Fidel


"Peor que los peligros del error son los peligros del silencio." Fidel Castro Ruz

domingo, 25 de septiembre de 2016

Bahama Leaks: desnudan lavado fiscal de Pinochet, Aznar, Macri, Fox y Calderón

Alfredo Jalife-Rahme, La Jornada

Los máximos promotores del desahuciado neoliberalismo en Latinoamérica emergen en el blanqueo de paraísos fiscales desde las islas Caimán, pasando por Panamá hasta Bahamas.

El neoliberalismo de Latinoamérica expele su insoportable hediondez en varios paraísos fiscales desde las cuentas de 2 mil 642 mexicanos entre los 100 mil blanqueadores de la lista Falciani (los SwissLeaks) de HSBC/Suiza (https://goo.gl/3i0dwb) hasta “Los papeles de Panamá de Vargas Llosa (https://goo.gl/KnRc70)”.

Se han filtrado datos de 175 mil sociedades opacas y 1.3 millones de documentos en el paraíso fiscal de Bahamas (https://goo.gl/QpPPdJ), en los que resaltan Meritor Investment Ltd y Ashburton Company Ltd, del dictador chileno general Augusto Pinochet Ugarte, su hijo Marco Antonio, así como la participación del presidente argentino, Mauricio Macri, su padre Francisco y su hermano Mariano con el Grupo Sogma (https://goo.gl/mctsbT), al unísono de 431 mexicanos hasta ahora “intocables (https://goo.gl/BaMS3y)”.

También asoma el fugaz ex presidente argentino Fernando de la Rúa con dos sociedades, Furia Investment Holdings Inc y Bonds Cay Development Bahamas Ltd. El zelote neoliberal Macri ya había sido desnudado con sus empresas Fleg Trading y Kagemusha SA por los explosivos papeles de Panamá (https://goo.gl/3HlEBX).

The Irish Times comenta que “los datos de Bahamas Leaks, cuando se cotejan con los papeles de Panamá, proveen una fresca introspección a las tratativas offshore de políticos, criminales (sic) y ejecutivos, así como los banqueros y abogados que ayudan a mover el dinero (https://goo.gl/TqXtyu)”. Nicholas Shaxson, autor de Las islas del tesoro: paraísos fiscales y los hombres que roban al mundo(http://treasureislands.org/), fustiga que Bahamas se encuentra a la par con Panamá en términos de su sed y su tolerancia para el dinero sucio (sic).

Mossack Fonseca, con sede en Panamá, con 20 mil (sic) entidades en Bahamas, forma parte del mefítico grupo.

El portal Critica.com.pa glosa que “los archivos de Bahamas revelan detalles sobre las actividades offshore de primeros ministros, ministros de gabinete, príncipes y delincuentes convictos (https://goo.gl/DNkfbE)”.

Nada nuevo sobre el impulsor del neoliberalismo en Latinoamérica, impuesto por un golpe de Estado con bendición de Kissinger, general Pinochet, quien ya había sido descubierto con sus pestilentas cuentas en el banco Riggs, en Washington (https://goo.gl/NNbUjJ). Como no puedo ahondar sobre la cleptocracia integral de 175 mil sociedades y 1.3 millones de documentos, seré mas estratégico y regional.

Perturba el pletórico número de ejecutivos de Pemex con cuentas espurias en Bahamas. Luego preguntan adónde fue a dar la fortuna de Pemex, hoy privatizado, para ocultar cadáveres y delincuentes.

Brotan ex funcionarios y/o contratistas de los panistas Fox y Calderón (https://goo.gl/6jTPa9): Ignacio Quesada, ex director de Finanzas Pemex y ex jefe de asesores en Sedesol y Hacienda del ahora senador panista Ernesto Cordero (íntimo de Calderón), quien expectoró que los mexicanos podían vivir con 6 mil pesos al mes,… pero siempre que se tengan millonarias cuentas alternas en Bahamas.

Las empresas lavadoras de Pemex: Mavi International Corp, Lion Asset Management, Pasco International Ltd, Geological Investment Ltd, Elan Overseas Ltd y Grupo Aknuum –accionista de la infecta Oceanografía, conectados a los hijastros de Fox (https://goo.gl/hcxLDt)–, de los hermanos Hernández Mena, con sus empresas Gixi Ltd y Fortiver Holdings Ltd, enlazados a los gobiernos panistas de Calderón y Fox.

La criminalidad fiscal de Fox no es nueva cuando su también locuaz ex canciller Castañeda Gutman fue desnudado en su asociación con el banco defraudador Stanford, que lavaba al cártel del Golfo (https://goo.gl/x7pk90).

Varios personajes del entramado panista de Fox y Calderón fueron descubiertos ocultando cuentas paradisiacas: Fernando Canales Clariond, ex secretario de Economía y Energía de Fox, y Fernando Gómez-Mont (https://goo.gl/zNRQOC), ex secretario de Gobernación de Calderón e íntimo de su esposa, Margarita Zavala.

Destacan las cuentas de Olegario Vázquez Raña, Olegario Vázquez Aldir y María de los Ángeles Aldir –presuntamente ligados a Marta Sahagún de Fox– mediante sus radios, televisoras, periódicos, hospitales, hoteles y bancos, con cuatro empresas: Radal Global, Mundella Global, Albino Hall Holdings Ltd. y Marshalls Creek (https://goo.gl/NfFqL5). ¡Qué bonito!

¿Quién investiga?

¡Luego preguntan por qué impera tanta desinformación en el México neoliberal itamita!

Son también exhibidos los controladores de Comex: Marcos Achar Levy, Marcos Achar Mehoyas y Salomón Achar Achar, mecenas del mendaz portal enlace judío e íntimos de una candidata del PAN a la Presidencia (https://goo.gl/W7RoRY).

Otro personaje vinculado al gobierno de Fox y Calderón es el prófugo Gastón Azcárraga –familiar del mandamás de Televisa–, quien descuartizó a Mexicana de Aviación.

Perturba que Alberto Bazbaz Sacal, encargado de la Unidad de Inteligencia (sic) Financiera e inmerso en varios macabros escándalos –desde el caso Paulette hasta el surrealismo de Ficrea (https://goo.gl/BtYRK8), en complicidad con el vilipendiado titular de Condusef– no descubra nada del descarado lavado en HSBC/Suiza ni en papeles de Panamá ni en Bahamas Leaks.

Sin eludir los fétidos nombres fundidos al PRI, no se puede soslayar la operatividad delincuencial del eje criminal fiscal del PAN con el Partido Popular español en los paraísos fiscales con sus metástasis pasadas y presentes en Televisa (https://goo.gl/ib1RKl), banco Santander (https://goo.gl/ABZTiZ) y el polémico BBVA Bancomer, cuya bisagra se subsume en los controvertidos quehaceres del empresario cultural de Televisa y de Alberto Bailleres, del grupo BAL y mandamás del ITAM, consagrado al desmantelamiento del México profundo.

No es gratuito que Banco Santander, anterior accionista de Televisa, haya abierto “559 sociedades en Bahamas para sus clientes (https://goo.gl/65AWJS)”.

Toda la emética megacorrupción de OHL está impregnada por las tratativas mafiosas de José María Aznar y el Partido Popular (https://goo.gl/nFrvgc), cuya hediondez se ha vuelto intolerable, en conjunción con el megacorrupto Antonio Solá Reche, su ideólogo y anterior jefe de la inmunda campaña electoral del panista Calderón (http://goo.gl/TNkyOO).

El lavado del Partido Popular es ya proverbial (https://goo.gl/atbUps).

De manera más causal que casual, el fondo buitre Cerberus, asociado a la familia Aznar (https://goo.gl/ZVA3Jn), ostenta sus filiales en Bahamas (https://goo.gl/xZqP0A).

Bahamas Leaks es la punta del iceberg de la criminalidad fiscal y/o su espurio blanqueo inherentes al modelo neoliberal iberoamericano condensado en el eje del Partido Popular y el PAN con sus infectas metástasis empresariales y culturales.

Mas allá de las personas, se trata de una estructura criminal trasnacional muy bien aceitada en Iberoamérica que no solamente blanquea dinero, sino también pretende lavar imágenes pútridas mediante la desinformación de sus poderosos multimedia.

