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"Peor que los peligros del error son los peligros del silencio." ""Creo que mientras más critica exista dentro del socialismo,eso es lo mejor" Fidel Castro Ruz
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viernes, 31 de julio de 2026

La transformación del modelo cubano frente a las alas de Ícaro.

 

Respuesta a una crítica.


Comento brevemente las críticas de mi amigo Rafael Hernández sobre Cuba Transformación . Más que el mito de Pandora resulta pertinente el de Ícaro que embriagado por el vuelo y la sensación de poder, ignora las advertencias sobre el invento defectuoso con el que pretende salir del laberinto.

El invento largamente cavilado y aprobado por el Partido Comunista de Cuba (PCC) se denominó “ordenamiento”. Su estrepitoso fracaso metió de lleno el modelo económico cubano en un laberinto del que no se sale con una reforma parcial. Si a ello se suma la modificación brusca del entorno geopolítico de Cuba en 2026 —que no se limita a lo que hace el gobierno de Estados Unidos—, no queda claro por qué mi amigo Rafael considera ilegítimo que economistas cubanos no vinculados al PCC puedan pensar con cabeza propia alternativas de transformación económica y política.

Comienzo con tres aclaraciones importantes:

Primero, resulta incomprensible que la crítica honesta de un intelectual que supongo que leyó la propuesta de Cuba Transformación, afirme que compartimos “lógica y objetivos” con una política “antidemocrática, americanocéntrica y supremacista”. El texto de Cuba Transformación dice textualmente que “la transformación propuesta no implica aceptar condiciones que comprometan la soberanía nacional a cambio del levantamiento de esas sanciones. Cuba deberá defender sus intereses legítimos en cualquier proceso de negociación, siempre dentro del marco del derecho internacional, con transparencia y plena rendición de cuentas ante la ciudadanía… La independencia nacional no se define por el aislamiento económico ni por el control estatal de la actividad productiva, sino por la capacidad efectiva de una nación para decidir libremente su destino, proteger sus intereses estratégicos y garantizar el bienestar de su población”.

¿De dónde pudo haber salido eso de asociarnos “sin ton ni son” con políticas de gobiernos extranjeros?

Agrego algo que he dicho antes, por si no ha quedado suficientemente claro: La crítica de que proponer una economía social de mercado y un Estado democrático de derecho, bajo el supuesto de una solución pacífica del diferendo con EE.UU. implica perder soberanía merece una respuesta clara, porque confunde soberanía con aislamiento y autoritarismo.

Reducir la soberanía cubana a la interpretación del PCC confunde la defensa de un sistema político monopolizado por un partido con la soberanía plena del pueblo para decidir libremente su sistema político y económico. ¿Puede llamarse soberano un pueblo al que se le impide cambiar pacíficamente su sistema político? La soberanía real se afirma liberando el talento, la iniciativa y las libertades de los ciudadanos.

Segundo, en ninguna parte el texto de Cuba Transformación sostiene que sea “la única opción realista para Cuba”. Eso es un invento. Por el contrario, el documento aclara expresamente que “no pretende constituir un programa cerrado ni ofrecer respuestas definitivas a todos los desafíos que enfrentará la transformación de Cuba… aspira también a contribuir a una discusión más amplia sobre las alternativas y decisiones que deberá afrontar el país”.

Tercero, Cuba Transformación no es la propuesta “de” ninguna institución. Es el resultado del trabajo de cinco economistas con nombres y apellidos. En orden alfabético del primer apellido: Mauricio De Miranda Parrondo, Pedro Monreal González, Omar Everleny Pérez Villanueva, Ricardo Torres Pérez y Pavel Vidal Alejandro.

Paso ahora a reafirmar aspectos que se enuncian en la crítica:

1. La transformación que proponemos abarca tanto el modelo político como el económico: convertir un Estado de partido único en un Estado democrático de derecho, y un modelo de economía centralmente planificada en una economía social de mercado.

2. La propuesta de un Estado democrático de derecho no se reduce a la mención de una “democracia liberal”, como sugiere Rafael. Hemos sido precisos en los componentes esenciales de la visión que presentamos: libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de prensa, celebración de elecciones libres, competitivas, pluripartidistas, inclusivas, periódicas y transparentes, así como el sometimiento de los gobernantes y de los poderes públicos a la Constitución y al ordenamiento jurídico.

3. En modo alguno Cuba Transformación favorece “la disminución del papel del Estado al nivel de proveedor de servicios básicos, y dejarle todo lo demás al sector privado”, como afirma Rafael. Lo que el texto postula de manera explícita es que “el Estado debe disponer de la capacidad institucional necesaria para actuar de manera coherente, autónoma y estratégica, promoviendo el desarrollo económico, corrigiendo las fallas del mercado y garantizando el funcionamiento de un sistema competitivo. Ello implica regular los mercados de factores productivos, preservar la competencia, aplicar políticas antimonopolio, desarrollar la infraestructura, formular estrategias nacionales de desarrollo y promover políticas sociales orientadas, en particular, a la erradicación de la pobreza y al desarrollo humano”.

4. La propuesta de un modelo de “economía social de mercado” se sustenta en aspectos esenciales, entre ellos que “la actividad económica se orienta hacia el bienestar de la sociedad como objetivo superior, utilizando la eficiencia de los mercados libres como uno de los principales instrumentos, pero no como fin exclusivo”. No empleamos el concepto de manera limitada a su origen histórico. No se trata, como sostiene Rafael, de “copiar el diseño político de Alemania, Austria, Países Bajos, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Suiza”. Eso no aparece en ninguna parte del texto.

5. Cuba Transformación es clara respecto a otras experiencias: “Las transformaciones económicas exitosas de Polonia, Estonia, Vietnam y China ocurrieron bajo condiciones históricas, geopolíticas y de capital humano parcialmente distintas a las de Cuba en 2026. Cualquier extrapolación debe tomarse con cautela”. No proponemos una transformación de tipo chino o vietnamita porque “la ausencia de mecanismos efectivos de control ciudadano y de alternancia en el poder implica que las reformas permanezcan sujetas a decisiones discrecionales y puedan ser modificadas o revertidas por las propias élites gobernantes”.

6. Cuba Transformación descarta “cualquier justificación exclusivamente utilitarista de regímenes autoritarios basada en sus resultados económicos”. Esa posición está expresada de forma contundente en nuestra propuesta.

7. La propuesta de Cuba Transformación no muestra “desprecio” ni “invisibilización” respecto a las 176 medidas del gobierno cubano. Se mencionan en el texto, aunque no nos detuvimos en ellas porque nuestra propuesta estaba esencialmente escrita cuando se anunciaron (todavía pocas han sido realmente implementadas). Por esa razón, la prioridad fue publicar el documento según nuestro calendario de trabajo, sin revisar extensivamente hechos nuevos. En cualquier caso, después de su publicación hemos comentado críticamente las 176 medidas. No ha habido intención de “ningunearlas”. Existe la posibilidad de que estén “perdidas en el llano”, pero esa valoración general tendría que respaldarse con evidencia. Habrá que esperar los resultados.

Reitero que es bienvenida la crítica y la identificación de alternativas a lo que propone Cuba Transformación, pero no vale todo.

Finalmente, resulta interesante que Rafael se refiera a Cuba Transformación como parte de “esas propuestas intelectuales modernizadoras”. En cualquier caso, contra lo que habría que estar en guardia es contra las propuestas políticas de la “continuidad”, con su récord verificable de incumplimientos, fracasos y falta de autocrítica razonada, a pesar de lo cual insisten en inventar nuevas alas de Ícaro.




Nota: Artículo de Rafael Hernández “¿La caja de Pandora? Seguridad, instituciones, credibilidad y transformación en Cuba”, OnCuba News, 27 de julio de 2026 https://oncubanews.com/opinion/columnas/con-todas-sus-letras/la-caja-de-pandora-seguridad-instituciones-credibilidad-y-transformacion-en-cuba/

lunes, 20 de julio de 2026

PROPUESTA PARA TRANSFORMAR LA ECONOMÍA CUBANA

 

Julio, 2026

Cuba Transformación ofrece un diagnóstico de la crisis estructural del país y propone un camino para su estabilización, recuperación y desarrollo.

