Reuters: PDVSA enviará crudo y combustible a Cuba en buque sancionado por EE.UU.

 marzo 15, 2023

Foto: Mohamed Aly/Pixabay

La empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) estaría cargando esta semana un barco petrolero con crudo y combustible que sería enviado a la isla de Cuba, según precisaron unos documentos marítimos a los que tuvo acceso Reuters.

Cabe resaltar que se está cargando un volumen «inusualmente grande» de hidrocarburos, puesto que la finalidad es ayudar a superar la «crisis energética» que padece la isla caribeña.

No obstante, el superpetrolero de bandera panameña, llamado «Nolan«, está cargando 400.000 barriles de fuel oil en la terminal de Jose en el estado Anzoátegui, para generación de energía.

Llevará, además, 1,13 millones de barriles de petróleo pesado venezolano. El barco tiene previsto partir a Cuba a finales de este mes en curso.

Finanzas Digital

Comentario HHC: A ese nivel de genocidio aspira EEUU. Sanciona a Venezuela, a Cuba de manera arbitraria e ilegal, y sus medidas la acatan muchos paises, por miedo a las represalias. Este mundo mas temprano que tarde, se acabará. 

¿ Libre comercio  dice EEUU que quiere para los paises ? jejeje un monopolio es lo han tratado de implementar. El comercio entre los paises sancionados por ahora es una alternativa, y Cuba hace bien comerciar con los limitados por EEUU. 

Las futuras generaciones no entenderan este absurdo, que será al final una de las causas del colpaso de los EEUU. El mundo esta despertando, ya no quieren sufrir la arbitraiedad de los EEUU.

Cuba vencerá mas rápido este bloqueo, en la medida que elimine las trabas internas, y aproveche las ventajas competitivas que disponemos.

Otra quiebra bancaria previsible

Mar 13, 2023 JOSEPH E. STIGLITZ

NUEVA YORK – La corrida por los depósitos del Silicon Valley Bank (SVB) -del cual depende casi la mitad de todas las startups tecnológicas respaldadas por capital de riesgo en Estados Unidos- es, en parte, la repetición de una historia familiar, pero es mucho más que eso. Una vez más, la política económica y la regulación financiera han demostrado ser inadecuadas.

La noticia sobre la segunda quiebra bancaria más importante en la historia de Estados Unidos se produjo a pocos días de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, le asegurara al Congreso que la condición financiera de los bancos de Estados Unidos era sólida. Pero el timing no debería sorprender. Dados los incrementos importantes y acelerados de las tasas de interés que pergeñó Powell -probablemente, los más significativos desde las alzas de las tasas de interés del expresidente de la Fed Paul Volcker hace 40 años-, era previsible que los movimientos drásticos de los precios de los activos financieros iban a generar problemas en alguna parte del sistema financiero.

Sin embargo, una vez más, Powell nos aseguró que no teníamos que preocuparnos -a pesar de la abundante experiencia histórica que indica que sí deberíamos preocuparnos-. Powell formó parte del equipo regulatorio del expresidente Donald Trump que trabajó para debilitar las regulaciones bancarias de Dodd-Frank implementadas después de la crisis financiera de 2008, para liberar a los bancos “más pequeños” de los estándares aplicados a los bancos más grandes y sistémicamente importantes. Para los estándares de Citibank, SVP es pequeño. Pero no es pequeño en la vida de millones de personas que dependen de él.

Powell dijo que las alzas constantes de las tasas de interés de la Fed resultarían dolorosas -no para él ni para muchos de sus amigos en el capital privado que, según se dice, planeaban enriquecerse a lo grande al comprar depósitos no garantizados en SVB a 50-60 centavos de dólar, antes de que el gobierno dejara en claro que los depositantes estarían protegidos. El peor sufrimiento estaría reservado para los miembros de grupos marginalizados y vulnerables, como los hombres no blancos jóvenes. Su tasa de desempleo, por lo general, es cuatro veces más alta que el promedio nacional, de manera que un incremento del 3,6% al 5% se traduce, en su caso, en un aumento de algo así como 15% a 20%. Powell, alegremente, vaticina esos aumentos del desempleo (argumentando, falsamente, que son necesarios para hacer bajar la tasa de inflación) sin ni siquiera un pedido de asistencia, ni tampoco una mención de los costos a largo plazo.

