Trump rompiendo las instituciones

 

Por Carles Manera | marzo 10, 2026 

En un libro publicado en 2012 (¿Por qué fracasan los países?, Deusto, 2012), Daron Acemoglu y James Robinson utilizaban la historia económica para aportar una reflexión particular sobre el origen de la decadencia de las naciones. Se trataba de la cara “b”, digámoslo así, de la teoría de Adam Smith sobre la génesis de la riqueza de las naciones y sus causas. Los dos grandes libros del considerado como fundador de la economía moderna (La riqueza de las naciones, y la Teoría de los sentimientos morales) se han leído casi siempre de forma epidérmica, con énfasis acusados en sendos temas: la mano invisible –que, sin embargo, solo aparece una sola vez en los textos de Smith–, la división del trabajo –con la potente noción de especialización productiva–, la necesaria apertura comercial –rehuyendo del viejo mercantilismo, y con el enorme complemento de las aportaciones posteriores de David Ricardo– y la intervención pública en economía –a la que el escocés no era reacio en absoluto–. Pero no siempre se ha invocado la perspectiva de Smith sobre la justicia y la distribución económica, una cuestión determinante sin la que todo el edificio económico se acaba derruyendo.

Las investigaciones histórico-económicas de Acemoglu tratan de reconocer elementos concretos que expliquen la decadencia de unas naciones que, en muchos aspectos, podían tener características mejores que las conocidas para Inglaterra, donde se fraguó la revolución industrial. Acemoglu y Robinson contrastan otros factores explicativos que se enfrentan a la grandes teorías sobre los orígenes del crecimiento moderno. Sería demasiado prolijo exponerlo todo aquí. En una síntesis muy apretada y en absoluto completa, aquellas tesis preconizaban el crecimiento económico como un fenómeno abrupto, en línea con lo que expuso en su momento Walter Rostow en sus conocidas etapas del crecimiento (Rostow venía a decir que para industrializarse se debe seguir la pauta inglesa en diferentes fases, hasta llegar al take-off deslumbrante); o Alexander Gerschenkron, que centraba su modelo histórico-económico en la importancia de disponer recursos naturales, bancos poderosos y sectores tractores que arrastren en positivo todo el entramado económico.

Por su parte, Acemoglu y Robinson nos explican que la existencia de instituciones inclusivas es una importante baza explicativa de las disparidades en el crecimiento económico. Ahí, señalan, está el meollo de la cuestión: instituciones que se respeten y que velen por el cumplimiento de reglas, contrabalanceando al poder político establecido y, por tanto, en contra de la corrupción y de la apropiación en beneficio propio de los resortes del Estado. Las aportaciones de estos economistas son destacables en estos momentos, con la guerra en Oriente y la actitud de Israel y Estados Unidos, por un motivo básico: porque esas instituciones, que podían ser inclusivas, ahora están dejando de serlo. Y esto por la irrupción en el mundo de una manera de hacer política que va en contra de las reglas elementales de una normativa de convivencia. El poder del más fuerte es lo que se entroniza, y las instituciones que ese poder maneja se tornan en exclusivas, es decir, en excluyentes de cualquier tendencia de colaboración. La vulneración del derecho internacional constituye un ejemplo ilustrativo, un hecho que se ha visto en las acciones militares en Gaza, Venezuela e Irán.

Fijémonos que entidades como Naciones Unidas, Cámara de Representantes en Estados Unidos, incluso tribunales, todas ellas son solapadas cuando no despreciadas por la administración actual estadounidense, sin que esto genere respuestas más contundentes de carácter institucional, al margen de las protestas ciudadanas. Incluso se trata de generar instituciones paralelas –la denominada Junta de Paz, por ejemplo, creada en enero de 2026 por Trump– que sustituyan a las ya consagradas y homologadas por la gran mayoría de naciones del mundo, y que se plieguen a los deseos de su promotor. Sin reglas ni instituciones inclusivas que escruten su cumplimiento, la convivencia es imposible. Asistimos, por el contrario, a escenas que parecían impensables hace poco más de un año: invasiones, secuestros, expulsiones, arrestos, fallos judiciales, guerras, procesos en los que las instituciones cooperativas o encargadas de vigilar el cumplimiento de las normas, están ausentes o son directamente superadas por hechos consumados.

Las apariencias de un sistema democrático son cada vez más tenues, más frágiles. La vorágine en la que se ha entrado obedece tanto a la catadura moral de Trump y de quienes le rodean, como a las contradicciones internas en Estados Unidos que están provocando medidas como los aranceles, la expulsión de inmigrantes, la creación de otros entramados institucionales –como el ICE– que nada tienen que ver con la visión “inclusivista” de Acemoglu y Robinson. La duración de la guerra en Oriente, planeada por Israel y seguida por Estados Unidos, será lo que condicione buena parte de la evolución de la economía mundial. Por el momento, los signos que van apareciendo son preocupantes: aumento del precio de la energía –el petróleo puede rebasar los cien dólares el barril–, tensiones inflacionistas, reducción de las contrataciones laborales, contracciones comerciales y, sobre todo, una mayor inseguridad e incertidumbre que se suma a la que ya se tenía. Y era así por lo acontecido en Ucrania, en Gaza, y en otros focos –Somalia, por ejemplo– silenciados por las guerras que afectan más directamente a las economías occidentales. El ataque a Irán –un régimen execrable– alimenta los desequilibrios. Todo esto sucede con la parálisis de instituciones otrora inclusivas que, ahora, se encuentran paralizadas, amordazadas, ausentes, irrespetuosamente tratadas.

Las conclusiones de Acemoglu y Robinson, a partir de la revisión de multitud de casos de historia económica apuntan, al margen de los debates en la ciencia económica sobre los orígenes y las decadencias de las naciones, una vía clave: la importancia cultural, política y económica de que esas instituciones –ONU, Tribunal Supremo en Estados Unidos, Unión Europea, Organización Mundial del Comercio, entidades de todo tipo del mundo sanitario y cooperativo, etc.– sean respetadas o alcen claramente su voz. Y lo hagan ante el excluyente, el autoritario, el autócrata, el que está llevando, junto a la estupidez de sus acólitos, a un precipicio en cuyo borde se nos pide –se nos exige– que avancemos.

Una “Gran Transformación”: ecología y economía

 

Por Carles Manera | noviembre 2, 2022

La degradación ecológica, en gran medida, no es causada por el crecimiento, sino por una tasa de consumo de recursos superior a la tasa de regeneración natural o sostenible. Este argumento –que matiza las tesis del decrecimiento en su perspectiva más general– sirve tanto para los recursos renovables como para los no renovables. En cuanto a los segundos, debido al efecto invernadero es seguro que el consumo de combustibles fósiles debería reducirse. Ahora bien, ¿en qué unidad se miden los diferentes recursos, de forma que el incremento en el consumo de uno de ellos pueda compensarse con la reducción en el de otro? Los recursos, por este propósito, no se pueden valorar en términos monetarios sin incurrir en un error de circularidad lógica, ya que para ello necesitamos conocer los precios de éstos, y para eso también debemos saber la escasez de los recursos. Lo que parece claro es que para reducir el coeficiente de impacto ambiental en una dimensión suficiente como para contrarrestar el crecimiento del PIB, se requerirá una mejora continua en una tecnología más eficiente y un cambio en los patrones de consumo.

2. Defendiendo otra Gran Transformación

Este proceso de cambio hace pensar en una nueva “gran transformación” en el sentido que propuso Karl Polanyi en 1944. Recuérdese: que el avance de la economía liberal, en el momento en que escribía Polanyi, auspiciado por las revoluciones industriales sustentadas en nuevos vectores energéticos –carbón, petróleo– provocaba enormes dislocaciones sociales y ambientales. ¿Nos hallamos ahora mismo en esta encrucijada? ¿Debemos repensar el capitalismo? Probablemente. Por varios motivos, siendo uno de los más relevantes la necesidad de un cambio crucial en el modelo energético. Estamos ante lo que se ha denominado “cambio climático antropogénico”, concepto que ya tiene un gran consenso científico (sobre esto: John Cook et alter, “Consensus on consensus: a synthesis of consensus estimates on human-caused global warming”, Environ. Res. Lett. 11 048002, 2016).