La propuesta Cuba Transformación, anunciada el 22 de junio de 2026, es el resultado del trabajo conjunto de los economistas cubanos Mauricio de Miranda Parrondo, Pedro Monreal González, Omar Everleny Pérez Villanueva, Ricardo Torres Pérez y Pavel Vidal Alejandro. Nuestro propósito es ofrecer ideas con rigor técnico, abiertas al debate público y orientadas a explorar alternativas realistas ante la profunda crisis que enfrenta Cuba. Buscamos contribuir a sentar las bases de una recuperación económica sostenible que mejore el bienestar de la población y amplíe sus libertades.

Esta propuesta no pretende ser un plan infalible ni ofrecer soluciones mágicas. Presenta, en cambio, un marco analítico coherente, realista y flexible que puede ayudar a estabilizar la economía, retomar el crecimiento y construir un futuro mejor para los cubanos. Partimos de la convicción de que no existe una única respuesta correcta. Por eso, aspiramos a que este documento sirva como punto de partida para una discusión amplia, plural y responsable sobre el futuro económico de Cuba.

Se trata de una primera versión. Publicaremos revisiones sucesivas que incorporarán las críticas, comentarios y sugerencias que recibamos. Con este espíritu, invitamos a la comunidad académica, a los profesionales, a los técnicos y a la sociedad cubana en general a leer, evaluar y enriquecer esta propuesta. Su participación es esencial para fortalecerla con nueva evidencia, diferentes perspectivas y un debate constructivo.

Cuba Transformación es una iniciativa apoyada por instituciones como el Cuba Study Group y el Observatorio sobre la Economía Cubana. Los economistas mantienen plena independencia editorial sobre su trabajo.


Link del resumen Ejecutivo https://pub-b3efec60654a46eb9cfe8b62a3f029ab.r2.dev/cuba-transformacion-resumen-ejecutivo-es.pdf 19 paginas

Link del Informe completo de https://pub-b3efec60654a46eb9cfe8b62a3f029ab.r2.dev/cuba-transformacion-propuesta-es.pdf 118 paginas

domingo, 28 de septiembre de 2025

Tres décadas del intento de saneamiento financiero en Cuba


IPS Cuba rescata un análisis especializado de nuestra publicación Enfoques de 1996 del programa de saneamiento financiero.

Economía Redacción IPS Cuba 28 septiembre, 2025

Para los autores cualquier decisión sobre la desmonetización del país debería resultar de un amplio debate social, teniendo en cuenta su relevancia para el futuro del país.


Foto: Jorge Luis Baños/IPS

La Habana, sep.- Hace alrededor de 30 años, cuando Cuba intentaba salir de los años más duros del llamado período especial en tiempos de paz, el gobierno del entonces presidente Fidel Castro impulsó un programa de saneamiento de las finanzas internas que tenía entre sus principales objetivos la disminución de la liquidez monetaria.

En diciembre de 1995, decimoctavo mes de implementación del programa, era evidente que el exceso de liquidez seguía siendo un problema pendiente de solución y que el programa de desmonetización lenta de la economía adoptado en mayo de 1994 había alcanzado resultados relativamente modestos.

Con la seguridad de que mirar al pasado nos ayuda a entender el presente, Archivo IPS Cuba rescata las dos partes de la monografía La desmonetizacion de la economía cubana: una revisión de las alternativas, publicada en los números 7 y 8 de 1996 de nuestra publicación Enfoques, de los especialistas y colaboradores de IPS Luis Gutiérrez, Pedro Monreal y Julio Carranza Valdés.

Los expertos van más allá del análisis del programa aplicado y sus resultados para hacer una propuesta de lo que, a su juicio, hubiera sido un camino a mediados de los años 90 del siglo XX. (2025)

Consultar:



Comentario HHC : Comparto el texto de la I parte

LA DESMONETIZACION DE LA ECONOMIA CUBANA: UNA REVISION DE LAS ALTERNATIVAS (I PARTE)

 

Enfoques, No.7, abril de 1996

 

Luis Gutiérrez Urdaneta, Investigador del Departamento de América Latina y el Caribe en el Centro de Estudios sobre América

Pedro Monreal González, Investigador del Departamento América del Norte en el Centro de Estudios sobre América 


Julio Carranza Valdés, Subdirector del Centro de Estudios sobre América 

LA DESMONETIZACIÓN: ¿UN PROBLEMA RESUELTO? 

En diciembre de 1995, decimoctavo mes de implementación del programa de saneamiento de las finanzas internas se hizo evidente que el exceso de liquidez es todavía un problema pendiente de solución. El programa de desmonetización lenta de la economía adoptado en mayo de 1994 ha alcanzado resultados relativamente modestos que dejan la liquidez acumulada a niveles todavía muy elevados y con una clara tendencia hacia una fuerte concentración. De hecho, se observa un rendimiento decreciente de los instrumentos utilizados por el programa en su primer año y medio de funcionamiento.

La necesidad de continuar avanzando en la reducción significativa de la liquidez se mantiene, a nuestro juicio, como una de las condiciones necesarias para consolidar la reactivación de la economía nacional y esto plantea inevitablemente la adopción de nuevas medidas. Conocemos que este no es un criterio compartido por todos los especialistas, por lo que antes de continuar, nos parece pertinente delinear claramente nuestra posición en los marcos de la discusión acerca del contenido real del problema del exceso de liquidez en la economía cubana al comenzar 1996.

Existen algunas nuevas interpretaciones de esta cuestión que aseguran que las medidas adoptadas han resuelto esencialmente el problema existente un año atrás, y que su actual magnitud se encuentra a un nivel "manejable", aún cuando la cifra de liquidez total oficialmente reconocida excede en casi tres veces lo que se considera como punto de balance (1).

Esta corriente de opinión reconoce el alto nivel de concentración del circulante pero destaca que el 60 % del total se encuentra depositado en cuentas que según los reportes bancarios tienen un bajo nivel de movimiento y que, por tanto, "no constituyen un factor de presión real sobre el conjunto de la economía". Vale apuntar, sin embargo, que las tendencias más recientes parecen contradecir la supuesta inmovilidad de los saldos bancarios. De acuerdo con el Informe Económico del Banco Nacional de Cuba, en agosto de 1995, mientras que en todo 1994 se produjo una contracción del ahorro ordinario de 147 millones de pesos, sólo en el primer semestre de 1995 se produjo una nueva contracción del mismo en 451 millones de pesos, lo que pudiera colocar la cifra total para el año en la proximidad de los 1.000 millones, un nivel que difícilmente puede ser interpretado como inmovilidad del ahorro.

Tampoco se deja de reconocer por esa corriente la otra dimensión del asunto que es la concentración del ingreso, sin embargo, se considera que esta es manejable a través de la nueva política impositiva.

Desde esa perspectiva, no tendría sentido asumir los costos y riesgos que significan actuar sobre una cuestión -el exceso de circulante- "que realmente no existe como problema en este momento."

En nuestra opinión esta es una interpretación que soslaya otras dimensiones de lo que consideramos continúa siendo un problema de necesaria solución, como un momento de lo que debe ser el proceso de reestructuración integral de la economía cubana.

Existen evidencias que demuestran que el exceso de liquidez y su concentración continúan presionando fuertemente al conjunto de la economía, sobre todo en los espacios de mercado que progresivamente se han venido abriendo. El alto nivel de precios en el mercado agropecuario y su relativa rigidez, después de un año de funcionamiento, no se puede explicar, única ni fundamentalmente, como un problema de falta de oferta. En nuestra opinión, una de las causas centrales del fenómeno es la persistencia de una masa monetaria excedentaria y concentrada (incluyendo aquella que se encuentra depositada en el banco), que somete la economía a una notable presión inflacionaria.

El nivel de los precios (sobre todo en el mercado agropecuario) mantiene una relación muy desproporcionada con el salario medio del país lo que condiciona rigideces en la estructura del consumo individual (2), limita las posibilidades de restablecer la condición del trabajo como fuente fundamental de ingresos y crea una serie de complejos problemas a la economía nacional, sobre los que volveremos más adelante en este artículo, y entre los que se destacan: a) las distorsiones en la producción agropecuaria como consecuencia del diferencial de rentabilidad que existe entre las actividades vinculadas al sector de precios regulados y el desregulado, b) el relativo estancamiento de la actividad económica del resto de los espacios del mercado legalizados que no son el agropecuario, c) el desestímulo a los sectores campesinos y algunos cooperativos que ya tienen un alto nivel de ahorro en moneda nacional sin oferta correspondiente, y d) la fuerte transferencia de recursos monetarios de la ciudad al campo.

