ASPECTOS PRINCIPALES DE LA POLÍTICA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO TERRITORIAL
· Tiene como punto de partida el artículo 168 de la Constitución que regula la importancia del municipio y su autonomía.
· Implementa el Lineamiento No. 17 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016 – 2021.
Fue elaborada de conjunto por múltiples instituciones bajo la coordinación del MEP. Entre otros: INIE, IPF, CEDEL, CE- GESTA, MES, ANEC, universidades, gobiernos provinciales y municipales.
La política definió algunos conceptos con el objetivo de armonizar lo que por cada uno debe entenderse en lo adelante.
Se define el desarrollo local como un proceso esencialmente endógeno, participativo, innovador y de articulación de intereses entre actores, territorios y escalas (municipal, provincial y sectorial/nacional). Se sustenta en el liderazgo de los gobiernos municipales y provinciales para la gestión de sus estrategias de desarrollo dirigidas, desde la gestión del conocimiento y la innovación, al fomento de proyectos que generen transformaciones económico-productivas, socioculturales, ambientales e institucionales, con el objetivo de elevar la calidad de vida de la población.
Los proyectos de desarrollo local se reconocen como un conjunto de recursos, esfuerzos y acciones que tienen el propósito de transformar una situación existente a otra deseada, que contribuya al desarrollo de los municipios, provincias y comunidades donde actúa, e impacte en la calidad de vida de la población. En su diseño e implementación debe primar el criterio de potenciar las capacidades de los grupos y actores participantes, aprovechar los recursos endógenos en la solución de las problemáticas planteadas y el carácter participativo de su gestión.
La Estrategia de Desarrollo Municipal es un instrumento integrador, que contribuye a orientar la gestión del gobierno municipal en función de las prioridades definidas a partir de los intereses nacionales y territoriales. Desde su diseño y gestión articula los diagnósticos y proyecciones que se definan por otros instrumentos de planificación, fundamentalmente por el plan de ordenamiento territorial y urbano.
Algunos elementos de la política
1. Para el 2021, y así está previsto en el PNDES 2030, cada municipio del país contará con una estrategia de desarrollo y basará su gestión en la implementación de esta, articulada con la de la provincia.
2. Crear en cada municipio una estructura con la función de coordinar la gestión de esta estrategia y asesorar técnica y metodológicamente a las estructuras de gobierno en estos temas.
3. Los proyectos de desarrollo local se clasificarán según su naturaleza en: económicos-productivos, socioculturales, ambientales, institucionales, I+D+i.
4. Los proyectos deben concebir:
· Tributar a la estrategia municipal y en lo fundamental a la generación de exportaciones, sustitución de importaciones, los encadenamientos productivos y la producción de alimentos;
· Que participe más de un actor local (todas las formas de propiedad y gestión pueden ser titulares de los proyectos)
· Utilización mayoritaria de recursos endógenos.
· Funcionarán sin que sea necesario constituir una persona jurídica independiente.
· Generar empleos básicamente a jóvenes y mujeres. Beneficios o incentivos de los proyectos
· Retener un por ciento de la divisa que genera por exportación para el propio proyecto y aportar a otros proyectos.
· Podrán contar con múltiples fuentes de financiamiento: contribución territorial, créditos, cooperación internacional, inversión extranjera directa, fondos, presupuesto.
· Tendrán acceso tanto al mercado mayorista como minorista
· Podrán disponer del 50% de utilidades después de impuesto para distribuir en el propio proyecto.
· Remunerar a todos los participantes de los proyectos, a partir de las utilidades que genere el proyecto.
Se ha diseñado por el MES y CE-GESTA un amplio sistema de capacitación en seminarios regionales y videoconferencias.
Se han elaborado guías metodológicas para el diseño de estrategias municipales.
Hasta noviembre del 2017, los consejos de las administraciones municipales y provinciales habían aprobado el empleo de más de 429 millones de pesos, provenientes de la Contribución Territorial para el Desarrollo Local, pero el destino de esos recursos en los territorios todavía no es totalmente consecuente con el propósito fundamental de este tributo
Construcción del malecón de la ciudad de Nuevitas, en Camagüey, con la contribución territorial. Foto:Rodolfo Blanco Cué (ACN)
Los datos no son de una provincia o de un municipio en particular. Los datos son del país y resultan elocuentes en su tendencia. Hasta noviembre del 2017, los consejos de las administraciones municipales y provinciales (CAM y CAP) habían aprobado el empleo de más de 429 millones de pesos, provenientes de la Contribución Territorial para el Desarrollo Local (CTDL). De esa cifra, el 29,2 % fue destinado a acciones de reparación y mantenimiento, equivalente a un monto que supera los 125,6 millones de pesos.