Cuba y China crearán una empresa mixta en Zona del Mariel

25 septiembre 2016 

Cuba y China firmaron hoy un Memorando de Entendimiento para la constitución de una empresa mixta en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, dedicada a la producción de Glucómetros, Biosensores y otros diagnosticadores.

Entidades del grupo empresarial BioCubaFarma y varias firmas chinas firmaron este domingo este y otros documentos, en presencia de Antonio Carricarte, viceministro primero de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y Xu Shaoshi, presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reformas del gigante asiático.

Además, fue suscrito un acuerdo para la distribución y comercialización en China del PPG y el Prevenox, y una carta de intención para el proyecto de transferencia de tecnología de la estreptoquinasa recombinante para el tratamiento de la crisis hemorroidal aguda.

Por otro lado, las partes signaron un Memorando de Entendimiento destinado a la creación de una Unidad conjunta entre el Centro de Inmunología Molecular cubano y la empresa china Beijing Dongsan Biotech, para la investigación, desarrollo y producción a escala piloto de anticuerpos monoclonales y proteínas recombinantes, con el fin de exportarlos a América Latina.

Igualmente, fueron firmados otros tres memorandos para el desarrollo de proyectos en el campo de la bioingeniería, neurotecnología, bioinformática y proteómica; la colaboración en la computación de alto rendimiento, y la producción y comercialización de un novedoso producto biotecnológico utilizado en el tratamiento del cáncer.

Carlos Gutiérrez, presidente de BioCubaFarma, aseguró que las relaciones entre ambos países en el sector de las industrias biotecnológica y biofarmaceúticas son crecientes desde hace más de 15 años.

“La firma de los actuales acuerdos significa que estamos en un nivel más alto en las relaciones”, sostuvo por su parte Shaoshi.

En 2004 los Gobiernos de las dos naciones firmaron un memorando de entendimiento en esa área, con la asistencia del líder de la Revolución cubana Fidel Castro y del entonces presidente chino Hu Jintao.

China se posicionó en 2015 como el primer socio comercial de bienes a escala mundial para Cuba, con más de dos mil millones de dólares y un crecimiento del 77 por ciento.

Los acuerdos fueron firmados en el marco de la visita oficial a Cuba del primer ministro de China, Li Keqiang.

(Con información de ACN)

La Macroeconomía nos dice que se puede reducir la pobreza y la desigualdad y crecer.


Aurora Martínez – ATTAC Madrid / Plataforma por una Banca Pública

Hay una historia muy bien contada por el profesor David Anisi en “La Economía, la pretensión de una ciencia”. En ella explica el abandono del objetivo del pleno empleo por los gobiernos y su sustitución por la lucha contra la inflación. Poner en primer lugar la lucha contra la pobreza y la desigualdad no puede esperar.

Tras la segunda guerra mundial, el objetivo de todos los políticos fue la consecución del pleno empleo, y al aplicarse la política monetaria y fiscal adecuadas, la tasa de desempleo pasó a ser casi despreciable. Había miedo de que la revolución de la URSS se extendiera. En el periodo 1973 – 83 los políticos dejaron de considerar prioritario la consecución del pleno empleo y decidieron acabar con la inflación. Y la inflación se redujo tanto en Europa como en EEUU (pero el paro subió, claro). Anisi, en el documento citado, lanza una hipótesis sobre la causa de este cambio: la crisis profunda que tuvo la Unión Soviética, que hacía de contrapoder, y su posterior desaparición. Y en la actualidad, ¿por qué no se lucha contra el aumento de la desigualdad y la eliminación de la pobreza? Nuestra hipótesis es que los poderosos tienen otra prioridad (aumentar su tasa de beneficios) y no hay suficientes ciudadanos que se lo exijan. Pero soluciones si las hay.

Una solución sería repartir el pastel. En Europa y en España hay una renta per cápita muy superior a la media mundial, que se puede repartir mejor. Otra sería cambiar el pastel. Para explicarlo vamos a echar mano de dos principios básicos de la Macroeconomía.

El primero dice que en un país hay coincidencia entre tres variables: la producción, las rentas derivadas de esa producción y el gasto o demanda de bienes y servicios originadas por esas rentas . El segundo explica que la demanda , es decir el gasto en bienes y servicios (incluyendo los bienes de inversión) que hacen las familias, las empresas y el sector público va a ser la variable que va a determinar si una economía se pone a crecer o entra en recesión. Porque si aumenta la demanda (el gasto en bienes y servicios) de las familias, de las empresas y del sector público, aumenta la producción de ese país: las empresas y el sector público empezarán a producir bienes y servicios. Y si disminuye la demanda de ese país, su producción disminuirá y su renta nacional caerá.

Es mentira que si se reparte mejor el pastel disminuirá la renta de un país. Al contrario. La renta aumentará porque aumentará el gasto de las personas con pocos recursos, sin bajar apenas el gasto de los muy ricos (que son pocos) y eso hará subir la producción de ese país, lo que llamamos el PIB.

Y es mentira, también, que los gobiernos no puedan gastar más de lo que ingresan con los impuestos, porque eso supondría volver a la crisis y a una terrible inflación. Al contrario. Si en un país hay paro y recursos sin utilizar, el gobierno debe aumentar su presupuesto de gasto. El gasto en pagar a los parados un sueldo por hacer un trabajo necesario para la comunidad; el gasto para hacer nuevas inversiones y el gasto para mejorar los servicios públicos harán crecer la producción y la renta del país. Lo necesario, para ello, es tener un banco central que cree ese dinero para dárselo al gobierno. Un banco central puede y debe hacerlo siempre que el país esté lejos del pleno empleo. ¡Porque ya no tenemos un patrón oro! Nuestro dinero es fiduciario. Y esto es importante: ¡los bancos centrales como creadores del dinero legal deben financiar a los Estados! Pero el Banco Central Europeo financia a los bancos y no financia a los ciudadanos. Se calcula que las ayudas del Banco Central Europeo a los bancos y a las corporaciones, las ayudas llamadas de expansión cuantitativa, van a suponer el 17% del producto interior bruto (PIB) de la Zona Euro.

Por todo ello exijamos a Europa, saliendo a las calles, el fin de los recortes y que deje de ayudar a los bancos y ayude a los ciudadanos; y a nuestro gobierno de turno, que haga políticas de reparto y que exija a los Organismos Europeos que cambien las normas del Banco Central Europeo que le impiden financiar directamente a los Estados. Si no quieren que nos salgamos del Euro.

¡Las personas y el Planeta por encima de las multinacionales!

Paul Romer, la economía ‘ortodoxa’ y la realidad

Michael Roberts 

 

