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domingo, 18 de octubre de 2026

Dos economías, dos sociedades

 


Por Carles Manera | octubre 17, 2026 | 1

Democracia frente a autoritarismo en las elecciones generales

Esto va más allá de unas elecciones

El periodista Enric Juliana lo indicó en una entrevista reciente: lo que se va a dirimir en las elecciones generales no es, simplemente, la alternancia de partidos; es la confrontación de dos modelos. Juliana no profundizó más sobre esta idea, que es de gran interés. Lo que venimos escribiendo, lo que vamos leyendo, lo que estamos investigando, delinea de hecho esa tesis, con datos objetivos, con materiales cuantitativos y cualitativos. No es una elucubración. En efecto, de forma directa y sin rodeos: lo que está en juego es la pervivencia o no del Estado del Bienestar tal y como lo conocemos hoy, con todos sus defectos que se han de corregir, con sus enormes virtudes que se han de enaltecer, con la urgencia que tiene ampliar sus perímetros. Y de ahí se derivan los dos modelos socioeconómicos que se van planteando con más nitidez en estos días por parte de diferentes voceros, pero que se pergeñaban en aportaciones anteriores.

Uno, que se inscribe en reforzar los resortes básicos del bien común derivado del Estado del Bienestar –sanidad, pensiones, vivienda, educación, servicios sociales, investigación, transición energética, etc.–, a partir de la decidida actuación de las administraciones en ser inversoras de primera instancia, tal y como indica la profesora Mariana Mazzucato (Bien común, Taurus, 2026). Es la función de un Estado que pre-distribuye al tiempo que también puede redistribuir; que se avanza a los problemas y que pone su maquinaria presupuestaria para atajarlos, con una política tributaria progresiva. En colaboración con el sector privado.

Otro, que se escuda –cuando se presenta bajo un ropaje más canónico– en inquietarse ante elevados déficits y deudas públicos (rara vez se hace mención, sin embargo, a las deudas privadas), lo que infiere –se dice con solemnidad– la urgencia en recortar gastos; pero cuando se presenta sin esa máscara “profesional” aparece el verdadero rostro del dislate ideológico (el ejemplo más elocuente es la posición en el tema de las pensiones por parte de la derecha y la ultraderecha, que ya se ven en el gobierno), sustentado en unos preceptos económicos que se han revelado, siempre, fallidos. Es, claro y raso, la austeridad: un fracaso conocido en Grecia, Italia, Portugal, España, Alemania, Francia, Escandinavia, Argentina, Chile, por poner ejemplos en los que los casos de estudios son apabullantes, con corolarios negativos: bajadas de salarios, reducción de inversiones, recortes en prestaciones sociales incluidas las pensiones, incremento del paro y crecimiento del déficit público y, por ende, de la deuda pública. Los números sobre esto están disponibles en las bases de datos de Eurostat, del INE y del FMI, entre otras instituciones. Esto se apreció con enorme y dramática intensidad durante la Gran Recesión (sobre todo esto, con profusión de datos: Carles Manera, Economía en crisis, Libros de la Catarata, 2025; Clara Mattei, Escapar del capitalismo, Capitán Swing, 2026).

Dos modelos enfrentados

Estas dos concepciones estilizadas resumen los dos modelos en el terreno de la economía, siendo conscientes de que las derivadas que se concretan a partir de ahí son múltiples. Los dos modelos –economía social de mercado frente al austericidio– tienen sus nichos políticos (las fuerzas progresistas en el primer caso; derecha y ultraderecha en el segundo), y el más poderoso de los dos –por el dinero que maneja: el que defiende la austeridad y el ultraliberalismo– cuenta con soportes constantes por parte de instituciones conservadoras, inversores milmillonarios y gobiernos afines. Lo estamos viendo en muchos países, desde Latinoamérica –con Argentina como piedra de toque– hasta una Unión Europea en la que anidan caballos troyanos que pretenden dinamitar el entramado europeísta desde sus entrañas. Todo bajo los auspicios de la presidencia de Estados Unidos y connivencias explícitas de Rusia junto al silencio ruidoso de China. La geopolítica forma parte de este mosaico de situaciones, en las que se mezclan: los conflictos bélicos –Ucrania, Irán– y las guerras híbridas –Ceuta–, la lucha por el liderazgo económico mundial, las tensiones financieras y los problemas derivados de los procesos demográficos.

