el “programa de políticas públicas para los próximos tres años”, que incluye metas de reducción del déficit fiscal y de la deuda pública, mucho más drásticas que las metas acordadas por el FMI con Argentina.

Meta de reducción del peso de la deuda pública sobre el PIB:
·         Caso Argentina: 55.8% del PIB en tres años, (2021)[4],
·         Caso Ecuador: 40% del PIB  en tres años[5], (2022), con un peso cercano al 60% del PIB en el año 2018.
Meta de reducción del déficit fiscal:
·         Caso Argentina: desde un déficit fiscal primario en el año 2018, del 2.7% del PIB, teniendo dos años para eliminarlo, lo que equivale a una reducción del 1.35% por año,
·         Caso Ecuador, desde un déficit fiscal primario estimado en 7% del PIB en el año 2018 (sobre-estimado en el momento de la negociación con el FMI), debería eliminarlo en tres años, esto es una reducción del 2.3% del PIB cada año.

Para reducir el peso de la deuda pública y del déficit fiscal, en el marco del acuerdo con el FMI, el gobierno ha venido aplicando medidas para reducir el gasto e inversión pública, despidiendo empleados públicos, eliminando subsidios y reduciendo la inversión de una manera drástica (caída acumulada desde el año 2016  del 75%, pasando de 6.104 millones de dólares en el año 2016[6], a 773 millones a julio 2019, es decir unos 1500 millones de dólares en el año 2019).  

El último paquete de medidas anunciado por el Presidente Moreno, el 1 de octubre 2019, incluyó la eliminación de los subsidios a la gasolina extra y al diésel, cuyos precios se incrementarían en 24%. En el caso de la gasolina extra pasa de 1-85 dólares por galón, a 2-3 dólares), mientras el precio del diésel Premium se incrementaría en 119% (pasando de 1-037 dólares por galón, a 2-27 dólares)[7]. Con esta medida, el gobierno espera recaudar 1.300 millones de dólares en un año.

Además de la eliminación de los subsidios a estos combustibles, las medidas anunciadas incluyeron un amplio paquete de nuevas reducciones arancelarias a las importaciones de materias primas y bienes de capital para el sector agrícola e industrial; bajar impuestos a la importación de vehículos valorados en menos de 32 mil dólares, eliminar el anticipo del impuesto a la renta que pagaban las empresas, suprimir los impuestos a la importación de bienes tecnológicos: celulares, computadoras, tabletas; bajar a la mitad los impuestos a la salida de divisas para importación de materias primas y bienes de capital; reducción del 20% de las remuneraciones en renovación de contratos de empleados públicos; aumento del número de beneficiarios del bono de desarrollo humano; créditos al 4.99% para el plan de vivienda casa para todos, entre las medidas más importantes[8].

Medidas de Moreno afectan proporcionalmente a los sectores más pobres

Pero la medida de mayor impacto sobre el ingreso de los sectores más empobrecidos, constituye la eliminación de los subsidios a los combustibles. Esto por encima de las condiciones en que los ecuatorianos ya veníamos afectados por el estancamiento económico y la competencia de productos importados, sobre todo procedentes de los vecinos países Colombia y Perú, cuyas monedas se han devaluado en los últimos meses. Las provincias fronterizas, en particular la provincia de El Carchi, en la frontera con Colombia, venía reclamando medidas de apoyo por parte del gobierno para superar una profunda crisis económica, recurriendo incluso a medidas de hecho (paro provincial, manifestaciones, cierre de carreteras).

La reacción social frente al “paquetazo”, fue inmediata, en particular por parte de los sectores organizados: transportistas, movimiento indígena, organizaciones de trabajadores y organizaciones sociales en general.

