LA DESMONETIZACION DE LA ECONOMIA
CUBANA: UNA REVISION
DE LAS ALTERNATIVAS (I PARTE)
Enfoques, No.7, abril de 1996
Luis Gutiérrez Urdaneta,
Investigador del Departamento de América Latina y el Caribe en el Centro de
Estudios sobre América
Pedro Monreal González, Investigador del Departamento América del Norte en el Centro de Estudios sobre América
Julio Carranza Valdés,
Subdirector del Centro de Estudios sobre América
LA DESMONETIZACIÓN: ¿UN PROBLEMA RESUELTO?
En diciembre de
1995, decimoctavo mes de implementación del programa de saneamiento de las
finanzas internas se hizo evidente que el exceso de liquidez es todavía un
problema pendiente de solución. El programa de desmonetización lenta de la
economía adoptado en mayo de 1994
ha alcanzado resultados relativamente modestos que dejan la liquidez acumulada a niveles todavía muy elevados
y con una clara tendencia hacia una fuerte concentración. De hecho, se observa
un rendimiento decreciente de los instrumentos utilizados por el programa en su primer año y medio de
funcionamiento.
Existen algunas nuevas interpretaciones de esta cuestión que aseguran que las medidas adoptadas han resuelto esencialmente el problema existente un año atrás, y que su actual magnitud se encuentra a un nivel "manejable", aún cuando la cifra de liquidez total oficialmente reconocida excede en casi tres veces lo que se considera como punto de balance (1).
Esta corriente de opinión reconoce el alto nivel de concentración del circulante pero destaca que el 60 % del total se encuentra depositado en cuentas que según los reportes bancarios tienen un bajo nivel de movimiento y que, por tanto, "no constituyen un factor de presión real sobre el conjunto de la economía". Vale apuntar, sin embargo, que las tendencias más recientes parecen contradecir la supuesta inmovilidad de los saldos bancarios. De acuerdo con el Informe Económico del Banco Nacional de Cuba, en agosto de 1995, mientras que en todo 1994 se produjo una contracción del ahorro ordinario de 147 millones de pesos, sólo en el primer semestre de 1995 se produjo una nueva contracción del mismo en 451 millones de pesos, lo que pudiera colocar la cifra total para el año en la proximidad de los 1.000 millones, un nivel que difícilmente puede ser interpretado como inmovilidad del ahorro.
Tampoco se deja de reconocer por esa corriente la otra dimensión del asunto que es la concentración del ingreso, sin embargo, se considera que esta es manejable a través de la nueva política impositiva.
Desde esa perspectiva, no tendría sentido asumir los costos y riesgos que significan actuar sobre una cuestión -el exceso de circulante- "que realmente no existe como problema en este momento."
En nuestra opinión esta es una interpretación que soslaya otras dimensiones de lo que consideramos continúa siendo un problema de necesaria solución, como un momento de lo que debe ser el proceso de reestructuración integral de la economía cubana.
Existen evidencias que demuestran que el exceso de liquidez y su concentración continúan presionando fuertemente al conjunto de la economía, sobre todo en los espacios de mercado que progresivamente se han venido abriendo. El alto nivel de precios en el mercado agropecuario y su relativa rigidez, después de un año de funcionamiento, no se puede explicar, única ni fundamentalmente, como un problema de falta de oferta. En nuestra opinión, una de las causas centrales del fenómeno es la persistencia de una masa monetaria excedentaria y concentrada (incluyendo aquella que se encuentra depositada en el banco), que somete la economía a una notable presión inflacionaria.
El nivel de los precios (sobre todo en el mercado agropecuario) mantiene una relación muy desproporcionada con el salario medio del país lo que condiciona rigideces en la estructura del consumo individual (2), limita las posibilidades de restablecer la condición del trabajo como fuente fundamental de ingresos y crea una serie de complejos problemas a la economía nacional, sobre los que volveremos más adelante en este artículo, y entre los que se destacan: a) las distorsiones en la producción agropecuaria como consecuencia del diferencial de rentabilidad que existe entre las actividades vinculadas al sector de precios regulados y el desregulado, b) el relativo estancamiento de la actividad económica del resto de los espacios del mercado legalizados que no son el agropecuario, c) el desestímulo a los sectores campesinos y algunos cooperativos que ya tienen un alto nivel de ahorro en moneda nacional sin oferta correspondiente, y d) la fuerte transferencia de recursos monetarios de la ciudad al campo.
Por último, más allá de la discusión acerca de la presión real que ejerce en este momento específico el exceso de liquidez, incluyendo el depositado en el banco, está la cuestión central de su impacto en el curso posterior de la reestructuración. La descentralización y la mayor diversificación de las formas de propiedad y organización de la producción y los servicios es, en nuestra opinión, una trayectoria inevitable en el futuro inmediato para elevar el nivel de eficiencia en el sector estatal y actuar positivamente sobre el problema del empleo.
Sin embargo, el problema pendiente de un exceso de liquidez concentrado, que se puede activar en cualquier momento frente al estímulo de escenarios futuros, podría darle un curso no deseado a ese proceso no sólo desde su dimensión económica sino también desde su perspectiva política.
Así consideramos que la revaluación del problema de la liquidez acumulada es una cuestión de total relevancia para la economía cubana y su futuro. En ese sentido, nos parece conveniente revisar las alternativas posibles.
