Fidel


"Peor que los peligros del error son los peligros del silencio." Fidel Castro Ruz

martes, 31 de julio de 2018

La transformación es imposible si los líderes no cambian su mentalidad

trad. Mariana Díaz

La transformación es imposible si los líderes no cambian su mentalidad


Hace algún tiempo, pregunté a 100 directores ejecutivos que asistían a una conferencia cuántos de ellos estaban involucrados, en ese momento, en una importante transformación comercial. Casi todos levantaron la mano, pero no fue una sorpresa. Según un estudio de BCG, el 85% de las empresas han emprendido una transformación durante la última década.

La misma investigación encontró que casi el 75% de esas transformaciones no logran mejorar el rendimiento comercial, ya sea a corto o largo plazo.

Entonces, ¿por qué es tan difícil lograr la transformación?

Entre muchas explicaciones posibles, una que recibe muy poca atención puede ser la más fundamental: los temores invisibles y las inseguridades que nos mantienen encerrados en comportamientos incluso cuando sabemos racionalmente que no nos sirven. Sume a eso la ansiedad que experimentan casi todos los seres humanos frente al cambio. Pese a esto, la mayoría de las organizaciones prestan mucha más atención a la estrategia y la ejecución que a lo que sienten y piensan sus empleados cuando se les pide que acepten una transformación. La resistencia, especialmente cuando es pasiva, invisible e inconsciente, puede descarrilar incluso la mejor estrategia.

Las transformaciones empresariales generalmente se basan en nuevos elementos estructurales, que incluyen políticas, procesos, instalaciones y tecnología. Algunas compañías también se enfocan en comportamientos: definir nuevas prácticas, capacitar nuevas habilidades o pedir a los empleados nuevos productos.

Lo que la mayoría de las organizaciones suelen pasar por alto es el cambio interno, es decir, lo que la gente piensa y siente. Y para dar vida a la estrategia, esto tiene que ocurrir. Aquí es donde la resistencia tiende a surgir, cognitivamente, en la forma de creencias fijas, suposiciones profundamente arraigadas y puntos ciegos; y emocionalmente, en forma del miedo y la inseguridad que el cambio engendra. Todo esto se suma a nuestra mentalidad, que refleja cómo vemos el mundo, qué creemos y cómo nos hace sentir.

El resultado es que la transformación de un negocio también depende de la transformación de las personas, comenzando por los líderes e influencers más experimentados. Sin embargo, pocos, en nuestra experiencia, han pasado mucho tiempo observando y comprendiendo sus propias motivaciones, desafiando sus suposiciones o yendo más allá de sus zonas de confort intelectual y emocional. El resultado es algo que los psicólogos Lisa Lahey y Robert Kegan han denominado "inmunidad al cambio".

Primero nos topamos, hace dos décadas, con el poder de la mentalidad, cuando comenzamos a plantear el caso dentro de las organizaciones de que el descanso y la renovación son esenciales para mantener el alto rendimiento. La evidencia científica que presentamos a los clientes fue convincente. Casi todos ellos creyeron que el concepto era persuasivo y atractivo, tanto lógica como intuitivamente. Les enseñamos estrategias muy simples para construir la renovación en sus vidas, y dejaron nuestros talleres ansiosos por cambiar la forma en que trabajaban.

No obstante, la mayoría de ellos tuvo problemas para cambiar su comportamiento cuando volvieron a sus trabajos. Continuaron equiparando el trabajo continuo y las largas horas con el éxito. Tomarse el tiempo necesario para renovarse durante los días de trabajo les hizo sentir como si estuvieran aflojando. Incluso cuando las organizaciones construyeron espacios de siesta, a menudo no se usaban. A la gente le preocupaba que, si descansaban del todo, no iban a realizar su trabajo y, sobre todo, temían fallar. A pesar de sus mejores intenciones, muchos de ellos eventualmente volvieron a sus patrones habituales.

Hace poco trabajamos con el equipo sénior de una gran empresa de productos de consumo que se vio seriamente afectada por competidores online más pequeños y más ágiles que vendían sus servicios directamente a los consumidores. A primera vista, el equipo estaba alineado, enfocado y comprometido con una nueva estrategia multifacética con un fuerte componente digital. No obstante, cuando observamos la mentalidad del equipo más profundamente, descubrimos que compartían varias creencias subyacentes, entre ellas: "Todo lo que hacemos tiene la misma importancia", "Más siempre es mejor" y "Tiene que ser perfecto o no lo hacemos". Resumieron estas creencias en una sola oración: "Si no seguimos corriendo tan rápido como podamos y estamos atentos a cada detalle, todo se derrumbará".

No es sorprendente que los líderes descubrieran que se estaban extendiendo demasiado, luchando por apretar el gatillo en nuevas iniciativas y sintiéndose agotados. El simple hecho de darse cuenta de estos costes y sus consecuencias demostraron ser altamente valiosos y motivadores. También lanzamos varias iniciativas para abordar estos problemas de forma individual y colectiva.

Una de las iniciativas más exitosas comenzó con un simple ejercicio destinado a ayudar a los líderes a definir sus tres principales prioridades. Luego les guiamos a través de un ejercicio estructurado que incluye profundizar en sus calendarios para evaluar si estaban aprovechando su tiempo para obtener la mayor ventaja, incluido reservar tiempo para la renovación. Este proceso les llevó a examinar más conscientemente por qué estaban trabajando de forma autodestructiva.

También desarrollamos un portal en internet donde los líderes acordaron compartir regularmente su progreso en la priorización, así como los sentimientos de resistencia que surgían y cómo los manejaban. Su trabajo es continuo, pero entre los sentimientos más comunes que informaron las personas estaban la liberación y el alivio. Sus peores temores no se materializaron.

Varios factores suelen mantener la mentalidad en su lugar. La primera es que gran parte de ella se enraíza profundamente al principio de nuestras vidas. Con el tiempo, tendemos a desarrollar un sesgo de confirmación, buscando evidencia que refuerce lo que ya creemos y minimizando o descartando lo que no creemos. También estamos diseñados, tanto genética como instintivamente, para poner nuestra propia seguridad primero y para evitar tomar demasiado riesgo. En lugar de utilizar nuestra capacidad de pensamiento crítico para evaluar nuevas posibilidades, a menudo cooptamos nuestra corteza prefrontal para racionalizar las elecciones que en realidad fueron impulsadas por nuestras emociones.

Todo esto explica por qué la transformación más efectiva comienza con lo que está sucediendo dentro de las personas, y especialmente con los líderes más experimentados dada su autoridad e influencia desproporcionadas. Su desafío es dirigir deliberadamente la atención hacia sí mismos para comenzar a notar los patrones fijos en su pensamiento, cómo se sienten en un momento dado y qué tan rápido el instinto de autopreservación puede abrumar a la racionalidad y una perspectiva a más largo plazo, especialmente cuando las apuestas son altas.

Los líderes también tienen un gran impacto en la mentalidad colectiva, es decir, en la cultura organizacional. A medida que comienzan a cambiar la forma en que piensan y sienten, son más capaces de modelar comportamientos nuevos y comunicarse con otros de forma más auténtica y persuasiva. Incluso los empleados altamente resistentes al cambio tienden a seguir a sus líderes, simplemente porque la mayoría de la gente prefiere encajar, en lugar de sobresalir.

En definitiva, la transformación personal requiere el coraje para desafiar la zona de confort actual y tolerar esa incomodidad sin reaccionar de forma exagerada. Una de las herramientas más efectivas que hemos encontrado es una serie de preguntas provocadoras que les pedimos a los líderes y a sus equipos que crearan una práctica para preguntarse a sí mismos:

"¿Qué es lo que no estoy viendo?"

"¿Qué más es cierto?"

"¿Cuál es mi responsabilidad en esta situación?"

"¿Cómo influyen mis miedos en mi perspectiva?"

La gran estrategia sigue siendo fundamental para la transformación, pero una ejecución exitosa también requiere que surjan y aborden continuamente las razones invisibles que a menudo las personas y las culturas se resisten a cambiar, incluso cuando la forma en que están trabajando no está funcionando.


Es el presidente y CEO de The Energy Project y autor de The Way We're Working Is Not Working. Conviértase en un fan de The Energy Project en Facebook y conéctese con Tony en Twitter.com/TonySchwartz y Twitter.com/Energy_Project.

lunes, 30 de julio de 2018

Cooperativas no agropecuarias en el sector de la construcción en La Habana: un análisis de su gestión

Econ. y Desarrollo vol.159 no.1 La Habana ene.-jun. 2018

  
Silvia Odriozola GuitartI y Adys Regla Palma ArnaudII
I Facultad de Economía, Universidad de La Habana, Cuba. 
II Ministerio de la Construcción, Cuba.




RESUMEN 

Una de las principales transformaciones de la actualización del modelo económico y social cubano ha sido la creación de cooperativas no agropecuarias (CNA), siendo el sector de la construcción uno de los más representativos. El presente artículo analiza sus características, determina las potencialidades y barreras para su desarrollo y pone de manifiesto el estado actual de cumplimiento de los principios del cooperativismo al interior de las cooperativas. Para ello, además de la consulta obligada a las principales referencias bibliográficas del tema, se aplicó una encuesta a una muestra de cooperativistas de la construcción en varios municipios de la capital. El trabajo parte de algunas consideraciones conceptuales, luego caracteriza las CNA en el país y, particularmente, las de construcción; finalmente analiza sus principales potencialidades y barreras, esbozando posibles líneas de acción para contribuir a su desarrollo armónico.

