Fidel


"Peor que los peligros del error son los peligros del silencio." ""Creo que mientras más critica exista dentro del socialismo,eso es lo mejor" Fidel Castro Ruz
Mostrando entradas con la etiqueta Samuel Farber. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Samuel Farber. Mostrar todas las entradas

lunes, 11 de noviembre de 2024

Trump, un lumpencapitalista

Lo más importante de Donald Trump no es su tan debatida condición psicológica, sino el hecho de que es un gran capitalista. Y de un tipo particular: un gran lumpencapitalista


Por Samuel Farber, Jacobin

A pesar de su triunfo contra Harris, nadie sabe bien cómo entender a Donald Trump. Poco después de que asumiera la presidencia por primera vez, un grupo de 27 psiquiatras y especialistas en salud mental confeccionaron una extensa lista de sus trastornos de personalidad: narcisismo, trastorno delirante, paranoia, hedonismo desenfrenado, entre otros. Si bien algunos de estos diagnósticos podrían ser acertados, las denominaciones psicológicas no son la mejor manera de develar el fenómeno Trump. Para examinarlo como actor político en toda su complejidad, debemos subsumir sus características personales en la estructura social de EEUU.

Trump es un capitalista. Eso lo sabemos todos. Pero es un tipo particular de capitalista: un lumpencapitalista.

Una trayectoria de embustes

En La lucha de clases en Francia. 1848-1850, Karl Marx escribió que la aristocracia financiera de la época, «lo mismo en sus métodos de adquisición que en sus placeres, no es más que el renacimiento del lumpemproletariado en las cumbres de la sociedad burguesa». El erudito marxista Hal Draper aclaró que la «aristocracia financiera» de Marx no refería al capital financiero que juega un rol esencial en la economía burguesa, sino a los «buitres y carroñeros» que se mueven entre la especulación y la estafa y que son los cuasicriminales o excrecencias delictivas del cuerpo social de los ricos, al igual que el «lumpenproletariado» propiamente dicho es la excrecencia de los pobres.

Marx se refirió nuevamente al «lumpenproletariado» de clase alta después de la caída de la Comuna de París en 1871, como aquel que disfruta de su tiempo libre en «el París masculino y femenino de los bulevares: el París rico, capitalista, dorado, el París ocioso (...), atestado ahora de sus lacayos, sus esquiroles, su bohême literaria y sus cocottes».

La esencia del lumpencapitalismo de Trump se expresa de muchas maneras, comenzando por sus operaciones financieras turbias e ilegales (o que rayan en la ilegalidad). Los capitalistas «normales» toman a menudo atajos ilegales en su búsqueda de ganancias --eludiendo el pago de impuestos, violando regulaciones estatales o tratando de quebrar ilegalmente a los sindicatos--, todo esto sin dejar de ser empresas capitalistas «normales». Para el lumpencapitalista Trump, sin embargo, esos atajos son la principal estrategia para la obtención de ganancias.

Ejemplos de esto abundan, empezando por los embustes que impregnan sus operaciones financieras. Los capitalistas «normales» piden regularmente préstamos a los bancos y a otras instituciones financieras para llevar adelante sus empresas; solo recurren a la quiebra de manera ocasional y como último recurso. Pero como el «rey de la deuda» que es, Trump ha declarado la quiebra de sus empresas nada menos que en seis ocasiones, cinco veces en el caso de sus casinos y una vez de su Hotel Plaza de Nueva York.

De acuerdo con la periodista y biógrafa Gwenda Blair, en 1990, Trump se reunió en secreto con representantes de varios grandes bancos estadounidenses para encontrar una solución a su abrumadora deuda bancaria de 2000 millones de dólares, que incluía responsabilidad personal sobre garantías y préstamos por 800 millones de dólares, así como más de 1000 millones en bonos basura en sus casinos. Como escribió Blair, en menos de una década, Trump se había convertido en lo que Marie Brenner en Vanity Fair llamó el «Brasil de Manhattan», con pagos de intereses anuales de aproximadamente 350 millones de dólares, por encima de su flujo de caja. Solo dos de sus activos, el 50% del Hotel Grand Hyatt y el área comercial de la Torre Trump, tenían por aquel entonces posibilidades reales de obtener beneficios.

Los juicios contra la Universidad Trump han expuesto aún más el alcance de sus oscuras operaciones financieras. Trump fundó esta «universidad» con fines de lucro en 2005, junto con un par de socios, para ofrecer cursos sobre bienes raíces y gestión de activos, entre otras materias. No estaba acreditada, no otorgaba calificaciones ni créditos universitarios y tampoco expedía títulos. Algunos años después de su fundación, fue investigada por el fiscal general de Nueva York y demandada por prácticas comerciales ilegales. También se presentaron dos demandas legales colectivas en el tribunal federal, alegando que sus estudiantes eran víctimas de prácticas publicitarias engañosas y tácticas de venta agresivas. Una vez electo presidente en 2016, Trump pagó a las víctimas 25 millones de dólares para dar por concluido el caso, pese a haber prometido reiteradamente que no lo haría.

Instituciones como la Universidad Trump suelen tener estándares muy bajos en cuanto a finalización de estudios e inserción laboral, pero en cambio son eficientes máquinas de sustracción de beneficios a través de los préstamos y subsidios que el gobierno federal da a sus estudiantes adultos, mayoritariamente pobres y pertenecientes a las minorías. Después de que Obama tímidamente tratara de frenar algunos de sus peores abusos, el gobierno de Trump emprendió un giro de 180 grados: bajo la dirección de la secretaria de Educación Betsy DeVos, este tipo de instituciones tuvieron nuevamente vía libre para proseguir con sus prácticas fraudulentas.

La Fundación Trump es otro buen ejemplo. Tal como publicó el New York Times en un editorial de 2018, «la Fundación Trump no es una organización de caridad ética y generosa, sino solo otra de sus estafas». Como apuntaba el artículo, la mayor donación reportada por la Fundación, una suma de 264.631 dólares, fue usada para renovar la fuente ubicada en el frente del hotel Trump Plaza de Nueva York. Otras actividades cuestionables incluían aportes ilegales para la reelección de Pam Bondi, la fiscal general de Florida, en 2013.

El 2 de octubre de 2018, el New York Times publicó una devastadora investigación sobre Trump que desmentía su afirmación de que su padre, Fred Trump, «solo» le había prestado un millón de dólares para empezar su carrera empresarial. De hecho, se muestra que Trump recibió de su padre por lo menos 60,7 millones de dólares (140 millones a valores contemporáneos). El artículo también detalla los artilugios sospechosos y abiertamente ilegales utilizados por Trump para evitar el pago de cientos de millones de dólares en impuestos sobre donaciones y bienes inmuebles.

Lo más elocuente sobre la personalidad de Trump fue la revelación de que, en 1990, intentó apropiarse de las empresas y fortuna de su padre, de 85 años, a sus espaldas. La tentativa de Donald fue frustrada por el mismo Trump Sr., quien, con la ayuda de su hija, la jueza federal Maryanne Trump Barry, lo privó legalmente de tomar el control de sus negocios. De acuerdo con las declaraciones juradas de los integrantes de la familia Trump, Fred Trump les dijo que si Donald tomaba el mando «pondría en riesgo su trabajo de toda una vida», y que temía que su hijo utilizara esas empresas como aval para rescatar sus negocios en quiebra.

Existen evidencias sólidas de que las serias dificultades financieras de Trump lo empujaron a los márgenes del mundo financiero y al lavado de dinero como fuente de capital. Como señalaba John Feffer en «El dinero sucio de Trump», solo quedaba una institución, el Deutsche Bank, dispuesta a darle crédito, lo que lo llevó a recurrir a personajes y redes sumamente dudosas, a celebrar acuerdos financieros barrocos con empresas fantasmas, a usar seudónimos en los contratos y a ocultar sus declaraciones de impuestos. Además, Trump comenzó a utilizar grandes cantidades de efectivo (hasta 400 millones de dólares desde 2006) para comprar enormes propiedades en operaciones financieras sospechosas de favorecer el lavado de dinero.

La mayor parte del dinero, escribe Feffer, provenía de la venta de sus propiedades a oligarcas rusos. Una investigación de Reuters de 2017 descubrió que inversores rusos le compraron a Trump un condominio en Florida por una suma de alrededor de 100 millones de dólares; y que un multimillonario ruso-canadiense invirtió millones en una propiedad de Trump en Toronto, lo que incluyó el pago de una «comisión» de 10 millones de dólares a un intermediario de Moscú para atraer a otros inversores rusos.

En 2018, un oligarca ruso le pagó 95 millones de dólares a Trump por una mansión en Palm Beach que el magnate había comprado cuatro años antes por 41 millones. Además, señala Feffer, Trump negoció acuerdos similares con inversores kazajos conocidos por sus actividades de lavado de dinero, empresas corruptas de la India y un turbio director de casinos en Taiwan. Incluso su casino Taj Mahal fue acusado en dos oportunidades diferentes, en 1998 y 2015, de violar las regulaciones contra el lavado de dinero.

Los lumpenamigos de Trump

El carácter lumpencapitalista de Trump no solo se evidencia en su búsqueda de ganancias, sino también en el tipo de amigos y socios de los que se ha rodeado y hacia los que se siente atraído por actividades y valores compartidos; estos demuestran una orientación depredadora hacia el mundo, carente de consideración alguna más allá del propio beneficio o el de sus amigos.

Un ejemplo del tipo de amistades de Trump es David J. Pecker, presidente de la compañía de prensa amarilla American Media Inc. (AMI) y editor del National Inquirer, principal órgano de la prensa sensacionalista en EEUU. Antes de las elecciones de 2016, AMI le compró a la modelo de Playboy Karen McDougal los derechos de su affaire extramatrimonial con Trump para asegurar que esa historia nunca viera la luz. Además de revelar la actitud machista de Trump y Pecker hacia las mujeres, este hecho constituyó una clara violación de las leyes de financiamiento de campañas (que en realidad todos los candidatos violan).

Otro ejemplo notable fue Roy Cohn, uno de los mejores amigos y reconocido mentor de Trump, un verdadero ejemplo de lumpenburgués (ya que, stricto sensu, no era un capitalista). Es posible que el notorio rol de Roy como jurista en la caza de brujas anticomunista del senador Joe McCarthy haya desviado la atención pública de sus nefastas actividades posteriores. Nicholas von Hoffman, el biógrafo de Cohn, cita a uno de sus socios abogados que lo describe como «una persona completamente carente de reglas», de tal forma que «cualquier cosa que se propusiera, en cualquier momento, era lo correcto», una expresión del carácter lumpen y depredador de Cohn.

Von Hoffman, e incluso Sidney Zion, un defensor a sueldo de Cohn, lo describió como un gran manipulador de personas que vivía en un mundo en el que los intercambios constituían la moneda de cambio. Además de haber representado legalmente a la mafia, Cohn socializaba con ella. Fue acusado por manipulación de jurados en 1963, y seis semanas antes de su muerte en 1986, fue inhabilitado por conducta inmoral y poco profesional que incluía, de manera reveladora, malversación de fondos de los clientes, información falsa en una postulación para el Colegio de Abogados y presiones para que un cliente enmendara su testamento. Algo esperable por su falta de principios, fue un hombre gay homofóbico (murió de sida), que se manifestó públicamente en contra de que los homosexuales pudieran desempeñarse como docentes en las escuelas.

Trump sabía todo esto sobre Cohn. Y aun así, lo introdujo en su círculo privado como amigo y mentor. Gwenda Blair cita a Eugene Morris, primo de Cohn y destacado abogado de bienes raíces de Nueva York, quien decía que «Donald se sentía atraído por el hecho de que Roy hubiera sido acusado». Y usó los servicios legales de Cohn para demandar al gobierno de EEUU por daños y perjuicios en represalia por haber sido acusado de prácticas de alquiler racialmente discriminatorias en los edificios de departamentos de su propiedad.

