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viernes, 23 de enero de 2026

La historia le pasa a Davos por al lado

 Opinión/ 21 enero 2026




El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula en el pasillo tras su discurso especial en la 56.ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza. Foto: EFE/EPA/Gian Ehrenzeller

Project Syndicate

Por Mariana Mazzucato

DAVOS- Mientras el Foro Económico Mundial se reúne en Davos bajo el lema “Un espíritu de diálogo”, Estados Unidos ha tomado el control de la infraestructura petrolera de Venezuela e instaurado una administración estadounidense de las reservas petroleras del país “por tiempo indefinido” (según la denomina el presidente Donald Trump), al tiempo que chantajea a los países europeos con sus demandas sobre Groenlandia. Entre el llamado del Foro al diálogo y la agresión unilateral de Estados Unidos (entre el mundo de Davos y el desorden mundial en desarrollo) hay, como mínimo, una incongruencia.

Aunque las formas de la intervención estadounidense en América Latina estén cambiando, la captura de la infraestructura petrolera se parece a otras apropiaciones de recursos del pasado. Mientras los asistentes a Davos discuten sobre las sutilezas del capitalismo de partes interesadas, vuelven a imperar las viejas reglas del extractivismo y la política del poder.

En 2019, el historiador holandés Rutger Bregman diseccionó el espectáculo de Davos con precisión quirúrgica: “Impuestos, impuestos, impuestos. El resto es mentira”. Con esas escasas palabras, puso de manifiesto la brecha entre la retórica y la realidad, entre el discurso de prosperidad compartida y la práctica de la concentración de la riqueza.

Claro que las empresas deben pagar la parte de impuestos que les corresponde. Pero además de eso, hay que analizar la creación de valor; no sólo la redistribución, sino también la predistribución. Lo segundo se refiere a reestructurar la creación y el reparto del valor desde el principio (en vez de sólo redistribuir las migajas del valor extraído), y demanda la formulación de nuevos contratos sociales con condiciones y mecanismos de rendición de cuentas concretos. De allí la necesidad de organizar la estrategia industrial moderna en torno a misiones: objetivos específicos y medibles que den respuesta a los desafíos sociales y al mismo tiempo sean catalizadores de innovaciones e inversiones en todos los sectores.

El crecimiento no es una misión, sino el resultado de invertir en soluciones a problemas reales. Una misión de descarbonización de la economía, por ejemplo, transformaría al mismo tiempo la energía, el transporte, la alimentación y la tecnología digital. Una misión de “salud para todos” podría mejorar los indicadores sanitarios mediante la innovación en diversas áreas, entre ellas las ciencias biológicas. No se trata de favorecer a un sector en particular, sino de preguntarnos cuál es el papel de cada sector en el cumplimiento de una misión.

Esto demanda liderazgo, confianza y atención a los detalles. Hay que estructurar las iniciativas de innovación público‑privadas en formas que eviten una privatización de los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos (por ejemplo, mediante la imposición de patentes demasiado amplias y restrictivas en lo referido al otorgamiento de licencias), además de prohibir el cobro de precios excesivos que pasan por alto la procedencia del valor.

El Reino Unido es un ejemplo claro de cómo no estructurar las asociaciones público‑privadas; y el gobierno laborista, con su postura “abiertamente proempresa”, corre riesgo de repetir errores muy costosos. Basta pensar en el control cada vez mayor que tiene la empresa estadounidense de datos y análisis Palantir sobre los servicios públicos británicos. Durante la pandemia, la empresa ofreció sus servicios al NHS (el sistema nacional de salud del RU) de forma gratuita (más tarde el director de la empresa en el RU comparó ese gesto con la suscripción de prueba a una revista). Hoy Palantir tiene contratos con el NHS por más de 330 millones de libras (443 millones de dólares), además de un nuevo contrato por 240 millones de libras en el área de la defensa que fue otorgado sin concurso.

El ejército suizo rechazó un acuerdo que Palantir buscó por siete años, porque los expertos advirtieron que la propiedad estadounidense de la empresa creaba riesgos de acceso a datos de inteligencia y que depender de los especialistas de Palantir podía «limitar la capacidad del ejército para actuar en situaciones de crisis». Pero el nuevo contrato del RU con Palantir triplica lo gastado en la empresa desde 2022, y el ministerio de defensa británico admitió que cambiar de proveedor obligaría a reconstruir toda la arquitectura de datos, con un «costo significativo». Para que un gobierno no quede atado a un proveedor ni deba enfrentar la probabilidad de aumentos de costo desenfrenados, los contratos deben incluir cláusulas de desarrollo de capacidades estatales.

Otro ejemplo lamentable es la empresa británica de suministro y saneamiento de agua Thames Water, a la que la gestora de activos australiana Macquarie dejó con una deuda de dos mil millones de libras mientras la usaba como fuente de ganancias. La importancia de empresas como Blackstone y Macquarie en la financiación de infraestructuras en el RU revela un patrón claro de socialización de riesgos, privatización de ganancias y servicios esenciales puestos a merced de la ingeniería financiera. Aunque el anuncio de la semana pasada sobre el otorgamiento de incentivos públicos a la generación offshore de energía eólica conforme al programa Clean Industry Bonus (con condiciones de invertir en cadenas de suministro británicas) hace pensar que el gobierno aprendió algunas lecciones, sólo el tiempo podrá decir si las cláusulas son lo bastante sólidas como para evitar actos de parasitismo.

Para ser eficaces, las asociaciones público‑privadas deben incluir condiciones que garanticen la generación de valor público a cambio del apoyo público. La Ley CHIPS y Ciencia de los Estados Unidos supeditó el apoyo a las empresas a que estas limitaran la recompra de acciones, invirtieran en el desarrollo de la fuerza laboral y ofrecieran servicios de guardería. El banco público alemán KfW vincula el otorgamiento de préstamos en condiciones favorables con el cumplimiento de metas de descarbonización. La estrategia de Chile para el litio se asegura de que las empresas mineras inviertan en actividades con valor añadido dentro del país y cumplan normas de sostenibilidad; y el Estado se queda con una parte importante de los beneficios.

No son medidas contra las empresas, sino marcos de reciprocidad diseñados para que los incentivos privados estén alineados con los objetivos públicos. Cuando el RU apoyó con 65,5 millones de libras el desarrollo de la vacuna de Oxford/AstraZeneca, puso como condición que la empresa no buscara ganancias durante la pandemia. Eso es una asociación real: riesgos compartidos, recompensas compartidas, propósito compartido.

En esto, la implementación es tan importante como el diseño. Desarrollar capacidades estatales implica resistir la tentación de delegar funciones clave a consultoras. Demanda coordinación entre ministerios, acuerdos significativos con los trabajadores y con las empresas e invertir en las capacidades del funcionariado para el diseño, la implementación y la adaptación de herramientas, desde la compra pública hasta la infraestructura pública digital.

