17 de agosto por Eric Toussaint
Delcy Rodriguez, présidente faisant fonction, en réunion au palais présidentiel de Miraflores à Caracas | Prensa Presidencial/ Claudia Guerra Méndez https://prensapresidencialvenezuela.gob.ve/index.php/2026/08/14/presidenta-delcy-rodriguez-evalua-avances-del-plan-de-reestructuracion-y-reingenieria-de-gobierno/
El 3 de enero de 2026 Estados Unidos lanzó una operación militar contra Venezuela que culminó con la captura y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, y su traslado forzado a Estados Unidos. Durante esta agresión, llevada a cabo con 150 aeronaves, perdieron la vida un centenar de personas, entre ellas 32 cubanos que intentaron proteger la presidencia del país; el resto de las víctimas eran venezolanas. Pocas horas después de esta intervención, Donald Trump anunció que Washington pretendía controlar temporalmente Venezuela y explotar sus recursos petroleros.
Esta intervención supuso, por tanto, un punto de inflexión crucial en la historia reciente de Venezuela. La vicepresidenta de la República y otras autoridades aceptaron de hecho la situación y se sometieron a la voluntad de Donald Trump y su administración. La agresión armada perpetrada por el ejército estadounidense y la sumisión de las autoridades de Caracas han permitido a Washington hacerse con el control de las exportaciones petroleras del país y, sobre todo, controlar las cuentas en las que se ingresan los ingresos procedentes de dichas exportaciones.
Esta cuestión cobra aún mayor importancia si se tiene en cuenta que Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Durante décadas el petróleo ha constituido la principal fuente de ingresos externos del país. El control de estos ingresos constituye, por tanto, un instrumento esencial de control económico y político.
Ingresos petroleros relativamente modestos antes de la intervención estadounidense
En primer lugar conviene recordar los ingresos petroleros registrados antes de la intervención del 3 de enero de 2026. Según los datos publicados en marzo de 2026 por el Banco Central de Venezuela, las exportaciones petroleras generaron 18 400 millones de dólares en 2024 y 18 200 millones de dólares en 2025. [1] Se trata de ingresos por exportación de petróleo y no del beneficio neto de la empresa petrolera pública PDVSA ni de los ingresos fiscales del Estado.
Estas cifras son relativamente bajas si se tienen en cuenta el potencial petrolero del país y sus reservas. Reflejan en particular el nivel de producción, que sigue siendo muy inferior al de las décadas anteriores, las dificultades de la industria petrolera, las sanciones estadounidenses y las condiciones en las que Venezuela tenía que comercializar su petróleo.
El contraste con el periodo posterior al 3 de enero de 2026 resulta especialmente llamativo.
Después del 3 de enero: Washington toma el control de las exportaciones
Tras el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, la Administración Trump flexibilizó algunas sanciones, lo que permitió a Venezuela vender su petróleo con mayor libertad en los mercados internacionales. Sin embargo, los ingresos procedentes de estas ventas no pueden ser controlados libremente por el Gobierno venezolano. Se han transferido a cuentas gestionadas por las autoridades estadounidenses. El decreto presidencial estadounidense del 9 de enero de 2026 es especialmente revelador. [2] Establece un mecanismo destinado a proteger los ingresos petroleros venezolanos depositados en cuentas del Tesoro de Estados Unidos. Washington presenta jurídicamente estos fondos como pertenecientes al Gobierno venezolano, pero los coloca bajo la custodia y el control de las autoridades estadounidenses.
Desde el punto de vista jurídico y según el mecanismo estadounidense, no se trata de una apropiación pura y simple de los ingresos por parte del Tesoro de los Estados Unidos. Pero el resultado político y económico es fundamental: Venezuela ya no controla libremente los ingresos derivados de su principal producto de exportación. Washington controla su recaudación, su conservación y su desembolso.
Esta situación confiere al dispositivo una dimensión claramente neocolonial.