Por último, más allá de la discusión acerca de la presión real que ejerce en este momento específico el exceso de liquidez, incluyendo el depositado en el banco, está la cuestión central de su impacto en el curso posterior de la reestructuración. La descentralización y la mayor diversificación de las formas de propiedad y organización de la producción y los servicios es, en nuestra opinión, una trayectoria inevitable en el futuro inmediato para elevar el nivel de eficiencia en el sector estatal y actuar positivamente sobre el problema del empleo.

Sin embargo, el problema pendiente de un exceso de liquidez concentrado, que se puede activar en cualquier momento frente al estímulo de escenarios futuros, podría darle un curso no deseado a ese proceso no sólo desde su dimensión económica sino también desde su perspectiva política.

Así consideramos que la revaluación del problema de la liquidez acumulada es una cuestión de total relevancia para la economía cubana y su futuro. En ese sentido, nos parece conveniente revisar las alternativas posibles.

Este artículo se propone precisamente evaluar esas alternativas, abordando el asunto desde una concepción amplia que integre consideraciones económicas, sociales y políticas que deben estar presentes en cualquier examen, ya que la reducción del excedente monetario es un proceso que por su propia naturaleza rebasa el ámbito estrictamente económico.

Una premisa conceptual que consideramos esencial para poder articular un programa efectivo de desmonetización en Cuba es su consideración como parte de un programa económico mayor que trascienda el ámbito monetario-financiero. En realidad, esa consideración estuvo implícita en los debates que precedieron la adopción del actual plan de desmonetización. Sin embargo, el hecho cierto es que su ejecución se ha producido sin que corresponda claramente a un programa económico integral explícitamente formulado. La existencia simultánea de acciones en otras áreas de la economía evidencia que los cambios son relativamente amplios. Sin embargo, ello no significa que necesariamente sean parte de un programa suficientemente integral de transformaciones.

Sin dudas, la imposibilidad de ubicar el proceso de desmonetización en el contexto de un programa integral de cambio limita las posibilidades de su evaluación y puede conducir a la adopción de un enfoque estrecho que tienda a centrar el análisis en la discusión de parámetros fundamentalmente monetario-financieros y "técnicos" de corto plazo.

La limitación antes apuntada se puede resolver en la medida en que se considere la desmonetización en un contexto mayor. Aquí es importante destacar la existencia de dos niveles en el análisis. Primero, la evaluación del proceso tal y como se ha producido en su relación con otros cambios reales, y segundo, el estudio comparado del proceso de desmonetización llevada a cabo, tomando como referente un modelo integral dado de transformaciones económicas.

La importancia del primer nivel es obvia en la medida en que permite una perspectiva de la economía como sistema, en tanto el segundo nivel es importante porque conduce a pensar en alternativas concebidas como parte de un programa integral. Esto último es más importante en condiciones como las de Cuba donde hasta el momento el proceso de desmonetización no aparece conectado a un programa integral explícito.

En el análisis que se presenta a continuación se ha tratado de considerar el programa de desmonetización lenta en sus relaciones con otros cambios, particularmente los asociados con la apertura de espacios de mercado y el desarrollo de un sector no estatal de la economía. Por otra parte, el modelo integral de transformaciones económicas que se ha tomado como referente es el planteado por los autores de este artículo en un trabajo anterior de mayor alcance (3). Pudo haberse seleccionado otro modelo, pero prevaleció el criterio de adoptar un referente diseñado y publicado a nivel nacional.

En las páginas siguientes se examina el tema de las alternativas de desmonetización de la siguiente manera. Primero, se apuntan algunos antecedentes del programa actual, en particular el relativo al debate en torno al canje de moneda que se produjo a fines de 1993 y principios de 1994. Segundo, se hace una descripción y evaluación sucintas del programa de desmonetización lenta adoptado en mayo de 1994, señalando sus principales efectos. Tercero, se evalúan las principales alternativas existentes para continuar el proceso de desmonetización. Finalmente, se plantean algunas consideraciones acerca de cuál debería ser, a juicio de los autores, la variante más adecuada de desmonetización a implantar en Cuba en las actuales condiciones.

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE DESMONETIZACIÓN DE 1994

El ajuste económico que fue preciso realizar en Cuba a principios de los años 90 tuvo características muy específicas que lo diferenciaron esencialmente de los procesos de ajuste adoptados en otras partes del mundo. La afectación de los niveles de consumo e inversión asociados al ajuste cubano fue incluso mayor que en otras partes, pero sus características distintivas más importantes fueron la distribución equitativa de los costos de la crisis y el mantenimiento de servicios sociales fundamentales de alcance universal para el ciudadano cubano.

La especificidad del ajuste cubano estuvo determinada en grado considerable por la profundidad de la crisis, la impredecibilidad de sus impactos inmediatos, la percepción inicial de su transitoriedad y, sobre todo, por la vocación de equidad y de justicia social de la revolución.

La variante de ajuste adoptada incorporó como elementos principales el racionamiento casi general de los bienes de consumo en la medida en que se reducía la oferta, la fijación de precios al alcance de todos, el mantenimiento del empleo a través del subsidio a las empresas y de programas sociales importantes como los de salud, educación y seguridad social, todo lo cual tuvo un considerable impacto en el mantenimiento del consenso político aún en las más difíciles condiciones económicas. Por supuesto, que el ajuste adoptado también tuvo costos que se hicieron crecientes en la medida que la crisis se agudizó y prolongó, particularmente cuando comenzó a hacerse evidente que la crisis no era un fenómeno transitorio.

Uno de los costos del ajuste, posiblemente el más "visible" fue la excesiva monetización de la economía. Si cuando comenzó el proceso se preveía como solución la recuperación de la producción, ya a finales de 1993 se percibía que los desequilibrios financieros habían alcanzado tal magnitud que obstaculizaban cualquier programa de reactivación de la economía. Los efectos más notables de la excesiva monetización fueron:

a) el aumento de la indisciplina laboral y la reducción de la intensidad del trabajo en el sector estatal,

b) desplazamiento de la fuerza de trabajo a actividades de menor importancia social y productividad real, en detrimento de sectores claves,

c) el proceso inflacionario en el mercado sumergido, al cual tenían que acudir por necesidad, cada vez con mayor frecuencia, los ciudadanos como ofertantes o demandantes, y

d) la pérdida de valor de la moneda nacional y por tanto del salario, que provocó no solamente efectos perversos en el plano económico, sino también en el político e ideológico (4).

Para enfrentar esta situación comenzaron a ponderarse a fines de 1993 dos opciones principales: a) el canje de la moneda nacional con confiscación o "congelamiento" de la mayor parte del efectivo acumulado, y b) un programa de desmonetización paulatina que condujera al nivel aceptable de liquidez. De hecho, el II período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre de 1993 dio inicio a un amplio debate sobre temas económicos, en particular el saneamiento de las finanzas internas que continuó en cada centro de trabajo, y que tuvo un momento definitorio en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular de mayo de 1994, cuando se decidió aplicar la segunda variante, es decir, un proceso de desmonetización lenta de la economía.

Contra el cambio de moneda se argumentaron varias razones en el decursar del debate. Una de ellas estaba relacionada con el costo económico directo que acarrearía la sustitución del signo monetario nacional, sobre todo en medio de la crítica situación de disponibilidad de divisas que atravesaba el país. Sin embargo, esta razón fue descartada rápidamente en la sesión extraordinaria del Parlamento de mayo de 1994, aclarándose que el costo no era tan elevado como podría haberse supuesto, y que en última instancia, si esa era la opción adecuada se podía afrontar (5).

