Inflación en 2026: ¿entra Cuba en una nueva fase?

 La inflación es uno de los principales desafíos económicos de Cuba hoy, un grave problema que pudiera entrar en una nueva fase durante la segunda mitad de este año.

Economía Ricardo González, especialista en desarrollo económico y política industrial 13 julio, 2026 IPS

 

Los datos disponibles hasta mayo de 2026 sugieren que la inflación está creciendo por encima de lo que podía esperarse a partir de las tendencias observadas durante los años anteriores en Cuba.

Foto: Jorge Luis Baños_IPS

La inflación es uno de los problemas económicos que más preocupa hoy a la población cubana. Antes de que comenzara 2026, Cuba era ya una economía con una inflación elevada. En 2025, el índice de precios al consumidor (IPC) cerró en torno al 15%, muy por encima de los niveles que suelen considerarse compatibles con la estabilidad de precios.

Durante los últimos años, la explicación a este fenómeno parecía relativamente clara. Se debía, entre muchas causas, a los desequilibrios monetarios acumulados, la persistencia de déficits fiscales elevados, las dificultades del sistema financiero para recuperar la confianza de la población tras el Ordenamiento Monetario y unas reformas insuficientes que no lograron acelerar el crecimiento económico.

A pesar de estos problemas, la inflación había mostrado una tendencia descendente desde 2021: los precios seguían creciendo, pero lo hacían cada vez a menor velocidad.

En 2026 esa historia comenzó a cambiar. La economía cubana empezó a enfrentar nuevas sanciones energéticas, financieras y comerciales que están alimentando desequilibrios ya existentes. Los datos disponibles hasta mayo sugieren que la inflación está creciendo por encima de lo esperado. Y lo más importante: existen razones para pensar que una parte de las presiones inflacionarias que hoy enfrenta la economía todavía no se ha trasladado plenamente a los precios.

Para el segundo semestre de este año, las medidas económicas aprobadas por el parlamento cubano el 18 de junio introducen una nueva dimensión al análisis: la forma y velocidad con que se implementen estas transformaciones influirá sobre una dinámica de precios que ya muestra señales de cambio. 

Una economía que ya venía inflacionada

Desde enero de 2021, con la implementación del Ordenamiento Monetario (programa de ajuste monetario y cambiario), las y los cubanos hemos vivido de forma permanente en una economía inflacionaria. Incluso descontando las limitaciones metodológicas del IPC oficial, el aumento acumulado de los precios durante los últimos años ha sido significativo.

Para el infográfico Índice de Precios al Consumidor en Cuba y España. Trayectorias acumuladas 2021-2025, ambas series fueron reescaladas a una base común (enero de 2021=100) con el objetivo de comparar la trayectoria acumulada de los precios en cada país. El gráfico no debe interpretarse como una comparación directa de niveles de precios o costo de vida, ya que los índices de precios al consumidor se construyen a partir de canastas, ponderaciones y metodologías estadísticas diferentes. En el caso cubano, además, la existencia de mercados segmentados, escasez y precios informales implica que el IPC oficial puede no reflejar plenamente todas las presiones inflacionarias presentes en la economía.

La comparación con España no tiene un significado especial más allá de servir como referencia visual de una economía con inflación relativamente baja y estable. No pretende contrastar niveles de precios o costo de vida, ya que ambos índices se construyen utilizando metodologías y canastas diferentes. Su objetivo es ilustrar cuán distinta ha sido la trayectoria acumulada de los precios en Cuba durante los últimos cinco años.

Mientras España logró mantener una inflación relativamente contenida incluso después de la crisis internacional de precios de 2022, Cuba acumuló incrementos mucho mayores y más persistentes. La economía llegó a 2026 con una inflación elevada, aunque mostrando señales de desaceleración respecto a los años inmediatamente posteriores al Ordenamiento. La pregunta es si esa desaceleración continúa existiendo. 

¿Qué cambió en 2026?

A diferencia de años anteriores, 2026 ha estado marcado por la aparición simultánea de varios factores de incidencia.

En los primeros meses del año, la economía cubana enfrentó nuevas sanciones energéticas, financieras y comerciales de una magnitud poco habitual incluso para los estándares recientes del país.

Entre ellas, destacan el bloqueo de Estados Unidos al suministro de combustibles (29/1/2026), las amenazas sobre inversionistas extranjeros (1/05/2026), el aumento del riesgo de una escalada militar, las dificultades para realizar pagos internacionales tras la salida de Visa y MasterCard (5/06/2026), la interrupción de operaciones de navieras (15/05/2026) y la paralización o retirada de inversionistas extranjeros en sectores estratégicos como el turismo, los vuelos internacionales, la minería y la energía. Cada uno de estos acontecimientos tendría capacidad para afectar la inflación por separado. Lo excepcional es que todos estén ocurriendo casi al unísono.

Las consecuencias potenciales son conocidas y operan a través de diferentes canales. Menos combustible implica mayores costos de transporte y producción. Menos financiamiento externo reduce la capacidad para sostener importaciones y presiona sobre el mercado cambiario. Más dificultades para realizar pagos internacionales encarecen operaciones comerciales. Una menor inversión extranjera limita la generación futura de divisas.

Y un entorno de incertidumbre creciente suele terminar reflejándose en las decisiones de consumidores, empresas e inversionistas. La combinación de estos factores presiona al alza los precios domésticos. 

¿Se están expresando las sanciones del primer semestre de 2026 sobre la inflación?

La respuesta es sí, pero no podemos saber con exactitud en cuánto: una parte importante de los aumentos de precios observados hoy son el reflejo de desequilibrios acumulados durante años anteriores. Eso quiere decir que, incluso si ninguna de las sanciones recientes hubiese ocurrido, los precios probablemente habrían continuado creciendo.

Por esa razón, comparar simplemente la inflación de 2026 con la de 2025 dice poco a la hora de determinar si las sanciones están induciendo presiones inflacionarias adicionales.

El verdadero desafío consiste en separar, al menos parcialmente, la inflación que ya venía incorporada en la dinámica de la economía cubana de aquella que podría estar asociada a los nuevos acontecimientos del año en curso. Como no podemos observar qué habría ocurrido en una Cuba donde estas sanciones no existieran, la única alternativa es aproximarnos a ese escenario de forma indirecta.

Con ese objetivo se construyó una trayectoria esperada de la inflación utilizando únicamente la información cuantitativa disponible hasta diciembre de 2025. La idea fue estimar mediante un modelo de predicción cómo habría evolucionado el IPC en 2026 si se hubiesen mantenido las condiciones prevalecientes a finales del año anterior. Asumiendo cierta similitud en las causas internas de la inflación entre 2025 y 2026, la diferencia entre esa trayectoria esperada (predicción) y la inflación efectivamente observada ofrece una primera aproximación al posible efecto de las nuevas sanciones sobre los precios.

Una cuestión central en este esfuerzo es contar con una herramienta capaz de reproducir el comportamiento histórico de la inflación. Como muestra el infográfico Inflación observada y su trayectoria esperada en Cuba (2021-enero 2026), la trayectoria estimada por el modelo sigue con bastante precisión la evolución observada del IPC entre 2021 y 2025. Esto sugiere que captura adecuadamente los principales patrones de la inflación cubana durante ese período y permite utilizarlo como referencia para evaluar si en 2026 comenzó a ocurrir algo distinto.

La línea roja muestra el ajuste del modelo a los datos observados durante el período utilizado para la estimación (marzo de 2021-diciembre de 2025). La línea verde representa la trayectoria esperada del IPC a partir de enero de 2026, proyectada utilizando exclusivamente la información disponible hasta diciembre de 2025. La línea gris con marcadores corresponde a los valores observados del IPC reportados por la Onei. La línea vertical discontinua indica el inicio del período de pronóstico fuera de muestra.

El modelo proyectaba una inflación de aproximadamente 11,8% en diciembre de 2026. Una inflación elevada, pero inferior al 15% registrado en 2025 y consistente con la desaceleración gradual observada durante los años previos. A estas alturas puede afirmarse que ese escenario difícilmente se materializará, pues solo hasta mayo de 2026 el IPC acumulado alcanzaba ya 9,16%. 