Un ejemplo de esta modalidad lo da la agencia sueca de innovación Vinnova, que usa la compra pública de comidas escolares «saludables, sostenibles, sabrosas y accesibles» como instrumento para la transformación de todo el sistema alimentario. Para lograrlo, Vinnova reúne a organismos gubernamentales, municipios y actores privados de diferentes sectores en torno a objetivos compartidos en materia de salud, sostenibilidad y desarrollo local.

Esta semana, Davos presentará las promesas habituales sobre capitalismo de partes interesadas, empresas con propósito y desarrollo sostenible. Pero sin mecanismos concretos (condiciones vinculantes, marcos de rendición de cuentas y modelos de reparto equitativo de los riesgos que distingan a los verdaderos creadores de valor de los rentistas) no dejará de ser teatro. Mientras se desarrolla otro capítulo de la larga historia del extractivismo en América Latina, los asistentes a Davos deberían preguntarse: ¿estamos construyendo asociaciones verdaderas o mecanismos de extracción sofisticados?

La respuesta parece clara, conforme los titanes de la tecnología hacen fila para jurar lealtad a Trump (como Mark Zuckerberg, de Meta, con su decisión de poner fin a la verificación de datos, y Jeff Bezos, de Amazon, que ha destruido la independencia editorial del Washington Post y se arrodilla ante el poder a cambio de libertad total para usar sus plataformas como herramientas de extracción de valor mediante rentas algorítmicas). Al mismo tiempo, los ejecutivos de las petroleras discuten sin reparos el reparto de las reservas de Venezuela, y Trump les promete «seguridad total» para extraer riqueza de un país sumido en el caos.

En un contexto de aparente ineficacia de las instituciones multilaterales tradicionales, necesitamos coaliciones de voluntarios que creen nuevos marcos para la gobernanza global. Los países que se toman en serio el desarrollo sostenible deben colaborar en la introducción de mecanismos de creación de consenso y en el desarrollo de la capacidad estatal necesaria para lograr el crecimiento verde. Esto implica pasar de las promesas voluntarias a acuerdos vinculantes sobre transferencia de tecnología, finanzas verdes y marcos de innovación compartidos: los ladrillos de un nuevo orden económico al servicio de las personas y del planeta.

El espíritu de diálogo no significa nada si no va acompañado de una transformación fundamental de las formas de crear valor. La verdadera reciprocidad demanda nuevos contratos que reflejen una relación público‑privada más simbiótica, con condiciones efectivas y un reparto equitativo de riesgos y recompensas. De lo contrario, sólo repetiremos los errores del pasado. Como dijo Giuseppe Tomasi Di Lampedusa: “Todo debe cambiar para que todo pueda seguir igual”. 

Copyright: Project Syndicate, 2026.

Traducción: Esteban Flamini

Mariana Mazzucato, profesora de Economía de la Innovación y el Valor Público en el University College de Londres, es autora de The Big Con: How the Consulting Industry Weakens Our Businesses, Infantilizes Our Governments and Warps Our Economies (Penguin Press, 2023). Rainer Kattel es subdirector y profesor de Innovación y Gobernanza Pública en el Instituto de Innovación y Propósito Público del UCL.

miércoles, 25 de diciembre de 2024

Un buen crecimiento requiere asociaciones público-privadas adecuadas


23 de diciembre de 2024 MARIANA MAZZUCATO


Si bien los responsables de las políticas comprenden que el Reino Unido necesita más inversión pública para abordar sus mayores desafíos, la solución que proponen requiere más trabajo. Una estrategia industrial para el siglo XXI debe orientarse en torno a misiones clave, no a sectores específicos.

LONDRES – El gobierno laborista del Reino Unido ha reflexionado seriamente sobre la inversión pública necesaria para que la economía vuelva a encarrilarse tras 14 años de austeridad, descuido de la infraestructura social y fuga de capitales provocada por el Brexit y las condiciones económicas inciertas. Entiende que la situación exige una nueva estrategia para abordar grandes problemas como la pobreza infantil, las desigualdades en materia de salud, una base industrial débil y una infraestructura pública en dificultades.

¿Cómo debería ser esto? El reciente “libro verde” de estrategia industrial del Departamento de Comercio y Negocios del Reino Unido, Invest 2035 , es un comienzo prometedor. Sin embargo, en mi propia respuesta durante el período de consulta pública, subrayé que una estrategia industrial debería estar orientada en torno a “misiones” clave como lograr emisiones netas cero, en lugar de en torno a sectores específicos, como parece estar haciendo el gobierno. Si bien el gobierno se ha fijado cinco “misiones”, parecen más como objetivos con algunos objetivos, en lugar de ser centrales para la forma en que el gobierno y la industria trabajan juntos.

Para que el Partido Laborista cumpla con su agenda, debe lograr unas alianzas público-privadas adecuadas. Históricamente, las colaboraciones público-privadas en el Reino Unido han implicado que el Estado pagara de más y el sector privado no cumpliera con las expectativas. Por ejemplo, tras el referendo del Brexit, el gobierno le dio en secreto a Nissan 61 millones de libras (76 millones de dólares) para fabricar nuevos automóviles en el Reino Unido, pero Nissan abandonó una expansión planificada en su planta de Sunderland y los empleos prometidos nunca se materializaron.

De la misma manera, en el marco de los fallidos esquemas de “iniciativa de financiación privada” de los años 1990, el Estado pagaba sumas infladas a contratistas privados para que operaran servicios públicos como prisiones, escuelas y hospitales antes de devolvérselos al Estado, a menudo en malas condiciones y sin ninguna mejora clara del servicio. Este enfoque se utilizó ampliamente en la construcción de hospitales del Servicio Nacional de Salud, y los primeros 15 contratos generaron 45 millones de libras en honorarios (alrededor del 4% del valor de capital de los acuerdos) para asesores de los sectores público y privado. Un análisis posterior del Tesoro del Reino Unido mostró que los costos generales de las IFP eran el doble de los de los préstamos gubernamentales.

Afortunadamente, muchas asociaciones público-privadas a nivel mundial han producido resultados más positivos. El banco nacional de desarrollo de Alemania, KfW, ofrece préstamos a bajo interés a las empresas que acepten descarbonizarse . De manera similar, el rescate de Air France por la COVID-19 por parte del gobierno francés estuvo condicionado a que la aerolínea redujera las emisiones por pasajero y los vuelos nacionales; en cambio, el Reino Unido rescató a EasyJet sin condiciones.