También se argumentó la eventual pérdida de confianza de la población en la banca nacional en caso de producirse un canje de moneda que estuviese acompañado por la confiscación total o parcial, o por medidas equivalentes a una cuasi confiscación como podía ser el congelamiento de cuentas. La preocupación era válida en general, aunque en realidad siempre existen formas de estructurar de manera cuidadosa un canje confiscatorio limitado para minimizar -si bien no eliminar- su eventual impacto negativo sobre la confianza pública en la banca nacional. (6) El hecho cierto de que determinados sectores minoritarios de la población (los que concentran mayor parte de la liquidez) se verían afectados por confiscaciones parciales de sus cuentas bancarias no debe ser identificado como un factor que genere desconfianza masiva en el sistema bancario (7).

La preocupación respecto al posible socavamiento de la confianza en el banco hubiese tenido más peso si se hubiese planteado un canje parcialmente confiscatorio solamente del dinero en cuentas bancarias, pero al tratarse de un canje de todo el efectivo, independientemente de su lugar de depósito, el argumento pierde parcialmente validez. Inclusive cabría la variante de darle un tratamiento diferenciado al dinero en banco, lo que lejos de afectar beneficiaría la confianza bancaria.

Otra razón aludida, que se hizo explícita en ambas sesiones de la Asamblea (diciembre de 1993 y mayo de 1994), y que en definitiva determinó, a nuestro juicio, la decisión final fue el peligro de que el exceso de liquidez se regenerara luego del canje (8). En el contexto del programa económico incompleto que entonces se aprobó, se entendió que era preferible evitar una medida potencialmente problemática en su dimensión política (9) y cuya efectividad en el mediano y largo plazo no era totalmente predecible. Sin embargo, quedó abierta la posibilidad de que en momentos posteriores podría realizarse el cambio de moneda si ello fuese necesario.

Por supuesto que esa percepción era lógica en ausencia de un programa integral de transformaciones económicas de carácter estructural que minimizara, desde su concepción, la probabilidad de repetición del excedente monetario modificando las causas que le dieron origen. Un canje aislado, o que formara parte de un plan de acciones no suficientemente articulado, estaría condenado ex ante al fracaso, y cuando más, sería un alivio temporal con resultados políticos y económicos finales más desfavorables que exitosos. El cambio de moneda lesiona directamente los derechos de propiedad de las personas afectadas, y requiere como condición indispensable que forme parte de un programa integral de medidas que permita establecer un contexto político favorable para la aceptación y apoyo de la medida por la mayoría de la población.

La variante de desmonetización lenta de la economía seleccionada en mayo de 1994 representó en la práctica, más allá de sus intenciones y logros parciales, la postergación del establecimiento de niveles funcionales de equilibrio monetario y del enfrentamiento de las consecuencias que se derivan del efecto concentrador de la liquidez, objetivos que en nuestra opinión deben ser alcanzados al principio de un programa de reestructuración de la economía cubana. Mirando en retrospectiva, parece quedar claro que la decisión no dependió tanto de los méritos intrínsecos de la variante adoptada, sino de la incertidumbre que entonces se percibía asociada a la alternativa más radical de un canje de moneda y al curso posterior de los cambios económicos.

EL PROGRAMA DE DESMONETIZACIÓN LENTA

El programa de reducción gradual del excedente monetario puesto en vigor a mediados de 1994 se compuso principalmente de las siguientes acciones: incremento de los precios de una gama de bienes y servicios de consumo, eliminación de algunas gratuidades sin afectar las que constituyen logros fundamentales de la revolución en el orden social, aplicación de una nueva ley de impuestos, modificaciones en la política de subsidios a las empresas estatales, y mayor exigencia y control para restituir la disciplina financiera en el sector estatal (10).

El mayor peso del programa recayó sobre el incremento de precios, particularmente los de los productos del tabaco y el alcohol (11). Las medidas tuvieron como resultado la reducción de un 16 % del circulante de mayo a diciembre de 1994, pero durante 1995 se desaceleró el proceso y sólo se logró una disminución del 7 % durante los primeros nueve meses de este año (12). En septiembre de 1995 el dinero circulante representaba todavía 2,6 veces la magnitud de la liquidez permisible calculada por el gobierno (13), dándose la situación paradójica, como ya hemos apuntado, de que existiendo un exceso de efectivo de acuerdo con los cálculos oficiales, para la mayoría de las economías domésticas lo que se estaba extrayendo no era el "sobrante", sino la liquidez "necesaria".

La extracción de efectivo en circulación ha constituido un proceso doble: de un lado se ha reducido el monto total de circulante, y del otro se ha generado una mayor concentración relativa del mismo como medio de depósito o circulante pasivo (14), que contiene una amenaza implícita de convertirse en efectivo como medio de circulación o circulante activo, y desatar mayores presiones inflacionarias ante la apertura de nuevos espacios de mercado sobre los que actuaría la demanda atrasada (15).

El programa de desmonetización implementado parece haber llegado a sus dos límites: de una parte, la magnitud del circulante activo, como parece ser la percepción empírica se encuentra ya probablemente cerca de la cantidad de dinero necesaria para la circulación mercantil, y por la otra, se han agotado las posibilidades de que la mayoría de la población pueda continuar actuando como principal "fuente" de extracción en el contexto de un programa de desmonetización basado en incrementos de precios de productos de amplio consumo. De manera que el programa resolvió una parte del problema (reducción limitada de la liquidez) pero dejó pendiente el logro de niveles más adecuados de equilibrio y además reforzó la concentración del dinero (16).

De la experiencia acumulada del programa puede concluirse que su principal característica no ha sido tanto haber producido una desmonetización lenta como el haber sido un programa regresivo en término de la concentración de sus efectos en los grupos con menores niveles de liquidez e ingreso. De lo primero se deriva la permanencia de los desbalances a pesar del tiempo transcurrido. De lo segundo, la complicación de las posibles alternativas de solución sobre todos porque se ha producido en un contexto de apertura de mayores espacios de mercado y crecimiento de la participación privada y cooperativa (17) que han favorecido la concentración legal del ingreso en los mismos sectores sociales que ya acumulaban, en gran medida de manera ilegal, el efectivo antes del inicio del programa.

La desmonetización de la economía es, como ya se ha dicho, un tema relevante y actual. Para el caso de Cuba en particular, empeñada en una reestructuración socialista, rebasa la dimensión que pudiera tener el asunto para otros países que transitan hacia "economías de mercado" o que ejecutan planes de estabilización macroeconómicos de corte neoliberal. (18).

En nuestra opinión, la desmonetización no es sólo una condición necesaria desde el punto de vista técnico para una reestructuración profunda de la economía cubana, sino que es ante todo un problema político, de cuya solución dependerá en buena medida el propio cauce de la reestructuración y su coherencia ulterior.

En un trabajo anterior habíamos señalado las posibles consecuencias negativas de un proceso de desmonetización lento en las condiciones de partida de la economía cubana (19).

A continuación se revisan brevemente esas consecuencias negativas, tratando de ajustarlas a las condiciones actuales:

- El efecto político: Cuando a mediados de 1994 se decidió realizar el programa de desmonetización gradual, el punto de partida era un circulante ya altamente concentrado (20). Las fuentes ilegales habían contribuido a la acumulación en la economía sumergida, y las "legales" eran fruto en gran medida de distorsiones en el mercado, que se remontan a los tiempos anteriores a la crisis y que permitieron la obtención de "rentas inmerecidas". No constituían, como frecuentemente se sugiere, un producto del espíritu de empresa o del "trabajo honesto" (21). En aquellas circunstancias existían, a nuestro juicio, las condiciones políticas favorables para haber efectuado un proceso confiscatorio de parte del excedente dirigido puntualmente a los principales sectores concentradores de la liquidez (22).

Era previsible, desde entonces, que un programa de desmonetización basado en impuestos indirectos (por la vía de los precios) fuese de carácter regresivo al recaer asimétricamente sobre amplios sectores de la población que no concentraban el excedente. En la práctica, la variante aplicada, en medio de un proceso de apertura de mercados y ampliación del sector privado, permitió la legitimación del dinero y la capitalización en activos físicos productivos.

La preservación de acumulaciones monetarias no vinculadas al trabajo y la regresividad del programa de saneamiento financiero representan un problema político en el contexto de una sociedad en proceso de cambio que no ha renunciado a importantes principios del modelo anterior tales como la justicia social y la consideración del trabajo como fuente fundamental de riqueza. Lo delicado del asunto es que diariamente se están decidiendo y reconociendo en la práctica "ganadores" y "perdedores" sin que se haya efectuado una amplia discusión a fondo sobre los paradigmas anteriores y los emergentes.