Para proyectos de desarrollo local, en cambio, fueron suscritos poco más de 5,1 millones de pesos, apenas el 1,2 % del total aprobado. Sin contar que La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín e Isla de la Juventud no reflejan, al menos en ese periodo, según la información enviada al Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), el empleo de recursos en algún programa de esta naturaleza.
Y no es que esta desproporción sea del todo cuestionable, porque en el gran saco de las reparaciones están las escuelas, los círculos infantiles, los consultorios y hospitales, los cines que no lo habían sido en años, los parques que siempre la gente agradece… Incluso en el rosario de acciones pudieron quedar resueltos vetustos planteamientos de la población, los mismos que de otra manera hubiesen continuado pospuestos entre lo urgente y lo necesario.
El desequilibrio es, cuando menos, llamativo, si tomamos en cuenta el propósito fundamental de la Contribución, sin que el análisis pretenda juzgar, superficialmente, lo acertado o no de los acuerdos aprobados en los territorios. De cualquier manera, las decisiones que los antecedieron fueron adoptadas, como parte de su facultad, por los CAM, justo en la base, donde las entidades –ubicadas allí– generan los ingresos y donde deben estar clarísimas las prioridades.
Pero en esas reparaciones, y de los usos en general, hay de todo como en botica. Lo hecho en determinados lugares, por ejemplo, pudo tener el respaldo, en buena ley, de otras partidas presupuestarias, si la planificación a ese nivel hubiese jugado bien su función; y lejos de colgarse del «1 %», no pocos mantenimientos hubiesen incrementado los niveles de gastos de algunas empresas que optaron por preservar mayores márgenes de utilidad.
En Artemisa y Sancti Spíritus, si bien las cifras no son muy relevantes, sí lo es el uso que allí decidieron darle a una parte de estos ingresos: pago a músicos contratados para las actividades del verano, así como de deudas asociadas a la cuenta de las festividades.
Por ello, a la hora de orientar a las administraciones sobre el mejor manejo de la Contribución, los funcionarios del MFP insisten en su empleo en programas de impacto para el territorio, que logren multiplicar los ingresos y que estos se reviertan en mejoras económicas y/o sociales para la población, porque ese es el camino, en definitiva, hacia el desarrollo.
«Pintar una bodega o reparar un restaurante debe estar incluido quizá entre los gastos de mantenimiento de las empresas de gastronomía, reconoce Meisi Bolaños Weiss, viceministra del MFP, y el dinero de la Contribución debe ir entonces a proyectos más sostenibles, como la producción local de materiales, por ejemplo.
«Hay que velar porque no se asuman con estos recursos gastos que le corresponden al sistema empresarial. Hay que dar respuesta a necesidades acumuladas, a planteamientos, pero no se puede obviar la responsabilidad con la continuidad y sostenibilidad de los programas».
LO HECHO…
De acuerdo con la Ley No. 125, del Presupuesto del Estado para el 2018, la contribución territorial para el desarrollo local prevé disponer de 612 millones de pesos en los disímiles territorios del país, lo que representa un crecimiento respecto a lo concebido en el año que recién concluyó, en el cual se planificaron 480 millones de pesos.
Este incremento responde fundamentalmente, en opinión de Loida Obregón González, directora de Atención de Órganos Locales del Poder Popular, del MFP, al seguimiento ofrecido a cada uno de los establecimientos que están obligados a aportar dicho tributo.
Obviamente, dice, poder disponer de estos recursos significa una oportunidad para los municipios, pero no deben asumirse cual barita mágica. La contribución territorial viene a calzar el Presupuesto, el cual debe ejecutarse sin fisuras. Vale decir que los 612 millones de pesos previstos por concepto de contribución territorial representan, apenas, el 1,7 % de los recursos que destina el Presupuesto al desarrollo de la actividad social en el país.
Una mala desagregación o planificación del Presupuesto en los territorios trae consigo desbalances que luego hay que solucionar, en algunos casos, con esta recaudación adicional.