[‘Marca España’: mientras nuestro último debate patrio sobre el Banco Mundial giraba en torno a la cuestión de la conveniencia o no de la designación a dedo por un gobierno en funciones de un exministro de industria defraudador fiscal, pillado in fraganti en los Papeles de Panamá, como representante del Reino de España en el consejo de dicho Banco Mundial, su nuevo economista en jefe, Paul Romer (en la foto), desataba una tormenta sobre los fundamentos científicos de los modelos económicos utilizados para explicar la Gran Recesión. Sin duda, el representante posteriormente designado, también a dedo, el ex secretario de estado de economía Fernando Jiménez Latorre, podrá hacer alguna aportación a las críticas de Romer: no en vano fue uno de los máximos responsables de los ‘shocks externos’ que acabaron desencadenando el rescate de la banca española: los reales decretos Guindos I y II, cuyo objetivo declarado era ‘mantener la confianza de los inversores’ en la deuda soberana por el método de aumentarla en 40.000 millones de euros. SP]
Paul Romer es uno de los principales economistas ‘ortodoxos’. Romer acaba de ser nombrado economista jefe del Banco Mundial. El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim describió el nombramiento de Romer con entusiasmo: "Estamos encantados de tener un economista de la talla de Paul Romer con nosotros (…) Estamos más que entusiasmados con su profundo compromiso con la lucha contra la pobreza y la desigualdad y la búsqueda soluciones innovadoras que podamos aplicar a escala". Para una revisión crítica de las ideas de Romer y su posible influencia en el Banco Mundial, ver esta nota del blog de la  New School Economic Review.
Por lo tanto, es una gran noticia entre los economistas convencionales que Romer haya publicado este mismo mes un documento de trabajo en el que destroza toda la base de la macroeconomía (es decir, el análisis de una economía en su conjunto), tanto la versión neoclásica como la keynesiana, en lo que parece ser una despedida de sus compañeros académicos (leo16_romer ). Esto es lo que dice en su introducción al papel, El problema de la macroeconomía , "Desde hace más de tres décadas, la macroeconomía ha ido hacia atrás. ... Los teóricos de la macroeconomía descartan meros hechos al fingir una ignorancia obtuso ... Sus modelos atribuyen las fluctuaciones en las variables agregadas a fuerzas causales imaginarias que no están influenciadas por la acción individual ... un fallo general al hacer ciencia que se desencadena cuando el respeto por líderes de gran prestigio se transforma en una deferencia a la autoridad que desplaza a los  hecho objetivos de su posición como el principal factor determinante de la verdad científica".
La crítica de Romer refleja las críticas expresadas por los economistas heterodoxos y marxistas durante décadas. Por ejemplo, ver el excelente libro de Steve Keen, Desmontando la economía, que denuncia los supuestos falaces y el enfoque de la economía dominante ; o, más recientemente, la crítica de Ben Fine de la micro y la macroeconomía.  Ahora, además, tenemos a un economista ‘ortodoxo’ tan importante como Paul Romer rechazando el enfoque y los métodos que él y otros han enseñado en todos los departamentos de economía de las universidades de todo el mundo.
Romer comienza por un ataque a la explicación de las crisis en el capitalismo como el resultado de "choques exógenos” de un proceso intrínsecamente armónico de crecimiento económico. "Los macroeconomistas se acostumbraron a la idea de que las fluctuaciones de los agregados macroeconómicos son causadas por choques imaginarios, en vez de por acciones que la gente lleva a cabo".  El gran economista de modelos basados en esos choques fue el ganador del premio Nobel Edward Prescott.   En 1986, calculó que el 84% de la variabilidad de la producción (las crisis) se deben a 'shocks' de tecnología, a pesar de que otros encontraron estimaciones de que "toda la serie de las estimaciones de Prescott, que se suponían con una capacidad de acierto del 80%, en realidad deben reducirse a un ¡0 : 003% , 0 : 002% y 0%"! (Romer).
Por "imaginario" se entiende que la economía dominante simplemente inventa posibles causas exógenas de las crisis, ya que no quiere admitir que las crisis podrían ser endógenas. Estos choques exógenos imaginarios se vuelven cada vez menos realistas. Como dice Romer, la "defensa habitual invoca la afirmación metodológica de Milton Friedman (1953) de una autoridad sin nombre de que" cuanto más significativa sea la teoría, menos realistas son sus supuestos” (p.14)".  Romer añade, "Últimamente se suele decir que ‘todos los modelos son falsos’, lo que parece haberse convertido en la moda universal para descartar cualquier hecho que no se ajuste al modelo que sea en ese momento el favorito."
A lo que este enfoque conduce es a que no podemos identificar adecuadamente lo que causa un cambio económico. Si se continua añadiendo posibles "shocks imaginarios” para explicar los cambios bruscos de una economía, "cuanto más variables más difícil es identificar el problema".  Como Romer señala, "resolver el problema de la identificación significa analizar hechos con valores de verdad que se puedan evaluar; sin embargo, las matemáticas no pueden establecer el valor de verdad de un hecho. Nunca lo han hecho. Nunca podrán hacerlo".
El análisis de los hechos ha dado paso a la pureza de los modelos matemáticos y la búsqueda de la verdad ha dado paso a la deferencia a la autoridad.  “Ya que la orientación de la autoridad puede alinear los esfuerzos de muchos investigadores, la conformidad con los hechos no es necesaria a partir de ese momento como un dispositivo de coordinación . Como resultado, si los hechos refutan la visión teórica aprobada oficialmente, se les subordina. El progreso en la disciplina es juzgada por la pureza de sus teorías matemáticas, según lo determinado por las autoridades".
Romer llega a la conclusión de que "el desconocimiento de los hechos tiene que ser entendida como una opción". En otras palabras, la economía dominante se ha quedado atascada en una defensa ideológica del status quo y de la "sabiduría convencional", para usar el término de Keynes y JK Galbraith . La defensa del capitalismo y el orden dominante es más importante que la búsqueda de la verdad.
Romer está de acuerdo en que el economista neoclásico Robert Lucas tenía un punto de razón cuando defendía que los modelos económicos keynesianos "se basan en la identificación de supuestos que no son creíbles".  Y que las "predicciones de los modelos keynesianos, la predicción de que un aumento en la tasa de inflación causaría una reducción en la tasa de desempleo, han demostrado ser equivocadas".  Pero Romer también cuestiona al propio Lucas con su ahora (infame) cita de 2003 de que “la macroeconomía en este sentido original ha tenido éxito: su problema central de cómo prevenir las depresiones ha sido resuelto, a todos los efectos prácticos, y de hecho se ha resuelto desde hace muchas décadas”. Como Romer escribe, "si utilizamos la pérdida mundial de producción como medida, la crisis financiera de 2008-9 muestra que la predicción de Lucas es un fracaso mucho más grave que su predicción de que los modelos keynesianos estaban equivocados".
El problema con la crítica de Romer es que en realidad acepta la idea de "shocks" externos al crecimiento endógeno de la acumulación de capital como la causa de las ‘fluctuaciones’ o crisis en el capitalismo.  Los suyos sólo son distintos. La principal queja de Romer es que los modelos macro convencionales, al estar vinculados a los modelos neoclásicos de expectativas racionales y suposiciones poco realistas como la "competencia perfecta", no puede dar cuenta de 'choques' causados por las políticas monetarias. Y son esos cambios los que causan 'fluctuaciones'. Cita como ejemplo que si un banco central eleva su tasa de interés de manera espectacular, por ejemplo 5% en puntos, como el presidente de la Fed Paul Volcker hizo en la década de 1980, causará una depresión. Así que las políticas monetarias sí importan. Esta es su prueba de fuego para el papel del dinero y los bancos centrales.
Ningún economista heterodoxo o marxista negaría el papel del dinero y del crédito en el circuito de la acumulación de capital, pero eso no significa que las medidas de política monetaria sean la principal causa de las crisis. ¿Paul Volcker provocó la recesión "doble” de 1980-2 por su intento de reducir la elevada inflación a finales de 1970? ¿O hubo causas "endógenas" que provocaron el muy bajo nivel de rentabilidad de las empresas a finales de la década de 1970, lo que dió lugar a un colapso de la inversión?
Brad Setser, economista de derechas, señala Romer, parece aceptar que la opinión dominante de que hay algún tipo de equilibrio natural de la tasa de interés que determina cuando una economía está creciendo 'bien', con pleno empleo y sin inflación. Pero esa tasa de interés 'wickselliana' es tan 'imaginaria' como los 'choques' neoclásicos que Romer critica.  "Romer… afirma que la tasa de interés real es una medida útil de la orientación de la política monetaria, y no lo es, ni siquiera se acerca. Todos los indicadores tradicionales  son imprecisos. Después de todo, la tasa de equilibrio de Wicksell no puede ser observada directamente. Hay que mirar a los resultados".
Como Setser señala, al criticar la posición ridícula de Robert Shiller, el economista conductista ‘ortodoxo’, "Shiller parece no darse cuenta de que es normal que la economía sea débil durante los períodos de bajas tasas de interés, y fuerte durante los períodos de altas tasas de interés. Él parece suponer lo contrario. De hecho, las tasas de interés son generalmente bajas precisamente durante esos períodos en que la curva de inversión se ha desplazado hacia la izquierda (es decir, hacia abajo). El error de Shiller  es como si alguien se asombrara de que el consumo de petróleo fue bajo durante el año 2009 ‘a pesar de’ los bajos precios del petróleo". La causa de la crisis radica en la caída de la inversión, que induce a menores tasas de interés, y no viceversa.
Sin embargo, Romer ha alarmado a los principales economistas keynesianos tradicionales como Simon Wren-Lewis. Después de haber pasado la mayor parte del último mes escribiendo notas en su blog defendiendo que el nuevo líder de izquierda del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, era un perdedor y que no tenía ninguna esperanza de ganar una elección (abandonando el consejo asesor de Corbyn en consecuencia), ahora trata de defender los modelos económicos convencionales criticados por Romer.
Wren-Lewis argumenta que Romer estaba anticuado en su crítica y que los últimos modelos (DSGE) tratan de incorporar el dinero y los defectos de una economía: "La macroeconomía tiene que utilizar toda la información fáctica que pueda obtener para parametrizar sus modelos. Macroeconomistas respetados argumentarán que debido a estos microfundamentos problemáticas lo mejor es hacer caso omiso de algo así como la rigidez de precios (salarios) (un argumento keynesiano clave para una economía atrapada en una recesión - MR) al hacer política económica: un argumento que sería risible fuera de los tribunales de tesis en cualquier otra ciencia. En ninguna otra disciplina podría haber un  debate sobre si es mejor modelar lo que se puede micro basar en vez de hacer modelos de lo que se puede ver. Otros economistas entienden esto, pero muchos macroeconomistas todavía piensan que todo esto es bastante normal".  En otras palabras, hay macroeconomistas y macroeconomía buenas y malas y no hay que tirar al bebé con el agua sucia del baño. 
Romer no ha tardado en contestar en una actualización de su ensayo que "Si sabemos que el modelo RBC (Lucas) no tiene sentido, ¿por qué se deja como el núcleo del modelo DSGE (keynesiano)? Esos shocks flogistos (imaginarios) todavía están allí. Ahora se mezclan junto con un montón de otros choques inventados. Por otra parte, no veo ninguna razón para tener confianza en lo que vamos a aprender si algún económetra añade 'precios rígidos’ y luego hace unas pruebas en el modelo para ver si los choques son más o menos importantes que los precios rígidos. La esencia del problema de identificación es que los datos no dicen cúal es la causa. El económetra decide por su cuenta cual será".  En otras palabras, los modelos DSGE tipo keynesiano están tan lleno de trucos econométricos y suposiciones poco realistas como los modelos neoclásicos, no monetarios.
El periodista de izquierda Paul Mason escribió un artículo sobre la crítica de Romer , destacando que "el enorme mea culpa de Romer en nombre de la economía dominante es una señal de que, después de décadas de caza de trolls y duendes como la causa de las crisis, el mundo académico tiene ahora que comenzar a buscar la causa de la inestabilidad en el interior del sistema, no fuera de él".  Tal vez, aunque no soy tan optimista como él de que la teoría económica convencional analice el mundo económico de forma más realista que ideológica  a partir de ahora. Marx pensaba que después de los economistas clásicos, la economía política se convirtió en economía 'vulgar', a saber, una apología del capitalismo y la dominación del capital. No espero que esto cambie porque sigue siendo la tarea de la economía convencional.
Mason señala que Marx también intentó desarrollar modelos matemáticos que ayudasen a explicar la economía, pero no tuvo éxito. Eso no significa que no sea posible utilizar modelos matemáticos, siempre y cuando se basen en supuestos realistas y sean probados empíricamente. Pero no estoy seguro de que Mason tiene razón al afirmar que tales modelos se basarán en "grandes simulaciones, basadas en agentes, en las que millones de personas virtuales tomen decisiones al azar conducidos por impulsos irracionales - como el sexo y el altruismo - no sólo la búsqueda de la riqueza", signifique lo signifique todo eso.
En mi libro, La Larga Depresión , se argumenta que la economía marxista se basa en el método científico. Se empieza con una hipótesis que tiene unas asunciones realistas que han sido 'abstraídas' de la realidad y luego construye un modelo o establece un  conjunto de leyes que puedan ser probadas con evidencias. El modelo puede usar las matemáticas para afinar su precisión, pero al final son las evidencias las que deciden.   Por otra parte, la macroeconomía es el mundo de los agregados, no de la conducta individual. Lo que proporciona datos cuantificables para probar una teoría.
Romer termina con un llamamiento para volver al método científico.  "Los científicos se comprometen en la búsqueda de la verdad a pesar de que se den cuenta de que la verdad absoluta nunca se revela. Todo lo que pueden esperar es un consenso que establezca la verdad de una aserción en el mismo sentido amplio que el mercado de valores establece el valor de una empresa. Se puede ir por mal camino, tal vez durante largos períodos de tiempo. Pero con el tiempo, se tiene que volver a la realidad empujado por los críticos que tienen libertad para desafiar el consenso y por los partidarios del consenso que todavía creen que los hechos importan. A pesar de sus defectos evidentes, la ciencia ha sido muy eficaz a la hora de producir conocimiento útil. También es una forma especialmente benigna para coordinar las creencias de un gran número de personas, la único que ha establecido un consenso que se extiende a millones o miles de millones de personas sin el uso de la coacción".
Es cierto, pero no espero que la economía dominante pueda ser "empujada de nuevo a la realidad".
es un reconocido economista marxista británico, que ha trabajador 30 años en la City londinense como analista económico y publica el blog The Next Recession.
Fuente:
https://thenextrecession.wordpress.com/2016/09/22/paul-romer-the-mainstream-and-reality/
Traducción:
G. Buster