En el contexto de una sociedad donde los intereses económicos diferenciados comienzan a desempeñar un papel más activo y abierto es inevitable que se plantee la cuestión política de ¿a quién afectar?. A nuestro juicio esa decisión solamente podrá ser satisfactoria si resulta de un proceso de debate y consulta en el que las mayorías desempeñen un papel central y donde los problemas económicos sean considerados también desde una perspectiva política.

- El efecto sobre la concentración del efectivo: Era también predecible que de la manera en que se efectuó la reducción absoluta del efectivo acumulado, en condiciones de apertura de mercados y mayor presencia de agentes privados (23), condujera a una mayor concentración no sólo del excedente de circulante previamente existente sino también del ingreso. El fenómeno fue particularmente preocupante dada la presencia de una débil política tributaria de sesgo progresivo y de una reducida capacidad redistributiva del estado. Esto, como ya se ha dicho antes, ha hecho cada vez más difícil continuar la desmonetización por la vía asumida (24) y ha tenido implicaciones sobre el desarrollo del mercado interno, como se explica en el siguiente punto.

- El efecto recesivo: Este es tal vez uno de los efectos menos discutidos en el tema de la desmonetización, pero que se convierte en relevante en virtud de la necesitada coherencia que deben tener las transformaciones económicas emprendidas recientemente. Las medidas del lado de la oferta (ampliación del trabajo por cuenta propia, apertura de los mercados agropecuario e industrial y artesanal, reformas en el funcionamiento de la empresa estatal) han creado condiciones favorables para elevar la producción y el empleo en el sector no estatal. Sin embargo, el propio proceso de desmonetización paulatina, en tanto constituye una contracción de la demanda agregada y ha contribuido a la concentración del ingreso, tiene efectos recesivos que anulan parcialmente los incentivos para la oferta (25). Así, en la actualidad se observa cierto estancamiento en varias actividades del sector no estatal, sobre todo aquellas localizadas en la producción de mercancías cuya demanda es más elástica (26) y en zonas del interior del país en que los ingresos promedio son bajos o no hay flujos significativos de divisas.

La variante de desmonetización implementada coloca notables restricciones para expandir la demanda agregada. De ello se deriva una limitación para el crecimiento del autoempleo y consecuentemente para la racionalización de la fuerza de trabajo en el sector estatal.

- Las distorsiones del mercado: La desmonetización lenta en condiciones de creciente apertura de mercados y espacios al sector no estatal ha tenido un efecto distorsionador sobre los mercados emergentes, que ha creado nuevos problemas a la conducción de la política económica. Las distorsiones han sido particularmente agudas en el funcionamiento de los mercados existentes para la producción agropecuaria.

Dada la permanencia de un importante desequilibrio monetario y las presiones inflacionarias resultantes, en los mercados liberados para productos agropecuarios prevalecen altos precios que favorecen muy elevadas tasas de ganancia para los ofertantes en esos mercados (27). En la medida en que esa rentabilidad no guarda correspondencia alguna con el trabajo realmente empleado y por tanto no puede ser interpretada como un reconocimiento social al efecto productivo, las condiciones distorsionadas en que debe actuar el mercado, y no el mercado mismo, tienden a tener efectos perversos en la asignación de recursos económicos. El problema es especialmente agudo en condiciones como las de Cuba donde junto a los mercados liberados funcionan mercados regulados, lo que determina la existencia de diferenciales de precios y rentabilidades que diseminan el efecto distorsionador por todo el sector agropecuario (28).

Es cierto que mientras coexistan mercados regulados y desregulados en una misma actividad se mantendrán vigentes las tendencias distorsionadoras, pero el punto que tratamos de destacar aquí es que en condiciones de agudos desequilibrios monetarios las distorsiones se tornan prácticamente inmanejables mediante el uso de instrumentos económicos.

Notas

1 Estimado a fines de 1994 por el gobierno en 3.500 millones de pesos. Cfr. "Entrevista a José Luis Rodríguez, Ministro de Finanzas y Precios", en Granma, Ciudad de La Habana, 22 de noviembre de 1994. La cantidad necesaria de dinero circulante depende de las condiciones concretas de la economía. Aunque desconocemos las bases sobre las que se efectuó el estimado oficial, las transformaciones estructurales posteriores sufridas por la economía cubana, que han tenido repercusiones en los niveles de precios, de oferta y, seguramente, en la velocidad de circulación del efectivo, así como la conversión de su mayor parte en medio de depósito, deben haber modificado su magnitud.

2 Una parte importante de la población urbana tiene que emplear la parte mayoritaria de su salario en el mercado liberado como un complemento imprescindible a la cuota que obtiene en el mercado regulado.

3 Julio Carranza Valdés, Luis Gutiérrez Urdaneta y Pedro Monreal González, Cuba: la reestructuración de la economía. Una propuesta para el debate, Editorial de Ciencias Sociales, Ciudad de La Habana, 1995.

4 Cfr. Julio Carranza, "Los cambios económicos en Cuba: problemas y desafíos", en Cuadernos de Nuestra América, vol.XI, no.22, Ciudad de La Habana, julio-diciembre de 1994.

5 Cfr. "Finalizó el II período ordinario de sesiones de la Asamblea", en Granma, Ciudad de La Habana, 29 de diciembre de 1993.

6 Ver Cuba: la reestructuración de la economía, Una propuesta para el debate.

7 En diciembre de 1994 el 86 % de las cuentas de ahorro de la población tenían saldos inferiores a los 2.000 pesos, un nivel que podía ser respetado íntegramente durante el canje, sobre todo cuando se toma en consideración que esas cuentas solamente acumulaban el 22,2 % del monto total del ahorro ordinario de los ciudadanos.

8 Cfr. "Finalizó el II período ordinario de sesiones de la Asamblea", en Granma, Ciudad de La Habana, 29 de diciembre de 1993 y "Reseña de los debates de la primera jornada", en Granma, Ciudad de La Habana, 2 de mayo de 1994.

Un elemento que parece haber tenido cierto peso en esta percepción es que existían varias experiencias internacionales negativas, como la vietnamita en los años 80 donde se produjo un canje de moneda que no dio los resultados esperados. Sin embargo, una revisión rigurosa de esa experiencia demuestra que el problema consistió en la desconexión del canje con el resto del programa de transformaciones que debía modificar las causas que habían generado el exceso de circulante.

9 Los problemas políticos que pudieran haberse derivado de un canje de moneda a principios de 1994 podrían ubicarse fundamentalmente en dos planos. Por una parte, la posible activación de un rechazo en ciertos sectores sociales en momentos en que se trataba de mantener el consenso político y por otra, en una eventual reacción negativa en el corto plazo por parte de los productores agrícolas privados. Esto pudiera haber provocado una reducción del suministro de alimentos en momentos en que este había alcanzado niveles críticos. Debe tenerse en cuenta que este último problema pudo haber sido atenuado con medidas específicas en el contexto del canje. Sin embargo, lo más importante en nuestra opinión es que la inmensa mayoría de la población parecía no oponerse al canje de moneda a principios y mediados de 1994. Para un argumento en favor del canje puede consultarse, Julio Carranza y Pedro Monreal, op. cit.

10 Cfr. Julio Carranza, op. Cit.

11 El 81,2 % de la reducción del excedente hasta noviembre de 1994 correspondió al incremento de precios y liberalización de la venta de cigarros y bebidas alcohólicas. Cfr. "Intervención de José Luis Rodríguez. Presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 1995", en Granma, Ciudad de La Habana, 21 de diciembre de 1994.

12 Cálculos a partir de "La economía cubana en 1994", Oficina Nacional de Estadísticas, Ciudad de La Habana, junio de 1995; y "Confiamos en quienes no se dejaron doblegar por las presiones e invirtieron en Cuba; mañana serán más", en Granma, Ciudad de La Habana, 27 de octubre de 1995.

13 Se refiere al nivel de 3500 millones de pesos antes mencionado y sobre el cual ya hemos introducido una nota de cautela.