En el terreno social, los dos modelos recogen consecuencias implementadas por las políticas económicas que se han desplegado. La llegada al poder de Donald Trump, heredando un país con indicadores macroeconómicos relativamente positivos (inflación al 2,9%, tasa de paro al 4,5%, aumento de las contrataciones laborales, movimientos bursátiles al alza; la fuente es la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos y Bloomberg), dio pasó a la génesis de una crisis autoinducida, inexplicable desde la lógica económica, con la promulgación de aranceles, la expulsión de inmigrantes y la bajada drástica de impuestos a los más ricos. Tres palancas con las que se ha pretendido reducir los déficits comerciales e iniciar una fantasmagórica reindustrialización en el “cinturón del óxido” estadounidense. Todo malogrado, con dos consecuencias letales: el repunte de la inflación –cercana ya al 4%– y la reducción de las contrataciones laborales. Probablemente, la Reserva Federal deberá subir los tipos de interés a fines de octubre, en la antesala de las elecciones de medio mandato.

Pero, lo más significativo –esto que está influyendo en los comicios de todo el planeta– es la adopción de una liturgia política que descansa sobre los principios ideológicos de la ultraderecha: la invocación de una patria que ha perdido, pretendidamente, sus señas de identidad; el envolvimiento en la bandera; el nacionalismo económico y racial contra los inmigrantes; las soflamas simples y falsas para resolver problemas complejos; la militarización; y los principios de una autoridad incuestionable. La reedición, en suma, de un neofascismo de nuevo cuño (como señala en su reciente libro Federico Finchelstein, Aspirantes a fascistas, Taurus, 2025) pero con ingredientes reconocibles en los huevos de la serpiente de las décadas de 1920-1930. Esto es lo que se esconde tras el austericidio (Clara Mattei, El orden del capital, Capitán Swing, 2025).

Conclusión

El debate electoral en España no es de alternancia, solamente. Es –reiteramos– de preservar, apuntalar y extender el Estado del Bienestar, la defensa del derecho internacional, la crítica a los genocidios contra los pueblos, la lucha por la multilateralidad y el respeto internacional. Esto equivale a defender la democracia. Enfrente: quienes persiguen reducir el bien común amenazando con semi-privatizar las pensiones, retirar ayudas sociales, recortar la sanidad y la educación públicas favoreciendo las privadas e incrementar el gasto militar relacionado con políticas belicistas y la sumisión a preceptos dictados por una potencia exterior. Es la economía de la motosierra: el cuestionamiento de una democracia que es un importante obstáculo para que esos objetivos sean cumplidos. A su vez, las derivas culturales y sociales son enormes, con el mantenimiento o la derogación de: la Memoria Histórica, las leyes progresistas –aborto, igualdad de género, eutanasia, reforma laboral, etc.– y el respeto a la diversidad lingüística en España.

Las opciones progresistas están en un lado, el que ha defendido y avalado el Estado del Bienestar y proporciona factores de convivencia y cohesión social, con evidencias explícitas. La derecha y la ultraderecha están enfrente, radicalizadas con un lenguaje de una dureza extrema que contempla insultos, bulos, mentiras y tergiversaciones. Que no se lea maniqueísmo alguno en este axioma: los datos son imbatibles al respecto, como por ejemplo las posiciones parlamentarias en relación con normas, decretos y leyes favorecedores de las clases media y trabajadora. Es suficiente con consultar las actas del Congresos de los Diputados; o escrutar lo que aparece en tertulias, artículos y ruedas de prensa. Como, igualmente, basta con escuchar lo que dirigentes conservadores y ultras están avanzando. Vamos a escoger entre dos modelos, que se incardinarán en dos formas distintas de entender las relaciones sociales, culturales, políticas y económicas. Esto es lo que, realmente, está en juego el 29 de noviembre.