Este artículo se propone precisamente evaluar esas alternativas, abordando el asunto desde una concepción amplia que integre consideraciones económicas, sociales y políticas que deben estar presentes en cualquier examen, ya que la reducción del excedente monetario es un proceso que por su propia naturaleza rebasa el ámbito estrictamente económico.
Una premisa conceptual que consideramos esencial para poder articular un programa efectivo de desmonetización en Cuba es su consideración como parte de un programa económico mayor que trascienda el ámbito monetario-financiero. En realidad, esa consideración estuvo implícita en los debates que precedieron la adopción del actual plan de desmonetización. Sin embargo, el hecho cierto es que su ejecución se ha producido sin que corresponda claramente a un programa económico integral explícitamente formulado. La existencia simultánea de acciones en otras áreas de la economía evidencia que los cambios son relativamente amplios. Sin embargo, ello no significa que necesariamente sean parte de un programa suficientemente integral de transformaciones.
Sin dudas, la imposibilidad de ubicar el proceso de desmonetización en el contexto de un programa integral de cambio limita las posibilidades de su evaluación y puede conducir a la adopción de un enfoque estrecho que tienda a centrar el análisis en la discusión de parámetros fundamentalmente monetario-financieros y "técnicos" de corto plazo.
La limitación antes apuntada se puede resolver en la medida en que se considere la desmonetización en un contexto mayor. Aquí es importante destacar la existencia de dos niveles en el análisis. Primero, la evaluación del proceso tal y como se ha producido en su relación con otros cambios reales, y segundo, el estudio comparado del proceso de desmonetización llevada a cabo, tomando como referente un modelo integral dado de transformaciones económicas.
La importancia del primer nivel es obvia en la medida en que permite una perspectiva de la economía como sistema, en tanto el segundo nivel es importante porque conduce a pensar en alternativas concebidas como parte de un programa integral. Esto último es más importante en condiciones como las de Cuba donde hasta el momento el proceso de desmonetización no aparece conectado a un programa integral explícito.
En el análisis que se presenta a continuación se ha tratado de considerar el programa de desmonetización lenta en sus relaciones con otros cambios, particularmente los asociados con la apertura de espacios de mercado y el desarrollo de un sector no estatal de la economía. Por otra parte, el modelo integral de transformaciones económicas que se ha tomado como referente es el planteado por los autores de este artículo en un trabajo anterior de mayor alcance (3). Pudo haberse seleccionado otro modelo, pero prevaleció el criterio de adoptar un referente diseñado y publicado a nivel nacional.
En las páginas siguientes se examina el tema de las alternativas de desmonetización de la siguiente manera. Primero, se apuntan algunos antecedentes del programa actual, en particular el relativo al debate en torno al canje de moneda que se produjo a fines de 1993 y principios de 1994. Segundo, se hace una descripción y evaluación sucintas del programa de desmonetización lenta adoptado en mayo de 1994, señalando sus principales efectos. Tercero, se evalúan las principales alternativas existentes para continuar el proceso de desmonetización. Finalmente, se plantean algunas consideraciones acerca de cuál debería ser, a juicio de los autores, la variante más adecuada de desmonetización a implantar en Cuba en las actuales condiciones.
ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE DESMONETIZACIÓN DE 1994
El ajuste económico que fue preciso realizar en Cuba a principios de los años 90 tuvo características muy específicas que lo diferenciaron esencialmente de los procesos de ajuste adoptados en otras partes del mundo. La afectación de los niveles de consumo e inversión asociados al ajuste cubano fue incluso mayor que en otras partes, pero sus características distintivas más importantes fueron la distribución equitativa de los costos de la crisis y el mantenimiento de servicios sociales fundamentales de alcance universal para el ciudadano cubano.
La especificidad del ajuste cubano estuvo determinada en grado considerable por la profundidad de la crisis, la impredecibilidad de sus impactos inmediatos, la percepción inicial de su transitoriedad y, sobre todo, por la vocación de equidad y de justicia social de la revolución.
La variante de ajuste adoptada incorporó como elementos principales el racionamiento casi general de los bienes de consumo en la medida en que se reducía la oferta, la fijación de precios al alcance de todos, el mantenimiento del empleo a través del subsidio a las empresas y de programas sociales importantes como los de salud, educación y seguridad social, todo lo cual tuvo un considerable impacto en el mantenimiento del consenso político aún en las más difíciles condiciones económicas. Por supuesto, que el ajuste adoptado también tuvo costos que se hicieron crecientes en la medida que la crisis se agudizó y prolongó, particularmente cuando comenzó a hacerse evidente que la crisis no era un fenómeno transitorio.
Uno de los costos del ajuste, posiblemente el más "visible" fue la excesiva monetización de la economía. Si cuando comenzó el proceso se preveía como solución la recuperación de la producción, ya a finales de 1993 se percibía que los desequilibrios financieros habían alcanzado tal magnitud que obstaculizaban cualquier programa de reactivación de la economía. Los efectos más notables de la excesiva monetización fueron:
a) el aumento de la indisciplina laboral y la reducción de la intensidad del trabajo en el sector estatal,
b) desplazamiento de la fuerza de trabajo a actividades de menor importancia social y productividad real, en detrimento de sectores claves,
c) el proceso inflacionario en el mercado sumergido, al cual tenían que acudir por necesidad, cada vez con mayor frecuencia, los ciudadanos como ofertantes o demandantes, y
d) la pérdida de valor de la moneda nacional y por tanto del salario, que provocó no solamente efectos perversos en el plano económico, sino también en el político e ideológico (4).
