Inflación: Una nueva aceleración

Por Ricardo González Aguila, LJC
28 agosto 2026

Al comenzar 2026, nuestros modelos situaban la inflación esperada en 12,1 % para todo el año. La estimación se basaba en la desaceleración observada en períodos anteriores y en el mantenimiento de las condiciones que la habían hecho posible. En la práctica, esto no significaba que los precios fueran bajos o asequibles para la mayoría de los hogares, sino que aumentarían a un ritmo menor.

Esa trayectoria se interrumpió. Entre diciembre de 2025 y julio de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 15,1%, es decir, en siete meses, la inflación acumulada superó la prevista para todo el año. Desde marzo, además, el IPC se mantiene por encima del rango de variación previsto por el modelo y la brecha respecto a la inflación esperada continúa ampliándose. Esto indica que no estamos ante una fluctuación aislada, sino ante un cambio estadísticamente significativo y económicamente relevante en la dinámica de los precios.

Las cifras oficiales no recogen necesariamente toda la inflación experimentada por los hogares. El IPC conserva ponderaciones basadas en los patrones de consumo de 2010, aunque desde entonces han cambiado considerablemente la composición del gasto y los mercados en los que se realizan las compras. Aunque esta limitación exige cautela al interpretar las magnitudes, la comparabilidad de la serie permite examinar de forma continua la trayectoria de los precios e identificar cambios en su velocidad de crecimiento.

La evidencia disponible apunta, además, a que todavía podríamos no haber llegado a los meses más difíciles. Los factores que ayudaron a contener la inflación en años anteriores se están debilitando, mientras continúan acumulándose presiones fiscales, cambiarias y productivas. Si este deterioro persiste, el último trimestre podría registrar una inflación mayor que la observada en la actualidad.

De la desaceleración al cambio de trayectoria

El actual ciclo inflacionario comenzó en 2020, cuando Cuba registró, por primera vez en años, una inflación de dos dígitos (18,5 %). El Ordenamiento Monetario de 2021 representó, sin embargo, un cambio de escala. La devaluación oficial y el reajuste simultáneo de precios, salarios, pensiones y tarifas provocaron un incremento extraordinario de los precios y los costos empresariales. Posteriormente, la contracción de la producción, la escasez de bienes y divisas, los déficits fiscales, la emisión monetaria y la depreciación del peso en el mercado informal prolongaron el proceso.

Después del salto de 2021, la inflación comenzó a moderarse y descendió año tras año. Como muestra el Gráfico 1, pasó de 39,1 % en 2022 a 14,1 % en 2025. Seguía siendo una tasa elevada —en economías con estabilidad de precios, las metas suelen situarse alrededor de 2 % o 3 % anual—, pero la trayectoria era descendente.

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La moderación observada no fue resultado de una corrección estructural de los desequilibrios, sino de varios mecanismos de contención:Baja transmisión de la inflación hacia los ingresos. Los salarios estatales y las pensiones no aumentaron al mismo ritmo que los precios. La ausencia de mecanismos automáticos de indexación (ajustes periódicos de los ingresos de las familias en función del aumento de los precios) limitó la formación de una espiral entre precios e ingresos, pero trasladó buena parte del costo del ajuste hacia el poder adquisitivo de la población.

Contracción de la demanda interna. La recesión, la reducción de los ingresos reales y el debilitamiento de la inversión limitaron el consumo. Parte de la desaceleración respondió, por tanto, a la contracción de la demanda y no a una recuperación de la producción o la oferta.

Menores necesidades de financiamiento monetario. El déficit fiscal total del sector público disminuyó de 11,5% del PIB en 2023 a 7,3% en 2024 y 5,4% en 2025. Esta corrección acumulada de 6,1 puntos porcentuales redujo las necesidades de financiamiento del presupuesto y, por tanto, la presión para cubrirlas mediante emisión monetaria. De ese modo, se moderó una de las principales fuentes internas de inflación.

Contención administrativa de algunos precios. El tipo de cambio oficial permaneció fijo y numerosos precios y tarifas estatales continuaron administrados. Estos mecanismos limitaron la transmisión de mayores costos hacia determinados componentes del IPC, aunque su capacidad de contención se redujo a medida que la oferta estatal perdió participación frente a mercados con precios más flexibles.

Gráfico 1. Inflación anual en Cuba, 2021–2025 / Notas: Variación del IPC en diciembre respecto a igual mes del año anterior.