Venezuela ya no controla los ingresos derivados de los hidrocarburos. Washington controla su recaudación, su conservación y su desembolso. Esta situación es claramente neocolonial
Joaquín Castro, congresista demócrata, declaró al Financial Times: «La invasión de Venezuela por parte de Trump ha estado motivada desde el principio por el petróleo, el poder y la corrupción, ya que la Administración Trump controla miles de millones de dólares de ingresos petroleros venezolanos sin ninguna transparencia ni garantía». Añadió que se mantenía al Congreso «en la ignorancia». [3] El Financial Times recuerda que «Poco después de la incursión de enero, el presidente Trump declaró que esos ingresos “serían controlados por mí”».
Según el diario londinense: «En junio, Trump afirmó que Estados Unidos había recuperado “28 veces” el coste de la operación militar en Venezuela gracias al petróleo y añadió que Estados Unidos “también estaba ganando mucho dinero”».
Un fuerte aumento de las exportaciones
La toma de control por parte de Estados Unidos vino acompañada de un rápido aumento de las exportaciones de petróleo. Según el Council on Foreign Relations, el valor estimado de las exportaciones controladas por Estados Unidos pasó de unos 600 millones de dólares en enero a cerca de 3.700 millones de dólares en abril de 2026. Estados Unidos absorbió alrededor del 43 % de las exportaciones, la India el 26 % y España el 8 %. [4]
En el primer trimestre de 2026, el Banco Central de Venezuela registró 5.49 mil millones de dólares en ingresos por exportaciones petroleras, lo que supone un aumento del 21,5 % con respecto al primer trimestre de 2025. [5]Pero hay que distinguir entre dos cosas: los ingresos contabilizados por las estadísticas venezolanas y las sumas de las que dispone efectivamente el Gobierno venezolano. Es precisamente en este segundo punto donde comienza la opacidad.
Más de 13 000 millones de dólares en ingresos desde enero
A finales de julio de 2026 el Financial Times estimaba que las ventas de petróleo venezolano habían generado más de 13 000 millones de dólares desde principios de año y que estos ingresos habían pasado por cuentas controladas por el Gobierno estadounidense. Esta estimación se basa en los volúmenes exportados y en los precios a los que se vendió el petróleo venezolano.
La cantidad es considerable. Representa en tan solo unos meses aproximadamente el 70 % de los ingresos petroleros que Venezuela había obtenido durante todo el año 2025. Sin embargo, no hay que interpretar estos 13 000 millones como un beneficio neto de Estados Unidos. Se trata de una estimación del valor de los ingresos procedentes de las ventas de petróleo sometidas al control del dispositivo estadounidense. Una parte de estos ingresos debe cubrir los costes relacionados con la comercialización, el transporte, los intermediarios y el funcionamiento de la industria petrolera. La pregunta decisiva es, por tanto: ¿qué parte de estos ingresos ha revertido efectivamente en Venezuela?
¿Cuánto dinero se ha transferido a Venezuela?
Es aquí donde la opacidad cobra especial relevancia.
En enero se había establecido un primer mecanismo mediante una cuenta en Catar. El secretario de Estado, Marco Rubio, había indicado que se habían transferido 300 millones de dólares a Venezuela, mientras que en dicha cuenta aún quedaban unos 200 millones. Posteriormente, el secretario de Energía, Chris Wright, afirmó que finalmente se habían transferido a Venezuela la totalidad de los 500 millones.
Posteriormente, el Departamento de Estado de EE. UU. indicó ante el Congreso que se habían autorizado unos 3 000 millones de dólares para su transferencia a Venezuela. Washington afirmó que estos fondos se destinaban, entre otras cosas, a financiar los gastos de funcionamiento del Gobierno venezolano y de la industria petrolera.
Sin embargo, esta afirmación no permite conocer con certeza la cantidad efectivamente transferida y gastada. Según el Financial Times el Gobierno venezolano, por su parte, hizo público un registro de transferencias en marzo de 2026. Sin embargo, según el artículo del Financial Times del 22 de julio de 2026, en dicho registro solo figuraba una única transferencia de 300 millones de dólares. Hemos podido encontrar el enlace a un portal creado por el Gobierno de Delcy Rodríguez: «Transparencia Soberana», destinado a hacer públicos los ingresos y los desembolsos. En el momento de la consulta, el 15 de agosto de 2026, el portal solo mostraba efectivamente una operación de 300 millones de dólares, correspondiente a una «venta extraordinaria de fuelóleo», destinada íntegramente, según la información presente en la página web en cuestión, al Fondo de Protección Social para el aumento del salario mínimo de los trabajadores en forma de bonos.