Carles Manera, Catedrático de Historia e Instituciones Económicas, en el departamento de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears. Doctor en Historia por la Universitat de les Illes Balears y doctor en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona. Consejero del Banco de España. Consejero de Economía, Hacienda e Innovación (desde julio de 2007 hasta septiembre de 2009); y Consejero de Economía y Hacienda (desde septiembre de 2009 hasta junio de 2011), del Govern de les Illes Balears. Presidente del Consejo Económico y Social de Baleares. Miembro de Economistas Frente a la Crisis Blog: http://carlesmanera.com

domingo, 10 de noviembre de 2024

Repensando el futuro económico y social: hacia un modelo de tres techos para la sostenibilidad y el bienestar

En un mundo sacudido por crisis ambientales, desigualdad creciente y un modelo económico que parece agotado, surge la necesidad de establecer un nuevo marco de prioridades. Durante el XXIII Simposio de Renta Básica, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria el 25 y 26 de octubre de 2024, presenté una pequeña propuesta que aborda estos desafíos a través de la creación de dos nuevos "techos" que complementen el techo de gasto público, sancta sanctorum de la gobernanza económica del actual sistema capitalista:  el techo de sostenibilidad y el techo de dolor. Esta propuesta parte de la idea de que solo mediante una transformación estructural podremos alcanzar un modelo económico y social que garantice el bienestar de todos sin comprometer la capacidad del planeta para que la especie humana y la biodiversidad sobrevivan en el largo plazo.

El techo de gasto público: de la contención a la responsabilidad fiscal y social

En la Unión Europea, el techo de gasto público es una restricción impuesta desde arriba hacia el resto de administraciones nacionales, regionales y locales con el objetivo de evitar un déficit excesivo y un endeudamiento considerado insostenible. Esta medida se basa en la noción de que "la deuda de hoy son los impuestos del mañana", aunque carece de un fundamento empírico sólido que establezca un umbral óptimo de endeudamiento. Investigaciones como las de Reinhart y Rogoff, sugirieron que niveles de deuda superiores al 90% del PIB podrían ser perjudiciales para el crecimiento económico; sin embargo, posteriores análisis revelaron errores metodológicos en estos estudios y ya no hay una evidencia concluyente que avale esta política de contención fiscal estricta​.

La limitación del techo de gasto público ha tenido profundas consecuencias para la economía europea. Por ejemplo, en lugar de invertir en innovación y desarrollo, Europa ha canalizado gran parte de su superávit a economías externas, especialmente a Estados Unidos. Yanis Varoufakis ha descrito a la economía estadounidense como un “minotauro global” que absorbe el capital excedente de otras economías a través de su capacidad de atraer inversión extranjera y emitir deuda en su propia moneda dominante. Este flujo de recursos europeos hacia EE. UU. refleja una dependencia estructural que limita el potencial de Europa para invertir en su propia competitividad, productividad y bienestar social​.

Pero la deuda pública europea tiene otra característica crucial: es mayormente interna, es decir, está en manos de ciudadanos y entidades de la propia Europa, al igual que ocurre en Japón. Este fenómeno, que se denomina la "paradoja del último europeo", significa que, en última instancia, si todos los activos y deudas fueran liquidados, el último europeo tendría una deuda consigo mismo. Esto convierte el problema de la deuda en una cuestión de redistribución más que de sostenibilidad y sugiere que Europa podría aprovechar sus propios superávits para financiar un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible​.

El techo de sostenibilidad: un límite innegociable para proteger el planeta

El techo de sostenibilidad se inspira en los compromisos adquiridos en los Acuerdos de París y otros marcos de política climática que establecen límites a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). No obstante, estos límites son actualmente voluntarios y carecen de mecanismos de sanción en caso de incumplimiento y su reflejo en el Green Budgeting Reference Framework de la Comisión Europea es completamente insuficiente.  Para preservar la habitabilidad del planeta, es urgente implementar un verdadero límite de emisiones que abarque tanto las emisiones directamente generadas por el sector público como las indirectas, y que se aplique de manera integral a todos los sectores económicos, incluyendo el sector privado y el consumo de los hogares​.