INTRODUCCIÓN 

En el proceso de actualización del modelo económico y social cubano han ocurrido cambios significativos que han partido del reconocimiento de la heterogeneidad socioeconómica como un rasgo característico de los procesos de construcción del socialismo. Uno de ellos ha sido extender la creación de cooperativas en sectores no agropecuarios, lo cual constituye un avance en la concepción del cooperativismo en Cuba.
De este modo, a partir de la aprobación de los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución se contempló la creación de cooperativas no agropecuarias (CNA), como parte del sector no estatal. Entre sus objetivos declarados figuran el de incrementar la producción de bienes y servicios, aumentar los niveles de productividad, lograr mayor autonomía, contribuir al desarrollo de las comunidades, así como elevar el nivel de vida de la población, en aras de lograr un socialismo próspero y sostenible.
Donde más se ha extendido esta forma productiva ha sido en el sector de la construcción (alrededor del 17 % de las CNA autorizadas), el cual, a su vez, ha sido reconocido como uno de los más estratégicos del país, debido al papel que desempeña en el proceso de desarrollo económico y social. Asimismo, más del 60 % de las CNA de la construcción se encuentran en La Habana, de ahí que el presente trabajo centre su atención en esta provincia, con el propósito de examinar sus principales características, identificar las potencialidades y barreras para su desarrollo y analizar el estado actual de cumplimiento de los principios del cooperativismo al interior de las CNA.
Para ello, se aplicó una encuesta a una muestra de cooperativistas del sector de la construcción (principalmente a socios fundadores y directivos) en los municipios de Playa, Plaza de la Revolución, Centro Habana, Habana Vieja y Diez de Octubre. Para el procesamiento de la información se utilizó el paquete estadístico para las ciencias sociales (SPSS, versión 20). 
El trabajo está estructurado en tres momentos. En el primero de ellos se plantean algunas cuestiones conceptuales importantes relativas a las cooperativas; el segundo incluye el análisis del marco legal de las CNA, así como su caracterización en el sector de la construcción, en particular a partir de los resultados de la encuesta aplicada en La Habana. Finalmente, en el tercero se analizan las principales barreras y potencialidades de las CNA con el propósito de esbozar posibles líneas de acción que contribuyan a su desarrollo. Mención especial merece el abordaje del estado de cumplimiento de los principios del cooperativismo al interior de estas formas productivas.


1. Consideraciones conceptuales de partida para el análisis del cooperativismo en Cuba 

Las cooperativas como forma de gestión democrática son una alternativa viable para la construcción socialista. Sin ser la única vía, permiten abolir la subordinación del trabajo al capital, la enajenación de los trabajadores y los antagonismos de clases, al establecerse entre sus miembros relaciones de trabajo asociado y no de trabajo asalariado. Es por ello que se plantea que existe una relación dialéctica entre cooperativismo y socialismo (Gambina y Roffinelli, 2011, p. 57), en tanto las cooperativas contribuyen a fortalecer los valores solidarios, al predominar los intereses colectivos en lugar de los individuales, lo que posibilita el interés hacia la comunidad y un engranaje con el desarrollo de los territorios. También generan nuevas fuentes de empleo, contribuyen a elevar los niveles de productividad y eficiencia en actividades que no son estratégicas y han sido gestionadas ineficientemente por él. Además, pueden aportar a la consolidación de la base socioeconómica del modelo económico socialista; aspectos todos de vital trascendencia para el caso de Cuba.
Según la Declaración de Identidad Cooperativa, una cooperativa es un grupo de personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente para satisfacer necesidades y aspiraciones comunes, por medio de una empresa que les pertenece a todos por igual y que debe ser administrada o controlada democráticamente por ellos (Alianza Cooperativa Internacional, 1995). Por tanto, son una de las tantas formas de autogestión empresarial y están consideradas como uno de los más importantes actores de la economía solidaria o social (Cruz y Piñeiro, 2011, p. 34).
Por consiguiente, la cooperativa es una asociación de productores agrupados voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones comunes desde el punto de vista económico, social y cultural, a través de una empresa de propiedad colectiva y gestión democrática. Igualmente, es una forma de propiedad y gestión más socializada, donde predomina el trabajo asociado por encima del capital aportado. Ello da lugar a que el cooperativismo se considere en la actualidad como una alternativa empresarial para el desarrollo de las naciones. 
Según la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), los principios que rigen el cooperativismo son:

  1. Adhesión voluntaria y abierta: las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socio, sin discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo. También pueden decidir la separación de algunos de sus miembros. Por ende, deben tener establecido en su reglamento interno un conjunto de criterios para la adhesión y la separación de algunos de sus miembros y, a su vez, ser analizados por la Asamblea General como órgano supremo de las cooperativas.
  2. Gestión democrática por parte de los socios: los miembros de las cooperativas participan activamente en la toma de decisiones y en la implementación de políticas concernientes a la gestión de la cooperativa debido a que estas son organizaciones gestionadas democráticamente por sus socios. Igualmente, los miembros designados para representar y gestionar las cooperativas deben rendir cuenta ante los socios. En las cooperativas de primer grado o de base no importa el capital o trabajo aportado por los socios, todos tienen igual derecho al voto (un socio, un voto), mientras las de otros grados también están organizadas democráticamente.
  3. Participación económica de los socios: todos los socios aportan equitativamente capital a la cooperativa, no solo de manera directa, sino indirectamente con su fuerza de trabajo, capacidades productivas, habilidades o dedicación para el desarrollo de la cooperativa. Una parte de ese capital es propiedad de la cooperativa, con la finalidad de crear fondos sociales para educación, contingencia, inversión, entre otros, que satisfagan las necesidades de sus miembros. Estos fondos pueden ser establecidos por ley o por la cooperativa en su reglamento interno. Además, de manera individual, los socios tienen participación económica a partir del anticipo (ingreso monetario que reciben los socios mensualmente) y el retorno (lo que recibe cada socio al final del año fiscal, si la cooperativa tiene excedentes después de cumplir con las obligaciones).
  4. Autonomía e independencia: las cooperativas son organizaciones autónomas e independientes, gestionadas por sus socios. Estas pueden establecer acuerdos con otras organizaciones siempre que se mantenga el control democrático de sus socios y la autonomía de la cooperativa.
  5. Educación, formación e información: las cooperativas contribuyen a la educación y formación de sus miembros para que puedan colaborar de manera efectiva a su desarrollo. Es necesario que los miembros estén capacitados, principalmente en materia de cooperativismo, para contribuir eficientemente a la gestión de la cooperativa desde el punto de vista de la toma de decisiones. Asimismo, deben informar al público de las particularidades y beneficios del cooperativismo, así como sus principios y valores.
  6. Cooperación entre cooperativas: la cooperación entre cooperativas es esencial, porque con su unión se fortalece el movimiento cooperativo a través de integraciones locales, nacionales, regionales e internacionales.
  7. Interés por la comunidad: las cooperativas trabajan para lograr el desarrollo sostenible de sus comunidades, mediante políticas emitidas por sus socios. Esto pudiera ser a través de la oferta de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de los habitantes de la comunidad, la contribución al desarrollo local y al medio ambiente, al igual que la promoción del cooperativismo. Otro elemento a tener en cuenta sería lo planteado por Piñeiro (2012) sobre el establecimiento de mecanismos de coordinación entre las cooperativas y los representantes de los intereses sociales.
Estos principios cooperativos tienen una primordial importancia porque son las pautas que rigen el funcionamiento de las cooperativas para lograr su éxito. Además, permiten identificar las particularidades que las diferencian de las empresas privadas o estales, así como los valores que deben estar presentes en ellas. Al respecto, Cruz y Piñeiro (2011) se refieren a los principios cooperativos como «lineamientos u orientaciones sobre cómo las cooperativas deben organizarse y funcionar, por lo que sirven para evaluar la medida en que una organización se acerca al ideal de una cooperativa verdadera» (pp. 40-49).
Es importante tener en cuenta que existen diferencias sustanciales entre la forma de producción cooperativa y las empresas de propiedad privada; en las primeras las relaciones que se establecen entre los sujetos son de trabajo libre asociado, en las segundas son de trabajo asalariado. En Piñeiro (2012, p. 79), pueden encontrarse las principales divergencias entre empresas y cooperativas, en aspectos como la forma de propiedad, el control de la toma de decisiones, la motivación principal de los propietarios y el destino de los excedentes, los derechos democráticos de los trabajadores y sus ingresos, entre otros.
De este modo, para que en la construcción de la sociedad socialista el proceso de socialización de la producción sea efectivo, es necesario que los trabajadores tengan la capacidad real de dirigir por sí mismos los procesos productivos y distributivos que realizan en su condición de dueños. Las cooperativas constituyen una de las formas de organización empresarial a través de la cual esto puede concretarse, de ahí que los clásicos del marxismo las concibieran como una de las maneras de atacar la base de la sociedad capitalista, a pesar de no concebirlas como el instrumento fundamental. 
Bajo tales preceptos, el proceso de actualización del modelo económico y social cubano ha reconocido a las cooperativas como un tipo de propiedad socialista, con especial atención entre las formas no estatales, que pueden contribuir a liberar al Estado de la responsabilidad directa sobre actividades que requieren alto grado de independencia, autonomía y responsabilidad en su gestión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, por el hecho de ser un colectivo de trabajadores y propietarios, no se deriva que tengan directamente una naturaleza socialista. Ello dependerá de la capacidad del sector socialista de atraerlo, de manera que se combinen sus acciones con los intereses de toda la sociedad.