En Estados Unidos, la Ley CHIPS y de Ciencia exige que las empresas que se benefician de fondos públicos se comprometan a implementar planes de desarrollo climático y de la fuerza laboral, brinden servicios de guardería y paguen un salario digno. También se da preferencia a las empresas que reinvierten las ganancias en lugar de recurrir a recompras de acciones.

El Reino Unido tiene cierta experiencia en la configuración de los mercados en torno a objetivos claros. En el desarrollo de la vacuna de Oxford/AstraZeneca contra la COVID-19, el gobierno utilizó un modelo de reparto de riesgos y recompensas en el que proporcionó el 95% de la financiación a cambio de ciertos compromisos de la empresa. AstraZeneca proporcionaría los primeros 100 millones de dosis al Reino Unido y permitiría al gobierno donar y reasignar las vacunas sobrantes.

De manera similar, la adquisición del proveedor de energía Bulb por parte de Octopus Energy permitió al gobierno del Reino Unido obtener 1.500 millones de libras esterlinas en ganancias, ya que Octopus devolvió el apoyo público que había recibido a través de un acuerdo previo de participación en los beneficios. Este acuerdo protegió los puestos de trabajo y evitó que los consumidores incurrieran en costos adicionales.

Con una estrategia orientada a la misión, el gobierno laborista podría ampliar y sistematizar este tipo de compromiso público-privado. En lugar de ser “sin reservas pro-empresarial”, como afirma en su libro verde, debería garantizar que la inversión pública se dirija a objetivos claros: atraer capital privado, crear nuevos mercados y aumentar la competitividad a largo plazo.

Pensemos en el objetivo de cero emisiones netas del Reino Unido, que no solo tiene que ver con la energía limpia, sino también con la forma en que comemos, nos movemos y construimos. El Estado tiene un papel crucial que desempeñar como pionero, dando forma a los mercados de modo que los incentivos privados estén en consonancia con los objetivos públicos. Sin embargo, a juzgar por este criterio, las medidas recientes del gobierno laborista parecen insuficientes.

Por ejemplo, los acuerdos del primer ministro Keir Starmer con Macquarie (un banco de inversión), Blackstone (gestión de activos) y otros recaudaron más de 60.000 millones de libras sin establecer expectativas claras y orientadas a los resultados ni garantizar que se compartan tanto los riesgos como las recompensas. De la misma manera, el apoyo del gobierno a la captura y almacenamiento de carbono (hasta ahora por un total de 22.000 millones de libras ) permite que los fondos fluyan a los gigantes petroleros actuales sin exigirles responsabilidades en la transición verde.

Estos acuerdos están estructurados para lograr el crecimiento a cualquier precio, cuando lo que el Reino Unido realmente necesita es un crecimiento que sea inclusivo y sostenible. Eso requiere una mejor gobernanza corporativa para evitar situaciones como la de Thames Water (una empresa de servicios de agua y residuos) que quedó con una deuda de más de 2.000 millones de libras después de que Macquarie se convirtiera en un importante accionista en 2006. El Reino Unido necesita empresas que hagan inversiones reales, impulsadas por la innovación y el valor, y no empresas que ganan dinero notoriamente a partir de ingresos fáciles (rentas) a costa del riesgo y la creación de valor realizados por otros. En otras palabras, necesitamos empresas que contribuyan al crecimiento a largo plazo.

Como he dicho antes, el crecimiento en sí no es una misión, sino el resultado de la inversión pública y privada, y un buen crecimiento es el resultado de una inversión dirigida . Si la transición climática del Reino Unido va a ser beneficiosa para las personas y el planeta a largo plazo, la interacción del gobierno con el sector privado debe reflejar confianza, no capitulación. Esto puede empezar por implementar herramientas que el gobierno ya tiene. El nuevo Fondo Nacional de Riqueza y Great British Energy (una empresa de energía limpia de propiedad pública que se espera que se lance a principios del año próximo) podrían marcar una enorme diferencia, pero solo si los responsables de las políticas implementan correctamente.

Por ejemplo, el Fondo Nacional de Riqueza debería introducir condiciones para las inversiones públicas; brindar acceso público a la propiedad intelectual y las patentes para la investigación; crear subsidios y otros incentivos para las inversiones alineadas con la misión; y utilizar garantías de préstamos y rescates financieros para impulsar a las empresas hacia la descarbonización, la mejora de las condiciones de trabajo y la reducción de las recompras de acciones. Las compras públicas también son una herramienta poderosa, porque representan un tercio del gasto total del gobierno y pueden dirigir la inversión hacia objetivos estratégicamente importantes.

En definitiva, el gobierno del Reino Unido debe pasar de un enfoque sectorial a uno orientado a las misiones que adopte una forma de asociación público-privada segura y orientada a los resultados, incentivando al sector privado a hacer su parte. El Partido Laborista entiende el problema, pero la solución que propone todavía necesita algo de trabajo.



Mariana Mazzucato, profesora de Economía de la Innovación y el Valor Público en el University College de Londres, es directora fundadora del Instituto de Innovación y Propósito Público del UCL y copresidenta delComisión Global sobre la Economía del Agua y Copresidenta del Grupo de Expertos del Grupo de Trabajo del G20 para una Movilización Global contra el Cambio Climático. Fue Presidenta del Consejo de la Organización Mundial de la Salud sobre la Economía de la Salud para Todos . Es autora de The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy (Penguin Books, 2019), Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism (Penguin Books, 2022) y, más recientemente, The Big Con: How the Consulting Industry Weakens Our Businesses, Infantilizes Our Governments and Warps Our Economies (Penguin Press, 2023). En septiembre, Penguin publicó una edición del décimo aniversario de su libro The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths .

domingo, 27 de octubre de 2024

Lo que el G20 puede hacer por el crecimiento verde

Por  MARIANA MAZZUCATO y VERA SONGWE PS


El G20 tiene la oportunidad y la obligación de liderar el camino hacia nuevas vías de crecimiento económico que estén alineadas con los objetivos globales en materia de clima y desarrollo. Para ello se requerirán no sólo nuevas políticas e inversiones, sino también una comprensión diferente del papel del gobierno.


LONDRES – Mientras los ministros de finanzas y clima se reúnen en Washington esta semana para las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial, deberían centrarse en la necesidad de nuevas vías de desarrollo económico que sean compatibles con el objetivo del acuerdo climático de París de limitar el calentamiento global a 1,5° Celsius.

El informe final del Grupo de Expertos del Grupo de Trabajo del G20 para una Movilización Global contra el Cambio Climático (que presiden conjuntamente) insta al G20, cuyos miembros representan alrededor del 85% del PIB mundial, a promover estrategias industriales verdes respaldadas por reformas financieras integrales. El desarrollo debería orientarse en torno a las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) –el término que se utiliza en el acuerdo de París para designar los planes de reducción de emisiones de los países– y regirse de una manera que enfatice la equidad dentro de los países y entre ellos.