El acuerdo con el FMI contempla también, los siguientes elementos:
·         El traspaso de negocios rentables desde el Estado ecuatoriano al sector privado, y en consecuencia, descapitalización y pérdida de esos ingresos a futuro, deteriorando las finanzas públicas,
·         Mayor apertura comercial, mediante el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico, negociación de Tratados de libre comercio con Estados Unidos y hasta con China,
·         Amplias reformas laborales, buscando precarizar el ya debilitado mercado laboral,
·         Reforma tributaria, para aumentar los impuestos indirectos que castigan a los sectores más desprotegidos de la sociedad, profundizando la regresividad en la tributación. Esto en lugar de corregirla incrementando el impuesto a la renta de los sectores más pudientes; y,
·         Mayor liberalización financiera, eliminando el impuesto a la salida de divisas y permitiendo una mayor elevación de las tasas de interés de usura que actualmente rigen. Las tasas de interés fijadas por la autoridad monetaria bordean el 25% anual, en el caso de los créditos a los microempresarios, a pesar de ser una economía dolarizada, sin riesgo de inflación, ni de devaluación. Por cada 1% de interés que cobra el sistema financiero, extrae del conjunto de la economía, 422 millones de dólares, tomando en cuenta el saldo del crédito al sector privado al 31 de julio 2019[9]. Esto significa que con 3% de interés, la banca extrae 1266 millones de dólares, cifra cercana a los 1.300 millones estimados por el gobierno como subsidios a la gasolina y al diésel. Una reducción del 4% de las tasas de interés, equivaldría a una inyección de 1.688 millones de dólares en la economía. O un impuesto a los excesivos márgenes de intermediación financiera, podría reportar al Estado un ingreso superior a los 1.300 millones de dólares que espera recaudar por la eliminación de los subsidios a la gasolina extra y al diésel.

Mientras por cada 1% de interés que recauda el sistema financiero, recauda 422 millones de dólares en un año,  el gasto del gobierno en Desarrollo Agropecuario, en los primeros seis meses del 2019, ha ascendido apenas a 53 millones de dólares, lo que significa que en el año completo, la cifra bordearía los 106 millones de dólares. Esta cifra equivale a la cuarta parte de los 422 millones de dólares que el sistema financiero obtiene por cada 1% de los intereses que cobra.

El sector agropecuario es muy importante como fuente de generación de empleo. El 28.3% de la población ocupada, se encuentra en este sector".   

En Ecuador está pendiente una profunda reforma financiera, con una drástica reducción de las tasas de interés vigentes, tasas que en todas partes del mundo se reducen cuando se quiere estimular la reactivación productiva.

Receta del FMI provoca estancamiento.

Las políticas implementadas por el gobierno, en el marco del acuerdo con el FMI, han provocado el estancamiento de la economía. El propio FMI prevé un decrecimiento del PIB de -0.5% en el año 2019[10]. El desempleo ha continuado en ascenso (tasa de empleo adecuado apenas el 37.9%[11] de población económicamente activa, esto es con salarios superiores al básico y beneficios laborales, a junio 2019). La incidencia de pobreza ha crecido, pasando de afectar al 35.3% de la población en diciembre 2014 (5.6 millones de pobres de una población de 15.9 millones), al 43.8%[12] a junio 2019. Es decir 2 millones adicionales de pobres, ascendiendo a 7.6 millones de ecuatorianos en condición de pobreza, de una población total de 17.3 millones de habitantes.

Las políticas del FMI, continúan orientadas  a favorecer los intereses de los países acreedores de la deuda pública, mediante los siguientes objetivos:

·         Generar excedentes en países deudores y transferirlos a los países acreedores, mediante políticas de reducción del déficit fiscal y del peso de la deuda pública sobre el PIB cuya carga recae sobre la clase media y las clases populares,
·         Ampliar opciones de negocios rentables para el capital extranjero, y para el capital nacional aliado del capital extranjero, mediante la privatización de empresas y activos públicos rentables,
·         Ampliar mercados para exportaciones de países desarrollados que financian al FMI con sus mayores cuotas, mediante la promoción de la apertura unilateral. Es decir, sin exigir nada a cambio, colocando en riesgo de quiebra a sectores y empresas que no pueden competir con productos importados, muchos de ellos altamente subsidiados o provenientes de países devalúan sus monedas. Esto en condiciones en que el Ecuador es un país dolarizado.

Las políticas aplicadas en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional no resuelven las crisis fiscales, sino que las agudizan, forzando a las privatizaciones y a la apertura al capital extranjero, mientras profundizan los problemas estructurales de los países en los que intervienen: precarización del mercado laboral, aumento de la pobreza y de la indigencia, mayor concentración del ingreso, desindustrialización y reprimarización de la economía, promoviendo el extractivismo de amplios efectos nocivos sobre el medio ambiente y deterioro de las condiciones de vida de los pueblos donde se aplican sus políticas.