Cuando la inflación comenzó a desviarse en 2026

Durante enero y febrero, la inflación observada siguió una trayectoria muy similar a la esperada, se ubicaba dentro de los márgenes de confianza de la predicción.

Sin embargo, a partir de marzo comenzó a abrirse una brecha que se amplió en abril y mayo, como se muestra en el infográdico Inflación observada y su trayectoria esperada en Cuba (enero 2025-diciembre 2026). La línea verde representa la trayectoria esperada del IPC utilizando exclusivamente la información disponible hasta diciembre de 2025. La línea gris con marcadores corresponde a los valores observados del IPC reportados por la Onei. Las líneas rojas discontinuas son intervalos de confianza del pronóstico al 95%.

Hasta mayo de 2026 la inflación acumulada alcanzó 9,16 %. De acuerdo con la trayectoria esperada, debía haber sido aproximadamente 6,2 %. La diferencia -casi tres puntos porcentuales- constituye una señal de que nuevas presiones inflacionarias comenzaron a manifestarse durante el primer semestre. Aunque no puede establecerse una relación causal concluyente, parece evidente que esas presiones vienen en gran medida determinadas por las nuevas sanciones.

Otro elemento relevante es la persistencia de la brecha. Los precios no sólo crecieron más rápido de lo esperado, sino que la diferencia respecto a la trayectoria proyectada se mantuvo y amplió durante varios meses consecutivos.

Resumiendo, los resultados sugieren que la inflación observada entre marzo y mayo ya no puede explicarse completamente a partir de las tendencias heredadas de los años anteriores. Bajo las condiciones prevalecientes hasta finales de 2025, una trayectoria como la observada durante el primer semestre resultaba poco probable. La coincidencia temporal entre esta desviación y la aparición de nuevas restricciones energéticas, financieras y comerciales es consistente con la hipótesis de que estos choques comenzaron a trasladarse gradualmente a los precios internos. 

La inflación que todavía no aparece completamente en los datos

Aunque el comportamiento futuro del IPC habrá que seguir monitoreándolo, existen motivos para anticipar un segundo semestre particularmente complejo en materia inflacionaria. Los resultados anteriores sugieren que nuevas presiones comenzaron a manifestarse durante la primera parte del año, pero esto podría ser solo el comienzo de una espiral que se expresará con mayor énfasis en el segundo semestre del año. .

Al menos cuatro mecanismos apuntan en esa dirección:

• Depreciación del tipo de cambio informal. Entre el 21 de mayo y el 15 de junio de 2026, el dólar estadounidense pasó de aproximadamente 550 CUP a 660 CUP, una depreciación cercana al 20 % en menos de un mes (El Toque, 2026). Este movimiento resulta especialmente importante porque el mercado cambiario informal funciona como referencia para una parte significativa del sector privado y para numerosos mecanismos de formación de precios dentro de la economía. No existen razones evidentes para pensar que esta depreciación sea un fenómeno puramente transitorio. Por el contrario, parece reflejar el deterioro simultáneo de fundamentos económicos: menores ingresos de divisas, dificultades crecientes para acceder a financiamiento externo, interrupciones en actividades exportadoras y un aumento general de la incertidumbre. En estas condiciones, es razonable esperar que una parte de esa depreciación continúe trasladándose gradualmente hacia los precios internos durante los próximos meses.
• Aumento continuo de los costos de producción y distribución. Los costos de producción continúan aumentando como resultado de las interrupciones energéticas, las dificultades logísticas, el encarecimiento del transporte, el mayor costo financiero y las restricciones para acceder a insumos importados. En muchos casos existe un desfase temporal entre el momento en que estos costos aumentan y el momento en que terminan reflejándose en los mercados de consumo. La agricultura constituye probablemente el ejemplo más evidente. Una parte importante de la producción agropecuaria que llegará a los mercados durante el último trimestre del año se está produciendo actualmente a mayores costos. Por ello, es posible que una parte de las presiones inflacionarias asociadas a estos factores todavía no se encuentre plenamente incorporada a los precios observados.
• Deterioro de las cuentas fiscales y monetarias. Con una economía estatal sometida a crecientes dificultades operativas, es razonable anticipar una caída drástica de los ingresos públicos y, como consecuencia, una ampliación considerable del déficit fiscal. A diferencia de años anteriores, la posibilidad de reducir significativamente el gasto público resulta limitada porque los servicios básicos ya están sujetos a tensiones extraordinarias. Esto aumenta el riesgo de que se multipliquen los desequilibrios monetarios y como consecuencia la inflación.
• Expectativas e incertidumbre. La economía cubana enfrenta hoy un escenario de elevada incertidumbre, marcado por la posibilidad de nuevas sanciones, una escalada de las tensiones con Estados Unidos -que incluyen posibles acciones de naturaleza militar- así como eventos climáticos o sanitarios imprevistos. En algún momento, estos acontecimientos podrían desanclar las expectativas de hogares y empresas. Cuando las personas comienzan a anticipar mayores aumentos de precios, tienden a adelantar compras, demandar más divisas o ajustar preventivamente sus precios y salarios. Estos comportamientos pueden convertirse en una fuente adicional de inflación, incluso antes de que los choques reales se reflejen plenamente en la economía. 

¿Impactará el nuevo programa económico sobre la inflación del año?

Para completar el panorama, el 18 de junio de 2026 el parlamento cubano aprobó un programa de transformaciones económicas basado en 176 medidas que modifican los fundamentos tradicionales del modelo económico. Aunque, a largo plazo, este programa tiene el potencial de colocar a la economía cubana en una senda de crecimiento más dinámica, sus efectos de corto plazo podrían resultar económicamente y políticamente desestabilizadores.

Una parte importante de las medidas propuestas descansa sobre la desregulación de precios y costos en el sector estatal -salarios, tarifas, tipo de cambio y tasas de interés, entre otros- y su transición hacia mecanismos de mercado. La experiencia internacional muestra que este tipo de transformaciones suele ser una condición necesaria para mejorar la eficiencia y estimular el crecimiento.

Sin embargo, también demuestra que los procesos de liberalización de precios suelen generar tensiones macroeconómicas y distributivas significativas durante las primeras etapas de implementación.

La magnitud de este impacto sobre la inflación dependerá, naturalmente, de la velocidad y profundidad con que avance el programa. En determinados escenarios, este canal podría llegar a tener efectos incluso más importantes que los descritos anteriormente. No obstante, dadas las actuales condiciones económicas y geopolíticas, parece poco probable que el gobierno opte por una implementación particularmente acelerada.

Las tensiones externas, la fragilidad de la situación interna y los elevados costos sociales asociados a un ajuste rápido constituyen incentivos poderosos para avanzar de forma más gradual. 

¿Entramos realmente en una nueva fase inflacionaria?

Es altamente probable que así sea. Los datos disponibles sugieren que la trayectoria de desaceleración observada durante los últimos años podría haber comenzado a interrumpirse.

Esta posible ruptura ocurre en un contexto excepcional: una economía que ya arrastraba importantes desequilibrios internos enfrenta ahora sanciones energéticas, financieras y comerciales de una magnitud poco habitual. Además, previsiblemente, el segundo semestre será clave en el despliegue de un programa de transformaciones económicas que podría generar nuevas presiones sobre los precios en el corto plazo.

La inflación que observamos hoy parece ser apenas la primera manifestación de tendencias económicas que todavía se encuentran en pleno despliegue. Si esta lectura es correcta, el principal desafío ya no será explicar lo ocurrido durante el primer semestre, sino comprender cuánto de lo que está por venir ya comenzó a gestarse.

También obligará a revisar algunas ideas establecidas sobre las causas de la inflación en Cuba y, por extensión, sobre las políticas más adecuadas para enfrentarla. (2026)

La hora de la reforma económica: ¿será esta vez diferente?

Por Ricardo González Aguila LJC

19 junio 2026

Imagen generada con inteligencia artificial

El gobierno cubano acaba de presentar lo que, a mi juicio, constituye el programa de reformas económicas más ambicioso desde 1959. Evidentemente, faltan temas —y no menores— por definir: el marco legislativo que habilitará cada medida propuesta, su letra pequeña, así como la implementación oportuna y secuenciada de todo lo anunciado.