En tal sentido, la investigación de dos físicos de la Escuela Politécnica de Zurich, Mark Huber y Reto Knutti, han demostrado –a partir de un análisis de los flujos energéticos de la Tierra y su relación con la evolución de la temperatura– que el 75% del cambio climático acaecido en los últimos sesenta años procede del crecimiento económico, de la actividad humana. Los datos más recientes disponibles de la Organización Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, arrojan un resultado incontrovertible, sustentado sobre análisis de series históricas: el CO2 aumentó un 14% entre 1765 y 1965, cifra que se ha disparado hasta casi el 28% entre ese último año y 2018 (Mark Huber y Reto Knutti, “Anthropogenic and natural warming inferred from changes in Earth’s energy balance”, Nature Geoscience, 5, 2012).

La causa central de esta situación radica en la energía utilizada para el desarrollo capitalista entre 1780 y la actualidad, basada en combustibles fósiles; y en las pautas de consumo existentes. La urgencia en cambiar el modelo energético es crucial: las nuevas revoluciones industriales que se preconizan y teorizan –ya se habla hasta de una quinta revolución industrial– se edifican sobre transformaciones en los sectores productivos, con predominio de los productos derivados de la nanotecnología, el internet de las cosas y la robótica. Pero la ecuación que no se resuelve es: ¿cómo realizar la transición energética, cuando el concurso de los combustibles fósiles seguirá siendo determinante?

Los grandes procesos de transformación requieren de costes de transición. Éstos pueden suponer beneficios en el medio y largo plazo si atendemos a las prospectivas que se están realizando. La actual pauta energética puede generar una contracción del PIB cercana al 25% hacia el año 2100, en el caso de que la temperatura se mantenga estable a los niveles actuales; pero un incremento de la misma aumentará a su vez ese porcentaje de pérdida de riqueza agregada. Esta tesis se ha publicado en Nature (Marshall Burke, W. Matthew Davis y Noah S. Diffenbaugh, Nature, núm. 557, 2018). Para los autores, los costes de transición que se deberían aplicar serían inferiores a los beneficios que se obtendrían: un ahorro estimado en cerca de 20 billones de euros si se disminuyera medio grado –de 2 a 1,5– la temperatura del planeta.

Estos costes de transición deberían canalizarse, se asevera, hacia la inversión en energías renovables. Se ha hablado de la urgente canalización de recursos económicos hacia ese gran ámbito productivo. Sin embargo, las alternativas que se plantean también tienen problemas de sostenibilidad. En un novedoso trabajo publicado por el Club de Roma, Antonio Valero ha señalado que existen límites materiales para las energías limpias, para la movilidad alternativa, para la digitalización, para la alimentación. Los elementos escasos como neodimio, disprosio, indio, galio, selenio, teluro, cadmio, esenciales para las energías renovables, son escasos (Antonio Valero, “Materiales: más allá del cambio climático”, Come on!, Deusto, 2019). A todo esto, cabe tener en cuenta que la construcción de baterías para almacenar energía impone una alta demanda de litio, cobalto, grafito, manganeso, níquel y aluminio, que son igualmente poco abundantes. En otras palabras: a los límites de los propios vectores energéticos más primarios –los combustibles fósiles–, se suma la constricción de algunos metales básicos para la génesis de infraestructuras energéticas alternativas o de productos de consumo de fabricación distinta y más sostenibles, como los coches eléctricos. El reto tecnológico es inmenso, y su relación con otra forma de consumir se traduce en una agenda clave para el futuro inmediato. Lo material acaba por limitar el propio desarrollo del capitalismo.

2. Termodinámica y economía: relaciones necesarias

De todas las contribuciones, la visión de las leyes de la termodinámica se convierte en una encrucijada –y un acicate– para los científicos sociales. Aquí, de nuevo, la ligazón entre economía y ciencias naturales emerge con solvencia. En tal sentido, la asimilación de los principios de la termodinámica a la economía significa asumir –o tener muy en cuenta– las reglas que provienen de la biología, la física y la química. Nicholas Georgesu-Roegen aboga por una ampliación en el análisis de los procesos económicos –incorporando métodos y teorías provenientes de las ciencias de la naturaleza–, con un corolario claro: el crecimiento económico provoca desorden en todos los ámbitos y, obviamente, en el entorno ambiental. De ahí que sea transcendental una disección precisa sobre los impactos ecológicos que promueve un determinado tipo de crecimiento, y que sea importante realizar mediciones que no se circunscriban a los parámetros convencionales en la economía académica.

Así, las investigaciones que se han desarrollado detallan aspectos importantes como las calidades de los suelos, la posible incidencia del clima en la estructura económica, la transformación económica y ecológica del paisaje, entre otros. La imbricación social de esos aspectos es absoluta, y los economistas e historiadores económicos los han trabajado; la proximidad cronológica facilita la disponibilidad de datos más robustos para realizar análisis económicos, con esta perspectiva ambiental. Se consideran unas ideas esenciales –a partir de las tesis de Georgescu-Roegen– que abogan por un cambio metodológico:

• Una crítica al mecanicismo económico, es decir, a una óptica lineal, atemporal, de la evolución económica, de manera que los elementos cualitativos sean considerados como claves explicativas, auxiliados por las matemáticas, pero sin el sometimiento a su excesivo formalismo –a veces con escaso contenido– que impera en la enseñanza e investigación en economía;
• La idea de evolución, en clave biológica; o sea, la relevancia del dato histórico, de la trayectoria, del tiempo;
• La adopción del concepto de entropía, derivado de la termodinámica, un argumento que implica la tesis de la irreversibilidad –e incluso del carácter irrevocable– de los procesos económicos.

El cambio es sustancial. Pero contribuye a enriquecer, técnica y conceptualmente, al análisis de la economía. Éste pasa de una fase mecanicista, de flujo circular cerrado, a otra de dinámica de sistemas, en la que el economista está impelido a dialogar con otras disciplinas para entender mucho mejor lo que acontece en la suya propia. De esta forma, conceptos esenciales como productividad y competitividad –que invariablemente se invocan en la economía– se refuerzan con otros que tienen mayores porosidades con los de la física, la química y la biología: capacidad de carga, eficiencia, eficacia, huella ecológica, intensidad energética, son muestras al respecto.

Al mismo tiempo, otro elemento es considerado determinante: el tecnológico. Éste aparece en los modelos económicos más divulgados –y exigidos en buena parte de las investigaciones en economía– de manera acrítica. Es algo esperado que será capaz de resolver, casi sin discusión, cualquier reto que nos planteemos, incluyendo el relevo de recursos naturales, de manera que esto conduce a una fe ciega, a una confianza imbatible en el progreso tecnológico, resolutivo de los graves problemas que sacuden y cuestionan el crecimiento económico.

La filosofía que impregna estas ideas proviene de los discursos más asimilados por la economía académica, bajo dos preceptos: la existencia de recursos infinitos (de manera que se resta importancia a la escasez de minerales); y lo que se ha venido a calificar como teorías energéticas del valor, es decir, la tesis de que el desarrollo científico proporcionará toda la energía necesaria para reciclar, de forma que el ambiente seguirá siendo natural y sustentará el crecimiento económico continuo. Se concluye que los materiales no son ni serán un problema, toda vez que pueden ser reciclados por mucho que se disipen. Es el “dogma energético” criticado por Georgescu-Roegen; a su vez, señala que lo que caracteriza a un sistema económico son sus instituciones y no la tecnología que utiliza.