Michael Cohen, un antiguo amigo íntimo de Trump, abogado personal y apoderado, es otro ejemplo de la mencionada tendencia de Trump a rodearse de este tipo de socios y amigos. La vida de Cohen es un elocuente ejemplo de lo que conlleva el lumpencapitalismo. Después de graduarse en la Cooley Law School de Michigan, se convirtió en un recio abogado de lesiones personales. En 1994, su matrimonio lo conectó con el mundo de los inmigrantes de la antigua Unión Soviética y con el negocio de los taxis, donde hizo millones a través de la compraventa de licencias.

Pero su golpe de suerte provino de la compraventa de inmuebles en circunstancias sumamente sospechosas. En apenas un día, en 2014, vendió cuatro inmuebles en Manhattan por 32 millones de dólares al contado, el triple de lo que había pagado por ellos tan solo tres años antes. Se desconoce la identidad de los propietarios de las sociedades de responsabilidad limitada que compraron las propiedades de Cohen, así como el motivo por el cual aceptaron pagar semejante suma de dinero, si bien Cohen alegó que las ventas se concretaron en efectivo para ayudar a los compradores a diferir los impuestos en otras transacciones. Sin embargo, Richard K. Gordon, director de la Facultad de Derecho de la Case Western Reserve University, quien estuvo a cargo de campañas contra el lavado de dinero en el Fondo Monetario Internacional, declaró que si hubiera estado en la posición del banco, habría rechazado directamente la transacción o al menos habría calificado a Cohen con un riesgo extremadamente alto.

Más tarde, Cohen se involucró en la construcción de una Torre Trump en Moscú con Felix Sater, un amigo proveniente de Rusia con quien Cohen y Trump continuaron trabajando incluso después de que se conociera que Sater había sido cómplice de un plan de manipulación de acciones que involucraba a figuras de la mafia y criminales rusos (con el tiempo, Sater se declaró culpable y se convirtió en informante del FBI y otras agencias de inteligencia).

Cohen también tenía negocios con empresas que operaban en los márgenes del sistema de salud. Si bien no está claro qué papel jugó en esas empresas, a las que ayudó a registrarse ante los organismos del Estado, dos de los médicos que figuraban en las actas constitutivas, Aleksandr Martirosov y Zhanna Kanevsky, fueron acusados de fraude en los seguros en las distintas prácticas médicas que realizaban. Martirosov también fue acusado de hurto mayor y el doctor Kanevsky, de extorsión al Estado. Las acusaciones fueron el resultado de una investigación sobre accidentes falsos y negligencia médica.

Esta información sobre Cohen surge de una exhaustiva investigación periodística publicada por el New York Times el 5 de mayo de 2018. La investigación también reveló que, en 1993, el suegro de Cohen se declaró culpable de no haber cumplido con los reportes de transacción monetaria requeridos por la ley federal para grandes operaciones en efectivo (dado que cooperó en un caso relacionado, se le otorgó una probation, libertad condicional). El médico de familia Morton W. Levine, tío de Cohen, brindó asistencia médica a los integrantes de la organización criminal denominada Familia Lucchese, a quienes según un agente del FBI «ayudó en sus actividades ilegales». Anthony («Gaspipe») Casso, un subjefe de la Familia Lucchese, describió a Levine «como alguien que haría cualquier cosa por él». El doctor Levine también era dueño de El Caribe, un salón de eventos de Brooklyn --en el que Michael Cohen mantuvo una pequeña participación durante largo tiempo, hasta las elecciones de 2016-- que durante décadas fue el escenario de bodas y fiestas navideñas de la mafia, y en el cual dos tristemente célebres mafiosos rusos de Nueva York tenían sus oficinas.

La investigación del New York Times también señalaba que ambos socios de Cohen en el rubro de los taxis (Symon Garber y Evgeny Freidman) tenían un historial de problemas legales. Cada uno tuvo que pagar más de un millón de dólares por cobrar de más a sus conductores, según el fiscal general del estado de Nueva York. Antiguos socios comerciales también los acusaron de falsificar firmas, estafar a los abogados y evadir el pago de deudas. Las empresas de taxis de Cohen en Nueva York y Chicago deben más de 375.000 dólares por impuestos, seguros e inspecciones, y 14 de sus 54 taxis fueron suspendidos.

El séquito de amigos de Trump también incluye celebridades cuyos antecedentes revelan mucho sobre la personalidad del presidente. Una de ellas es el rapero Kanye West, quien, como escribió el escritor Ta-Nehisi Coates, es, al igual que Trump, despreciativo, narcisista y de una ignorancia apabullante; sus comentarios que sugerían que los cientos de años que duró la esclavitud fueron resultado de la propia elección de los esclavos son emblemáticos de su desprecio (y el de Trump) y de su falta de empatía por las víctimas de la opresión. Otro es el excampeón de boxeo Mike Tyson, un héroe para Trump, conocido por su adicción al alcohol y las drogas, sus problemas legales y una condena por violación. Tal como afirmó Charles M. Blow en el New York Times, Trump considera su coqueteo con raperos y atletas ricos una prueba de su igualitarismo. Fiel a su carácter lumpen, como escribe Blow, absorbe los aspectos más grotescos de esas celebridades desde su fachada de rico hombre de negocios.

Los amigos de Trump

Sus inclinaciones lumpen-depredadoras conducen a Trump a tener una relación prácticamente precapitalista y predemocrática con la investidura presidencial; su persona y su rol se confunden, y la Presidencia funciona para beneficio suyo y de sus amigos. La conducta política de Trump representa un impedimento para la función política más importante del Estado capitalista: actuar como unificador y árbitro de las facciones de la clase dominante.

Trump ha sido un continuo destructor de las reglas «normales» de comportamiento político esenciales en la función de árbitro confiable y responsable en el conflicto intracapitalista. Se negó a dar a conocer sus declaraciones de impuestos y a colocar sus propiedades financieras e inmobiliarias en un fideicomiso ciego, prácticas habituales a las que han adherido desde hace muchos años tanto los republicanos como los demócratas. Ha ignorado muchas reglas del juego institucional, especialmente aquellas que mantienen el «civismo» esencial para la estabilidad política y para una armoniosa alternancia en el poder entre republicanos y demócratas.

Un ejemplo flagrante de esta falta de «civismo» fue su llamamiento a meter en prisión a su candidata rival en 2016, Hillary Clinton, así como la instigación a sus seguidores a gritar «Cárcel a Hillary». Todos los políticos profesionales mienten, pero las mentiras empedernidas y descaradas de Trump sobre los asuntos más fácilmente verificables han roto el modelo del politiqueo habitual y han trastocado la autoridad moral de la Presidencia. Trump instaló una atmósfera de intimidación en la esfera política, justificando frecuentemente la ilegalidad y recurriendo, como señaló Joan Walsh en The Nation, al lenguaje mafioso, como cuando se quejó de la práctica de ofrecer la reducción de sentencias a aquellos acusados que den información para implicar a jefes superiores en las jerarquía de las organizaciones criminales, o cuando negó que el consejero de la Casa Blanca Don McGahn fuera «un soplón al estilo John Dean» (el consejero de Nixon involucrado en el Watergate).

Los capitalistas desconfían de Trump, no porque lo vean como moralmente deficitario, sino porque lo ven como un presidente arbitrario, impredecible y poco confiable que, como su amigo y mentor Roy Cohn, se cree por encima de las reglas, excepto las que le convienen en ese preciso momento. Si bien los capitalistas estadounidenses, en términos generales, se han beneficiado de su administración, lo ven no solo como alguien que no pertenece a su clase, sino también como un outsider político con el cual es imposible lograr una confianza mutua (a diferencia de otros presidentes, de quienes pueden esperar un mínimo respeto de los acuerdos). Esa es una de las principales razones por las que gran parte de los medios de comunicación de élite, como el New York Times y el Washington Post, se oponen duramente a Trump, algo inusual en la política de EEUU, excepto quizás durante la época del caso Watergate, durante la presidencia de Nixon.

Por eso es que la mayoría de los capitalistas se rehusaron a apoyarlo antes de que ganara las primarias republicanas de 2016. Muchos de ellos le negaron su apoyo debido a sus provocaciones racistas y antinmigración, que vieron como una amenaza a la estabilidad del sistema económico y político, o bien porque apoyaban la legalización, al menos, del trabajo temporario de los inmigrantes, como fue el caso de los capitalistas de la agroindustria y de Silicon Valley. Muchos capitalistas tampoco lo apoyaron debido a su defensa del proteccionismo, una política defendida principalmente por ejecutivos de industrias en decadencia como la del carbón y el acero.

Un estudio de 2018 realizado por Thomas Ferguson, Paul Jorgensen y Lie Chen, muestra que, en 2015 (el año anterior a las elecciones generales de 2016), la campaña de Trump concitó el apoyo financiero de empresas de sectores industriales menos dinámicos, como la del acero, el caucho, la maquinaria y otras que esperaban beneficiarse del proteccionismo de Trump. En esta etapa temprana, también recibió dinero de capitalistas individuales como el «bucanero de las finanzas» Carl Icahn, prácticamente un paria para las principales compañías de la Mesa Redonda de Negocios y de Wall Street; también de una minoría de capitalistas de Silicon Valley, como Peter Thiel, una figura conocida en la industria, y muchos ejecutivos de Microsoft y Cisco Systems, que aportaron más de un millón y unos cuatro millones de dólares respectivamente a la campaña de Trump.

Es cierto que una vez que Trump ganó el número de delegados necesarios en las primarias republicanas para obtener la nominación presidencial, un creciente número de empresas comenzaron a contribuir a su campaña esperando asegurarse la buena voluntad del candidato en el caso de que llegara a la Casa Blanca. Así pues, según Ferguson et al., la víspera de la Convención Republicana conllevó «una cuantiosa entrada de dinero, que incluyó, por primera vez, contribuciones significativas de grandes empresas».

Además de la minería (especialmente el sector del carbón, que continuó apoyando a Trump), entre los nuevos contribuyentes estuvieron la gran industria farmacéutica, preocupada por las declaraciones de Clinton sobre la regulación de precios de los medicamentos; las tabacaleras y la industria química, petrolera y de telecomunicaciones (en particular, AT&T, que tenía una importante fusión pendiente con Time Warner). El reporte de Ferguson et al. apunta a que el dinero también comenzó a llegar de ejecutivos de grandes bancos (Bank of America, J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley y Wells Fargo), e incluso de algunas compañías de Silicon Valley que no habían apoyado a Trump hasta ese momento, como Facebook, que aportó en su momento 900.000 dólares al Comité Anfitrión de Cleveland para la convención republicana.

Aun así, según lo informado por Ferguson et al., las contribuciones totales de Trump para la carrera presidencial de 2016 ascendieron a algo más de 861 millones de dólares, en comparación con los 1400 millones recaudados por la campaña de Clinton. Con la posible excepción de 1964, aquella campaña de Clinton superó cualquier otra campaña desde el New Deal y obtuvo apoyo financiero «incluso de sectores y compañías que rara vez han apoyado a los demócratas». Sin duda había sido Hillary Clinton, y no Trump, la candidata presidencial apoyada por la mayoría de la clase capitalista.

El apoyo capitalista a Trump aumentó de manera sustancial después de su llegada a la Casa Blanca. Sus políticas fiscales de derecha y sus políticas aún más extremistas respecto de la desregulación en sectores clave como el medio ambiente, el trabajo y la protección al consumidor han convencido a amplios sectores de la clase capitalista. Pero el apoyo a Trump entre los capitalistas estadounidenses no se debe solo a sus recortes fiscales y a sus políticas desregulatorias, sino al hecho de que su gobierno coincidió con una expansión de la economía que en gran medida fue producto del ciclo económico.

Si bien a la mayoría de los capitalistas posiblemente no le agraden los aranceles de Trump, así como a sus guerras comerciales con China y la Unión Europea, en tanto y en cuanto sus ganancias sigan aumentando preferirán mostrarse cautos respecto de su gobierno. Pero no confían en él ni pueden desarrollar una relación sobre la base de algún tipo de reglas comunes y previsibles. Su comportamiento político extremo los obligó en ocasiones a tomar distancia, como ocurrió en agosto de 2017 después de que supremacistas blancos se reunieran en Charlottesville, Virginia, en una demostración de poder que dejó como saldo un muerto y varios heridos graves a manos de neofascistas. La reacción de Trump, que consistió en denunciar la violencia de «ambos lados», provocó una indignación generalizada. Muchos CEO incluso se sintieron obligados a renunciar al American Manufacturing Council, que asesoraba a Trump.