Hoy, como resultado de la apología despiadada -y totalmente innecesaria- del dolor que hace Powell, tenemos un nuevo conjunto de víctimas, y el sector y la región más dinámicos de Estados Unidos quedarán en suspenso. Los emprendedores de startups de Silicon Valley, muchas veces jóvenes, pensaban que el gobierno estaba haciendo su trabajo, así que se centraron en la innovación, y no en controlar a diario el balance de su banco -cosa que, de todos modos, nunca podrían haber hecho-. (Sinceramiento total: mi hija, CEO de una startup de educación, es uno de esos emprendedores dinámicos).

Si bien las nuevas tecnologías no han cambiado los elementos fundamentales de la banca, sí han aumentado el riesgo de corridas bancarias. Es mucho más fácil retirar fondos ahora que antes, y las redes sociales aceleran la propagación de rumores que pueden desatar una ola de retiros simultáneos (aunque, al parecer, SVB no respondió a los pedidos de extracciones de dinero, lo que podría llegar a ser una pesadilla legal). Según se informa, la caída de SVB no se debió al tipo de malas prácticas crediticias que condujeron a la crisis de 2008 y que representan una falla esencial respecto del papel central que desempeñan los bancos en la asignación de créditos. Por el contrario, fue algo más prosaico: todos los bancos llevan a la práctica la “transformación de los vencimientos”, que permite disponibilizar depósitos de corto plazo para inversiones de largo plazo. SVB había comprado bonos de largo plazo y con eso expuso a la institución a riesgos cuando las curvas de rendimiento cambiaron drásticamente. 

La nueva tecnología también torna absurdo el viejo límite de 250.000 dólares para la garantía de depósitos federales: algunas empresas practican un arbitraje regulatorio al repartir sus fondos en una cantidad importante de bancos. Es una locura recompensarlas a expensas de quienes confiaban en que los reguladores hicieran su trabajo. ¿Qué dice esto de un país en donde a quienes trabajan mucho e introducen nuevos productos que la gente quiere se los echa por la borda simplemente porque el sistema bancario los defrauda? Un sistema bancario seguro y sólido es un elemento sine qua non de una economía moderna y, sin embargo, la de Estados Unidos no inspira precisamente confianza.

Como tuiteó Barry Ritholtz, “De la misma manera que no hay ateos en las trincheras, tampoco hay libertarios durante una crisis financiera”. Un grupo de cruzados contra las reglas y regulaciones gubernamentales de repente se convirtieron en defensores de un rescate gubernamental de SVB, de la misma manera que los financistas y los legisladores que pergeñaron la desregulación masiva que derivó en la crisis de 2008 reclamaban que se rescatara a quienes la habían provocado. (Lawrence Summers, que encabezó la carga de desregulación financiera como secretario del Tesoro de Estados Unidos en la presidencia de Bill Clinton, también exigió un rescate de SVB, algo muy curioso después de su postura firme en contra de ayudar a los estudiantes con sus cargas de deuda).

La respuesta ahora es la misma que hace 15 años. Los accionistas y bonistas, que se beneficiaron con el comportamiento riesgoso de la empresa, deberían asumir las consecuencias. Pero los depositantes de SVB -empresas y hogares que confiaron en que los reguladores hicieran su trabajo, que es lo que, una y otra vez, le repetían que estaban haciendo a la población- deberían cobrar en su totalidad, ya sea por encima o por debajo de la cantidad “garantizada” de 250.000 dólares.

De lo contrario, se le infligiría un daño de largo plazo a uno de los sectores económicos mas vibrantes de Estados Unidos; más allá de lo que uno piense de las Grandes Tecnológicas, la innovación debe continuar, inclusive en áreas como la tecnología verde y la educación. En términos más generales, no hacer nada enviaría un mensaje peligroso a la población: la única manera de estar seguros de que nuestro dinero está protegido es colocándolo en bancos sistémicamente importantes que son “demasiado grandes para quebrar”. Esto resultaría en una concentración de mercado aún mayor -y menos innovación- en el sistema financiero de Estados Unidos.

Después de un fin de semana angustiante para los potenciales afectados en todo el país, el gobierno finalmente hizo lo correcto: garantizó que todos los depositantes van a cobrar en su totalidad, impidiendo una corrida bancaria que podría haber alterado la economía. Al mismo tiempo, los acontecimientos dejaron en claro que algo en el sistema no estaba funcionando bien.

Algunos dirán que rescatar a los depositantes de SVB conducirá a un “peligro moral”. Es una tontería. Los bonistas y accionistas de los bancos todavía están en riesgo si no supervisan a los gerentes de manera apropiada. Se supone que los depositantes comunes y corrientes no gestionan el riesgo bancario, y deberían poder confiar en que nuestro sistema regulatorio garantice que, si una institución se hace llamar banco, tiene los recursos financieros para devolver lo que le entregaron.