Para enfrentar esta situación comenzaron a ponderarse a fines de 1993 dos opciones principales: a) el canje de la moneda nacional con confiscación o "congelamiento" de la mayor parte del efectivo acumulado, y b) un programa de desmonetización paulatina que condujera al nivel aceptable de liquidez. De hecho, el II período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre de 1993 dio inicio a un amplio debate sobre temas económicos, en particular el saneamiento de las finanzas internas que continuó en cada centro de trabajo, y que tuvo un momento definitorio en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular de mayo de 1994, cuando se decidió aplicar la segunda variante, es decir, un proceso de desmonetización lenta de la economía.
Contra el cambio de moneda se argumentaron varias razones en el decursar del debate. Una de ellas estaba relacionada con el costo económico directo que acarrearía la sustitución del signo monetario nacional, sobre todo en medio de la crítica situación de disponibilidad de divisas que atravesaba el país. Sin embargo, esta razón fue descartada rápidamente en la sesión extraordinaria del Parlamento de mayo de 1994, aclarándose que el costo no era tan elevado como podría haberse supuesto, y que en última instancia, si esa era la opción adecuada se podía afrontar (5).
También se argumentó la eventual pérdida de confianza de la población en la banca nacional en caso de producirse un canje de moneda que estuviese acompañado por la confiscación total o parcial, o por medidas equivalentes a una cuasi confiscación como podía ser el congelamiento de cuentas. La preocupación era válida en general, aunque en realidad siempre existen formas de estructurar de manera cuidadosa un canje confiscatorio limitado para minimizar -si bien no eliminar- su eventual impacto negativo sobre la confianza pública en la banca nacional. (6) El hecho cierto de que determinados sectores minoritarios de la población (los que concentran mayor parte de la liquidez) se verían afectados por confiscaciones parciales de sus cuentas bancarias no debe ser identificado como un factor que genere desconfianza masiva en el sistema bancario (7).
La preocupación respecto al posible socavamiento de la confianza en el banco hubiese tenido más peso si se hubiese planteado un canje parcialmente confiscatorio solamente del dinero en cuentas bancarias, pero al tratarse de un canje de todo el efectivo, independientemente de su lugar de depósito, el argumento pierde parcialmente validez. Inclusive cabría la variante de darle un tratamiento diferenciado al dinero en banco, lo que lejos de afectar beneficiaría la confianza bancaria.
Otra razón aludida, que se hizo explícita en ambas sesiones de la Asamblea (diciembre de 1993 y mayo de 1994), y que en definitiva determinó, a nuestro juicio, la decisión final fue el peligro de que el exceso de liquidez se regenerara luego del canje (8). En el contexto del programa económico incompleto que entonces se aprobó, se entendió que era preferible evitar una medida potencialmente problemática en su dimensión política (9) y cuya efectividad en el mediano y largo plazo no era totalmente predecible. Sin embargo, quedó abierta la posibilidad de que en momentos posteriores podría realizarse el cambio de moneda si ello fuese necesario.
Por supuesto que esa percepción era lógica en ausencia de un programa integral de transformaciones económicas de carácter estructural que minimizara, desde su concepción, la probabilidad de repetición del excedente monetario modificando las causas que le dieron origen. Un canje aislado, o que formara parte de un plan de acciones no suficientemente articulado, estaría condenado ex ante al fracaso, y cuando más, sería un alivio temporal con resultados políticos y económicos finales más desfavorables que exitosos. El cambio de moneda lesiona directamente los derechos de propiedad de las personas afectadas, y requiere como condición indispensable que forme parte de un programa integral de medidas que permita establecer un contexto político favorable para la aceptación y apoyo de la medida por la mayoría de la población.
La variante de desmonetización lenta de la economía seleccionada en mayo de 1994 representó en la práctica, más allá de sus intenciones y logros parciales, la postergación del establecimiento de niveles funcionales de equilibrio monetario y del enfrentamiento de las consecuencias que se derivan del efecto concentrador de la liquidez, objetivos que en nuestra opinión deben ser alcanzados al principio de un programa de reestructuración de la economía cubana. Mirando en retrospectiva, parece quedar claro que la decisión no dependió tanto de los méritos intrínsecos de la variante adoptada, sino de la incertidumbre que entonces se percibía asociada a la alternativa más radical de un canje de moneda y al curso posterior de los cambios económicos.
EL PROGRAMA DE DESMONETIZACIÓN LENTA
El programa de reducción gradual del excedente monetario puesto en vigor a mediados de 1994 se compuso principalmente de las siguientes acciones: incremento de los precios de una gama de bienes y servicios de consumo, eliminación de algunas gratuidades sin afectar las que constituyen logros fundamentales de la revolución en el orden social, aplicación de una nueva ley de impuestos, modificaciones en la política de subsidios a las empresas estatales, y mayor exigencia y control para restituir la disciplina financiera en el sector estatal (10).