[1] Fuente: “Trole 3. 50 beneficiario de la remisión tributaria: hacer más ricos a los más ricos”. OBSERVATORIO DE LA DOLARIZACION. En https//dolarización.ec/2018/06/21/trole-3-50-beneficiarios-de-la-remision-tributaria-hacer-mas-ricos-a-los-m-as-ricos/
[2] Ver: sri.gob.ec “SRI recaudó más del doble de lo esperado por remisión tributaria”, Enero 15 del 2019
[3] Ver: eluniverso.com “Eliminación de subsidio a gasolina y diésel, entre medidas económicas del Gobierno de Ecuador”. 1 de octubre 2009.
[4] Salgado Tamayo Wilma. “Paquetazo para toda una vida” Ley orgánica para el fomento productivo. En Revista ECUADOR DEBATE NO. 104, Quito/Ecuador/Agosto 2018.
[5] https://bit.ly/2YnejCi Carta del Ministro de Finanzas y la Gerente del Banco Central a la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional del 1 de marzo 2019 y Memorando de Políticas Económicas y Financieras
[6] Ver: Información Estadística Mensual del Banco Central del Ecuador, No. 2010, Agosto 2019, Cuadro 2.2.1 Operaciones del Presupuesto General del Estado, millones de dólares.
[7] Ver: “El nuevo precio de las gasolinas extra y eco país es USD 2,39; el diésel 2 y Premium costará USD 2,30”, Diario El Comercio, 3 de octubre 2019, elcomercio.com
[8] Ver: Lenin Moreno anuncia 6 medidas económicas y 13 propuestas de reforma”, Diario El Comercio, 1 de octubre de 2019, elcomercio.com
[9] Fuente: Información Estadística Mensual del Banco Central del Ecuador, No. 2010, Agosto 2019, Cuadro 1.1.2 Captaciones y crédito del panorama financiero por sectores, millones de dólares (al final del período). Crédito al sector privado, al 31 de Julio 2019, 42.216.4 millones de dólares.
[10] “FMI prevé decrecimiento en Ecuador de 0.5% en 2019 y subida de 0.2% en 2020”, La República, 9 de abril 2019, larepublica.ec
[11] Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, Boletín Técnico No. 03-2019-ENEMDU. ENCUESTA Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), Junio 20191, 4 Componentes del empleo. 1.4.1 Empleo adecuado
[12] Acosta Alberto. “Ajuste del FMI: Cuentas sin cuadrar y una caja de pandora”. https://ecuadortoday.media/2019/08/19/ajuste

lunes, 16 de septiembre de 2019

Las reformas del FMI pueden empeorar la situación: el caso de Ecuador

Por Mark Weisbrot

Cuando las personas piensan en el daño que países de altos ingresos, típicamente liderados por EEUU y sus aliados, causan a la población del resto del mundo, generalmente piensan en la guerra. Cientos de miles de iraquíes perdieron la vida como resultado de la invasión de 2003, y muchos más murieron luego, a medida que la situación en la región fue recrudeciendo.

Pero los países ricos también tienen un importante poder sobre la vida de miles de millones de personas a través del control que poseen sobre las instituciones de gobernanza global. Una de ellas es el Fondo Monetario Internacional. Tiene 189 países miembros; sin embargo, Estados Unidos y los países ricos aliados, tienen una mayoría sólida de votos. El jefe del FMI es, por costumbre, de nacionalidad europea; y Estados Unidos por sí mismo tiene suficientes votos como para vetar muchas decisiones de gran envergadura, aunque los países ricos casi nunca votan unos contra otros.

Echemos un vistazo a un préstamo reciente del FMI para ver cómo opera el problema. En marzo, Ecuador firmó un acuerdo por el que pidió prestado $4.2 mil millones al FMI por un periodo de tres años, siempre y cuando el Gobierno se adhiriese a un programa económico determinado por el acuerdo. En palabras de Christine Lagarde ―la directora gerente del FMI en ese momento― este fue “un programa integral de reformas destinado a modernizar la economía y allanar el camino para un crecimiento fuerte, sostenido y equitativo”.

¿Pero es así? Lo primero que debe notarse es que el programa exige un ajuste enorme del presupuesto nacional ecuatoriano, alrededor del 6% del PIB en los próximos tres años (para hacernos una idea, esto es como si el presupuesto federal de Estados Unidos tuviera un ajuste de $1.4 billones, conseguido a través de una combinación de recortes de gastos y aumento de impuestos). En Ecuador esto incluye el despido de decenas de miles de empleados del sector público, el aumento de impuestos que recaen desproporcionadamente sobre la población pobre, y recortes a la inversión pública.

El impacto general de este gran ajuste fiscal será empujar a la economía hacia una recesión. El FMI proyecta una recesión relativamente leve hasta el próximo año; pero es probable que sea mucho más profunda y prolongada, como suele ocurrir cuando se opera bajo los programas del FMI. El desempleo aumentará ―incluso las proyecciones del programa del FMI lo reconocen― y también lo hará la pobreza.