Cuba llegó así a diciembre de 2025 con una inflación en descenso, pero sin una estabilización macroeconómica consolidada ni una reactivación de la actividad económica que garantizara la continuidad de esa tendencia.

La inflación que cabía esperar en 2026

Para establecer un punto de comparación, estimamos cómo habría evolucionado el IPC si hubiera conservado las regularidades observadas hasta finales de 2025. Esta referencia permite evaluar si los precios siguieron la trayectoria esperada o comenzaron a aumentar más rápidamente.

El modelo considera la tendencia del IPC, la influencia de sus valores anteriores y los movimientos que suelen repetirse durante el año. Como muestra el Gráfico 2, reproduce de cerca la trayectoria observada hasta diciembre de 2025.

Gráfico 2. IPC observado, estimado y esperado, 2021–2026 / Notas: La línea gris representa el ajuste del modelo hasta diciembre de 2025; la azul discontinua, la trayectoria esperada para 2026. La línea vertical marca el inicio del pronóstico. El modelo se estima desde febrero de 2021 para evitar que el incremento excepcional asociado al Ordenamiento Monetario sea tratado como parte de la dinámica habitual de la inflación.

Con la información disponible hasta ese momento, el modelo situó la inflación esperada para 2026 en 12,1 %, ligeramente por debajo del 14,1 % registrado el año anterior. Esta previsión constituye la referencia para evaluar el comportamiento de los precios durante 2026.

El cambio de tendencia aparece en los datos

El Gráfico 3 compara la evolución real del IPC en lo que va de 2026 con su trayectoria esperada. En enero, los precios todavía se mantuvieron en línea con la desaceleración anterior. En febrero comenzaron a superar la trayectoria central prevista, aunque permanecieron dentro del rango estadísticamente esperado. Desde marzo, el IPC se situó de manera persistente por encima de ese rango.

Gráfico 3. En 2026, el IPC supera la trayectoria esperada / Notas: La línea negra muestra el IPC observado y la azul discontinua, la trayectoria esperada con información hasta diciembre de 2025. Las líneas grises delimitan el margen de predicción del 95 %.

La persistencia de esta desviación es relevante. Un dato aislado podría responder a un acontecimiento puntual o a la volatilidad habitual de la serie. En este caso, el IPC permaneció fuera del rango previsto durante cinco meses consecutivos y la brecha continuó ampliándose.

En julio, el IPC alcanzó 581,56 puntos. Desde diciembre de 2025, los precios habían aumentado 15,1 %, más del doble del 7,0 % esperado para igual período. La diferencia entre ambas tasas acumuladas fue de 8,1 puntos porcentuales. Además, en solo siete meses, la inflación observada ya superaba el 12,1 % previsto para todo 2026. En términos simples, esto significa que los precios están subiendo bastante más rápido de lo que se esperaba al comenzar el año, una señal de que las presiones inflacionarias se intensificaron durante el primer semestre.

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En conjunto, la persistencia y la magnitud de la desviación constituyen evidencia estadística de un cambio económicamente relevante en la dinámica de los precios.

Qué cambió en 2026

El cambio observado en la inflación no tiene una explicación única. Cuba comenzó 2026 con desequilibrios fiscales, monetarios, cambiarios y productivos que ya ejercían presión sobre los precios. Durante el primer semestre, además, la intensificación de las sanciones estadounidenses añadió restricciones externas sin precedentes recientes. Estas últimas constituyeron el rasgo distintivo del período, actuando sobre una economía profundamente debilitada por factores internos.

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Las sanciones pueden incidir sobre la inflación mediante cuatro canales principales:Combustibles, producción y costos internos. Las restricciones al suministro de petróleo profundizaron una crisis energética preexistente. La escasez de combustible afecta la generación eléctrica, el transporte, la producción y la distribución, lo que reduce la oferta y eleva los costos.

Pagos, transporte e importaciones. Las dificultades financieras y logísticas obstaculizan los pagos a proveedores, el traslado de mercancías y la reposición de inventarios. También afectan las importaciones privadas, que durante los últimos años ampliaron la oferta de alimentos y otros bienes de consumo.

Ingresos externos y tipo de cambio. La contracción del turismo y de la exportación de los servicios profesionales, junto con el deterioro de la inversión y el financiamiento externos, reduce la disponibilidad de divisas. En un mercado cambiario ya desequilibrado, esta reducción aumenta las presiones sobre el peso y encarece los bienes e insumos importados.