El mayor peso del programa recayó sobre el incremento de precios, particularmente los de los productos del tabaco y el alcohol (11). Las medidas tuvieron como resultado la reducción de un 16 % del circulante de mayo a diciembre de 1994, pero durante 1995 se desaceleró el proceso y sólo se logró una disminución del 7 % durante los primeros nueve meses de este año (12). En septiembre de 1995 el dinero circulante representaba todavía 2,6 veces la magnitud de la liquidez permisible calculada por el gobierno (13), dándose la situación paradójica, como ya hemos apuntado, de que existiendo un exceso de efectivo de acuerdo con los cálculos oficiales, para la mayoría de las economías domésticas lo que se estaba extrayendo no era el "sobrante", sino la liquidez "necesaria".
La extracción de efectivo en circulación ha constituido un proceso doble: de un lado se ha reducido el monto total de circulante, y del otro se ha generado una mayor concentración relativa del mismo como medio de depósito o circulante pasivo (14), que contiene una amenaza implícita de convertirse en efectivo como medio de circulación o circulante activo, y desatar mayores presiones inflacionarias ante la apertura de nuevos espacios de mercado sobre los que actuaría la demanda atrasada (15).
El programa de desmonetización implementado parece haber llegado a sus dos límites: de una parte, la magnitud del circulante activo, como parece ser la percepción empírica se encuentra ya probablemente cerca de la cantidad de dinero necesaria para la circulación mercantil, y por la otra, se han agotado las posibilidades de que la mayoría de la población pueda continuar actuando como principal "fuente" de extracción en el contexto de un programa de desmonetización basado en incrementos de precios de productos de amplio consumo. De manera que el programa resolvió una parte del problema (reducción limitada de la liquidez) pero dejó pendiente el logro de niveles más adecuados de equilibrio y además reforzó la concentración del dinero (16).
De la experiencia acumulada del programa puede concluirse que su principal característica no ha sido tanto haber producido una desmonetización lenta como el haber sido un programa regresivo en término de la concentración de sus efectos en los grupos con menores niveles de liquidez e ingreso. De lo primero se deriva la permanencia de los desbalances a pesar del tiempo transcurrido. De lo segundo, la complicación de las posibles alternativas de solución sobre todos porque se ha producido en un contexto de apertura de mayores espacios de mercado y crecimiento de la participación privada y cooperativa (17) que han favorecido la concentración legal del ingreso en los mismos sectores sociales que ya acumulaban, en gran medida de manera ilegal, el efectivo antes del inicio del programa.
La desmonetización de la economía es, como ya se ha dicho, un tema relevante y actual. Para el caso de Cuba en particular, empeñada en una reestructuración socialista, rebasa la dimensión que pudiera tener el asunto para otros países que transitan hacia "economías de mercado" o que ejecutan planes de estabilización macroeconómicos de corte neoliberal. (18).
En nuestra opinión, la desmonetización no es sólo una condición necesaria desde el punto de vista técnico para una reestructuración profunda de la economía cubana, sino que es ante todo un problema político, de cuya solución dependerá en buena medida el propio cauce de la reestructuración y su coherencia ulterior.
En un trabajo anterior habíamos señalado las posibles consecuencias negativas de un proceso de desmonetización lento en las condiciones de partida de la economía cubana (19).
A continuación se revisan brevemente esas consecuencias negativas, tratando de ajustarlas a las condiciones actuales:
- El efecto político: Cuando a mediados de 1994 se decidió realizar el programa de desmonetización gradual, el punto de partida era un circulante ya altamente concentrado (20). Las fuentes ilegales habían contribuido a la acumulación en la economía sumergida, y las "legales" eran fruto en gran medida de distorsiones en el mercado, que se remontan a los tiempos anteriores a la crisis y que permitieron la obtención de "rentas inmerecidas". No constituían, como frecuentemente se sugiere, un producto del espíritu de empresa o del "trabajo honesto" (21). En aquellas circunstancias existían, a nuestro juicio, las condiciones políticas favorables para haber efectuado un proceso confiscatorio de parte del excedente dirigido puntualmente a los principales sectores concentradores de la liquidez (22).
Era previsible, desde entonces, que un programa de desmonetización basado en impuestos indirectos (por la vía de los precios) fuese de carácter regresivo al recaer asimétricamente sobre amplios sectores de la población que no concentraban el excedente. En la práctica, la variante aplicada, en medio de un proceso de apertura de mercados y ampliación del sector privado, permitió la legitimación del dinero y la capitalización en activos físicos productivos.
La preservación de acumulaciones monetarias no vinculadas al trabajo y la regresividad del programa de saneamiento financiero representan un problema político en el contexto de una sociedad en proceso de cambio que no ha renunciado a importantes principios del modelo anterior tales como la justicia social y la consideración del trabajo como fuente fundamental de riqueza. Lo delicado del asunto es que diariamente se están decidiendo y reconociendo en la práctica "ganadores" y "perdedores" sin que se haya efectuado una amplia discusión a fondo sobre los paradigmas anteriores y los emergentes.
En el contexto de una sociedad donde los intereses económicos diferenciados comienzan a desempeñar un papel más activo y abierto es inevitable que se plantee la cuestión política de ¿a quién afectar?. A nuestro juicio esa decisión solamente podrá ser satisfactoria si resulta de un proceso de debate y consulta en el que las mayorías desempeñen un papel central y donde los problemas económicos sean considerados también desde una perspectiva política.