3. Reflexión final

Todo esto infiere un gran esfuerzo para el economista: su cuadro de lecturas se amplifica, sus necesidades de conocimientos –aunque éstos puedan ser indiciarios– se reafirman, desde el momento en que se “aprehende” que el material con el que se trabaja es de gran complejidad, presidido por la incertidumbre: el comportamiento humano. El vector temporal y la movilidad de factores constituyen características básicas, que proporcionan profundidad y mayor rigor –más proximidad a la realidad que se estudia– a los análisis. Y, por supuesto, se infiere la modestia necesaria para matizar la estrategia mecanicista que sustenta la predicción en economía. La incertidumbre y el azar se hallan presentes en la cosmología económica; lo que se contradice con los preceptos de la utilidad del consumidor, de la simetría de la información –que impediría los altibajos inherentes al azar y a los fenómenos caóticos– y del encuentro armonioso de familias y empresas en los mercados. Una nueva Gran Transformación.

Publicado en Ecología, eldiario.es, EnergÍa/ Medio ambiente, Historia económica, Varios temas

About Carles Manera

Catedrático de Historia e Instituciones Económicas, en el departamento de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears. Doctor en Historia por la Universitat de les Illes Balears y doctor en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona. Consejero del Banco de España. Consejero de Economía, Hacienda e Innovación (desde julio de 2007 hasta septiembre de 2009); y Consejero de Economía y Hacienda (desde septiembre de 2009 hasta junio de 2011), del Govern de les Illes Balears. Presidente del Consejo Económico y Social de Baleares. Miembro de Economistas Frente a la Crisis Blog: http://carlesmanera.com

El combate de la mentira económica: menos impuestos no son mejores servicios

Por Carles Manera | abril 20, 2022

Carles Manera, Catedrático de Historia Económica y José Pérez-Montiel, Profesor Ayudante Doctor

Una contundente Kristalina Georgieva, máxima dirigente del FMI, se expresaba en términos inequívocos: la necesidad de impuestos altos sobre beneficios excesivos, para así reducir la carga de las finanzas públicas, muy dañadas por el esfuerzo fiscal realizado tras la pandemia y con los nuevos requerimientos derivados de la guerra en Ucrania. “Hallar dónde se encuentran los recursos para compensar a quienes más han sufrido”, reza el informe de la institución citada. Una frase que parece salida de una organización heterodoxa. La propuesta no es novedosa: se aplicó tras la Primera Guerra Mundial por parte del presidente norteamericano Woodrow Wilson –con una imposición del 65% sobre beneficios empresariales– y por el también presidente Franklin Delano Roosevelt –con un gravamen del orden del 90%–, tras la Segunda Guerra Mundial. No estamos, pues, ante tesis emanadas por organizaciones socialistas o comunistas. Forman parte del frontispicio de la economía liberal. Retengamos esto.

Una decidida Janet Yellen, Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, se expresaba en términos parecidos: hay peligro de recesión, si no se toman las medidas adecuadas y, entre ellas, las que afectan a la fiscalidad. “La crisis acentúa las debilidades económicas en muchos países que ya enfrentan el peso acrecentado de sus deudas”, subraya la alta funcionaria. Precisos y vehementes, los economistas Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, ambos de gran prestigio en el mundo académico, abogaron ya hace unos años, incluso, por condonaciones parciales de deudas públicas. Todo un anatema en política económica.

Las citas se pueden alargar y componer todavía un mosaico más completo y convincente. Pero pensamos que son suficientemente indicativas por dos aspectos: primero, porque provienen de voces del más puro mainstream económico, es decir, del ámbito de la economía más ortodoxa, con representantes genuinos; y segundo, porque indican que, ante el enorme empuje que han realizado gobiernos y bancos centrales para atajar las consecuencias macroeconómicas del incremento del gasto público y de las necesidades de financiación, urgen medidas que no siempre se encontraban en el portafolio de las instituciones económicas y que parecían patrimonio exclusivo de corrientes de pensamiento alternativas.

Frente a esto, las recetas de la política conservadora y de sus asesores económicos son siempre las mismas: entre ellas, la relajación impositiva, en línea diametralmente opuesta a la que expone ahora mismo el FMI y la propia Comisión Europea. Para justificar esto, se utilizan índices de difícil contrastación científica. Entre estos últimos, uno que parece medir la competitividad fiscal, editado por la Tax Foundation, una organización conservadora fundada por Sloan, ingeniero y empresario, con sendos objetivos: destacar la bondad de la reducción de los impuestos y, a su vez, restar protagonismo a los sindicatos. Economistas ultra-liberales españoles están utilizando esos indicadores para explicar dos cosas: que se deben bajar los impuestos; y que aquellos países con mayores relajaciones tributarias ostentan, a su vez, mejores servicios públicos. Sin embargo, no se ofrecen pruebas empíricas sobre todo esto, más allá de la mera creencia dogmática en tales asertos.

Por ejemplo, el ranking que ofrece la Tax Foundation para argumentar que menores impuestos no implican menores servicios está encabezado por Estonia, Letonia, Nueva Zelanda, Suiza, Luxemburgo, Lituania, República Checa, Suecia, Australia y Noruega. Estos países, se remarca –lo evocamos de nuevo– son los que tienen las cargas fiscales más bajas y, sin embargo, mejores servicios públicos. Según ese panel, España quedaría muy atrás, por debajo de Turquía y Grecia: representantes de más impuestos y menos servicios públicos. Difícil creer en todo esto, sin que se nos explique con claridad cómo deducir, de un índice de competitividad fiscal cuyo proceso de elaboración desconocemos, la traslación a la eficiencia de la economía pública: a los servicios que ésta presta. Si, además, incorporamos indicadores efectivos de evolución y calidad de los servicios públicos, resulta que Suecia y Noruega, por ejemplo, que aparecen en el listado como naciones con menor carga fiscal y mejores servicios públicos, tienen una situación distinta a la que se pretende explicar. Porque su realidad es otra: estamos ante países cuya fiscalidad es muy elevada y, gracias a ello, disponen de un Estado del Bienestar mucho más sólido.

Pero, como siempre, veamos los datos reales, procedentes de fuentes rigurosas, recogidos en la siguiente tabla:

La lectura no admite réplica. Según Eurostat, la presión fiscal de España en 2019 era del 35,2 % y su gasto público como porcentaje del PIB era del 42,1%. Vemos que tanto el gasto público como los ingresos de la Hacienda española en porcentaje del PIB están por debajo de la media de la UE-27. No obstante, mientras que el gasto público español es un 9% menor que el europeo, la recaudación tributaria es un 13,7% inferior. Si nos comparamos con Alemania, por ejemplo, observamos que el gasto público español como porcentaje del PIB constituye un 93,5% del alemán, mientras que la carga fiscal es un 85,4% de la del país centroeuropeo. Estos guarismos indican que la carga fiscal española, relacionada con los servicios provistos por el Estado, es menor que la de los países de nuestro entorno. La pregunta que se impone entonces es: ¿qué márgenes de provisión de servicios se pensarían recortar bajando impuestos? Los números no salen. Esa es una clave que los defensores de la reducción deberían explicar, en lugar de envolverse en fraseologías ampulosas, vacías de contenido.

El debate político del más acendrado conservadurismo económico, disfrazado de un cierto anarco-liberalismo, persiste en esta tesis de reducción fiscal como panacea para resolver prácticamente todos los problemas de la economía. Hemos escrito ya sobre todo esto y no se trata de repetir argumentos. Pero es importante resaltar que los bancos centrales están hablando de nuevas figuras tributarias, de carácter ambiental y, al mismo tiempo, de incentivar políticas fiscales para ayudar a los colectivos más vulnerables afectados por la crisis económica. No se explicitan, en los informes del BCE, medidas de contracción tributaria; en todo caso, de repensar la cesta fiscal para dar más cabida, precisamente, a la tributación ecológica, como herramienta mitigadora de las consecuencias del cambio climático.