Cuentas fiscales y financiamiento monetario. La contracción de la actividad reduce los ingresos fiscales y amplía las presiones sobre el presupuesto. Después de disminuir hasta 5,4 % del PIB en 2025, el déficit fiscal total podría acercarse a 10 % en 2026. Su efecto sobre los precios dependerá también de las decisiones internas de gasto y de la forma en que se financie.

Estos canales se refuerzan mutuamente, debilitan la capacidad productiva y contraen la oferta agregada. La magnitud del deterioro es considerable: la CEPAL proyecta una caída del PIB cubano de 10,3 % en 2026, la mayor de la región. No se trata, por tanto, de una perturbación sobre un producto particular, sino de presiones simultáneas sobre la producción, los costos y varios de los mecanismos que determinan la inflación.

La coincidencia temporal y la consistencia de estos canales respaldan la hipótesis de que la intensificación de las sanciones contribuyó al cambio de tendencia observado. Sin embargo, sus efectos se combinan con desequilibrios fiscales, monetarios, cambiarios y productivos que ya existían. Nuestros modelos aún no permiten estimar qué proporción del aumento corresponde a cada factor.

Los alimentos refuerzan la señal

La evolución de los alimentos aporta evidencia adicional. Este componente representa cerca del 30 % de la canasta oficial usada en el IPC, una proporción inferior a la que actualmente ocupa en el gasto efectivo de los hogares. Su encarecimiento afecta especialmente a las familias de menores ingresos.

La inflación mensual de los alimentos se había desacelerado notablemente en los datos oficiales: su promedio descendió de alrededor de 4% en 2022 a 1,1% en 2025. Durante los primeros siete meses de 2026 aumentó hasta aproximadamente 2,5% mensual, más del doble del promedio del año anterior. En junio alcanzó 4,3% y en julio permaneció elevada, en torno a 3,5%.

 

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Esto significa que el precio de los alimentos no solo siguió aumentando, sino que comenzó a hacerlo a un ritmo cada vez mayor durante 2026, después de varios años en los que la velocidad de esos aumentos venía disminuyendo.

 

Gráfico 4. La inflación de los alimentos vuelve a acelerarse / Notas: Las barras muestran la variación mensual de los precios de los alimentos. La línea representa el promedio mensual de cada año.

Uno de los canales descritos anteriormente es el traslado de la depreciación del peso hacia los precios. Nuestras estimaciones indican que una depreciación de 10 % del tipo de cambio informal se asocia con un aumento adicional acumulado de aproximadamente 1,4 % en los precios de los alimentos durante los tres meses siguientes.

En junio, el tipo de cambio informal aumentó de 550 a cerca de 648 pesos por dólar como promedio mensual, mientras, en el Segmento III de las tasas oficiales publicadas por el Banco Central de Cuba, el aumentó fue de 502,6 a 554,3 pesos por dólar como promedio mensual. De acuerdo con la relación histórica estimada, un movimiento de esta magnitud se asocia con un incremento adicional acumulado de alrededor de 2,3 % en los precios de los alimentos durante los tres meses siguientes. Esto no significa un aumento de 2,3 % cada mes, sino que al finalizar ese período los alimentos podrían ser 2,3 % más caros de lo que habrían sido sin la depreciación de junio. El dato de julio podría recoger una parte de ese efecto; el resto podría manifestarse durante agosto y septiembre.

El repunte de los alimentos amplifica la dimensión social del proceso inflacionario. Como estos productos absorben una proporción mayor del gasto de los hogares de menores ingresos, su encarecimiento reduce con más intensidad el poder adquisitivo y aumenta el riesgo de inseguridad alimentaria.

Podríamos no haber llegado a los meses más difíciles

Los datos analizados del IPC muestran un patrón estacional: julio, agosto y septiembre suelen registrar aumentos inferiores al promedio mensual del año. Es decir, hay meses del año en los que, de manera recurrente, los precios tienden a subir más lentamente que en otros. En el caso cubano, julio, agosto y septiembre suelen ser meses de menor presión inflacionaria. Sin embargo, hacia el último trimestre, las estimaciones apuntan a una mayor inflación, aunque esa diferencia es menos concluyente estadísticamente (Gráfico 5).

Gráfico 5. La inflación suele moderarse entre julio y septiembre / Notas: Las barras muestran la diferencia estimada respecto al promedio mensual del año. Las líneas verticales muestran el margen de incertidumbre del 95%. Si cruzan el cero, la diferencia respecto al promedio no es concluyente (barras grises).