Este enfoque implica ir más allá de las políticas ambientales actuales y diseñar un marco que imponga límites precisos a las actividades que excedan la capacidad del planeta. Inspirado en el modelo de la economía del donut (rosquilla) de Kate Raworth, el techo de sostenibilidad representa el límite externo que no podemos sobrepasar si queremos mantener la estabilidad ecológica. Este límite debe desagregarse y bajarse a nivel territorial (empresas, barrios, edificios) e incluso traducirse en presupuestos de carbono personales, lo que incentivará la responsabilidad compartida en la reducción de emisiones​.

La implementación de un techo de sostenibilidad efectivo requiere de normas, impuestos y tasas ambientales que restrinjan o penalicen las actividades con altas emisiones de GEI. Estos mecanismos normativos y fiscales no solo incentivarán prácticas más sostenibles, sino que también reducirá la presión sobre los recursos naturales y deberían limitar el consumo excesivo que caracteriza a los sectores con mayor concentración de riqueza​.

El techo de dolor: garantizar el bienestar mínimo en una sociedad equitativa

El otro nuevo componente de esta propuesta es el techo de dolor, que representa un límite social mínimo por debajo del cual ninguna persona debería caer. A lo largo de los últimos años, las políticas de ingresos mínimos, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España, han fallado en su misión de erradicar la pobreza debido a su complejidad administrativa y a sus restricciones de acceso. Se ha generado además lo que se denomina demanda del fracaso[1]: los costos ocultos asociados a un sistema que no logra cumplir su propósito y que resulta en reclamaciones, trámites burocráticos y gastos administrativos sin mejorar la cobertura social​, además de los costes personales y sociales de quienes aun pudiendo recibir la ayuda no logran acceder a ella.

La renta básica universal emerge como una solución para abordar este problema. Al eliminar las condiciones restrictivas y la carga burocrática asociada, la renta básica proporciona un nivel de seguridad económica que asegura que ninguna persona se vea forzada a vivir en condiciones de extrema necesidad. Este techo de dolor ofrece una red de protección inclusiva y accesible que, en lugar de gestionar el fracaso del sistema, se enfoca en satisfacer las necesidades reales de la población.

La economía del donut como marco para los tres techos

La economía del donut propone un "espacio seguro y justo" para la humanidad, definido por un anillo interior que garantiza las necesidades básicas y un anillo exterior que limita el impacto ambiental. En este contexto, los tres techos —de gasto, sostenibilidad y dolor— representan un marco integrador que redefine los límites y las prioridades de la economía. La renta básica, al garantizar el umbral mínimo de bienestar (asimilable al techo del dolor), se convierte en una herramienta esencial para cumplir el anillo interno del donut, mientras que el techo de emisiones contribuye a asegurar el respeto por el límite externo​.

La financiación de la renta básica puede lograrse mediante impuestos progresivos sobre la renta y el capital, además de impuestos ambientales. Estos mecanismos redistributivos no solo cubrirán los costos de la renta básica, sino que también limitarán el consumo desmedido de energía y recursos y contribuirán a revertir la creciente acumulación de la riqueza en el estrato más rico de la población[2], dirigiéndola a una economía más equitativa y ecológicamente sostenible. Este modelo fiscal permitirá una convergencia hacia un modelo de desarrollo sostenible que priorice el bienestar social y la preservación del planeta. A diferencia del endeudamiento financiero publico y privado, la deuda ecológica no son apuntes contables cancelables en un futuro, sino que es real y afecta a las condiciones de vida de la humanidad de las generaciones que vendrán.

Conclusión: un llamado a la transformación sistémica

El triple techo —gasto, sostenibilidad y dolor— es más que una propuesta económica; es una llamada a la acción para reestructurar nuestros valores y prioridades. El techo de gasto, en lugar de ser una limitación contable, debe condicionar las inversiones públicas a la consecución de los techos de sostenibilidad y dolor. Esto implica destinar recursos a garantizar un mínimo de bienestar y a evitar la degradación ambiental, y no simplemente limitar el déficit.