Libro " La Gran Brecha" Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Parte IX

Por Joseph Stiglizt


LA DEUDA DE LOS ESTUDIANTES Y EL FIN DEL SUEÑO AMERICANO[15*]


Hay un drama que se ha vuelto habitual en Estados Unidos (y otros países industrializados avanzados): los banqueros animan a la gente a endeudarse por encima de sus posibilidades y se ceban especialmente con los que carecen de formación financiera. Utilizan su influencia política para obtener un trato favorable de una u otra forma. Las deudas se acumulan. Los periodistas informan del coste humano. Y entonces llega el asombro: ¿cómo hemos podido dejar que sucediera esto? Las autoridades prometen que van a arreglar la situación. Se toma alguna medida respecto a los casos más escandalosos. La gente pasa a otros asuntos, con la tranquilidad de que la crisis se ha resuelto, pero con la sospecha de que pronto se repetirá.


La crisis que está a punto de estallar en este caso es la relativa a la deuda estudiantil y la financiación de la enseñanza superior. Como la crisis inmobiliaria que la precedió, está íntimamente relacionada con el aumento de las desigualdades en Estados Unidos y el hecho de que, cuando los que ocupan los escalones inferiores se esfuerzan por subir, hay fuerzas que los vuelven a arrastrar hacia abajo de manera inevitable, en ocasiones incluso más abajo de donde estaban.


Esta nueva crisis está surgiendo antes de que se haya resuelto la anterior, y las dos están entremezclándose. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, poseer una casa y un título universitario se convirtieron en señales de éxito en este país.


Antes de que estallara la burbuja inmobiliaria en 2007, los bancos convencieron a los propietarios de viviendas de rentas bajas y medias de que podían convertir sus casas y apartamentos en verdaderas huchas. Los animaron a firmar segundas hipotecas y, a la hora de la verdad, millones de personas perdieron sus hogares. En otros casos, los bancos, intermediarios hipotecarios y agentes inmobiliarios empujaron a los que deseaban comprar una vivienda a endeudarse por encima de sus posibilidades. Los magos de las finanzas, que se enorgullecían de saber gestionar los riesgos, vendieron hipotecas tóxicas que estaban pensadas para estallar. Envolvieron los préstamos sospechosos en complejos instrumentos financieros y se los vendieron a inversores incautos.


Todo el mundo sabe que la educación es la única manera de ascender, pero, al tiempo que un título universitario es cada más importante para prosperar en la economía del siglo XXI, la educación es cada vez más inaccesible para quienes no han nacido en la riqueza. La deuda de los estudiantes de último curso universitario sobrepasa ya los 26 000 dólares, un aumento aproximado del 40 por ciento (sin ajuste por la inflación) en sólo siete años. Ahora bien, una media como esta esconde enormes variaciones.


Según el Banco de la Reserva Federal en Nueva York, casi el 13 por ciento de los estudiantes de todas las edades que piden préstamos debe más de 50 000 dólares, y casi el 4 por ciento debe más de 100 000 dólares. Pagar tales cantidades está fuera del alcance de los estudiantes (sobre todo en esta recuperación casi sin empleo), como demuestra el increíble aumento de los índices de morosidad e impago. A finales de 2012, alrededor del 17 por ciento de los estudiantes que habían pedido préstamos tenían un retraso de 90 días o más. Contando sólo a los que estaban devolviendo el dinero —es decir, sin incluir a los que habían conseguido un aplazamiento o indulgencia—, más del 30 por ciento tenían un retraso de 90 días o más. En los préstamos federales solicitados en el año fiscal de 2009, los impagos de tres años superaron el 13 por ciento.