Una vez que en los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución de 2011 se estableciera la necesidad de extender la forma cooperativa a sectores no agropecuarios (PCC, 2011, Lineamientos 2, 25, 26, 27, 28 y 29), se publicó un año más tarde, con carácter experimental, lo referente al Régimen jurídico(1) que regularía a las cooperativas no agropecuarias (CNA) en Cuba.
A partir de este marco regulatorio se han establecido las pautas para el desarrollo de las CNA en Cuba. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aún permanecen vacíos lineamientos institucionales en cuanto a mecanismos de entrada, procedimientos de aprobación y funcionamiento de tales organizaciones. La propia distinción entre «agropecuarias» y «no agropecuarias» plantea un dilema conceptual, pues enfatiza en el tipo de actividad y no en su esencia como forma de propiedad y gestión. De este modo, las cooperativas se han ido regulando de acuerdo a una diversidad de normativas jurídicas y niveles de subordinación institucionales distintos. Además, las no agropecuarias no siempre se conforman bajo el criterio de la iniciativa de productores individuales asociados, sino por la conversión de entidades estatales a formas de gestión cooperativa (cooperativas inducidas).
Aun cuando el carácter experimental de estas normas jurídicas ha respondido a la necesidad de ir perfeccionando estos procedimientos y sentar las bases para una futura ley general de cooperativas, ello puede afectar la seguridad jurídica y traer consigo la subjetividad a partir de la interpretación unipersonal del responsable en hacer cumplir la legislación (Arrázola Jaramillo, 2013). Adicionalmente, hay que tener en cuenta que estas nuevas cooperativas no presentan un cimiento constitucional, pues no se reconocen en la Carta Magna ni en la Ley de Asociaciones, a diferencia de las cooperativas agropecuarias.
Otra de las complejidades que forman parte de este proceso está relacionada con las cooperativas que son promovidas por instituciones externas, es decir, inducidas por entidades estatales. En este sentido, se establece que pueden gestionarse de forma cooperativa (por medio del arrendamiento, usufructo u otras formas legales que no impliquen la transmisión de la propiedad) los medios de producción del patrimonio estatal, tales como inmuebles y otros. Sin embargo, hay que lograr que se cumpla el principio de voluntariedad en la formación de tales cooperativas, pues, aunque la idea de gestionar entidades estatales de forma cooperativa no surja de parte de los trabajadores, correspondería a estos la decisión de aceptar o no la gestión de forma cooperativa.
También un elemento a destacar en las cooperativas inducidas, tal y como se señala en Maqueira y Triana (2016, p. 341), es que los trabajadores deberán aportar una cantidad monetaria acordada, que depende de las necesidades de inversión o los requerimientos mínimos de capital de trabajo para que la cooperativa funcione. Pero no todos los trabajadores poseen los recursos o simplemente no están dispuestos a invertirlos en la cooperativa. De ahí que se hayan definido métodos de distribución de utilidades que benefician a los que decidieron aportar el capital –o la mayor parte de este– que en muchos casos son los miembros del consejo de dirección de la cooperativa. Estos métodos de distribución son definidos por los propios accionistas e informados a los trabajadores, lo cual implica que posteriormente pueda reproducirse la misma estructura en la toma de decisiones.
De igual forma, pueden encontrarse irregularidades con relación a la contratación de fuerza de trabajo. Si bien está establecido que no puede superar el 10 % del total de jornadas-socios del período fiscal, se da el caso de que algunas cooperativas están generando utilidades, no a partir del trabajo aportado por sus socios sino por los trabajadores contratados, por lo que funcionan en la práctica como pequeñas y medianas empresas, bajo los beneficios establecidos para las cooperativas.
Lo anterior evidencia que existen limitaciones en el ámbito jurídico-institucional que afectan el desempeño del sector cooperativo y atentan contra los objetivos que se persiguen con su promoción (Fernández Peiso, 2011); (Maqueira y Triana, 2016); (Mesa Tejeda, 2015); (Odriozola, 2016); (Piñeiro Harnecker, 2014); (Puyo Arluciaga, 2014); (Rivera Gort y Rodríguez Musa, 2015) y (Rodríguez Musa, 2011). Las limitaciones más importantes pueden resumirse en:
  • Las nuevas cooperativas no presentan un cimiento constitucional, no están contempladas en la Carta Magna ni en la Ley de Asociaciones.
  • La ausencia de una ley general de cooperativas que agrupe al sector cooperativo en el país, al igual que una institución que supervise y vele por su funcionamiento, sobre todo por el cumplimiento de las normas y los principios del cooperativismo.
  • Las normas jurídicas de las nuevas cooperativas son de carácter experimental y presentan ambigüedades y contradicciones que se deben corregir para la creación de una ley general de cooperativas; esto refuerza un sentimiento de incertidumbre elevado por parte de los posibles cooperativistas, lo que arriesga los objetivos que se persiguen con el fomento y expansión de las normas y limita su desarrollo como formas genuinamente más socializadas.
  • El proceso de constitución de las cooperativas está supeditado a una excesiva administración estatal, se caracteriza por ser muy centralizado y dilatado, lo cual puede constituir un elemento no favorable que desestimula la constitución y el desarrollo de cooperativas.
  • La creación de cooperativas provenientes de unidades empresariales debe surgir de los trabajadores, para no incumplir con el principio de voluntariedad.
  • En la norma jurídica está ausente el quinto principio establecido por la Alianza Cooperativa Internacional sobre la educación, formación e información, lo que es de suma relevancia para los propios cooperativistas y para fomentar una verdadera cultura cooperativa en el país.
Asimismo, existen otras contradicciones que pueden generarse en este proceso de implementación de las cooperativas, entre las que vale la pena destacar: una contraposición de intereses de los socios, en su carácter de propietario colectivo o de grupo, con respecto al interés social; el hecho de que la existencia de vacíos institucionales pueden ocasionar que en su desarrollo, las cooperativas se conviertan en «falsas cooperativas», mediante las cuales el dueño que aporta el capital inicial y promueve el negocio encubre su forma legal bajo la forma de cooperativa, previo acuerdo con los socios a los que asegura empleo y un nivel de ingresos; y la contratación continuada de fuerza de trabajo para actividades principales, detrás de los cuales se generan prácticas de tercerización que evaden la normativa de incorporar a los trabajadores recurrentes en la cooperativa.
No obstante, sin subestimar tales contradicciones, para Cuba las cooperativas pueden tener un rol fundamental en la construcción del socialismo, en tanto es la manera de atraer al pequeño productor y propietario, en su condición de trabajador. De ahí que deban ser objeto de regulación en aras de que sus acciones no se contrapongan con los intereses de la sociedad. En este sentido, es necesario el diseño e implementación de políticas públicas efectivas a favor del sector cooperativo, que eviten su conversión en «falsas cooperativas», encubriendo e, incluso, promoviendo la expansión de pequeñas y medianas empresas que contratan trabajo asalariado. Así, los diseños institucionales y regulatorios tienen que sustentarse en la capacidad real de hacerlos cumplir, sin incentivar conductas contrarias al objetivo, lo cual adquiere especial relevancia en el caso cubano como se valora a continuación.