Los sofisticados órganos de información y opinión procapitalistas, especialmente aquellos defensores de la economía del laissez-faire, se incomodan con el apoyo que las empresas estadounidenses brindan --de buena o mala gana-- a Trump. Un ejemplo emblemático de este malestar lo constituyó un editorial de 2018 de The Economist titulado «The Affair» y subtitulado «Los ejecutivos estadounidenses creen que el presidente es bueno para los negocios. No en el largo plazo». The Economist sostenía que «las corporaciones estadounidenses están siendo miopes y descuidadas a la hora de medir los costos de Trump». «El sistema de comercio estadounidense», decía el editorial, «se está apartando torpemente de las reglas, la apertura y los tratados multilaterales y se inclina hacia la arbitrariedad, la insularidad y los acuerdos efímeros».

Para The Economist, el costo de volver a regular el comercio podría incluso superar los beneficios de la desregulación en el país. Eso podría ser tolerable de no ser por la imprevisibilidad que marcó la primera era Trump, en particular su tendencia a hacer alarde de su poder mediante «actos absolutamente discrecionales».

El ascenso de un presidente lumpencapitalista

¿Cómo fue posible que un candidato con una relación problemática con la clase dominante pudiera emerger y llegar a ser elegido presidente? Más aún teniendo en cuenta que, paradójicamente, siendo él mismo un capitalista, al tomar posesión del cargo en enero de 2017, tenía lazos mucho más débiles con la clase capitalista en su conjunto que Obama, Bill Clinton, George Bush padre e hijo, Ronald Reagan y Jimmy Carter.

La explicación se remonta al impacto que tuvo la crisis creada por la gran recesión económica de 2008. La recesión se sumó a los efectos duraderos de la creciente desindustrialización que los trabajadores estadounidenses sufrieron y frente a la cual el Partido Demócrata, ya sea bajo el ala de Carter, Clinton u Obama, no hizo gran cosa para mejorar la situación. Un caso paradigmático fue el de Virginia Occidental, un Estado con hegemonía demócrata, con una economía basada en la minería del carbón y sede del otrora poderoso sindicato United Mine Workers (UMW), que fue ignorado por el Partido Demócrata cuando la industria del carbón entró en una recesión que, además de producir desempleo y subempleo, terminó reflotando al Partido Republicano. Los estados de Michigan, Ohio y Pensilvania siguieron un patrón similar en 2016. La pérdida de estos estados selló la derrota de Hillary Clinton en 2016.

Ya en 2016, en todo EEUU, millones de familias que habían sido testigos del aumento de nivel de vida y de movilidad social durante los «treinta años gloriosos», entre 1945 y 1975, no esperaban que sus hijos --que en caso de llegar a la universidad terminarían endeudados de por vida-- tuvieran tanto éxito como ellos. Los empleos disponibles quedaron cada vez más restringidos a sectores no sindicalizados y de salarios bajos, como la logística, los call centers, la hostelería y atención de la salud, mientras que los trabajos de calidad, en general calificados, requerían en su mayoría formación de posgrado. Esta situación es el trasfondo económico y social del crecimiento de la epidemia de consumo de opioides entre la población blanca y, de manera creciente, entre las minorías.

Envuelto en un manto de autenticidad al postularse como un defensor de la gente común --una tarea no muy difícil teniendo enfrente a una Hillary Clinton asociada a la elite--, Trump prometió cambios muy necesarios para las víctimas de la crisis, incluidos aquellos que, tras haber votado a Obama, fueron abandonados por él y su partido. Propuso el proteccionismo como solución a los problemas de los trabajadores estadounidenses. Buscó el apoyo de los estadounidenses blancos, unas veces a través de mensajes velados, otras defendiendo abiertamente posturas racistas, nativistas y chauvinistas. Fue astuto al asegurar a los votantes que dejaría intactos la Seguridad Social y el Medicare, programas sociales que políticos más abiertamente neoliberales como Paul Ryan han amenazado en ocasiones con recortar. Al hacerlo, Trump apeló a un gran número de estadounidenses blancos que pensaban, equivocadamente, que habían pagado plenamente por esos beneficios mediante sus contribuciones individuales de toda una vida, en contraste con los programas de «asistencia social» que los pobres indecentes supuestamente reciben a expensas de la honrada clase media y trabajadora. Trump también se benefició de un sistema de primarias en el que el ganador se lleva todos los delegados para el colegio electoral (winner-take all), diseñado originalmente para que un candidato del establishment como Jeb Bush fuera ungido rápidamente, evitando un largo periodo de competencia que, temían los líderes republicanos, podía hacer mermar las posibilidades del partido. Ante la ausencia de rivales unidos en torno de un candidato o de un sistema de segunda vuelta que asegurara una mayoría para el ganador, Trump pudo obtener la nominación con apenas una mayoría simple en lugar de una mayoría absoluta de los votantes de las primarias republicanas.

El triunfo de Trump en 2024 y su primera presidencia reflotan la vieja cuestión sobre el modo en que gobierna la clase capitalista y si en verdad lo hace. Los capitalistas son los dueños de la economía y la administran de manera directa y privada. Pero lo hacen en circunstancias sobre las que cualquier empresa individual tiene poco control, como la competencia nacional e internacional. De ahí el rol del Estado que, en virtud de la separación entre la economía y el sistema político que de manera general caracteriza a los sistemas capitalistas, en particular los supuestamente democráticos, los capitalistas no lo controlan de modo directo sino a través de complicados mecanismos.

En circunstancias «normales», estos mecanismos consisten en «ir atrás» de los partidos políticos en el poder y, al mismo tiempo, promover y defender sus intereses mediante una serie de estrategias, tanto negativas --la amenaza y posibilidad real de la fuga de capitales, la negativa a invertir, entre otras formas en las que el capital «se declara en huelga»-- y positivas, como los aportes de campaña, el 'lobby' y las campañas mediáticas.

Las crisis hacen peligrar el complicado control que la clase capitalista tiene en circunstancias «normales». Crean las condiciones que facilitan el ascenso de una clase y de agentes políticos externos para administrar el sistema político, en última instancia en nombre de la clase dominante, aunque en sus propios términos. En las crisis profundas, como la de Alemania de finales de la década de 1920 y comienzos de la de 1930, el nazismo --en gran medida arraigado en elementos lúmpenes, aunque muchos de estos fueron purgados por Hitler en la Noche de los Cuchillos Largos en el verano de 1934-- fue un agente político de ese tipo, que protegió la supervivencia del capitalismo junto con sus poderosos capitalistas, pero no en sus términos, sino en los términos del propio nazismo. Es como si los nazis les hubieran dicho a los capitalistas: «Les brindaremos estabilidad política nacional y les permitiremos hacer negocios, pero tendrán que pagar el precio de apoyarnos».

Trump es otro agente político externo. Pero no es (del todo) un fascista ni ha intentando introducir el fascismo en EEUU; su gobierno no descansa en escuadrones fascistas o en una policía secreta que interviene los sindicatos, los medios o partidos políticos opositores ni busca la eliminación de las elecciones. Ciertamente, ha implementado una serie de agresivas políticas antiobreras, racistas y sexistas, así como contra los pobres, los inmigrantes y el medio ambiente. La crisis que facilitó su elección no tuvo la misma dimensión ni la magnitud de la crisis alemana de los años 30 o la crisis italiana de comienzos de los 20. A diferencia de ellas, se trató de una crisis de mediano alcance basada en gran medida en el impacto de la gran recesión de 2008 y la disminución del ingreso y de los niveles de vida y el crecimiento sustancial de la desigualdad.

Con el triunfo de este martes se ha demostrado que Trump ha logrado conservar la lealtad de una abrumadora mayoría entre los republicanos. La alianza que construyó entre el conservadurismo religioso y el nacionalismo blanco podría resultar más sólida y duradera que la alianza neoliberal-religiosa que la precedió. Lo irónico es, por supuesto, que Trump busca implementar un proyecto neoliberal de manera aún más implacable, ahora con el apoyo de Elon Musk y otros grandes. Desde luego, no en el ámbito del comercio internacional, donde se desvía de la línea republicana neoliberal, sino en un aspecto aún más sustancial: el desmantelamiento de las políticas impositivas y regulatorias, en particular en las áreas de empleo, medio ambiente y protección al consumidor, acompañado, en su caso, por la vieja ansia racista de reducir los derechos civiles y electorales de los «no blancos».

miércoles, 11 de noviembre de 2020

El nuevo giro económico de Cuba.

11 noviembre 2020 

Autor e investigador. Profesor Emérito en el Brooklyn College de Nueva York

Una serie de recientes acontecimientos en Cuba han castigado la ya precaria economía de la isla, lo cual ha llevado al gobierno a adoptar una serie de políticas económicas que apuntan a una mayor apertura al capital mientras mantiene los controles políticos del Estado unipartidista.

El primero en la lista de recientes desastres que han sobrevenido a la Isla es la pandemia de COVID-19. En comparación con otros países caribeños, a Cuba le ha ido mejor gracias a un sistema de salud pública que, a pesar de su deterioro en los últimos treinta años, aún es capaz de organizar una respuesta adecuada a desastres colectivos como la pandemia. Así, para detener el contagio, el gobierno cubano adoptó medidas drásticas como suspender el transporte público en su totalidad, y en respuesta a un rebrote de la infección que comenzó a finales de agosto, recurrió a medidas igualmente drásticas en muchas localidades, incluyendo el área metropolitana de La Habana, aunque a principios de octubre redujo las restricciones en la mayoría de esos lugares.

La industria del turismo, la tercera mayor fuente de divisas extranjeras tras la exportación de personal médico y las remesas enviadas por cubanos en el exterior, también se cerró, así como muchos establecimientos comerciales e industriales. La entrada de divisas a Cuba –tremendamente necesarias para adquirir esenciales productos de importación, incluyendo el 70 por ciento de los alimentos que se consumen- ya había sido restringida antes de la pandemia por la cancelación de la exportación de personal médico a países como Brasil y Bolivia, donde gobiernos de extrema derecha habían llegado recientemente al poder.

Además, los cargamentos de petróleo que la isla recibía de Venezuela ­–a cambio de la exportación de personal médico a ese país–, cruciales para el funcionamiento de la economía de la Isla, fueron reducidos como resultado de la crisis política y económica bajo el gobierno de Maduro.

Para colmo de desgracias, Donald Trump intensificó de manera decididamente agresiva el criminal bloqueo estadounidense contra Cuba –motivado en parte por el apoyo de esta al régimen de Maduro– al reducir, o en algunos casos cancelar, varias de las concesiones que Obama había hecho durante su segundo período en la Casa Blanca. Entre otras medidas hostiles, Trump limitó el envío de remesas de cubanoamericanos a sus familiares, redujo significativamente los viajes a Cuba por parte de ciudadanos estadounidenses de origen no cubano, prohibió que los visitantes estadounidenses en la Isla se hospedaran en hoteles propiedad del gobierno cubano, e impulsó una campaña para desalentar la inversión extranjera mediante la invocación, por primera vez en la historia, del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996 (aprobada por el Congreso e instituida como ley por el presidente demócrata Bill Clinton), la cual sanciona a compañías extranjeras que utilicen propiedad estadounidense confiscada por el gobierno cubano a principios de los años 60.

La administración de Trump también ha suspendido licencias que autorizan actividades económicas estadounidenses en Cuba, como la concedida por la administración de Obama a la Corporación Marriott para operar hoteles.

¿Cambiará la política de Washington bajo una posible administración de Joe Biden? El candidato presidencial demócrata prometió seguir los pasos del presidente Barack Obama, moviéndose hacia una normalización de las relaciones políticas y económicas con Cuba. El punto hasta el cual un gobierno de Biden podría hacerlo depende de una variedad de factores que van desde los resultados electorales en Florida hasta las relaciones con Venezuela.