Cuba atraviesa en estos momentos el período habitualmente menos inflacionario del año. Aun así, en julio el IPC general aumentó 2,6 % y los precios de los alimentos, cerca de 3,5 %. Si las presiones no ceden durante los meses normalmente más moderados, el comportamiento observado hasta ahora podría no representar el momento de mayor intensidad del año.

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La estacionalidad no constituye un pronóstico ni permite afirmar con certeza que la inflación aumentará durante el último trimestre. Sin embargo, el período estacionalmente más favorable coincide con la acumulación de presiones fiscales, cambiarias y productivas.

En el frente fiscal, nuestras estimaciones sitúan el déficit de 2026 alrededor del 10 % del PIB, frente al 5,4 % registrado en 2025. Su efecto sobre los precios dependerá de la ejecución del gasto y, especialmente, de la forma en que se financie. Un aumento del financiamiento monetario podría intensificar las presiones inflacionarias hacia finales del año.

A ello se añade el posible efecto de las reformas económicas anunciadas en junio. Los ajustes de los precios administrados, las tarifas y el tipo de cambio oficial modificarían algunas de las anclas nominales que habían contribuido a contener la inflación y podrían elevar directamente el nivel de precios en el corto plazo.

El incremento salarial aplicado desde julio en el sector presupuestado beneficia a más de 1,2 millones de trabajadores y tiene un costo presupuestario anual estimado en 42 500 millones de pesos. La recuperación de los salarios resulta necesaria después de varios años de pérdida de poder adquisitivo. El riesgo no reside en el aumento en sí mismo, sino en que se produzca sin una recuperación paralela de la oferta, la productividad y los ingresos fiscales. En esas condiciones, parte del incremento podría trasladarse a los precios, especialmente si amplía el déficit y requiere financiamiento monetario.

También persisten riesgos sobre la oferta agrícola. Parte de los productos que llegarán al mercado durante el segundo semestre fue cultivada bajo mayores restricciones de combustible, fertilizantes y otros insumos. El aumento de los costos, las posibles pérdidas de rendimiento y las dificultades de distribución podrían trasladarse a los precios con cierto retraso.

Aunque ninguno de estos factores permite afirmar categóricamente que el último trimestre será más inflacionario, considerados conjuntamente constituyen señales de un posible deterioro adicional durante los próximos meses.

Las señales que seguiremos observando

El comportamiento de los próximos meses no dependerá de un único indicador, sino de la interacción entre las presiones existentes. Una depreciación persistente encarecería las importaciones y los alimentos; el deterioro fiscal reduciría la capacidad del Estado para contener sus efectos; y las reformas de precios, tarifas y salarios podrían añadir un nuevo impulso si no están acompañadas por una recuperación de la oferta y fuentes sostenibles de financiamiento.

El principal riesgo es que estos mecanismos comiencen a reforzarse mutuamente y conviertan la desviación observada durante el primer semestre en una nueva dinámica inflacionaria. Por ello, Señales seguirá, no solo la evolución del IPC, sino también los factores que permitirán distinguir entre un choque transitorio y un proceso más persistente.

La tormenta todavía no puede medirse en toda su magnitud. Pero ya no es solamente una amenaza en el horizonte: sus primeras señales aparecen en los datos.

La reforma económica cubana frente al aislamiento: cuatro escenarios

Por Ricardo González *

Durante décadas, la economía cubana careció de reformas capaces de transformar las bases de su modelo. El discurso oficial hablaba de actualizar, perfeccionar, ordenar o corregir distorsiones, pero evitaba modificar sus fundamentos: la estructura de propiedad, los incentivos, la planificación centralizada, el papel del sector privado, la autonomía de las empresas estatales y la relación con los mercados internacionales.

Esta resistencia a las reformas estructurales fue una de las principales causas del prolongado estancamiento económico, el aumento de la pobreza y la desigualdad y el deterioro de los indicadores sociales.

Los anuncios de junio de 2026 rompieron —al menos sobre el papel— con esa lógica. Las 176 medidas esbozan una transformación institucional profunda. Por primera vez, el gobierno propone cambios que alcanzan la arquitectura del sistema económico y abordan varias de las causas estructurales de la crisis.

Esto no significa que la transformación vaya a ocurrir ni que, de hacerlo, tenga éxito. El gobierno enfrenta un problema de credibilidad y dudas legítimas sobre su capacidad técnica y política para conducir un proceso de esta complejidad. A ello se suma un factor externo decisivo: el creciente aislamiento de Cuba, resultado de la política exterior de la actual administración estadounidense.