2. Las cooperativas no agropecuarias en Cuba en el sector de la construcción 

Las CNA se han constituido en actividades económicas como la gastronomía, los servicios, el comercio, la construcción, el transporte, la producción pesquera y la industria. Inicialmente se aprobaron 498 CNA, de las cuales 384 fueron de origen estatal y no estatal 114. En el año 2013 se constituyeron y empezaron a operar 198, de las cuales 123 se concentraron en la provincia de La Habana. Luego se incrementaron en 146, para un total de 344 al cierre de 2014, en lo que se destacaron las provincias de Artemisa y La Habana con 64 y 173, respectivamente. Estas últimas representan alrededor del 50,3 % del total de CNA constituidas y en operación hasta finales de ese año. En el año 2015 se produjo un modesto incremento de 22, de las cuales 19 fueron en La Habana, dos en Artemisa y una en Cienfuegos. Al cierre de diciembre de 2016, el total de CNA operando fue de 397, lo que representa un incremento de 199 respecto al año 2013. De este total, 221 se concentran en La Habana, para un 55,7 %, donde los municipios de Plaza de la Revolución (32), Playa (24), Boyeros (22) y Marianao (20) son los de mayores cifras al sumar un 44,3 % del total.
Desde el punto de vista de las actividades que realizan, también se observa una alta concentración en áreas como el comercio minorista (123), la gastronomía (116) y la construcción y producción de materiales de construcción (67), para un 77,08 % entre las tres. Este último sector, objeto de atención del presente trabajo, representa el 16,88 % del total de las CNA constituidas, de las cuales 42 operan en La Habana. De ellas, el Ministerio de la Construcción (MICONS) atiende 66 y una –COENERGY– es atendida por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a partir de que la propuesta de creación de la cooperativa fue por este organismo. Hasta diciembre de 2016, agrupaban un total de 6 832 socios, de los cuales 589 eran mujeres (MICONS, 2017).
Con vistas a profundizar en el diagnóstico de las CNA de la construcción en La Habana, se aplicó un cuestionario de forma anónima y confidencial, que incluyó 37 preguntas (abiertas y cerradas), agrupadas en aspectos como: la caracterización sociodemográfica de los cooperativistas encuestados (sexo, edad y nivel de escolaridad); otros datos relacionados con los cooperativistas (desempeño en cargos directivos, tiempo en la cooperativa, ocupación laboral anterior, principales motivaciones y ventajas al convertirse en cooperativista, ingresos máximos y mínimos); datos sobre la cooperativa (origen, fechas de constitución y operación, número de socios iniciales y actuales –de ellos cuántos son mujeres–, objeto social aprobado, origen del monto del capital inicial, solicitud de crédito, local, equipos y maquinarias, contabilidad, situación financiera, precios, trabajadores contratados, principales limitaciones que afectan el desarrollo de la cooperativa); e información sobre otros temas como: tener estudios sobre cooperativismo, recibir asesoría o apoyo de instituciones, forma en que se realiza la elección del presidente, conocimiento de los socios sobre la situación financiera de la cooperativa, distribución de utilidades en los estatutos, período de realización de las asambleas, participación de los socios, contribución al territorio y social y capacitación. El período de aplicación del cuestionario se enmarca en los meses desde enero hasta abril de 2017; se aplicaron 94 encuestas en 19 cooperativas de una población de 42, lo que representó el 45,2 %, y el 28,4 % respecto a las 67 a nivel nacional.
La muestra fue seleccionada a partir de varios criterios como: pertenecer a los municipios con mayor número de cooperativas de construcción, que estas estuvieran constituidas y operando por más de dos años, que fuesen aquellas donde aún se encontraran la mayoría de los socios fundadores y que los cooperativistas estuviesen dispuestos a colaborar con la investigación. 
Del total de encuestados (94), el 68,1 % ocupa cargos relacionados fundamentalmente con la presidencia (16 %) y el área económica (14,9 %); el 60,6 % es del sexo masculino y un 39,4 %, femenino; el rango de edades de los encuestados fue entre 23 y 76 años, para una edad media de 45 años aproximadamente; y el 61,7 % posee nivel superior, secundado por los que poseen técnico medio (27,7 %), la mayoría se ha graduado en especialidades de las ciencias técnicas y económicas(2) (54,3 y 24,5 %, respectivamente). Cabe destacar que casi la totalidad de los universitarios y técnicos medios ocupan cargos, lo que es un elemento a considerar por la trascendencia que puede tener en el funcionamiento futuro de las cooperativas, al ser dirigidas por personas preparadas en la actividad que realizan.

Con respecto a su ocupación anterior, el 75,5 % de los encuestados era trabajador estatal, mientras que el 11,7 %, trabajador por cuenta propia. El resto de las categorías se comportó de la siguiente manera: sin ocupación (4,3 %), cooperativista (3,2 %), jubilado (3,2 %) y estudiante (2,1 %). Los encuestados señalaron entre las motivaciones para convertirse en cooperativistas que ganan más que trabajando para el Estado (31,3 %), que las utilidades percibidas son de acuerdo al trabajo y no al capital aportado (21,5 %) y que todos los miembros trabajan y tienen decisión (18,5 %). Como puede apreciarse, la condición fundamental que motivó tal decisión fue la necesidad económica, de ahí que identificaran como la principal ventaja de cooperativizarse la obtención de mayores ingresos, seguida de la mayor autonomía e independencia para la gestión. Pese a que los cooperativistas encuestados reconocen el incremento de sus ingresos, cabe destacar la existencia de prejuicios en la mayoría de ellos en cuanto a brindar información sobre sus anticipos de utilidades, ya que solo el 37,2 % brindó respuestas sobre los ingresos máximos y mínimos recibidos. Es importante destacar que estos resultados obtenidos son muy similares a los logros de las CNA señalados en Piñeiro (2014) y Maqueira y Triana (2016).
Según el objeto social aprobado, las cooperativas donde se aplicó la encuesta se dedican principalmente a actividades como: construcción (78,9 %), reparación de obras (73,7 %), montaje (63,2 %) y mantenimiento (57,9 %). Algunas cooperativas están especializadas en ambientación y decoración, instalaciones hidráulicas, panelería ligera, climatización, impermeabilización y servicios tecnológicos. No obstante, existen cooperativas que realizan actividades que no están en su objeto social aprobado (MICONS, 2017), a pesar de que estas pueden ampliar o modificar su objeto social mediante solicitud al órgano rector. Hasta marzo de 2017 se recibieron 18 solicitudes de modificación del objeto social, de ellas el MICONS aprobó 7 y canceló una propuesta.
En cuanto al origen del monto del capital inicial para ejercer la actividad, el 89,4 % afirmó que fue a partir de fondos propios y solamente el 10,6 %, mediante fondos propios y créditos. En este sentido, resulta interesante el hecho de que solamente el 17 % de los encuestados ha solicitado crédito con la finalidad de financiar el monto de capital inicial y otras inversiones, una vez que la cooperativa empieza a operar. Las causas fundamentales que se esgrimieron para ello fueron que el otorgamiento de crédito es dilatado y que desconocen las posibilidades que les brinda el sistema bancario. Este es otro de los aspectos a revisar, ya que las restricciones de créditos traen implicaciones negativas en la distribución de ingresos y beneficia la presencia de aquellos que tienen mejores condiciones y garantías de pago.
Otro de los elementos a revisar en el proceso de implementación de las CNA está relacionado con el local donde ejercen su actividad, el cual en muchos casos no coincide con el domicilio legal con el que se inscriben en la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) y otras instancias, varios señalan que existen demoras en los trámites y dificultades para el arrendamiento de locales al Estado. Así, el 67 % ejerce su actividad en local propio; el 23,4 %, arrendado y el 9,6 %, prestado. Entre los locales propios figuran la casa del presidente, de algún socio o inmuebles comprados a nombre de otras personas.
A su vez, el 63,6 % de los arrendadores alquila el local a tres entidades estatales (PROMAT, Empresa Provincial de Comercio y Gastronomía e Inmobiliaria Palco) y muy significativo resultó el dato de que el 86,4 % planteó que el local arrendado no fue resultado de un proceso de licitación, contrario a lo que se dispuso para tales procesos. De igual modo, detrás de los que plantearon que el local es prestado, pudieran estarse encubriendo prácticas de arrendamiento a personas naturales que no poseen licencia para tal actividad; debido a esto el Estado pierde la posibilidad de obtener beneficios por no arrendar locales que permanecen cerrados o por la vía de los impuestos. También el arrendamiento de equipos y maquinarias tiene una baja participación, pues solamente el 18,1 % de los encuestados afirma hacerlo. En su mayoría son comprados por las cooperativas (87,2 %) y donados por miembros (45,7 %).
Una cuestión de relevante importancia en las cooperativas del sector de la construcción ha sido la interrumpida contratación de mano de obra para ejecutar actividades principales. Esto genera beneficios, no a partir del trabajo de los socios como presupone la forma cooperativa, sino por los trabajadores contratados. En su mayoría, los encuestados plantean que el tiempo de contratación por tres meses es muy complicado, porque las obras se realizan en un tiempo prolongado y que en este lapso de tiempo no pueden conocer bien a los trabajadores. Lo anterior corrobora lo señalado en Piñeiro (2014) y Figueredo (2016) sobre la contratación de trabajadores en este sector. Así, el 62,8 % de los encuestados planteó que de los trabajadores que contratan, el 56,3 % son trabajadores por cuenta propia (TCP) y el 31,3 % desempleados, lo que evidencia los pocos servicios contratados a otras cooperativas.
En cuanto a las dificultades para su desempeño, identifican el acceso a las materias primas, insumos y materiales; el arrendamiento del local y maquinarias; el marco legal referente a las CNA; el control e inspecciones estatales, conjuntamente con la falta de asesoría del organismo rector de la actividad y la contratación de mano de obra. No obstante, a partir de la incorporación de las cooperativas en el balance del MICONS y la Resolución 1066/2016 emitida por este organismo,(3) los cooperativistas manifiestan una mejora en cuanto al arrendamiento de las maquinarias y el acceso a insumos y materiales, a pesar de la baja disponibilidad de equipos especializados de la construcción, el detrimento del sector y la baja capacidad productiva. Según los encuestados, las principales limitaciones para la compra de insumos y equipamientos se deben a:
  • Falta de abastecimiento en los mercados mayoristas y minoristas
  • Empresas que no están autorizadas a venderles a las CNA
  • Altos precios
  • Falta de autorización para importar
En materia de formación, el 62,8 % plantea que reciben asesoría de instituciones sobre temas de cooperativismo y el MICONS se destaca como la principal. Igualmente, el 70 % de los encuestados que está desde el origen de la cooperativa asegura haber realizado estudios de cooperativismo al constituirla, fundamentalmente se refirieron a la norma jurídica establecida. Por consiguiente, quedan aún reservas importantes en cuanto al papel de las instituciones en brindar asesoramiento técnico, educación, preparación, capacitación e información a las cooperativas y de estas hacia sus socios y resto de la comunidad, que es uno de los principios del cooperativismo. 
En cuanto al principio de la participación democrática, también se aprecian importantes limitaciones. Uno de los aspectos en los que se constata es en la forma de elegir al presidente de la cooperativa. En la norma jurídica se establece que es mediante votación secreta y directa, pero cabe destacar que solo el 42,6 % planteó que lo realizaba de esta manera; el 52,1 % de los encuestados lo hace a partir de alzar las manos y en el 5,3 % de los casos se elige al que más capital aportó. Asimismo, aunque el 98,9 % de los encuestados expresó que tenía conocimiento sobre los ingresos y gastos de la cooperativa, en la práctica a los socios que se encuentran en las áreas productivas (constructores) no les interesan tales cuestiones, por eso expresan que «mientras les paguen por su trabajo no habrá problemas». Ello refleja el desconocimiento de los socios sobre los principios de gestión democrática y participativa, a través del control democrático de los recursos económicos de las cooperativas y sus utilidades.
Con relación a la participación de los socios, si bien en su mayoría participan en la elección de sus representantes y directivos (89,4 %), en la entrada o salida de los asociados (76,6 %) y en los planes de producción (72,3 %), existe, por el contrario, una baja participación en la decisión sobre la distribución de los excedentes (59,6 %) y criterios de retribución del trabajo (64,9 %). Con respecto a los criterios de distribución de las utilidades, el 33 % afirma que es de forma equitativa; el 12,8 % por horas de trabajo; el 8,5 % por capital aportado; el 7,4 % por cargo; y el 38,3 % mediante otros criterios donde prevalecen la calidad, experiencia y cantidad de trabajo realizado por los socios.
En lo concerniente a la participación de los socios en la toma de decisiones, se tuvieron en cuenta dos elementos: la participación de los socios en las asambleas y el período de realización de estas. Acerca del primero, el 59,6 % de los encuestados afirmó que la mayoría participaba, mientras que el 40,4 % señaló que todos. Según (MICONS, 2017), hay problemas en la realización de las asambleas y en la participación de los socios en estas, principalmente en las cooperativas que tienen sedes en el resto de las provincias donde los socios por lejanía no asisten, lo que imposibilita una participación real en la toma de decisiones. En cuanto al período de realización, el 47,5 % de los encuestados señaló que se ejecutan mensualmente; el 30,9 % trimestral; el 20,1 % anual; y el 2,1 % bimensual.
Ciertamente los cooperativistas establecen en sus estatutos el período para realizar las asambleas, pero para que los socios tengan un conocimiento sobre el funcionamiento de la cooperativa y participen realmente en la toma de decisiones, es importante que se reúnan siempre que sea necesario y ese tiempo no supere el mes, porque en la práctica los directivos de las cooperativas toman decisiones que no se consultan con la totalidad de los socios, al exponer como causa que no están presentes en la fecha de las asambleas.
Concerniente al cuidado y mantenimiento del territorio, el 98,9 % de los encuestados afirma que sí contribuye, aunque la mayoría solo lo hace a través del «1 %» que aporta al territorio correspondiente a su domicilio legal, lo que no es suficiente porque la cooperativa responde al beneficio de sus socios y de la comunidad. Indudablemente están solucionando problemas constructi- 
vos del sector estatal, pero no se evidencia un efecto arrastre hacia los territorios donde están enclavadas, ni tampoco conocen sus necesidades.