La implementación de estos tres techos requiere una voluntad política decidida y un marco regulador que establezca los incentivos necesarios para una transición justa. A nivel macro, el techo de gasto debería guiarse por los otros dos techos, promoviendo una economía que proteja a sus ciudadanos de la inseguridad económica y respete los límites del planeta. En última instancia, esta estructura no solo redefine el papel del Estado, sino que también ofrece una visión alternativa de una sociedad en la que el bienestar no depende de la acumulación de riqueza, sino de la garantía de derechos compartidos ahora y en el futuro.

Es hora de que tomemos en serio la construcción de un modelo económico que respete los límites planetarios y asegure el bienestar de cada individuo, hoy y en el futuro, y no haga depender el bienestar de la población más vulnerable de las migas de un crecimiento depredador que lleva a la destrucción del planeta. Desgraciadamente, y solo tres días después de la finalización del Simposio y mientras redactaba este escrito, la catástrofe de la DANA ha puesto en evidencia las consecuencias de superar el techo de sostenibilidad y de cómo es necesario replantear el techo de gasto y ponerle un techo al dolor (al menos por la parte material, el dolor emocional por la pérdida de vidas es irrecuperable).  La renta básica, como pilar de este enfoque, representa una oportunidad histórica para garantizar una sociedad más justa y resiliente, donde el progreso no se mida en términos de crecimiento desmedido, sino en la capacidad de ofrecer un presente y un futuro digno a todos.


[2] Un estudio de como financiar una renta básica a nivel europeo con impuestos ambientales y sobre los más rícos se puede encontrar en https://ideasforeurope.eu/activity/publication/a-european-universal-basi...

 

 
economista, miembro de la Red Renta Básica y de la Asociación Revo Prosperidad Sostenible.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 10-11-2024

viernes, 8 de junio de 2018

CAPACIDAD REDISTRIBUTIVA: EL TAMAÑO IMPORTA, PERO EL MODELO TAMBIÉN

Hace no mucho, Olga Cantó publicó un excelente artículo en este mismo medio explicando que, como ocurre en todos los ámbitos de la vida, en el de las políticas públicas el tamaño también importa, y mucho. Nuestro objetivo en este post no es responder a aquel post, porque estamos de acuerdo con todo lo que dice. Es más bien dar continuidad a un debate sobre la agenda de la socialdemocracia que dejamos apuntado aquí y que tiene que ver con los modelos de Estados de Bienestar (y su evolución). El texto se divide en dos partes. La primera caracteriza los dos grandes modelos y traza brevemente sus orígenes históricos. En la segunda, analizamos sus efectos en dos áreas: la eficacia contra la pobreza y la justicia intergeneracional.

