Fidel


"Peor que los peligros del error son los peligros del silencio." Fidel Castro Ruz

lunes, 31 de octubre de 2016

Cuba incumplirá objetivo de crecimiento para cierre del año, según ministro

Cuba va a incumplir su objetivo de crecimiento del PIB para el cierre de año, que ya se había rebajado al 1 %, debido a "dificultades financieras coyunturales", indicó hoy su ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, en la inauguración de la Feria Internacional de La Habana (Fihav 2016).


La Habana, 31 oct (EFE).- Cuba va a incumplir su objetivo de crecimiento del PIB para el cierre de año, que ya se había rebajado al 1 %, debido a "dificultades financieras coyunturales", indicó hoy su ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, en la inauguración de la Feria Internacional de La Habana (Fihav 2016).

"Cuba atraviesa limitaciones financieras coyunturales. Esto ha afectado el ritmo de crecimiento del PIB en el primer semestre, que ha sido menor de lo esperado. Y esas limitaciones comprometen las proyecciones para el cierre del año", señaló el ministro en la apertura de la mayor bolsa comercial del Caribe.

Después de crecer 4 % en 2015, el Gobierno cubano pronosticó un aumento del Producto Interno Bruto de 2 % para 2016, objetivo que a mitad de año rebajó al 1 %, una meta que ahora también parece difícil de cumplir.

Según el ministro, esta situación se debe al "endurecimiento del bloqueo" de EE.UU. a la isla y su carácter "extraterritorial" que dificulta hacer negocios con empresas de terceros países; así como a la crisis económica global.

No obstante, a pesar de este escenario, el ministro reafirmó la voluntad de Cuba de "cumplir sus obligaciones de pago con acreedores" y señaló que ha mantenido sus compromisos de reordenamiento de la deuda tras el acuerdo logrado en diciembre de 2015 con los quince países prestamistas del Club de París.

Con ellos, la isla acordó el reordenamiento de su deuda de 11.100 millones de dólares en cesación de pagos desde 1986; de manera que los acreedores condonaron los 8.500 millones de dólares de intereses y la isla se comprometió a pagar los 2.600 millones de dólares adeudados en un periodo de 18 años.

Según Malmierca, la reestructuración de la deuda "abre una nueva era en la relación con los países acreedores" al restablecer la "credibilidad internacional de la economía cubana", además de permitir a la isla el acceso a créditos a mediano y largo plazo.

Al inaugurar la 34 edición de Fihav, "una cita casi obligatoria para hacer negocios con Cuba", Malmierca destacó el papel del capital foráneo como "fuente importante y necesaria" para el desarrollo del país, que requiere una inyección anual de unos 2.500 millones de dólares de inversión extranjera para hacer sostenibles las reformas que buscan actualizar el modelo socialista de la isla.

Por ello, en el marco de la feria, el Gobierno cubano presentará mañana una nueva actualización de su cartera de negocios para el capital extranjero, que crece "tanto en número de negocios como en inversión" e "incorpora sectores no incluidos en ediciones anteriores".

"Bajo ninguna circunstancia Cuba aspira a depender de un solo mercado. Y por tanto la Fihav debe seguir jugando un importante papel para potenciar los vínculos en ese sentido", indicó el ministro en la inauguración de la feria, que cuenta con la participación de delegaciones de 75 países.

Prevista hasta el próximo 4 de noviembre, Fihav 2016 es la mayor edición en cuanto a área expositiva, que se extenderá por 18.400 metros cuadrados, unos 2.000 más que el año pasado, con la presencia de más de 4.500 expositores de todo el mundo. EFE

Abre sus puertas La XXXIV Feria Internacional de La Habana (+ VIDEO)

Fihav 2016 abre sus puertas hoy aquí con la presencia de unos cuatro mil 500 expositores de 75 países y representantes de medio centenar de Cámaras de Comercio

Por Opciones| digital@opciones.cu1 de octubre de 2016

La XXXIV Feria Internacional de La Habana (Fihav 2016) abre sus puertas hoy aquí con la presencia de unos cuatro mil 500 expositores de 75 países y representantes de medio centenar de Cámaras de Comercio.

En esta edición la muestra tiene como principal novedad la realización de un foro de inversiones, que contará con la presentación de una nueva versión de la cartera de negocios de la isla, según los organizadores.

Estos destacaron que el foro constituirá un espacio propicio para que los hombres de negocios foráneos intercambien directamente con empresarios de más de 15 sectores de la economía, incluida la Oficina de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, sobre proyectos comprendidos en la cartera y otros nuevos de interés.

Fihav 2016 prevé para este lunes, luego de su inauguración, la celebración del Día de España- tradicionalmente la nación más representada- y de Rusia y Japón, país este último que por primera vez ocupará un pabellón.

También el lanzamiento de la empresa automovilística china Yutong Internacional, la cual presentará ocho modelos que abarcan ámbitos del transporte público urbano, servicio interprovincial y otros muy adecuados a la demanda del mercado cubano.

Descuella en ese grupo, la exhibición de un ómnibus totalmente eléctrico, ecológico, representativo de la tecnología de avanzada en la esfera de ese país asiático, cuyos vehículos de la marca Yutong para la trasportación de pasajeros están presentes de forma masiva en la isla desde hace una década.

En este primer día de Fihav 2016 también tendrá lugar, entre otras actividades, un encuentro empresarial Cuba-Etiopia, en el Salón Ejecutivo del Pabellón Central de Expocuba, sede de la bolsa comercial y mayor recinto expositivo del país, en la capital.

Fihav, que se realiza anualmente y es visitada por más de 150 mil personas, es la bolsa comercial de carácter general más importante de Cuba y el Caribe y una de las mayores de América Latina.

Esta vez cuenta con 25 mil metros cuadrados de exposición, cifra superior a la de ediciones anteriores, y en su Pabellón Central, de cinco mil metros cuadrados y donde presentan sus productos y servicios las empresas cubanas, estarán representadas 355 de todos los sectores del país.

La muestra, que sesionará hasta el 4 de noviembre, comprende además foros empresariales con Venezuela, Rusia, Alemania, y países del Caribe, entre otros.(Tomado de PL)

Cómo la desigualdad encontró una voz política

Michael Spence, a Nobel laureate in economics, is Professor of Economics at NYU’s Stern School of Business, Distinguished Visiting Fellow at the Council on Foreign Relations, Senior Fellow at the Hoover Institution at Stanford University, Academic Board Chairman of the Asia Global Institute in Hong Kong, and Chair of the World Economic Forum Global Agenda Council on New Growth Models. He was the chairman of the independent Commission on Growth and Development, an international body that from 2006-2010 analyzed opportunities for global economic growth, and is the author of The Next Convergence – The Future of Economic Growth in a Multispeed World.

MILÁN – Llevó mucho tiempo que la creciente desigualdad tuviera un impacto en la política, como lo ha hecho repentinamente en los últimos años. Ahora que es una cuestión central, las prioridades económicas nacionales tendrán que cambiar de modo sustancial para crear economías y sociedades más equitativas e inclusivas. Si no lo hacen, la gente podría abrazar alternativas explosivas para sus gobiernos actuales, como los movimientos populistas que hoy se están propagando en muchos países.

Los líderes políticos muchas veces hablan de patrones de crecimiento que distribuyen de manera injusta los beneficios del crecimiento; pero hacen relativamente poco al respecto una vez que están en el poder. Cuando los países se embarcan en el sendero de los patrones de crecimiento no inclusivo, por lo general la consecuencia es una falta de respeto por la experiencia, una desilusión con el sistema político y los valores culturales compartidos y hasta una mayor fragmentación y polarización social.

Reconocer la importancia de cómo se distribuyen los beneficios económicos, por supuesto, no es algo nuevo. En los países en desarrollo, la exclusión económica y la desigualdad extrema nunca fueron propicias para patrones de crecimiento elevado en el largo plazo. En estas condiciones, las políticas pro-crecimiento son políticamente insustentables y, en definitiva, resultan afectadas por distanciamientos políticos, malestar social o, inclusive, violencia.

En Estados Unidos, la creciente desigualdad ha sido una realidad al menos desde los años 1970, cuando la distribución relativamente equitativa de los beneficios económicos de los primeros años posteriores a la Segunda Guerra Mundial comenzó a volverse sesgada. A fines de los años 1990, cuando las tecnologías digitales comenzaban a automatizar y deintermediar más empleos de rutina, el cambio hacia una mayor desigualdad en materia de riqueza e ingresos avanzó inexorablemente.