Estados Unidos se distingue de otros países industrializados avanzados por la carga que representa para los estudiantes y sus padres el pago de la educación superior. También es excepcional entre países similares por el elevado coste de un título universitario, incluso en las universidades públicas. La matrícula media más alojamiento y comida en una universidad con carreras de cuatro años cuesta algo menos de 22 000 dólares al año, frente a algo menos de 9000 dólares (ajustados por la inflación) en 1980-1981.

Comparemos esta subida a más del doble de las matrículas con el estancamiento en la renta media de las familias, que está en torno a 40 000 dólares, frente a 46 000 dólares en 1980 (tras el ajuste por inflación).


Como muchas otras cosas, el problema de la deuda estudiantil se agravó durante la Gran Recesión: los costes de matrícula en las universidades públicas aumentó un 27 por ciento en los últimos cinco años —en parte debido a los recortes—, mientras que la renta media se redujo. En California, la matrícula, ajustada por la inflación, se incrementó más del doble en los colegios universitarios públicos (que para los estadounidenses más pobres son muchas veces la llave de la movilidad social), y en más del 70 por ciento en las carreras de cuatro años entre 2007-2008 y 2012-2013.


Con el aumento de los costes, el estancamiento de las rentas y la escasa ayuda del Gobierno, no es extraño que el año pasado la deuda estudiantil total, alrededor de un billón de dólares, sobrepasara la deuda total de tarjetas de crédito. Los ciudadanos responsables han aprendido a contener su uso de las tarjetas de crédito —muchos las han cambiado por tarjetas de débito o se han informado sobre tipos de interés usurarios, comisiones, multas impuestas por las emisoras de las tarjetas—, pero el problema de controlar la deuda estudiantil es mucho más complicado.


Reducir la deuda estudiantil equivale a reducir las oportunidades sociales y económicas. Los graduados universitarios ganan 12 000 dólares más al año que los que no lo son; la diferencia se ha multiplicado casi por tres desde 1980. Nuestra economía depende cada vez más de las industrias relacionadas con el conocimiento. Pase lo que pase con las guerras de divisas y las balanzas comerciales, Estados Unidos no va a volver a las fábricas textiles. Las tasas de desempleo de los graduados universitarios son mucho más bajas que las de los que no tienen más que el bachillerato.


Estados Unidos —la patria de las universidades cuyas tierras han sido cedidas por el Estado, de la la Ley de Derechos de los Soldados y de las universidades públicas de categoría mundial como California, Michigan y Texas— ha descendido puestos en materia de educación universitaria. Con la terrible deuda de los estudiantes, es probable que descendamos aún más. Lo que los economistas llaman «capital humano» —la inversión en las personas— es fundamental para el crecimiento a largo plazo. Ser competitivos en el siglo XXI significa tener una fuerza de trabajo muy bien preparada, con títulos de grado y posgrado. En lugar de eso, estamos aniquilando nuestro futuro como nación.


La deuda estudiantil es también un lastre para la lenta recuperación que comenzó en 2009. Al apagar el consumo, impide el crecimiento económico. Además está dificultando la recuperación en el sector inmobiliario, en el que comenzó la Gran Recesión.


Es cierto que los precios de la vivienda parecen estar aumentando, pero la construcción de casas está lejos de los niveles alcanzados en los años anteriores al estallido de la burbuja en 2007.


Los que tienen grandes deudas seguramente tendrán cautela a la hora de asumir la carga adicional de una familia. Pero incluso cuando lo hagan, les será más difícil obtener una hipoteca. Y si la consiguen, será más pequeña y, por consiguiente, la recuperación del sector será más débil. (Un estudio sobre graduados recientes de Rutgers University mostró que el 40 por ciento había aplazado la decisión de comprar una casa, y el 25 por ciento decía que el elevado volumen de deuda había repercutido en la formación de una familia o la prolongación de los estudios. Otro estudio reciente muestra que el número de propietarios de viviendas entre la gente de treinta años con antecedentes de deuda estudiantil disminuyó más del 10 por ciento durante la Gran Recesión y el periodo inmediatamente posterior).


Es un círculo vicioso: la falta de demanda de viviendas contribuye a la falta de puestos de trabajo, que contribuye a una escasa formación de hogares, que contribuye a la falta de demanda de viviendas.


Pero las cosas pueden empeorar aún más. Las presiones presupuestarias están intensificándose —junto con las exigencias de recortes en los «programas internos suntuarios» (léase los subsidios a la educación primaria y secundaria, las becas Pell para que los chicos pobres vayan a la universidad, dinero para la investigación)—, y eso quiere decir que los estudiantes y sus familias se quedan desprotegidos. Los costes universitarios seguirán subiendo mucho más rápido que las rentas. Como se ha observado en repetidas ocasiones, todos los beneficios económicos desde la Gran Recesión han ido a parar al 1 por ciento más rico.


Pensemos en otro dudoso honor: la deuda estudiantil es casi imposible de saldar en los procedimientos de bancarrota.


Hemos progresado mucho desde las prisiones para deudores que describía Dickens. No enviamos a las colonias penitenciarias ni a trabajos forzados a nadie por deber dinero. Aunque las leyes de bancarrota personal se han endurecido, el principio de que las personas que han quebrado deben tener derecho a empezar de cero y la posibilidad de saldar una deuda excesiva está muy establecido. Eso hace que los mercados funcionen mejor y proporciona incentivos para que los acreedores evalúen la capacidad de crédito de los prestatarios.


Sin embargo, los préstamos a la educación son casi imposibles de condonar en el tribunal de bancarrotas, incluso cuando una escuela privada no ha cumplido lo que prometía y no ha proporcionado al estudiante endeudado una educación que le permita obtener un trabajo con la remuneración suficiente para poder devolver el préstamo.


Deberíamos suprimir la ayuda federal a esos centros privados con ánimo de lucro cuando no consiguen que los estudiantes se gradúen, porque entonces estos no tienen trabajo y dejan sin pagar sus deudas.


Hay que reconocer que el Gobierno de Obama trató de poner más dificultades para que estas facultades tan depredadoras no pudieran atraer a estudiantes con falsas promesas. Con las nuevas normas, las facultades tenían que superar una de tres pruebas para ser candidatas a recibir ayudas federales: al menos el 35 por ciento de los graduados debían estar devolviendo sus préstamos; los pagos anuales aproximados para que un graduado devolviera su préstamo no podía superar el 12 por ciento de sus ganancias; o los pagos no podían exceder el 30 por ciento de los ingresos suntuarios. Sin embargo, en 2012, un juez federal anuló las normas por considerarlas arbitrarias, y estas se quedaron en un limbo legal.


La mezcla de universidades abusivas con ánimo de lucro y prestamistas abusivos es una sanguijuela en el cuerpo de los pobres. Esas universidades han perseguido incluso a jóvenes veteranos que sirvieron en Irak y Afganistán. Existen historias desgarradoras de padres que firmaron avales para un préstamo estudiantil, su hijo murió después en un accidente, de cáncer o cualquier otra enfermedad y ahora no pueden saldar sus deudas.


Estaba previsto que los tipos de interés de los préstamos federales Stafford se duplicaran en julio, al 6,8 por ciento. El viernes recibimos una buena noticia: parece que podemos respirar un poco, porque los republicanos han entrado en razón. Pero la prórroga es provisional y no aborda una cuestión más fundamental: si la Reserva Federal está dispuesta a prestar dinero al 0,75 por ciento a los bancos que causaron la crisis, ¿no debería estar dispuesta a prestárselo a los estudiantes, que serán cruciales para nuestra recuperación a largo plazo, a un interés también bajo? El Gobierno no debe aprovecharse de los más pobres mientras subvenciona a los más ricos. La propuesta de la senadora demócrata Elizabeth Warren, de Massachusetts, de conceder préstamos a estudiantes a bajo interés, es una medida en la buena dirección.


Además de unas normas más estrictas para las universidades privadas y los bancos con los que están confabuladas, y unas leyes de bancarrota más humanas, debemos apoyar más a las familias de clase media que tienen dificultades para mandar a sus hijos a la universidad, con el fin de que tengan un nivel de vida al menos como el de sus padres.