Aunque lo último no fue muy importante con respecto a la política hacia Cuba durante los años de Obama, se convirtió en un aspecto primordial para Trump, quien, siguiendo el consejo del senador Marco Rubio y del entonces asesor para seguridad nacional John Bolton, hizo del apoyo de Cuba a Nicolás Maduro un asunto fundamental y lo utilizó para justificar el recrudecimiento de las sanciones. El hecho de que tanto Biden como los demócratas en el Congreso han apoyado la afirmación del líder opositor venezolano Juan Guaidó de ser el presidente legítimo de Venezuela no promete nada bueno al respecto de que una administración demócrata normalice las relaciones con la Isla.

Poderosos intereses corporativos, tales como importantes firmas de la agroindustria y la Cámara de Comercio de los EEUU, han estado por mucho tiempo en favor de sostener relaciones económicas plenas con Cuba, aunque es difícil predecir cuánto capital político están dispuestos a invertir para lograr ese objetivo. En cualquier caso, una normalización completa de las relaciones políticas y económicas requeriría que el Congreso revocara la Ley Helms-Burton de 1996. Ello es una posibilidad dudosa, teniendo en cuenta la composición probable de ambas cámaras del Congreso tras la elección del próximo mes, a pesar de que un número significativo de congresistas republicanos han apoyado, en nombre de intereses agrícolas y de otros negocios, la normalización de relaciones. No obstante, el presidente de los Estados Unidos tiene una considerable capacidad para mejorar dichas relaciones bilaterales, aunque la Helms-Burton se mantenga como ley vigente.

Mientras tanto, todos estos acontecimientos han exacerbado considerablemente los problemas de una ya débil economía cubana que ha sufrido de bajo crecimiento por varios años (0,5% en 2019), baja productividad industrial y agrícola, y un muy bajo índice de la sustitución de capital necesaria para mantener una economía al menos en su nivel actual de producción y nivel de vida, mucho menos para lograr un crecimiento económico significativo y mejores condiciones de vida. Para mayor desgracia, esta situación se ha ido desarrollando en el contexto de una población cada vez más envejecida, un proceso demográfico que comenzó a finales de los años 70 y que conducirá a una serie de graves problemas, como que una fuerza de trabajo en reducción tenga que sostener a un número creciente de jubilados.

En respuesta a las presiones creadas por la reciente profundización de la crisis económica, el gobierno cubano anunció una serie de medidas que harán que el país dé un importante paso más cerca del modelo chino-vietnamita, el cual combina un Estado unipartidista autoritario con un creciente papel de la empresa privada capitalista. Estas nuevas medidas representan la decisión del gobierno cubano de ceder una parte de su control económico en un esfuerzo por adquirir divisas, importar capital y promover un mayor dinamismo y crecimiento de la economía.

Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa privada

Una propuesta económica que ha sido rescatada es el establecimiento de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de gestión privada. Por más de una década, el gobierno cubano bajo el mandato de Raúl Castro ha permitido la existencia de muy pequeñas empresas privadas, las cuales en este momento ya emplean aproximadamente al 30 por ciento de la fuerza de trabajo. Ello incluye cerca de un cuarto de millón de agricultores privados que trabajan tierras en usufructo, lo que significa que la arrendan al gobierno por períodos renovables de veinte años, así como unas 600.000 personas que son dueñas de negocios en áreas urbanas o trabajan para ellos.

La mayoría de estas microempresas están concentradas principalmente en las esferas de los servicios gastronómicos (restaurantes y cafeterías), la transportación (taxis y camiones), y en el alquiler de habitaciones y apartamentos a turistas, probablemente la pequeña empresa privada más lucrativa de todas. En 2014, en un importante documento oficial titulado Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, el gobierno anunció que permitiría la creación de pequeñas y medianas empresas privadas. Esta noción ha sido recientemente revivida y discutida, por ejemplo, por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien ha afirmado que es necesario «destrabar» las PYMES y las cooperativas.

Se han ofrecido pocos detalles acerca de qué podrían abarcar estas empresas en términos de tamaño y otras características. Lo más probable es que eso se mantenga en secreto hasta que el gobierno promulgue la nueva ley, que está programada para abril de 2022, referida tanto a las empresas estatales como privadas, aunque diputados del parlamento -la Asamblea Nacional del Poder Popular- han indicado que las regulaciones concernientes a las PYMES se formularán ya este año.

Aun así, se puede obtener una idea aproximada de en qué consistirán esas medianas empresas observando cómo han sido definidas en otros países latinoamericanos. En Costa Rica, por ejemplo, donde las PYMES están muy extendidas y desempeñan un importante papel en la economía, la mediana empresa se refiere a las que emplean entre 31 y 100 trabajadores; las microempresas son las que emplean a menos de cinco personas (el grupo más nutrido de las hoy presentes en Cuba), y la pequeña empresa es aquélla que contrata de 6 a 30 trabajadores. Chile aprobó una ley que define oficialmente el tamaño de las empresas según los siguientes criterios numéricos: Micro, hasta 9 empleados; Pequeña, de 10 a 25; Mediana, de 25 a 200; y Gran Empresa, más de 200 empleados.

Basándose en esas definiciones, está claro que por su tamaño, las firmas privadas medianas son empresas capitalistas tradicionales. Es poco probable que sean gestionadas únicamente por sus dueños y necesitarán algún tipo de administración jerárquica para conducir el negocio en términos de su planificación económica, su gestión y su producción. El establecimiento de estas firmas probablemente vaya a la par con la intervención de los sindicatos estatales oficiales para «organizar» a los trabajadores, como ya lo han hecho con los mucho menores «cuentapropistas» y sus pocos empleados. Como en China, los sindicatos oficiales en Cuba no harán nada para representar verdaderamente a los trabajadores en sus relaciones con los empleadores.

El Código de Trabajo de Cuba de 2014

En este contexto es muy importante considerar el Código de Trabajo que ha estado en vigor desde que lo aprobó el gobierno cubano en 2014. Este Código elimina el requisito de compensar a trabajadores cuya plaza haya sido cerrada y permite a empleadores privados despedir a trabajadores sin motivo como parte de su derecho como propietarios. En el caso de empleados estatales, el gobierno también despide a trabajadores al declararlos no idóneos para sus plazas, sin que los afectados tengan mucho a qué recurrir.

El nuevo Código también relaja la jornada de 8 horas, permitiendo que los empleadores la extiendan a 9 horas sin compensación adicional. De hecho, ya hay muchos trabajadores en el sector privado que trabajan turnos de 10 y hasta 12 horas diarias sin cobrar horas extra –lo hacen de todos modos porque su salario básico es más alto que en el sector estatal-.

El Código también permite que los empleadores privados solo concedan un mínimo de siete días de vacaciones anuales pagadas en lugar de los treinta días a los que tienen derecho los empleados estatales. Igualmente, suprime la descarga académica para la superación de todos los trabajadores, así que ello debe hacerse durante el tiempo libre del que dispongan, como el acumulado de vacaciones. Se espera que este Código de Trabajo también sea aplicable al sector económico de las PYMES.

La modificación del monopolio estatal sobre el comercio exterior

Además de abrir la puerta a la empresa privada, el régimen cubano ha relajado muy recientemente su monopolio sobre el comercio exterior, es decir, el control exclusivo que, hasta ahora, ha tenido sobre todas las actividades empresariales de importación y exportación.

Hace poco tiempo, Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), anunció que treinta y seis empresas estatales especializadas en comercio exterior se estaban preparando para ofrecer ayuda con sus servicios a importadores y exportadores privados, con el objetivo de procesar y perfeccionar sus operaciones extranjeras.

Como un incentivo adicional para estimular estas actividades de exportación privadas -en moneda fuerte-, el gobierno ha ofrecido aplicar un descuento al impuesto sobre las utilidades de las empresas estatales, privadas y las cooperativas si demuestran un incremento en ventas de productos y servicios en comparación con el año anterior.

En 1959, el primer año de la Revolución, cuando la mayor parte de la economía aún estaba en manos privadas, el Gobierno Revolucionario, ante un brusco descenso de sus reservas de divisas fuertes extranjeras, exigió que las firmas privadas cubanas que importasen del extranjero obtuvieran el permiso del Banco Nacional de Cuba para acceder a la divisa extranjera –a menudo dólares- que necesitaban para sus transacciones.

Así el gobierno intentaba ejecutar su plan de utilizar las escasas divisas en importaciones que eran fundamentales para el desarrollo económico del país, en vez de, por ejemplo, en artículos de lujo para uso personal. Aún no se conoce cuánto control tendrá ahora el gobierno sobre las iniciativas de importación/exportación propuestas por el sector privado.

La racionalización del sistema monetario

Las nuevas regulaciones para actividades de exportación, y en especial de importación, estarán estrechamente relacionadas y se verán sin dudas afectadas por las dificultades monetarias que hoy enfrenta Cuba, en particular las concernientes a la escasez de divisas. Esa escasez también está desempeñando un papel principal en la presente discusión de la unificación monetaria por parte del gobierno, un tema sobre el cual se ha vertido mucha tinta durante años y que adquiere cada vez más protagonismo en las nuevas políticas económicas, y cuya materialización puede que ocurra finalmente durante los próximos meses.

A medida que el gobierno cubano intente integrar cada vez más su economía con la economía internacional, más necesitará regularizar el tipo de cambio entre su moneda nacional y las divisas extranjeras utilizadas por el capital foráneo para sus transacciones. Ello permitiría un arreglo más racional para, entre otras cosas, establecer un sistema de precios e incentivos económicos, y para evaluar los datos económicos.

Por muchos años, Cuba ha tenido operando en su mercado interno un sistema de dos monedas coexistentes, con una parte en dólares y la otra en pesos cubanos. Hasta hace poco, ese sistema fue representado por el peso cubano y el CUC —una moneda cubana no convertible más o menos equivalente al dólar— que estuvo fijada a un cambio de aproximadamente 24 o 25 pesos cubanos por 1 CUC.

Pero el CUC perdió su valor y está en proceso de desaparecer debido a la falta de divisas para respaldarlo. Mientras tanto, la economía cubana se ha dolarizado directamente: los cubanos ahora obtienen acceso a artículos en tiendas especiales en dólares que venden una amplia variedad de productos, incluyendo alimentos, que son muy difíciles de obtener en otros lugares con pesos cubanos.

Los productos en esas tiendas en divisas extranjeras se compran con tarjetas magnéticas emitidas por el gobierno para evitar una especulación informal de monedas en efectivo en el mercado negro. Las tarjetas son el único tipo de pago aceptado en esas tiendas y se basan en depósitos hechos en dólares u otras divisas internacionales en los bancos cubanos, la mayoría de los cuales provienen de remesas desde el exterior.

Sin embargo, con la desaparición del CUC, ya no podemos hablar de unificación monetaria, sino de la racionalización de la política monetaria cubana, particularmente del tipo de cambio entre el peso y el dólar. Como el economista cubano Pedro Monreal ha señalado, los cambios monetarios tendrán que ser parte de un paquete más amplio que implique ajustes de precios, subsidios, salarios y pensiones.

La regularización monetaria del cambio entre el peso cubano y el dólar que se discute hoy en la Isla supone para el gobierno una serie de complicaciones que serán muy difíciles de resolver. Provienen principalmente del hecho que, mientras la población en general ha estado cambiando de 24 a 25 pesos por un dólar, las empresas estatales han disfrutado del económicamente distorsionante tipo de cambio de un peso por un dólar –una tasa que claramente ha favorecido la importación de bienes extranjeros, pero ha dañado la exportación de bienes cubanos–.

La regularización de la moneda en este contexto significa que el gobierno tendrá que intentar lograr la cuadratura de varios círculos para tanto impedir el cierre de muchas firmas estatales que se beneficiaban del subsidio para importaciones del que disfrutaban con el tipo de cambio especial de uno por uno, como para bloquear un incremento de la inflación. Debido a presiones políticas internas y a expectativas populares, es posible que el gobierno se vea obligado a conceder un tipo de cambio favorable al peso. Si ese tipo de cambio favorable no está acompañado por una mayor disponibilidad de bienes y servicios, ello podría llevar a la inflación. Si se combinan problemas, una falta de sindicatos independientes dejaría a los trabajadores cubanos desprotegidos de las políticas monetarias de su gobierno.