La globalización tuvo que ver en esto. En los 20 años anteriores a la crisis financiera de 2008, el empleo en la industria en Estados Unidos declinó vertiginosamente en cada sector excepto en el farmacéutico, inclusive a pesar de que el valor agregado en la industria aumentó. La pérdida neta de empleos se mantuvo aproximadamente en cero sólo porque el empleo en los servicios aumentó.

Por cierto, gran parte del valor agregado en la industria en verdad proviene de los servicios como el diseño de productos, la investigación y desarrollo y el marketing. De modo que, si tenemos en cuenta esta composición de la cadena de valor, la caída de la fabricación -la producción de bienes tangibles- es aún más pronunciada.

Los economistas han venido registrando estas tendencias desde hace un tiempo. El economista del Instituto de Tecnología de Massachusetts David Autor y sus colegas han documentado meticulosamente el impacto en los empleos de rutina de la globalización y las tecnologías digitales que insumen una menor mano de obra. Más recientemente, el éxito editorial internacional del economista francés Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI, amplió drásticamente nuestra conciencia de la desigualdad en la riqueza y describió las posibles fuerzas subyacentes que la impulsan. Raj Chetty y Emmanuel Saez, dos economistas jóvenes, brillantes y galardonados, han enriquecido la discusión con una nueva investigación. Y yo, por mi parte, he escrito sobre algunos de los cambios económicos estructurales asociados con estos problemas.

Con el tiempo, los periodistas también se ocuparon de estas tendencias y ahora resultaría difícil encontrar a alguien que no haya oído hablar del "1%" -una abreviatura para referirse a aquellos que están en la parte superior de la escala global de riqueza e ingresos-. Mucha gente hoy se preocupa por una sociedad bifurcada: una clase próspera de elites globales en la parte superior y una clase estresada que abarca a todos los demás. Aun así, a pesar de estas tendencias prolongadas, el status quo político y de políticas se mantuvo prácticamente indiscutido hasta 2008.

Para entender por qué a la política le llevó tanto tiempo ocuparse de las realidades económicas, deberíamos analizar los incentivos y la ideología. Con respecto a los incentivos, a los políticos no se les ofreció una razón lo suficientemente buena para abordar los patrones de distribución desigual. Estados Unidos tiene límites de financiamiento de campañas relativamente débiles, de modo que las corporaciones y los individuos adinerados -ninguno de los cuales por lo general prioriza la redistribución de los ingresos- han aportado un porcentaje desproporcionado a los fondos de financiación de campaña de los políticos. 

En términos de ideología, mucha gente simplemente sospecha de un gobierno expansivo. Reconocen la desigualdad como un problema, y en principio respaldan las políticas de gobierno que ofrecen una educación y servicios de atención médica de alta calidad, pero no confían en los políticos o los burócratas. A su entender, los gobiernos son ineficientes e interesados, en el mejor de los casos; y dictatoriales y opresivos, en el peor. 

Todo esto comenzó a cambiar con el surgimiento de las tecnologías digitales e Internet, pero especialmente con la llegada de las redes sociales. Como demostró el presidente norteamericano, Barack Obama, en el ciclo electoral de 2008 -seguido por Bernie Sanders y Donald Trump en el ciclo actual-, ahora es posible financiar una campaña muy costosa sin "mucho dinero".

En consecuencia, existe una creciente desconexión entre los fondos copiosos y los incentivos políticos; y si bien el dinero sigue siendo una parte del proceso político, la influencia en sí misma ya no pertenece exclusivamente a las corporaciones y a los individuos adinerados. Las plataformas de redes sociales ahora permiten que grandes grupos de personas se movilicen de maneras que recuerdan los movimientos políticos masivos de otras épocas. Estas plataformas pueden haber reducido el costo de la organización política y, como resultado de ello, la dependencia general de los candidatos del dinero, a la vez que ofrecen un canal de recaudación de fondos alternativo y eficiente.

Esta nueva realidad está aquí para quedarse y, más allá de quién gane las elecciones en Estados Unidos este año, cualquiera que no se sienta feliz con la alta desigualdad tendrá voz, la capacidad de financiarla y el poder de afectar la toma de decisiones políticas. Lo mismo sucederá con otros grupos que se ocupan de cuestiones similares, como la sustentabilidad ambiental, que no ha sido un foco importante en la actual campaña presidencial de Estados Unidos (los tres debates entre los candidatos no incluyeron ninguna discusión sobre el cambio climático, por ejemplo), pero que, con certeza, lo será en el futuro.

Todo sea dicho, la tecnología digital está alterando las estructuras económicas y reequilibrando las relaciones de poder en las democracias del mundo -inclusive en instituciones que alguna vez se creían dominadas por el dinero y la riqueza.

Un electorado importante y de reciente influencia debería ser bienvenido. Pero no puede ser un sustituto de un liderazgo sabio, mientras que su existencia no garantiza políticas prudentes. Mientras se siguen reequilibrando las prioridades políticas, tendremos que diseñar soluciones creativas para solucionar nuestros problemas más difíciles, y para impedir una mala gestión populista. Es de esperar que éste sea el curso que transitamos hoy.

Tipos de interés negativos o finanzas que andan de cabeza

Por Juan Torres López

Versión ampliada del artículo con el mismo título publicado en Noticias Obreras, número 1.588 de octubre de 2016

Desde hace tiempo, algunos bancos centrales vienen aplicando tipos de interés negativos a los depósitos que en ellos realizan los bancos privados. Y eso mismo ha ocurrido con títulos de deuda pública que diversos países (entre ellos España) han emitido últimamente. Incluso algunos bancos comienzan a cobrar a sus clientes en lugar de retribuirles por sus depósitos, hasta el punto de que muchas personas que tienen grandes sumas de dinero en países como Japón o Alemania han empezado a comprar masivamente cajas de caudales para mantener sus fortunas en metálico.

El significado de los tipos de interés negativos es bastante claro: los prestamistas, en lugar de recibir una retribución por prestar a alguien, han de pagar por hacerlo. Y los depositantes, en lugar de ganar dinero cuando dejan sus fondos en una entidad, deben pagar también por mantener su dinero depositado en el banco. El mundo financiero al revés de lo que siempre habíamos conocido.

Se trata sin duda de una anomalía y puede parecer un sin sentido pero, en realidad, es hasta cierto punto normal que algo así ocurra cuando las economías y las finanzas se encuentran desde hace tiempo en una situación tan irregular, y casi al límite, como la actual.

La primera razón que explica que el precio del dinero sea negativo es su abundancia, la impresionante expansión de los medios de pago y de los depósitos bancarios que se ha producido en los últimos años.

Para hacerse una idea del incremento reciente de la masa monetaria puede bastar un solo ejemplo. En Estados Unidos, la llamada base monetaria (el efectivo en manos del público más los depósitos de los bancos en la Reserva Federal) aumentó en 821.585 millones de dólares en los 63 años que fueron de 1945 a 2008. Sin embargo, de principios de este último año a finales de 2015 aumentó en 3,1 billones de dólares. Es decir, que en 7 años creció unas 3,7 veces más que en 63. Cuesta trabajo hacerse una idea, ni siquiera aproximada, de lo que verdaderamente representa para la economía un crecimiento tan grande y generado en tan poco tiempo como el de estos últimos años (en solo los seis primeros meses de 2008 en Estados Unidos se creó más base monetaria -950.000 millones de dólares- que en los 50 años anteriores -840.000 millones).

Esa creación gigantesca de dinero se ha producido cuando los bancos centrales han inyectado billones de dólares en los bancos privados con la intención de tapar el agujero patrimonial que ellos mismos se produjeron al acumular la ingente cantidad de basura financiera que dio lugar a la crisis. La inyección se ha producido o bien a base de préstamos billonarios prácticamente regalados o de compras masivas de sus títulos para “reciclar” esa basura. Los bancos centrales se han ido quedando así con la porquería acumulada por la banca privada a precio sobrevalorado (gracias a que previamente les habían permitido mantenerlos en sus balances valorados a su precio de adquisición y no al mucho más bajo de mercado) y “a cambio” los bancos recibían billones de dólares. Eso es lo que se ha traducido en la subida impresionante de los depósitos de los bancos privados en los bancos centrales que multiplica como la espuma la base monetaria.