El Departamento de Estado, por su parte, afirma que se han autorizado o abonado unos 3 000 millones. Actualmente no existe una contabilidad pública completa que permita conciliar estas dos cifras.
¿A qué dice Washington que destina el dinero?
Las autoridades estadounidenses han dado algunas indicaciones.
Según la información facilitada al Congreso, los fondos se han utilizado, entre otras cosas, para pagar los salarios de los trabajadores del Gobierno venezolano y financiar los equipos y suministros necesarios para la industria petrolera. Sin embargo, Washington no ha publicado ningún desglose que permita saber cuánto se ha destinado a salarios, cuánto a equipos petroleros y cuánto a otros gastos.
Esta falta de transparencia resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta que el Departamento de Estado había anunciado la puesta en marcha de un mecanismo de auditoría a cargo de KPMG con informes trimestrales. El Council on Foreign Relations señalaba recientemente que no se había publicado ningún informe público detallado.
Por otra parte, el Departamento de Estado ha firmado con KPMG un contrato que puede alcanzar los 84,4 millones de dólares para un mecanismo de transparencia sobre los ingresos procedentes de los recursos naturales de Venezuela. [6]
La situación resulta paradójica: Estados Unidos controla miles de millones de dólares de ingresos petroleros venezolanos y ha establecido un mecanismo de auditoría, pero el público sigue sin disponer de un informe detallado que permita hacer un seguimiento de todos los flujos financieros.
Un control que proporciona a Washington un poderoso medio de presión
El control de los ingresos petroleros proporciona a Estados Unidos un medio de presión considerable sobre el Gobierno de Delcy Rodríguez. El Gobierno venezolano puede seguir exportando petróleo salvo a Cuba - que lo necesita de forma vital-, pero no dispone libremente de los ingresos derivados de dichas exportaciones. Washington decide las condiciones en las que se liberan los fondos y de este modo puede influir directamente en el gasto del Gobierno.
Por lo tanto, el mecanismo va mucho más allá de las sanciones económicas que precedieron a la intervención. Las sanciones tenían por objeto impedir o limitar determinadas transacciones con Venezuela. El nuevo dispositivo permite a Washington controlar el circuito financiero de la inmensa mayoría de las exportaciones venezolanas.
El regreso de las compañías petroleras extranjeras
El control de los ingresos va acompañado de una transformación del sector petrolero.
El nuevo Gobierno venezolano ha aprobado una reforma de la legislación sobre hidrocarburos que abre aún más el sector a la inversión extranjera y reduce algunas de las prerrogativas de las que disponía anteriormente PDVSA. Varias empresas extranjeras han reanudado o ampliado sus actividades en Venezuela. Entre ellas figuran Chevron, Shell, Eni, Repsol y, ahora, BP.
Esta evolución no significa que todas estas empresas trabajen por cuenta del Gobierno estadounidense, pero se inscribe en una reorganización del sector petrolero impulsada por Washington: aumento de la producción, regreso de las empresas occidentales, mayor apertura al capital extranjero y control estadounidense del circuito financiero de las exportaciones.
Venezuela se convierte así en un productor de petróleo cuya capacidad de exportación aumenta rápidamente, pero cuyos ingresos ya no están bajo el control absoluto del Estado.
Una paradoja: más petróleo, pero no necesariamente más recursos disponibles para el Estado
En 2024 y 2025 Venezuela había obtenido unos 18 000 millones de dólares al año gracias a sus exportaciones de petróleo. Tras la intervención estadounidense las exportaciones aumentaron considerablemente y el valor de las ventas controladas por Washington ya superaba los 13 000 millones de dólares en pocos meses. Cabría esperar que este aumento de los ingresos se tradujera rápidamente en una mejora sustancial de la situación económica y social del país.