Especialmente importante es el fundamental cambio de política que anunció por primera vez la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, el 6 de agosto –y que fue luego confirmado el 13 de octubre por Alejandro Gil, el Ministro de Economía y Planificación–, que aumentará sustancialmente la cantidad y variedad de ocupaciones urbanas que los cubanos podrán realizar en el sector privado.

Como parte de sus primeras reformas económicas, Raúl Castro permitió la apertura al trabajo por cuenta propia privado y a la contratación de personal en el caso de un número limitado de ocupaciones que con el tiempo se incrementó a más de doscientas, las cuales luego se reorganizaron en 123 grupos ocupacionales. Vale señalar que este incremento estuvo lejos de ser un proceso lineal y en más de una ocasión el gobierno recortó la cantidad de ocupaciones permitidas en el sector privado.

Según los ministros Feitó y Gil, esa lista de ocupaciones privadas permitidas será eliminada, y es de suponer que se preparará una nueva que relacione sólo aquellas ocupaciones que no se permitirán, tales como, por ejemplo, la práctica privada de la medicina. Ninguno de los ministros ha definido aún una fecha en la que estos cambios entrarían en vigor.

Finalmente, para facilitar tanto las operaciones del sector privado rural como del urbano, el gobierno anunció que aumentaría la cantidad de mercados mayoristas para que los pequeños y medianos emprendedores privados compren alimentos y otros productos al por mayor a precios reducidos. La falta de acceso a este tipo de mercados ha sido un gran problema que ha afectado seriamente la viabilidad de los negocios privados rurales y urbanos. Para mejorar las cosas, el gobierno anunció muy recientemente que a partir de septiembre comenzará a funcionar un mayor número de mercados mayoristas en las capitales provinciales, aunque las transacciones se realizarán exclusivamente en divisas, lo cual ha sido claramente el principal impulso para esto y para otros cambios económicos.

Si el gobierno cubano realiza todos los cambios que ha anunciado, la economía de la Isla se habrá alejado bastante de la economía altamente nacionalizada de finales de los 80 —más nacionalizada que las economías de la URSS y Europa del Este— para convertirse en una economía fundamentalmente mixta, acercándose así cada vez más al modelo chino-vietnamita. Queda por ver hasta qué punto los cambios propuestos mejorarán el mediocre rendimiento de la actual economía cubana, en la cual el bajo crecimiento económico y la baja productividad han caracterizado tanto a la economía rural como a la urbana por mucho tiempo.

Vale señalar, sin embargo, que a pesar de una baja producción agrícola generalizada, las granjas privadas ya han superado a las estatales en la producción de varios cultivos esenciales, como sucedió en Europa del Este durante los gobiernos comunistas. En sólo poco más de una década, desde que una cantidad sustancial de tierras fuera distribuida a agricultores privados, y a pesar de sus grandes dificultades para obtener acceso a créditos y al comercio al por mayor, instrumental agrícola y otros implementos, los agricultores privados, quienes aún poseen menos tierras cultivables que el Estado, ya producen el 83.3 por ciento de las frutas, el 83,1 por ciento del maíz y el 77.9 por ciento de los frijoles. Sin embargo, esto no es tanto un testimonio de las maravillas de la empresa privada como del desastre que ha sido para Cuba la agricultura estatal burocrática dirigida desde arriba y de manera centralizada –también fue desastrosa para varios países que componían el bloque soviético–.

En tales sistemas burocráticos, las personas que participan del nivel productivo carecen de incentivos materiales –como un mayor poder adquisitivo– y de incentivos políticos –como autogestión y control democrático de sus centros de trabajo–, cuya ausencia ha conducido históricamente a apatía generalizada, negligencia, irresponsabilidad y lo que Thorstein Veblen llamó «retirada de la eficiencia».

Es esta experiencia vivida y no la propaganda capitalista, la que ha hecho al modelo capitalista cada vez más atractivo para los cubanos.

El contexto político

Un tema crítico que surge de esta discusión es la naturaleza y composición de la dirección política cubana que se enfrenta a la actual crisis y que conduce las propuestas mencionadas quince años luego de que Fidel Castro se retiró, por razones de salud, de su mandato directo del país y fue sucedido por su hermano menor Raúl, el jefe de las fuerzas armadas cubanas y heredero forzoso desde los primeros días del Gobierno Revolucionario.

Al asumir el mando, Raúl introdujo una serie de reformas económicas que abrieron el sistema, de manera moderada, a empresas privadas normalmente muy pequeñas. También promovió un grado significativo de liberalización como, por ejemplo, cambiar en 2012 las regulaciones que controlaban las salidas al extranjero para permitir a los cubanos viajar a otros países. Pero esta liberalización no estuvo acompañada por forma alguna de democratización política. Todo lo contrario. Por lo tanto, la represión de la disidencia ha continuado. Así, por ejemplo, mientras liberalizaba los viajes al extranjero para la mayoría de los cubanos, el gobierno ha impuesto obstáculos para las salidas de muchos disidentes, ya sea demorando sus apariciones en tiempo en conferencias en otros países o imposibilitándoles viajar al exterior, para lo cual ha elaborado una lista de «regulados» conformada por unos 150 disidentes cubanos que no tienen permitido salir del país.

Debe señalarse que, como en el caso de muchas otras medidas represivas adoptadas por el gobierno cubano, esto sigue siendo, como en tiempos de Fidel Castro, una decisión política y administrativa al margen incluso al propio sistema judicial del régimen. Lo mismo se aplica a los miles de arrestos breves que el gobierno de Raúl Castro ha realizado cada año, en especial para impedir manifestaciones públicas no controladas por el gobierno.

El sistema de partido único continúa funcionando como bajo Fidel Castro, con su enorme control social, económico y político, implementado mediante sus cintas de transmisión, representadas por las organizaciones de masas (los sindicatos y las organizaciones femeninas) y otras instituciones, como las del sistema educativo. Los medios masivos de comunicación (radio, televisión y periódicos) continúan estando bajo el control del gobierno y siguen en su cobertura las «orientaciones» del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

La única excepción de importancia son las publicaciones internas de la Iglesia Católica, la cual, sin embargo, practica una extrema prudencia política y limita la distribución de sus publicaciones a sus parroquias y otras instituciones católicas. Internet, la cual el gobierno ha sido incapaz hasta ahora de poner bajo su absoluto control, permanece como el principal vehículo para las voces críticas y disidentes.

Mientras tanto, ha estado ocurriendo un importante cambio generacional dentro de la dirigencia cubana que plantea preguntas sobre el futuro del sistema cubano. El nuevo Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, nació en 1960, un año después del triunfo revolucionario. El ocupante del recién creado cargo de Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, un hombre con largos años de experiencia en el negocio del turismo, nació en 1963. Se podría considerar que estos dos hombres realizan una especie de aprendizaje de prueba bajo Raúl Castro, quien a sus 89 años de edad es aún el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, aunque se retirará oficialmente en 2021.

Aún hay otros «líderes históricos» que también permanecen en lo más alto de la jerarquía política. José Ramón Machado Ventura, un médico que por un tiempo fue el número tres después de Fidel y Raúl Castro, y que es miembro del Buró Político, cumplirá 90 años el 26 de octubre. Ramiro Valdés, que ocupó muchos cargos superiores durante los más de sesenta años del Gobierno Revolucionario, incluyendo Ministro del Interior, y que hoy es miembro del Buró Político, tiene 88 años. Varios generales en posiciones de alto rango también pertenecen a la vieja generación. El general Ramón Espinosa Martín, miembro del Buró Político del CC del PCC, tiene 81 años. En comparación, el general Álvaro López Miera, también miembro del Buró Político, es un joven de apenas 76 años. El general Leopoldo Cintra Frías, Ministro de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) tiene 79 años de edad.

Sin embargo, hay personan más jóvenes, menos visibles que Díaz-Canel Bermúdez y Marrero Cruz, quienes ahora ocupan cruciales cargos de gobierno y cuyo poder es probable que aumente en el contexto de una transición luego de que los viejos «históricos» hayan abandonado la escena. Uno de ellos es el general de 60 años Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, un ex yerno de Raúl Castro, quien es el director de GAESA, el inmenso conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas, el cual incluye a Gaviota, la principal empresa turística en Cuba. Varios oficiales de alto rango del ejército, retirados o en activo, ocupan actualmente cargos importantes en otras esferas clave de la economía.

Las Fuerzas Armadas han capacitado a cuadros técnicos y empresariales quienes, junto a un grupo de técnicos y administradores civiles, han desempeñado por algún tiempo un importante papel en la economía. Muchos de ellos se han convertido en empresarios internacionales que operan en nombre del Estado cubano y han desarrollado amplias conexiones con bancos y otras instituciones capitalistas internacionales. A ellos debemos añadir a los gerentes de industrias estatales, a quienes el gobierno acaba de otorgar más autonomía. Todos estos funcionarios pueden acabar beneficiándose del anunciado establecimiento de las PYMES, mediante el uso de sus contactos de negocios para obtener el capital que les permita crear sus propias medianas empresas. Ellos constituyen el núcleo de una burguesía capitalista cubana en desarrollo que está emergiendo desde dentro del propio aparato comunista.

Oposición, desafiliación y descontento

Existe oposición política en Cuba, principalmente —pero no de forma exclusiva— en el centro y la derecha del espectro político. Sin embargo, ha sido políticamente marginada por la represión del gobierno y por la práctica plattista –por la Enmienda Platt impuesta por los EEUU a Cuba a principios del siglo XX y que limitaba la independencia cubana– adoptada por sectores de esa oposición, que en lugar de organizarse y recaudar fondos entre los cerca de dos millones de personas de origen cubano en los EEUU y otros países —tal como hizo José Martí entre los tabaqueros cubanos en Florida para apoyar la independencia cubana en la década de 1890—, ha dependido de limosnas del gobierno estadounidense para sobrevivir a la persecución.

Aunque el gobierno puede haber marginado con éxito a la disidencia activa en la isla, no ha podido detener la considerable desafiliación política con respecto al régimen, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que crecieron desde el derrumbe de la URSS y el campo socialista a finales de los 80 y principios de los 90. Debe apuntarse que ha transcurrido casi el mismo tiempo entre 1990 y el presente que entre el triunfo revolucionario en 1959 y el derrumbe del bloque soviético. Este colapso —y la sustancial retirada de ayuda económica a Cuba que lo acompañó— produjo una catastrófica crisis económica y una considerable erosión de la legitimidad del régimen cubano.

Desde entonces, la corrupción pública y privada se ha incrementado notablemente, un fenómeno que fue incluso denunciado por Fidel Castro en un famoso discurso en la Universidad de La Habana en noviembre de 2005, donde advirtió que podría destruir la Revolución desde adentro y así lograr lo que el imperialismo estadounidense llevaba décadas sin haber podido causar.

La actual crisis económica, considerablemente agravada por la pandemia de la COVID-19, se ha sumado al ya extendido descontento originado por la escasez de bienes de consumo. Buena parte de este descontento se ha enfocado en los «coleros» –de «cola», la línea de personas que esperan–, un término comúnmente utilizado para personas que monopolizan los primeros lugares en las omnipresentes filas que se forman por doquier para obtener los cada vez más escasos productos de primera necesidad o para vender esos lugares a quienes llegan tarde; y para personas que, aprovechándose de ocupar, de una forma u otra, los primeros lugares en la cola, compran todas las reservas de productos para revenderlos a precios exorbitantes.

El gobierno ha sacado partido de la comprensible indignación popular que despiertan los coleros al denunciarles y arrestarles, pero evita enfocarse en las causas económicas del fenómeno, es decir, la escasez de artículos de primera necesidad debido a una insuficiente producción nacional y/o importación. Sin embargo, el hecho es que, dada la falta de producción agrícola debido al régimen económico y político, no parece haber una alternativa práctica para este problema. Ni siquiera es probable que funcione racionar los productos en divisas que compran los coleros al incorporarlos al sistema de racionamiento en pesos cubanos que ya existe, pues puede que no haya cantidades suficientes para distribuir a todos.