Una razón por la que probablemente la situación será mucho peor que lo proyectado por el FMI es que el acuerdo se basa en suposiciones que no son creíbles. Por ejemplo, el FMI proyecta que habrá una entrada neta del sector privado extranjero en la economía de $5.4 mil millones (alrededor del 5% del PIB) de 2019 a 2022. Pero si miramos los últimos tres años, hubo una salida de $16.5 mil millones (17% del PIB). ¿Qué haría que los inversores extranjeros repentinamente estén mucho más entusiasmados por llevar su dinero a Ecuador? Ciertamente, no lo hará la recesión que también pronostica el FMI.

Hay otros supuestos inverosímiles e incluso algunos que proceden de errores de contabilidad, y lamentablemente todos van en la misma dirección. Parece poco probable que la “austeridad expansiva” del programa ―una estrategia que casi nunca funciona― convierta a Ecuador en una excepción mundialmente famosa, donde la economía crezca a medida que la demanda agregada se reduzca.

El programa también busca remodelar la economía en formas que para muchos ecuatorianos parecerían tener un carácter político. Harán que el Banco Central sea más autónomo; los bienes públicos serán privatizados; y la legislación laboral será reformada de manera que otorgue a los empleadores un mayor poder sobre los trabajadores. Algunos de estos cambios ―por ejemplo, la disociación del Banco Central de otras decisiones gubernamentales― dificultarán aún más la recuperación económica.

Todo esto tiene lugar bajo un Gobierno que si bien fue elegido en 2017 en una plataforma de supuesta continuidad, ahora busca revertir las reformas políticas de la década anterior. Estas reformas fueron, si nos basamos en indicadores económicos y sociales, bastante exitosas. La pobreza se redujo en un 38% y la pobreza extrema en un 47%; la inversión pública ―incluidos hospitales, escuelas, carreteras y acceso a energía eléctrica― se duplicó como porcentaje de la economía. Pero el Gobierno anterior era un Gobierno de izquierda con mayor independencia de Estados Unidos, como cuando, por ejemplo, cerró la base militar estadounidense en su territorio.

Ya pueden imaginarse cómo pinta el panorama, tomando en cuenta que ahora el Gobierno de Trump ha adquirido un enorme poder sobre Ecuador no solo a través del préstamo del FMI de $4.2 mil millones, sino también de los otros $6 mil millones en préstamos para el país otorgados por instituciones multilaterales con sede en Washington, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (esto representa aproximadamente el 10% del PIB anual ecuatoriano, equivalente a más de $2.1 billones en el caso de Estados Unidos).

En realidad, ni tenemos que imaginar mucho, ya que el nuevo presidente, Lenín Moreno, se ha alineado con la política exterior y económica de Trump en la región. Al mismo tiempo, su Gobierno está persiguiendo a su predecesor presidencial, Rafael Correa, con acusaciones falsas que incluso Interpol no respaldará con una orden de captura internacional. Otros líderes de la oposición huyeron del país para evitar la detención preventiva ilegal (en el caso del excanciller Ricardo Patiño, por pronunciar un discurso que no le gustó al Gobierno).

Dado que Washington controla la toma de decisiones del FMI para este hemisferio, el Gobierno de Trump y el FMI están implicados en la represión política en Ecuador, así como en el intento más amplio de reconvertir la economía y las políticas del país en lo que a Trump y Pompeo les gustaría ver, pero por la que la mayoría de ecuatorianos no votaron.

Todo esto proporciona aún más razones para que haya una reforma seria en el FMI, comenzando por convertirlo en una institución más multilateral, como pretende ser. En los últimos 20 años, el Congreso de Estados Unidos —que se encarga de aprobar los aumentos de fondos para el FMI— ha intervenido en contadas ocasiones para eliminar algunos abusos. Por ejemplo, a principios de la década del 2000, millones de niños pobres en África obtuvieron acceso a la educación primaria y a la atención médica porque el Congreso de EEUU impidió que el FMI y el Banco Mundial exigieran a los gobiernos el cobro de tarifas a los usuarios de estos servicios básicos; algo que estas instituciones habían estado haciendo por años.

Es casi un hecho que en las próximas semanas el FMI elegirá un nuevo europeo, rico y blanco, para dirigir la institución. Los miembros progresistas del Congreso, preocupados por lo que la política exterior de Estados Unidos le hace al resto del mundo, deberían intervenir exigiendo algunas reformas.