Teóricamente, esas inyecciones deberían servir, según la explicación oficial de las autoridades, para que los bancos concedieran más créditos. Una explicación simplista y falsa, por no decir que sencillamente estúpida: la economía mundial (no solo la de Estados Unidos) hubiera reventado si toda esa cantidad de billones (4,7 veces más que la que había a finales de 2006) se hubiera diseminado por la economía de verdad y tan rápidamente como se creó. Los precios se hubieran disparado, cuando lo que ocurrió fue todo lo contrario, que la mayoría de las economías entró en deflación. Lo que buscaban era pura y simplemente rescatar a la banca cuando podrían haber rescatado a la gente con mucho menos dinero.

Lo cierto (y esa es la segunda explicación de los tipos negativos) es que la crisis reciente y la desigualdad de los últimos decenios ha debilitado en grado sumo las alternativas de inversión productiva. Aunque ha habido un cierto incremento del crédito, ni éste ha sido todo el que se corresponde con el aumento de la base monetaria que acabo de señalar, ni el suficiente para reactivar la economía. En Europa, la situación es particularmente curiosa al respecto porque las economías que más ahorran (Alemania y Holanda) apenas invierten y son las que generan así la abundancia de fondos ociosos: es decir, ellas mismas provocan los tipos bajos de los que luego se quejan.

La tercera razón que hace que una anomalía como los tipos negativos se mantengan es el predominio de la especulación. En principio y en condiciones normales, a ningún inversor le debería interesar colocar sus fondos a tipos negativos. Pero pueden interesar como apuesta cuando la hacen inversores especulativos tan poderosos que ellos mismos pueden generar tendencias alcistas de las que se aprovechan casi instantáneamente.

Además, con las finanzas patas arriba como están, con la gran incertidumbre dominante y con la ausencia de alternativas productivas rentables, tener el dinero sin utilizar también tiene un coste, de modo que los tipos negativos se explican también porque los inversores siempre preferirán perder un poco que perder más. Sobre todo, como acabo de decir, si se encuentran en medio de una dinámica especulativa permanente.

Por otro lado, las consecuencias de que los tipos de interés sean negativos no son exactamente tan positivas como en principio podría parecer.

Pensar que gracias a que los tipos estén más bajos los sujetos económicos que invierten en actividad real van a demandar más crédito me parece bastante ingenuo porque su demanda de crédito no depende solo de que el crédito sea barato. Solo aumenta cuando hay posibilidades de rentabilizarla y eso sigue muy complicado en la situación tan débil en la que, como he dicho, se encuentra la economía productiva.

Por el contrario, y por las mismas razones, los tipos de interés negativos son un incentivo para que siga aumentando el endeudamiento que tanto dicen querer controlar: el privado con el que se llevan a cabo las operaciones especulativas de todo tipo (las verdaderamente rentables cuando la desigualdad ha debilitado los mercados de bienes y servicios) y el de los gobiernos. Así que, al final, los tipos negativos no hacen sino aumentar la deuda que es el gran negocio de la banca y lo que los banqueros tratan de que crezca, sobre todo, cuando la banca internacional está totalmente quebrada desde hace tiempo y no es sino un zombi al que mantienen artificialmente los gobiernos y los grandes organismos internacionales por todos los medios posibles que tienen a su alcance. Y que son muchos gracias al extraordinario poder político y mediático que han acumulado.

Pero, desde otro punto de vista, los tipos negativos suponen un grave inconveniente para los bancos (aunque aumente su negocio, como acabo de señalar). Para poder mantener sus márgenes y beneficios deben recurrir a otros mecanismos que traen también consecuencias negativas, como la subida de las comisiones, las operaciones de maquillaje para ocultar nuevas pérdidas patrimoniales y los recortes de personal o de sucursales para reducir gastos que, a la postre, terminan limitando su propio éxito comercial. Y si llega a generalizarse que los bancos cobren a los clientes por sus depósitos (como ya está pasando en algunos de ellos) será inevitable que se produzcan retiradas de fondos que darán lugar a que la insolvencia bancaria (que ya es un hecho) se haga indisimulable y patente ante todo el mundo. Y es por eso que los bancos y los economistas que viven de ellos estén promoviendo cada día con más fuerza que se acabe con el dinero metálico, que es el que sus clientes pueden retirar materialmente de sus cuentas y llevarse a sus cajas de caudales.

Otro efecto negativo que tienen los tipos negativos es que cuando el coste de la financiación es menor los inversores lógicamente pueden optar por productos más arriesgados, pues el coste financiero más bajo les compensa la mayor probabilidad de pérdida por el riesgo. Y eso es lo que hace que de la mano de tipos de interés negativos la economía financiera mundial en su conjunto se esté haciendo todavía más volátil y peligrosa.

La pregunta obligada ante todo esto es evidente: si la existencia de tipos de interés negativos tiene estos riesgos o perjuicios ¿por qué los bancos centrales los mantienen así y no los suben cuanto antes?

No es fácil responder en unas pocas líneas a esa pregunta fundamental pero apuntaré algunas hipótesis que a mi juicio pueden explicar la situación.

En primer lugar, porque a los bancos centrales no les queda más remedio que inyectar medios de pago para que las economías no se vengan abajo estrepitosamente. Es verdad que tratar de empujar la economía solo inyectando dinero en los depósitos de los bancos privados en el banco central es casi tan inútil como tratar de empujar un carro con una cuerda (como se ha comprobado en Japón, en donde no se consigue salir de la recesión a pesar de la masiva inyección monetaria). Pero es el único medio que tienen a su alcance cuando:

a) no quieren recurrir a la política fiscal que es más expansiva porque tendrían que renunciar a sus dogmas ideológicos sobre la estabilidad presupuestaria y asumir su efecto redistributivo más evidente para la población.

b) las economías no tienen fuerzas endógenas suficientes para ponerse en marcha con vigor debido (ya lo he señalado) al debilitamiento progresivo de la economía productiva en perjuicio de la basada en la especulación financiera.

c) se niegan, sobre todo, a que la economía se recupere incrementando la masa salarial.

En segundo lugar, recurren a los tipos negativos porque la concentración cada vez mayor de la renta en grupos que solo gastan en consumo una parte muy pequeña de lo que ganan ha debilitado la actividad económica dedicada a producir bienes y servicios y eso se traduce en una deflación (precios a la baja) que tratan de evitar aumentando la masa monetaria. Algo que, sin embargo, apenas van a lograr porque para que subieran los precios el dinero creado por los bancos tendría que ir a la economía y no quedarse en los depósitos o los balances de los bancos privados, tal y como señalé antes.

En tercer lugar, porque, como ya he dicho, gracias a esa masiva creación de dinero aumenta la deuda que es el negocio de la banca, de modo que se permite así que los banqueros sigan ganando cifras fabulosas de dinero a pesar de que sus negocios están materialmente quebrados. Un portentoso juego de manos que los bancos centrales y los banqueros perpetran ante nuestros ojos sin que apenas nadie se dé cuenta del engaño.

Finalmente, hay que tener en cuenta las condiciones en las que se mueven la economía mundial y las finanzas en particular en los últimos años y, sobre todo, tras la crisis. Entre otras, la hipertrofia de la circulación monetaria que ha descompensado cada vez más la relación entre la economía real y las finanzas; la espiral de una deuda extraordinariamente peligrosa y que se ha convertido en un fin en sí mismo porque es el gran negocio de la banca; la especulación generalizada a base de operaciones realizadas en milisegundos; y la desigualdad creciente que debilita la producción de riqueza, el comercio y el negocio productivo. Todas esas condiciones han sido muy exitosas desde el punto de vista de reforzar la ganancia y el poder de los grupos económicos más poderosos, de las elites de todo el planeta pero han dado al traste con el “orden” económico que hasta ahora podía explicar y ayudar a gobernar la “sabiduría” económica convencional dominante. Desde hace un tiempo, y sobre todo tras la crisis como acabo de decir, no tienen ya una guía de acción que les asegure que van a poder gobernar la nave de la macroeconomía sin nuevos y cada vez mayores sobresaltos. Como dijo en su día el expresidente de la Reserva Federal Alan Greenspan, la crisis no solo colapsó la economía sino “nuestra estructura mental”. Ahora, como reconoció hace unos días la actual presidenta de ese organismo, Janet Yellen, la macroeconomía presenta rasgos completamente nuevos antes los cuales sirven de muy poco los instrumentos de expansión y estabilización hasta ahora utilizados. Van a la deriva porque ni saben el efecto de lo que hacen ni lo que tendrían que hacer para salir de dónde nos han llevado sus políticas erróneas anteriores y la codicia de la banca.