Es difícil identificar las circunstancias bajo las cuales la presente desafiliación y el descontento puedan traducirse en una alternativa política —y aún menos en una democrática y progresiva— para el existente régimen antidemocrático de Estado unipartidista. Es cierto que el cierre por parte de Obama del camino de la emigración cubana hacia los Estados Unidos en los últimos días de su mandato eliminó una importante válvula de escape para la oposición y el descontento en Cuba. Trump no revocó esta medida concreta de Obama, prueba de que su oposición al comunismo es mucho más débil que su xenofobia y su racismo. No obstante, el cierre de la emigración hacia los Estados Unidos hasta ahora no ha parecido ser suficiente para estimular ninguna novedad política significativa en la isla.

Lo que está claro es que la adopción de las nuevas medidas económicas ya expuestas, en particular la legalización de las llamadas medianas empresas, pueden extender y profundizar considerablemente la doble explotación y opresión en Cuba: la que ha ejercido por mucho tiempo el Estado unipartidista altamente autoritario, y la otra, ejercida por las futuras medianas empresas privadas ayudadas por la falsa protección brindada a los trabajadores por los sindicatos estatales, que en la práctica funcionarán como sindicatos de empresas en el contexto de las PYMES. El Código de Trabajo aprobado en 2014 ya ofrece un indicio de lo que está por venir.

La nueva distribución económica del poder que tarde o temprano se desarrollará en Cuba demostrará aún más la urgente necesidad de contar con sindicatos verdaderamente libres, y la necesidad de sustituir el Estado unipartidista antidemocrático que por su naturaleza imposibilita la existencia de sindicatos independientes, por una república verdaderamente socialista y democrática en Cuba.

*Este análisis fue originalmente publicado en inglés en la edición on line de la revista socialista New Politics (https://newpol.org/cubas-new-economic-turn/).

viernes, 2 de octubre de 2020

Donald Trump, un lumpencapitalista

 Por Samuel Farber

Pensar al presidente de Estados Unidos como un lumpencapitalista permite entender el fenómeno Trump desde otra perspectiva. Y, al mismo tiempo, captar mejor sus vínculos con la clases dominantes, su sociabilidad y la utilización de la investidura presidencial en beneficio (económico) propio. Aunque los sectores más ricos hacen negocios, su gestión está lejos de ser un gobierno «normal».


Nadie sabe bien cómo entender a Donald Trump.

Poco después de que asumiera la Presidencia, un grupo de 27 psiquiatras y especialistas en salud mental estadounidenses confeccionaron una extensa lista de trastornos de la personalidad de Donald Trump: narcisismo, trastorno delirante, paranoia, hedonismo desenfrenado, entre otros. Si bien algunos de estos diagnósticos podrían ser acertados, las denominaciones psicológicas no son la mejor manera de develar el fenómeno Trump. Para examinarlo como actor político en toda su complejidad, debemos subsumir sus características personales en la estructura social de Estados Unidos.

Trump es un capitalista. Eso lo sabemos todos. Pero es un tipo particular de capitalista: un lumpencapitalista.

Una trayectoria de embustes

En La lucha de clases en Francia. 1848-1850, Karl Marx escribió que la aristocracia financiera de la época, «lo mismo en sus métodos de adquisición que en sus placeres, no es más que el renacimiento del lumpemproletariado en las cumbres de la sociedad burguesa». El erudito marxista Hal Draper aclaró que la «aristocracia financiera» de Marx no se refería al capital financiero que juega un rol esencial en la economía burguesa, sino a los «buitres y carroñeros» que se mueven entre la especulación y la estafa y que son los cuasicriminales o excrecencias delictivas del cuerpo social de los ricos, al igual que el «lumpenproletariado» propiamente dicho es la excrecencia de los pobres.

Marx se refirió nuevamente al «lumpenproletariado» de clase alta después de la caída de la Comuna de París en 1871, como aquel que disfruta de su tiempo libre en «el París masculino y femenino de los bulevares –el París rico, capitalista, dorado, el París ocioso (…), atestado ahora de sus lacayos, sus esquiroles, su bohême literaria y sus cocottes».

La esencia del lumpencapitalismo de Trump se expresa de muchas maneras, comenzando por sus operaciones financieras turbias e ilegales (o que rayan en la ilegalidad). Los capitalistas «normales» toman a menudo atajos ilegales en su búsqueda de ganancias –eludiendo el pago de impuestos, violando regulaciones estatales o tratando de quebrar ilegalmente a los sindicatos–, todo esto sin dejar de ser empresas capitalistas «normales». Para el lumpencapitalista Trump, sin embargo, esos atajos son la principal estrategia para la obtención de ganancias.

Ejemplos de esto abundan, empezando por los embustes que impregnan sus operaciones financieras. Los capitalistas «normales»’ piden regularmente préstamos a los bancos y a otras instituciones financieras para llevar adelante sus empresas; solo recurren a la quiebra de manera ocasional y como último recurso. Pero como el «rey de la deuda» que es, Trump ha declarado la quiebra de sus empresas nada menos que en seis ocasiones, cinco veces en el caso de sus casinos y una vez de su Hotel Plaza de Nueva York.

De acuerdo con la periodista y biógrafa Gwenda Blair, en 1990, Trump se reunió en secreto con representantes de varios grandes bancos estadounidenses para encontrar una solución a su abrumadora deuda bancaria de 2.000 millones de dólares, que incluía responsabilidad personal sobre garantías y préstamos por 800 millones de dólares, así como más de 1.000 millones en bonos basura en sus casinos. Como escribió Blair, en menos de una década, Trump se había convertido en lo que Marie Brenner en Vanity Fair llamó el «Brasil de Manhattan», con pagos de intereses anuales de aproximadamente 350 millones de dólares, por encima de su flujo de caja. Solo dos de sus activos, el 50% del Hotel Grand Hyatt y el área comercial de la Torre Trump, tenían por aquel entonces posibilidades reales de obtener beneficios.

Los juicios contra la Universidad Trump han expuesto aún más el alcance de sus oscuras operaciones financieras. Trump fundó esta «universidad» con fines de lucro en 2005, junto con un par de socios, para ofrecer cursos sobre bienes raíces y gestión de activos, entre otras materias. No estaba acreditada, no otorgaba calificaciones ni créditos universitarios y tampoco expedía títulos. Algunos años después de su fundación, fue investigada por el fiscal general de Nueva York y demandada por prácticas comerciales ilegales. También se presentaron dos demandas legales colectivas en el tribunal federal, alegando que sus estudiantes eran víctimas de prácticas publicitarias engañosas y tácticas de venta agresivas. Ya elegido presidente, Trump pagó a las víctimas 25 millones de dólares para dar por concluido el caso, pese a haber prometido reiteradamente que no lo haría.

Instituciones como la Universidad Trump suelen tener estándares muy bajos en cuanto a finalización de estudios e inserción laboral, pero en cambio son eficientes máquinas de sustracción de beneficios a través de los préstamos y subsidios que el gobierno federal da a sus estudiantes adultos, mayoritariamente pobres y pertenecientes a las minorías. Después de que el gobierno de Barack Obama tratara de frenar algunos de sus peores abusos, el gobierno de Trump emprendió un giro de 180 grados: bajo la dirección de la secretaria de Educación Betsy DeVos, este tipo de instituciones tienen nuevamente vía libre para proseguir con sus prácticas fraudulentas.


La Fundación Trump es otro buen ejemplo. Tal como publicó el New York Times en un editorial reciente, «la Fundación Trump no es una organización de caridad ética y generosa, sino solo otra de sus estafas». Como apuntaba el artículo, la mayor donación reportada por la Fundación, una suma de 264.631 dólares, fue usada para renovar la fuente ubicada en el frente del hotel Trump Plaza de Nueva York. Otras actividades cuestionables incluían aportes ilegales para la reelección de Pam Bondi, la fiscal general de Florida, en 2013.

El 2 de octubre de 2018, el New York Times publicó una devastadora investigación sobre Trump que desmentía su afirmación de que su padre, Fred Trump, «solo» le había prestado un millón de dólares para empezar su carrera empresarial. De hecho, se muestra que Trump recibió de su padre por lo menos 60,7 millones de dólares (140 millones, a valores de hoy). El artículo también detalla los artilugios sospechosos y abiertamente ilegales utilizados por Trump para evitar el pago de cientos de millones de dólares en impuestos sobre donaciones y bienes inmuebles.

Lo más elocuente sobre la personalidad de Trump fue la revelación de que, en 1990, intentó apropiarse de las empresas y fortuna de su padre, de 85 años, a sus espaldas. La tentativa de Donald fue frustrada por el mismo Trump Sr., quien, con la ayuda de su hija, la jueza federal Maryanne Trump Barry, lo privó legalmente de tomar el control de sus negocios. De acuerdo con las declaraciones juradas de los integrantes de la familia Trump, Fred Trump les dijo que si Donald tomaba el mando «pondría en riesgo su trabajo de toda una vida», y que temía que su hijo utilizara esas empresas como aval para rescatar sus negocios en quiebra.

Existen evidencias sólidas de que las serias dificultades financieras de Trump lo empujaron a los márgenes del mundo financiero y al lavado de dinero como fuente de capital. Como señalaba John Feffer en «El dinero sucio de Trump», solo quedaba una institución, el Deutsche Bank, dispuesta a darle crédito –lo que lo llevó a recurrir a personajes y redes sumamente dudosas, a celebrar acuerdos financieros barrocos con empresas fantasmas, a usar pseudónimos en los contratos y a ocultar sus declaraciones de impuestos–. Además, Trump comenzó a utilizar grandes cantidades de efectivo (hasta 400 millones de dólares desde 2006) para comprar enormes propiedades en operaciones financieras sospechadas de favorecer el lavado de dinero.

La mayor parte del dinero, escribe Feffer, provenía de la venta de sus propiedades a oligarcas rusos. Una investigación de Reuters de 2017 descubrió que inversores rusos le compraron a Trump un condominio en Florida por una suma de alrededor de 100 millones de dólares; y un multimillonario ruso-canadiense invirtió millones en una propiedad de Trump en Toronto, lo que incluyó el pago de una «comisión» de 100 millones de dólares a un intermediario de Moscú para atraer a otros inversores rusos.

En 2018, un oligarca ruso le pagó 95 millones de dólares a Trump por una mansión en Palm Beach que el magnate había comprado cuatro años antes por 41 millones. Además, señala Feffer, Trump negoció acuerdos similares con inversores kazajos conocidos por sus actividades de lavado de dinero, empresas corruptas de la India y un turbio director de casinos en Vietnam. Incluso su casino Taj Mahal fue acusado en dos oportunidades diferentes, en 1998 y 2015, de violar las regulaciones contra el lavado de dinero.

Los amigos lumpen de Trump

El carácter lumpencapitalista de Trump no solo se evidencia en su búsqueda de ganancias, sino también en el tipo de amigos y socios de los que se ha rodeado y hacia los que se siente atraído por actividades y valores compartidos; estos demuestran una orientación depredadora hacia el mundo, carente de consideración alguna más allá del propio beneficio o el de sus amigos.

Un ejemplo del tipo de amistades de Trump es David J. Pecker, presidente de la compañía de prensa amarilla American Media Inc. (AMI) y editor del National Inquirer, principal órgano de la prensa sensacionalista en Estados Unidos. Antes de las elecciones de 2016, AMI le compró a la modelo de Playboy Karen McDougal los derechos de su affaire extramatrimonial con Trump para asegurar que esa historia nunca viera la luz. Además de revelar la actitud machista de Trump y Pecker hacia las mujeres, este hecho constituyó una clara violación de las leyes de financiamiento de campañas.

Otro ejemplo notable fue Roy Cohn, uno de los mejores amigos y reconocido mentor de Trump, un verdadero ejemplo de lumpenburgués (ya que, stricto sensu, no era un capitalista). Es posible que el notorio rol de Roy como jurista en la caza de brujas anticomunista del senador Joe McCarthy haya desviado la atención pública de sus nefastas actividades posteriores. Nicholas von Hoffman, el biógrafo de Cohn, cita a uno de sus socios abogados que lo describe como «una persona completamente carente de reglas», de tal forma que «cualquier cosa que se propusiera, en cualquier momento, era lo correcto», una expresión del carácter lumpen y depredador de Cohn.