De igual manera, respecto a la pregunta sobre la contribución social de la cooperativa, la mayoría de los cooperativistas inicialmente no entendió a qué se hacía referencia, en tanto pensaban que eran acciones gratis, que no podían realizar para no afectar sus ingresos. Lo anterior demuestra el desconocimiento sobre términos que identifican a la gestión cooperativa, la falta de formación y capacitación en materia de cooperativismo y del principio cooperativo referido al interés de la comunidad. No obstante, luego de entender la pregunta, el 53,2 % afirmó que sí habían realizado contribuciones sociales, principalmente a centros de salud. Los que respondieron que no, plantearon causas como: no han tenido la oportunidad (13,8 %); no es necesario (16 %); falta de capacidad financiera (4,3 %) y no saben.
Por último, otro de los aspectos abordados fue sobre los temas en los que necesitan capacitarse. El 14,4 % ubicó en primer lugar lo referido a las regulaciones legales y tributarias sobre las CNA, seguido por gestión empresarial, calidad y contabilidad y finanzas. Cabe destacar que solo el 3,4 % expresó su necesidad de capacitarse en los principios del cooperativismo, lo cual es altamente preocupante, ya que el ideal de una cooperativa y su funcionamiento futuro dependen del cumplimiento de los principios cooperativos.

3. Potencialidades y barreras de las CNA: reflexiones hacia el futuro 
Aun cuando el análisis de este estudio se centró en el sector de la construcción, muchas de las potencialidades y limitaciones identificadas pueden generalizarse al resto de las CNA, en aras de visualizar posibles líneas de acción futura para mejorar su contribución al desarrollo del modelo económico y social cubano. Entre esas potencialidades podrían mencionarse las siguientes:

  • Alto nivel de escolaridad de los cooperativistas, principalmente en ciencias técnicas y económicas, los que a su vez se desempeñan en sus profesiones, contribuyendo a un mejor aprovechamiento de la fuerza de trabajo calificada y gestión de las cooperativas.
  • Importante fuente generadora de empleos dignos a la sociedad, uno de los objetivos primordiales que se persigue con la promoción de cooperativas en disímiles actividades.
  • Mejora de los ingresos de los cooperativistas, lo cual les permite adquirir bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, así como contribuir a su prosperidad y a la de sus familias.
  • Autonomía e independencia y mejora en las relaciones laborales, a través del trabajo en equipo y el sentido de pertenencia hacia la cooperativa.
  • Asesoramiento entre las cooperativas en materia jurídica y contable.
  • Realización de actividades especializadas y complementarias a la construcción, en función del desarrollo del sector constructivo en el país.
Dichas potencialidades evidencian cómo las cooperativas pueden ser una alternativa viable para la satisfacción de los socios y sus familias, la articulación de intereses individuales con colectivos, a través del trabajo en equipo y para contribuir a elevar los niveles de productividad al existir mayores incentivos hacia la innovación. No obstante, aún persisten barreras que frenan su desarrollo y limitan el cumplimiento de los objetivos por los cuales fueron promovidas. Entre estas, las más significativas son:
  • Inexistencia de una ley general de cooperativas que agrupe a las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, y ausencia de una institución que supervise y fomente el movimiento cooperativo.
  • Poca participación del crédito bancario para financiar capital inicial e inversiones, debido al desconocimiento sobre los servicios que brinda la banca y por la dilatación del proceso de otorgamientos de créditos, sumada a la insuficiente publicidad de las ofertas bancarias que se ejercen.
  • Dificultad para la obtención de locales para oficinas e instalaciones, lo que conlleva a que las cooperativas no se encuentren en sus domicilios legales; e igualmente se imposibilita el arrendamiento de maquinarias, debido a la baja disponibilidad de equipos de la construcción en el país.
  • Insuficiente disponibilidad de insumos y materiales en la red mayorista, acompañado por el desconocimiento de las entidades estatales que pueden venderle a las CNA, conjuntamente con problemas de negociación en los precios y excesiva burocracia.
  • Deficiencias con la aplicación de las normas contables establecidas, a pesar de que asociados calificados en materias contables realizan la contabilidad.
  • Excesiva contratación permanente de mano de obra y subcontratación de parte relevante de trabajos a TCP en actividades principales, por lo que parte de los anticipos de utilidades de los socios no son generados por estos.
  • Irregularidades en los procesos democráticos para la toma de decisiones que limitan el accionar de los socios en los procesos fundamentales.
  • Falta de educación, formación y capacitación en materia de cooperativismo, por lo que muchos de los principios establecidos al respecto se incumplen en la práctica.
  • Limitada visión de las cooperativas sobre su contribución social para contrarrestar los problemas del territorio, percibida solo a partir del aporte del «1 %», además de la poca información brindada por parte de los gobiernos municipales a las cooperativas sobre sus necesidades.
De este modo, sobre la base de las potencialidades señaladas, se torna nece- 
sario avanzar hacia la superación de dichas barreras, en aras del fortalecimiento del sector cooperativo en el país. Algunas de las líneas de acción en las que habría que trabajar son:

  1. Poner en vigor una ley general de cooperativas que agrupe a todas las cooperativas y establecer mecanismos efectivos para su regulación.
  2. Crear una institución de supervisión y fomento con el objetivo de brindar capacitación y asesoramiento en materia de cooperativismo.
  3. Desplegar por parte del sistema bancario un sistema de incentivos que potencie la demanda de créditos para evitar que se beneficien los de mejores condiciones.
  4. Desarrollar adecuados mecanismos de información para la divulgación de locales disponibles en las entidades estatales y realizar de manera apropiada los procesos de licitación aprobados para tales efectos.
  5. Implementar arreglos institucionales que contribuyan a una mejor articulación entre la empresa estatal socialista y las cooperativas.
  6. Regular la contratación temporal de fuerza de trabajo en actividades complementarias por vías más efectivas.
  7. Velar por el cumplimiento de los procesos de participación de los socios en la toma de decisiones.
  8. Fomentar una cultura cooperativa en el país, a través de acciones de capacitación y formación, no solo de los socios sino de la sociedad en general.
  9. Promover por parte de los gobiernos locales una mayor contribución al desarrollo de sus territorios, alineando los intereses de las cooperativas con las principales necesidades.