No obstante, la propia Ley del Presupuesto reitera que «la contribución debe respaldar, en primer orden, gastos imprescindibles que no pueden ser cubiertos dentro del balance presupuestario». Pero no es lo mismo actuar de «apagafuegos financieros», que responder a una planificación anticipada.
En los municipios, insiste Loida Obregón, es preciso seguir incentivando el empleo de la contribución en el logro de un desarrollo sostenible en el tiempo, de modo que lo invertido genere ingresos para el propio territorio.
Reconoce que todavía algunas autoridades tienen dudas sobre el destino que le pueden dar a esos recursos. Entonces subraya que es facultad del municipio decidir, pero después tiene que haber un control efectivo, que permita confirmar, en el terreno, el uso final de lo que fue aprobado.
LA MIRADA DE LOS TERRITORIOS
Si algo está limitando hoy el empleo eficiente de la contribución territorial es la ausencia, en opinión de Julio César García García, jefe de la Administración Provincial de Mayabeque, de planes de desarrollo local bien concebidos, donde estén definidas las prioridades y sustentadas por estudios de factibilidad.
En Mayabeque, explica, en casi la mitad de los casos, la contribución ha respondido a los propósitos para los cuales fue aprobada, pero en otros, por la inmediatez de las decisiones, no se logró ser totalmente eficiente. Ya para el 2018, asegura, se ha estructurado un plan con los posibles usos de esta recaudación, que los sitúa en mejores condiciones desde el punto de vista de la planificación.
Se han intencionado las propuestas, sostiene, hacia actividades productivas que permitan la generación de nuevos servicios y ventas, de modo que el ciclo de empleo genere crecimientos. «Pensamos en minindustrias en las actividades alimentarias y de materiales de la construcción, así como potenciar aquellos proyectos científicos que puedan incidir en la productividad».
Pero existe, a su juicio, otra limitación, tan dañina como la ausencia de proyectos, y es la falta de visión de los gobiernos locales de cómo incrementar los ingresos en sus territorios y atraer inversiones que generen empleos, ventas y, más temprano que tarde, permitan ampliar los aportes del 1 %.
Todavía no he visto, acota, que un municipio haya analizado, pormenorizadamente, el aporte de cada uno de los establecimientos que tiene enclavados allí, o se haya detenido en las causas de por qué no contribuye alguna entidad obligada a hacerlo.
Según Elizabeth Lavastida García, directora provincial de Finanzas, en el 2017 de destinaron más de 17 millones a labores de reparación y mantenimiento de hospitales, centros deportivos y de cultura, escuelas, obras hidráulicas… Sin embargo, también hubo que emplear alrededor de cuatro millones de pesos para cubrir gastos corrientes (pago de salarios), debido a una mala planificación y desagregación presupuestaria.
Justamente eso es lo que no se pueden permitir los territorios, porque así, cómo hablar de desarrollo.
TOCAR LA SENSIBILIDAD
Todo lo que en materia de salud y educación ha sido posible hacer con la
contribución ha disparado, literalmente, la satisfacción de la población.
En Mayabeque, por ejemplo, María Dailis Guerra Moré, directora provincial de Educación, resalta el beneficio de estos aportes en 23 instituciones educativas durante el 2017, ya fuera desde el punto de vista constructivo o en el aumento de las capacidades de los círculos infantiles. En la mayoría de las ocasiones, la contribución y el presupuesto se complementaron para ampliar el alcance.
Asimismo ocurrió en el área de salud, donde, a juicio de su director provincial, Luis Armando Wong Corrales, se pudieron reparar, gracias a esta unión de los recursos, 56 consultorios del médico de la familia, de los 32 planificados.
Y la obra de mayor impacto: la reparación capital del Hospital Aleida Fernández, tenía el respaldo presupuestario de 500 000 pesos inicialmente. Con la contribución y otras fuentes de ingresos asignadas desde el Ministerio de Salud, la inversión ronda los seis millones de pesos.
Estos son, claro está, los buenos ejemplos. Pero en pos del avance, toca mirar con profundidad hacia las fisuras, que aún son considerables, para sacar definitivamente del letargo al desarrollo local.
ASPECTOS PRINCIPALES DE LA POLÍTICA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO TERRITORIAL 