Traducción por Francesca Emanuele.

Este artículo fue publicado por Página/12 el 16 de septiembre de 2019. Una versión de este artículo fue publicada en inglés por The Guardian el 27 de agosto de 2019. Si el texto a continuación aparece distorsionado, por favor pulse aquí para una versión sin errores de formato. Para ver la versión original en inglés, por favor pulse aquí. Si desea publicar este artículo, por favor infórmele a CEPR respondiendo a este mensaje. Si este correo electrónico fue enviado a usted por un tercero, suscríbase a las listas de correo electrónico de CEPR.

Mark Weisbrot es codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, DC. También es autor del libro "Fracaso. Lo que los 'expertos' no entendieron de la economía global" (Akal, Madrid, 2016).

CEPR es un centro de investigación independiente y no partidario, establecido para promover el debate democrático sobre los temas económicos y sociales más importantes que afectan el diario vivir de las personas.

Nuestro gabinete de asesores incluye a dos Premios Nobel de Economía Robert Solow y Joseph Stiglitz; Janet Gornick, profesora en la facultad de Maestría de CUNY y directora del Estudio de Ingreso de Luxemburgo; y Richard Freeman, profesor de economía en la Universidad de Harvard.

"El Centro de Investigación en Economía y Política es un recurso vital y excepcional. El trabajo que hace CEPR es un componente esencial y necesario de la estrategia general para que Estados Unidos se dirija hacia la justicia económica sostenible".

—Mario Solis Marich, periodista




martes, 28 de marzo de 2017

Las preocupantes actividades financieras de un candidato presidencial ecuatoriano

Por Mark Weisbrot

Mientras el Ecuador se dirige a la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales el 2 de abril, ha surgido un nuevo escándalo alrededor de los negocios financieros del candidato de oposición Guillermo Lasso. Las acusaciones son serias y extensamente sustentadas en documentos públicos, en su mayoría verificables en sitios web como el Registro Púbico y la Superintendencia de Bancos de Panamá, así como la Superintendencia de Compañías del Ecuador. El periódico que sacó a la luz la historia fue Página/12 de Argentina, con dos artículos de la periodista Cynthia García, publicados en el diario y en su sitio web la semana pasada.

Sin embargo, mientras se escribe este artículo, los principales medios de comunicación internacionales que cubren la elección, así como los grandes medios ecuatorianos de propiedad privada, han pretendido durante una semana que la historia no existe. Esto a pesar que el presidente Correa ha denunciado públicamente a Lasso por sus negocios, llamándolo a renunciar a su candidatura; y que Lasso le ha respondido públicamente sin negar estas acusaciones. Es difícil explicar esta ausencia de reportes desde lo que la mayor parte de la gente consideraría como normas periodísticas.

Es como si los medios estadounidenses e internacionales hubiesen dejado de reportar la controversia en torno a la negativa, por parte de Donald Trump, de publicar sus declaraciones de impuestos durante la elección presidencial de 2016 en los Estados Unidos.

Lasso ha sido descrito habitualmente como un “ex-banquero” que supuestamente se retiró de dichas actividades cinco años atrás. Sin embargo, continúa siendo el principal accionista del banco más grande del Ecuador, el Banco de Guayaquil (mediante un fideicomiso nombrado con sus iniciales, GLM). Evidencia proveniente de las minutas de la junta directiva de la casa matriz del Banco de Guayaquil indican que continúa siendo un importante tomador de decisiones en el banco, del que ha sido presidente ejecutivo por más de 20 años. Esto debería de por sí ser gran noticia en el Ecuador, en donde los intereses de los banqueros dirigieron el país durante los años que precedieron a la elección de Rafael Correa en 2007, y no son ahora tenidos en alta estima al haber sido causantes de una grave crisis económica y financiera en los noventa. Esta crisis empobreció a muchos ecuatorianos y envió a un gran número de personas fuera del país en busca de empleo.

Pero aún hay más. En 2007, el Banco de Guayaquil (BG) creó un banco offshore en Panamá, que fue llamado Banco de Guayaquil Panamá. En 2011, el BG Panamá cambió su nombre a Banisi, y en 2014 BG vendió Banisi a Banisi Holding. Aunque fue registrada por una firma legal, esta compañía de inversiones pertenece a Lasso, lo cual ha sido admitido por él mismo, aunque en papel aparezcan una serie de transacciones que ocultan esta propiedad, del tipo normalmente asociado a banca offshore y a evasión de impuestos. Estas transacciones y manipulaciones involucran a varios miembros y compinches de la familia Lasso.