En definitiva, los tipos de interés son una anomalía. Desde luego que sí pero no solo eso: son una expresión más del desorden que crea el capitalismo de nuestra época.

Lo que no sabemos es por cuánto tiempo se podrá mantener tanta sinrazón solo a base de concentrar el poder, de exprimir el trabajo ajeno y de aumentar el endeudamiento. Los tipos de interés no pueden ser negativos toda la vida y la deuda no puede seguir creciendo sin explotar así que lo que queda por ver es quién y cómo le pone el cascabel al gato.

Cuba frente al reto del crecimiento y la equidad

 Por Pau Solanilla. EsGlobal

Un calle de La Habana, Cuba. Adalberto Roque/AFP/Getty Images
Un calle de La Habana, Cuba. Adalberto Roque/AFP/Getty Images
La mirada hacia la isla y su potencial futuro tiene que ser amplia, global y estratégica.
Cuba está de moda y vuelve a centrar la atención del mundo político y económico internacional, sobre todo gracias al proceso de deshielo de las relaciones entre EE UU y la isla. Tras los históricos encuentros entre Raúl Castro y Barack Obama, el simbólico viaje del presidente estadounidense a Cuba el 21 de marzo de 2016, o el concierto de los míticos e incombustibles Rolling Stones en La Habana, el país inauguró una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre los otrora enemigos, así como de las relaciones de Cuba con el resto del mundo. El país está en ebullición, y el interés por la perla del Caribese ha multiplicado en los últimos meses. Encontrar hoy cama en un hotel de la isla, ya sea para hacer turismo o para organizar viajes de exploración de negocios, es una misión cada vez más difícil.
¿Qué tiene este pequeño país caribeño que genera recurrentemente tanto interés? Más allá de su historia reciente y de la demostrada resiliencia frente al vecino norteamericano, que hace correr ríos de tinta y agita pasiones a favor y en contra, Cuba está inmersa en un importante proceso de cambio. Por un lado, tiene que acometer el relevo generacional de su dirigencia por motivos biológicos. Los líderes de la Revolución van a dar paso a una nueva generación, que previsiblemente dará paso a una dirección más colegiada que continúe con la tarea de mantener los principios fundamentales del sistema, y quizás, la apertura de nuevos espacios y formas políticas más plurales. Por otro lado, nadie discute en la isla la necesidad de modernizar y actualizar las bases económicas del país, aunque genera un gran debate interno el cuándo y cómo. Un amplio debate que se estructura en torno a los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021, y del que el propio Presidente del país Raúl Castro proclamó ante la Asamblea Nacional el 8 de julio de 2016 la importancia e irreversibilidad de ese proceso: “proseguiremos la actualización de nuestro modelo económico al ritmo que definamos soberanamente, forjando el consenso y la unidad de los cubanos en la construcción del socialismo”. Ya se pueden percibir importantes cambios en los últimos años que están generando nuevas dinámicas internas y externas, aunque no exentas de tensiones y contradicciones, pero Cuba sigue siendo Cuba, y las formas y los tiempos cubanos son los que son.
La isla siempre ha sido un enclave económico de una relevancia inversamente proporcional a su tamaño. Ya en la época colonial, en los siglos XVIII y XIX, Cuba era considerada la “llave del nuevo mundo” y la principal abastecedora de azúcar para el mercado global de la época. El monopolio comercial español era disputado por otras potencias como la inglesa, y posteriormente Estados Unidos. La pérdida en 1898 de las últimas posesiones coloniales españolas de ultramar, y especialmente Cuba, causó un profundo shock en la sociedad española de la época, y está considerado como uno le los periodos más negros de la historia contemporánea de España. Cuba sigue siendo hoy objeto de deseo de propios y extraños, a pesar de que el mercado cubano es relativamente pequeño –algo más de once millones de habitantes–, con una población de bajos ingresos y un crecimiento económico bajo. Según los datos oficiales, 2014 cerró con un crecimiento real del PIB de 1%, con un descenso del 4,2% de la exportación de bienes y servicios y la reducción de ingresos en las exportaciones tradicionales como el azúcar o la exportación de los productos derivados del petróleo, destinados principalmente a los países del ALBA. Aunque los datos de 2015 mostraron, según el Ministerio de Economía, un crecimiento del PIB de un 4%, las previsiones para 2016 anunciaban un crecimiento del 2% que fue rebajado posteriormente por el propio Gobierno cubano al 1%. Una desaceleración provocada principalmente por un contexto económico internacional volátil, y por la crisis de su gran socio comercial, Venezuela, proveedor de crudo a precio reducido y principal cliente de servicios profesionales.
A pesar de la coyuntura económica de la isla y la imperiosa necesidad de modernizar su economía, la mirada hacia la Cuba de hoy y sus posibilidades de futuro debe ser amplia, global y estratégica. El pequeño país caribeño podría convertirse en pocos años en una historia de éxito y generar un círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo si consigue transitar de manera adecuada por el camino de las actualizaciones económicas, según el léxico institucional local. Esa actualización requiere derribar algunos muros, esto es, introducir criterios de eficacia y eficiencia en sus empresas, dar incentivos, autonomía y capacidad de iniciativa en la gestión a los cuadros de sus organismos e instituciones, y remover parte del enorme aparato burocrático estatal que retrasa y desalienta tanto la inversión como el desarrollo del sector de los emprendedores.
La actual estructura productiva cubana se caracteriza por una insuficiencia crónica en muchos sectores económicos, como la producción agropecuaria y agroindustrial, que hace que la isla tenga que importar el 70% de los productos que consume, lo que equivale a unos 2.000 millones de dólares anuales. La baja producción y ausencia de incentivos para los productores agrarios, que tienen que entregar sus productos al Estado a precios preestablecidos, hace poco eficiente el sistema de producción y distribución. La industria azucarera, apenas genera hoy el 0,7% del PIB, cuando en la década de los 50 generaba el 25% del PIB. Por su parte, la industria manufacturera no ha conseguido despegar de un 14,4% del PIB, y otros sectores intensivos en mano de obra y generadores de servicios auxiliares como la construcción apenas contribuyen con un 4,9% del PIB, cuando el país cuenta con un déficit crónico de infraestructuras y viviendas.
Turistas caminan cerca de un póster con los rostros de Raúl Castro y Barack Obama. Yamil Lage/AFP/Getty Images
Turistas caminan cerca de un póster con los rostros de Raúl Castro y Barack Obama. Yamil Lage/AFP/Getty Images
Pero a pesar de todos esos desequilibrios, Cuba tiene unos activos nada despreciables que la hacen única en la región y que pueden constituir una de las pistas de despegue de su economía para los próximos años. Además del sector turístico, verdadera locomotora económica del país, con 3,5 millones de turistas en 2015, los sectores de salud y educación generan respectivamente un 17,1% y 8,3 % del PIB, lo que constituye unas sólidas bases en el terreno del desarrollo humano y sitúa a Cuba en la cuarta posición en América Latina en el Índice de Desarrollo Humano tras Chile, Argentina y Uruguay.
Además, el país tiene un extraordinario potencial en el terreno del capital humano, en el que el ingenio y la creatividad de los cubanos puede predecir un brillante provenir si es capaz de desplegar una estrategia integral en el desarrollo y exportación de servicios profesionales. Entre ellos destacan nuevos nichos de mercado como el outsourcing, que gracias a la digitalización de la economía global, generaría no solo empleo cualificado, sino más ingresos para los trabajadores y para el Estado, el verdadero Talón de Aquiles de la economía cubana. La isla está en disposición de atraer el interés de los inversores extranjeros gracias a un mercado industrial y de consumo casi virgen, una posición geoestratégica envidiable y una población altamente cualificada y formada.
Muchos consideran, sin embargo, que ese proceso no es posible si no se produce un cambio de régimen. No es previsible que el sistema de economía planificada socialista colapse en el corto plazo a pesar de sus problemas, o se abra de forma inmediata a un sistema de mercado libre como conocemos en otras latitudes. El éxito de su nueva transición dependerá en gran medida de su capacidad de generar un círculo virtuoso de crecimiento que genere prosperidad para el pueblo cubano, removiendo las obsoletas bases de un sistema económico de otros tiempos. El país podría transitar hacia un modelo económico actualizado sin renunciar a sus principios fundamentales, esto es, la igualdad y la redistribución de la riqueza, modernizando sus empresas públicas y permitiendo que se libere todo el caudal de creatividad que radica en la isla. Para ello, tiene que modernizar el amplio sector cooperativo del país, permitir y potenciar la emergencia de las pequeñas y medianas empresas y los cuentapropistas con facilidades e instrumentos financieros para su desarrollo.
Hasta la fecha, Cuba tenía restringidos los mecanismos de financiación internacional, pero se ha abierto una nueva ventana de oportunidad con la negociación con el Club de París para la reestructuración de su deuda externa en la que los acreedores aceptaron condonar los intereses acumulados por un valor total de 8.500 millones de dólares. Todo ello, y la colaboración con instituciones financieras como CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, de la que Cuba entrará a formar parte en breve, así como otras instituciones y fondos dispuestos a apoyar el desarrollo económico y social de la isla, pueden permitir al país financiar parte de su modernización y desarrollo económico. Y es que uno de los destinos ineludibles del país caribeño será su incorporación en las instituciones financieras internacionales a medida que se normalicen sus relaciones con EE UU y poder atacar otro de sus grandes retos, la eliminación del actual sistema cambiario que distorsiona su economía.
Las autoridades cubanas han optado por una opción gradual manteniendo la esencia socialista en el modelo económico, pero abriéndose a la inversión extranjera en todos los sectores con excepción de los servicios de salud y educación a la población y de las instituciones de las Fuerzas Armadas. La aprobación de la Ley 118 “Ley para la inversión extranjera” y la publicación de la Cartera de oportunidades de inversión extranjera, promocionada por el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) permite a los inversores entrar en el país en tres formatos diferentes: la empresa mixta, el Contrato de asociación económica internacional, o la Empresa de capital totalmente extranjero, cada una de ellas con interesantes condiciones y concesiones.
Cuba tiene que aprovechar su momentum. De la habilidad de conciliar las dinámicas externas e internas dependerá el éxito de su futuro político, económico y social. Los cubanos quieren y necesitan cambios, pero no quieren un Big Bang que los lleve por un camino de incertidumbre, penurias y conflicto.