Como ocurre con la libertad, hablar del Estado de Bienestar así en general es poco informativo porque existen diversos modelos. Pero en lugar de fijarnos en la clasificación canónica de los tres mundos (Esping-Andersen), lo vamos a hacer en dos personajes: Otto von Bismark y William Henry Beveridge. En lo que aquí nos interesa, Bismarck introdujo en Alemania una serie de leyes a lo largo de la década de 1880 que tendrían como resultado el primer sistema completo de lo que hoy conocemos como Seguridad Social. Los sistemas bismarckianos se caracterizan por financiarse con cargo a cotizaciones sociales que, a su vez, se basan en los salarios de los trabajadores. El objetivo del modelo es asegurar así cierto nivel de vida ante determinadas contingencias que nos impiden obtener rentas en el mercado laboral (rompernos una pierna, cumplir la edad de jubilación), que el sistema ajustará en función del que nos procura nuestro sueldo. Este modelo tiene una cara y una cruz. La cara es para aquellos que tienen un buen empleo; la cruz, para quienes los que no lo tienen o, teniéndolo, es muy precario. En efecto, el modelo ‘bismarckiano’ actúa como un espejo, reproduciendo todas las (des)igualdades de los mercados laborales.
El sistema de William H. Beveridge es aún más moderno y tiene su origen en un informe que éste presentó al Parlamento en 1942, donde fijó las bases del Estado de Bienestar británico que se construye tras la Segunda Guerra Mundial. Los sistemas ‘à la Beveridge’ se caracterizan por financiarse con cargo a impuestos, no a contribuciones, por lo que típicamente cubren (de manera potencial) a toda la población. El objetivo no es garantizar cierto nivel de vida acorde con la posición que tuvimos en el mercado de trabajo, sino garantizar un mínimo vital a todo el mundo, y quizá incluso algo más.
Tras esta introducción a la arqueología del bienestar, volvamos a 2018.
Hoy, ningún país desarrollado responde al 100% a esos dos modelos aunque es cierto que países como Alemania, Austria y Francia se parecen más al modelo de Bismarck, otros como Reino Unido e Irlanda encajan mejor en el de Beveridge. Pero entonces, ¿dónde quedan España y los países nórdicos, por ejemplo? ¿No habría sido mejor seguir a Esping-Andersen y dejarse de historia(s)? La Tabla 1 resume las fuentes de financiación de la protección social de una muestra de países europeos.
Tabla 1. Fuentes de financiación de la protección social. Porcentaje sobre el total de recursos
Pueden extraerse dos conclusiones. La primera es que, aun sin ser un caso puro,  España responde razonablemente al modelo ‘bismarckiano’ –más de un 50% de los recursos provienen de contribuciones sociales–. La segunda es que los países nórdicos, aun no siendo tampoco casos puros, responden razonablemente al modelo de Beveridge –los porcentajes son muy similares a los de Reino Unido e Irlanda–. ¿Qué consecuencias tiene esto? El gráfico siguiente muestra la eficacia de los Estados de Bienestar europeos al reducir la pobreza.
Gráfico 1. Impacto de las transferencias sociales en la reducción de pobreza. Total de la población. En porcentaje
El gráfico muestra que en la lucha contra la pobreza sí hay ‘tres mundos’. El primero está conformado por los Islandia, Finlandia, Dinamarca, Noruega e Irlanda, todos ellos con valores superiores al 50%. Esto es escasamente sorprendente porque, como decíamos, el objetivo del modelo de Beveridge es garantizar que nadie se quede (demasiado) atrás, con independencia de su situación laboral. El segundo lo forman Alemania, Bélgica, Francia, Holanda y, en general, la mayoría de países continentales europeos, con valores de entre el 40% y 45%. El tercer grupo está compuesto por Grecia, España, Portugal e Italia, con valores muy inferiores que en ningún caso sobrepasan el 25%.
Como decía Olga Cantó en su artículo, el tamaño importa. El diseño del bienestar francés no es muy distinto del español, pero su mayor tamaño hace que sea más eficaz a la hora de combatir la pobreza. Pero siendo importante, no es todo lo que importa. Irlanda es uno de los países que más pobreza elimina, y su gasto social no es que no sea comparable al danés, es que es (bastante) inferior a la media europea y de la OCDE.
Pero adoptar un modelo u otro no tiene implicaciones sólo en términos de lo eficaz que sea un Estado de Bienestar en lograr uno de sus objetivos esenciales –erradicar o, al menos, mitigar la pobreza–, sino también en términos de justicia intergeneracional.