SVB representa algo más que la quiebra de un solo banco. Es un hecho emblemático de las profundas fallas en la implementación de las políticas tanto regulatorias como monetarias. Al igual que la crisis de 2008, era previsible y ya se había vaticinado. Esperemos que quienes ayudaron a crear este caos puedan desempeñar un papel constructivo a la hora de minimizar el daño y que, esta vez, todos nosotros -banqueros, inversores, legisladores y la población en general- finalmente aprendamos las lecciones correctas. Necesitamos una regulación más estricta, para garantizar que todos los bancos sean seguros. Todos los depósitos bancarios deberían estar garantizados. Y los costos deberían ser asumidos por quienes más se benefician: los individuos y las corporaciones adinerados, y quienes dependen más del sistema bancario, en base a depósitos, transacciones y otras métricas relevantes.

Han pasado más de 115 desde el pánico de 1907, que condujo a la creación del Sistema de la Reserva Federal. Las nuevas tecnologías han hecho que los pánicos y las corridas bancarias sean más fáciles. Pero las consecuencias pueden ser aún más severas. Es hora de que nuestro marco de generación de políticas y regulaciones responda.

El aumento en alimentos agrava la pobreza

Por Julio C. Gambina

Los datos de inflación a febrero del 2023 preocupan. En efecto, el 6,6% de febrero de 2023, un 13,1% en el primer bimestre del año y el 102,5% acumulado en 12 meses, preocupa en general, pero más aún en los sectores sociales empobrecidos.

Es un tema agravado cuando el rubro alimentos creció un 9,8% en febrero, un 17,2% entre enero y febrero y 102,6% en el acumulado de 12 meses.

Convengamos que, con ingresos populares en baja, sean salarios, jubilaciones o asistencia social diversa, el deterioro de las condiciones de vida cotidiana de la mayoría de la población agrava la situación de empobrecimiento.

Un dato de la realidad es la desigualdad, manifiesta en la concentración de ingresos y riqueza en muy pocas manos y una ampliación del empobrecimiento social.

Hace rato que preocupa el tema inflacionario, y no alcanza conque señalar que se trata de un fenómeno mundial, ya que la inflación en EEUU llegó al 8/9% anual y ahora está en torno al 6%.

En general, sea en Europa u otros países del sistema mundial, la inflación anualizada ronda entre el 8 y el 20%, claro que hay países con registros menores, muchos de ellos en la región latinoamericana y caribeña.

La especificidad de Argentina es que la inflación anual para varios países es mensual en los registros locales. No es un tema nuevo, sino de largo aliento, que, en la última etapa, con alzas y bajas empezó a escalar desde el 2006/07.

Teoría, política, alimentos y pobreza

Hay un debate teórico y político sobre las causas de la inflación y las políticas antiinflacionarias. Es un debate inconciliable, sustentado en bases teóricas y políticas que pretenden objetivos diferenciados y expresan intereses económicos, políticos y culturales particulares.

Desde el liberalismo se sostiene un enfoque monetarista que desemboca en políticas de ajuste fiscal, elevando al déficit fiscal y a la emisión monetaria como los problemas esenciales.

La escuela keynesiana, con variantes sustenta políticas de “acuerdos” entre distintos eslabones del proceso de producción y circulación, y resuelven el diagnóstico abusando de una multi-causalidad que puede explicitar variadas causas y efectos.

Obvio que en cada corriente existen matices, como los hay en quienes polemizan desde el marxismo, que asientan sus posiciones en la ley del valor de Marx y, por ende, el carácter monetario mercantil de la sociedad capitalista.

El debate está inacabado y puede parecer un diálogo sin escucha, imposible de sintetizar, y en él mientras tanto, los precios generan la creciente desigualdad, lo que supone la extensión del empobrecimiento.

La suba de precios afecta en primer lugar a las y los generadoras/es de la riqueza social: las y los trabajadores. A ello se suman un conjunto de sectores pequeños de la producción y la actividad económica en general, sin capacidad de intervenir en la disputa por el excedente económico.

Desde esta preocupación, del deterioro agravado de los empobrecidos, es que nos interesa específicamente que ocurre con los alimentos, el rubro de mayor incidencia en el índice de inflación, que oscila entre el 25% en el Gran Buenos Aires (GBA) y el 38% en el Noreste.