El problema geopolítico: reformar desde el aislamiento

Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos atraviesan uno de sus momentos de mayor tensión. Durante el primer semestre de 2026, nuevas sanciones profundizaron la desconexión de Cuba de la economía internacional y golpearon una estructura productiva ya muy debilitada.

La restricción sobre el suministro de combustible agravó la escasez y elevó el déficit energético hasta niveles sin precedentes. CMA CGM y Hapag-Lloyd suspendieron las reservas de carga hacia y desde Cuba. El desplome del turismo y el cierre de convenios médicos redujeron las exportaciones de servicios. Varias cadenas hoteleras abandonaron o redujeron sus operaciones, mientras Sherritt suspendió su participación directa en sus negocios cubanos. También quedaron interrumpidas las transacciones con Visa y Mastercard afectando seriamente el acceso al sistema de pagos internacionales.

Estos choques aceleran la contracción económica. En 2026 volverá a caer la actividad estatal y es probable que también lo haga, por primera vez, la actividad privada.

Las sanciones colocan al gobierno ante el desafío de transformar la economía mientras se restringen los recursos externos de los que depende la reforma. Las medidas buscan atraer inversión, ampliar los mecanismos de mercado, descentralizar decisiones y fortalecer los incentivos productivos, pero sus resultados requieren acceso a capital, financiamiento, tecnología, importaciones y mercados. El problema no es solo reformar, sino hacerlo desde el aislamiento.

Posibles escenarios ante la prolongación del aislamiento

Si el aislamiento de Cuba se mantiene, el resultado más probable es una profundización de la crisis, con efectos cada vez más graves sobre la alimentación, la salud, el suministro de agua, la energía y otros servicios esenciales, un contexto de creciente deterioro humanitario.

Ese deterioro podría desencadenar fracturas dentro del gobierno, cambios de liderazgo, una negociación con Estados Unidos o una intervención externa. Cualquiera de estos acontecimientos alteraría por completo el curso de la reforma y abriría un escenario político diferente.

El presente análisis no intenta anticipar esos posibles desenlaces. Se concentra en las trayectorias que podría seguir la reforma si el gobierno conserva la cohesión y la capacidad para mantenerse en el poder, y si no ocurre una intervención militar ni otra ruptura geopolítica que interrumpa el proceso.

Bajo estos supuestos, la pregunta central es hasta dónde puede avanzar la reforma y qué condiciones externas permitirían sostenerla. Se abren cuatro escenarios: 1) su paralización y reversión; 2) una aplicación parcial bajo el aislamiento; 3) su continuidad mediante una reorientación hacia otros socios; y 4) su aceleración si disminuyen las tensiones internacionales.

1-Reforma truncada y reversión. La crisis impide que la reforma avance. Los costos iniciales aparecen antes que los beneficios, aumenta la conflictividad y el gobierno responde frenando medidas, restableciendo controles y protegiendo a las empresas estatales. No sería necesariamente una cancelación formal. Las 176 medidas podrían mantenerse en el discurso, pero aplicarse de manera selectiva, lenta o contradictoria. Este escenario reproduciría lo ocurrido con procesos anteriores: apertura inicial, resistencia institucional y posterior paralización. Es un escenario muy probable si el aislamiento se mantiene y la crisis continúa agravándose.

2- Reforma parcial bajo aislamiento. El gobierno preserva la dirección general del programa, pero reduce su alcance y modifica su secuencia. Prioriza medidas con efectos productivos inmediatos y menores costos políticos: mayor autonomía empresarial, apertura al sector privado, liberalización selectiva, incentivos a la inversión y mecanismos cambiarios parciales. Las transformaciones más difíciles —reestructuración empresarial, reducción de subsidios, reforma fiscal o liberalización general de precios— se aplazan. Este sería probablemente el escenario central. La reforma avanzaría, pero no alcanzaría la profundidad necesaria para transformar completamente el modelo ni resolver los desequilibrios macroeconómicos.

3- Reforma sostenida mediante una reorientación geopolítica. Cuba consigue inversión, crédito, energía y mercados a través de China, Rusia, Vietnam, países del Golfo u otros socios. Ese apoyo permite sostener la reforma y amortiguar parte de sus costos. Pero esta integración tendría condiciones. Los nuevos socios exigirían garantías, rentabilidad, acceso a activos y reglas más estables. Cuba avanzaría hacia una economía más abierta, aunque vinculada preferentemente a un bloque geopolítico distinto del occidental.

