Esperar obtener impactos positivos masivos e inmediatos de la “Tarea Ordenamiento” sería ignorar la realidad bajo la cual se lleva a cabo.
Por Dr.C Juan Triana Cordoví, OnCuba
en Contrapesos
Hacer una encuesta para tomar el pulso de la opinión pública sobre un programa de ajuste estructural que incluye aspectos tales como unificación monetaria, unificación cambiaria, devaluación, reforma de precios y reforma de salarios es, sin dudas, algo relevante.
Hacerlo, además, cuando ese programa de ajuste estructural se lleva a cabo en Cuba en una situación tremendamente comprometida, habla de determinación. Podemos sintetizar la actual situación de la economía cubana con términos como economía en decrecimiento, seriamente comprometida en términos fiscales, convaleciente de una estructura del empleo que para nada contribuye al crecimiento deseado con una reducción sistemática del empleo en el sector estatal, con una situación crítica en su balanza de pagos y un déficit secular de su balance de bienes; una que ha visto reducidas, de forma significativa, dos de sus principales fuentes de ingresos externos: los arribos de turistas y las remesas; una que viene, además, padeciendo el incesante desabastecimiento desde mucho antes incluso del último de los anuncios sobre el comienzo de la “unificación” y un sistema de precios que estaba lejos de “ayudar” al propósito de la eficiencia, la productividad y la innovación, y con muy poco acceso a crédito internacional.
No he mencionado con todo propósito ni el bloqueo económico en su versión trumpista, ni la pandemia de la COVID-19, ni la debilidad de la economía mundial, pues con solo atender la situación interna descrita antes, ya es más que suficiente.
Los resultados,1 aun cuando esperados por muchos, son sin dudas aleccionadores, tanto para los que han asumido la enorme responsabilidad de diseñar e implementar como también para otros que, en una posición relativamente más cómoda, tenemos la ventaja de “ver los toros desde la barrera” en el papel de economistas dedicados a estudiar estos procesos.
Sin dudas vale mucho haber hecho esta encuesta, incluso sugiero repetirla dentro de tres meses, de la misma forma que sugiero publicar no solo el análisis de los resultados, sino los resultados tal cual se obtuvieron. Sugiero, además, cuando se repita, que se capten algunos datos que pudieran ser relevantes a la hora de analizar dichos resultados y, en especial, de tomar decisiones. Ellos son:
- Sector donde trabaja el participante en la encuesta: estatal presupuestado, estatal empresarial, sector privado, sector cooperativo, empresas extranjeras.
- Lugar de residencia.
La importancia de considerar estos aspectos recae en que justamente las percepciones son diferentes desde distintas posiciones, y los impactos de las medidas sobre los encuestados dependen de a lo que se dedique cada cual y el lugar donde vive. Pero la encuesta vale.
De los resultados a los que pude tener acceso para nada sorprende que la mayoría de los encuestados hayan considerado el ordenamiento como necesario. Los problemas que ha padecido la economía nacional no dejaban mucho margen para otra cosa. La evidencia, tanto en la vida cotidiana del cubano común, como aquella otra que los propios datos producían desde hacía ya décadas, apuntaban de modo incuestionable a ello.
Que junto a las distorsiones que se hicieron evidentes, el crecimiento del empleo y de las personas en su búsqueda se cuenten como logros, es también lógico y parte del efecto esperado. Que salarios y precios concentren las mayores insatisfacciones tampoco es noticia y, con excepción de aquellos que en algún momento pensaron que todo saldría según lo planeado y podría hacerse en ambiente controlado, ignorando que hay leyes objetivas también para la economía y que estas se cumplen aun cuando se ignoren, la evidencia ha demostrado, una vez más, que la economía está integrada por vasos comunicantes y que sus resultados casi nunca se manifiestan como una suma aritmética de números reales, sino como una operación de números complejos o de conjuntos difusos.
Para nada se discute que, dada la situación tan específica de la economía cubana, con una restricción de oferta tan fuerte (tanto por la debilidad del sistema productivo nacional, como por la disminución de las importaciones), resulte necesaria la intervención del Estado en precios decisivos.