El gasto de la pobreza es principalmente en alimentos y si estos crecen en precio con deterioro de ingresos populares, queda claro el resultado de mayor indigencia y pobreza.

Algunos datos provistos por el INDEC para febrero y el GBA evidencia una suba de precios respecto de enero del 35% en carne picada común, 34,3% el cuadril, 33,5% la paleta, 32,8% la nalga y 28,6% el asado; 14,6% el arroz blanco simple, 13,2% los huevos de gallina, 9,9% el queso cremoso o el yogur firme; y más aún, 72,4% la naranja, o 13% la batata.

Son solo algunos datos que ilustran la mayor suba de alimentos respecto del promedio de los precios que subieron 6,6% en febrero pasado, y recordemos 9,8% los alimentos.

Discutir el diagnóstico y las propuestas

Mucho se discute sobre la fijación de precios en general, y existen ramas monopolizadas en la producción y circulación de alimentos, al tiempo que existe una diversidad de productores de frutas y verduras distribuidos por todo el territorio que producen, en simultáneo con una red inmensa de puestos de ventas diseminados por todo el país.

Consultados pequeños comerciantes de barrio, productores de frutas y verduras, incluso profesionales que atienden a esos pequeños empresarios del campo o la ciudad, todos coinciden que un problema central está en la intermediación, por lo que una primera conclusión que habría que sacar remite a la necesidad de organizar la articulación entre esa masa de productores y distribuidores al menudeo, acercando la producción al consumo.

No se trata de establecer vínculos individuales entre productores y consumidores, sino que bien podrían desarrollarse formas comunitarias, cooperativas y de autogestión para la producción y circulación de frutas y verduras, sin perjuicio de otros alimentos en los que el país tiene elevada experiencia y desarrollo tecnológico, sea en carnes o lácteos, por ejemplo.

La propuesta involucra a trabajadores y consumidores, incluso con participación universitaria en la asistencia técnica y ámbitos específicos de las administraciones municipales provinciales y nacionales.

Claro que también se explica que la sequía agrega problemas, que genera escases y pérdida de calidad en la mercadería. Es un tema asociado a otros países y vinculado al cambio climático, que pone de manifiesto que es un tema que transciende la coyuntura y que todo indica que es escasa la planificación de iniciativas que contemplen un problema estructural que debiera resolverse en el marco de la integración regional.

El mercado de alimentos, especialmente frutas y verduras demanda la extensión de los “mercados centrales”, no solo los que hoy existen en varios territorios, sino que debiera extenderse como política de articulación de la producción, la circulación, el intercambio y el consumo, vías “ferias” o “mercados populares” con participación de trabajadores, productores y usuarios, impulsado por la política estatal.

Debe reconocerse que el precio aparece inducido por las grandes cadenas de circulación, fuertes concentradores de la producción y formadores de precios, a los que se adecuan los pequeños establecimientos. Es un dato que el productor pequeño es el que menos posibilidades tiene de intervenir en la fijación de precios.

Eliminar o disminuir la intermediación resulta estratégico, lo que requiere una deliberada política estatal con recursos para sostener una logística adecuada y una planificación participativa que involucre a trabajadores, productores y consumidores.

La especulación intermediaria solo puede resolverse con planificación y participación, aunque es cierto que detrás de todo está la ley del valor y, por ende, unos precios atados al régimen de producción capitalista que domina las relaciones económicas y sociales en su conjunto. 

15/03/2023

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Julio C. Gambina
Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
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Poca oferta y altos precios de alimentos agujerean los bolsillos en Cuba

 

Una clienta compra en un establecimiento de productos agropecuarios gestionado por trabajadores privados. Siguen sin apreciarse en las mesas de los hogares cubanos los resultados de decenas de medidas gubernamentales para intentar aumentar las producciones agrícolas. Foto: Jorge Luis Baños / IPS

LA HABANA – Las baja producción agropecuaria y los crecientes precios de los alimentos en Cuba golpean a numerosas familias cuyos salarios y pensiones mermados por la inflación impide satisfacer necesidades de consumo y complican el acceso a una dieta variada y de calidad.

“Una debe volverse maga para hacer al menos una comida diaria. Los ‘mandados’ (productos subsidiados de la cartilla de racionamiento) ayudan en algo, pero la mayor parte del mes hay que ‘inventar’, porque el dinero no alcanza”, reconoció a IPS la jubilada Maritza Suárez, residente en La Habana.

El gobierno vende cada mes para una población de 11,1 millones de habitantes una canasta básica compuesta por arroz, azúcar, granos, huevos, café y aceite, entre otros alimentos, accesible mediante la actual escala de salarios y pensiones.