domingo, 30 de octubre de 2016

Libro " La Gran Brecha" Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Parte XIV

Por Joseph Stiglizt


LA FARSA DEL LIBRE COMERCIO[31*]


Si bien la Ronda de Doha de negociaciones globales para el Desarrollo de la Organización Mundial del Comercio no ha dado ningún fruto desde que fue puesta en marcha hace ya casi una docena de años, hay otra ronda de conversaciones en ciernes. Sin embargo, esta vez no se celebrará sobre una base global y multilateral; en su lugar, van a negociarse dos enormes acuerdos regionales, uno transpacífico y el otro transatlántico. ¿Existe alguna probabilidad de que las conversaciones inminentes tengan mayor éxito?


La Ronda de Doha fue torpedeada por la negativa de Estados Unidos a eliminar las subvenciones agrícolas, condición sine qua non para cualquier ronda de desarrollo auténtica, dado que el 70 por ciento de los habitantes del mundo en vías de desarrollo dependen directa o indirectamente de la agricultura. La postura estadounidense fue realmente sobrecogedora, dado que la OMC ya había declarado que las subvenciones de nuestro país a la producción algodonera —otorgadas a menos de 25 000 agricultores acaudalados— eran ilegales. La respuesta estadounidense consistió en sobornar a Brasil, que había presentado la protesta, para que no insistiera más sobre el particular, y dejar así tirados a millones de cultivadores pobres de algodón del África subsahariana y de la India, que padecen por la depresión de los precios debido a las dádivas de Estados Unidos para con sus agricultores adinerados.


Dado este reciente historial, ahora parece evidente que las negociaciones destinadas a crear una zona de libre comercio entre Estados Unidos y Europa, y otra entre Estados Unidos y gran parte del Pacífico (salvo China), no tienen nada que ver con el establecimiento de un auténtico sistema de libre comercio. Al contrario, el objetivo es un régimen de comercio controlado, es decir, controlado de manera que sirva a los grupos de interés que dominan la política comercial en Occidente desde hace largo tiempo.


Esperemos que quienes participen en los debates se tomen muy en serio algunos principios fundamentales. En primer lugar, todo acuerdo comercial tiene que ser simétrico. Si, como parte del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP), Estados Unidos exige a Japón que elimine sus subvenciones a la producción de arroz, Estados Unidos no sólo debería ofrecerse, a su vez, a eliminar sus subvenciones a la producción (y el riego) de arroz (que en Estados Unidos es un cultivo de poca importancia relativamente), sino también a la de otros productos agrícolas.


En segundo lugar, ningún acuerdo comercial debería de anteponer los intereses comerciales a los intereses nacionales generales, y menos cuando están en juego cuestiones no relacionadas con el comercio, como la regulación financiera y la propiedad industrial. El acuerdo comercial de Estados Unidos con Chile, por ejemplo, impide que este último país utilice controles de capitales, a pesar de que el Fondo Monetario Internacional reconoce en la actualidad que los controles de capital pueden ser un importante instrumento de una política macroprudencial.


Otros acuerdos comerciales también han hecho hincapié en la liberalización financiera y la desregulación, pese a que la crisis de 2008 tendría que habernos enseñado que la ausencia de una buena regulación puede poner en peligro la prosperidad económica. La industria farmacéutica estadounidense, que tiene una considerable influencia sobre la oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), ha logrado imponer a otros países un régimen de propiedad industrial desequilibrado que, diseñado para oponerse a los medicamentos genéricos, antepone los beneficios a salvar vidas. Hasta el Tribunal Supremo estadounidense ha reconocido ahora que la Oficina de Patentes de Estados Unidos fue demasiado lejos al conceder patentes sobre genes.


Por último, tiene que haber un compromiso con la transparencia. No obstante, a aquellos que participan en estas negociaciones comerciales habría que advertirles de que Estados Unidos está comprometido con la ausencia de transparencia. El USTR se ha mostrado reacio a revelar su posición negociadora incluso a los miembros del Congreso estadounidenses; y a la vista de lo que se ha filtrado, se entiende por qué. El USTR está retrocediendo en cuestiones de principios —por ejemplo, el acceso a los medicamentos genéricos— que el Congreso había incluido en acuerdos comerciales previos, como el que se firmó con Perú.

En el caso del TPP, existe una inquietud añadida. Asia ha establecido una cadena de suministros eficiente, por la que los bienes fluyen fácilmente de un país a otro en el proceso de producción de los bienes acabados. Ahora bien, el TPP podría representar un obstáculo si China sigue permaneciendo al margen.


En gran medida, ahora que los aranceles formales son tan bajos, los negociadores concentrarán su atención en barreras no arancelarias, tales como las barreras reguladoras. Ahora bien, con casi toda seguridad, el USTR —que representa a los intereses empresariales— presionará a favor del mínimo común denominador, nivelando hacia abajo antes que hacia arriba. Por ejemplo, muchos países tienen cláusulas fiscales y reguladoras que desalientan la importación de vehículos grandes, no porque intenten discriminar a los bienes estadounidenses, sino porque les preocupa la contaminación y la eficiencia energética.


La cuestión más general, a la que antes aludí, es que los acuerdos comerciales suelen anteponer los intereses comerciales a otros valores, como el derecho a una vida saludable y la protección del medio ambiente, por no mencionar más que dos. Francia, por ejemplo, quiere que exista una «excepción cultural» en los acuerdos comerciales que le permita seguir apoyando sus largometrajes, cosa que beneficia al mundo entero. Estos y otros valores más fundamentales deberían ser innegociables.


Es más, la ironía reside en que los beneficios sociales de tales subvenciones son enormes, mientras que los costes son insignificantes. ¿De verdad cree alguien que una película artística francesa representa una seria amenaza para un éxito de taquilla veraniega hollywoodiense? Y aun así, la codicia de Hollywood no tiene límites, y los negociadores comerciales estadounidenses no dan cuartel. Por eso son precisamente esas condiciones las que deberían retirarse de la mesa antes de que comiencen las negociaciones. De lo contrario, habrá que presionar y seducir, y existirá el riesgo de que un acuerdo sacrifique los valores fundamentales a los intereses comerciales.