Lo que no parece probable es que esa intervención logre frenar significativamente el proceso inflacionario2 que “naturalmente” la devaluación ya produjo y producirá, y el que la inelasticidad de la oferta fomenta día tras día. Lo que sí parece probable es que extender esa intervención más allá de lo debido prolongará o hará mayores esas mismas distorsiones que se desean eliminar con la devaluación, tal cual afirma el economista Pavel Vidal en un reciente artículo.
Hablamos de una inflación que ya se venía produciendo en el país desde mucho antes (al menos 18 meses desde aquel anuncio de “precios topados” en los mercados agropecuarios que nos ha traído hasta aquí), y que se ha visto reforzada por la creciente dolarización parcial de la economía (que no solo debe asociarse a la existencia de tiendas para la venta en Moneda Libremente Convertible (MLC) de bienes de consumo, sino también a la existencia de un circuito en MLC para las empresas estatales y para la importación de las formas no estatales), junto a la relativa escasez de la oferta de dólares que ya ha llevado la tasa de cambio en el mercado informal hasta los 45 y 50 pesos cubanos por dólar.
Del salario se podrán hacer muchos nuevos estudios, en particular a partir de las escalas coherentes con lo definido en los ejes estratégicos de desarrollo del país, específicamente con dos de ellos: la transformación productiva e inserción internacional y el potencial humano, la ciencia y la innovación.
Pero, pensando en el corto plazo, lo cierto es que los incrementos en los precios de casi todos los bienes, la expansión de un mercado informal incluso de viandas y vegetales (debido a la reducción de la concurrencia, de la escasez, de cambios sustanciales en los costos por el incremento del precio de los insumos, y del manejo administrado de los precios); así como el crecimiento de las tarifas en algunos servicios indispensables, han generado la percepción, sustentada en la evidencia del día a día, de que la mejora del salario real no ha sido tal, aun con todo el esfuerzo hecho y la voluntad política de evitarlo y el hecho de que la inflación puede “comerse” aquellos incrementos, sobre todo si el incremento de precios ronda números cercanos a la estimación hecha por Pavel Vidal.
Esperar obtener impactos positivos masivos e inmediatos de este profundo proceso de ajuste estructural llamado “Tarea Ordenamiento” sería, de una parte, ignorar la realidad bajo la cual se lleva a cabo, y de otra, desconocer la historia de procesos parecidos ocurridos en otras latitudes y longitudes; así como la situación de partida de nuestra economía. Más allá de sus aciertos y desaciertos estos procesos son costosos, en especial en lo inmediato.
No será en el corto plazo que se podrán observar la mayoría de esos efectos positivos buscados, y este es uno de los más grandes retos de la conducción de la reforma, porque los seres humanos vivimos todos los días en el corto plazo. Así pues, encontrar recursos para lograr mejoras con la mayor inmediatez posible es, a la vez que un asunto de mucha urgencia, también uno de carácter estratégico.
Sin dudas mirar hacia adentro buscando cuantos más espacios de eficiencia quedan aún es de lo primero y primordial pero dada una determinada dotación de recursos, las reservas de eficiencia tienen un límite.
En este sentido, hay también que promover esa búsqueda incentivando la competencia entre todos los agentes y formas de propiedad en el país. Reservar espacios monopólicos para “determinadas” empresas no parece ser el mejor de los caminos, como tampoco lo es aferrarse a viejos esquemas como el de la “gastronomía popular” y el “comercio minorista estatal”, que tan lejos están de satisfacer en cantidad y calidad la demanda.
Entonces, ¿a qué fuentes podría acudirse en el corto plazo? Con la excepción de lo que pueda ocurrir con los candidatos vacunales cubanos contra la Covid-19, no parece que en el corto plazo pueda lograrse un salto decisivo en el comercio exterior de bienes. Ni el azúcar de caña, ni el ron, ni el tabaco, ni el níquel, parecen poder dar un salto de la magnitud que se necesita. En los servicios tampoco es posible esperar incrementos positivos sustanciales. Ni el turismo, ni los servicios médicos, ni la telefonía parecen poder lograr una variación positiva significativa en este 2021.
Nos quedan oportunidades, no obstante: la inversión extranjera, la inversión privada de nacionales residentes o no, y la capitalización de empresas estatales en sociedades por acciones.
¿Cuánto de incentivos ha traído la Tarea Ordenamiento para la inversión extranjera ya presente y cuanto puede significar para atraer nuevas inversiones?