El resultado podría ser una reforma real, pero con mayor dependencia externa, menor diversificación financiera y nuevas tensiones con Estados Unidos. No veo probable que esos socios sustituyan por completo los vínculos perdidos; sí que permitan evitar el colapso y sostener una transformación parcial.

4- Apertura externa y aceleración de la reforma. Una reducción de las tensiones con Estados Unidos —mediante negociación, cambio de política o algún acuerdo limitado— mejora el acceso a combustible, pagos, financiamiento, turismo e inversión. En ese contexto, la reforma gana credibilidad y puede generar resultados con mayor rapidez. Este sería el escenario con mayor potencial económico. La combinación de reformas internas y apertura externa podría atraer capital, estimular al sector privado y reducir los costos de la transición. Sin embargo, no es el escenario más probable en el corto plazo. Además, una relajación externa no garantizaría el éxito: seguirían presentes los problemas de diseño, secuencia, capacidad institucional y credibilidad.

¿Qué esperar de esta nueva ola de reformas?

En las condiciones actuales y bajo los supuestos presentados, la trayectoria más probable combina una reforma parcial con la búsqueda de recursos y mercados entre socios alternativos. Sería un resultado insuficiente para una sociedad que necesita mejoras urgentes en sus condiciones de vida. La continuidad del proceso dependerá de que produzca resultados antes de que sus costos económicos, sociales y políticos obliguen a frenarlo.

El aislamiento no impide iniciar la transformación, pero reduce su alcance, adelanta sus costos y retrasa sus beneficios. La reforma deberá mostrar resultados rápidamente para evitar que el deterioro económico y social termine frenándola.

* Ricardo González-Aguila es profesor de Economía e investigador en el Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana. Posee un doctorado en Economía y cursó estudios de posgrado en Barcelona (España) y en el Reino Unido. Su investigación se centra en el crecimiento económico, la productividad, la política industrial y la economía cubana, temas sobre los que ha publicado extensamente. Ha trabajado como consultor para la CEPAL, la ONUDI y el PNUD, asesorando en materia de promoción de exportaciones y desarrollo del sector energético.

Inflación en 2026: ¿entra Cuba en una nueva fase?

 La inflación es uno de los principales desafíos económicos de Cuba hoy, un grave problema que pudiera entrar en una nueva fase durante la segunda mitad de este año.

Economía Ricardo González, especialista en desarrollo económico y política industrial 13 julio, 2026 IPS

 

Los datos disponibles hasta mayo de 2026 sugieren que la inflación está creciendo por encima de lo que podía esperarse a partir de las tendencias observadas durante los años anteriores en Cuba.

Foto: Jorge Luis Baños_IPS

La inflación es uno de los problemas económicos que más preocupa hoy a la población cubana. Antes de que comenzara 2026, Cuba era ya una economía con una inflación elevada. En 2025, el índice de precios al consumidor (IPC) cerró en torno al 15%, muy por encima de los niveles que suelen considerarse compatibles con la estabilidad de precios.

Durante los últimos años, la explicación a este fenómeno parecía relativamente clara. Se debía, entre muchas causas, a los desequilibrios monetarios acumulados, la persistencia de déficits fiscales elevados, las dificultades del sistema financiero para recuperar la confianza de la población tras el Ordenamiento Monetario y unas reformas insuficientes que no lograron acelerar el crecimiento económico.

A pesar de estos problemas, la inflación había mostrado una tendencia descendente desde 2021: los precios seguían creciendo, pero lo hacían cada vez a menor velocidad.

En 2026 esa historia comenzó a cambiar. La economía cubana empezó a enfrentar nuevas sanciones energéticas, financieras y comerciales que están alimentando desequilibrios ya existentes. Los datos disponibles hasta mayo sugieren que la inflación está creciendo por encima de lo esperado. Y lo más importante: existen razones para pensar que una parte de las presiones inflacionarias que hoy enfrenta la economía todavía no se ha trasladado plenamente a los precios.

Para el segundo semestre de este año, las medidas económicas aprobadas por el parlamento cubano el 18 de junio introducen una nueva dimensión al análisis: la forma y velocidad con que se implementen estas transformaciones influirá sobre una dinámica de precios que ya muestra señales de cambio. 