Se estima que, si no se produce un cambio de rumbo, el calentamiento global superará los 3 °C, lo que provocará una pérdida de al menos el 18 % del PIB mundial en 2050. Los modelos dominantes de crecimiento económico están llevando al planeta al colapso, con consecuencias potencialmente irreversibles para las personas y las economías. Dado que los Estados miembros del G20 son responsables del 80 % de las emisiones actuales y pasadas de gases de efecto invernadero (GEI), deberían ser responsables del 80 % de las reducciones de emisiones necesarias para alcanzar el objetivo de 1,5 °C.

La crisis climática es un resultado directo de decisiones económicas. Para cambiar la dirección del crecimiento económico de modo que respete los límites planetarios, las estrategias industriales verdes deben ir más allá de la selección de sectores o tecnologías favorecidos . Si se orientan a la consecución de “ misiones ” como las contribuciones determinadas a nivel nacional, pueden catalizar la innovación y la inversión en muchos sectores diferentes, impulsando así una transformación de toda la economía.

En lugar de subsidiar sectores específicos con pocas condiciones, los gobiernos deberían tratar de abrir nuevas oportunidades de mercado para empresas dispuestas, de todos los tamaños y de todos los sectores. Para ello, deberían exigirles un alto nivel de emisiones de GEI, salarios, apoyo a los trabajadores mediante cambios económicos estructurales y reinversión de las ganancias en actividades productivas como la investigación y el desarrollo. Es fundamental que, para acelerar la transformación que necesitamos, los gobiernos reorienten los subsidios actuales a los combustibles fósiles (que siguen aumentando ) y condicionen el apoyo público a las industrias que hacen un uso intensivo de ellos a la descarbonización.

La implementación de estrategias industriales verdes no debería ser una tarea exclusiva de los ministerios de Industria o Clima. Para respaldar los objetivos de las CDN se necesita la participación de todo el gobierno y un rediseño de las instituciones y herramientas clave (en particular, las compras y las finanzas públicas ).

La estrategia industrial verde también requiere una perspectiva global. Necesitamos nuevas estructuras de gobernanza global que puedan centrarse en la equidad y garantizar que todos los países se beneficien del crecimiento verde. Dado que la crisis climática es un desafío global, para enfrentarla se necesita una colaboración global, incluso mediante acuerdos de transferencia de tecnología y conocimiento y apoyo para la creación de capacidad de fabricación ecológica en países de ingresos bajos y medios.

Para ello, es necesario que las finanzas verdes sean más accesibles a nivel mundial. Los países más ricos –en especial los que más contribuyeron a las emisiones históricas de GEI– deberían utilizar sus mayores recursos financieros para ayudar a ampliar las finanzas verdes y garantizar que estén diseñadas de manera que sean asequibles, pacientes (a largo plazo) y tolerantes al riesgo.

Sin ese apoyo, los países de ingresos bajos y medios seguirán sufriendo limitaciones fiscales, lo que inhibirá su capacidad de invertir en estrategias industriales verdes o de mitigación y adaptación al cambio climático, y se verán obligados a entrar en un círculo vicioso de creciente vulnerabilidad climática y deterioro de las finanzas públicas.

La disparidad actual en la asignación global de financiamiento verde es evidente. Desde 2021, los países de altos ingresos y China han atraído más del 90% de las nuevas inversiones en energía limpia, mientras que los costos de endeudamiento para los países de ingresos bajos y medios han seguido aumentando. Si bien estos países son los menos responsables de las emisiones de GEI, soportan una “prima de riesgo climático” que infla el costo del financiamiento.

Por lo tanto, el G20 debería promover la ampliación de los préstamos concesionales a largo plazo, las donaciones y el alivio de la deuda y la liquidez para que todos los países puedan buscar un crecimiento verde sin aumentar su carga de deuda. También debería apoyar los esfuerzos existentes –como la Iniciativa de Bridgetown– para lograr una arquitectura financiera global más equitativa.

Basándose en la labor de Finance in Common , los bancos nacionales de desarrollo deberían estar capacitados para aumentar la escala de capital paciente y alineado con las contribuciones determinadas a nivel nacional, incluso mediante una colaboración fortalecida con los bancos multilaterales de desarrollo. Estas instituciones están bien posicionadas para dirigir las finanzas verdes, aprovechando su conocimiento local, sus mandatos públicos y su potencial para atraer capital privado que, de otro modo, se alejaría de proyectos más riesgosos.

Por último, un sector financiero estable que tenga en cuenta los riesgos climáticos sistémicos es crucial para acelerar y sostener la transición verde. El G20 puede reforzar la importancia de que los reguladores prudenciales adopten taxonomías interoperables más sólidas para fortalecer la divulgación de información, recopilar mejores datos y mejorar los modelos predictivos del clima.

De manera similar, los bancos centrales tienen un papel clave que desempeñar a la hora de tener en cuenta los riesgos financieros relacionados con el clima y fomentar condiciones que incentiven un mayor flujo de financiamiento privado hacia inversiones verdes y desincentiven los flujos financieros hacia proyectos con uso intensivo de carbono. Hacerlo no sería apartarse de los mandatos actuales de los bancos centrales. De hecho, la “neutralidad del mercado” puede tener el efecto perverso de crear condiciones de financiamiento favorables para actividades con uso intensivo de carbono que, en última instancia, amenazan la estabilidad macroeconómica y financiera.

Hacemos un llamamiento al G20 bajo la presidencia de Brasil para que lidere el camino hacia nuevas vías de desarrollo económico, y para que la próxima presidencia sudafricana del G20 impulse esta agenda. El crecimiento verde no sólo es posible, sino imperativo.

sábado, 27 de enero de 2024

Una narrativa progresista de crecimiento verde


DAVOS – En 2024, habrá elecciones en 76 países; es un año récord para la democracia. Pero coincide con un auge alarmante del populismo de derecha, cada vez más habituado a decirles a los votantes que la culpa de sus padecimientos económicos es de las políticas de lucha contra el cambio climático. La izquierda progresista no consigue articular una contranarrativa convincente, a pesar de que las iniciativas de descarbonización tienen un claro potencial para mejorar los ingresos, la productividad y el crecimiento económico. De mantenerse la falsa dicotomía entre prosperidad económica y sostenibilidad ambiental, la transición verde no tendrá el apoyo político que necesita para ser un éxito.

Consideremos el debate que se desarrolla en el Reino Unido por el Plan de Prosperidad Verde, con un presupuesto de 28 000 millones de libras (35 500 millones de dólares), que el Partido Laborista británico ha presentado como un instrumento clave para «convertir al Reino Unido en una superpotencia de la energía limpia». En vez de centrarse en el monto del plan, la conversación debería girar en torno de las medidas necesarias para completar la misión declarada. No es la cantidad de dinero lo que resolverá el problema, sino presentar una estrategia para la movilización a gran escala de la inversión privada y pública hacia un objetivo colectivo.