Además, sobre todo el programa pesa un problema que el propio gobierno ha contribuido a construir: el deterioro de su credibilidad. Después de años de reformas aplazadas o implementadas a medias, resulta inevitable la pregunta que muchos cubanos se hacen hoy: ¿por qué esta vez sería diferente?

No obstante, dejando aparcadas por el momento estas cuestiones, que son muy relevantes, mi primera valoración es que el programa económico anunciado no constituye un ajuste parcial de la economía, sino una reforma sistémica con potencial significativo. Sí, son reformas estructurales que intentan actuar sobre algunas de las causas más profundas del estancamiento económico que arrastra el país desde hace décadas.

Pero hay un problema. En realidad, varios. Y todos tienen que ver con el contexto en que estas reformas llegan.

A nadie se le escapa que estos anuncios tienen lugar en el momento más complejo que ha vivido el país en mucho tiempo. Cuba se encuentra al borde de una crisis humanitaria, sometida a sanciones sobre resortes clave de la economía —precisamente aquellos que serían necesarios para que muchas de estas reformas funcionaran— y, por si fuera poco, bajo el riesgo de una escalada militar con los Estados Unidos.

Y, siendo realista, los contextos geopolíticos siempre condicionan lo que un gobierno puede hacer en materia económica, política y social.

Hasta qué punto estas reformas sirven para sacar al país de la situación actual es un tema abierto a discusión, sobre el cual versó mi anterior contribución en este espacio.

En el presente artículo discuto los posibles escenarios que se abren tras las medidas y cómo estas condicionarán el alcance y la efectividad de las reformas propuestas.

¿Por qué lo anunciado esta vez es diferente?

Por primera vez en muchos años aparecen reunidos en un mismo programa elementos que proponen transformaciones significativas sobre los fundamentos institucionales del modelo económico vigente.

En lugar de enumerar medidas concretas —que pueden consultarse en diferentes medios— resumiré en cuatro pilares lo que, en mi opinión, constituye el núcleo de la propuesta.

El primer pilar es la nueva articulación entre empresa, propiedad, planificación, precios, subsidios, moneda y sistema financiero.

Previsiblemente, bajo las nuevas reglas, la empresa estatal dejaría de operar como una extensión administrativa del Estado para acercarse a una lógica corporativa: autonomía de gestión, salarios negociados, precios descentralizados, eliminación de subsidios, procedimientos de quiebra, valoración de activos y conversión en sociedades mercantiles.

Y aquí radica una de las rupturas más importantes con la lógica económica predominante durante décadas.

A su vez, se abre la posibilidad de participación accionaria de actores estatales, privados, extranjeros e incluso personas naturales. Ese cambio no es menor: introduce una nueva frontera entre propiedad pública, gestión empresarial y capitalización privada.

El segundo pilar es la reforma de la planificación centralizada.

El Estado declara que abandonaría progresivamente la asignación física de recursos para moverse hacia una planificación financiera, con mayor peso de las señales de mercado. Esto, combinado con la descentralización de precios, el mercado cambiario, las subastas de divisas, las devaluaciones sucesivas y la dolarización parcial, supone reconocer que la economía no puede seguir funcionando sobre la base de precios administrados, asignaciones discrecionales y tipos de cambio ficticios.

El tercer pilar es el complemento entre lo social y lo fiscal.

La eliminación de subsidios a productos y empresas, junto con el tránsito hacia subsidios a personas, implica aceptar costos reales y trasladarlos a precios. Esa es una condición indispensable para restaurar racionalidad económica. Pero también constituye una fuente enorme de tensión social y, probablemente, el mayor riesgo político de todo el programa.

Precisamente por ello, el éxito de esta transformación dependerá de que el Fondo de Protección Social, la reforma salarial, las pensiones y los mecanismos de focalización funcionen antes o al mismo tiempo que el ajuste.

El cuarto pilar es la apertura al capital.

Inversión extranjera en más sectores, participación privada en la banca, instituciones financieras no bancarias, mercados de activos, derechos de usufructo y superficie, comercio exterior más descentralizado, empresas privadas agropecuarias y participación privada en energía, turismo, transporte, servicios, tecnología y logística.

En conjunto, esto configura una economía mixta mucho más amplia que la existente hasta ahora.

Por tanto, el significado del programa no está en una medida aislada, sino en su coherencia potencial. Empresa con autonomía, precios de mercado, tipo de cambio más realista, subsidios focalizados, inversión privada, banca privada, quiebra empresarial y mercados de activos forman parte de una misma arquitectura.

En mi opinión, esa arquitectura se parece más a una transición hacia una economía socialista de mercado, al estilo chino o vietnamita, que a una simple actualización del modelo. Y sí, es inevitable preguntarse cuánto se habría ganado si algo parecido se hubiese intentado hace una década.

Resumiendo: Si se implementan de manera coherente, el programa anunciado no equivale a un ajuste parcial, sino a una reforma sistémica. En esta ocasión, parecería que no se trata sólo de ampliar facultades empresariales, autorizar más mipymes o flexibilizar algunos precios. Más que eso, la combinación de los 23 ejes apunta a reconstruir las reglas básicas de funcionamiento de la economía cubana.

El verdadero desafío no es solo técnico

Hasta aquí podría parecer que el principal desafío consiste en implementar correctamente las medidas anunciadas.

Mi impresión es que el mayor desafío de esta reforma no será únicamente técnico. También será político y geopolítico.

La razón es sencilla. Las reformas económicas nunca ocurren en el vacío. Funcionan —o fracasan— dentro de contextos concretos. Y el contexto en el que Cuba intenta reformarse hoy es probablemente el más adverso de las últimas décadas.

Pero antes de hablar de escenarios conviene recordar algo importante. Los problemas que enfrentan las reformas no nacen de las circunstancias actuales de Cuba. Son inherentes a cualquier proceso de transformación profunda.

Quienes hemos estudiado experiencias de transición económica sabemos que desmontar un aparato institucional como el cubano implica enfrentar varias contradicciones simultáneamente.

Tres cuestiones generales sobre los procesos de reforma

La primera es la destrucción creativa. Todas las reformas destruyen para crear. Las actividades menos productivas pierden espacio. Algunas empresas se reducen. Otras desaparecen. Los recursos comienzan a desplazarse hacia lugares donde, en teoría, pueden utilizarse mejor.

El problema es que destruir suele ser más fácil que construir. La destrucción puede ocurrir rápidamente; la creación necesita tiempo.

Por eso una pregunta fundamental en toda reforma es si existen condiciones para que las nuevas actividades económicas emerjan con suficiente rapidez como para compensar aquello que desaparece.

La segunda contradicción es la aparición de ganadores y perdedores. Las reformas nunca son neutrales. Cuando cambian las reglas del juego, algunos ganan y otros pierden. Unos sectores reciben nuevas oportunidades; otros ven desaparecer privilegios, protecciones o rentas que parecían permanentes.

Los economistas solemos hablar de ganancias para el conjunto de la economía. Pero las personas no viven dentro de agregados estadísticos. Viven en hogares concretos, con ingresos concretos y problemas concretos.

Por eso las reformas nunca son únicamente ejercicios técnicos. También son procesos políticos y mecanismos de redistribución de renta entre grupos sociales.

La tercera contradicción es la coordinación institucional. Las reformas funcionan como sistemas. La apertura de un mercado requiere financiamiento. Una reforma cambiaria exige disciplina fiscal. La flexibilización de precios necesita mecanismos efectivos de protección social.

Cuando una pieza falta, todo el mecanismo comienza a fallar.

Por eso las reformas no sólo deben diseñarse correctamente. También deben secuenciarse, complementarse y coordinarse de manera adecuada.

Estas tres contradicciones existen en prácticamente todas las experiencias de reforma económica. La diferencia está en la capacidad que tiene cada país para administrarlas.

Y es aquí donde el contexto vuelve a entrar en escena.

Dos escenarios posibles y el manejo de las contradicciones

A partir de este punto veo dos escenarios diferentes para Cuba.