En tal sentido, anudar política fiscal y política monetaria es clave. Esto se está entendiendo desde instancias comunitarias y desde los bancos centrales, que no ven en los mercados instituciones de competencia perfecta e información simétrica. La transición ecológica requerirá la participación intensa del sistema financiero: desde pruebas de resistencia a las entidades bancarias frente a las derivadas más drásticas del riesgo climático, hasta el desarrollo de nuevos instrumentos financieros –bonos verdes, bonos sociales, entre otros–, con propósitos relacionados estrechamente con la sostenibilidad. Objetivo estratégico: reducir la huella de carbono que, en términos más extensos, equivale a reducir la huella ecológica de la economía. La sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas es meridiana.

Por tanto, serán necesarios más recursos para encarar no sólo los problemas que se están promoviendo con la guerra, sino para seguir haciendo frente a los desafíos ecológicos ya bien presentes: según el Pacto Verde Europeo y la Ley del Clima, aprobada el junio de 2021 por la Unión Europea, se persiguen cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050, y una reducción del 55% en 2030. Retos decisivos que infieren más inversión pública, no menos; más capacidad para obtener ingresos, no menos; más y mejor información de todo tipo –macro y granular–, y no tergiversaciones de brocha gorda de una realidad compleja, que no puede simplificarse con recetas de feria.

Los mensajes de esos economistas ultra-conservadores pueden calar por su simpleza, por su marco lakoffiano sujeto a un relato de sencilla comprensión: rebajemos impuestos y mejoraremos la economía en general. Pero el contexto en el que nos movemos no es tan simple, no es tan básico. Requiere de pedagogías constantes, de explicaciones sustentadas sobre datos, documentación solvente, teoría económica holística. Un pretendido lucimiento narcisista de esos economistas, tertulianos pertinaces con recetarios epidérmicos, no esconde su estulticia académica y científica a la hora de abordar los graves problemas económicos, los cuales imponen mucha modestia y voluntad inequívoca de colaboración con otros científicos sociales y experimentales.

Publicado en Coyuntura, eldiario.es, España/ UE, Estado de Bienestar, Historia económica, Inversion Publica, Neoliberalismo, Política Economica, Política Fiscal

Estimular la economía hasta donde sea necesario: lecciones para no olvidar

Por Carles Manera | enero 23, 2021

1. Gran Depresión: la lección de 1937

            En los años treinta estalló una letal crisis para el sistema económico, tras el crack de Wall Street de 1929. Se asistía a un posible hundimiento del capitalismo, con el epicentro en Estados Unidos, alimentado por la rígida ceguera que surgía de los economistas del patrón-oro, con recetarios fallidos –no intervención de los gobiernos, equilibrio presupuestario, subidas de tipos de interés, bajadas salariales–. Todo mientras otros economistas, en esos mismos años, como John Maynard Keynes (Reino Unido), Gunnar Myrdal (Suecia) o Michal Kalecki (Polonia), escribían febrilmente para dar explicaciones y vías de salida en otras direcciones. Frente a los postulados neo-clásicos, que seguían sosteniendo que, a pesar del desempleo masivo, un mercado libre tiende siempre al equilibrio y que, por tanto, no debe existir interferencia alguna, los nombres citados llegaban, de manera independiente, a conclusiones comunes: el capitalismo era inestable. Y esa inestabilidad era recurrente. Una oposición en toda regla.

Los datos eran demoledores, no sólo en el campo de la economía, sino en su traslación a la esfera social, con incrementos desconocidos en la tasa de paro y en los índices de pobreza, miseria y exclusión social (véase: Angus Maddison, con las series disponibles en http://www.ggdc.net/maddison/). A partir del New Deal en Estados Unidos, con el presidente Franklin Delano Roosevelt –que ganó las elecciones– se arbitraron medidas de gran calado que afectaron distintas parcelas de la política económica. Un giro copernicano que rompía con la ortodoxia del patrón-oro, la imperante hasta ese momento:

• La política financiera tenía como objetivo frenar la especulación, revitalizar el mercado del crédito y parar la quiebra del sector financiero (ley Glass-Steagal, no la olvidemos): los bancos se dividieron en bancos comerciales y bancos de inversión, de forma que los primeros no estaban facultados para operar a largo plazo ni invertir en el mercado de valores).
• La política monetaria se focalizó en aumentar la velocidad de circulación del dinero y el abaratamiento de las exportaciones estadounidenses, tras la paralización del patrón-oro y la puesta en marcha de una devaluación competitiva, rebajando la paridad del dólar en relación al oro en la mitad de su valor precedente.
• La política presupuestaria infirió un aumento notable del gasto público: entre 1932 y 1938 se multiplicó por 2,8, mientras los ingresos sólo lo hicieron un 1,4. Sin embargo, el déficit creció poco, porque el PIB, con esos estímulos, avanzó de manera robusta.
• Los programas de ocupación se canalizaron hacia obras públicas, como mejoras en la iluminación, alcantarillado, construcción de carreteras (un millón de kilómetros), aeropuertos (285), puentes (77.000) y más de cien mil edificios públicos entre hospitales, escuelas, bibliotecas y otros inmuebles de servicios.

Todos los indicadores económicos cambiaron de signo y pasaron a evolucionar positivamente (consúltese de nuevo: Angus Maddison, series disponibles en http://www.ggdc.net/maddison/). Ahora bien, todo ese programa ingente, ese gran esfuerzo público que supuso la vuelta al crecimiento económico, tropezó con lo que se ha denominado “miedo a los mercados”. El punto de inflexión: 1937, tras casi cuatro años de desarrollo del New Deal, inspirado en teorías contrarias a la economía ortodoxa. En ese año, Roosevelt interrumpió los incentivos que se habían revelado esenciales para reverdecer el pulso económico.  Y el presidente empezó a reducir el gasto federal, para no quebrar –se dijo en esos momentos– la confianza de los inversores. Ese era el meollo del calificado como temor a los mercados: que podía descarrilar toda la economía. Craso error. La paralización de las inversiones públicas tuvo un claro corolario: la economía entró de nuevo en recesión. En otras palabras: el plan de estímulo no había sido suficiente para relanzar la economía hacia un crecimiento auto sostenido.

Se tuvo que esperar a 1945, tras el final de la Segunda Guerra Mundial –con el acicate que ello supuso para la economía norteamericana– y con la aplicación de las normas emanadas de Bretton Woods y el telón de fondo de la Teoría General de John Maynard Keynes –cuya sombra también fue alargada en la aplicación del New Deal– para que la economía entrara en una senda vigorosa de crecimiento del PIB sobre la expansión del gasto público y de la productividad (datos concretos en: Angus Maddison, The World Economy: a millenial perspective, OCDE, París, 2010; ver también: http://stats.oecd.org/index.aspx).

Fueron los Treinta Gloriosos Años, una etapa que se tritura a partir de 1980 con el advenimiento de la era neoliberal.       

2. Gran Recesión: el error se repite en 2010

La crisis financiera iniciada en 2007-2008 es un resultado de las políticas desreguladoras del sistema financiero tradicional aplicadas con la ola neoliberal. Durante los años eufóricos del boom, la nueva ingeniería financiera de Wall Street había sido celebrada como una gran innovación, y no se hizo caso de las voces que, como la del multimillonario Warren Buffet, advertían que era la semilla de un desastre: el magnate consideró los nuevos derivados “verdaderas armas financieras de destrucción masiva” (sic). Los prolegómenos a todo eso tienen incluso vertientes académicas: en 1997 se concedió el Premio Nobel de Economía a Myron Scholes y Robert C. Merton por sus trabajos para determinar el valor de los derivados. Esto arrancaba, a su vez, de las aportaciones de otro Premio Nobel de Economía en 1990, Harry Markowitz, que había contribuido a forjar una teoría económica –que sorprendió a muchos economistas académicos por su carácter netamente puntual–, aclamada sobre informaciones asimétricas y especulaciones estadísticas. Todo esto fundamentaba el pensamiento económico que validaba los CDO (Collateralized Debt Obligations) y CDS (Credit Default Swap), presentes como células cancerígenas en la economía financiera, con el aplauso entusiasta de las agencias de rating y de la compañías aseguradoras. No es baladí recordar que Merton y Scholes, que habían fundado tres años antes de la concesión del Nobel un fondo de inversión libre de carácter especulativo, Long Term Capital Management (LTCM), que aplicaba elevados apalancamientos, vieron como su empresa, fundamentada en sus modelos de riesgo –los del Nobel…–, se hundió a raíz de la crisis rusa en 1998. Perdieron casi cinco mil millones de dólares en pocos meses, y la Reserva Federal tuvo que aparecer para rescatar la firma. Liberales intervenidos: otra paradoja. ¿Y el Nobel que les concedieron? Ahí sigue.