Sin embargo, los efectos siguen siendo limitados. El Financial Times señalaba en julio que la economía venezolana no parecía experimentar una mejora acorde con la magnitud de los ingresos petroleros generados.
Un sistema de carácter neocolonial
Venezuela posee los recursos. Las empresas extraen y venden el petróleo. Los compradores internacionales pagan estos cargamentos. Pero los ingresos se transfieren a cuentas bajo el control de las autoridades estadounidenses, que determinan las condiciones en las que el Gobierno venezolano puede disponer de dichos recursos.
Es precisamente el control de la renta lo que constituye aquí el principal reto.
El mecanismo establecido tras el 3 de enero de 2026 instaura una relación de dependencia económica especialmente profunda: un Estado «soberano» sigue produciendo y exportando su principal riqueza natural, pero una potencia extranjera controla los ingresos financieros derivados de dichas exportaciones.
El propio Financial Times ha señalado que este mecanismo podría considerarse una relación «casi neocolonial» en la que Washington ejerce su influencia sobre el Gobierno venezolano mediante el control de sus ingresos petroleros.
Conclusión
La agresión militar estadounidense del 3 de enero de 2026 ha marcado, por tanto, el inicio de una nueva etapa en la historia de Venezuela.
Por primera vez a esta escala, Estados Unidos controla directamente el circuito financiero de las exportaciones petroleras venezolanas. Washington afirma actuar como depositario de fondos pertenecientes a Venezuela y querer utilizarlos en beneficio de la población. Pero la ausencia de una contabilidad pública completa sigue sin permitir saber con precisión cuántos millones se han transferido efectivamente a Venezuela, cuántos se han gastado en su funcionamiento y en su industria petrolera, y qué cantidad permanece bajo control estadounidense.
Esta opacidad no es un aspecto secundario. Se encuentra en el centro de la nueva relación neocolonial establecida en Venezuela.
La cuestión de la deuda venezolana también debe situarse en este nuevo contexto: el control de los ingresos petroleros constituye ahora un elemento central de la relación de fuerzas entre los acreedores, el Gobierno venezolano y Estados Unidos.
Es necesario poner en marcha una auditoría ciudadana de las cuentas públicas con acceso a toda la información necesaria, tanto sobre los ingresos del Estado -entre los que se incluyen los ingresos petroleros- como sobre la deuda pública (las nuevas deudas acumuladas, las antiguas deudas que se le reclaman al país y los pagos efectuados).
Es necesario también volver a conquistar la soberanía nacional: la soberanía del pueblo sobre los recursos del país, la soberanía del pueblo sobre las cuentas públicas, la soberanía plena y absoluta.
Notas
Autor
Eric Toussaint doctor en Ciencias políticas de la Universidad de Lieja y de la Universidad de París VIII, es el portavoz del CADTM internacional y es miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia.
Es autor de diversos libros, entre ellos: Banco Mundial. Una historia crítica, El Viejo Topo, 2022 Capitulación entre adultos. Grecia 2015: Una alternativa era posible, El Viejo Topo, Barcelona, 2020; Sistema Deuda. Historia de las deudas soberanas y su repudio, Icaria Editorial, Barcelona 2018; Bancocracia Icaria Editorial, Barcelona 2015; Una mirada al retrovisor: el neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad, Icaria, 2010; La Deuda o la Vida (escrito junto con Damien Millet) Icaria, Barcelona, 2011; La crisis global, El Viejo Topo, Barcelona, 2010; La bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos, Gakoa, 2002. Ha sido miembro de la Comisión de Auditoria Integral del Crédito (CAIC) del Ecuador en 2007-2011.
Coordinó los trabajos de la Comisión de la Verdad Sobre la Deuda, creada por la presidente del Parlamento griego. Esta comisión funcionó, con el auspicio del Parlamento, entre abril y octubre de 2015. El nuevo presidente del Parlamento griego anunció su disolución el 12 de noviembre de 2015.
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