Para convertir la energía limpia en motor de la estrategia laborista para las áreas de la industria, las finanzas y la innovación, se necesita una narrativa nueva. Los laboristas tienen que mostrar que un Estado orientado al cumplimiento de misiones que colabore con el sector empresarial para invertir e innovar con la mirada puesta en los resultados llevará a la creación de empleos y a mejoras en la capacitación de los trabajadores, la productividad y los salarios.

Hay seis argumentos que los laboristas pueden presentar en defensa de esta idea. En primer lugar, que la acción climática y el crecimiento económico no son objetivos contrapuestos. El RU tiene una enorme industria verde y mercados de capital que puede aprovechar mediante inversiones del sector público orientadas a misiones. En 2050, el valor mundial de las industrias verdes superará los diez billones de dólares, y en el RU crecen cuatro veces más rápido que el resto de la economía.

La inversión pública guiada por una misión clara puede crear nuevos mercados, atraer la inversión privada y aumentar la competitividad a largo plazo. Un buen ejemplo es la producción verde de acero en Alemania: el crecimiento del sector es resultado del programa de préstamos para inversiones verdes del banco público alemán KfW, que ayudó a crear de la nada un mercado para esta clase de producto.

En segundo lugar, la financiación de la acción climática es una inversión, no un costo. Las políticas orientadas a misiones pueden generar inversión privada, al aumentar la capacidad productiva de las empresas y alentar actividades económicas intersectoriales con efectos derrame positivos ahora y en el futuro. La misión Apolo de la NASA y la llegada a la Luna demandaron investigación y desarrollo no sólo en el área de la tecnología aeroespacial sino también en nutrición, materiales, electrónica y software. Cámaras en los teléfonos, mantas isotérmicas, leche de fórmula, aplicaciones informáticas: son sólo algunas de cientos de innovaciones que todavía nos benefician.

Es posible aplicar la misma idea a las estrategias de lucha contra el cambio climático, invirtiendo en infraestructura, transporte, agricultura, energía e innovación digital. Los primeros países en hallar modos de producir acero y cemento con más eficiencia energética y extraer minerales clave con menos contaminación serán más competitivos cuando se normalicen los estándares ambientales. Y una economía digital que colabore con la descarbonización de diversos sectores atraerá inversiones de todo el mundo. O por poner otro ejemplo, un programa de almuerzos escolares que asegure a todos los niños el acceso a comidas saludables, sabrosas y sostenibles implica mecanismos de compra pública orientados a resultados y cooperar con empresas locales respetuosas del medioambiente en toda la cadena de suministro de los alimentos.

En tercer lugar, las misiones demandan financiación paciente, a largo plazo y con tolerancia a riesgos, y esa financiación puede atraer otros inversores e impulsar transformaciones en diferentes etapas del ciclo de innovación y negocios. Un modelo de financiación pública bien estructurado puede crear mercados nuevos y modificar los ya existentes, mediante la canalización de préstamos, subvenciones, garantías e instrumentos de renta fija y variable hacia empresas que estén dispuestas a invertir en la solución de problemas específicos. A veces se lo presenta como «reducir riesgos», pero no es una descripción adecuada, ya que en estos casos estamos hablando de asumirlos (y por eso se necesitan mecanismos para la distribución de riesgos y beneficios).

En el caso de las fuentes de energía renovables, ya muchos bancos nacionales de desarrollo en todo el mundo han hecho inversiones arriesgadas en tecnologías que todavía no tienen un modelo de comercialización a escala. Tomando la delantera en proyectos con alto riesgo y gran demanda de capital, en sus primeras etapas, la financiación pública puede actuar como inversor de primera instancia (en vez de prestamista de última instancia) y desempeñar un papel fundamental en la creación y formación de nuevos mercados verdes.

En cuarto lugar, hay que prestar atención a las capacidades del sector público. Una misión nacional ambiciosa para la energía limpia demanda gobiernos decididos, competentes y bien equipados en los niveles nacional, regional y local, que trabajen juntos para aplicar una variedad de herramientas, por ejemplo modelos de compra pública e inversión orientados a resultados. Para poner en práctica con eficacia un plan de acción climática por 28 000 millones de libras, las industrias verdes y los organismos públicos del RU necesitarán personal capacitado. Pero muchos gobiernos (y esto incluye al RU) se han vuelto ultradependientes de grandes consultoras con modelos de negocio extractivos, en detrimento de las capacidades del Estado. Es evidente la necesidad de un cambio de mentalidad: hasta el Partido Laborista ha cuadruplicado su dependencia de consultores.

En quinto lugar, una transición verde justa exige un nuevo contrato social, lo cual implica redefinir el típico acuerdo de asociación entre el Estado y las empresas. En momentos en que la tasa de ganancia es alta en todo el mundo, la tasa de inversión es reducida; esto se debe a la creciente financierización de las finanzas y de las empresas. En Estados Unidos y el RU, sólo el 20% de los fondos invertidos se destinan a la economía productiva; el resto fluye hacia otros ámbitos más especulativos: las finanzas, la provisión de seguros y los bienes raíces.

Para tener una economía centrada en el interés público, además de políticas redistributivas (como un impuesto progresivo a la riqueza), también se necesitan medidas predistributivas. Por ejemplo, el Partido Laborista debería incorporar a su Plan de Prosperidad Verde condicionalidades que aseguren el acceso de los consumidores a bienes y servicios o el reparto de las ganancias resultantes del apoyo público entre una variedad más amplia de partes interesadas, incluidos los trabajadores. Las empresas que reciban apoyo público deben comprometerse a reinvertir las ganancias en innovación verde y en mejorar las condiciones de trabajo y los salarios. Y como muestra la reciente victoria en Estados Unidos del United Auto Workers, los sindicatos son esenciales para garantizar que la descarbonización de la economía produzca una mayor capacitación de los trabajadores y que las mejoras de productividad se trasladen a mejoras salariales.

Finalmente, el plan de 28 000 millones de libras debe verse como una inversión en el futuro financiero del país. Aunque la inversión pública pueda aumentar el déficit a corto plazo, la expansión económica que descarbonice la capacidad productiva en los sectores industriales y de servicio reducirá en última instancia el cociente deuda/PIB. La austeridad fiscal de los últimos quince años debilitó no sólo el tejido social, sino también la economía y su potencial de crecimiento (como el Brexit, que restó volumen de mercado a la industria británica). Proveyendo un núcleo dinámico para las inversiones e innovaciones verdes de toda la economía (por ejemplo, con servicios públicos como la movilidad sostenible), un gobierno orientado a misiones puede mejorar la posición fiscal del país a largo plazo. Para el clima y para la sociedad, la inacción es la opción más costosa.