A partir de la segunda mitad de los años 1980 y el comienzo del siglo XXI, se asiste a un notable incremento en la cuota de los beneficios del sector financiero sobre el total de la ganancia empresarial: entre el 33% y el 45%, por encima de una media que, desde 1950, rara vez sobrepasaba el 20% (datos al respecto en: https://fred.stlouisfed.org/tags/series?t=corporate+profits). Dicho de otro modo: en la composición del beneficio total de las empresas, la parte del león no la llevaba la economía netamente productiva, sino aquella que se vinculaba, de forma directa o indirecta, con los nuevos escenarios que se abrían por parte de la economía financiera.

            La salida de la crisis recuperó algunos de los preceptos neo-keynesianos; al menos en una primera fase que arranca desde principios de 2008 y llega hasta, aproximadamente, el mes de mayo de 2010, que es cuando se abre una segunda etapa en la política económica. En la primera, las ayudas públicas, subvenciones e incrementos en las partidas de los estabilizadores automáticos allanaron la caída del PIB: éste, en la zona Euro, pasó de una caída del –4,5% en 2009 a una recuperación del +2,1% en 2010. En la segunda, de nuevo el “miedo a los mercados” re-instituyó el rosario de recetas ortodoxas: equilibrio presupuestario, recortes sociales y salariales e inquietud ante el incremento de los déficits y deudas públicas. El desplome no se hizo esperar: la economía de la zona Euro pasó al +1,6% en 2011, pero se desmoronó hasta el –0,9% en 2012 y –0,2% en 2013 (todos los datos provienen del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Eurostat; véase también El País. Negocios, del 9 de setiembre de 2018). A ese retorno al catecismo del patrón-oro, pero sin el oro, contribuyeron cuatro factores clave:

• Los intereses de la industria financiera y las inercias existentes de las viejas ideas.
• La crisis aún no trajo un nuevo interés por una implicación colectiva en los asuntos públicos, de forma que los factores de carácter individual dominaron sobre los comunes.
• La desconfianza de los sectores más conservadores en cuanto a la política y al Estado Democrático, de forma que todo se acaba derivando hacia orientaciones de carácter tecnocrático.
• La falta de innovaciones políticas con respecto a la distribución de la renta, lo que significa la ausencia de acciones en fiscalidad progresiva.

En definitiva, la escasez de la política fiscal y la pronta retirada de los estímulos infirió un daño profundo a determinadas economías europeas, las del sur del continente con Grecia como especial laboratorio.

3. Gran Reclusión: ¿se ha aprendido?

            “En circunstancias como las actuales, lo más inteligente es actuar a lo grande”. Esta frase es de Janet Yellen, flamante Secretaria del Tesoro de Estados Unidos con el presidente Joe Biden. Yellen, economista sobria y rigurosa, ha señalado que no es ahora el momento para preocuparse sobre el déficit fiscal –un anatema, por tanto, de cara a sus colegas más ortodoxos–: lo que se necesita, remacha Yellen, es invertir en infraestructuras, I+D, formación, capacitación laboral y, además, una política fiscal, y cito textualmente, “con impuestos justos y progresivos”. Estas palabras reconfortan. Debe señalarse que, de entrada, se ha aprendido de la Gran Recesión, habida cuenta que los estímulos puestos en funcionamiento, casi de forma inmediata, han sido importantes. Esto es lo que podemos apreciar, de forma sintética, en este cuadro comparativo:

Parece claro que la importancia de la intervención del sector público ha sido capital. Los estímulos fiscales han resultado claves para evitar un colapso mayor. Esto lo están pregonando las instituciones económicas más influyentes, como el FMI, el BM, la OCDE y las genuinas palestras del liberalismo económico, como el Financial Times. Los cambios en la actuación en la política económica que se aprecian en la parte de la Gran Reclusión, en el cuadro precedente, se relacionan con la labor de los gobiernos, de las instituciones económicas y de los agentes económicos y sociales. Esto sigue: el trabajo va a ser ingente. El coronavirus puede camuflar los desafíos que ya existían antes de la explosión pandémica. Pero están ahí, como antes. Y para atajarlos será imprescindible huir de recetarios que se han demostrado históricamente fallidos –como la austeridad expansiva– y centrarse en las herramientas que, en el pasado, tal y como demuestran los datos, se revelaron como más efectivas: mayor inversión pública, re-estructuración de las deudas, fiscalidad progresiva y cooperación público-privada.

Ahora bien, el debate que se ha abierto de nuevo es la duración en la aplicabilidad de los estímulos. En tal aspecto, el tema de los multiplicadores fiscales vuelve a estar sobre la mesa. En España, los calculados hasta el momento por distintas instituciones económicas –incluyendo el mismo gobierno– indican multiplicadores que no llegan a la unidad o la superan por muy poco, como producto de las inversiones derivadas de los fondos europeos y de la estrategia de inversión pública. Son previsiones demasiado moderadas, a nuestro entender, teniendo en cuenta que la literatura económica sobre la cuestión –sustentada sobre estudios de caso específicos– afianza multiplicadores fiscales que superan con creces la unidad, llegando a cotas cercanas a 2 (sobre esto, véase la entrada en EFC: https://economistasfrentealacrisis.com/por-una-nueva-agenda-economica-la-inversion-descarbonizada-tras-la-covid-19/). Alcanzar ese guarismo es lo que puede permitir reducir el déficit público (muy importante en estos momentos, del orden del –6,7% sobre PIB para España en previsión para 2021, según el FMI) y la deuda pública (que se situará, según el FMI, en 114,6% sobre PIB para España). Es decir, mantener esos estímulos es importante para evitar quiebras empresariales e incremento del paro: las medidas fiscales alcanzan el 4,2% del PIB de la zona Euro (dato procedente de los Presupuestos enviados a la Comisión Europea en octubre 2020; véase www.caixabankresearch.com, Informe Mensual diciembre de 2020), con un déficit esperado del orden del 9% en 2020. El destino de este esfuerzo es preclaro: sanidad, estabilizadores automáticos, ayudas a empresas, nuevas inversiones y reducciones fiscales. La política económica desarrollada desde marzo de 2020 se sintetiza telegráficamente a continuación:

Esto avala investigaciones recientes. En un reciente trabajo (2020) firmado por el Premio Nobel de Economía 2019 Ryan Banerjee et alter (véase: https://econpapers.repec.org/paper/bisbisblt/30.htm; igualmente, Lidia Braun: “La macroeconomía del coronavirus”, Agenda Pública, 17 de marzo de 2020), se defiende que la fuerte retracción del PIB, observada en todas las estadísticas disponibles y para la mayor parte de los países del mundo, supondría cierres masivos de empresas si no se hubieran arbitrado estímulos económicos. Para este economista, en la zona Euro los porcentajes de destrucción oscilarían del 10% al 30%. Los estímulos han evitado quiebras y mucho más dolor, en el caso de que esas medidas no se hubieran aplicado con celeridad. O ahora se retiren antes de tiempo. La conjunción de política fiscal y política monetaria ha sido trascendental para paliar los efectos corrosivos de la crisis abierta con el coronavirus.