CONCLUSIONES 

Estas y muchas otras acciones podrían contribuir a un mejor desempeño de las cooperativas en Cuba, en aras de avanzar hacia la consolidación de esta forma de propiedad y gestión. En ello, el Estado tendrá que jugar un rol primordial, en la medida en que las logre fomentar y apoyar, así como entrelazarlas con el tejido empresarial e implementar políticas efectivas que permitan atraer al pequeño productor. Solo así podrán alinearse las cooperativas con los objetivos e intereses de la sociedad y contribuir al proceso de socialización real de la producción, tan necesario para la construcción del socialismo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

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Rodríguez Musa, O. (2011): La cooperativa como figura jurídica. Perspectivas constitucionales en Cuba para su aprovechamiento en otros sectores de la economía nacional además del agropecuario, Editorial Dykinson, Madrid. 



Recibido: 21/11/2017 
Aceptado: 10/1/2018



Silvia Odriozola Guitart. Facultad de Economía, Universidad de La Habana, Cuba. Correo electrónico: silviao@fec.uh.cu
Adys Regla Palma Arnaud. Ministerio de la Construcción, Cuba. Correo electrónico: adys.palma@nauta.cu

NOTAS ACLARATORIA
1.Publicado en Gaceta Oficial No. 053 Extraordinaria del 11 de diciembre de 2012. Las normativas aprobadas fueron: Decreto Ley No. 305, para reglamentar su constitución, funcionamiento y extinción; Decreto Ley No. 306: Del régimen especial de la seguridad social de los socios de las cooperativas no agropecuarias; Decreto No. 309: Reglamento de las cooperativas no agropecuarias de Primer Grado; Resolución No. 570/2012 del Ministerio de Economía y Planificación sobre el proceso de licitación; y Resolución No. 427/2012 del Ministerio de Finanzas y Precios (derogada por la Resolución No. 124/2016) sobre el régimen tributario. 
2.Las especialidades de los cooperativistas encuestados se agruparon en cinco categorías: ciencias sociales y humanidades; ciencias económicas y empresariales; ciencias naturales; ciencias técnicas y ciencias del deporte a partir de las definiciones abordadas por Fraga y Ruiz (2011). 
3.La Resolución 1066/2016 norma los servicios que se prestan por las empresas a las CNA: Transporte especializado de materiales de construcción, servicios técnicos, alquiler de equipos de construcción, pruebas de resistencia de materiales y productos semielaborados con destino a la construcción y otros servicios que se requieran.

Camagüey contará con otro hotel de cuatro estrellas


Creado el Lunes, 30 Julio 2018 11:54 | Lianet Leandro López

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Camagüey, 30 jul (ACN) Con la categorización a cuatro estrellas del hotel El Colonial, único que resta entre los del Complejo Camagüey Ciudad de la cadena Cubanacán por obtener esa condición, en septiembre venidero esta urbe contará con seis instalaciones poseedoras de ese estándar.
Comercializados con la marca E, el Santa María, el Camino de Hierro, El Marqués, La Sevillana y La Avellaneda, todos de ese complejo, fueron los primeros de la ciudad en obtener la categoría a inicios de este año, a los cuales se sumará El Colonial tras la acreditación del Ministerio de Turismo.
Según la Norma Cubana 127, que regula los requisitos para la clasificación de los establecimientos de alojamiento turístico, los hoteles de cuatro estrellas destacan por su elegancia, confort y la diversidad de sus prestaciones, en tanto sus instalaciones, habitaciones, suites, apartamentos y otros servicios, disponen de las técnicas modernas de la hotelería.
En conversación con la ACN, Leonor Sabido Bonito, especialista comercial del complejo, precisó que se trabaja todavía en detalles relacionados con procesos internos y servicios, pero la instalación está prácticamente lista pues se respetaron los criterios de la norma desde la propia habilitación de ese espacio como alojamiento.
Con esos estándares, los clientes se favorecen de una atención personalizada, recibimiento y check-in con cóctel de bienvenida y toda la información sobre el alojamiento y sobre la vida cultural de la ciudad, ofertas gastronómicas de alta calidad, entre otros beneficios.
También la operación se caracteriza por la cultura del detalle y de la eficiencia, y deben contar con personal suficiente para brindar un servicio distinguido a cada huésped.
La mayoría de los hoteles del Complejo Camagüey Ciudad están posicionados actualmente entre los primeros lugares en la web de viajes Tripadvisor entre los alojamientos de la urbe, y ostentan un 96 por ciento de aceptación entre quienes los visitan, acotó en entrevista reciente María Gema Suárez, su especialista en Calidad.
Cada una de las instalaciones del complejo, con 74 habitaciones en total, está caracterizada con elementos que realzan la historia y tradiciones de la ciudad, lo cual les ha ganado la particularización en los mercados de mayor demanda en la urbe, que son Estados Unidos, Italia, Francia y Alemania.

Beneficiará nuevo secadero producción de arroz en Cienfuegos

Creado el Lunes, 30 Julio 2018 13:12 | Luana Lobelle Muñiz

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Abreus, Cienfuegos, 30 jul (ACN) Para beneficiar el proceso industrial de la producción de arroz en la provincia de Cienfuegos,  construyen  un nuevo secadero  en el municipio de Abreus, dentro del programa de inversiones de ese renglón alimentario.

   Orlando Díaz Valdés, director de la Empresa Agroindustrial de Granos en Cienfuegos, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que el objetivo de esa edificación  es evitar  el secado de ese grano en las carreteras y vías del territorio, además de desconcentrar los volúmenes enviados por los productores de todos los municipios a la unidad básica empresarial La Paquita, en Aguada de Pasajeros.

 Agregó Díaz Valdés que en el asentamiento de Constancia, en Abreu,  ejecutan la construcción de los tres primeros objetos de obra,  que corresponden al proceso productivo del secadero.

 Allí efectúan el montaje de los silos, proceso que avanza a un 50 por ciento  de ejecución en el primero de ellos, mientras el segundo cuenta con los pedestales, añadió el directivo.

 Además, trabajan en la excavación para la cimentación de una báscula de 80 toneladas, otro de los objetos de obra fundamentales.

 Díaz Valdés dijo que entre las tareas  culminadas están el pozo, el cercado perimetral, la electrificación y todo el movimiento de tierra correspondiente al área.

   Con la construcción de esta nueva industria la provincia da un paso de avance en el renglón arrocero,  al tributar al mejor manejo de un producto tan esencial en la canasta básica del país.

    Entre los beneficios que reporta la inversión  se encuentra la obtención de un producto con más calidad, así como mayores condiciones de  procesamiento.

    El director de la entidad  mencionó también como otra de las mejoras que la industria procesadora del arroz de “La Paquita”, no sufrirá más las aglomeraciones en los picos de cosecha.

   En el nuevo secadero contarán con una capacidad de  37 toneladas (t) días y de almacenamiento  poco más de mil t,  cifra correspondiente a los niveles productivos del municipio de Abreus, Lajas y Palmira.

    Esta obra viene a completar un proceso inversionista que comenzó en 2013 en Aguada de Pasajeros con los secaderos y molinos de La Paquita, el cual permitió a los arroceros de Cienfuegos procesar su propio grano sin llevarlo hasta la vecina provincia de Matanzas.

   De paso ganaron con ello en rendimiento agrícola, al evitar las pérdidas en el secado,  en calidad  en el proceso industrial y  en fuente de empleo para los habitantes de las comunidades cercanas.

 A fines de año debe concluir la obra con todos los alcances previstos para enfrentar la campaña de primavera en el venidero 2019.

Nueva planta para beneficiar la miel de occidente

Creado el Lunes, 30 Julio 2018 13:18 | Rommell González Cabrera
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Artemisa,30 jul (ACN) La Unidad Empresarial de Base (UEB) Planta de Beneficio Occidente, ubicada en Caimito, y tercera del país, fue inaugurada de manera oficial con la  presencia de Gustavo Rodríguez Rollero, Ministro de la Agricultura.

   Rodríguez Rollero, acompañado por funcionarios del Ministerio de la Agricultura (Minagri),  el Sindicato Nacional de los Trabajadores Agropecuarios Forestales y Tabacaleros y la Empresa Apícola Cubana,   recorrió el centro  y recibió información sobre las tecnologías empleadas  y las perspectivas de la UEB.

   Lázaro Bruno García Castro, director general de la Empresa Apícola Cubana, resaltó que la puesta en marcha de la planta impacta de manera positiva en la calidad del beneficio, permite mejor planificación del mantenimiento de  las tres unidades existentes  y un sustancial ahorro en el traslado de la miel de abeja desde los acopios hasta la planta de Sancti Spíritus ascendente a dos mil 126  kilómetros.  

   De acuerdo con García Castro la planta comenzó el proceso de puesta en marcha y ajuste productivo  en el mes de mayo,   hasta la fecha ha beneficiado 710 toneladas de miel procedentes de las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Matanzas y Cienfuegos y se haexportado a los clientes europeos a través de la Empresa Exportadora CUBAEXPORT.

   Agregó, además, que la planta genera beneficios para el territorio con nuevas fuentes de empleo y el aporte al desarrollo local.

Miguel Ángel Arreyis Martínez, presidente del Grupo Agroforestal, destacó que la tres plantas del país permitirán beneficiar hasta 15 mil toneladas de miel al año para lo cual es necesario  sobrepasar las 225 mil colmenas,  lograr la profesionalidad de los apicultores y continuar desarrollando el programa de selección y mejora genética.   