Esto se puede financiar de muchas maneras; un ejemplo son los green gilts británicos (bonos públicos diseñados específicamente para iniciativas verdes), así como las propuestas de reformar la obsoleta normativa británica aplicada a las cuentas públicas: hoy los préstamos otorgados por bancos de inversión estatales se incluyen en la deuda pública total, y no se contabilizan los rendimientos que le generan al Estado. Esta extraña norma infla artificialmente las cifras de deuda pública. Con solo alinear sus reglas con los estándares internacionales, el RU podría hacer un uso más eficaz de sus bancos públicos (por ejemplo, el UK Infrastructure Bank).

En un año con tantas elecciones, es imprescindible una narrativa verde progresista. Para persuadir a los votantes, debe mostrar de que manera nuevas inversiones públicas y privadas orientadas a resultados social y ambientalmente beneficiosos pueden crear un multiplicador de crecimiento en toda la economía, con efectos positivos para la gente y el planeta.

Traducción: Esteban Flamini

Mariana Mazzucato, Professor in the Economics of Innovation and Public Value at University College London, is Founding Director of the UCL Institute for Innovation and Public Purpose, Chair of the World Health Organization’s Council on the Economics of Health For All, and a co-chair of the Global Commission on the Economics of Water. She is the author of The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy (Penguin Books, 2019), Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism (Penguin Books, 2022), and, most recently, The Big Con: How the Consulting Industry Weakens Our Businesses, Infantilizes Our Governments and Warps Our Economies (Penguin Press, 2023). A tenth anniversary edition of her book The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths was published by Penguin in September.

viernes, 1 de septiembre de 2023

La necesidad de reformular el crecimiento y reexaminar el Estado empresarial

Aug 28, 2023 MARIANA MAZZUCATO



LONDRES – La sensación de ansiedad está en todas partes, desde los debates de políticas de alto nivel y los manifiestos políticos a la cobertura noticiosa diaria. En Alemania, el último plan presupuestario del gobierno identifica un mayor crecimiento como una de las prioridades máximas. En la India, las autoridades nacionales se muestran anhelosas por reclamar el lugar de su país como la economía de más rápido crecimiento del planeta. En China, donde se ciernen perspectivas deflacionarias, es indiscutible que el gobierno está preocupado de alcanzar su objetivo de crecimiento de 5% para este año.

En el Reino Unido, Keir Starmer, líder del opositor Partido Laborista, ha prometido lograr el máximo crecimiento sostenido del G7 si resulta electo, y los conservadores, desde el gobierno, expresan ambiciones parecidas (recordemos el ahora infame mantra de la ex Primer Ministra Liz Truss: “crecimiento, crecimiento, crecimiento”).

Sin embargo, poner el crecimiento al centro de la elaboración de políticas económicas es un error. Aunque importante, el crecimiento en abstracto no es una meta ni una misión coherente. Antes de comprometerse a objetivos específicos (sean de crecimiento del PIB, producción global, etc.), los gobiernos debieran centrarse en la dirección de la economía. Después de todo, ¿de qué sirve un alto crecimiento económico si para él se precisan malas condiciones laborales o ampliar la industria de los combustibles fósiles?

Es más, los gobiernos que han tenido más éxito en catalizar el crecimiento lo han hecho cuando impulsaban otros objetivos, no el crecimiento por sí mismo. La misión de la NASA de enviar hombres a la Luna y hacer regresarlos, produjo innovaciones en materiales aeroespaciales, electrónica, nutrición y software que más adelante aportarían un importante valor económico y comercial. Pero la NASA no se planeaba crearlas por esa razón, y es probable que nunca lo hubiera hecho si sus misiones se hubieran emprendido simplemente para aumentar la producción.

De manera similar, la Internet surgió de la necesidad de que los satélites se intercomunicaran. Debido a su adopción generalizada, durante la última década el PIB digital ha estado creciendo 2,5 veces más rápido que el PIB físico, y hoy la economía digital está en camino de valer unos $20,8 billones estimados para 2025. Una vez más, tales cifras de crecimiento son resultado de un involucramiento activo con las oportunidades que presenta la digitalización; por sí mismo, el crecimiento no era el objetivo.

En lugar de centrarse en la aceleración de la brecha del PIB digital, los gobiernos deberían apuntar a cerrar la división digital y asegurarse de que el crecimiento actual y el futuro no se basen en el abuso del poder de mercado de las Grandes Tecnológicas. Si se considera la rapidez con la que está avanzando la inteligencia artificial, se precisan con urgencia gobiernos que puedan reformular la próxima revolución tecnológica en el interés de la gente.

En términos más generales, impulsar el crecimiento en una dirección más inclusiva significa alejarse de la financiación digital de la actividad económica y volver a comprometerse con invertir en la economía real. Tal como están las cosas, demasiadas compañías (las manufacturas, entre ellas) están gastando más en recompras de acciones y pagos de dividendos que en capital humano, equipos, e investigación y desarrollo. Si bien tales actividades pueden reforzar el precio de la acción en el corto plazo, reducen los recursos disponibles para reinvertir en los trabajadores, haciendo mayor la brecha entre quienes controlan el capital y lo que no.

La financiación suele basarse en la extracción de valor y la maximización de utilidades de corto plazo, en vez de creación de valor para beneficiar a la sociedad como un todo. Para alcanzar un desarrollo inclusivo, debemos reconocer que los trabajadores son los verdaderos creadores de valor, y que sus intereses deberían tener un mayor protagonismo en los debates sobre ingresos y distribución de la riqueza.

En este sentido, la nueva postura del Partido Laborista británico resulta preocupante. Es un acto reflejo para apaciguar a los líderes corporativos y refutar las afirmaciones de que son “antiempresas”. Los laboristas han suavizado su compromiso, previamente declarado, de brindar mayores protecciones a los trabajadores independientes. Y, sin embargo, el crecimiento impulsado por la inversión y los derechos de los trabajadores no deberían verse como prioridades en competencia. Equilibrar la gestión corporativa con un compromiso hacia los trabajadores no solo es esencial para alcanzar un crecimiento inclusivo: ya se ha demostrado que impulsa la productividad y el crecimiento en el largo plazo.

La economía no crecerá por sí sola en una dirección socialmente deseable. Como lo subrayé hace diez años, el estado tiene un importante papel empresarial que desempeñar. Después de los recientes intentos de los gobiernos de reactivar sus economías tras la pandemia, está claro que todavía tenemos pendiente el desarrollar nuevos caminos sobre cómo lograr un crecimiento que sea no solo “inteligente”, sino también verde e inclusivo.