Von Hoffman, e incluso Sidney Zion, un defensor a sueldo de Cohn, lo describió como un gran manipulador de personas que vivía en un mundo en el que los intercambios constituían la moneda de cambio. Además de haber representado legalmente a la mafia, Cohn socializaba con ella. Fue acusado por manipulación de jurados en 1963, y seis semanas antes de su muerte en 1986, fue inhabilitado por conducta inmoral y poco profesional que incluía, de manera reveladora, malversación de fondos de los clientes, información falsa en una postulación para el Colegio de Abogados y presiones para que un cliente enmendara su testamento. Algo esperable por su falta de principios, fue un hombre gay homofóbico (murió de sida), que se manifestó públicamente en contra de que los homosexuales pudieran desempeñarse como docentes en las escuelas.

Trump sabía todo esto sobre Cohn. Y aun así, lo introdujo en su círculo privado como amigo y mentor. Gwenda Blair cita a Eugene Morris, primo de Cohn y destacado abogado de bienes raíces de Nueva York, quien decía que «Donald se sentía atraído por el hecho de que Roy hubiera sido acusado». Y usó los servicios legales de Cohn para demandar al gobierno de Estados Unidos por daños y perjuicios en represalia por haber sido acusado de prácticas de alquiler racialmente discriminatorias en los edificios de departamentos de su propiedad.


Michael Cohen, un antiguo amigo íntimo de Trump, abogado personal y apoderado, es otro ejemplo de la mencionada tendencia de Trump a rodearse de socios y amigos lumpenburgueses. La vida de Cohen es un elocuente ejemplo de lo que conlleva el lumpencapitalismo. Después de graduarse en la Cooley Law School de Michigan, se convirtió en un recio abogado de lesiones personales. En 1994, su matrimonio lo conectó con el mundo de los inmigrantes de la antigua Unión Soviética y con el negocio del taxi, donde hizo millones a través de la compraventa de licencias.

Pero su golpe de suerte provino de la compraventa de inmuebles en circunstancias sumamente sospechosas. En apenas un día, en 2014, vendió cuatro inmuebles en Manhattan por 32 millones de dólares al contado, el triple de lo que había pagado por ellos tan solo tres años antes. Se desconoce la identidad de los propietarios de las sociedades de responsabilidad limitada que compraron las propiedades de Cohen, así como el motivo por el cual aceptaron pagar semejante suma de dinero, si bien Cohen alegó que las ventas se concretaron en efectivo para ayudar a los compradores a diferir los impuestos en otras transacciones. Sin embargo, Richard K. Gordon, director del Instituto de Integridad Financiera (Financial Integrity Institute) de la Facultad de Derecho de la Case Western Reserve University, quien estuvo a cargo de campañas contra el lavado de dinero en el Fondo Monetario Internacional, declaró que si hubiera estado en la posición del banco, habría rechazado directamente la transacción o al menos habría calificado a Cohen con un riesgo extremadamente alto.

Más tarde, Cohen se involucró en la construcción de una Torre Trump en Moscú con Felix Sater, un amigo proveniente de Rusia con quien Cohen y Trump continuaron trabajando incluso después de que se conociera que Sater había sido cómplice de un plan de manipulación de acciones que involucraba a figuras de la mafia y criminales rusos. (Con el tiempo, Sater se declaró culpable y se convirtió en informante del FBI y otras agencias de inteligencia).

Cohen también tenía negocios con empresas que operaban en los márgenes del sistema de salud. Si bien no está claro qué papel jugó en esas empresas, a las que ayudó a registrarse ante los organismos del Estado, dos de los médicos que figuraban en las actas constitutivas, Aleksandr Martirosov y Zhanna Kanevsky, fueron acusados de fraude en los seguros en las distintas prácticas médicas que realizaban. Martirosov también fue acusado de hurto mayor y el doctor Kanevsky, de extorsión al Estado. Las acusaciones fueron el resultado de una investigación sobre accidentes falsos y negligencia médica.

Esta información sobre Cohen surge de una exhaustiva investigación periodística publicada por el New York Times el 5 de mayo de 2018. La investigación también reveló que, en 1993, el suegro de Cohen se declaró culpable no haber cumplido con los reportes de transacción monetaria requeridos por la ley federal para grandes operaciones en efectivo (dado que cooperó en un caso relacionado, se le otorgó una probation). El médico de familia Morton W. Levine, tío de Cohen, brindó asistencia médica a los integrantes de la organización criminal denominada Familia Lucchese, a quienes según un agente del FBI «ayudó en sus actividades ilegales». Anthony («Gaspipe») Casso, un subjefe de la Familia Lucchese, describió a Levine «como alguien que haría cualquier cosa por él». El doctor Levine también era dueño de El Caribe, un salón de eventos de Brooklyn –en el que Michael Cohen mantuvo una pequeña participación durante largo tiempo, hasta las elecciones de 2016– que durante décadas fue el escenario de bodas y fiestas navideñas de la mafia, y en el cual dos tristemente célebres mafiosos rusos de Nueva York tenían sus oficinas.

La investigación del New York Times también señalaba que ambos socios de Cohen en el rubro de los taxis (Symon Garber y Evgeny Freidman) tenían un historial de problemas legales. Cada uno tuvo que pagar más de un millón de dólares por cobrar de más a sus conductores, según el fiscal general del estado de Nueva York. Antiguos socios comerciales también los acusaron de falsificar firmas, estafar a los abogados y evadir el pago de deudas. Las empresas de taxis de Cohen en Nueva York y Chicago deben más de 375.000 dólares por impuestos, seguros e inspecciones, y 14 de sus 54 taxis fueron suspendidos.

El séquito de amigos de Trump también incluye celebridades cuyos antecedentes revelan mucho sobre la persona del presidente. Una de ellas es el rapero Kanye West, quien, como escribió el escritor Ta-Nehisi Coates, es, al igual que Trump, despreciativo, narcisista y de una ignorancia apabullante; sus comentarios que sugerían que los cientos de años que duró la esclavitud fueron resultado de la propia elección de los esclavos son emblemáticos de su desprecio (y el de Trump) y de su falta de empatía por las víctimas de la opresión. Otro es el ex-campeón de boxeo Mike Tyson, un héroe para Trump, conocido por su adicción al alcohol y las drogas, sus problemas legales y una condena por violación. Tal como Charles M. Blow afirmó en el New York Times, Trump considera su flirteo con raperos y atletas ricos una prueba de su igualitarismo. Fiel a su carácter lumpen, como escribe Blow, absorbe los aspectos más grotescos de esas celebridades desde su fachada de rico hombre de negocios.

Los amigos capitalistas de Trump

Fiel a sus inclinaciones depredadoras lumpen, Trump tiene una relación prácticamente precapitalista y predemocrática con la investidura presidencial; su persona y su rol se confunden y la Presidencia funciona para beneficio suyo y de sus amigos. La conducta política de Trump representa un impedimento para la función política más importante del Estado capitalista: actuar como unificador y árbitro de las facciones de la clase capitalista.

Trump ha sido un continuo destructor de las reglas «normales» de comportamiento político esenciales en la función de árbitro confiable y responsable en el conflicto intracapitalista. Se negó a dar a conocer sus declaraciones de impuestos y a colocar sus propiedades financieras e inmobiliarias en un fideicomiso ciego, prácticas habituales a las que han adherido desde hace muchos años tanto los republicanos como los demócratas. Trump ha ignorado muchas reglas del juego institucional, especialmente aquellas que mantienen el «civismo» esencial para la estabilidad política y para una armoniosa alternancia en el poder entre republicanos y demócratas.

Un ejemplo flagrante de esta falta de «civismo» fue su llamamiento a meter en prisión a la candidata rival Hillary Clinton, así como la instigación a sus seguidores a gritar «Cárcel a Hillary». Todos los políticos profesionales mienten, pero las mentiras empedernidas y descaradas de Trump sobre los asuntos más fácilmente verificables han roto el modelo del politiqueo habitual y han trastocado la autoridad moral de la Presidencia para muchos estadounidenses. Trump ha instalado una atmósfera de intimidación en la esfera política, justificando frecuentemente la ilegalidad y recurriendo a menudo, como señaló Joan Walsh en The Nation, al lenguaje mafioso, como cuando se quejó de la práctica de ofrecer la reducción de sentencias a aquellos acusados que den información para implicar a jefes superiores en las jerarquía de las organizaciones criminales, o cuando negó que el consejero de la Casa Blanca Don McGahn fuera «un soplón al estilo John Dean [consejero de Nixon involucrado en el Watergate]».


Los capitalistas desconfían de Trump, no porque lo vean como moralmente deficitario, sino porque lo ven como un presidente arbitrario, impredecible y poco confiable que, como su amigo y mentor Roy Cohn, se cree por encima de las reglas, excepto las que le convienen en determinado momento. Si bien los capitalistas estadounidenses, en términos generales, se han beneficiado de su Presidencia, lo ven no solo como alguien que no pertenece a su clase, sino también como un outsider político con el cual es imposible lograr una confianza mutua, a diferencia de los anteriores presidentes, de quienes podían esperar que respetaran los acuerdos. Esa es una de las principales razones por las que gran parte de los medios de comunicación de elite, como el New York Times y el Washington Post, se oponen duramente a Trump, algo inusual en la política de Estados Unidos, excepto quizás durante la época del caso Watergate, durante la presidencia de Nixon.

Por eso es que la mayoría de los capitalistas se rehusaron a apoyarlo antes de que ganara las primarias republicanas de 2016. Muchos de ellos le negaron su apoyo debido a sus provocaciones racistas y antiinmigración, que vieron como una amenaza a la estabilidad del sistema económico y político; o bien porque apoyaban la legalización de, al menos, el trabajo temporario de los inmigrantes, como fue el caso de los capitalistas de la agroindustria y de Silicon Valley. (De hecho, el 22 de agosto de 2018, decenas de ejecutivos estadounidenses, integrantes de la Mesa Redonda de Negocios, enviaron una carta al secretario de Seguridad Nacional en la que expresaban su «gran preocupación» por las políticas de inmigración discriminatorias del gobierno, en particular en relación con la solicitud o renovación de visas H-1B para trabajadores extranjeros calificados y sus cónyuges). Muchos capitalistas tampoco lo apoyaron debido a su defensa del proteccionismo, una política defendida principalmente por ejecutivos de industrias en decadencia como la del carbón y el acero.

Un estudio de 2018 realizado por Thomas Ferguson, Paul Jorgensen y Lie Chen, en 2015 (el año anterior a las elecciones generales de 2016) muestra que la campaña de Trump concitó el apoyo financiero de empresas de sectores industriales menos dinámicos, como la del acero, el caucho, la maquinaria y otras que esperaban beneficiarse del proteccionismo de Trump. También recibió, en esa etapa temprana, dinero de capitalistas individuales como el «bucanero de las finanzas» Carl Icahn, prácticamente un paria para las principales compañías de la Mesa Redonda de Negocios y de Wall Street; también de una minoría de capitalistas de Silicon Valley (en su mayor parte, estos apoyaron ampliamente a Hillary Clinton), como Peter Thiel, una figura conocida en la industria, y muchos ejecutivos de Microsoft y Cisco Systems, que aportaron más de un millón y unos cuatro millones de dólares respectivamente a la campaña de Trump.

Con todo, a fines de agosto de 2016, cuando Trump ya había obtenido la nominación republicana, ningún director ejecutivo de las principales compañías del ranking Fortune 100 había donado fondos para su campaña. Esto contrastaba con la campaña presidencial de 2012, cuando según el Wall Street Journal, casi un tercio de los CEO del Fortune 100 había apoyado la candidatura republicana de Mitt Romney. Como informó la revista Fortune, durante las primarias de 2016, 19 de las 100 empresas más grandes del país habían aportado fondos a las campañas de Jeb Bush y Marco Rubio. Por su lado, la candidata demócrata Hillary Clinton recibió el doble de donaciones de ejecutivos de las Fortune 100 que Obama en 2012.