¿Cuándo retirar esos respiradores que mantienen con constantes vitales al paciente? Esta es una gran pregunta. Pero para responderla, no se puede invocar, una vez más, como ya se está haciendo, el cacareado “miedo a los mercados”. Un miedo que dejó paso a un verdadero pavor, cuando las ayudas fueron retiradas antes de tiempo en 1937 y 2010, cediendo a fases de verdadero calvario económico, social y cultural no sólo para los sectores más vulnerables de la sociedad, sino también para sus clases medias.

A propósito del reciente libro de Olivier Blanchard y Larry Summers: reconsideración de la Macroeconomía

Por Carles Manera |Economistas frente a la Crisis

El MIT acaba de publicar un libro que parece destinado a ser importante: Evolution or revolution? Rethinking macroeconomic policy after the Great Recession (MIT Press, Cambridge, 2019). Sus editores: los mediáticos economistas Olivier Blanchard y Lawrence H. Summers. ¿Qué aporta este conjunto de trabajos, discutido en el marco de un encuentro en el Instituto Peterson? En síntesis, dos conclusiones de carácter general: primera, que el sistema financiero es importante y que las crisis financieras probablemente volverán a ocurrir; y segunda, que la economía no siempre se auto-regula, se auto-estabiliza, como muchas veces se presupone. Como, por cierto, suele defender el más acendrado mainstream. Ambas conclusiones se mueven en un escenario en el que es igualmente previsible que las tasas de interés se mantengan bajas. Estos tres factores enunciados tienen –y van a tener, sin duda– implicaciones evidentes para el diseño de políticas de estabilización. De entrada, infieren un reequilibrio de los roles de las políticas monetaria, fiscal y financiera. En otras palabras, cuando las tasas de interés disminuyen de forma relevante, ello acorta a su vez el alcance del uso de la política monetaria (Friedman agota aquí su munición). Y, por tanto, se acrecienta el impacto del uso de la política fiscal (Keynes se vislumbra con otra artillería). Ahora bien, si los indicadores de la política financiera o la regulación que pueda realizarse en el sistema financiero devienen insuficientes frente a nuevas crisis, entonces no es arriesgado pensar en la aplicabilidad de medidas que pueden considerarse más drásticas –como por ejemplo la consecución de mayores déficits fiscales: anatema en estos momentos–, junto a restricciones más estrictas en el sistema financiero. Estas mismas conclusiones, y parecidos argumentos, los habían defendido Blanchard y Summers en otro trabajo con idéntico objetivo, la revisión de la política macroeconómica (ver Nber Working Paper Series: Rethinking stabilization policy: evolution or revolution? Working Paper 24179 http://www.nber.org/papers/w24179, diciembre de 2017).

Las reflexiones que recogen Blanchard y Summers son pertinentes en la situación actual de la economía mundial y, en particular, en Estados Unidos. Con más de 120 meses de crecimiento continuo, gracias en parte a las radicales recetas aplicadas en el inicio de la Gran Recesión –el contraste con Europa es palmario, y se ha recogido en diferentes aportaciones bibliográficas–, existe un peligro evidente por la autocomplacencia. Es este un defecto sustancial de los economistas: ya sucedió a fines de los años 1990 –esos que Josep Stiglitz bautizó también como felices–, cuando los indicadores de paro, inflación y crecimiento se hallaban en plácidos escenarios de confort, y Alan Greenspan presumía de un crecimiento estable y robusto, incapaz de generar crisis; mientras tanto, insignes Premios Nobel aventuraban que los ciclos económicos ya se habían acabado. La arrogancia intelectual de muchos economistas no tiene límites, y su olvido de las enseñanzas de la historia económica les imbuye de un adanismo en sus preceptos que sólo tiene, como se ha demostrado siempre, un final previsible: la equivocación obstinada, el error reiterado, y, por consiguiente, la penalidad de miles de personas ante las políticas desplegadas en función de diagnósticos distorsionados. De ahí que resultaría muy útil que el mainstream, que bucea de nuevo en aguas tranquilas a partir de las magnitudes americanas en esos últimos ciento veinte meses, pensara que las tormentas pueden aparecer a pesar de la aparente climatología favorable. El economista no puede seguir creyendo que en economía existen leyes que se cumplen indefectiblemente. Ni debería asimilar que los mercados se regulan solos o que las decisiones que se toman por parte de los agentes económicos son siempre racionales; básicamente porque la historia económica lo desmiente. La formalización matemática de todo eso no le aporta necesariamente mayor ciencia a la economía: estamos ya prevenidos hacia multitud de trabajos elegantemente presentados, con una copiosa batería de ecuaciones, que se enfrentan tozudamente a realidades que transgreden por completo los resultados de esos modelos. La aplicación de las políticas de austeridad en Europa es un ejemplo al respecto.

En ese contexto, la economía real ha estado marcada por una política monetaria expansiva –con diferentes procesos de QE– y, en paralelo, se han producido igualmente actuaciones en política fiscal. El estímulo fiscal ha tenido consecuencias muy limtadas en la inflación, contrariamente a lo que muchas veces se auguraba; de hecho, las expectativas del mercado son de menos del 2% de inflación en Estados Unidos, mientras en la zona euro y en Japón ese indicador se mantiene por debajo del objetivo del 2%, con pocos indicios de que éste se alcance en el corto plazo. Inflación débil que, en alguna coyuntura, se desliza hacia la deflación: mal asunto. Se detecta aquí un problema de demanda, que a su vez se correlaciona con salarios ajustados. Para Blanchard y Summers, “cuando las tasas son positivas pero cercanas a cero, el riesgo de que una desaceleración en la demanda pueda llevar a la economía a un límite inferior de cero hará que los hogares y las empresas se preocupen, lo que llevará a una demanda aún más baja y una mayor probabilidad de (problemas) en la economía”. Bienvenidos al club –de la reivindicación de la demanda– de quienes preconizaban que la corrección drástica de déficits –con la contracción importante de la inversión pública– sería harto beneficiosa para la macroeconomía: lo dijo Blanchard en su momento. Pero los números demostraron justamente lo contrario. Y, como se decía anteriormente, las obstinaciones se volvían errores mayúsculos y socialmente muy costosos. Esto no es óbice para que se produzcan correcciones del propio Blanchard, que cabe valorar. En efecto, la tesis de la importancia del gasto público como palanca de crecimiento –un anatema para economistas mainstream– ha sido refrendada, curiosamente, por el mismo FMI, inmerso en continuas contradicciones en las declaraciones de sus dirigentes y en los informes técnicos de sus expertos. Así, los análisis del Fondo estimaban que por cada punto de ajuste fiscal –en suma, de recorte en el gasto público– en los países desarrollados, el PIB se contraía 0,5 puntos[1]: un multiplicador, por tanto, muy bajo, de manera que esto de alguna forma bendecía las políticas de austeridad. Pero el estudio de Olivier Blanchard y Daniel Leigh de 2013 (siendo Blanchard economista jefe del FMI), revisó en profundidad los cálculos primigenios de la institución estableciendo nuevos multiplicadores. La transcendencia de esta aportación (Blanchard-Leigh, 2013), de una encomiable honestidad intelectual y sustentada sobre más de treinta investigaciones realizadas entre 2008 y 2012, se concreta en unos puntos esenciales, que se repiten en el libro de 2019, firmado junto a Summers:

• En fases de depresión y de trampas de liquidez (tipos de interés cercanos al cero, con poco margen pues para la política monetaria), el multiplicador fiscal puede superar con creces la unidad.
• Se establece una horquilla que sitúa los multiplicadores, según los países considerados, entre 0,9 y 1,7 puntos porcentuales, con lo que se concluye que los efectos de las políticas de austeridad han resultado mucho más negativas de lo esperado y explicaría, entre otros elementos, los fallos de cálculo de las instituciones y, a su vez, el crecimiento notable de la desigualdad.
• Un recetario único no es asumible por todos los países por igual; así, deben tenerse en cuenta las características de cada uno de ellos y de sus diferentes realidades. El cuestionamiento de la aplicación de una plantilla común que no distinga factores particulares subyace en esta revisión.
• Urgen diagnósticos más rigurosos de la realidad económica, toda vez que los errores han supuesto la adopción de políticas económicas muy duras sobre todo en los países del sur de Europa, con resultados negativos para su cohesión social.