Los gobiernos necesitan rutas de política económica con objetivos claros que se basen en lo más les importe a sus pueblos y al planeta. El apoyo público para estos negocios debería estar condicionado a que se hagan nuevas inversiones que “aceleren y mejoren” el camino hacia una economía real más verde e incluyente. Piénsese en la Ley de CHIPS y Ciencias de Estados Unidos, que se propone impulsar la industria de los semiconductores local. La ley prohíbe el uso de los fondos para la recompra de acciones, y sería fácil de imaginar cláusulas adicionales que exijan que las utilidades futuras se reinviertan en formación de la fuerza de trabajo.

Sin embargo, para ayudar a orientar el crecimiento en la dirección correcta, los gobiernos también deben hacer inversiones orientadas a objetivos en sus propias capacidades, herramientas e instituciones. La externalización de capacidades centrales ha socavado su capacidad de responder a necesidades y demandas cambiantes, en último término reduciendo su potencial de crear un crecimiento y un valor público intencionados en el tiempo. Peor todavía, ya que las capacidades y experticia del sector público se han ido vaciando desde dentro, este se ha vuelto más susceptible para su captura por intereses creados.

Solo con las capacidades y competencias correctas los gobiernos podrán conseguir la movilización de recursos y la coordinación de iniciativas con empresas dispuestas a ir hacia esas metas en común. Para una estrategia industrial orientada a una misión se requiere que tanto el sector público como el privado funcionen simbióticamente. Si se hace bien, tal enfoque puede maximizar los beneficios públicos y el valor de largo plazo para las partes involucradas: el crecimiento impulsado por la innovación se convierte en sinónimo de un crecimiento inclusivo.

La pregunta que debiéramos estar haciéndonos no es cuánto crecimiento podemos lograr, sino de qué tipo. Para alcanzar una mayor producción económica que, al mismo tiempo, sea inclusiva y sostenible, los gobiernos necesitarán aceptar su potencial de ser creadores de valor y potentes fuerzas que dan forma a la economía. Si reorientamos las organizaciones públicas alrededor de misiones ambiciosas -en lugar de obsesionarnos sobre estrechas metas de crecimiento-, podremos estar a la altura de enfrentar los grandes desafíos del siglo veintiuno y tener la seguridad de que la economía crezca en la dirección correcta.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen



MARIANA MAZZUCATO, Professor in the Economics of Innovation and Public Value at University College London, is Founding Director of the UCL Institute for Innovation and Public Purpose, Chair of the World Health Organization’s Council on the Economics of Health For All, and a co-chair of the Global Commission on the Economics of Water. She is the author of The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy (Penguin Books, 2019), Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism (Penguin Books, 2022), and, most recently, The Big Con: How the Consulting Industry Weakens our Businesses, Infantilizes our Governments and Warps our Economies (Penguin Press, 2023). A tenth anniversary edition of her book The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths (Anthem Press, 2013) will be published by Penguin in September.

miércoles, 3 de mayo de 2023

La financiación del bien común


LONDRES – Se han celebrado hace poco las reuniones anuales de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial; y según los organizadores, salió de ellas un «fuerte mensaje de confianza y voluntad de cooperar». Pero la retórica elevada y las buenas intenciones no bastan para crear una economía realmente inclusiva y sostenible que sea adecuada para el siglo XXI. Para eso, se necesitan profundos cambios estructurales.


Ya hay quienes los están pidiendo. Mia Mottley, primera ministra de Barbados, promueve la creación de un «nuevo consenso» entre los países más ricos y los no tan ricos. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas António Guterres pidió una «agenda común»: un plan de cooperación intergubernamental mundial para pasar «de las ideas a la acción».

Reformar la cooperación y las finanzas internacionales implica cambios fundamentales al modelo de capitalismo actual. Para poder cumplir la agenda compartida tenemos que complementarla con una nueva economía del bien común.

El sistema monetario internacional surgido después de la Segunda Guerra Mundial fue sin duda una innovación importante. Pero su estructura ya no está a la altura de los tiempos. Los desafíos que enfrentamos hoy (del cambio climático a las crisis sanitarias) son complejos, interrelacionados y globales, y las instituciones financieras deben reflejar esa realidad.

Puesto que el sistema financiero repite la lógica del sistema económico en su totalidad, se necesita un cambio más fundamental: tenemos que ampliar el pensamiento económico en el que se han basado los mandatos institucionales. Para dar forma a los mercados del futuro y maximizar el valor público al hacerlo, tenemos que adoptar una ciencia económica totalmente nueva.

En general, el pensamiento económico actual asigna al Estado y a los actores multilaterales la responsabilidad de eliminar barreras a la actividad económica, reducir riesgos en el comercio internacional y las finanzas y emparejar el campo de juego para las empresas. Es así que gobiernos y organismos de financiación internacionales se limitan a hacer retoques en los bordes del mercado, en vez de lo que realmente se necesita: configurar en forma deliberada el sistema económico y financiero en pos del bien común.

Esto ayuda a explicar por qué el mundo está haciendo tan pocos avances en dirección a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que supuestamente deberían alcanzarse en 2030, y por qué, conforme se demoran las acciones, aumentan los costos de cumplir las metas relacionadas. Como muestra de la incapacidad del sistema actual para dar una respuesta oportuna a las crisis (por no hablar de prevenirlas), el faltante de financiación para los ODS aumentó de 2,5 billones de dólares al año antes de la pandemia de COVID‑19 a entre 3,9 y 7 billones hoy. Compensar a los países las pérdidas y daños que sufren como resultado del cambio climático y otras crisis es esencial, pero para crear las economías sostenibles, inclusivas y resilientes previstas por la agenda de los ODS se necesita un enfoque proactivo.

En tanto, muchas economías en desarrollo están agobiadas por grandes deudas, con el agravante de un sistema comercial y monetario internacional que favorece a los países ricos. Para poder mitigar las crisis, prepararse para ellas y prevenirlas, las economías en desarrollo necesitan financiación paciente y a largo plazo. La pregunta es cómo movilizarla y orientarla.

La respuesta debe reflejar el principio del bien común. Ya es bien sabido que los gobiernos, las instituciones financieras internacionales (IFI) y los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) deben atender al bien público. Por ejemplo, hay amplio consenso respecto de que se necesita gobernanza para gestionar el proceso de digitalización, guiar la transición energética y proteger la salud pública. Pero este consenso sigue atado a una mentalidad reactiva, en la que el Estado sólo interviene para corregir fallas del mercado. En vez de eso, es necesaria una acción deliberada de los actores estatales para formar o ayudar a crear mercados cuyo objetivo principal sea el bien común.