Escenario 1. Se mantiene la actual dinámica de asfixia

Bajo este escenario, un programa tan ambicioso como el anunciado debería avanzar con mucha cautela. La razón es que las tres contradicciones anteriores se vuelven más difíciles de administrar.

La destrucción creativa puede terminar generando más destrucción que creación si no existen financiamiento, inversión y mercados capaces de absorber rápidamente los recursos liberados.

Los conflictos distributivos pueden agravarse porque el Estado dispondría de menos recursos para proteger a quienes resulten afectados por los cambios.

Y la coordinación institucional se vuelve más compleja cuando la economía opera bajo condiciones permanentes de emergencia.

En estas circunstancias, avanzar demasiado rápido podría terminar empeorando la situación en lugar de mejorarla.

Escenario 2. Se cierra una negociación con los Estados Unidos

Este escenario permitiría ampliar el alcance de las reformas y mitigar, al menos parcialmente, las tres contradicciones anteriores.

Esto no significa que el camino sería sencillo. El gobierno seguiría enfrentando el principal desafío de toda transformación profunda: sus inevitables efectos redistributivos.

Pero no es lo mismo gestionar esos conflictos desde una economía aislada que desde una economía conectada al mundo.

Una reforma como la que Cuba demanda necesitará inversión, financiamiento, acceso a mercados, cooperación internacional y tiempo para madurar. Necesitará espacio para que las nuevas actividades crezcan antes de que las viejas desaparezcan.

Una negociación no eliminaría las tensiones propias de la reforma. Pero aumentaría considerablemente las probabilidades de que el proceso produzca más creación que destrucción.

Y esa es, probablemente, la diferencia fundamental entre ambos escenarios.

No es la necesidad de reformar. Es la probabilidad de que las reformas logren crear más de lo que destruyen.

¿Tendremos esta vez una reforma exitosa?

Durante años, el principal problema de la economía cubana fue la ausencia de reformas capaces de atacar las causas profundas del estancamiento.

Tras los anuncios de ayer, el problema parece distinto.

Por primera vez, se anuncia un programa económico que, al menos sobre el papel, apunta a transformar de manera sistémica las reglas de funcionamiento de la economía. Mi impresión es que no estamos ante un ajuste marginal ni ante otra ronda de perfeccionamiento administrativo. Estamos ante algo potencialmente mucho más profundo.

Pero el éxito de una reforma nunca depende únicamente de la calidad de su diseño.

También depende de la credibilidad de quienes la impulsan. Depende de la capacidad para implementarla. Depende de su secuencia. Depende de la protección que se ofrezca a quienes resulten afectados. Y, en el caso cubano de hoy, depende además de un contexto geopolítico extraordinariamente adverso.Mirando hacia adelante, todavía es imposible saber si estamos ante el inicio de una reforma exitosa. Lo que sí parece claro es que se ha dado un paso audaz que apunta en la dirección correcta.

Empieza ahora la tarea más difícil: crear las condiciones para que pueda desplegarse, consolidarse y generar más creación que destrucción.

Porque lo decisivo será cuánto logren transformar realmente estas reformas. Y esa es una pregunta que, por ahora, continuará abierta.

¿Reformar ahora? Lecciones de una década y los límites del presente

Por Ricardo González Aguila

21 mayo 2026, LJC

El debate sobre las reformas económicas ha vuelto. Basta con abrir cualquier medio de comunicación en estos días para verificarlo. Ese renovado interés ocurre, además, en un contexto político especialmente complejo para Cuba: una negociación abierta con los Estados Unidos, acompañada de un bloqueo energético, severas sanciones sobre la inversión extranjera y una retórica de confrontación que incluye amenazas de escalada militar.

En medio de tal situación, en algunos espacios se discute sobre el sentido de avanzar, bajo las actuales condiciones, en un programa de reformas económicas profundas o, por el contrario, postergar este programa para priorizar otros objetivos tácticos más inmediatos: aliviar la emergencia energética, asegurar suministros básicos, evitar un deterioro humanitario mayor o ampliar márgenes diplomáticos de negociación.

La pregunta es compleja. Pero antes de reflexionar sobre ella conviene examinar la historia reciente de las reformas económicas cubanas. No porque esta ofrezca recetas concretas, sino porque la última década deja lecciones importantes sobre lo que se hizo y lo que se dejó de hacer, lo que funcionó y lo que no y, sobre todo, arroja luces sobre los márgenes de lo posible en las condiciones actuales.

Una historia corta de las reformas económicas en Cuba

Cuba es una economía que necesita reformas profundas. La afirmación es cierta bajo cualquier circunstancia, no cambia. Se fundamenta en la idea de que el país arrastra problemas estructurales persistentes, como baja productividad, débil capacidad exportadora, incentivos insuficientes a la producción, limitada autonomía empresarial y mecanismos de asignación de recursos poco eficientes. Estos constituyen problemas horizontales compartidos, que van desde la generación de energía hasta la producción de alimentos.

La reforma entre 2011 y 2019: la pérdida de momentum

Una cosa es necesitar reformas y otra muy distinta tener condiciones para implementarlas. Entre 2011 y 2019 —y probablemente, sobre todo, hasta 2016— Cuba tuvo la mejor oportunidad en décadas para avanzar más profundamente en esa dirección. Sí, persistía el diferendo histórico con Estados Unidos y la restricción externa seguía formando parte del paisaje económico nacional. Pero a una escala incomparablemente menor que la actual.

La Actualización del modelo económico que inició en 2011 brindó el marco general para este propósito. Durante los primeros años confluyeron, además, condiciones externas excepcionales: Venezuela aún aportaba importantes flujos comerciales y financieros; persistían programas regionales de cooperación; el acercamiento con la administración Obama abrió expectativas económicas inéditas; crecía el turismo norteamericano, el interés de inversionistas extranjeros y la percepción —correcta o no— de que Cuba comenzaba a abrirse al mundo.

Sería impreciso afirmar que no hubo transformaciones al calor de la Actualización: se amplió el espacio al trabajo por cuenta propia, se promovió una nueva ley de inversión extranjera, se introdujeron cambios tributarios y se descentralizaron parcialmente algunos mecanismos financieros y de gestión empresarial.

Sin embargo, los cambios promovidos fueron insuficientes para corregir los problemas estructurales de la economía. Persistieron restricciones fundamentales:

• un sector privado limitado a unas pocas actividades, 
• un sector estatal atado a las cadenas de la asignación centralizada de recursos, 
• un sistema de precios distorsionado, pocos incentivos productivos, 
• un ambiente monetario segmentado, 
• un sector exportador asfixiado por un tipo de cambio sobrevaluado, 
• obstáculos regulatorios sobre la inversión, el comercio y la gestión económica,   entre muchos otros.

Faltó voluntad política para aprovechar un contexto favorable y atacar restricciones estructurales más profundas. Las condiciones externas amortiguaban parcialmente los costos de no reformar y, en cierto sentido, maquillaban desequilibrios acumulados.

A medida que avanzó la década, el contexto comenzó a deteriorarse. Venezuela entró en crisis, se redujeron programas regionales de cooperación y Donald Trump —en su primera administración— desmontó buena parte del deshielo con Cuba y reimpuso sanciones. En 2019 el país entró en recesión debido a una crisis de ingresos externos en desarrollo.

La segunda etapa: reformar bajo shock (2020–2025)

Sin los deberes hechos en la etapa previa, sanciones crecientes y una crisis del sector externo, llega el año 2020. La pandemia desplomó el turismo, redujo drásticamente los ingresos externos y forzó un severo ajuste de importaciones. Combustibles, alimentos e insumos productivos comenzaron a escasear con mayor intensidad.

El shock externo se tradujo rápidamente en un agravamiento de los problemas monetarios internos. En 2020, el déficit fiscal alcanzó un pico, la brecha cambiaria (diferencia entre el tipo de cambio formal e informal) se amplió y la inflación se disparó hasta 18,5 %, alcanzando los dos dígitos por primera vez en décadas.