Por tanto, elevar el multiplicador según las nuevas estimaciones del FMI (recuérdense: del 0,5 al 0,9-1,7) alimentó la austeridad fiscal, habida cuenta que los efectos sobre el crecimiento del PIB pueden ser perversos: por la disminución de los ingresos públicos y por mayores gastos de los estabilizadores automáticos. Ante esto, una contribución de J. Bradford DeLong y Lawrence H. Summers aboga por la expansión fiscal precisamente para capacitar la financiación de la deuda y, a su vez, reducir el déficit (DeLong-Summers, 2012). Estos autores defienden el incremento transitorio del gasto público para recuperar la economía, ante el agotamiento de las herramientas tradicionales en la política monetaria. Sin embargo, la prudencia guía ahora los escritos de los economistas, tras la fe de erratas de Blanchard. Y esa cautela para criticar los fallos, que se matizan una y otra vez, del FMI, solía ser implacable certeza por el mainstream en su práctica totalidad cuando la institución defendía, a capa y espada y con escaso soporte –que ha reconocido el propio Blanchard– que la transcendencia de los recortes era menor –un 0,5 de incidencia sobre el PIB– para la evolución del crecimiento. Vemos por tanto que el reciente estudio compilatorio de Blanchard y Summers lo que está haciendo es, de alguna forma, reivindicar sus investigaciones previas –desde 2013–, revisando preceptos casi sagrados de la macroeconomía.

En efecto, ambos autores son vehementes: a pesar de las políticas macroeconómicas, la producción aún está por debajo del potencial, al menos en la zona del euro y en Japón. Estos hechos –indican Blanchard y Summers– llevan a la inevitable conclusión de que la política fiscal tendrá que desempeñar un papel mucho más importante en el futuro que el que ha tenido en el pasado inmediato. Y ello con una mayor laxitud en los déficits: éstos pueden ayudar a reducir o eliminar la brecha de producción, de forma que los beneficios pueden exceder a los costes. Ante todo esto: ¿evolución o revolución?, se plantean Blanchard y Summers. La disyuntiva se puede decantar a partir de una lectura objetiva, señalan, de las condiciones económicas. Tanto durante la Gran Depresión como en la década inflacionista de los años 1970, se introdujeron cambios relevantes que, a su vez, transformaron el pensamiento macroeconómico. Esto, a juzgar por los autores, contrasta con las respuestas conocidas desde la Gran Recesión; en tal sentido, es cada vez más probable que en los próximos años asistamos a una combinación de tasas de interés bajas y el resurgimiento de la política fiscal como herramienta de estabilización primaria ante las dificultades para alcanzar los objetivos de inflación. Todo esto, concluyen Blanchard y Summers, infiere cambios importantes en nuestra comprensión de la macroeconomía y en los juicios de políticas sobre cómo lograr el mejor resultado. Nos congratulamos de la aportación de estos dos insignes economistas, divulgada en una plataforma tan significativa como el MIT. Pero debe advertirse que tales posiciones ya habían sido defendidas, mucho antes, por otros economistas desde postulados alejados de la filosofía básica del mainstream, poniendo justamente uno de los focos de atención en los salarios y en su evolución.

            En efecto, la Gran Recesión ha supuesto crecimientos débiles en los salarios en las economías desarrolladas: de un 3 por ciento en 2007 a 1,2 por ciento en 2011, con tendencia al mantenimiento o depreciación en años posteriores[2]. En el caso de Alemania, que marca la pauta europea, las cifras son elocuentes: desde 1991 se observa un incremento sostenido de la productividad laboral por ocupado que es superior a la evolución salarial, estática e incluso decreciente desde 2001. En 2013, los salarios aumentaron un 2,2 por ciento, mientras en 2011 habían crecido un 3,3 por ciento[3]. Una situación similar se aprecia en Estados Unidos: la productividad despega muy por encima de la compensación salarial por hora desde los años 1980, tras el análisis de una serie muy robusta que se inicia en 1948[4]. En síntesis, por tanto, el crecimiento de los salarios se encuentra por detrás del aumento de la productividad en los países más avanzados. Según la OIT, sobre la base de 36 naciones, la productividad laboral promedio creció, desde 1999, en más de dos veces los salarios promedio en las economías desarrolladas[5]. Las consecuencias de este hecho sobre la demanda agregada infieren un agravamiento de la crisis –por la falta de pulsión del consumo– y la caída de los precios: algo que Blanchard y Summers nos recuerdan en 2019.

            Los aspectos financieros son recogidos con menos entusiasmo por los autores citados. Pero son transcendentales para la confección de la arquitectura macroeconómica. Por ejemplo, los problemas de la deuda soberana en la Europa del sur, que obedece, esencialmente, a los desequilibrios existentes entre la más desarrollada y la periférica. El motivo parece claro: los países del sur –y también los periféricos europeos– han ido incrementando su deuda a medida que perdían competitividad en relación con el norte. Esta situación ha amenazado la liquidez y la solvencia de todo el sistema bancario europeo, toda vez que los bancos del norte han intervenido de forma extensa en la financiación de bancos y economías del sur. En otras palabras: la crisis de deuda ha cedido paso a un grave problema bancario, por lo que las medidas adoptadas desde 2010 se dirigen, exclusivamente, a estabilizar los mercados financieros y en ayudar a la banca (Lapavitsas et alter, 2011).

            Este apoyo casi incondicional a los bancos ha ido acompañado de políticas de austeridad, ya descritas. Éstas presionan sobre la reducción del gasto público, de forma que junto a la contracción salarial y la masiva asignación de recursos a los mercados financieros, la demanda se resentirá. La austeridad marca una evolución económica frágil en los países del sur, con crecimientos muy vagos que impiden una corrección positiva en sus mercados de trabajo. La creación de empleo va a ser –está ya siendo– de baja calidad, con sueldos bajos, con una gran temporalidad y, por tanto, suponen una menor capacidad de consumo, de cotización tributaria y de capacidad económica total. Ello explica que la deuda siga creciendo, a pesar de los recortes: estamos ante una retroalimentación que incrementa los saldos negativos de la periferia europea, mientras las instituciones del norte se empecinan en seguir con el mismo recetario extremo que está portando a esta situación tan delicada. El volumen de deuda del sur puede llegar a ser inasumible, de forma que se ha llegado a plantear el tema de un posible impago e, incluso, de la salida de la zona euro por parte de países del sur y de la necesidad de repensar la globalización (Lapavitsas et alter, 2011; Montebourg, 2011; Otte, 2011).

El economista Costa Lapavitsas ha aportado pruebas de la inconsistencia del actual proyecto europeo, a partir de los graves problemas de las deudas soberanas de los países del sur. Desde una óptica que se califica como de “europeísmo crítico”, desgrana tres posibles escenarios de futuro (Lapavitsas, 2013):

1. La austeridad, programa marcado por los dirigentes europeos y por las principales instituciones económicas. Las políticas económicas derivadas surgen de diagnósticos erráticos –rememórese tan sólo un factor: la culpabilidad total que se da a la economía pública de la situación de desequilibrios económicos– y suponen un sacrificio social de primera magnitud que recorta derechos, prestaciones y salarios.
2. Reforma de la eurozona, a partir de una unión política y fiscal que, además, supusiera un cambio en las funciones del BCE orientándolas al fomento del empleo y al crecimiento económico, más que a la estabilidad de los precios. El BCE, con organismos específicos –Lapavitsas habla de una Oficina de Deuda Pública–, tendría que coordinar la emisión de deuda de cada Estado, hecho que contribuiría a evitar las especulaciones monetarias.
3. El impago de la deuda por parte de los países del sur, y su posterior salida de la moneda única. Esto se debería complementar con la reestructuración de la deuda internacional, la nacionalización bancaria que asegurara los depósitos y aflojara las condiciones del crédito, y un control sobre los movimientos de capital para evitar su salida y proteger así al sistema bancario del país. La intervención pública sería, al mismo tiempo, indispensable para proteger áreas clave de la estructura económica, como los transportes o la energía, que pudieran verse afectadas por el abandono de la eurozona.