- El efecto sobre la concentración del efectivo: Era también predecible que de la manera en que se efectuó la reducción absoluta del efectivo acumulado, en condiciones de apertura de mercados y mayor presencia de agentes privados (23), condujera a una mayor concentración no sólo del excedente de circulante previamente existente sino también del ingreso. El fenómeno fue particularmente preocupante dada la presencia de una débil política tributaria de sesgo progresivo y de una reducida capacidad redistributiva del estado. Esto, como ya se ha dicho antes, ha hecho cada vez más difícil continuar la desmonetización por la vía asumida (24) y ha tenido implicaciones sobre el desarrollo del mercado interno, como se explica en el siguiente punto.
- El efecto recesivo: Este es tal vez uno de los efectos menos discutidos en el tema de la desmonetización, pero que se convierte en relevante en virtud de la necesitada coherencia que deben tener las transformaciones económicas emprendidas recientemente. Las medidas del lado de la oferta (ampliación del trabajo por cuenta propia, apertura de los mercados agropecuario e industrial y artesanal, reformas en el funcionamiento de la empresa estatal) han creado condiciones favorables para elevar la producción y el empleo en el sector no estatal. Sin embargo, el propio proceso de desmonetización paulatina, en tanto constituye una contracción de la demanda agregada y ha contribuido a la concentración del ingreso, tiene efectos recesivos que anulan parcialmente los incentivos para la oferta (25). Así, en la actualidad se observa cierto estancamiento en varias actividades del sector no estatal, sobre todo aquellas localizadas en la producción de mercancías cuya demanda es más elástica (26) y en zonas del interior del país en que los ingresos promedio son bajos o no hay flujos significativos de divisas.
La variante de desmonetización implementada coloca notables restricciones para expandir la demanda agregada. De ello se deriva una limitación para el crecimiento del autoempleo y consecuentemente para la racionalización de la fuerza de trabajo en el sector estatal.
- Las distorsiones del mercado: La desmonetización lenta en condiciones de creciente apertura de mercados y espacios al sector no estatal ha tenido un efecto distorsionador sobre los mercados emergentes, que ha creado nuevos problemas a la conducción de la política económica. Las distorsiones han sido particularmente agudas en el funcionamiento de los mercados existentes para la producción agropecuaria.
Dada la permanencia de un importante desequilibrio monetario y las presiones inflacionarias resultantes, en los mercados liberados para productos agropecuarios prevalecen altos precios que favorecen muy elevadas tasas de ganancia para los ofertantes en esos mercados (27). En la medida en que esa rentabilidad no guarda correspondencia alguna con el trabajo realmente empleado y por tanto no puede ser interpretada como un reconocimiento social al efecto productivo, las condiciones distorsionadas en que debe actuar el mercado, y no el mercado mismo, tienden a tener efectos perversos en la asignación de recursos económicos. El problema es especialmente agudo en condiciones como las de Cuba donde junto a los mercados liberados funcionan mercados regulados, lo que determina la existencia de diferenciales de precios y rentabilidades que diseminan el efecto distorsionador por todo el sector agropecuario (28).
Es cierto que mientras coexistan mercados regulados y desregulados en una misma actividad se mantendrán vigentes las tendencias distorsionadoras, pero el punto que tratamos de destacar aquí es que en condiciones de agudos desequilibrios monetarios las distorsiones se tornan prácticamente inmanejables mediante el uso de instrumentos económicos.
Notas
1 Estimado a fines de 1994 por el gobierno en 3.500 millones de pesos. Cfr. "Entrevista a José Luis Rodríguez, Ministro de Finanzas y Precios", en Granma, Ciudad de La Habana, 22 de noviembre de 1994. La cantidad necesaria de dinero circulante depende de las condiciones concretas de la economía. Aunque desconocemos las bases sobre las que se efectuó el estimado oficial, las transformaciones estructurales posteriores sufridas por la economía cubana, que han tenido repercusiones en los niveles de precios, de oferta y, seguramente, en la velocidad de circulación del efectivo, así como la conversión de su mayor parte en medio de depósito, deben haber modificado su magnitud.
2 Una parte importante de la población urbana tiene que emplear la parte mayoritaria de su salario en el mercado liberado como un complemento imprescindible a la cuota que obtiene en el mercado regulado.
3 Julio Carranza Valdés, Luis Gutiérrez Urdaneta y Pedro Monreal González, Cuba: la reestructuración de la economía. Una propuesta para el debate, Editorial de Ciencias Sociales, Ciudad de La Habana, 1995.
4 Cfr. Julio Carranza, "Los cambios económicos en Cuba: problemas y desafíos", en Cuadernos de Nuestra América, vol.XI, no.22, Ciudad de La Habana, julio-diciembre de 1994.
5 Cfr. "Finalizó el II período ordinario de sesiones de la Asamblea", en Granma, Ciudad de La Habana, 29 de diciembre de 1993.
6 Ver Cuba: la reestructuración de la economía, Una propuesta para el debate.
7 En diciembre de 1994 el 86 % de las cuentas de ahorro de la población tenían saldos inferiores a los 2.000 pesos, un nivel que podía ser respetado íntegramente durante el canje, sobre todo cuando se toma en consideración que esas cuentas solamente acumulaban el 22,2 % del monto total del ahorro ordinario de los ciudadanos.
8 Cfr. "Finalizó el II período ordinario de sesiones de la Asamblea", en Granma, Ciudad de La Habana, 29 de diciembre de 1993 y "Reseña de los debates de la primera jornada", en Granma, Ciudad de La Habana, 2 de mayo de 1994.