Este contexto más complejo exige reformas más complejas. No resultará suficiente con atender los problemas estructurales heredados. Se requerirá abordar desequilibrios monetarios creados por el shock externo y el Ordenamiento Monetario de 2021. Encima, el contexto se agrava por otras causas. Por un lado, una desproporcionada concentración de recursos escasísimos en la infraestructura del turismo; y, por otro, un complejo escenario internacional, marcado por una crisis inflacionaria significativa (2022). Para completar el cuadro, las consecuencias de la crisis empeoran aún más la situación; una crisis migratoria (2022–2024) hace perder al país uno de sus activos más importantes —su capital humano joven—, mientras la fractura de la infraestructura energética complejiza cualquier estrategia de salida inmediata.

En el período se implementaron reformas estructurales. No sin vaivenes e incongruencias, la apertura al sector privado ha sido bastante amplia. Por ejemplo, más del 50 % de la circulación minorista de mercancías pasa por esta forma productiva, presente de forma significativa, además, en cadenas logísticas, de comercio exterior, de transportación de cargas, energía solar fotovoltaica, servicios informáticos y entre otros. Más recientemente, se anunciaron cambios para la inversión extranjera (2025) con participación de la diáspora (2026), la constitución de un mercado cambiario para ciertas empresas (segmento III), se dolarizaron transacciones en el sector estatal y se transformaron algunos mecanismos de pagos internacionales para dotarlos de mayor flexibilidad.

También hubo desaciertos y ausencias, pues no se favoreció una mayor convergencia entre precios estatales y privados; no se puso al sector exportador en el centro de la reforma; se concibió la estabilización macroeconómica como un proceso exclusivo de corrección del déficit fiscal y no como un proceso más amplio que incorporara la dimensión productiva y cambiaria. No se reformaron las competencias empresariales (ley de empresas) y como consecuencia no pudieron adaptarse al nuevo entorno. Y, quizá el mayor desacierto de todos fue perder tiempo y actuar sin suficiente pragmatismo en un contexto de creciente deterioro económico y social.

De los varios aprendizajes que dejan estos dos períodos, señalaré cinco que son, en mi opinión, los más relevantes.

Primera lección: los problemas estructurales no desaparecen; se agravan. La pandemia no creó los principales problemas económicos de Cuba; los expuso y profundizó. Postergar reformas estructurales no eliminó sus costos; solo desplazó su expresión hacia condiciones más difíciles de manejar. Al no solucionar los problemas se perdió credibilidad, un ingrediente clave de cualquier proceso de cambio.

Segunda lección: las reformas deben estar guiadas por el pragmatismo y el sentido común. Lo importante es promover cambios que funcionen y resuelvan problemas. Cuba no necesita diseñar «una reforma perfecta» en el momento «cero»; necesita diseñar una reforma que funcione. Como recordó un reformista pragmático alguna vez: «no importa que el gato sea blanco o negro, lo importante es que cace ratones».

Tercera lección: las transformaciones mal secuenciadas empeoran los problemas. El Ordenamiento Monetario constituye probablemente el ejemplo más visible. Muchos fallos de implementación suceden porque se desmontan mecanismos existentes —por malos que sean— antes de construir otros capaces de reemplazarlos. Con el Ordenamiento se eliminó un esquema monetario profundamente imperfecto para sustituirlo por otro inexistente; y cuando el vacío de reglas y el desanclaje institucional ocuparon el espacio, la incertidumbre y los problemas de expectativas desataron nuevos desequilibrios.

Cuarta lección: atender desequilibrios macroeconómicos sin enfrentar simultáneamente los desafíos estructurales que lo originan solo reproduce y amplifica el estancamiento productivo y la pobreza.

Quinta lección: reformar significa también contraponer intereses. Haber priorizado la inversión en hoteles por encima de otros objetivos estratégicos profundizó los efectos de la crisis y restringió la posibilidad de salir de ella. Las decisiones de inversión también son decisiones de renuncia: recursos dirigidos a un objetivo dejan de estar disponibles para otros.

2026: ¿se puede reformar en las condiciones actuales?

En 2026 entramos en una nueva fase del problema, más difícil y compleja que la anterior (si es que acaso es posible). Las sanciones coercitivas y unilaterales que siempre han estado presentes evolucionaron. Por un lado, hacia algo que cualquier analista político interpretaría como un acto de guerra —el bloqueo de combustibles— y, por otro, hacia una mayor institucionalización de su alcance extraterritorial, particularmente sobre la inversión extranjera. Por si lo anterior fuera poco, aumentan las tensiones y las expectativas sobre una posible escalada militar, un hecho que disuade aún más cualquier interés por el destino Cuba, afectando las perspectivas de inversión y la demanda turística.

Entonces, ¿tienen las reformas algún rol en este contexto?

Aunque la necesidad de reformas económicas sigue ahí, el principal cuello de botella actual ya no es únicamente económico. Resulta extremadamente difícil promover transformaciones profundas sin acceso estable a un insumo básico como la energía, sin inversión ni financiamiento y sin suficiente demanda externa.

Siempre existen pequeños espacios de maniobra, pero son marginales y difícilmente tendrán los efectos generales que se necesitan para alterar el equilibrio actual. Porque una cosa es reformar una economía con problemas estructurales —como la Cuba de 2011— y otra muy distinta es intentar hacerlo en medio de una emergencia prolongada, con una severa crisis energética, restricciones financieras crecientes y sanciones sobre algunos de los principales resortes económicos del país.

Las reformas profundas requieren tiempo, financiamiento, una estabilidad mínima e insumos básicos para sostener la actividad económica. Y hoy Cuba enfrenta precisamente la ausencia de esas condiciones.

Hoy, por lo tanto, es momento de hacer política, no economía. No porque la política sustituya las reformas económicas, sino porque las restricciones más severas ya no son únicamente técnicas. Incluso la burocracia económica más eficiente y con mayor voluntad de cambio tendría enormes dificultades para reorganizar una economía en este contexto.

Promover reformas económicas hoy significa, primero, recuperar márgenes mínimos de maniobra: aliviar la asfixia energética, reconstruir espacios de negociación internacional y recuperar acceso a financiamiento e inversión. Y eso, bajo las actuales condiciones, solo parece posible a través de la política como instrumento. No pedirle a la economía lo que la economía no puede dar.

Hay un par de problemas añadidos. Uno es el tiempo: mientras este pasa, los problemas estructurales siguen ahí, no esperan, se agravan y la crisis humanitaria se profundiza. El otro es la endogeneidad, de la cual emerge una importante paradoja. En las condiciones actuales, las transformaciones necesitan apoyo financiero internacional. Y nadie parece dispuesto a financiar cambios si no percibe señales creíbles de transformación. Pero, al mismo tiempo, el deterioro del contexto hace cada vez más difícil producir esas señales.

Son probablemente los tiempos más complejos que ha enfrentado el país en décadas y, como sociedad, atravesamos múltiples tensiones simultáneas. La historia reciente deja, sin embargo, una lección incómoda: cuando existieron mejores condiciones, las reformas se hicieron a medias y se perdió tiempo valioso; hoy, cuando las reformas siguen siendo necesarias, las condiciones extremas reducen drásticamente los márgenes para implementarlas con profundidad.

La contradicción es evidente. Cuba necesita transformaciones más que nunca, pero probablemente dispone hoy de menos condiciones que antes para impulsarlas. De ahí que el desafío inmediato no sea escoger entre política o economía, sino entender su secuencia: sin mínimos márgenes políticos y financieros será difícil reorganizar la economía; pero sin señales creíbles de transformación también será difícil construir esos márgenes.

Espero y deseo por mi país que la actual situación encuentre una salida mediante la paz, el alivio de tensiones y la reconstrucción de espacios de cooperación. Si ese momento llegara, la lección de la última década debería estar clara: no volver a desperdiciar otra ventana de oportunidad.

El crecimiento económico debería ser la prioridad de Cuba

Por Ricardo González Aguila, LJC

7 abril 2025

Ilustración: Félix Azcuy

En estas páginas reflexiono sobre a lo que mi entender representa la verdadera urgencia de la política económica en Cuba: el crecimiento económico. Empecemos por analizar qué dicen los datos oficiales. La Figura 1 muestra una estimación del crecimiento de largo plazo entre los años 1996 hasta 2019; y tres escenarios de recuperación después de la abrupta caída del 10.9% del PIB en 2020, que simulan procesos hipotéticos de crecimiento post crisis (covid-19) al 1%, 3% y 5% hasta el año 2030. En la figura se muestra ─además─ el PIB a precios constantes con el objetivo de comparar los datos reales de la economía con los escenarios de recuperación.