Si los negociadores creasen un auténtico régimen de libre comercio que antepusiese el interés público a todo lo demás, y en el que los puntos de vista de los ciudadanos de a pie tuvieran al menos tanto peso como el de los grupos de presión de las grandes empresas, puede que yo me sintiera optimista pensando que lo que iba a salir de ahí fortalecería la economía y aumentaría el bienestar social. La realidad, sin embargo, es que tenemos un régimen comercial controlado que antepone los intereses empresariales, y un proceso negociador antidemocrático y nada transparente.


La probabilidad de que lo que surja de las conversaciones inminentes esté al servicio de los intereses de los estadounidenses normales y corrientes es escasa, y las perspectivas de los ciudadanos normales y corrientes de otros países son todavía más negras.



CÓMO LA PROPIEDAD INDUSTRIAL REAFIRMA LA DESIGUALDAD[32*]


En la lucha contra la desigualdad estamos tan acostumbrados a las malas noticias que cuando sucede algo positivo prácticamente nos quedamos de piedra. Y después de que el Tribunal Supremo afirmase que los ricos y las grandes empresas tienen el derecho constitucional a comprar las elecciones estadounidenses, ¿quién habría imaginado que fuera a darnos una alegría? No obstante, una decisión tomada durante el mandato que acaba de expirar aportó a los estadounidenses de a pie algo más valioso que el mero dinero: el derecho a vivir.


A primera vista, el caso de la Asociación para la Patología Molecular contra Myriad Genetics podría parecer un arcano científico: el tribunal dictaminó unánimemente que los genes humanos no se pueden patentar, pese a que el ADN sintético creado en laboratorios sí. Ahora bien, lo que realmente estaba en juego era mucho más, y se trataba de cuestiones más fundamentales de lo que suele pensarse. Este caso fue una batalla entre quienes querrían privatizar la buena salud y convertirla en un privilegio del que disfrutar en proporción a la fortuna de cada cual, y quienes la consideran como un derecho de todo el mundo, así como un componente central de una sociedad justa y de una economía que funcione bien. Si profundizamos todavía más, versaba en torno al modo en que la desigualdad está incidiendo en nuestra política, en nuestras instituciones legales y en la salud de nuestra población.


A diferencia de las enconadas batallas entre Samsung y Apple, en las que los árbitros (los tribunales estadounidenses) favorecen sistemáticamente al equipo local a la vez que fingen una postura equilibrada, este caso fue algo más que una simple batalla entre gigantes empresariales. Es una lente a través de la cual podemos constatar los efectos perniciosos y duraderos de la desigualdad, qué aspecto presenta una victoria sobre la conducta empresarial egoísta y, no menos importante, cuánto seguimos corriendo el riesgo de perder en tales batallas.


Por supuesto, el tribunal y las partes no presentaron así las cosas en el transcurso de sus argumentaciones y sus decisiones. Una compañía de Utah, Myriad Genetics, ha aislado dos genes humanos, BRCA1 y BRCA2, que pueden contener mutaciones que predispongan a las mujeres portadoras de los mismos a padecer cáncer de mama, dato que resulta fundamental para la detección y la prevención tempranas. La compañía había conseguido obtener patentes de los genes. La «propiedad» de los genes le daba el derecho a impedir a otros realizar pruebas con ellos. La pregunta fundamental parecía ser técnica: ¿pueden patentarse genes aislados producidos de forma natural?


Ahora bien, las patentes tenían implicaciones devastadoras en el mundo real, porque mantenían artificialmente elevados los precios de los diagnósticos. Se pueden administrar pruebas para genes a bajo precio; de hecho, una persona puede hacerse secuenciar sus 20 000 genes por unos mil dólares, por no hablar de pruebas mucho más baratas para un montón de patologías específicas. Myriad, sin embargo, cobraba cuatro mil dólares por pruebas exhaustivas en sólo dos genes. Los científicos han dicho que las pruebas de Myriad no tenían nada de inherentemente especial o superior: sencillamente realizaba pruebas para encontrar genes de los que la compañía decía ser propietaria, y lo hacía recurriendo a información no disponible para otros debido a las patentes.


Horas después de que el Tribunal Supremo fallase a favor de los demandantes —un grupo de universidades, investigadores y defensores de los pacientes, representados por la American Civil Liberties Union y la Public Patent Foundation— otros laboratorios no tardaron en anunciar que ellos también iban a empezar a ofrecer pruebas para detectar los genes del cáncer de mama, e hicieron hincapié en el hecho de que la «innovación» de Myriad identificaba genes ya existentes en lugar de desarrollar una prueba para ellos. (Myriad aún no ha tirado la toalla, sin embargo, y este mes ha presentado dos nuevas demandas que pretenden impedir que las compañías Ambry Genetics y Gene by Gene administren sus pruebas BRCA, aduciendo que violan otras patentes que son propiedad de Myriad).


A nadie debería extrañarle mucho que Myriad hiciera todo lo que estaba en su mano para impedir que los ingresos generados por sus pruebas tuvieran que enfrentarse a la competencia; es más, después de recuperarse de un descenso del 30 por ciento tras la sentencia del tribunal, el precio de sus acciones sigue estando casi un 20 por ciento por debajo del que tenían antes. Era propietaria de los genes y no quería que nadie pusiera las manos encima de su propiedad. Al obtener la patente, a Myriad, como a la mayoría de grandes empresas, parecía motivarle más maximizar beneficios que salvar vidas; si de veras le importaban estas últimas, podría y debería de haberlo hecho mejor, ofreciendo pruebas a un coste menor y animando a otros a elaborar pruebas mejores, más precisas y más baratas. Como cabía esperar, hizo prolijas alegaciones argumentando que sus patentes —que permitían precios de monopolio y prácticas de exclusión— eran fundamentales para incentivar investigaciones futuras. Ahora bien, cuando el efecto devastador de sus patentes quedó de manifiesto y siguió mostrándose inflexible en lo relativo a ejercer todos sus derechos de monopolio, sus pretensiones de interesarse por el bien común resultaron penosamente poco convincentes.


La industria farmacéutica, como siempre, sostuvo que sin la protección de las patentes no habría incentivos para la investigación y todo el mundo sufriría. Yo presenté una declaración pericial pro bono ante el tribunal, explicando por qué los argumentos de la industria eran falsos, y por qué esta y otras patentes similares en realidad obstaculizaban la investigación en lugar de fomentarla. Otros grupos que se presentaron como amicus curiae para apoyar a los demandantes, como AARP, señalaron que las patentes de Myriad impedían a los pacientes obtener segundas opiniones y pruebas confirmatorias. Recientemente, Myriad se comprometió a no bloquear dichas pruebas, compromiso que adquirió a la vez que presentaba demandas contra Ambry Genetics y Gene by Gene.


Myriad se negó a hacerles las pruebas a dos mujeres demandantes rechazando sus seguros de Medicaid, según ellas, porque el reembolso habría sido demasiado bajo. Otras mujeres, después de una ronda de pruebas con Myriad, tuvieron que tomar decisiones angustiosas sobre si hacerse una mastectomía sencilla o doble, o extirparse los ovarios, con una información muy deficiente, ya que o bien las pruebas de Myriad para mutaciones BRCA adicionales eran inasequibles (Myriad cobra setecientos dólares extra por información que las directivas nacionales dicen que debería proporcionárseles a los pacientes) o porque fue imposible obtener segundas opiniones a causa de las patentes de Myriad.


La buena noticia que nos dio el Tribunal Supremo era que en Estados Unidos los genes no se podían patentar. En cierto modo, el tribunal devolvió a las mujeres algo de lo que pensaban que ya creían ser dueñas. La sentencia tenía dos enormes implicaciones prácticas: una era que significaba que ahora se podía competir para desarrollar pruebas mejores, más precisas y menos prohibitivas sobre el gen. Una vez más, podíamos tener mercados en competencia que impulsaran la innovación. Y la segunda era que las mujeres tendrían una oportunidad más igualitaria de vivir (en este caso, de vencer el cáncer de mama).