De un lado tenemos un entorno más abierto y permisivo para relacionarse con toda la gama de formas de propiedad que hay en Cuba. Lo demuestra la propia devaluación de la tasa oficial de cambio, que debe hacer menos costosas las operaciones en el país, junto a la posibilidad de participar en proyectos de desarrollo territorial y el reciente anuncio de que los gobiernos locales, al fin, podrán promover y gestionar proyectos de Inversión Extranjera (IED); así como la Ventanilla Única. Del otro lado, aparece la conversión a pesos cubanos, uno a uno, de las cuentas en dólares que estas empresas mantenían en los bancos; la obligatoriedad de contratar la fuerza de trabajo a través de empresas empleadoras estatales (que paradójicamente y en contra de lo que el país necesita, que es entre otras cosas ingresar más dólares, le recomiendan a los empresarios extranjeros no pagar más de 15 000 pesos cubanos a sus empleados, salario que dichos empresarios deben pagar en dólares al cambio de 24 por 1 CUP), aunque es cierto que el mecanismo de contratación es mucho más transparente que antes de la “Tarea Ordenamiento”. Aquí, sin dudas, hay mucho espacio para hacer el “mercado cubano” más atractivo a los inversionistas extranjeros, algo muy necesario en estos tiempos de reducción de los flujos de la IED a escala internacional.
La inversión privada de nacionales
La inversión privada de nacionales residentes y no residentes; sin dudas es un tema con varias aristas, casi todas sensibles. No obstante, algunos pasos se han dado ya con la eliminación de la lista positiva de actividades a ejercer “por cuenta propia” y la cercana publicación de los documentos normativos de la actividad. Es cierto que el límite es ahora la propia capacidad de emprendimiento de cada cual (con excepción de los trabajos que no pueden ser ejercidos de forma privada), pero el hecho de no poder constituirse en persona jurídica introduce siempre un elemento de incertidumbre que debería ser eliminado.
De igual forma, cada día que demore la aprobación de la pequeña y mediana empresa tendrá un impacto negativo sobre el crecimiento y el desarrollo, sobre las oportunidades de negocios, sobre la atracción de la inversión extranjera, sobre el empleo y los ingresos y sobre la mejora de la situación de la población del país.
A la vez, tenemos más de un millón de cubanos viviendo fuera de Cuba, algunos de los cuales tienen capital suficiente para invertir en el país que los vio nacer y formarse. Otros han desarrollado negocios exitosos fuera de Cuba que pudieran “encadenarse” a la economía nacional. Hay allí una fuerza que puede ser relevante en esta puja que tenemos con nuestra situación económica y social. Si le permitimos a un ciudadano extranjero invertir en nuestro país, ¿por qué prohibirle a quien ha nacido en esta tierra de todos los cubanos? Mucho más ahora que nuestra Constitución admite la propiedad privada sobre los medios de producción.
Convertir activos en recursos financieros
También nos queda un gran recurso: decenas y centenares de empresas, todas estatales, que pudieran ser al menos capitalizadas en parte y serían capaces así de generar liquidez para el país. Aquí se incluyen decenas de hoteles, además de empresas, algunas de las cuales deben ser hoy subsidiadas. Con esto, no se enajenarían los activos del pueblo en su totalidad, sino solo en parte, y el Estado, como su representante, podría mantener el control sobre los mismos.
Son todos temas espinosos, algunos con espinas emponzoñadas. Pero el antídoto existe y el pinchazo es parte del riesgo que todo cambio, si es verdaderamente profundo, entraña.
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Notas:
1 Las referencias directas a los resultados de la encuesta que se hacen en algunas notas corresponden a una recopilación hecha por un amigo en diferentes momentos (están fotografiados) y no deben ser tomados como resultados oficiales. Una vez cerrada la encuesta no se pudo seguir observando el número de respuestas en Cubadebate y no han publicado aún los resultados, pero considero útil hacer este análisis de la tendencia que se observó en las respuestas a la encuesta.
2 Ver: “El trago amargo de la unificación monetaria” : “(…) la tasa más probable para este año alrededor de 500 %. Cerca del 300 % de la inflación se debería al efecto traspaso, es decir, al impacto de la devaluación de la tasa de cambio sobre los precios. El otro 200 % se explicaría principalmente por el exceso de demanda, es decir, el aumento de salario por encima de la productividad”.