14 Incluye tanto el depositado en cuentas bancarias, como en poder de la población pero que en un momento dado no actúa como medio de circulación. Aunque no hay datos disponibles para conocer con exactitud la estructura de concentración de la liquidez total, existe, sin embargo, una parte del circulante del cual es posible conocer su distribución: el ahorro ordinario. El Informe Económico del Banco Nacional de Cuba (agosto de 1995) reconoció que el período comprendido entre diciembre de 1994 y junio de 1995 se observó una tendencia a la concentración de los depósitos en un menor número de cuentas. En junio de 1995 el 13,6 % de las cuentas de ahorro concentraban el 82,4 % del valor de los depósitos. Teniendo en consideración que el ahorro ordinario representaba en junio de 1995 el 64 % de la liquidez acumulada, su estructura de concentración indicaba de manera general la elevada concentración de la liquidez en Cuba.

15 Aunque sobre este punto volveremos más adelante, conviene dejar aclarado desde el principio nuestro criterio de que el circulante pasivo representa un problema económico que no debe ser minimizado en el caso de Cuba por varias razones: primero, porque explica en gran medida las presiones inflacionarias que determinan niveles de precios en los mercados liberados que no guardan relación racional alguna con los niveles de ingresos promedios de los trabajadores. Esos precios, luego de un período inicial de reducción se han mantenido de manera sostenida a niveles muy altos en relación con el salario medio. El hecho de que haya limitaciones de oferta en esos mercados no puede explicar por sí sola los altos precios. Segundo, no existen barreras rígidas entre el circulante pasivo y el activo. En realidad en 1994 y 1995 las variaciones en las cuentas de ahorro han representado una creciente fuente de circulante activo. Tercero, el elevado grado de concentración de la liquidez acumulada representa una importante barrera a la necesaria ampliación de segmentos de mercados de actividad económica no estatal y sobre todo, en ese contexto, se haría altamente cuestionable desde una perspectiva socialista la apertura de nuevos espacios al sector privado, particularmente en materia de legitimidad e igualdad de oportunidades. En este último punto se hace muy clara la necesaria integración del proceso de desmonetización con otros componentes de un programa mayor de transformaciones de la economía.

16 Por supuesto que esto no debería ser un efecto negativo para los que propugnan el restablecimiento de una economía de mercado en Cuba en la medida en que esa concentración de dinero se percibe como una fuente legítima y deseable de acumulación originaria de capital. Sin embargo, en los diversos trabajos que sobre este punto se han escrito en el exterior aparecen diferentes posiciones respecto a este asunto. Para unos como Juan Luis Moreno cualquier forma de expropiación de circulante es un ataque contra los sectores informales, tan necesarios para la reconstrucción capitalista, en tanto Jorge A. Sanguinetty, por su parte, cuestiona la existencia de excesos de circulante y los considera como "ahorros involuntarios".

Otros autores, como Pastor y Zimbalist, que toman distancia de fórmulas tradicionales para el restablecimiento de una economía de mercado en Cuba consideran necesario aprovechar la capacidad empresarial atribuida a "los operadores del mercado negro". Curiosamente algunos autores, como Montalván y Castañeda, que postulan explícitamente el restablecimiento del capitalismo en Cuba proponen, sin embargo, acciones que representan una cuasi confiscación. El anterior punto ilustra que el debate sobre la desmonetización no sólo se deriva de consideraciones ideológicas, sino también de premisas técnicas. Cfr. Juan Luis Moreno, "Una política o un sistema monetario óptimo", en Cuba in Transition, vol.3, Florida International University, Miami, 1993; Jorge A. Sanguinetty. "El desarrollo de una Economía de Mercado. El caso de Cuba", en Cuba in Transition, vol.1. Florida International University, Miami, 1991; Manuel Pastor y Andrew Zimbalist, "Waiting for Change: Adjustment and Reform in Cuba", World Development, vol.23, no.5, Gran Bretaña, 1995; y Rolando H. Castañeda y George P. Montalván, "In Search of a Way Out for Cuba: Reconciliation, Stabilization and Structural Reform" ponencia presentada en 1993 Annual Meeting of the Eastern Economic Association, Washington D.C.; y "Transition in Cuba: A Comprehensive Stabilization Proposal and Some Key Issues", Cuba in Transition, vol.3, Florida International University, Miami, 1993.

17 La apertura de los mercados agropecuarios el 1ro. de octubre de 1994 y la ampliación de la presencia de los sectores privado y cooperativo, con posterioridad al inicio del programa de desmonetización, pero en presencia de un alto nivel liquidez concentrada ha representado en la práctica un gigantesco proceso de legitimación de dinero. Por una parte, esto ha conducido a un estado de amnistía económica de facto que favorece a sectores sociales que por mucho tiempo actuaron en espacios no legales, complejizando con ello los problemas ya de por sí traumáticos asociados al desarrollo de tendencias diferenciadoras del ingreso y del ahorro en una sociedad socialista. Por otra parte, el fenómeno complica el discernimiento de la legitimidad de la liquidez acumulada, un problema que dificulta, si bien no impide, la aplicación de medidas parcialmente confiscatorias y que de hecho limita las opciones disponibles para sanear las finanzas internas. Debe quedar claro que el juicio antes expresado no significa en modo alguno una oposición de los autores de este artículo a la necesaria apertura de mercados o de espacios no estatales. De lo que se trata es de que esos cambios estructurales deben estar integrados con acciones como el saneamiento financiero en un proceso único donde la secuencias de las medidas es esencial para darle un curso económica y políticamente favorable.

18 De lo que se trata es de llevar a niveles funcionales determinadas variables económicas, incluyendo las monetarias y las financieras, para asegurar la adecuada operación del sistema económico. Los autores no comparten otras concepciones que rinden culto excesivo al ajuste monetario-financiero y que le adjudican al equilibrio en esas esferas una serie de virtudes casi "mágicas".

19 Cfr. Julio Carranza, Luis Gutiérrez y Pedro Monreal, Cuba: la reestructuración de la economía. Una propuesta para el debate, Editora Ciencias Sociales, Ciudad de La Habana, 1995.

20 También había ocurrido una redistribución de la riqueza, de la que el circulante es sólo una parte. Pero ello no es justificación para que no se actúe sobre su porción modificable que es, además, relevante desde el punto de vista del funcionamiento de la economía en el actual contexto.

21 Para un discusión vea el Anexo 4. La inflación reprimida en Julio Carranza, Luis Gutiérrez y Pedro Monreal, op.cit.

22 El Decreto-Ley no.149 de mayo de 1994 "Sobre confiscación de bienes e ingresos obtenidos mediante enriquecimiento indebido" era a todas luces insuficiente para identificar y confiscar las acumulaciones ilegales de riqueza. La ampliación del mercado y del sector privado harían cada vez más conflictiva y difusa su aplicación en el futuro.

23 La privatización en su concepción amplia no sólo consiste en la venta de activos estatales. Incluye también la remoción de las barreras de entrada al sector privado, los contratos de administración, de concesión, las subcontrataciones de servicios antes suministrados por el estado, etcétera. Ver Luis Gutiérrez, "El Estado como empresario en América Latina: Quo vadis?", en Cuadernos de Nuestra América vol.XI, no.22, pp.135-136, Ciudad de La Habana, 1995.

24 Por ejemplo, la elevación de los impuestos indirectos sobre los cigarros, tabacos y bebidas alcohólicas, en las condiciones de Cuba, no garantizan en lo absoluto un impacto progresivo sobre la reducción de efectivo, más bien todo lo contrario.

25 Adicionalmente añadiremos una consecuencia sobre la oferta de la alta concentración del efectivo en forma de depósito en manos de una parte limitada de la población. Aclaramos que es tan sólo una hipótesis, y que requeriría un estudio más a fondo.

La cadena de agregación de valor de una parte importante de los sectores privado y estatal depende del desarrollo de la producción agrícola. Sin embargo, las altas magnitudes de dinero atesoradas por una parte de los campesinos privados, algunos sectores cooperativos, y sus intermediarios, tiene un efecto paradójico sobre la producción. En observaciones y entrevistas realizadas por los autores a varios campesinos salieron a relucir datos sumamente relevantes. Las altas sumas como medio de depósito no se corresponden solamente con la propensión al atesoramiento "atávico", sino a la insuficiencia para canalizar dichos fondos hacia la inversión. De manera que satisfecho el consumo a determinado nivel se debilitan los incentivos "positivos" para el trabajo. Por otra parte, la seguridad personal que se deriva de la posesión de altas sumas en depósito hace desaparecer prácticamente los incentivos "negativos".