Además, otro aspecto merece ser destacado: los bancos son ahora más grandes que antes de la crisis –según Jeff Madrick– y las primas enormes que empujan a los banqueros a correr riesgos imprudentes sigue siendo la norma. Madrick denuncia un sistema financiero desregulado y una élite económica corrupta en Estados Unidos; y paradójicamente no piensa que los problemas de deuda sean tan graves ahora. La gran dificultad es el bajo crecimiento económico y la adopción de políticas de recortes presupuestarios en un momento nada indicado (Madrick, 2011). Para Robert Shiller, no se ha aprendido ninguna lección, hasta el punto que advierte que la crisis puede volver a producirse. Esta es también la posición de Walden Bello, en un reciente trabajo (https://ctxt.es/es/20190619/). El sistema bancario no ha aumentado sus ratios de capital, la bolsa está en cotizaciones insostenibles y no se ha hecho casi nada para regular las instituciones financieras no bancarias. De hecho, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Chase, Morgan Stanley y Wells Fargo dominan la banca de Estados Unidos; están garantizados por el contribuyente, de manera que esto crea incentivos para más excesos, como el nuevo repunte de las hipotecas basura. Las operaciones bancarias en la sombra (servicios de inversiones y préstamos de instituciones financieras que actúan como bancos, pero con menos controles) subieron de 59 billones a 71 billones de euros entre 2008 y 2013, de forma que se detectan pautas de endeudamiento similares a las conocidas antes de la crisis[6]:

1. Exceso de confianza en los mercados de capital a corto plazo (esta fue la causa de la caída del prestador hipotecario Northern Rock, de los bancos islandeses y de Lehman Brothers).
2. La internacionalización del yuan abre nuevas posibilidades a las inversiones extranjeras en China, y ello aumenta los riesgos de la economía mundial ante la posible vulnerabilidad del sector bancario chino. El total del crédito interno en China ha crecido de forma enorme, de 9 billones a 23 billones entre 2008 y 2013.
3. Según la investigación de Walden Bello, los bancos estadounidenses poseen, en  2019, 157 billones de dólares en derivados, aproximadamente el doble del PIB mundial. Esto es un 12% más de lo que tenían al comienzo de la crisis de 2008.

En relación a la eurozona, Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff (Reinhart-Rogoff, 2013) han expuesto que la experiencia histórica demuestra que es imposible crecer y reducir deuda aplicando austeridad y paciencia. La deuda, señalan, se ha contraído siempre mediante la inflación y la reestructuración. En concreto, exponen, a partir de la historia económica, las formas de pagar la deuda[7]:

1. Con más inflación, hecho que reduce el valor de la deuda. El tema choca con los planteamientos del BCE, que centra sus actuaciones en alcanzar una inflación del 2%, a pesar de las evidentes preocupaciones de Mario Draghi. La exigencia debería ser que, en efecto, el BCE cumpla sus cometidos, toda vez que los precios están ahora mismo por debajo de ese 2%; pero se sigue exigiendo austeridad, con lo que la deflación no se corregirá y el pago de la deuda será más difícil. Blanchard y Summers, recuérdese, abogan por estimular precisamente los precios –el consumo– a partir de la expansión de la política fiscal.
2. Gobiernos europeos y el BCE deberían obligar a bancos y empresas –y consorcios que negocian fondos de pensiones– a comprar deuda pública por debajo de su valor y, a la vez, regular los movimientos de capitales para evitar su fuga.
3. Mayor crecimiento económico, que debería ser muy superior al alcanzado por la eurozona en los últimos años. La consecuencia de esto va a ser el aumento de los déficits públicos –si se mantienen políticas de bienestar y los estabilizadores automáticos– y de la deuda.

Una conclusión se desprende de todos estos datos: las instituciones económicas deberían haber aprovechado la crisis para fijar unas normas globales sobre el capital, y marcar reglas claras sobre los pasivos que poseen los bancos y las entidades financieras. En tal sentido, los compromisos del presidente Obama cuando ganó las elecciones fueron claros: por un lado, garantizar que el crecimiento económico no volviera a basarse en una expansión de deuda, una burbuja de vivienda y un déficit financiado externamente; por otro, rediseñar el sistema financiero para combatir la especulación, restablecer medidas fuertes de regulación y exigir ratios mucho más drásticos de capital. Ambos aspectos siguen, todavía, sin cumplirse. Y resultará muy complicado con Donald Trump como presidente de Estados Unidos y con la perseverancia del mainstream en mantenerse firme en sus postulados canónicos. El libro de Blanchard y Summers puede ayudar; pero sería injusto no recordar que otros economistas llevan tiempo advirtiendo de los fallos erráticos de la macroeconomía, enfatizando el peligro de una nueva crisis si no existen cambios importantes en el sistema financiero. 

Bibliografía

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[1] Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, octubre de 2008 y octubre de 2010.

[2] Organización Internacional del Trabajo (OIT), Informe Mundial sobre Salarios 2012/2013. Los salarios y el crecimiento equitativo; véase en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/documents/publication/wcms_195244.pdf.

[3]https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/NationalAccounts/DomesticProduct/Tables/LabourProductivityAverageWages_PerCapita.html, Statistisches Bundesamt.

[4] Bureau of Economics Analysis U.S. Department of Commerce, http://www.bea.gov/national/index.htm.; Bureau of Labour Statistics, http://www.bls.gov/cps/.

[5] Organización Internacional del Trabajo (OIT), Informe Mundial sobre Salarios 2012/2013. Los salarios y el crecimiento equitativo; véase en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/documents/publication/wcms_195244.pdf..

[6] Véase: http://www.nytimes.com/2013/12/19/opinion/gordon-brown-stumbling-toward-the-next-crash.html?_r=0.

[7] http://www.cepr.org/pubs/dps/DP9750#. DP9750: Financial and Sovereign Debt Crises: Some Lessons Learned and Those Forgotten. En un interesante artículo, Guillermo De la Dehesa (De la Dehesa, 2014) plantea soluciones posibles para la deuda de la eurozona. Una se centra en la mutualización de parte de la deuda, la que supere el 60% del PIB de los países. Toda esa deuda pasaría a un fondo europeo de redención de la deuda, financiado con la emisión de “euroletras” con garantía de los Estados, y con contribuciones del Mecanismo de Estabilidad Europea. La segunda se basa en una reestructuración de la deuda, a partir de un programa denominado PADRE, que debería hacerse a partir del BCE y que exigiría compromisos decididos de carácter político por parte de los Estados. Este trabajo que invoca De la Dehesa, fue presentado por Pierre Paris y Charles Wyplosz: http://eml.berkeley.edu/users/eichengr/bellagio/padre.pdf

Carles Manera

Catedrático de Historia e Instituciones Económicas, en el departamento de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears. Doctor en Historia por la Universitat de les Illes Balears y doctor en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona. Consejero de Economía, Hacienda e Innovación (desde julio de 2007 hasta septiembre de 2009); y Consejero de Economía y Hacienda (desde septiembre de 2009 hasta junio de 2011), del Govern de les Illes Balears. Presidente del Consejo Económico y Social de Baleares. Miembro de Economistas Frente a la Crisis Blog: http://carlesmanera.com