Ahora bien, por importante que sea una victoria semejante, en última instancia no es más que una nimiedad en un panorama global de la propiedad industrial que está moldeado sobre todo por los intereses de las grandes empresas, por lo general estadounidenses. Y Estados Unidos ha intentado imponer su régimen de propiedad industrial a otros países, a través de la Organización Mundial del Comercio y otros regímenes comerciales bilaterales y multilaterales. Lo está haciendo ahora en el transcurso de las negociaciones como parte del llamado Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica. Se supone que los acuerdos comerciales son un importante instrumento diplomático: una integración comercial más estrecha también estrecha lazos en otros ámbitos. Ahora bien, los intentos de la oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos para persuadir a otros de que, en efecto, los beneficios empresariales son más importantes que las vidas humanas, socavan la postura internacional de nuestro país: en todo caso, refuerza el estereotipo del estadounidense insensible.


El poder económico suele tener más peso, sin embargo, que los valores morales, y en muchos casos en los que los intereses empresariales estadounidenses prevalecen en materia de derechos de propiedad intelectual, nuestras políticas contribuyen a incrementar la desigualdad en el extranjero. En la mayoría de países pasa en gran medida lo mismo que en Estados Unidos: las vidas de los pobres se sacrifican en el altar de los beneficios empresariales. Pero incluso en aquellos en los que —es un suponer— el Estado ofrecería una prueba como la de Myriad a precios asequibles para todos, existe un coste: cuando un Estado paga precios de monopolio por una prueba médica, invierte dinero que podría gastarse en otras partidas de sanidad destinadas a salvar vidas.


El caso Myriad fue la encarnación de tres de los mensajes fundamentales de mi libro El precio de la desigualdad. En primer lugar, sostuve que la desigualdad social no era sólo el resultado de las leyes de la economía, sino también de cómo damos forma a la economía a través de la política, lo que abarca prácticamente todos los aspectos de nuestro sistema legal. En este caso, es nuestro régimen de propiedad industrial el que contribuye sin necesidad a la forma más grave de desigualdad. El derecho a la vida no debería depender de la solvencia.


El segundo es que algunos de los aspectos más inicuos de la generación de desigualdad en el marco de nuestro sistema económico son consecuencia de la captación de rentas: beneficios y desigualdad generados mediante la manipulación de las condiciones sociales o políticas para obtener una porción mayor de la tarta económica en lugar de incrementar el tamaño de dicha tarta. Y el aspecto más inicuo de esta apropiación de riqueza se presenta cuando la riqueza que asciende a la cima de la pirámide social lo hace a expensas de la base. Las iniciativas de Myriad cumplían estas dos condiciones: los beneficios que la empresa obtuvo cobrando por su prueba no añadían nada al tamaño y el dinamismo de la economía, y al mismo tiempo disminuían el bienestar de aquellos que no se la podían permitir.


Mientras que todos los asegurados contribuyeron a los beneficios de Myriad (para compensar el precio de sus tarifas las pólizas tuvieron que aumentar, y millones de estadounidenses no asegurados de ingresos medios que tenían que pagar los precios de monopolio de Myriad tuvieron que poner todavía más de su bolsillo si optaban por hacerse la prueba) fueron los no asegurados de la base de la pirámide social los que pagaron el precio más alto. Sin poder permitirse el test, se enfrentaban a un riesgo de muerte prematura más elevado.


Los defensores de una legislación más dura sobre los derechos de propiedad industrial dicen que no se trata más que del precio que hay que pagar para obtener innovaciones que, a largo plazo, salvarán vidas. Se trata de un quid pro quo: las vidas de unas mujeres relativamente pobres hoy frente a las vidas de muchas más mujeres en algún momento del futuro. Ahora bien, esta afirmación es errónea desde muchos puntos de vista. En este caso concreto lo es especialmente, porque es probable que los dos genes hubieran sido aislados («descubiertos», según la terminología de Myriad) pronto de todas formas, como parte del Proyecto del Genoma Humano. Además, también es errónea en lo que concierne a este particular. Los investigadores genéticos han argumentado que en realidad la patente impedía desarrollar otras pruebas mejores, y por consiguiente obstaculizaba el avance de la ciencia. Todo conocimiento se basa en conocimientos previos, y cuando se hace menos disponible el conocimiento previo, se impide la innovación. El propio descubrimiento de Myriad —como cualquier otro en el ámbito de la ciencia— utilizaba tecnologías e ideas desarrolladas por otros. De no haber estado ese conocimiento disponible públicamente, Myriad no podría haber hecho lo que hizo.


Y ese es el tercer tema principal. Titulé mi libro como lo hice para subrayar que la desigualdad no sólo es moralmente repugnante sino que también tiene costes materiales. Cuando el régimen legal que rige los derechos de propiedad industrial está mal diseñado, facilita la búsqueda de rentas, y el nuestro lo está, aunque este y otros fallos recientes del Tribunal Supremo han desembocado en un régimen mejor de lo que sería en caso contrario. Y el resultado es que en la práctica hay menos innovación y más desigualdad.


Es más, uno de los descubrimientos importantes de Robert W. Fogel —historiador de la economía y premio Nobel que falleció el mes pasado— fue que la sinergia entre las mejoras en el estado de salud de la población y la tecnología explica en gran medida el explosivo crecimiento económico que se produjo a partir del siglo XIX en adelante. Así pues, parece lógico concluir que los regímenes de propiedad industrial creadores de rentas monopolistas que impiden el acceso a la salud no sólo generan desigualdad sino que también obstaculizan el crecimiento.


Existen alternativas. Los defensores de los derechos de propiedad industrial han exagerado el papel desempeñado por estos a la hora de fomentar la innovación. La mayoría de las innovaciones fundamentales —desde las ideas básicas en que se basan los ordenadores hasta los transistores, los láseres, el descubrimiento del ADN— no estuvieron motivadas por el beneficio pecuniario, sino por la búsqueda del conocimiento. Por supuesto, para eso hay que liberar recursos. Sin embargo, el sistema de patentes sólo es una manera, y con frecuencia no la mejor, de proporcionar esos recursos. La investigación financiada por el Estado, las fundaciones y el sistema de premios (que ofrece un premio a cualquiera que haga un descubrimiento y luego pone ese conocimiento a disposición general, empleando el poder del mercado para cosechar los beneficios) son alternativas que tienen grandes ventajas, pero sin las desventajas generadoras de mayor desigualdad del sistema actual de derechos de propiedad industrial.


La tentativa de Myriad de patentar el ADN humano fue una de las peores manifestaciones de desigualdad en el acceso a la salud, que a su vez es una de las peores manifestaciones de la desigualdad económica del país. Que la decisión judicial defendiera nuestros preciados derechos y valores merece un suspiro de alivio. Ahora bien, no es más que una victoria aislada en el marco, más amplio, de la lucha por una sociedad y una economía más igualitarias.



La patente prudencia de la decisión de la India

LA PATENTE PRUDENCIA DE LA DECISIÓN DE LA INDIA[33*]
(escrito en coautoría con Arjun Jayadev)


La negativa del Tribunal Supremo de la India a defender la patente de Gleevec, el exitoso fármaco contra el cáncer desarrollado por el gigante farmacéutico suizo Novartis, es una buena noticia para muchas personas de ese país que padecen cáncer. Si otros países en vías de desarrollo siguieran el ejemplo de la India, también sería una buena noticia en otras partes: se podrían dedicar más fondos a otras necesidades, ya fuese para combatir el sida, ofrecer oportunidades educativas o realizar inversiones que fomenten el crecimiento y reduzcan la pobreza.


No obstante, la decisión india también se traducirá en menos dinero para las grandes empresas farmacéuticas internacionales. Apenas cabe sorprenderse de que esto haya desembocado en una reacción ansiosa por parte de esas empresas y sus grupos de presión. El fallo, alegan, destruye el incentivo para innovar, y por tanto asestará un grave golpe a la salud pública a escala global.


Estas afirmaciones son sumamente exageradas. Tanto desde el punto de vista económico como desde el de la política social, la decisión del tribunal indio es sensata. Además, sólo se trata de un esfuerzo localizado para reequilibrar un régimen de propiedad industrial global muy escorado hacia los intereses farmacéuticos a expensas del bienestar social. Más aún, entre los economistas existe un consenso cada vez mayor en el sentido de que en realidad el actual régimen de propiedad industrial asfixia la innovación.