Una economía que ya venía inflacionada

Desde enero de 2021, con la implementación del Ordenamiento Monetario (programa de ajuste monetario y cambiario), las y los cubanos hemos vivido de forma permanente en una economía inflacionaria. Incluso descontando las limitaciones metodológicas del IPC oficial, el aumento acumulado de los precios durante los últimos años ha sido significativo.

Para el infográfico Índice de Precios al Consumidor en Cuba y España. Trayectorias acumuladas 2021-2025, ambas series fueron reescaladas a una base común (enero de 2021=100) con el objetivo de comparar la trayectoria acumulada de los precios en cada país. El gráfico no debe interpretarse como una comparación directa de niveles de precios o costo de vida, ya que los índices de precios al consumidor se construyen a partir de canastas, ponderaciones y metodologías estadísticas diferentes. En el caso cubano, además, la existencia de mercados segmentados, escasez y precios informales implica que el IPC oficial puede no reflejar plenamente todas las presiones inflacionarias presentes en la economía.

La comparación con España no tiene un significado especial más allá de servir como referencia visual de una economía con inflación relativamente baja y estable. No pretende contrastar niveles de precios o costo de vida, ya que ambos índices se construyen utilizando metodologías y canastas diferentes. Su objetivo es ilustrar cuán distinta ha sido la trayectoria acumulada de los precios en Cuba durante los últimos cinco años.

Mientras España logró mantener una inflación relativamente contenida incluso después de la crisis internacional de precios de 2022, Cuba acumuló incrementos mucho mayores y más persistentes. La economía llegó a 2026 con una inflación elevada, aunque mostrando señales de desaceleración respecto a los años inmediatamente posteriores al Ordenamiento. La pregunta es si esa desaceleración continúa existiendo. 

¿Qué cambió en 2026?

A diferencia de años anteriores, 2026 ha estado marcado por la aparición simultánea de varios factores de incidencia.

En los primeros meses del año, la economía cubana enfrentó nuevas sanciones energéticas, financieras y comerciales de una magnitud poco habitual incluso para los estándares recientes del país.

Entre ellas, destacan el bloqueo de Estados Unidos al suministro de combustibles (29/1/2026), las amenazas sobre inversionistas extranjeros (1/05/2026), el aumento del riesgo de una escalada militar, las dificultades para realizar pagos internacionales tras la salida de Visa y MasterCard (5/06/2026), la interrupción de operaciones de navieras (15/05/2026) y la paralización o retirada de inversionistas extranjeros en sectores estratégicos como el turismo, los vuelos internacionales, la minería y la energía. Cada uno de estos acontecimientos tendría capacidad para afectar la inflación por separado. Lo excepcional es que todos estén ocurriendo casi al unísono.

Las consecuencias potenciales son conocidas y operan a través de diferentes canales. Menos combustible implica mayores costos de transporte y producción. Menos financiamiento externo reduce la capacidad para sostener importaciones y presiona sobre el mercado cambiario. Más dificultades para realizar pagos internacionales encarecen operaciones comerciales. Una menor inversión extranjera limita la generación futura de divisas.

Y un entorno de incertidumbre creciente suele terminar reflejándose en las decisiones de consumidores, empresas e inversionistas. La combinación de estos factores presiona al alza los precios domésticos. 

¿Se están expresando las sanciones del primer semestre de 2026 sobre la inflación?

La respuesta es sí, pero no podemos saber con exactitud en cuánto: una parte importante de los aumentos de precios observados hoy son el reflejo de desequilibrios acumulados durante años anteriores. Eso quiere decir que, incluso si ninguna de las sanciones recientes hubiese ocurrido, los precios probablemente habrían continuado creciendo.

Por esa razón, comparar simplemente la inflación de 2026 con la de 2025 dice poco a la hora de determinar si las sanciones están induciendo presiones inflacionarias adicionales.

El verdadero desafío consiste en separar, al menos parcialmente, la inflación que ya venía incorporada en la dinámica de la economía cubana de aquella que podría estar asociada a los nuevos acontecimientos del año en curso. Como no podemos observar qué habría ocurrido en una Cuba donde estas sanciones no existieran, la única alternativa es aproximarnos a ese escenario de forma indirecta.

Con ese objetivo se construyó una trayectoria esperada de la inflación utilizando únicamente la información cuantitativa disponible hasta diciembre de 2025. La idea fue estimar mediante un modelo de predicción cómo habría evolucionado el IPC en 2026 si se hubiesen mantenido las condiciones prevalecientes a finales del año anterior. Asumiendo cierta similitud en las causas internas de la inflación entre 2025 y 2026, la diferencia entre esa trayectoria esperada (predicción) y la inflación efectivamente observada ofrece una primera aproximación al posible efecto de las nuevas sanciones sobre los precios.