26 Aquellas en que es mayor la sensibilidad de la cantidad demandada a las variaciones de los precios. No es el caso del mercado agropecuario en Cuba, donde la demanda mantiene siempre un alto nivel a pesar de los precios por tratarse de bienes de primerísima necesidad, o sea este último es un mercado muy inelástico.

27 De paso, es conveniente reiterar en este punto que los altos precios en esos mercados no sólo se derivan de una oferta insuficiente. Ese es un factor importante, pero que no debe llevar a minimizar las presiones inflacionarias resultantes del agudo desbalance monetario todavía existente. Asumir que los mercados liberados, aún en condiciones de una mayor oferta, pueden funcionar libres de distorsiones en presencia de significativos desbalances monetarios no se ajusta a las lecciones de la historia de los mercados.

28 En Cuba, el problema es muy preocupante en la medida en que los más importantes productos agropecuarios de exportación (caña de azúcar, café, tabaco) solamente se mueven en mercados regulados. El diferencial de rentabilidades entre una caballería sembrada de caña y una de malanga, por sólo citar un ejemplo, puede ser abismal. Impedir que el fenómeno actúe en el sentido de una selección adversa de recursos recae en procedimientos extraeconómicos y ni aún así puede ser resuelto. En el caso de Cuba, donde el acceso a la tierra no es libre, la producción de cosechas para los mercados regulados puede estar representando fundamentalmente la puerta de entrada a una actividad económica con nichos de producción extremadamente lucrativos, es decir, a las actividades complementarias que están autorizadas (por ejemplo, áreas de autoconsumo). En esas condiciones, siempre está presente el eventual desvío de recursos para atender las producciones marginales más lucrativas. Existe inclusive un término popular para denotar este fenómeno: "conuquear".

viernes, 17 de enero de 2025

Pedro Monreal: ¿superar el estancamiento sin renunciar a la «conceptualización»?




Comienza 2025 con la probabilidad de que demore al menos seis años la recuperación del nivel prepandemia del Producto Interno Bruto (PIB) de Cuba, manteniéndose una inflación de dos dígitos, una dinámica negativa que han registrado muy pocas economías del mundo.

La crisis estructural que afecta al país, que no es solamente económica, tiene causalidades múltiples que incluyen —entre otras— la quiebra del modelo de crecimiento, un persistente desequilibrio macroeconómico, el fracaso de la reforma conocida como «ordenamiento», la inefectividad de la política económica y factores geopolíticos como las sanciones de EE. UU, conflictos bélicos, y la inestabilidad del orden internacional.

¿Pudiera superarse esa profunda crisis con programas y políticas económicas delimitadas por el documento programático de la «conceptualización»?

Una hipótesis de trabajo es que el actual estancamiento, que abarca tanto una política económica relativamente conservadora como su efecto entorpecedor en el crecimiento económico, es el resultado de una decisión del poder político. Se trataría de un estancamiento de «diseño», considerado por el liderazgo del Partido Comunista de Cuba (PCC) como un riesgo político más aceptable que la renuncia al esquema de planificación centralizada, descrito en la «conceptualización».

La gestación «programática» de un modelo «light» de planificación centralizada

El reconocimiento oficial del deterioro del modelo de crecimiento, y del impacto de desequilibrios macroeconómicos asociados a factores externos e internos, condujo a la adopción de los «Lineamientos» en el VI Congreso del PCC (abril de 2011) para «actualizar» un modelo económico basado en la primacía de la planificación centralizada, sin renunciar a esta.

Posteriormente, el VII Congreso del PCC (abril de 2016) renovó los «Lineamientos» y emitió un nuevo documento sobre la «Conceptualización del modelo económico y social», que dictaminó que la planificación socialista centralizada era «la categoría rectora, definitoria del sistema de dirección» y que «considera» y «regula» las relaciones de mercado.

Esos dos documentos, cuyas versiones finales fueron publicadas en julio de 2017, reconocieron la función de la propiedad privada en el modelo, incluyendo las «empresas privadas de mediana, pequeña y micro escalas». La «Conceptualización» describió los elementos generales de un modelo de gestión que incluía elementos de «descentralización» y de «autonomía». Probablemente el aspecto práctico más interesante de las revisiones en 2016 – 2017 consistió en que los «Lineamientos» actualizados indicaron «concluir la unificación monetaria y cambiaria», algo que se materializó en la «tarea ordenamiento» implementada a partir de enero de 2021.

Sin embargo, al seguir siendo esencialmente un esquema de planificación centralizada, con altísimo peso del sector estatal y con monopolio político del PCC, tanto las propuestas de modelo económico y social como el «ordenamiento» fueron propuestas conservadoras.

La breve vida de la «cabeza de playa» del establecimiento del modelo «light» de planificación centralizada.

El «ordenamiento» fue una propuesta de reforma amplia e integral, en el sentido de su transversalidad e interconexión de sus componentes, como puede comprobarse en el diverso e interrelacionado conjunto de normas jurídicas publicadas en nueve ediciones sucesivas de la Gaceta Oficial de Cuba. El hecho de que las premisas, secuencia y estimaciones del «ordenamiento» hayan sido erróneas no niega su carácter integral.

El VIII Congreso del PCC validó los «proyectos» de una tercera versión de los «lineamientos» y de una segunda versión de la «conceptualización» en abril de 2021, poco tiempo después de iniciado el «ordenamiento» y cuyas versiones finales fueron publicadas en junio de 2021, poco antes del reconocimiento oficial, a regañadientes, del fracaso del «ordenamiento» a finales de octubre de 2021. Entre el inicio y el fracaso reconocido del «ordenamiento» apenas transcurrieron 10 meses, un período en el que se produjeron protestas políticas de amplitud.

El lodazal conceptual post «ordenamiento»: aquellas aguas trajeron estos lodos

Lo que siguió al fiasco del «ordenamiento» fue una sucesión de medidas económicas reactivas, frecuentemente inconexas e inefectivas, con denominaciones imprecisas como «proyecciones para corregir distorsiones y reimpulsar la economía», acompañadas de un relato oficial propagandístico, acciones de control y de represión política, y con el trasfondo de la «válvula de escape» que ha representado una emigración de amplia escala.

El agravamiento de la situación económica y social no ha conducido a una actualización post «ordenamiento» —al menos pública— de la «conceptualización» del modelo económico, que esencialmente sigue siendo un esquema de planificación centralizada.

El anclaje en la planificación centralizada del marco programático del modelo económico («conceptualización»), de las políticas económicas derivadas, y de las tibias medidas de incorporación del capital privado, dinámicas de mercados, «descentralización» y «autonomía» de la empresa estatal, acercan más el esquema actual de reformas «con características cubanas» a la esencia del anacrónico esquema de reformas de la «etapa soviética», y las aleja de las reformas que en China y Vietnam condujeron al reemplazo de la planificación centralizada por modelos de «economía de mercado». Es difícil asumir que el liderazgo del PCC no entiende claramente esa situación.

Tres problemas esenciales no resueltos en Cuba: cálculo económico efectivo, mercado de capital para las empresas, y modelo de crecimiento y principios claros para la gestión de sus desequilibrios.

La experiencia histórica indica que los esquemas de economía centralmente planificada no generan un «cálculo económico» efectivo, entendido este como el proceso que asegura que los recursos escasos son sistemáticamente utilizados mediante los métodos menos costosos de producción, con el propósito de satisfacer la mayor demanda posible de consumo. Cuando las señales necesarias para que funcione ese proceso no provienen fundamentalmente de precios de mercado, sino de decisiones políticas, el «cálculo económico» no es efectivo. Lo anterior no implica que el «calculo económico» sea infalible cuando se basa en precios de mercado, pero en general este es superior al que provee la planificación centralizada.