Es precisamente en esos términos donde la fractura se ha hecho más latente en la mayoría de países europeos. Por un lado, como hemos visto arriba, los recursos necesarios para financiar el Estado de Bienestar ahora provienen en mayor medida de la parte impositiva que de la contributiva. Es decir, se han hecho más beveridgianos por el lado de los ingresos. ¿Cuál es el problema? Pues que de alguna forma se produce una descompensación de objetivos entre los ingresos –recursos– y los gastos –transferencias–. En un sistema con un claro sesgo bismarckiano (sí, como el español), una buena parte de las transferencias monetarias que realiza el Estado las reciben aquéllos que durante su vida laboral ya han tenido más suerte. Pero la otra parte de la población que no logra esa estabilidad, y que cada vez parece más numerosa, se queda fuera. Es ahí donde quizá deba entrar, en la práctica, la concepción teórica del modelo de Beveridge para evitar que nadie se quede atrás.
Para ver las consecuencias de tener un sistema poco asistencial nos puede ayudar el segundo gráfico. Aquí hemos representado las diferencias relativas en las tasas de riesgo de pobreza por grupos de edad y países entre 2007 y 2016. Están ordenadas de mayor a menor incremento sobre el grupo de menor edad para facilitar su visualización. Hay dos cosas que destacar.
Gráfico 2. Diferencia en las tasas de riesgo de pobreza entre 2007 y 2016 después de transferencias sociales por grupo de edad. En porcentaje.
Lo primero que podemos ver es que existe un patrón común en todos los países hacia un incremento del riesgo de pobreza de los jóvenes (barra más clara) y un descenso de la de los mayores (barra más oscura) durante la última década. Ya, pero es que esos años son los de la crisis. Sí y no. La crisis es una de las causas, seguro, pero no la única. Si miramos el conjunto de países de la OCDE, el riesgo de pobreza desde los años 80 del siglo pasado ha virado de los mayores a los jóvenes.
La segunda apreciación, aunque menos directa, es que los países en los que las transferencias provenientes del Estado de Bienestar son más contributivas han sufrido un incremento mayor de la tasa de riesgo de pobreza de los jóvenes. En un contexto de caída de rentas y desempleo como el que ha supuesto la crisis, tener una pensión contributiva ha servido como seguro de vida y de estabilidad; lo contrario a tener un empleo y ser joven. El caso español es el ejemplo perfecto para ilustrar esto: la tasa de pobreza de los jóvenes ha aumentado un 80%, mientras la de los mayores se reducía a la mitad. El corolario es sencillo: protegemos mucho a algunos y desprotegemos mucho a otros. Tendremos que buscar un equilibrio.
De cualquier forma, nuestra intención con estos datos no es fomentar ningún conflicto intergeneracional. Es una muy buena noticia que tengamos un Estado de Bienestar que proteja de forma tan efectiva a nuestros mayores; sólo queremos que proteja igual de bien a la población más joven. Al mismo tiempo, defender un aumento de las pensiones (que, por lo que hemos visto, no son los más vulnerables en la actualidad) porque muchos pensionistas “han sostenido a familias enteras con su pensión y han evitado más pobreza”, aunque tenga algo de cierto, no debería suponer un argumento válido para ningún político. Ni la razón de ser ni el objetivo de las pensiones es proteger a familias enteras. Además, esa afirmación evita abordar el problema real, que implica mayores recursos y la creación de nuevos instrumentos contra la pobreza. Las carencias de todo tipo que sufren, y han sufrido, muchos niños durante los últimos años pueden tener repercusiones importantes para su desarrollo personal, psicológico y profesional a largo plazo. Y eso es algo que exige una intervención rápida y efectiva por parte de los poderes públicos.
Vamos concluyendo. En un informe publicado en octubre de 2017 y titulado Preventing Ageing Unequally, la OCDE afirmaba que en sus países el sistema de pensiones reproduce, en promedio, dos terceras partes de la desigualdad salarial. En España, esa transmisión es casi perfecta –se transmite un 95%– por dos motivos. Primero, por el estrecho vínculo entre cotizaciones y prestaciones. Segundo, porque España –dice la OCDE– no tiene un sistema de garantía de ingresos mínimos (safety net) fuerte y con capacidad para redistribuir, al contrario de lo que ocurre en muchos países de la OCDE. A diferencia de las pensiones, las rentas mínimas sí redistribuyen rentas desde la parte superior a la inferior de la distribución, con el objetivo de garantizar una calidad de vida mínima. Si queremos un Estado de Bienestar que proteja a todo el mundo, y no sólo a quienes han tenido la suerte de tener una carrera laboral larga y estable, necesitamos una última red que aporte la seguridad que algunos no encuentran ni en el mercado laboral ni en unos estados de Bienestar que funcionan como una empresa pública de seguros (y donde si no has pagado la prima/cotización, no hay protección). Pero de eso os hablaremos otro día.
Autores