Hace mucho tiempo que el impacto de una firme protección de la propiedad industrial sobre el bienestar social se considera ambiguo. La promesa de derechos de monopolio puede estimular la innovación (aunque los descubrimientos más importantes, como el del ADN, suelen producirse en universidades y laboratorios de investigación financiados por el Estado, y dependen de otra clase de incentivos). Sin embargo, a menudo eso conlleva importantes costes: unos precios más elevados para los consumidores, el efecto desalentador sobre ulteriores procesos de innovación que tiene restringir el acceso al conocimiento y —en el caso de fármacos destinados a situaciones de vida o muerte— la muerte de todos aquellos que no sean capaces de costearse las innovaciones que podrían haberlos salvado.


El peso otorgado a cada uno de estos factores depende de las circunstancias y las prioridades, y debería variar en función de los países y de los momentos. En las primeras etapas de su desarrollo, los países industriales avanzados se beneficiaron de un crecimiento económico más veloz y de un bienestar social mayor adoptando una protección de la propiedad industrial más laxa de la que se exige hoy en día a los países en vías de desarrollo. Incluso en Estados Unidos, existe una inquietud cada vez mayor de que las llamadas «emboscadas de patentes»[34*] y «patentes yo también» —así como la maraña pura y dura de patentes en las que es probable que se vea envuelta cualquier innovación a través de las reclamaciones de propiedad industrial de terceros— estén desviando recursos de investigación escasos de los usos más productivos.


La India no representa más que entre el 1 y el 2 por ciento del mercado farmacéutico mundial. No obstante, debido a su dinámica industria de genéricos y su disposición a desafiar las cláusulas de las patentes, tanto en el interior como en sus jurisdicciones extranjeras, hace mucho tiempo que ocupa un lugar central en las luchas en torno a la ampliación de los derechos de propiedad industrial globales de las empresas farmacéuticas.


La revocación de la protección de patentes para las medicinas aprobada en 1972 amplió enormemente el acceso a medicamentos fundamentales y desembocó en el desarrollo de una industria farmacéutica nacional globalmente competitiva a menudo denominada «la farmacia del mundo en vías de desarrollo». Por ejemplo, la producción de fármacos antirretrovirales por parte de fabricantes de genéricos indios como Cipla ha reducido el coste del tratamiento del sida en el África subsahariana a sólo un 1 por ciento de lo que representaba hace una década. Gran parte de esta valiosa capacidad global se edificó bajo un régimen de escasa —de hecho, inexistente— protección de las patentes farmacéuticas. Sin embargo, ahora la India está obligada por el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y ha revisado su legislación sobre patentes en consecuencia, lo que ha generado una extensa angustia en el mundo en vías de desarrollo en torno a las implicaciones para el suministro global de medicinas asequibles.


En efecto, el fallo judicial en el caso Gleevec sigue sin suponer más que un pequeño revés para las farmacéuticas occidentales. A lo largo de las dos últimas décadas, los grupos de presión se han esforzado por armonizar y reforzar un régimen de propiedad industrial mucho más estricto y aplicable a escala global. En consecuencia, en la actualidad existen a disposición de las compañías farmacéuticas muchas legislaciones de protección que se solapan, y que a la mayoría de países en vías de desarrollo les resulta muy difícil impugnar, además de oponer a menudo sus obligaciones globales con sus obligaciones domésticas de proteger las vidas y la salud de sus ciudadanos.


Según el Tribunal Supremo de la India, su ley de patentes enmendada sigue haciendo mayor hincapié en objetivos sociales que Estados Unidos y otras naciones: los criterios de no obviedad y novedad requeridos para obtener una patente son más estrictos (especialmente las referidas a medicamentos) y no se permite la «perennización» de las patentes existentes, es decir, la protección de patentes de cara a innovaciones graduales sucesivas. Así pues, el tribunal ha reafirmado el compromiso prioritario de la India con la protección de las vidas y la salud de sus ciudadanos.


El fallo también subrayó un aspecto importante: pese a sus graves limitaciones, el acuerdo ADPIC sí contiene algunas salvaguardias (raramente utilizadas) que ofrecen a los países en vías de desarrollo cierto grado de flexibilidad para limitar la protección de patentes. De ahí que desde su entrada en vigor la industria farmacéutica, Estados Unidos y otros hayan presionado a favor de un conjunto de normas más amplio y más vinculante a través de acuerdos adicionales. Tales acuerdos limitarían, por ejemplo, la oposición a las aplicaciones de las patentes; prohibirían a las autoridades reguladoras nacionales aprobar medicamentos genéricos hasta que las patentes hubieran expirado; mantendrían la exclusividad de la información, y por consiguiente retrasarían la aprobación de fármacos biogenéricos; y requerirían nuevas formas de protección, como las medidas contra la falsificación.


El argumento de que el fallo indio socava los derechos de propiedad resulta curiosamente incongruente. Uno de los fundamentos institucionales decisivos para la defensa de los derechos de propiedad es un sistema judicial independiente. El Tribunal Supremo de la India ha demostrado su independencia, y también que interpreta fielmente las leyes y que no sucumbe fácilmente ante los intereses de las multinacionales. Ahora le toca al Estado indio emplear las salvaguardas del acuerdo ADPIC para garantizar que el régimen de propiedad industrial del país fomente tanto la innovación como la salud pública.


Globalmente, existe un reconocimiento cada vez más amplio de la necesidad de un régimen de propiedad industrial cada vez más equilibrado. Ahora bien, la industria farmacéutica, en un intento de consolidar sus beneficios, ha estado presionando a favor de un régimen de propiedad industrial aún más restrictivo y desequilibrado. Los Estados que estén planteándose aprobar acuerdos como el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica, o acuerdos «bilaterales» en calidad de socios de Estados Unidos y Europa, tienen que ser conscientes de que uno de los objetivos ocultos es este. Aquello que se vende como «acuerdos de libre comercio» contiene cláusulas de propiedad industrial que podrían eliminar el acceso a medicamentos asequibles, lo que tendría unas consecuencias potencialmente significativas sobre el crecimiento económico y el desarrollo.

[27]           Danielle Allen, Our Declaration: A Reading of the Declaration of Independence in Defense of Equality, Nueva York, Liveright, 2014. <<

[28]           No es del todo cierto. En algunos estados de Estados Unidos, los delincuentes convictos pierden su derecho al voto, una cláusula poco habitual en las democracias. <<

[29]       Ver «Income Inequality in the United States, 1913-1998» con Thomas Piketty, Quarterly Journal of Economics 118, núm. 1 (2003), 1-39. Hay una versión más larga y actualizada,

publicada en A. B. Atkinson y T. Piketty (eds.), Top Incomes over the Twentieth Century Oxford, Oxford University Press, 2007. Los cuadros y las cifras actualizados hasta 2012 en formato Excel en septiembre de 2013 y otros materiales relacionados están disponibles en eml.berkeley.edu<<

[34]           Publicado originalmente con el título de «Complacencia en un mundo sin líderes», Project Syndicate, 6 de febrero de 2013. <<


[35]           Para un análisis de este aspecto, ver George Soros, El nuevo paradigma de los mercados financieros: para entender la crisis actual, Madrid, Taurus, 2008. <<


[36]           Ver Joan Robinson, The Economics of Imperfect Competition, Londres, Macmillan, 1933, y Paul Sweezy, The Theory of Capitalist Development, Londres, D. Dobson, 1946. <<


[37]   Entre mis obras teóricas sobre este tema están «Approaches to the Economics of Discrimination», American Economic Review 62, núm. 2 (mayo 1973), 287-295, y «Theories of Discrimination and Economic Policy», en Patterns of Racial Discrimination, ed. de G. von Furstenberg et al., Lexington, Massachusetts, Lexington Books, 1974, pp. 5-26. Los trabajos con Andy Weiss establecieron las bases teóricas de la práctica de las líneas rojas, la costumbre de los bancos de negar préstamos a quienes viven en ciertos lugares. Ver J. E. Stiglitz y A. Weiss, «Credit Rationing in Markets with Imperfect Information», American Economic Review 71, núm. 3 (junio 1981), 393-410. La obra esencial que propuso la perspectiva alternativa, es decir, que las fuerzas del mercado lucharían contra la discriminación, fue la del difunto economista y premio Nobel Gary Becker, en su libro The Economics of Discrimination, 2.ª ed., Chicago, University of Chicago Press, 1971. Como es natural, mi artículo le molestó y me envió un correo electrónico para decírmelo. <<


Continuará