Algunos se preguntan cómo es posible que el ideal estadounidense de la igualdad de oportunidades se haya tergiversado hasta ese punto. La respuesta está en parte en nuestra forma de financiar la enseñanza superior. La deuda estudiantil es ya un factor indisoluble de las desigualdades en nuestro país. La educación universitaria de calidad con una sana ayuda pública era en otro tiempo la base de un sistema que prometía oportunidades para los estudiantes aplicados, tuvieran los medios que tuvieran. Ahora estamos ante una partida en la que hay que pagar para jugar y el ganador se queda con todo, en la que los ricos tienen garantizado su sitio y los demás se ven obligados a arriesgarse a contraer deudas inmensas sin garantías de que les compense.


Incluso aunque no se tenga compasión, aunque nos centremos sólo en la recuperación para ahora y el crecimiento y la innovación para mañana, debemos hacer algo para resolver la cuestión de la deuda estudiantil. Los que se preocupan por el daño que la brecha creciente de Estados Unidos está causando a nuestros ideales y nuestro carácter moral deberían poner la deuda de los estudiantes entre las máximas prioridades de cualquier programa reformista.


JUSTICIA PARA ALGUNOS[16*]


La catástrofe de las hipotecas en Estados Unidos ha suscitado profundos interrogantes sobre el «Estado de derecho», el sello universalmente aceptado de una sociedad avanzada y civilizada. Se supone que el Estado de derecho debe proteger al débil frente al fuerte y garantizar un trato justo para todos. En Estados Unidos, tras la crisis de las hipotecas basura, no ha hecho ninguna de las dos cosas.


Uno de los elementos del Estado de derecho es la seguridad de la propiedad: por ejemplo, si uno debe dinero de su casa, el banco no puede quitársela sin más, sin seguir el debido procedimiento legal. Sin embargo, en los últimos meses, los estadounidenses han presenciado varios casos en los que se ha arrebatado la casa a personas que no tenían deudas.


Para algunos bancos, esos no son más que daños colaterales: todavía hay que expulsar de su hogar a millones de estadounidenses —además de los cuatro millones que se calculan en 2008 y 2009—. En realidad, estaba previsto que el ritmo de las ejecuciones hipotecarias se acelerase, si no hubiera sido por la intervención del Gobierno. No obstante, los atajos burocráticos, la documentación incompleta y el fraude generalizado que acompañó a la precipitación de los bancos por generar millones de préstamos abusivos durante la burbuja inmobiliaria han complicado el proceso de aclarar la situación.


Muchos banqueros consideran que estos son detalles sin importancia. La mayoría de las personas expulsadas de sus hogares no habían pagado sus hipotecas, y, en la mayoría de los casos, quienes expulsan tienen derecho a reclamar. Pero, en teoría, los estadounidenses no creen en la justicia por término medio. No decimos que la mayoría de los presos que cumplen cadena perpetua han cometido un crimen digno de esa pena. El sistema de justicia exige más, y hemos instaurado salvaguardas para garantizarlo.

Pero los bancos quieren sabotear esas salvaguardas. Y no debería permitírseles.

Para algunos, todo esto recuerda lo que sucedió en Rusia, donde el Estado de derecho —y en particular las leyes sobre bancarrota— se utilizaron para sustituir a un grupo de propietarios por otro. Hubo pagos a tribunales, falsificación de documentos, y el proceso transcurrió sin problemas.


En Estados Unidos, la corrupción se produce a un nivel superior. No se compra a jueces concretos, sino las propias leyes, mediante contribuciones a las campañas y presiones: la llamada «corrupción al estilo americano».


Era bien sabido que los bancos y las empresas hipotecarias estaban concediendo préstamos abusivos, aprovechándose de los más incultos y menos informados en cuestiones financieras para conceder unos préstamos con las máximas comisiones posibles y muy peligrosos para los prestatarios. (Hay que reconocer que los bancos intentaron aprovecharse también de los que tenían más conocimientos financieros, como en el caso de unos valores creados por Goldman Sachs que estaban concebidos para fracasar). Pero los bancos utilizaron todo su poder político para impedir que los estados impusieran leyes capaces de acabar con los préstamos abusivos.


Cuando se vio claramente que la gente no podía pagar las deudas, las reglas del juego cambiaron. Se modificaron las leyes sobre bancarrota para introducir un sistema de «servidumbre parcial por deudas». Un individuo con deudas, por ejemplo, equivalentes al 100 por ciento de sus ingresos podría tener que entregar al banco el 25 por ciento de sus ingresos brutos durante el resto de su vida, porque el banco podría añadir quizá un interés del 30 por ciento cada año a lo que debiera esa persona. Al final, el titular de una hipoteca debería mucho más de lo que el banco jamás hubiera recibido, pese a que en la práctica hubiera trabajado la cuarta parte del tiempo para pagar.


Cuando se aprobó esta nueva ley de bancarrota, nadie se quejó de que interfiriera con los sagrados contratos: cuando los prestatarios incurrieron en su deuda, una ley más humana y sensata desde el punto de vista económico les proporcionaba una oportunidad de empezar de cero si la carga del pago de la deuda se volvía demasiado pesada.


Esa seguridad debería haber dado a los prestamistas incentivos para prestar dinero sólo a quienes iban a poder devolvérselo. Pero quizá sabían que, con los republicanos en el Gobierno, podían hacer préstamos con pocas garantías y luego cambiar la ley para poder exprimir a los pobres. Con una de cada cuatro hipotecas en Estados Unidos devaluada —la deuda supera el valor de la casa—, existe un consenso cada vez mayor de que la única forma de poner remedio es reducir el valor de la deuda. Estados Unidos dispone de un procedimiento especial para las bancarrotas de empresas, llamado Capítulo 11, que permite una rápida reestructuración mediante la reducción de la deuda y la transformación de parte de ella en bonos.


Es importante mantener vivas las empresas para proteger el empleo y el crecimiento. Pero también es importante mantener intactas las familias y las comunidades. De modo que necesitamos un «Capítulo 11» para propietarios de viviendas.


Los prestamistas se quejan de que una ley de ese tipo infringiría sus derechos de propiedad. Pero casi todas las modificaciones que se hacen en las leyes y regulaciones benefician a unos a costa de otros. Cuando se aprobó la ley de bancarrota de 2005, los beneficiados fueron ellos, y entonces no les preocupó cómo afectaba la norma a los derechos de los deudores.


El aumento de las desigualdades, al combinarse con un sistema de financiación de campañas defectuoso, amenaza con convertir el sistema legal de Estados Unidos en una caricatura de la justicia. Puede que algunos sigan llamándolo «Estado de derecho», pero no será un derecho que proteja al débil frente al fuerte, sino que permitirá que el fuerte explote al débil.


En Estados Unidos, hoy, la orgullosa expresión de «justicia para todos» se está sustituyendo por otra más modesta, «justicia para quienes pueden pagarla». Y el número de personas que pueden pagarla está disminuyendo a toda velocidad.

LA ÚNICA SOLUCIÓN QUE QUEDA PARA EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA: LA REFINANCIACIÓN MASIVA DE LAS HIPOTECAS[17*]


Más de cuatro millones de estadounidenses han perdido sus hogares desde que empezó a estallar la burbuja inmobiliaria hace seis años. Otros 3,5 millones se encuentran en proceso de ejecución hipotecaria o tienen tal retraso en los pagos que pronto se encontrarán en él. Dado que más de 13,5 millones tienen una vivienda devaluada —deben más dinero del que vale—, hay muchas probabilidades de que muchos más acaben perdiendo su casa.


La vivienda sigue siendo el mayor impedimento para la recuperación económica, pero Washington parece paralizado. Y aunque las políticas del Gobierno de Obama al respecto han fracasado, Mitt Romney no ha ofrecido ninguna idea significativa para ayudar a los propietarios de viviendas devaluadas o en dificultades.


A finales del mes pasado, el alto regulador encargado de supervisar Fannie Mae y Freddie Mac vetó un plan respaldado por la administración de Obama para que las empresas pudieran perdonar parte de la deuda hipotecaria de los propietarios de viviendas más abrumados. Pese a que sería posible ayudar a medio millón con una condonación del capital de la deuda, el regulador, Edward J. DeMarco, alegó (a nuestro juicio sin razón) que ayudar a unos propietarios de viviendas podría hacer que otros que sí están devolviendo sus préstamos dejaran de hacerlo para poder reducir también sus hipotecas.