Es cierto que una vez que Trump ganó el número de delegados necesarios en las primarias republicanas para obtener la nominación presidencial, un creciente número de empresas comenzaron a contribuir a su campaña esperando asegurarse la buena voluntad del candidato en el caso de que llegara a la Casa Blanca. Así pues, según Ferguson et al., la víspera de la Convención Republicana conllevó «una cuantiosa entrada de dinero, que incluyó, por primera vez, contribuciones significativas de grandes empresas».

Además de la minería (especialmente el sector del carbón, que continuó apoyando a Trump), entre los nuevos contribuyentes estuvieron la gran industria farmacéutica, preocupada por las declaraciones de Clinton sobre la regulación de precios de los medicamentos; las tabacaleras y la industria química, petrolera y de telecomunicaciones –en particular, AT&T, que tenía una importante fusión pendiente con Time Warner–. El reporte de Ferguson et al. apunta a que el dinero también comenzó a llegar de ejecutivos de grandes bancos (Bank of America, J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley y Wells Fargo), e incluso de algunas compañías de Silicon Valley que no habían apoyado a Trump hasta ese momento, como Facebook, que aportó 900.000 dólares al Comité Anfitrión de Cleveland para la convención republicana.

Aun así, según lo informado por Ferguson et al., las contribuciones totales de Trump ascendieron a algo más de 861 millones de dólares, en comparación con los 1.400 millones recaudados por la campaña de Clinton. Con la posible excepción de 1964, la campaña de Clinton superó cualquier otra campaña desde el New Deal y obtuvo apoyo financiero «incluso de sectores y compañías que rara vez han apoyado a los demócratas». Sin duda, Hillary Clinton, y no Trump, fue la candidata presidencial apoyada por la mayoría de la clase capitalista (más allá del incremento en la recaudación de fondos de Trump después de la convención republicana).

El apoyo capitalista a Trump aumentó de manera sustancial después de su llegada a la Casa Blanca. Sus políticas fiscales de derecha y sus políticas aún más extremistas respecto de la desregulación en sectores clave como el medio ambiente, el trabajo y la protección al consumidor han convencido a amplios sectores de la clase capitalista. Pero el apoyo a Trump entre los capitalistas estadounidenses no se debe solo a sus recortes fiscales y a sus políticas desregulatorias, sino al hecho de que su gobierno coincide con una expansión de la economía producto, en gran medida, del ciclo económico.

Si bien la mayoría de los capitalistas posiblemente se opongan a los aranceles de Trump, así como a sus guerras comerciales con China y la Unión Europea, se muestran cautos respecto del gobierno en tanto y en cuanto las ganancias siguen aumentando. Pero no confían en él ni pueden desarrollar una relación sobre la base de algún tipo de reglas comunes y previsibles.

Su comportamiento político extremo los obligó en ocasiones a tomar distancia, como ocurrió en agosto de 2017 después de que supremacistas blancos se reunieran en Charlottesville, Virginia, en una demostración de poder que dejó como saldo un muerto y varios heridos graves a manos de supremacistas blancos. La reacción de Trump, que consistió en denunciar la violencia de «ambos lados», provocó una indignación generalizada. Muchos CEO se sintieron obligados a renunciar al American Manufacturing Council, que asesoraba a Trump: Kennet Frazier de Merck Pharmaceuticals, Brian Krzanich de Intel, Kevin Plank de Under Armour, Inge Thulin de 3M, y Scott Paul, el presidente de Alliance for American Manufacturing.




Los sofisticados órganos de información y opinión procapitalistas, especialmente aquellos defensores de la economía del laissez-faire, están incómodos con el apoyo que las empresas estadounidenses están brindando –de buena o mala gana– a Trump. Un ejemplo emblemático de este malestar es el editorial de mayo de la revista angloestadounidense The Economist, titulado «The Affair» y subtitulado «Los ejecutivos estadounidenses creen que el presidente es bueno para los negocios. No en el largo plazo».

Pese a reconocer que para los capitalistas los recortes de impuestos, la desregulación y las potenciales exenciones comerciales de China compensan los costos inciertos, instituciones más débiles y guerras comerciales en puertas, The Economist sostiene que «las corporaciones estadounidenses están siendo miopes y descuidadas a la hora de medir los costos del sr. Trump». «El sistema de comercio estadounidense», dice el editorial, «se está apartando torpemente de las reglas, la apertura y los tratados multilaterales y se inclina hacia la arbitrariedad, la insularidad y los acuerdos efímeros».

Para The Economist, el costo de volver a regular el comercio podría incluso superar los beneficios de la desregulación en el país. Eso podría ser tolerable de no ser por la imprevisibilidad de la era Trump, en particular su tendencia a hacer alarde de su poder mediante «actos absolutamente discrecionales». Es este el tipo de imprevisibilidad que más preocupa a The Economist.

El ascenso de un presidente lumpencapitalista

¿Cómo fue posible que un candidato con una relación problemática con la clase dominante pudiera emerger y llegar a ser elegido presidente? Más aún teniendo en cuenta que, paradójicamente, siendo él mismo un capitalista, al tomar posesión del cargo en enero de 2017, tenía lazos mucho más débiles con la clase capitalista en su conjunto que Obama, Bill Clinton, George Bush padre e hijo, Ronald Reagan y Jimmy Carter.

La explicación se remonta al impacto que tuvo la crisis creada por la gran recesión económica de 2008. La recesión se sumó a los efectos duraderos de la creciente desindustrialización que los trabajadores estadounidenses sufrieron y frente a la cual el Partido Demócrata, ya sea bajo el ala de Carter, Clinton u Obama, no hizo gran cosa para mejorar la situación.

Un caso paradigmático fue el de Virginia Occidental, un Estado con hegemonía demócrata con una economía basada en la minería del carbón y sede del otrora poderoso sindicato United Mine Workers (UMW), que fue ignorado por el Partido Demócrata cuando la industria del carbón entró en una recesión que, además de producir desempleo y subempleo, terminó reflotando al Partido Republicano. Los estados de Michigan, Ohio y Pensilvania siguieron un patrón similar en 2016. La pérdida de estos estados selló la derrota de Hillary Clinton en 2016.

Ya en 2016, en todo Estados Unidos, millones de familias que habían sido testigos del aumento de nivel de vida y de movilidad social durante los «treinta años gloriosos», entre 1945 y 1975, ya no esperaban que sus hijos –que en caso de llegar a la universidad terminarían ahogados por las deudas– tuvieran tanto éxito como ellos. Los empleos disponibles quedaron cada vez más restringidos a sectores no sindicalizados y de salarios bajos, como la logística, los call centers, la hotelería y atención de la salud, mientras que los trabajos de calidad, en general calificados, requerían en su mayoría formación de posgrado. Esta situación es el trasfondo económico y social del crecimiento de la epidemia de consumo de opioides entre la población blanca, y de manera creciente, entre las minorías.

Envuelto en un manto de autenticidad al postularse como un defensor de la gente común –una tarea no muy difícil teniendo enfrente a una Hillary Clinton asociada a la elite– ,Trump prometió cambios muy necesarios a las víctimas de la crisis, incluidos aquellos que, tras haber votado a Obama, fueron abandonados por él y su partido. Propuso el proteccionismo como solución a los problemas de los trabajadores estadounidenses. Buscó el apoyo de los estadounidenses blancos, unas veces a través de mensajes velados, otras defendiendo abiertamente posturas racistas, nativistas y chauvinistas. Fue astuto al asegurar a los votantes que dejaría intactos la Seguridad Social y el Medicare; programas sociales que políticos más abiertamente neoliberales como Paul Ryan han amenazado en ocasiones con recortar. Al hacerlo, Trump apeló a un gran número de estadounidenses blancos que pensaban, equivocadamente, que habían pagado plenamente por esos beneficios mediante sus contribuciones individuales de toda una vida, en contraste con los programas de «asistencia social» que los pobres indecentes supuestamente reciben a expensas de la honrada clase media y trabajadora.

Trump también se benefició de un sistema de primarias en el que el ganador se lleva todos los delegados para el colegio electoral (winner-take all), diseñado originalmente para que un candidato del establishment como Jeb Bush fuera ungido rápidamente, evitando un largo periodo de competencia que –temían los líderes republicanos– podía hacer mermar las posibilidades del partido. Ante la ausencia de rivales unidos en torno de un candidato o de un sistema de segunda vuelta que asegurara una mayoría para el ganador, Trump pudo obtener la nominación con apenas una mayoría simple en lugar de una mayoría absoluta de los votantes de las primarias republicanas.

La elección de Trump y su presidencia reflotan la vieja cuestión sobre el modo en que gobierna la clase capitalista y si en verdad lo hace. Los capitalistas son los dueños de la economía y la administran de manera directa y privada. Pero lo hacen en circunstancias sobre las que cualquier empresa individual tiene poco control, como la competencia nacional e internacional. De ahí el rol del Estado que, en virtud de la separación entre la economía y el sistema político que de manera general caracteriza a los sistemas capitalistas, en particular los democráticos, los capitalistas no controlan de modo directo sino a través de complicados mecanismos.

En circunstancias «normales», estos mecanismos consisten en «ir atrás» de los partidos políticos en el poder y, al mismo tiempo, promover y defender sus intereses mediante una serie de estrategias, tanto negativas –la amenaza y posibilidad real de la fuga de capitales, la negativa a invertir, entre otras formas en las que el capital «se declara en huelga»– y positivas, como los aportes de campaña, el lobby y las campañas mediáticas.

Las crisis hacen peligrar el complicado control que la clase capitalista tiene en circunstancias «normales». Crean las condiciones que facilitan el ascenso de una clase y de agentes políticos externos para administrar el sistema político, en última instancia en nombre de la clase dominante, aunque en sus términos. En las crisis profundas, como la de Alemania de finales de la década de 1920 y comienzos de la de 1930, el nazismo –en gran medida arraigado en elementos lúmpenes, aunque muchos de estos fueron purgados por Hitler en la Noche de los Cuchillos Largos en el verano de 1934– fue un agente político de ese tipo, que protegió la supervivencia del capitalismo junto con sus poderosos capitalistas, pero no en sus términos, sino en los términos del propio nazismo. Es como si los nazis les hubieran dicho a los capitalistas: «Les brindaremos estabilidad política nacional y les permitiremos hacer negocios, pero tendrán que pagar el precio de nuestro régimen bárbaro».

Trump es otro agente político externo. Pero no es un fascista ni ha intentando introducir el fascismo en Estados Unidos; su gobierno no descansa en escuadrones fascistas o en una policía secreta que interviene los sindicatos, los medios o partidos políticos opositores ni busca la eliminación de las elecciones. Ciertamente, ha implementado una serie de agresivas políticas antiobreras, racistas y sexistas, así como contra los pobres, los inmigrantes y el medio ambiente. La crisis que facilitó su elección no tuvo la misma dimensión ni la magnitud de la crisis alemana de los años 30 o la crisis italiana de comienzos de los 20. A diferencia de ellas, se trató de una crisis de mediano alcance basada en gran medida en el impacto de la gran recesión de 2008 y la disminución del ingreso y de los niveles de vida y el crecimiento sustancial de la desigualdad.

Por ahora Trump ha logrado conservar la lealtad de una abrumadora mayoría entre los republicanos. La alianza que construyó entre el conservadurismo religioso y el nacionalismo blanco podría resultar más sólida y duradera que la alianza neoliberal-religiosa que la precedió. Lo irónico es, por supuesto, que Trump está implementando un proyecto neoliberal de manera aún más implacable. Desde luego, no en el ámbito del comercio internacional, donde se desvía de la línea republicana neoliberal, sino en un aspecto aún más sustancial: el desmantelamiento de las políticas impositivas y regulatorias, en particular en las áreas de empleo, medio ambiente y protección al consumidor, acompañado, en su caso, por la vieja ansia racista de reducir los derechos civiles y electorales de los «no blancos».


La versión original de este artículo en inglés fue publicada con el título «Donald Trump, Lumpen Capitalist» en Jacobin, 10/2018. Traducción: Rodrigo Sebastián.