Actuar por adelantado

Un sistema de esa naturaleza demanda: orientación a resultados; colaboración y uso compartido del conocimiento; equidad, accesibilidad y sostenibilidad; transparencia y rendición de cuentas. En cada una de estas áreas, el «cómo» es tan importante como el «qué».

El primer paso hacia la creación de un sistema financiero al servicio del bien común es definir una misión clara. Los diecisiete ODS (con sus 169 metas derivadas) ofrecen un marco ideal. Pero los gobiernos, las IFI y los BMD deben articular sus objetivos y comprometerse a diseñar las herramientas, las instituciones y los instrumentos financieros que se necesitan para alcanzarlos.

Esto demanda una reconsideración fundamental del «contrato social» entre el Estado y el sector privado, de modo tal que los gobiernos (junto con las IFI y los BMD) utilicen innovaciones en el área de los incentivos, las alianzas y las condicionalidades, para alinear la financiación privada con la misión pública. Un ejemplo lo ofrece el banco estatal alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), que como modo de promover la transición verde, ha otorgado préstamos al sector acerero supeditados a que las empresas reduzcan el uso de recursos y las emisiones de gases de efecto invernadero. Intervenciones como estas no buscan emparejar el campo de juego sino inclinarlo hacia los resultados deseados.

Bien usadas, las misiones pueden trasladar el acento de la financiación de sectores o tipos de empresas particulares a la promoción de objetivos ambiciosos que demandan cooperación entre muchos sectores y tipos de empresas. Se trata de un Estado que en vez de elegir ganadores coordine respuestas intersectoriales con la participación de diversos actores de buena voluntad.

En segundo lugar, la pandemia de COVID‑19 puso de manifiesto de qué manera la respuesta a los desafíos globales demanda cooperación a gran escala en el nivel nacional e internacional. Y sin embargo, los países ricos, ayudados por un sistema de derechos de propiedad intelectual defectuoso, acapararon las primeras dosis de vacunas disponibles; y los intentos posteriores de facilitar una redistribución efectiva fueron muy inadecuados. Este «apartheid vacunatorio» se hubiera podido evitar poniendo como objetivo explícito la accesibilidad y la equidad, y así se hubieran podido salvar más de un millón de vidas.

Por desgracia, parece que el mundo está alejándose de la cooperación. Las tensiones entre Estados Unidos y China aumentan el riesgo de fragmentación financiera, y la divergencia de estrategias de inversión entre los BMD regionales no colabora. Pero los BMD (que en conjunto poseen 509 000 millones de dólares en activos y préstamos) deben tener un papel central en la promoción de políticas orientadas a misiones, porque por lo general ofrecen a los países en desarrollo financiación en condiciones favorables. Según el plan de estímulo para los ODS de la ONU, los BMD podrían aumentar en 487 000 millones de dólares sus préstamos (y casi 1,9 billones si los gobiernos aportaran más capital). Para que esos préstamos estén al servicio del bien común, hay que incorporar la búsqueda de los objetivos compartidos a los mandatos de los BMD.

En un nivel más general, un enfoque orientado al bien común demanda un marco integral para la colaboración, la coordinación y el uso compartido de conocimiento en el nivel global. Hay que definir con claridad qué se entiende por inteligencia colectiva, y hay que reformar aquellas estructuras que impiden su formación (por ejemplo, los regímenes de propiedad intelectual). Del mismo modo, para poder invertir en la respuesta a los desafíos compartidos, los países necesitan un sistema financiero mundial más equitativo. En concreto, necesitan capacidad administrativa suficiente para absorber la financiación internacional, diseñar contratos con las empresas que maximicen el valor público y asegurar que el dinero se gaste en modos que favorezcan el bien común (la externalización de capacidades a intermediarios no es una solución).

En tercer lugar, para que contratos e instrumentos financieros tengan la equidad, la accesibilidad y la sostenibilidad como elementos centrales, es crucial el uso de condicionalidades. La vacuna contra la COVID‑19 de Oxford y AstraZeneca fue relativamente barata y fácil de transportar y distribuir en todo el mundo porque estuvo sujeta a la condición de que se la pudiera almacenar en un refrigerador normal. En cambio, la primera vacuna autorizada de Pfizer‑BioNTech demandaba costosos medios de almacenamiento y transporte ultrarrefrigerados.

Estos ejemplos demuestran por qué la condicionalidad debe ser un componente básico de iniciativas como el Fondo de Intermediarios Financieros del Banco Mundial, que moviliza recursos públicos y privados para fortalecer las capacidades de prevención, preparación y respuesta frente a pandemias en los niveles nacional, regional y mundial. Para que el FIF haga realidad su potencial, tiene que comprometerse a incorporar en sus contratos condiciones referidas al «bien común» (por ejemplo, normas de propiedad intelectual y fijación de precios), con el objetivo de garantizar gobernanza inclusiva y acceso universal.

Por último, un enfoque basado en el bien común y orientado a objetivos es imposible sin un sistema financiero equitativo, creíble y sujeto a rendición de cuentas. El sistema actual está diseñado en forma reactiva, de modo que promueve el cortoplacismo y perpetúa la desigualdad entre el norte y el sur global. Para cambiarlo será necesario en primer lugar reformar la gobernanza del FMI y del Banco Mundial, de modo que las economías en desarrollo tengan más voz en sus decisiones.

Además, fortalecer mecanismos de rendición de cuentas y transparencia puede ayudar a prevenir la malversación de fondos, la evasión fiscal y el fraude. En esto el FIF puede ayudar mediante la incorporación de condiciones de transparencia en todos sus acuerdos con BMD que impliquen inversión en proyectos del sector privado.

El nuevo informe del secretario general de la ONU publicado esta semana señala que «el principio que define la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una promesa compartida por todos los países de trabajar juntos en pos de los derechos y el bienestar de todas las personas en un planeta próspero y saludable. Pero a mitad de camino en dirección a 2030, esa promesa está en peligro». Para cumplirla se necesita un sistema financiero internacional adecuado, algo que sólo será posible si reemplazamos el paradigma según el cual el Estado debe limitarse a corregir fallas en los mercados con otro centrado en el bien común y basado en la idea del Estado como formador de mercados.

Mariana Mazzucato, Professor in the Economics of Innovation and Public Value at University College London, is Founding Director of the UCL Institute for Innovation and Public Purpose, Chair of the World Health Organization’s Council on the Economics of Health For All, and a co-chair of the Global Commission on the Economics of Water. She is the author of The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy (Penguin Books, 2019), The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths (Penguin Books, 2018), Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism (Penguin Books, 2022), and, most recently, The Big Con: How the Consulting Industry Weakens our Businesses, Infantilizes our Governments and Warps our Economies (Penguin Press, 2023)