Figura 1. Crecimiento Económico de Largo Plazo y Proyecciones hasta 2030

Fuente: CEEC, «Reporte sobre Economía Cubana, Julio-diciembre, 2024». Segunda Edición a partir de datos de la ONEI.

Las conclusiones son inequívocas. Primero, la tasa de crecimiento estructural (línea discontinua) venía desacelerándose desde antes de 2020. De forma más específica, el crecimiento (promedio) en la primera mitad de la década pasada fue de 2.8%, mientras que en la segunda fue de apenas 1.1%.

Existe cierto consenso entre economistas de que una parte de aquel enlentecimiento es atribuible a cambios en el contexto internacional. La crisis económica en Venezuela, el cambio de ciclo político en América Latina y la reimposición de sanciones durante la primera administración de Donald Trump gestaron una nueva crisis de ingresos externos en el país.

A la vez, muchos economistas también coincidimos en que las reformas implementadas bajo el paraguas de la Actualización del Modelo Económico fueron insuficientes para colocar a Cuba en una senda de mayor crecimiento y competitividad; tampoco lograron contrarrestar la influencia negativa ejercida por el cambio de contexto externo.

Las reformas implementadas bajo el paraguas de la Actualización del Modelo Económico fueron insuficientes para colocar a Cuba en una senda de mayor crecimiento y competitividad.

Ambos factores contribuyeron a que la economía entrara en recesión en 2019, a lo cual siguió una abrupta caída de 10.9% del PIB en 2020, como consecuencia de la pandemia, en la que se vio prácticamente inhabilitado uno de los principales sectores: el turismo.

La segunda conclusión de la Figura 1 es la inexistente recuperación después de 2020. A diferencia de muchas economías a nivel regional e internacional, en las cuales hubo un rebote inmediato que les permitió regresar a sus niveles de actividad pre-crisis; la economía cubana se ha mantenido creciendo a una tasa promedio de 1% (el peor de los escenarios posibles). A este ritmo, nos tomaría como país aproximadamente una década regresar al nivel de ingreso per cápita de 2019 (que en sí mismo era bajo). Este hecho representa un serio problema para una sociedad que aspira y merece un presente y futuro prósperos; igualmente plantea un grave dilema para la sostenibilidad de un modelo social que acumula años de carencias materiales profundas.

Las causas del estancamiento actual: una crisis generalizada de los drivers del crecimiento

Cuando se examinan las fuentes de crecimiento económico en Cuba, encontramos obstrucción en cada uno de sus canales. Empezando por el más general: el contexto geopolítico actual es lo suficientemente adverso como para pensar que podrían abrirse ─como ha ocurrido en el pasado─ oportunidades de intercambio comercial y financiero en condiciones ventajosas que marquen un cambio significativo respecto a la situación presente. Encima, las contrapartes potenciales de ese improbable escenario, Rusia y China, representan actores extra-regionales en un contexto donde EE.UU. ─bajo la segunda administración de Donald Trump─ intenta consolidar (más que nunca) el dominio exclusivo sobre su área de influencia.

Figura 2. Los Canales del Crecimiento Económico

El crecimiento económico debería ser la prioridad de Cuba

En el orden interno, la situación es igual de compleja. Desde el lado de la oferta hay una nueva crisis generalizada de factores productivos. Problemas de descapitalización e insuficiente inversión en sectores claves y de infraestructura, que se combinan con aumentos de la emigración de la fuerza laboral y envejecimiento poblacional, ─la cuarta parte de la población cubana tiene 60 años o más—. Una crisis energética que se expresa en la pérdida del 25% de la capacidad de generación respecto a 2019, y, otra crisis, igual de grave, de disponibilidad de combustibles. Por si todo esto fuera poco, la escasez de materias primas ─sobre todo la importada─ limita considerablemente las operaciones diarias de las empresas estatales. Sin maquinarias, trabajadores, energías, combustibles y materias primas no puede haber crecimiento económico.

El crecimiento, sin embargo, no depende solamente de la acumulación ampliada de recursos productivos; sino también, y, sobre todo, de la productividad en el empleo de dichos recursos. Cuando se examinan los impulsores de la productividad encontramos, de igual forma, canales obstruidos.

En primer lugar, el progreso tecnológico apenas existe. Las empresas operan con tecnologías, procedimientos logísticos y un «saber hacer» muy rezagado, mientras la innovación es mínima, exceptuando a la industria biotecnológica. En segundo lugar, los problemas de incentivos y las fallas (institucionales) del modelo económico impiden que las empresas estatales alcancen su capacidad máxima de producción, incluso dentro de los reducidos límites impuestos por su tecnología atrasada. En tercer lugar, los problemas asignativos provocan que los poquísimos recursos disponibles, se coloquen en destinos (empresas o industrias) diferentes a aquellos que producirían el máximo rendimiento, llevando a la economía a operar por debajo de su capacidad potencial. Resumiendo, ni el cambio tecnológico, ni la eficiencia técnica, ni la eficiencia asignativa favorecen aumentos sostenidos de la productividad.

Adicionalmente, las restricciones al crecimiento no se producen solo por el lado de la oferta, sino también por el lado de la demanda. La crisis inflacionaria vivida por el país en el último quinquenio ayudó a instalar la idea ─en mi opinión, correcta─ sobre lo necesario de implementar un plan de estabilización macroeconómica. El problema ha estado ─no obstante─ no tanto en el «qué», sino en el «cómo» se ha llevado adelante.

Las restricciones al crecimiento no se producen solo por el lado de la oferta, sino también por el lado de la demanda.

Aunque el plan no es un documento publicado y sus objetivos y metas no han trascendido a la opinión pública, es posible inferir su «lógica» ─o al menos una parte de esta─ atendiendo a sus acciones. Por ejemplo, examinemos las fuentes que permitieron la reducción del déficit fiscal en el año 2024 ─innegablemente alto─. El ajuste, de unos 55 mil millones de CUP, fue, sin duda, significativo. Dicha disminución se basó en una combinación de medidas de naturaleza recaudatoria (incrementos de precios y tributos) y de ajustes de gastos presupuestarios e inejecuciones. No se observa ─sin embargo─ que a este esfuerzo contribuyera el estímulo a la actividad económica inducida por reformas estructurales, que es, curiosamente, donde más reservas existen. Se pospusieron reformas como la apertura del mercado cambiario o la Ley de Empresas, mientras se desaceleraba, considerablemente, la tasa de creación de mipymes en la economía.

Rescato una idea obvia, pero al parecer olvidada: la recaudación fiscal puede crecer, tanto por incrementos de precios e impuestos, como por la expansión de la base tributaria, sobre la cual se incide a través de la implementación de políticas (estructurales) y de fomento productivo desde el lado de la oferta. Haber pospuesto estas transformaciones imprescindibles pudo costar puntos porcentuales de expansión a la recaudación fiscal y al crecimiento del PIB en 2024 ─de hecho, se espera una nueva contracción superior al 1%─.

La recaudación fiscal puede crecer, tanto por incrementos de precios e impuestos, como por la expansión de la base tributaria.

Parecería, por lo tanto, que la «lógica» del plan ha sido reducir el déficit fiscal como (única) vía para reducir la inflación, y crear ─de alguna forma no precisada─ las «condiciones» (¿?) necesarias para el crecimiento. Una idea que resulta, como mínimo, polémica, sobre todo en el contexto cubano.

Concebir el plan así es un problema para la propia estabilización. Por una parte, significa desentenderse del desequilibrio externo, un problema igual de problemático; por ejemplo, obviar aspectos como el déficit en cuenta corriente o la brecha cambiaria. Por otra, tampoco internaliza los importantes problemas estructurales e institucionales de la economía que son la base de la significativa distorsión de precios relativos que existe en el país, una fuente sistemática de desequilibrios.

Pero, por encima de todo, concebir el plan así es muy costoso para el crecimiento económico. Los economistas hemos sabido por suficiente tiempo que ─en contextos recesivos─ disminuir gastos presupuestarios y aumentar impuestos significa «actuar» de forma procíclica en el sentido de la crisis; en otras palabras, alimentar aún más la recesión.