Profesor de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid....


Economista

Licenciado y doctorando en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, y máster en International trade, Finance and...

miércoles, 31 de enero de 2018

Solo el Estado del bienestar puede combatir la desigualdad

CTXT


Un estudio de cien investigadores sobre la brecha distributiva hasta 2050 concluye que se necesitan mayores inversiones públicas en educación, salud y protección medioambiental



El Informe sobre la Desigualdad Global 2018* presenta proyecciones de la evolución de la desigualdad de ingreso y riqueza hasta 2050 en base a distintos escenarios. Si en el futuro las condiciones actuales se mantuvieran sin cambios, la desigualdad a escala mundial continuaría creciendo. Si, en cambio, todos los países siguieran, en términos de distribución del ingreso, una trayectoria similar a la que Europa experimentó en las últimas décadas, la desigualdad mundial podría reducirse, con simultáneos avances importantes en la erradicación de la pobreza a escala global.


La clase media mundial en términos de riqueza se reducirá si las condiciones actuales no cambian

El incremento de la desigualdad de riqueza en el interior de los países ha potenciado el crecimiento de la desigualdad de riqueza a escala global. Bajo el supuesto razonable de que la tendencia mundial puede ser captada por una combinación de China, Europa y Estados Unidos, entonces la proporción de riqueza controlada por el 1% más rico del mundo pasó de 28% a 33%, mientras que la del 75% de menor riqueza osciló alrededor de 10% entre 1980 y 2016.
De continuar las tendencias observadas en términos de distribución de la riqueza, la participación del 0.1% más rico del mundo entendido como una combinación de China, Europa y Estados Unidos, será equivalente a la de la clase media para 2050 (Figura E9).



La desigualdad de ingresos mundial también se incrementará de no cambiar las condiciones actuales, incluso bajo supuestos optimistas al respecto del crecimiento de los países emergentes.

Esto no es, sin embargo, inevitable. La desigualdad mundial de ingresos también aumentará si los países persisten en la trayectoria que han mostrado desde 1980, incluso asumiendo altas tasas de crecimiento en África, América Latina y Asia en las próximas tres décadas. Ésta se incrementará aún más si todos los países siguen la trayectoria de creciente desigualdad que Estados Unidos experimentó entre 1980 y 2016. Si, por el contrario, los países siguen la trayectoria europea, la desigualdad se reducirá moderadamente (Figura E10).

La dinámica de la desigualdad en el interior de los países tiene un inmenso efecto en la erradicación de la pobreza a escala global. La evolución de los ingresos de la mitad más pobre de la población mundial puede variar para 2050 entre 4.500 y 9.100 euros anuales por adulto en función de la trayectoria de desigualdad que sigan los países (Figura E11).
Los gobiernos deberían realizar inversiones que permitan reducir los actuales niveles de desigualdad de ingresos y riqueza y prevenir nuevos incrementos en el futuro.

Se necesitan mayores inversiones públicas en educación, salud y protección medioambiental, tanto para combatir la desigualdad existente como para prevenir incrementos futuros. No será fácil, habida cuenta de que los gobiernos de los países ricos se han empobrecido y se encuentran muy endeudados. Reducir el endeudamiento público no es una tarea sencilla (varios mecanismos han sido empleados en el pasado: aumento de los impuestos progresivos, condonaciones de deuda, inflación), pero es central para mejorar la posición de partida de las generaciones jóvenes.

* El informe se basa en la recolección, producción y armonización de evidencia llevada a cabo por más de cien investigadores de cinco continentes, que contribuyen a Widworld y a la World Wealth and income database (por más información, visite www.wid.world/team). El Informe se basa en artículos académicos recientes escritos por: Facundo Alvaredo, Lydia Assouad, Anthony B. Atkinson, Charlotte Bartels, Thomas Blanchet, Lucas Chancel, Luis Estévez-Bauluz, Juliette Fournier, Bertrand Garbinti, Jonathan Goupille Lebret, Clara Martinez-Toledano, Salvatore Morelli, Marc Morgan, Delphine Nougayrède, Filip Novokmet, Thomas Piketty, Emmanuel Saez, Li Yang y Gabriel Zucman. Los análisis y conclusiones a las que llega el Informe reflejan la visión de los editores y no necesariamente de los investigadores involucrados.

Autores: Thomas Piketty, Lucas Chancel, Gabriel Zucman, Emmanuel Saez y Facundo Alvaredo.

Fuente: http://ctxt.es/es/20180103/Politica/16778/desigualdad-thomas-piketty-estados-unidos-china.htm