Ahora que la reducción del capital de la deuda ya no es una opción, el Gobierno necesita encontrar una nueva manera de facilitar refinanciaciones masivas de hipotecas. Dado que los tipos están a un nivel más bajo que nunca, la refinanciación permitiría a los propietarios reducir enormemente sus plazos mensuales y liberar dinero para gastarlo en otras cosas. Un programa de refinanciaciones masivas sería como una inmensa rebaja de impuestos.


Además, la refinanciación disminuiría la posibilidad de que los propietarios con viviendas devaluadas cayeran en el impago. Con sus balances menos lastrados por las pérdidas de préstamos anteriores, los prestamistas podrían conceder otros nuevos y las comunidades acosadas por las ejecuciones hipotecarias quizá verían aliviada su situación.


Más de la mitad de los estadounidenses que poseen una vivienda y tienen una hipoteca están pagando unos tipos que tal vez los convertirían en candidatos excelentes para la refinanciación. Muchos de ellos con empleo estable, buen historial de crédito e incluso un modesto volumen de valor hipotecario lo han hecho ya y han firmado préstamos a treinta años y tipos de alrededor del 3,5 por ciento, de los más bajos desde los años cincuenta. Pero muchos otros no pueden refinanciar porque la caída de los precios de las casas ha eliminado el valor de su hogar. El senador demócrata Jeff Merkley, de Oregón, ha propuesto un remedio. De acuerdo con su plan, llamado Reconstrucción de la Propiedad de Vivienda en Estados Unidos, los dueños de propiedades devaluadas que estén al día en sus pagos y cumplan otros requisitos tendrían la opción de refinanciar para reducir sus plazos mensuales o reducir sus préstamos y volver a acumular capital.


Se emplearía un fondo de financiación pública para comprar las hipotecas de los propietarios de viviendas que hubieran refinanciado su deuda a un tipo de interés de unos dos puntos porcentuales más que los tipos excepcionalmente bajos a los que pide prestado el Gobierno. Eso generaría suficientes ingresos por los intereses como para compensar los costes de cualquier impago, costes de administración del fondo y otros gastos. Las familias tendrían tres años para refinanciar; después, el fondo dejaría de comprar préstamos y acabaría desapareciendo a medida que los propietarios devolvieran sus préstamos.


Los propietarios podrían hacer pagos más bajos y reconstruir su capital más deprisa. Los contribuyentes recuperarían su dinero, con intereses, y ganarían aún más a medida que una economía más fuerte elevara los ingresos fiscales. Los bancos y otros inversores hipotecarios se desharían de posibles préstamos complicados. A algunos bancos no les gustará perder los grandes ingresos que obtienen de los intereses en sus hipotecas actuales, pero si el mercado de refinanciación funcionara como es debido, esos préstamos se habían refinanciado hace mucho tiempo.


Si el programa tuviera un gran éxito, prevemos que en el fondo de reconstrucción de la propiedad de vivienda pudieran colocarse dos millones de préstamos pendientes en su máximo momento. Si el balance hipotecario medio fuera de 150 000 dólares, en su apogeo quedarían 300 000 millones de dólares pendientes.


El Gobierno federal podría financiar el plan de manera directa, a través del Departamento Federal de Vivienda, o indirecta, a través de los Bancos Hipotecarios Federales, que ofrecen crédito respaldado por el Gobierno. O tal vez podría ser la Reserva Federal la que sufragara el plan; el presidente del banco central, Ben S. Bernanke, habló hace poco sobre la posibilidad de hacer algo parecido al nuevo programa del Banco de Inglaterra, Financiación para Préstamos, que ofrece incentivos a los bancos para aumentar los préstamos a los hogares y las empresas no financieras.


Los que se oponen a que haya más endeudamiento o préstamos de la Fed dirán que un programa como este es un riesgo inaceptable, pero el mayor riesgo es no hacer nada y dejar que el mercado inmobiliario siga retrasando la economía.


El plan de Merkley se parece al Plan de Refinanciación Asequible de Viviendas (HARP, por sus siglas en inglés) de la admistración de Obama, concebido para ayudar a los propietarios en dificultades a refinanciar los préstamos respaldados por Fannie y Freddie. Ha hecho posibles 1,4 millones de refinanciaciones, muy por debajo del objetivo planteado en 2009 de entre 3 y 4 millones. El Gobierno ha introducido ciertas mejoras en HARP y ha propuesto otras. Pero el plan de Merkley tiene posibilidades de ir más allá y llegar a los veinte millones de hogares con hipotecas que no cuentan con el respaldo de Fannie o Freddie.


El plan de Merkley tiene un precedente logrado en la Empresa de Préstamos a Propietarios de Viviendas, creada en 1933, que sacó a más de un millón de estadounidenses del riesgo de ejecución hipotecaria y les permitió tener las hipotecas estables a largo plazo que caracterizarían a la clase media durante los años cincuenta y sesenta. Ya es hora de resucitar esta idea.


Desde que comenzó la Gran Recesión hace casi cinco años, la vivienda ha estado en el centro de nuestras dificultades económicas. Si no hacemos nada, el problema acabará por resolverse, pero sólo tras mucho sufrimiento y una larga espera. El plan de Merkley aceleraría la curación.

LAS DESIGUALDADES Y EL NIÑO ESTADOUNIDENSE[18*]


Los niños, como sabemos desde hace tiempo, son un grupo especial. No eligen a sus padres, ni mucho menos las condiciones en las que nacen. No tienen las mismas capacidades que los adultos para protegerse ni cuidar de sí mismos. Por eso la Liga de Naciones aprobó en 1924 la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño y por eso la comunidad internacional aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Por desgracia, Estados Unidos no está cumpliendo estos ideales internacionales. Ni siquiera ha ratificado la Convención. Estados Unidos, con su adorada imagen de tierra de oportunidades, debería inspirar como ejemplo de trato justo y progresista a los niños. Sin embargo, es un modelo de fracaso, que contribuye a la lentitud y la pasividad del mundo ante los derechos del niño en el ámbito internacional.


Puede que la niñez del estadounidense medio no sea la peor del mundo, pero la diferencia entre la riqueza del país y la situación de sus niños no tiene igual. Alrededor del 14,5 por ciento de la población estadounidense es pobre, pero el 19,9 por ciento de los niños —aproximadamente 15 millones de personas— vive en la pobreza. Entre los países desarrollados, sólo Rumanía tiene una tasa superior de pobreza infantil. Las cifras de Estados Unidos son un 66 por ciento superiores a las del Reino Unido y hasta cuatro veces mayores que en los países nórdicos. En el caso de algunos grupos, la situación es mucho peor: más del 38 por ciento de los niños negros y el 30 por ciento de los niños hispanos son pobres.


Todo esto no ocurre porque a los estadounidenses no les preocupen sus hijos. Ocurre porque el país, en los últimos decenios, ha adoptado una serie de prioridades políticas que han causado terribles desigualdades en su economía y han dejado a los sectores más vulnerables de la sociedad cada vez más atrás. La concentración creciente de la riqueza y la considerable rebaja de impuestos sobre ella han hecho que haya menos dinero para inversiones de interés público, como la educación y la protección infantil.


Como consecuencia, los niños estadounidenses están peor. Su suerte es un doloroso ejemplo de cómo la desigualdad no sólo perjudica el crecimiento económico y la estabilidad —como por fin están reconociendo economistas y organizaciones como el Fondo Monetario Internacional—, sino que también va en contra de nuestras más valiosas ideas sobre cómo debe ser una sociedad justa.


La desigualdad de rentas tiene una relación directa con las desigualdades en sanidad, acceso a la educación y exposición a los riesgos medioambientales, que afectan a los niños más que a otros segmentos de la población. En Estados Unidos se diagnostica asma a casi uno de cada cinco niños pobres, un 60 por ciento más que entre los que no son pobres. Los problemas de aprendizaje aparecen casi dos veces más entre los niños de familias que ganan menos de 35 000 dólares al año que en las que ingresan más de 100 000. Y algunos miembros del Congreso quieren reducir las cartillas de comida, de las que dependen alrededor de 23 millones de hogares estadounidenses, lo cual condenaría al hambre a los más pobres.