Un elemento que parece haber tenido cierto peso en esta percepción es que existían varias experiencias internacionales negativas, como la vietnamita en los años 80 donde se produjo un canje de moneda que no dio los resultados esperados. Sin embargo, una revisión rigurosa de esa experiencia demuestra que el problema consistió en la desconexión del canje con el resto del programa de transformaciones que debía modificar las causas que habían generado el exceso de circulante.
9 Los problemas políticos que pudieran haberse derivado de un canje de moneda a principios de 1994 podrían ubicarse fundamentalmente en dos planos. Por una parte, la posible activación de un rechazo en ciertos sectores sociales en momentos en que se trataba de mantener el consenso político y por otra, en una eventual reacción negativa en el corto plazo por parte de los productores agrícolas privados. Esto pudiera haber provocado una reducción del suministro de alimentos en momentos en que este había alcanzado niveles críticos. Debe tenerse en cuenta que este último problema pudo haber sido atenuado con medidas específicas en el contexto del canje. Sin embargo, lo más importante en nuestra opinión es que la inmensa mayoría de la población parecía no oponerse al canje de moneda a principios y mediados de 1994. Para un argumento en favor del canje puede consultarse, Julio Carranza y Pedro Monreal, op. cit.
10 Cfr. Julio Carranza, op. Cit.
11 El 81,2 % de la reducción del excedente hasta noviembre de 1994 correspondió al incremento de precios y liberalización de la venta de cigarros y bebidas alcohólicas. Cfr. "Intervención de José Luis Rodríguez. Presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 1995", en Granma, Ciudad de La Habana, 21 de diciembre de 1994.
12 Cálculos a partir de "La economía cubana en 1994", Oficina Nacional de Estadísticas, Ciudad de La Habana, junio de 1995; y "Confiamos en quienes no se dejaron doblegar por las presiones e invirtieron en Cuba; mañana serán más", en Granma, Ciudad de La Habana, 27 de octubre de 1995.
13 Se refiere al nivel de 3500 millones de pesos antes mencionado y sobre el cual ya hemos introducido una nota de cautela.
14 Incluye tanto el depositado en cuentas bancarias, como en poder de la población pero que en un momento dado no actúa como medio de circulación. Aunque no hay datos disponibles para conocer con exactitud la estructura de concentración de la liquidez total, existe, sin embargo, una parte del circulante del cual es posible conocer su distribución: el ahorro ordinario. El Informe Económico del Banco Nacional de Cuba (agosto de 1995) reconoció que el período comprendido entre diciembre de 1994 y junio de 1995 se observó una tendencia a la concentración de los depósitos en un menor número de cuentas. En junio de 1995 el 13,6 % de las cuentas de ahorro concentraban el 82,4 % del valor de los depósitos. Teniendo en consideración que el ahorro ordinario representaba en junio de 1995 el 64 % de la liquidez acumulada, su estructura de concentración indicaba de manera general la elevada concentración de la liquidez en Cuba.
15 Aunque sobre este punto volveremos más adelante, conviene dejar aclarado desde el principio nuestro criterio de que el circulante pasivo representa un problema económico que no debe ser minimizado en el caso de Cuba por varias razones: primero, porque explica en gran medida las presiones inflacionarias que determinan niveles de precios en los mercados liberados que no guardan relación racional alguna con los niveles de ingresos promedios de los trabajadores. Esos precios, luego de un período inicial de reducción se han mantenido de manera sostenida a niveles muy altos en relación con el salario medio. El hecho de que haya limitaciones de oferta en esos mercados no puede explicar por sí sola los altos precios. Segundo, no existen barreras rígidas entre el circulante pasivo y el activo. En realidad en 1994 y 1995 las variaciones en las cuentas de ahorro han representado una creciente fuente de circulante activo. Tercero, el elevado grado de concentración de la liquidez acumulada representa una importante barrera a la necesaria ampliación de segmentos de mercados de actividad económica no estatal y sobre todo, en ese contexto, se haría altamente cuestionable desde una perspectiva socialista la apertura de nuevos espacios al sector privado, particularmente en materia de legitimidad e igualdad de oportunidades. En este último punto se hace muy clara la necesaria integración del proceso de desmonetización con otros componentes de un programa mayor de transformaciones de la economía.
16 Por supuesto que esto no debería ser un efecto negativo para los que propugnan el restablecimiento de una economía de mercado en Cuba en la medida en que esa concentración de dinero se percibe como una fuente legítima y deseable de acumulación originaria de capital. Sin embargo, en los diversos trabajos que sobre este punto se han escrito en el exterior aparecen diferentes posiciones respecto a este asunto. Para unos como Juan Luis Moreno cualquier forma de expropiación de circulante es un ataque contra los sectores informales, tan necesarios para la reconstrucción capitalista, en tanto Jorge A. Sanguinetty, por su parte, cuestiona la existencia de excesos de circulante y los considera como "ahorros involuntarios".