   Arreyis Martínez precisó que entre las inversiones previstas destacan la instalación de una línea de envasado en las plantas de Sancti Spíritus, Contramaestre (Santiago de Cuba) y Artemisa, en esta última también una línea de fabricación de velas de cera.

   En la jornada de inauguración se reconocieron  a las empresas que participaron en el montaje y puesta en marcha de la planta, en tanto el Sindicato Nacional de los Trabajadores Agropecuarios Forestales y Tabacaleros entregó  la Distinción Marcos Martí Rodríguez a  cuatro trabajadores por 20 y 25 años de labor ininterrumpida en la apicultura.

domingo, 29 de julio de 2018

Libro "Economía para no dejarse engañar por los Economistas" (VIII)


Por Juan Torres

¿Qué son los Presupuestos Generales del Estado y por qué tienen tanta importancia para la economía?

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son el documento en el que se
hacen constar la totalidad de los gastos e ingresos que va a tener el Estado en un año determinado. Los aprueba el Parlamento a partir del proyecto que presenta el gobierno al menos tres meses antes de que acabe el año.
El Parlamento (en el caso español, el Congreso y el Senado) puede enmendar y modificar las diferentes partidas. De entrada, el Congreso hace una primera lectura de los Presupuestos, y puede aceptarlos o rechazarlos en su totalidad. Este último caso suele considerarse un fracaso fundamental del gobierno, y acostumbra a llevar a la convocatoria de nuevas elecciones. Si se supera   el   primer   trámite,   podrán   hacerse   modificaciones   parciales   o concretas, aunque sin superar el techo de gasto establecido.
Los Presupuestos son un documento muy prolijo que tradicionalmente ocupaba decenas de volúmenes y que en la actualidad se presenta en formato digital porque contiene abundantísima información.
Para su mejor comprensión y seguimiento, los Presupuestos se ordenan conforme a diversos criterios (capítulos, funciones, conceptos de gasto o tipos de ingresos e impuestos, etc.) que reflejan con todo detalle las actividades que llevará cabo el Estado, el gasto asociado a cada una de ellas y de dónde procederán los ingresos con cargo a los cuales podrán llevarse a cabo.
Una  vez  que  se  aprueban,  se  supone  que  no  podrían  modificarse, aunque, de hecho, se realizan numerosos cambios a lo largo del año, a través de sucesivos decretos leyes, que a veces hacen que los Presupuestos finales o realmente ejecutados tengan muy poco que ver con los inicialmente elaborados en las Cortes.
En el capítulo general de gastos se relacionan las diferentes partidas, entre las que destacan los gastos de personal, los corrientes en bienes y servicios (dedicados a mantener el funcionamiento cotidiano de la administración pública), los financieros (dedicados al pago de los intereses de la  deuda),  las  transferencias  corrientes  (que  son  pagos  realizados  sin contrapartida) o los de inversión.

 También se presentan según la diferente función que cumplen en las diferentes áreas en las que actúan las administraciones del Estado: educación, justicia, salud, defensa, etc. Y, lógicamente, todos esos conceptos de gasto se presentan en relación con los diferentes  tipos  de  administraciones  que  componen  el  sector  público:  el Estado en sentido estricto, la seguridad social, los organismos autónomos (institutos,  jefatura  de  tráfico,  bibliotecas  nacionales,  etc.)  y  agencias estatales.
Por su parte, los ingresos se refieren fundamentalmente a los impuestos directos —como el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) o el de  sociedades—  o  indirectos  —como  el  IVA—,  a  las  tasas  y  precios públicos, a los ingresos que proporciona el patrimonio nacional, a las transferencias recibidas por el Estado, a la venta de bienes del Estado y, en general, tanto a los estrictamente del Estado como a los de las demás áreas del sector público estatal ya mencionadas (ingresos de la seguridad social, de los organismos autónomos y de las agencias estatales).
Por supuesto, para considerar el sector público en su conjunto (que representó en total algo menos del 44 por ciento del PIB en 2015) hay que tener en cuenta, además de los Presupuestos Generales del Estado (que representan aproximadamente el 25 por ciento del PIB español), los correspondientes a las comunidades autónomas (cuyo gasto representa aproximadamente el 13,5 por ciento del PIB) y los de las administraciones locales (algo menos del 5 por ciento del PIB).55
La  importancia  de  estos  presupuestos  de  gastos  e  ingresos  es  muy grande por varios motivos. En primer lugar, por su cuantía, pues indican que la actividad de todas las administraciones públicas representa sólo un poco menos de la mitad de toda la actividad económica en España (algo menos del
44 por ciento en 2015 tal y como acabamos de señalar). Y, además, hay que tener en cuenta, como analizaremos enseguida, que cada euro que gasta o ingresa cualquier administración pública produce (bajo determinadas condiciones que también comentaremos) más de esa cantidad en renta final para toda la economía, de modo que el impacto inicial de todo ese gasto o de los impuestos que se fijen para obtener ingresos tiene un efecto multiplicado sobre la economía.
En  segundo  lugar,  hay  que  tener  en  cuenta  que,  cuando  gastan  o recaudan ingresos, las administraciones públicas no se limitan a hacerlo pasivamente, sino que de esa forma están dirigiendo la economía y la vida social en general en un sentido o en otro. La realización de gasto por parte del sector público o el establecimiento de medidas para obtener ingresos (generalmente y en mayor medida por la vía de los impuestos) es discrecional e instrumental, es decir, que responde a una determinada voluntad de actuar de un modo u otro precisamente porque al hacerlo se beneficia o perjudica a unos sujetos u otros y porque genera efectos diversos sobre la economía. No es lo mismo que el gasto público se realice en educación que en pago de intereses o en infraestructuras que nunca más se van a utilizar, por ejemplo. Y no es igual establecer impuestos directos, que gravan a los sujetos en función directa de su renta o riqueza, que indirectos, que se pagan en la misma cantidad sea cual sea la renta o la riqueza de los individuos. Y tanto el gasto como los ingresos públicos generan incentivos o desincentivos para los sujetos, de modo que condicionan sus conductas a menudo de modo muy determinante.
Por eso no cabe la menor duda de que los gobiernos, cuando toman decisiones sobre gastos o ingresos públicos en los presupuestos que presentan a los parlamentos, están haciendo «política» fiscal, la cual es, por las razones que venimos apuntando, uno de los grandes instrumentos de la política económica  general,  tanto  para  favorecer  un  tipo  u  otro  de  actividad generadora de dinamismo y riqueza como para redistribuir los ingresos que se generan cuando ésa se lleva a cabo, tratando de lograr un reparto más o menos favorable para unas u otras personas o colectivos sociales.
Finalmente, los Presupuestos son muy importantes porque en ellos se incorpora la previsión macroeconómica fundamental que tiene en cuenta el gobierno  para  dirigir  la  economía  durante  el  año  presupuestario. Lógicamente,  los  gastos  sólo  pueden  presupuestarse  con  antelación  si  se tienen en cuenta los ingresos que va a haber, pero lo cierto es que no hay manera posible de conocer cuáles van a ser los ingresos futuros con total certidumbre. Por tanto, quien realiza los presupuestos debe establecer una previsión. Normalmente, se hace tomando como referencia los datos del año anterior y tratando de adelantarse a lo que pueda previsiblemente ocurrir en el 