Resulta un paliativo sobre todo para personas con bajos ingresos, pero sus cantidades y variedad son insuficientes. Las necesidades alimentarias deben completarse en tiendas en divisas, establecimientos agropecuarios y a través del mercado informal, con precios muy elevados.

El arroz duplicó en pocos meses su valor y una libra se cotiza aproximadamente en 1,5 dólares, en un país cuyo salario medio equivale a 35 dólares y la pensión mínima ronda los 13 dólares.

El envase con 30 huevos -también en el mercado negro- se comercializa en 12,50 dólares, similar al precio que puede alcanzar un litro de aceite de soja; y alrededor de 1,25 dólares debe desembolsar quien desee una libra (453 gramos) de azúcar crudo.

Para Suárez, quien vive sola y no recibe remesas, remarcó que “nadie que viva únicamente con su chequera (pensión) puede con esos precios”, después de recordar que su jubilación equivale a unos 15 dólares.

“En Cuba la oferta de alimentos sigue siendo baja con respecto a la demanda”: Omar Everleny Pérez Villanueva.

Aun cuando dispone de ingresos extras por cuidar a una persona anciana cerca de su casa, Suárez aseguró prescindir de la leche en polvo, queso y tubérculos como la malanga (Colocasia esculenta), “porque son un lujo que no puedo darme cuando hacen falta además especias, hortalizas, aseo personal o medicamentos”.

Similar dilema tiene el ingeniero Osvaldo Acuña, en la occidental provincia de Mayabeque, quien reconoció al dialogar con IPS que si bien él y su esposa maestra trabajan, después de pagar las facturas hogareñas “los salarios (unos 80 dólares entre ambos) se van casi enteros en comida y sin acceder a muchas cosas que quisiéramos”.

Con dos hijos estudiantes, uno en la enseñanza primaria y otra en la secundaria, Acuña comentó, desde la localidad de Santa Cruz del Norte, que para las meriendas “la madre y yo buscamos refrescos instantáneos, a veces alguna fruta para jugos y el pan que nos dejamos de comer para que ellos tengan uno más. Comprar de manera estable yogurt o dulces es prohibitivo”.

Una trabajadora por cuenta propia muestra un puñado de arroz en un puesto ambulante. El arroz duplicó en pocos meses su valor y una libra (453 gramos) se cotiza aproximadamente en 1,5 dólares, en un país cuyo salario medio equivale a 35 dólares y la pensión mínima ronda los 13 dólares. Foto: Jorge Luis Baños / IPS

Algunas cifras

La inflación de los precios internos de alimentos es un fenómeno global, debido a múltiples factores que van desde la sequía en África oriental hasta las consecuencias de la guerra en Ucrania y su impacto en la disponibilidad de cereales, alertó a fines de febrero un reporte del Banco Mundial.

El incremento de los costos de la energía y fertilizantes impactará asimismo en el poder adquisitivo de los países importadores y los volúmenes de alimentos que podrán comprar, ha advertido la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En Cuba, “la oferta de alimentos sigue siendo baja con respecto a la demanda”, explicó a IPS el economista Omar Everleny Pérez Villanueva.

Subrayó que “las cifras de la producción agrícola son desalentadoras” en un país que  necesita importar alrededor de 80 % de los alimentos que consume.

Recordó que “las importaciones de alimentos disminuyeron por dificultades con las divisas externas”, debido a la contracción de las principales fuentes de ingresos, impactadas por la covid.

Datos oficiales ubican en más de 600 000 toneladas el arroz necesario para cubrir la demanda interna, pero las dos terceras partes deben importarse, muchas veces de naciones lejanas como China o Vietnam.

La producción de café no sobrepasa las 10 000 toneladas anuales frente a un consumo estimado en 24 000 toneladas.

Otrora gran productora de azúcar, la isla aspira a producir este año apenas 455 000 de las 600 000 toneladas que requiere.

El año pasado, y lejos de la demanda, los planes de producción “alcanzaron 32,5 % en el caso de los huevos y la carne de cerdo 81 %”, apuntó Pérez Villanueva.

“Mientras la oferta no cubra las necesidades de la población, el mercado se impone y ajusta los precios a aquellos que puedan pagarlo”, argumentó el experto.

Pérez Villanueva estima en unos 267 dólares mensuales el costo de la vida de una persona en Cuba, e incluso para que una familia de dos miembros enfrente gastos elementales.