Lo que hace de esta propiedad maquillada algo tan importante para la elección es que el banco offshore de Lasso en el paraíso fiscal panameño parece operar fundamentalmente con miras a facilitar la fuga de capitales desde el Ecuador. Hay mucha evidencia de aquello, incluyendo el hecho de que cerca de dos tercios de los pasivos de Banisi están por fuera del país; el regulador Panameño autorizó a Banisi a abrir una oficina en Ecuador, y el dominio de su sitio web, así como sus servidores, se encuentran en el banco ecuatoriano de Lasso en Guayaquil.

Lo que es más importante, desde 2014, ha sido ilegal en Ecuador para los bancos y sus accionistas el poseer operaciones bancarias offshore en paraísos fiscales. Así, la propiedad de Banisi por parte de Lasso, de ser demostrada en un tribunal, parecería ponerle al otro lado de la ley.

La cuestión de la fuga ilegal de capitales y los paraísos fiscales es fundamental en Ecuador por muchas razones, y fue votada en un referendo durante la primera vuelta en las elecciones del 19 de febrero. La mayoría de los electores aprobaron una iniciativa electoral estableciendo que a aquellos ecuatorianos que tengan dinero en paraísos fiscales no debería permitírseles el ejercicio de cargos públicos. Este es un problema global, con miles de millones de dólares (incluyendo ingresos tributarios) en países en desarrollo que se pierden a través de la fuga ilegal de capitales, contribuyendo así a la pobreza e inequidad. Y esto tiene especial significación en el Ecuador: primero, por la devastadora crisis económica causada por los banqueros en la década de los noventa y segundo, porque el éxito de la década pasada bajo el gobierno de Correa se debió parcialmente a reformas que gravaron la fuga de capitales, forzando a los bancos a repatriar activos líquidos guardados afuera, así como otras re-regulaciones al sector financiero.

La investigación periodística en torno a las sociedades offshore y actividades bancarias de Lasso genera preguntas adicionales. Los reportajes hasta ahora indican que cerca de 50 compañías asociadas a Lasso han sido identificadas. Algunas de ellas han tenido que ver con el ocultamiento de propiedades bancarias a través de familiares y socios, mientras otras aparecen como ligadas a propiedades inmuebles en Florida.

Pero a pesar de las varias y desconocidas complejidades de las propiedades y transacciones offshore de Lasso, los más importantes hallazgos parecen claros: él aparece envuelto en intereses bancarios que facilitan la fuga de capitales desde el Ecuador. El banco offshore, ubicado en el paraíso fiscal panameño, parece estar en contra de la ley. Estas son serias acusaciones respaldadas por evidencia sólida de público acceso. Los periodistas que cubren la campaña no tienen razón justificable alguna para ignorar este escándalo.


Traducción por Jorge Enrique Forero.



Mark Weisbrot es codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, DC y presidente de la organización Just Foreign Policy. También es autor del nuevo libro "Fracaso. Lo que los 'expertos' no entendieron de la economía global" (Akal, Madrid, 2016).

CEPR es un centro de investigación independiente y no partidario, establecido para promover el debate democrático sobre los temas económicos y sociales más importantes que afectan el diario vivir de las personas.

Nuestro gabinete de asesores incluye a dos Premios Nobel de Economía Robert Solow y Joseph Stiglitz; Janet Gornick, profesora en la facultad de Maestría de CUNY y directora del Estudio de Ingreso de Luxemburgo; y Richard Freeman, profesor de economía en la Universidad de Harvard.

Este artículo fue publicado por The Huffington Post México el 27 de marzo de 2017. Una versión de este artículo fue publicada en inglés por The Hill el 23 de marzo de 2017. Si el texto a continuación aparece distorsionado, por favor pulse aquí para una versión sin errores de formato. Para ver la versión original en inglés, por favor pulse aquí. Si desea publicar este artículo, por favor infórmele a CEPR respondiendo a este mensaje. Si este correo electrónico fue enviado a usted por un tercero, suscríbase a las listas de correo electrónico de CEPR.

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"El Centro de Investigación en Economía y Política es un recurso vital y excepcional. El trabajo que hace CEPR es un componente esencial y necesario de la estrategia general para que Estados Unidos se dirija hacia la justicia económica sostenible".

—Mario Solis Marich, presentador del programa “The Mario Solis Show” en Progressive Talk Radio