Otros autores, como Pastor y Zimbalist, que toman distancia de fórmulas tradicionales para el restablecimiento de una economía de mercado en Cuba consideran necesario aprovechar la capacidad empresarial atribuida a "los operadores del mercado negro". Curiosamente algunos autores, como Montalván y Castañeda, que postulan explícitamente el restablecimiento del capitalismo en Cuba proponen, sin embargo, acciones que representan una cuasi confiscación. El anterior punto ilustra que el debate sobre la desmonetización no sólo se deriva de consideraciones ideológicas, sino también de premisas técnicas. Cfr. Juan Luis Moreno, "Una política o un sistema monetario óptimo", en Cuba in Transition, vol.3, Florida International University, Miami, 1993; Jorge A. Sanguinetty. "El desarrollo de una Economía de Mercado. El caso de Cuba", en Cuba in Transition, vol.1. Florida International University, Miami, 1991; Manuel Pastor y Andrew Zimbalist, "Waiting for Change: Adjustment and Reform in Cuba", World Development, vol.23, no.5, Gran Bretaña, 1995; y Rolando H. Castañeda y George P. Montalván, "In Search of a Way Out for Cuba: Reconciliation, Stabilization and Structural Reform" ponencia presentada en 1993 Annual Meeting of the Eastern Economic Association, Washington D.C.; y "Transition in Cuba: A Comprehensive Stabilization Proposal and Some Key Issues", Cuba in Transition, vol.3, Florida International University, Miami, 1993.
17 La apertura de los mercados agropecuarios el 1ro. de octubre de 1994 y la ampliación de la presencia de los sectores privado y cooperativo, con posterioridad al inicio del programa de desmonetización, pero en presencia de un alto nivel liquidez concentrada ha representado en la práctica un gigantesco proceso de legitimación de dinero. Por una parte, esto ha conducido a un estado de amnistía económica de facto que favorece a sectores sociales que por mucho tiempo actuaron en espacios no legales, complejizando con ello los problemas ya de por sí traumáticos asociados al desarrollo de tendencias diferenciadoras del ingreso y del ahorro en una sociedad socialista. Por otra parte, el fenómeno complica el discernimiento de la legitimidad de la liquidez acumulada, un problema que dificulta, si bien no impide, la aplicación de medidas parcialmente confiscatorias y que de hecho limita las opciones disponibles para sanear las finanzas internas. Debe quedar claro que el juicio antes expresado no significa en modo alguno una oposición de los autores de este artículo a la necesaria apertura de mercados o de espacios no estatales. De lo que se trata es de que esos cambios estructurales deben estar integrados con acciones como el saneamiento financiero en un proceso único donde la secuencias de las medidas es esencial para darle un curso económica y políticamente favorable.
18 De lo que se trata es de llevar a niveles funcionales determinadas variables económicas, incluyendo las monetarias y las financieras, para asegurar la adecuada operación del sistema económico. Los autores no comparten otras concepciones que rinden culto excesivo al ajuste monetario-financiero y que le adjudican al equilibrio en esas esferas una serie de virtudes casi "mágicas".
19 Cfr. Julio Carranza, Luis Gutiérrez y Pedro Monreal, Cuba: la reestructuración de la economía. Una propuesta para el debate, Editora Ciencias Sociales, Ciudad de La Habana, 1995.
20 También había ocurrido una redistribución de la riqueza, de la que el circulante es sólo una parte. Pero ello no es justificación para que no se actúe sobre su porción modificable que es, además, relevante desde el punto de vista del funcionamiento de la economía en el actual contexto.
21 Para un discusión vea el Anexo 4. La inflación reprimida en Julio Carranza, Luis Gutiérrez y Pedro Monreal, op.cit.
22 El Decreto-Ley no.149 de mayo de 1994 "Sobre confiscación de bienes e ingresos obtenidos mediante enriquecimiento indebido" era a todas luces insuficiente para identificar y confiscar las acumulaciones ilegales de riqueza. La ampliación del mercado y del sector privado harían cada vez más conflictiva y difusa su aplicación en el futuro.
23 La privatización en su concepción amplia no sólo consiste en la venta de activos estatales. Incluye también la remoción de las barreras de entrada al sector privado, los contratos de administración, de concesión, las subcontrataciones de servicios antes suministrados por el estado, etcétera. Ver Luis Gutiérrez, "El Estado como empresario en América Latina: Quo vadis?", en Cuadernos de Nuestra América vol.XI, no.22, pp.135-136, Ciudad de La Habana, 1995.
24 Por ejemplo, la elevación de los impuestos indirectos sobre los cigarros, tabacos y bebidas alcohólicas, en las condiciones de Cuba, no garantizan en lo absoluto un impacto progresivo sobre la reducción de efectivo, más bien todo lo contrario.
25 Adicionalmente añadiremos una consecuencia sobre la oferta de la alta concentración del efectivo en forma de depósito en manos de una parte limitada de la población. Aclaramos que es tan sólo una hipótesis, y que requeriría un estudio más a fondo.
La cadena de agregación de valor de una parte importante de los sectores privado y estatal depende del desarrollo de la producción agrícola. Sin embargo, las altas magnitudes de dinero atesoradas por una parte de los campesinos privados, algunos sectores cooperativos, y sus intermediarios, tiene un efecto paradójico sobre la producción. En observaciones y entrevistas realizadas por los autores a varios campesinos salieron a relucir datos sumamente relevantes. Las altas sumas como medio de depósito no se corresponden solamente con la propensión al atesoramiento "atávico", sino a la insuficiencia para canalizar dichos fondos hacia la inversión. De manera que satisfecho el consumo a determinado nivel se debilitan los incentivos "positivos" para el trabajo. Por otra parte, la seguridad personal que se deriva de la posesión de altas sumas en depósito hace desaparecer prácticamente los incentivos "negativos".