Estas desigualdades de resultados están estrechamente unidas a la falta de igualdad de oportunidades. Es inevitable que, en países en los que los niños tienen una nutrición inadecuada, acceso insuficiente a la sanidad y la educación y más contacto con los riesgos medioambientales, los hijos de padres pobres tengan unas perspectivas de vida muy diferentes a las de los ricos. Y el hecho de que en Estados Unidos el futuro de un niño dependa de la renta y la educación de sus padres más que en otros países avanzados es una de las razones por las que hoy tiene menos igualdad de oportunidades que cualquiera de esos países. Por ejemplo, en las universidades estadounidenses más selectas, sólo el 9 por ciento de los alumnos proceden de la mitad más pobre de la población, mientras que el 74 por ciento procede del 25 por ciento más rico.


La mayoría de las sociedades reconocen una obligación moral de garantizar que los jóvenes puedan hacer realidad todo su potencial. Algunos países incluso cuentan con un mandato constitucional sobre la igualdad de oportunidades educativas.

Sin embargo, en Estados Unidos, se gasta más en la educación de los alumnos ricos que en la de los pobres. Como consecuencia, el país está desperdiciando varios de sus activos más valiosos, y muchos jóvenes, desprovistos de formación, se dedican a actividades disfuncionales. Estados como California dedican tanto dinero a las cárceles como a la enseñanza superior, y a veces más.


Sin unas medidas de compensación —que incluyan educación preescolar, a poder ser desde muy temprano—, la falta de igualdad de oportunidades se traduce en resultados desiguales para toda la vida ya desde que los niños cumplen cinco años. Eso debería ser un motivo para tomar medidas.


Aunque los efectos dañinos de la desigualdad tienen enorme alcance y suponen un gran coste para nuestras economías y sociedades, en gran parte son evitables. Los extremos de desigualdad que se observan en algunos países no son resultado inexorable de las fuerzas y las leyes económicas. Las políticas apropiadas —por ejemplo, redes de protección social más firmes, impuestos progresivos y mejor regulación, en especial del sector financiero— pueden invertir esas tendencias destructivas.


Para crear la voluntad política que exigen reformas de este tipo, debemos combatir la inercia y falta de acción de los políticos con los tristes datos de la desigualdad y sus desoladoras consecuencias para nuestros niños. Podemos reducir la pobreza infantil y la desigualdad creciente de oportunidades y, con ello, sentar las bases para un futuro más justo y próspero. ¿Por qué no lo hacemos? De todos los daños que inflige la desigualdad a nuestras economías, políticas y sociedades, el daño causado a los niños exige especial atención. Independientemente de la responsabilidad que los adultos puedan tener por su situación en la vida —quizá no han trabajado lo suficiente, ahorrado lo suficiente o tomado las decisiones acertadas—, los niños se encuentran con sus circunstancias sin elección posible. Los niños son tal vez quienes más necesitan la protección que garantizan los derechos, y Estados Unidos debería dar al mundo un ejemplo inequívoco de lo que eso significa.

EL ÉBOLA Y LA DESIGUALDAD[19*]


La crisis del ébola ha vuelto a recordarnos las desventajas de la globalización. Las cosas buenas —como los principios de justicia social e igualdad de sexos— no son las únicas que atraviesan las fronteras con más facilidad que nunca; también lo hacen influencias perniciosas como los problemas medioambientales y las enfermedades.


La crisis nos ha recordado también la importancia del Estado y la sociedad civil. Para controlar la difusión de una enfermedad como el ébola no acudimos al sector privado. Pedimos ayuda a las instituciones: los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Médicos Sin Fronteras, el extraordinario grupo de médicos y enfermeros que se juegan la vida para salvar las de otros en los países pobres de todo el mundo.


Hasta los fanáticos de extrema derecha que quieren desmantelar las instituciones públicas recurren a ellas ante una crisis como la del ébola. Es posible que los Gobiernos no hagan un trabajo perfecto en esas ocasiones, pero uno de los motivos es que hemos quitado dinero a los organismos competentes tanto nacionales como mundiales.


El episodio del ébola contiene más enseñanzas. Una razón por la que la enfermedad se propagó a tanta velocidad en Liberia y Sierra Leona es que son dos países asolados por la guerra, en los que una gran parte de la población está mal alimentada y el sistema de salud está destruido.


Además, en los campos en los que el sector privado sí tiene un papel esencial —el desarrollo de vacunas—, tiene escasos estímulos para dedicar sus recursos a unas enfermedades que afectan a los países y las personas pobres. Hace falta que los países avanzados estén amenazados para que se vea el ímpetu necesario y se invierta en vacunas contra enfermedades como el ébola.


En realidad, no se trata de criticar al sector privado; al fin y al cabo, las compañías farmacéuticas no hacen las cosas por la bondad de su corazón, y prevenir o curar las enfermedades de los pobres no da dinero. Lo que esta crisis pone en tela de juicio es nuestra dependencia del sector privado para hacer cosas que los Gobiernos hacen mejor. De hecho, da la impresión de que, con más fondos públicos, habría sido posible desarrollar una vacuna contra el ébola hace años.


Los fallos de Estados Unidos en este aspecto han llamado especialmente la atención, hasta el punto de que varios países africanos están tratando a los visitantes de nuestro país con precauciones especiales. Pero es el reflejo de un problema más básico: el sistema de salud de Estados Unidos, en gran parte privado, está fracasando.


Es cierto que, en la franja superior, tenemos varios de los mejores hospitales, centros de investigación y centros médicos avanzados del mundo, pero aunque Estados Unidos gasta en atención médica más dinero per cápita y como porcentaje del PIB que ningún otro país, sus resultados son verdaderamente decepcionantes.


La esperanza de vida de un varón estadounidense es la peor de los diecisiete países con mayores ingresos medios —casi cuatro años inferior a las de Suiza, Australia y Japón—. Y para las mujeres es la segunda peor, más de cinco años por debajo de la de Japón.


Otros parámetros son también desoladores, con datos que indican que los estadounidenses van a tener peor salud toda su vida. Y la situación no ha dejado de empeorar desde hace por lo menos tres décadas.


Hay muchos factores que contribuyen a nuestro retraso sanitario, y se pueden extraer conclusiones útiles para otros países. Para empezar, el acceso a la sanidad es importante. Dado que Estados Unidos es uno de los pocos países avanzados que no lo reconoce como un derecho humano esencial, y que se apoya en el sector privado más que otros, no es extraño que muchos ciudadanos no obtengan los medicamentos que necesitan. Si bien la Ley de Protección al Paciente y Cuidados Asequibles (Obamacare) ha mejorado las cosas, la cobertura de los seguros de salud sigue siendo escasa: casi la mitad de los cincuenta estados se niegan a ampliar Medicaid, el programa de financiación de la atención sanitaria destinado a los pobres.


Además, Estados Unidos posee una de las tasas más altas de pobreza infantil de los países avanzados (sobre todo antes de que las políticas de austeridad incrementaran drásticamente la pobreza en varios países europeos), y la falta de nutrición y atención sanitaria durante la niñez repercute durante toda la vida. Por otra parte, nuestras leyes de armas contribuyen a que tengamos la tasa más alta de muertes violentas entre los países avanzados, y la dependencia del automóvil provoca un gran número de víctimas de tráfico.


Las desmesuradas desigualdades de Estados Unidos son otro factor crucial en su atraso sanitario, sobre todo unidas a los factores mencionados más arriba. Con más pobreza, más pobreza infantil, más personas sin acceso a la sanidad, a una vivienda digna y a la educación, y más personas que sufren inseguridad alimentaria (con un consumo frecuente de comida barata que fomenta la obesidad), no es de extrañar que los resultados de Estados Unidos en materia de salud sean malos.


Pero los resultados son también peores en Estados Unidos que en los demás países con rentas más altas y más cobertura de salud. Quizá también eso tenga que ver con unas desigualdades mayores que en otros países avanzados. La salud, como se sabe, está relacionada con el estrés. Los que se esfuerzan en trepar por la escala del éxito saben las consecuencias del fracaso. En Estados Unidos, los peldaños de la escalera están más separados que en otros lugares, y la distancia entre los de arriba y los de abajo es mayor. Eso significa más ansiedad, que se traduce en peor salud.


La buena salud es una bendición. Pero la forma que tienen los países de organizar su sistema de salud —y su sociedad— influye tremendamente en los resultados. Estados Unidos y el mundo pagan un alto precio por apoyarse demasiado en las fuerzas del mercado y prestar una atención insuficiente a valores más amplios como la igualdad y justicia social.


Continuará