Por otra parte, también hay problemas con las anclas nominales del esquema de estabilización. En la literatura económica, se conoce como «anclas nominales» a las referencias explícitas que guían las expectativas y el comportamiento de los agentes económicos respecto a variables nominales (inflación, tipo de cambio, etc.), y se utilizan, principalmente, para lograr estabilidad macroeconómica.

Dos de las anclas nominales del actual esquema de estabilización están en los salarios estatales y las pensiones ─que no se actualizan al mismo ritmo de la inflación─. Al usar salarios y pensiones como anclas se reduce progresivamente el poder adquisitivo y se frena el consumo de las familias, cancelando, así, un importante componente de demanda agregada. Nótese que de acuerdo con datos oficiales entre 2019 y 2023 los hogares en Cuba acumularon pérdidas de consumo de 6.5% en términos reales (1.6% anual). Todo ello contrae aún más el crecimiento económico, eso sin contar los obvios efectos sociales y distributivos que genera.

En resumen, aunque el crecimiento económico ha sido, es y será (al menos en el mediano plazo) la verdadera prioridad de la agenda nacional, en la actualidad todos sus canales están obstruidos. Para reactivarlo se requiere, en primer lugar, de una estrategia que recomponga el sistema de prioridades de la política económica, hoy sesgado demasiado hacia la “estabilización.” Pero, por encima de todo, se requiere acumular voluntades para reformar esos obstáculos que lo obstruyen.

CUBA: Avances en equilibrios macroeconómicos, pero sucesivos choques que complican recuperación económica (noviembre de 2024)

Por Ricardo González-Aguila,Centro de Estudios de la Economía Cubana
      Ricardo Torres-Pérez American University, Washington DC

Situación económica y sistema productivo

El desempeño de la Economía cubana se mantiene muy discreto en 2024. Luego de una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023, los indicadores no ofrecen una perspectiva halagüeña para este año. Las autoridades han aplicado una serie de medidas en el orden macroeconómico, con resultados diversos. Pero no se observa un programa de reformas para la esfera productiva.

De hecho, la mayor parte de los cambios que contiene la nueva normativa aplicable al sector privado está lejos de promover el fomento del sector, que ha liderado la creación de empleo desde 2010. La configuración actual de incentivos para el sector privado conforma un escenario en el que los emprendedores aprecian que las actividades comerciales son más rentables que la producción o prestación de servicios más complejos. Le venta de productos importados tiene un ciclo de recuperación de la inversión muy inferior a cualquier negocio comparable de manufactura o servicios.

En medio de la falta de un plan de acción viable y objetivo, los resultados económicos son muy discretos, y en muchos casos se constata un empeoramiento respecto al año 2023. No se han ofrecido datos definitivos sobre la zafra azucarera, pero hasta abril solo se había completado el 71% del plan (unas 412 mil toneladas). Como consecuencia Cuba tiene que realizar importaciones para atender la demanda interna. El declive parece no tener fin cercano dado que las autoridades estiman que solo 15 centrales molerán en la próxima contienda. En la fabricación de níquel1 se obtienen resultados mixtos. Los volúmenes de producción crecen, pero se reportan caídas de dos dígitos en las cotizaciones.

Las ventas minoristas del sector estatal aumentaron más de 27%, lo que se ubica en el entorno de la inflación acumulada en el primer semestre, lo que sugiere que las ventas físicas no se alejarían mucho de los niveles de hace un año. No obstante, hay que tener en cuenta que ya en 2023 el sector privado representó el 44% de las ventas minoristas totales, un peso que debe aumentar en 2024. El transporte de pasajeros (-12,2%) continúa la tendencia hacia la contracción, mientras el de carga (3,2%) se anota una ligera recuperación.

Las inversiones crecen 3,6% hasta junio, pero el efecto de la inflación sugiere que en términos reales el crecimiento es casi nulo. Por otro lado, se mantiene la enorme concentración territorial (La Habana, 60%) y sectorial (hoteles y similares, 37,8%). En contraposición, solo el 10% se destina a la energía y el agua. En octubre la Isla sufrió la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. A principios de noviembre, como resultado del paso de un huracán, el SEN tuvo otra desconexión. Esto ocurre como consecuencia de una larga acumulación de factores negativos cuyos efectos pesan sobre la oferta eléctrica. Por un lado, la escasez extrema de divisas no permite financiar la compra de todo el combustible necesario, cuando el principal proveedor (Venezuela) ha reducido sus envíos. Asimismo, las insuficientes inversiones han afectado el estado técnico de las plantas. La escasez de energía tiene un efecto recesivo sobre la economía.

1 Datos publicados en el informe trimestral de Sherritt, operador de la planta de níquel más grande de Cuba.

Inserción internacional

El sector externo se mantiene como un lastre para el desempeño de la economía y los equilibrios macroeconómicos. Tanto la inversión extranjera como el acceso al crédito externo se mantienen en niveles muy deprimidos. En ese contexto, el cumplimiento de los compromisos en moneda extranjera depende de las exportaciones y las remesas, todos flujos corrientes. Informaciones dispersas dan cuenta de que existe un retraso significativo en los pagos a acreedores, empresas extranjeras que tienen intereses en la Isla, y proveedores comerciales. De acuerdo con el Economist Intelligence Unit (EIU), las reservas internacionales se han hundido (-53%) respecto a 2019, y el stock de deuda externa sigue en aumento.

Las cotizaciones de los commodities más importantes para la Isla ofrecen un panorama mixto. El precio promedio del petróleo se abarata, pero una parte de los alimentos se vuelven más caros. Aunque ha habido una moderación desde 2022, los commodities se mantienen un 30% por encima del precio promedio entre 2015-2019. De acuerdo con la UNCTAD, el cálculo de los términos de intercambio refleja un impacto neto negativo para Cuba, que sigue siendo un importador neto de alimentos y petróleo.

En el caso de las exportaciones, los problemas de la producción y la evolución de los precios internacionales han impactado negativamente en los ingresos asociados al azúcar y el níquel. El gobierno sostuvo que marchaban a buen ritmo el tabaco, los productos biotecnológicos y los productos del mar. En cuanto a los servicios, hay decrecimientos en telecomunicaciones, y si se mantiene la tendencia actual, los ingresos por turismo quedarán por debajo de 2023.

En cuanto al turismo internacional, hasta el mes de septiembre, los arribos se contraen ligeramente (- 5,2%), unos 95 mil visitantes menos. Para igualar las cifras de 2023, Cuba necesitaría recibir tantos turistas como en 2013 en este mismo período, cuando llegaron más de 2.8 millones de visitantes. Rusia es el único mercado importante en crecimiento, convirtiéndose en el tercer mayor emisor. Meliá Hoteles, una de las principales cadenas internacionales que opera en la Isla, reporta una ligera caída en la ocupación, aunque los ingresos se recuperan un poco debido a mayores precios. El turismo nacional sí refleja un incremento de las estadías, que ayudaría a compensar parcialmente este resultado.

Tomados en su conjunto, el panorama financiero externo se presenta como desfavorable, y con notables riesgos una vez se inaugure la próxima administración en Estados Unidos. Las importaciones de alimentos y crecientemente otros productos estadounidenses se han incrementado sistemáticamente desde 2020, en parte como resultado del ascenso de los emprendedores cubanos. En ese período el comercio se ha más que triplicado. La mayor parte de las remesas provienen de aquel país, y por número de visitantes totales (cubanos residentes y norteamericanos) es el segundo mercado en importancia.

La balanza en cuenta corriente se mantendrá en números rojos y no se prevé un cambio drástico en la posición financiera internacional.