futuro; algo que, naturalmente, no es fácil, sino todo lo contrario. Los gobiernos (ya hicimos referencia a ello) suelen equivocarse a menudo. No sólo porque dispongan de instrumentos de análisis imperfectos o porque a veces  se  cieguen  con  los  presupuestos  ideológicos  que  defienden,  sino porque, al elaborar el presupuesto, tratan de concederse el horizonte que les sea más favorable. Si son pesimistas (o sencillamente realistas en una situación objetivamente mala), tendrán que prever un limitado incremento de los ingresos y, por tanto, también de los gastos, lo cual posiblemente lleve a empeorar la situación económica, porque el menor gasto supondrá, por añadidura, aún menos impulso a la actividad. Por el contrario, si hacen una previsión más optimista podrán contemplar más gastos y así ayudar a que la economía mejore gracias a ese impulso más potente. Aunque, lógicamente, un exceso de optimismo puede hacer que se desequilibren todas las cuentas si finalmente no se consigue alcanzar los objetivos de crecimiento fijados.
Para  evitar  esas  derivas  (que  se  suelen  producir  preferentemente  en etapas preelectorales), en algunos países se han creado autoridades fiscales independientes para vigilar que no se produzcan esas desviaciones malintencionadas. Se trata de una buena fórmula cuando realmente son independientes y pueden controlar a los gobiernos, pero pueden contribuir a agravar los problemas cuando no lo son y siguen los dictados del gobierno de turno.
Como ya hemos comentado, el debate sobre los efectos que tiene la intervención del Estado sobre la economía y más concretamente del gasto público y de la política fiscal es uno de los más antiguos y habituales en el análisis económico. Al respecto, hay prejuicios, diferentes posiciones ideológicas, metodologías de evaluación diferentes y, en todo caso, una dificultad intrínseca e innegable a la hora de poder conocer con todo el rigor necesario lo que efectivamente ocurre cuando se lleva cabo. Y todo ello impide, como en tantas otras cuestiones económicas, dar una respuesta definitiva, cerrada y generalmente admitida.
Como casi siempre, la respuesta es que depende. Dejando a un lado las preferencias que condenan o aplauden al gasto público per se, el efecto del gasto público en la economía depende de lo que suceda en esa economía en el momento en que se produce y de la naturaleza del gasto que se realiza.
En cualquier circunstancia, un incremento del gasto público implica un aumento del ingreso en el sector privado, mas rigurosamente hablando, de su renta disponible, es decir de la que ya se puede utilizar directamente, o bien en el gasto en bienes y servicios (por la vía del consumo o de la inversión, según se trate de hogares o empresas), o bien en el ahorro.
Esto último es así por definición. Cuando alguien realiza un gasto (en el caso del gasto público, el Estado), algún otro sujeto recibe un ingreso. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque gran parte del relato antigasto público que hacen los economistas liberales se basa en creer o en hacer creer a la gente que el sector público gasta para sí mismo, como si fuera un devorador insaciable y egoísta de recursos, cuando eso ni es ni puede ser así.
Cada vez que se registra un determinado gasto con recursos del sector público, bien sea al pagar a un funcionario, o al comprar bienes para las oficinas administrativas, o al contratar a una empresa para que construya un aeropuerto, un hospital o una escuela, o cuando se da una beca o se paga una pensión…, el Estado está poniendo inmediatamente el dinero que conlleva ese gasto en manos de un sujeto privado (hogares o empresas nacionales u hogares y empresas del extranjero). Por tanto, el gasto público nunca se hace
«en beneficio» del propio sector público, sino que siempre repercute (es verdad que puede ser inmediatamente o con un cierto retardo) en el sector privado.
La idea de que el gasto público del Estado es un «robo» a los individuos porque les detrae recursos es completamente falso. En realidad, es todo lo contrario, incluso (como veremos) teniendo en cuenta que habrá que financiarlo: lo que hace el gasto público en el mismo momento en que se realiza es poner recursos en manos de los individuos o de las empresas. El gasto público no quita el dinero a los sujetos económicos para que se lo
«trague» el Estado, como se dice, sino que pone más dinero en sus manos (lo cual, por otra parte, no quiere decir que eso sea siempre lo conveniente).
A partir de que se realiza un gasto público de cualquier cantidad, lo que sucede es, como decimos, que se produce un ingreso en algún sujeto, y que éste, o bien lo ahorra, o bien lo consume en función (ya lo sabemos) de su 

propensión marginal al consumo, la cual refleja la proporción de cada nuevo euro en que se incrementa su renta que es destinada al consumo, tal y como ya explicamos en el caso de la inversión.
Si, por ejemplo, un empleado público tiene una propensión marginal al consumo de 0,7, eso significa que de cada cien nuevos euros de aumento en su sueldo consume setenta y ahorra treinta. Y, como también sabemos ya, cuando ese funcionario gasta sus setenta euros en consumo lo que está haciendo es generar un ingreso, una nueva renta, en el nuevo sujeto que le vende bienes y servicios. Y cuando éste recibe los setenta euros de nuevo consumirá una parte (si suponemos que tiene la misma propensión marginal al  consumo,  consumirá  49  euros,  que  es  el  70  por  ciento  de  setenta)  y ahorrará el resto. Y, de nuevo, quien le haya vendido esos 49 euros recibirá un ingreso por esa cantidad, del cual consumirá una parte y ahorrará otra… En definitiva, lo que ocurre es que, tras los cien euros de gasto público inicial que se materializaron en el sueldo del funcionario, se han ido sucediendo nuevos gastos en consumo equivalente al 70 por ciento del ingreso que en cada paso se va generando (suponiendo que todos los sujetos lo hacen en la misma proporción).
Esta «rueda» que se va produciendo en la economía es lo que llamamos efecto multiplicador del gasto público, y es el que hace que, al final del proceso,  el  incremento  que  se  haya  de  producir  en  la  renta  total  de  la economía sea bastante mayor que el de los cien euros iniciales. En este caso, concretamente, la renta final sería de 333,3 euros, es decir, 3,33 veces mayor que el incremento de renta inicial. Y no hará falta decir que sucede exactamente igual, aunque con signo contrario, cuando se reduce el gasto público: produce un descenso final de la renta mayor que el del recorte en el gasto.
La existencia de este efecto multiplicador ha sido siempre reconocida por la inmensa mayoría de los economistas y, cómo no, por organismos tan convencionales  y  poco  sospechosos  de  veleidades  heterodoxas  como  la OCDE o el Fondo Monetario Internacional, que calculan habitualmente los multiplicadores fiscales de los diversos países. Sólo ciertos economistas que profesan el liberalismo más fundamentalista niegan su existencia, llevados por la idea de que cualquier intervención pública es nefasta y debe evitarse.
Otra cosa es que ese efecto es muy difícil de calcular con exactitud y rigor y que puede ser mayor o menor, o incluso nulo en algunas circunstancias, en función de diversos factores, tales como las condiciones en que se encuentre la economía y la forma en que se produzca el incremento o el descenso del gasto. Pero una cosa es que el efecto multiplicador no sea siempre potente y otra es negar que exista.
Para  que  se  produzca  el  efecto  multiplicador  del  gasto  público,  en primer lugar ha de haber recursos ociosos en la economía (lógicamente, si no los hubiera, lo que producirá un aumento del gasto sería sólo un alza de los precios).  En  segundo  lugar,  la  propensión  marginal  al  consumo  debe aumentar o, al menos, mantenerse constante a lo largo del proceso, porque si bajara habría cada vez más ahorro, el cual se iría «comiendo» los incrementos de renta. En tercer lugar, el incremento del gasto debe darse en la renta disponible, esto es, en la que es posterior al pago de impuestos pues, en otro caso,  podría  ser  que  los  impuestos  anularan  el  efecto  expansivo  del incremento del gasto. Por último, el incremento del gasto público debe estar dirigido al consumo en bienes y servicios nacionales a fin de evitar que los sucesivos incrementos en la renta se den fuera de nuestra economía. Y, además de esto, también hay que señalar que si el nivel de deuda es muy elevado en la economía podría suceder que el incremento de gasto público fuese utilizado por los sujetos para eliminarla, de modo que no iría entonces al consumo que es el que inicia el proceso multiplicador.
Como es evidente que estas circunstancias no se dan siempre, o que se dan en mayor o menor medida, lo cierto es que ni el multiplicador es siempre el mismo ni en todo momento se puede asegurar que sea suficientemente potente como para ser realmente expansivo (o recesivo, cuando baja el gasto). Y ahí es donde entra la polémica entre los economistas más sensatos.
En general, como he señalado, se puede decir que es aceptado generalmente que se produce efecto multiplicador, aunque sea de una magnitud más bien escasa. Los mayores defensores de la política fiscal son precisamente los que han encontrado en sus estudios empíricos que el multiplicador fiscal es alto y que, por tanto, es un instrumento muy efectivo para logar que finalmente aumente bastante la renta a través de él.
A veces, el cálculo de los multiplicadores es lo que constituye el centro de la polémica, así como el origen de problemas muy importantes. Eso es lo que ha ocurrido en Europa en los últimos años, cuando la llamada troika (la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) defendía que se redujera lo más rápidamente posible el gasto público porque todos sus miembros pensaban que eso no iba a tener apenas efecto sobre la renta. Afirmaban que su efecto multiplicador era muy bajo, en contra de lo que pensaban los economistas críticos con esas políticas de recorte de gasto. Sin embargo, con el paso del tiempo, el propio Fondo Monetario Internacional tuvo que reconocer que durante treinta años ha calculado muy a la baja los multiplicadores fiscales y que en Europa estarían entre 0,9 y 1,7 durante la última crisis,56 aunque algunos investigadores han llegado a cifrarlos en 3.
Es fácil deducir el efecto dramático de esos «errores»: se reduce un euro el gasto creyendo que sólo se reducirá la renta en 0,5 y lo que ocurre en realidad es que baja en 1,7.
Estas son las consecuencias de que los economistas se acerquen a la realidad sin quitarse el velo de sus prejuicios y buscando tan sólo las cifras y los  datos  que  conformen  sus  proposiciones  más  que  los  que  de  verdad reflejen lo que está sucediendo realmente. Es muy probable que, si una autoridad verdaderamente independiente hubiera abordado esos cálculos, quizá no se hubieran producido los daños que ha ocasionado en Europa la adopción de una política fiscal y económica basada, en general, en hipótesis y datos equivocados. Y el caso muestra una vez más los terribles efectos sobre el bienestar humano que tiene la ideologización de la política económica, el permitir que las autoridades se dejen llevar por prejuicios que en realidad son la envoltura retórica de medidas que al final, simplemente, vienen a engordar el bolsillo de los mismos de siempre. Porque ése, y no otro, ha sido el efecto principal de estas políticas.
Y, por último, aunque no por ello menos importante, esto evidencia también lo peligrosos que podemos llegar a ser los economistas cuando, en lugar de ayudar a pensar y decidir, nos dedicamos a adoctrinar dejándonos llevar por la ideología, las creencias cuasi religiosas y los intereses.

Citas


55. Para hacerse una idea bastante aproximada de lo que representan en euros esos porcentajes puede considerarse que, en 2015, el PIB español fue de un billón de euros, en números redondos.

( Continuará)