26 Aquellas en que es mayor la sensibilidad de la cantidad demandada a las variaciones de los precios. No es el caso del mercado agropecuario en Cuba, donde la demanda mantiene siempre un alto nivel a pesar de los precios por tratarse de bienes de primerísima necesidad, o sea este último es un mercado muy inelástico.
27 De paso, es conveniente reiterar en este punto que los altos precios en esos mercados no sólo se derivan de una oferta insuficiente. Ese es un factor importante, pero que no debe llevar a minimizar las presiones inflacionarias resultantes del agudo desbalance monetario todavía existente. Asumir que los mercados liberados, aún en condiciones de una mayor oferta, pueden funcionar libres de distorsiones en presencia de significativos desbalances monetarios no se ajusta a las lecciones de la historia de los mercados.
28 En Cuba, el problema es muy preocupante en la medida en que los más importantes productos agropecuarios de exportación (caña de azúcar, café, tabaco) solamente se mueven en mercados regulados. El diferencial de rentabilidades entre una caballería sembrada de caña y una de malanga, por sólo citar un ejemplo, puede ser abismal. Impedir que el fenómeno actúe en el sentido de una selección adversa de recursos recae en procedimientos extraeconómicos y ni aún así puede ser resuelto. En el caso de Cuba, donde el acceso a la tierra no es libre, la producción de cosechas para los mercados regulados puede estar representando fundamentalmente la puerta de entrada a una actividad económica con nichos de producción extremadamente lucrativos, es decir, a las actividades complementarias que están autorizadas (por ejemplo, áreas de autoconsumo). En esas condiciones, siempre está presente el eventual desvío de recursos para atender las producciones marginales más lucrativas. Existe inclusive un término popular para denotar este fenómeno: "conuquear".

Luis Gutierrez:
ResponderEliminarEste artículo se escribió bajo condiciones políticas, sociales y económicas muy diferentes a las de hoy. En opinión de los autores, esa era una opción posible. Pero requería, como se aclara bien de varias premisas: 1. Se requería que formara parte de un marco institucional integral de reforma. Si no, sería en vano. Esto parece no fue bien entendido por los que lo juzgaron en su momento. Esa condición era sine qua non.
2. El problema del excedente de efectivo se mantuvo como una espada de Damocles. Hay varios serios trabajos académicos que posteriormente dieron cuenta del asunto.
3. Debería ser uno de los puntos iniciales de la reforma, para evitar efectos recesivos y políticos adversos.
Existían otras variantes, como la que se aplicó con el mal llamado ordenamiento, que licuó los ahorros de los pequeños ahorristas y creó problemas serios con el capital de trabajo de las empresas cooperativas y TPC. Incluso era una de las variantes que se analizaron pero nos pareció inapropiada política y económicamente.
No pensamos nunca que fuera una propuesta infalible. Todo lo que produjimos, entonces jóvenes economistas, fue dirigido ante todo al debate. Esa fue la idea, lograr con un texto la fertilización de ideas del verdadero autor de la hazaña de sobrevivencia, pese al imperialismo y la burocracia paralizante: el pueblo.
Habrá intentos de explicaciones y variados argumentos para intentar justificar el desastre que estamos viviendo todos los cubanos. Tanto los residentes dentro como fuera de fronteras, al final todos somos víctimas en el papel de moneda de cambio de los propósitos de los centros de poder que dicen interpretar los intereses de la población mientras las partes en conflicto le han impedido al cubano expresar lo que piensa. De modo tal que se erigen en traductores de palabras que ni siquiera se han pronunciado libremente. Los males que padecemos no tienen un origen único, sin pretender encontrar una proporción adecuada los hechos dicen que tanta culpa toca a las administraciones norteamericanas con sus políticas agresivas como a la parte cubana por su pésima conducción de los asuntos públicos. Asunto público porque los errores van más allá de la economía, que si bien es la parte más importante del entramado social no es la única que lo conforma. La idea de un buen cubano no puede ser la imagen de un robot.
ResponderEliminarSi la solución fuese la de "confiscar" habría que revisar todo lo que en Cuba se ha "confiscado" durante casi 70 años en un proceso paulatino, sucesivo, escalonado y continuo, así como los resultados obtenidos a corto, mediano y largo plazo. Se "confiscaron" las tierras de los latifundios; se "confiscaron" las grandes inversiones extranjeras; se "confiscaron" los fondos en cuentas bancarias y el efectivo a partir de ciertos montos; se "confiscaron" los bienes muebles e inmuebles de los grandes propietarios nacionales; se "confiscaron" las tierras de los propietarios medios; se "confiscaron" los bienes de pequeños propietarios comerciales, industriales y de servicios; se "confiscaron" las propiedades de quienes salían definitivamente del país. Parecía lo apropiado según un modelo concebido, adaptado o improvisado. Hubo que "confiscar" todo lo que oliese a "contrario". Los años afloraron las grietas en el diseño social que no se quisieron ver, en parte ocultas al ciudadano tras la cortina de cuantiosas donaciones externas. Cuando llegó el momento de la verdad se trató de hacer adaptaciones, pero evadiendo el problema de origen. Ahora vemos que la marcha es en reversa y para volver al origen mejorado se impone "confiscar" ahora a quien poco o nada tiene.
ResponderEliminar