Una panadería estatal, donde se expende el producto de la canasta subsidiada, una unidad diaria de pan de unos 80 gramos, que recibe constantes críticas sobre su elaboración. Establecimientos privados en ciudades como La Habana comercializan en 1,60 dólares una bolsa con ocho unidades y de mejor calidad. Foto: Jorge Luis Baños / IPS

Inflación y otros escollos

Al referirse a otros factores adversos en el complicado contexto cubano, el economista mencionó la elevada inflación, tras al reordenamiento económico iniciado en enero de 2021.

Si bien se incrementaron salarios y pensiones, el exceso de circulante en medio del desabastecimiento de productos esenciales, incluidos los alimentos, rápidamente diluyó la capacidad de compra.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), la inflación interanual en 2022 se aproximó a 40 %, después de un aumento de 77 % un año antes.

Otro obstáculo resulta el embargo estadounidense que entorpece el acceso a créditos internacionales y las operaciones comerciales, además de encarecer fletes para el traslado de mercancías, sostienen funcionarios gubernamentales.

La dolarización parcial y aumento de los establecimientos que desde 2019 venden alimentos en monedas convertibles (MLC), provenientes fundamentalmente de remesas, además de segmentar los mercados suscitan inconformidades ciudadanas.

Según las autoridades, el criticado mecanismo busca recaudar divisas para, con una parte de ellas, abastecer los comercios en pesos cubanos.

A ello se suma las operaciones de plataformas digitales que venden en línea alimentos, muchos producidos en el país, a precios aún mayores que en las tiendas en MLC y cuyos pagos deben hacerse desde el exterior.

Sectores como la agricultura, la ganadería y la pesca reciben inversiones muy por debajo de las que absorben los servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler que incluye la construcción de hoteles, evidencian datos oficiales.

A esto se suma la baja productividad y descapitalización de la mayoría de las industrias, entre ellas las productoras de galletas, caramelos, refrescos, helados, conservas y embutidos, entre otras.

Siguen sin apreciarse en las mesas de los hogares cubanos los resultados de decenas de medidas gubernamentales para intentar aumentar las producciones agrícolas, ni de la entrega en usufructo de tierras sin cultivar iniciada hace 15 años.

Expertos en el tema y campesinos mencionan entre otras rémoras la incidencia de plagas en algunos cultivos, la falta de semillas de calidad, fertilizantes y pienso animal; insuficientes sistemas de riego, éxodo de personas del campo a las ciudades, así como impagos a productores.

También conspiran la necesidad de maquinaria moderna, insumos de labranza y vehículos para que campesinos trasladen directamente sus cosechas a los mercados, así como estructuras burocráticas que lastran la comercialización.

Medidas

La escasez de alimentos en pesos cubanos, y el malestar social por inequidades en el acceso e ilegalidades en sus ventas, obligó a las autoridades a reorganizar el comercio de productos como la carne de pollo, aceite, salchichas, picadillo (carne molida) y detergente, mediante ciclos y control de las compras a través de tarjetas y la cartilla de racionamiento.

Desde julio de 2021, la Aduana General de la República aprobó, y luego renovó cada seis meses, la autorización temporal para que las personas naturales importen alimentos, medicamentos y aseo sin carácter comercial en su equipaje acompañado, sin límite de cantidades y exenta del pago de los aranceles.

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La posibilidad de que pequeñas y medianas empresas privadas importen alimentos y materias primas, con empresas estatales como intermediarias, favorece que una parte de la población acceda a insumos deficitarios y hasta en algunos casos, con precios inferiores a productos nacionales, como es el caso de la cerveza.

No obstante, no pocas personas consideran que cafeterías y negocios privados influyen en los altos precios, pues algunos se dedican a la reventa de lo adquirido en tiendas en MLC.

Otros señalan que entidades estatales mantienen elevados precios de sus producciones buscando rentabilidad y que traspasan al consumidor final sus posibles ineficiencias.

Recientes intercambios en redes sociales entre economistas y ciudadanos analizaron la idoneidad o no de poner límites los precios máximos, en paralelo a una efectiva estrategia para estimular la agricultura.

A juicio de Pérez Villanueva, la medida pudiera aplicarse, “pero en un lapso breve”, porque “a mediano plazo, los productores y comercializadores se retiran del mercado, o actúan clandestinamente y eso conlleva otro incremento de precios”.

“La solución es liberar las trabas para el incremento de la producción agrícola o la liberalización de las importaciones a los agentes no estatales”, convino el analista.

ED: EG

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