Política fiscal

La reciente publicación del Anuario Estadístico (ONEI, 2024) confirmó que Cuba concluyó 2023 con un elevado déficit fiscal de 10,9% del PIB,2 cifra de dos dígitos por cuarto año consecutivo. Aunque el año 2024 inició con un déficit planificado de 147 mil millones de pesos, cifra récord (ver Reporte CESLA del primer semestre); en el mes de julio, el parlamento cubano aprobó su reducción por aproximadamente 25 mil millones. Además, poco tiempo después trascendió que, al cierre del mes de julio, el déficit real ejecutado estaba alrededor de 32 mil millones de pesos, cifra que suponía una reducción en 40% sobre el valor planificado hasta la fecha (Cubadebate). El incremento de los ingresos fiscales y la inejecución de gastos eran anunciados como los factores explicativos de este resultado.

De acuerdo con estas tendencias, estimamos que 2024 cerrará con un déficit fiscal de 9%-11% del PIB, un valor alto; pero significativamente inferior a la proyección de 18,5% realizada por el gobierno a inicios de año.

Este esfuerzo fiscal ─que es considerable─ levanta dudas relacionadas a su sostenibilidad en el tiempo, debido, en lo fundamental, a la situación de depresión que atraviesa la economía, de la cual no hay señales de reactivación en el corto plazo. Resulta improbable que en el incremento anunciado de la recaudación haya mediado la recuperación de la actividad. Es previsible que la economía decrezca este año, o, que crezca a una tasa marginal. De hecho, la proyección de crecimiento de 2% realizada por el gobierno a inicios de año (ANPP) fue revisada a la baja por CEPAL en el primer semestre, 1,3% (CEPAL, 2024); y durante el segundo semestre, la situación productiva del país previsiblemente empeoró ─en lo fundamental─ debido a los muy malos registros de la temporada baja del turismo, la profundización de la crisis energética, la crónica escasez de divisas y materias primas, y los desastres naturales más recientes.3

Por lo tanto, la elevación de los ingresos fiscales anunciada por el gobierno debe estar respondiendo a medidas recaudatorias basadas en la combinación entre una mayor inflación ─autoinducida en parte por incrementos de precios transversales, como el combustible, así como de ciertas tarifas─ y aumentos impositivos, ejecutados en el primer semestre.

El problema con este esquema es que, aunque la inflación mejora los ingresos, también, presiona sobre los gastos. Hasta qué punto se podrá restringir el gasto real cuando el sector público opera en déficit crónico, es una arista clave a la hora de valorar la (in)sostenibilidad del actual esquema de estabilización. Pero, además, contraer el gasto en un contexto recesivo significa actuar de forma procíclica y deprimir aún más la actividad económica, lo que termina afectando a la propia recaudación. Por último, aunque el aumento de impuestos ayuda a reducir el déficit, su uso tiene límites. Por lo tanto, poniendo todas estas ideas en conjunto, no parecería existir mucho espacio para la reducción del déficit fiscal por este esquema, sin que los efectos contractivos reforzaran la crisis económica y elevaran la vulnerabilidad de servicios esenciales como la salud pública.

Como en reportes CESLA anteriores, se concluye sugiriendo que no hay acciones de estabilización efectivas sin un programa estructural complementario que identifique las fuentes de crecimiento, factor que ausente en el debate oficial sobre estabilización.

2 En el Reporte CESLA de hace un año, pronosticábamos un déficit fiscal de entre 11%-13% del PIB para 2023.

3 Joaquín Alonso, ministro de economía, sugirió en fecha reciente la posibilidad de que la economía no crezca este año (Cubadebate).

Política monetaria

Después de un primer semestre caracterizado por el aumento considerable de la inflación mensual (ver Informe CESLA del primer semestre), el ritmo de crecimiento de los precios se desacelera notablemente en el segundo semestre de 2024. La tasa promedio mensual del IPC pasó de 2,77% a 0,67%4 entre la primera y la segunda mitad del año, una reducción drástica que no se observaba desde inicios de 2022. Por otra parte, si bien hasta mediados de mayo, el peso cubano había experimentado una devaluación significativa del 50% en el mercado paralelo; desde inicios de agosto se observa cierta estabilidad, con un tipo de cambio próximo a los 320 CUP por dólar norteamericano, y una devaluación acumulada de 2,5% entre agosto y mediados de noviembre. En resumen, los datos apuntan hacia la estabilización de los desequilibrios que habían repuntado desde finales de 2023

En base al comportamiento durante el segundo semestre, y, los registros históricos, pronosticamos una inflación anual de entre 22% y 27% para 2024, una corrección significativa respecto a nuestra proyección a inicios de año. Enfatizamos en el mensaje de que la inflación continúa siendo alta, sin embargo, con una tendencia a la baja por tercer año consecutivo.

Varios factores subyacen detrás del freno de la inflación en el segundo semestre. Desde una perspectiva más coyuntural puede decirse que el gobierno tomó acciones recaudatorias considerables para disminuir el déficit fiscal, y, por lo tanto, su monetización, buscando asegurar una expansión menor de saldos monetarios reales. Para ello, elevó impuestos, algunas tarifas públicas y el precio de algunos bienes transversales ─por ejemplo el combustible─ que inciden fuertemente sobre la recaudación (ver Reporte CESLA del primer semestre). En segundo lugar, aplicó controles de precios a ciertos productos de amplio consumo, comercializados de forma minorista por el sector privado con el objetivo de regular los márgenes de beneficios.5

A nivel más estructural, identificamos, adicionalmente, tres canales que estarían operando como anclas. Primero, la no-actualización de los salarios nominales de los trabajadores del sector estatal (los cuales aún hoy representan más del 60% del total de ocupados de la economía), y las pensiones. Las remuneraciones de trabajadores y pensionistas se mantienen en niveles cercanos a los de 2021, a pesar del proceso inflacionario de tres dígitos acumulado desde entonces. En segundo lugar, la propia recesión autoinducida, que está actuando como un instrumento de estabilización, contrayendo peligrosamente la demanda para adecuarla a la restricción de oferta. Y, por último, la existencia de un esquema cambiario fijo de 24 CUP/USD que, aunque coexiste con otras tasas oficiales y un mercado paralelo informal, permite regular el costo de una parte de los bienes importados, al costo, no obstante, de socavar la competitividad del sector exportador.

Aunque, aún está por verificar la sostenibilidad y efectividad de este esquema de estabilización, lo cierto es que el costo en términos de bienestar y productivo al cual se está consiguiendo es muy elevado para la sociedad cubana. La experiencia de más de veinte años operando bajo un esquema de dualidad monetaria nos enseñó que estabilizar no puede ser visto como un fin en sí mismo, sino como un medio para fomentar el crecimiento económico. Un plan que ahoga el crecimiento está condenado al fracaso.

4 Calculada con datos hasta septiembre de 2024, última lectura del IPC disponible en la ONEI, al momento de redacción del actual reporte.

5 Pollo troceado, aceite vegetal, salchicha, leche en polvo, pasta alimenticia y detergente en polvo (Cubadebate).

El incierto contexto financiero externo, los desastres naturales, las restricciones en la oferta energética, y el estancamiento del turismo internacional determinan que 2024 sea otro año duro para la economía cubana. Teniendo en cuenta estos elementos nuestro pronóstico es otra reducción del PIB. Las autoridades han dado algunos pasos relacionados con el plan de estabilización macroeconómica, pero no han logrado articular un programa de fomento a la actividad productiva. En última instancia, las dificultades actuales tienen sus raíces en la baja competitividad externa, reducida productividad y escasa diversificación de la economía, que se halla de espaldas a los mercados internacionales. Y a ello se suma un entorno externo retador como resultado de las sanciones de Estados Unidos y los cambios que tienen lugar en la economía mundial. Para empezar, las autoridades podrían reducir las restricciones que enfrenta el sector privado doméstico, el que ha demostrado capacidad de generación de empleo.

En términos fiscales y monetarios, a pesar de que muy probablemente este año se observará la mejora de algunos indicadores, por ejemplo, de inflación o de déficit fiscal; la incertidumbre con relación a la sostenibilidad de estos resultados es elevada. Los avances se están consiguiendo a base de achicar la economía (su demanda) para adaptarla a unas condiciones de oferta cada vez más restrictivas, y ello entrampa al sector real de la economía en un equilibrio de bajo nivel, permanentemente. La no complementariedad de las medidas de ajuste con las necesarias e ineludibles reformas estructurales que el país necesita eleva el riesgo de inestabilidad macroeconómica hacia adelante.

CESLA