No es suficiente decretar que exista una separación entre las empresas estatales y la función del Estado en un sentido amplio, sino que las empresas estatales deben estar separadas entre ellas. Para todas las empresas (estatales y privadas) debe funcionar un mercado de capital, diverso por sus fuentes de financiamiento, donde exista competencia. Esto facilitaría que las empresas pudiesen tomar decisiones autónomas sobre la venta y compra de medios de bienes de capital con información proporcionada por precios reales del mercado, algo crucial para adoptar procesos eficientes. Con esto cesaría la situación de que solo un agente económico tuviese poder de decisión sobre la estructura económica a partir de criterios no necesariamente económicos.

Tampoco es funcional un modelo de crecimiento como el actual, con bajas tasas de acumulación en condiciones de una amplia descapitalización en muchos sectores. Las altas tasas de ahorro que apoyarían la inversión requerida serían posibles en caso de existir un permanente superávit comercial o con significativas transferencias unilaterales de recursos desde el exterior, algo que para Cuba no está a la vista. Adicionalmente, el patrón sectorial de inversiones es económicamente irracional, algo relacionado con la ausencia de «cálculo económico» y con el monopolio estatal en la definición de la estructura económica. Es uno de los factores que explica el exceso de inversión en una actividad como el turismo con demanda floja, y la escasa inversión agropecuaria a pesar de la sostenida demanda de alimentos.

Finalmente, habría que diferenciar las situaciones de desequilibrio macro y de desequilibrio micro del modelo de crecimiento, identificando el desequilibrio macro con la descoordinación entre la oferta y demanda total de dos grandes categorías (medios de producción y bienes de consumo), en tanto el desequilibrio micro se refiere a que una vez que se hubiera alcanzado el equilibrio macro, existiera descoordinación en la oferta y demanda de producciones específicas. El desequilibrio macro requeriría monitoreo estatal, y eventual «ajuste planificado» en un contexto fundamentalmente de relaciones de mercado relativamente reguladas, mientras que a nivel micro las soluciones de equilibrio deben funcionar —en general— en condiciones de un mercado ampliamente libre para las unidades de producción.

La política, siempre la política…

La visión oficial de diseñar y aplicar políticas económicas conservadoras enmarcadas en el modelo de planificación centralizada de la «conceptualización » no manifiesta principalmente falta de entendimiento económico; ni quiera expresa una visión ideologizada de la economía. Refleja fundamentalmente el interés del liderazgo del PCC de fortalecer simultáneamente su poder político y económico en medio de la crisis.

La jefatura del PCC es un círculo relativamente pequeño y estable que controla verticalmente la administración pública (recursos y burocracia) y los aparatos de seguridad y comunicación. Por tanto, su poder político —incluso en tiempos de crisis y de relevo generacional— tiende a encontrarse en mejor posición en comparación con su poder económico, erosionado por la crisis y por los efectos de políticas fracasadas.

La «actualización» del modelo económico en medio de la crisis incluye varios componentes (empresa privada, mayor espacio para las relaciones de mercado, dolarización) y algunos efectos políticamente polémicos (desvalorización de salarios y pensiones, pobreza y desigualdad) que exigen que la élite partidista deba reposicionar al PCC y al Estado en ese contexto de cambios del orden social tradicional.

La adaptación genera tensiones económicas y sociales (que también son políticas) con la emergente clase empresarial capitalista porque, por una parte, la actividad del sector privado es vital hoy para el consumo. Por otra parte, el liderazgo del PCC no admite competencia política y trata de evitar que el rápido avance económico del sector privado pudiera resultar en una articulación política de lo privado.

La jefatura del PCC también necesita que los ciudadanos consideren que hay beneficios por la ampliación del mercado y del sector privado. Esa percepción, aunque fuese discutible, tiene una función en la estrategia oficial de comunicación para poder avanzar en la «actualización» del modelo.

La estrategia de «doble carril» del PCC en relación con el capital nacional implica la gestión de contradicciones, incluyendo medidas administrativas (prohibiciones y restricciones de licencias, «topes» de precios, etc.) para contener un sector privado económicamente más dinámico que el estatal, principalmente en la esfera del consumo familiar. También se culpa al mercado y al sector privado por los altos precios y la corrupción. Es una tensión permanente que explica las marchas y contramarchas del componente de mercado y de sector privado de la política de «actualización» del modelo.

El progresivo agotamiento de ponerle parches de capital privado y mercado al esquema de planificación centralizada de la «conceptualización» pudiera conducir al menos a tres hipotéticos escenarios:Estacionario: 

  1. La continuación de la crisis económica no se traduciría en efectos políticos anti-sistémicos y continuaría la estrategia oficial de «doble carril» respecto al sector privado como parte de la modalidad de «actualizar» la planificación centralizada sin renunciar a ella, manteniéndose el proceso dentro de los límites de la «conceptualización».
  2. Discontinuidad: La agudización de la crisis económica y la incapacidad del PCC para resolverla tendría efectos políticos anti-sistémicos, difíciles de pronosticar, que descartarían la permanencia de cualquier variante de modelo «socialista».
  3. Reforma del modelo: Desmantelamiento oficial del esquema de planificación centralizada y su reemplazo «controlado» por un esquema que, de forma simplificada, se aproximaría a una variante de capitalismo de Estado con el PCC dominando el sistema, sin compartir el poder político.

Aunque en modo alguno se trata de un pronóstico, la ausencia actual de un componente «pedagógico» en el discurso oficial de política económica, parecería indicar que la jefatura del PCC otorga mayores probabilidades al escenario «estacionario». Es un hecho que desde hace un tiempo predomina una narrativa de propaganda porque oficialmente se piensa que con eso sería suficiente.

Los otros dos escenarios exigirían un componente «pedagógico» muy activo del discurso oficial. En el caso de un escenario de «discontinuidad» el componente «pedagógico» sería crucial para intentar mitigar el eventual aumento de la decepción con el sistema mediante argumentos razonados y no solamente con propaganda. Aun cuando pudiera no ser suficiente, es probable que ese componente «pedagógico» fuese visible al principio.

El escenario de «reforma del modelo» inevitablemente requeriría un componente «pedagógico» para explicar detalles de un nuevo orden social y sus eventuales impactos, un ejercicio aclaratorio probablemente más complicado que el dilatado proceso de explicaciones que antecedió a la aplicación del «ordenamiento».

Resumiendo: la opción de la jefatura del PCC parecería ser continuar una política conservadora enmarcada en un modelo económico planteado hace 15 años que no ha mostrado ser funcional para las necesidades del país.
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viernes, 16 de agosto de 2024

Inflación acumulada en Cuba Julio 2024

Por Dr. Pedro Monreal, El Estado como tal 


Habiendo transcurrido 7 meses de 2024, la inflación acumulada en Cuba en 2024 (18,78%) muestra nivel muy parecido al acumulado de igual período de 2023 (19,56%), manteniéndose la estanflación a pesar de la “purga” que debió haber representado la caída de 1,9% del PIB en 2023.

Los datos más recientes de los precios al consumidor en julio indican una inflación mensual menor que el dato de junio (0,82% vs. 2,22% en junio). Pudiera ser una dinámica estacional pues algo parecido ocurrió en el verano de 2023.

En términos interanuales, la inflación oficial ha entrado desde noviembre de 2023 en una “meseta” ubicada entre 30 y 34% de crecimiento, un nivel muy alto que cuestiona el relato oficial de que se “avanza” en la estabilidad macroeconómica.

El incremento de precios de los alimentos sigue liderando el aumento general de los precios al consumidor, aunque en julio se redujo, al aumentar el impacto relativo del efecto de otra división (“restaurantes y hoteles”). Parece ser un fenómeno estacional (verano).

Al igual que en enero-junio, también en julio el aumento del precio de la carne de cerdo tuvo el mayor efecto en la división de “alimentos y bebidas no alcohólicas”. El fracaso de la política agropecuaria encarece una fuente crucial de proteína animal de origen nacional.

Los datos oficiales de julio confirman el naufragio del componente antinflacionario del paquete económico de 2024 -anunciado de manera fragmentada y de zigzagueante implementación- con un efecto sostenido de pérdida de poder adquisitivo.

Link del informe de la ONEI sobre el índice de precios al consumidor en Cuba en julio 2024 https://www.onei.gob.cu/.../2024-08/ipc-julio-2024.pdf