Una cuestión central en este esfuerzo es contar con una herramienta capaz de reproducir el comportamiento histórico de la inflación. Como muestra el infográfico Inflación observada y su trayectoria esperada en Cuba (2021-enero 2026), la trayectoria estimada por el modelo sigue con bastante precisión la evolución observada del IPC entre 2021 y 2025. Esto sugiere que captura adecuadamente los principales patrones de la inflación cubana durante ese período y permite utilizarlo como referencia para evaluar si en 2026 comenzó a ocurrir algo distinto.

La línea roja muestra el ajuste del modelo a los datos observados durante el período utilizado para la estimación (marzo de 2021-diciembre de 2025). La línea verde representa la trayectoria esperada del IPC a partir de enero de 2026, proyectada utilizando exclusivamente la información disponible hasta diciembre de 2025. La línea gris con marcadores corresponde a los valores observados del IPC reportados por la Onei. La línea vertical discontinua indica el inicio del período de pronóstico fuera de muestra.

El modelo proyectaba una inflación de aproximadamente 11,8% en diciembre de 2026. Una inflación elevada, pero inferior al 15% registrado en 2025 y consistente con la desaceleración gradual observada durante los años previos. A estas alturas puede afirmarse que ese escenario difícilmente se materializará, pues solo hasta mayo de 2026 el IPC acumulado alcanzaba ya 9,16%. 

Cuando la inflación comenzó a desviarse en 2026

Durante enero y febrero, la inflación observada siguió una trayectoria muy similar a la esperada, se ubicaba dentro de los márgenes de confianza de la predicción.

Sin embargo, a partir de marzo comenzó a abrirse una brecha que se amplió en abril y mayo, como se muestra en el infográdico Inflación observada y su trayectoria esperada en Cuba (enero 2025-diciembre 2026). La línea verde representa la trayectoria esperada del IPC utilizando exclusivamente la información disponible hasta diciembre de 2025. La línea gris con marcadores corresponde a los valores observados del IPC reportados por la Onei. Las líneas rojas discontinuas son intervalos de confianza del pronóstico al 95%.

Hasta mayo de 2026 la inflación acumulada alcanzó 9,16 %. De acuerdo con la trayectoria esperada, debía haber sido aproximadamente 6,2 %. La diferencia -casi tres puntos porcentuales- constituye una señal de que nuevas presiones inflacionarias comenzaron a manifestarse durante el primer semestre. Aunque no puede establecerse una relación causal concluyente, parece evidente que esas presiones vienen en gran medida determinadas por las nuevas sanciones.

Otro elemento relevante es la persistencia de la brecha. Los precios no sólo crecieron más rápido de lo esperado, sino que la diferencia respecto a la trayectoria proyectada se mantuvo y amplió durante varios meses consecutivos.

Resumiendo, los resultados sugieren que la inflación observada entre marzo y mayo ya no puede explicarse completamente a partir de las tendencias heredadas de los años anteriores. Bajo las condiciones prevalecientes hasta finales de 2025, una trayectoria como la observada durante el primer semestre resultaba poco probable. La coincidencia temporal entre esta desviación y la aparición de nuevas restricciones energéticas, financieras y comerciales es consistente con la hipótesis de que estos choques comenzaron a trasladarse gradualmente a los precios internos. 

La inflación que todavía no aparece completamente en los datos

Aunque el comportamiento futuro del IPC habrá que seguir monitoreándolo, existen motivos para anticipar un segundo semestre particularmente complejo en materia inflacionaria. Los resultados anteriores sugieren que nuevas presiones comenzaron a manifestarse durante la primera parte del año, pero esto podría ser solo el comienzo de una espiral que se expresará con mayor énfasis en el segundo semestre del año. .

Al menos cuatro mecanismos apuntan en esa dirección:

• Depreciación del tipo de cambio informal. Entre el 21 de mayo y el 15 de junio de 2026, el dólar estadounidense pasó de aproximadamente 550 CUP a 660 CUP, una depreciación cercana al 20 % en menos de un mes (El Toque, 2026). Este movimiento resulta especialmente importante porque el mercado cambiario informal funciona como referencia para una parte significativa del sector privado y para numerosos mecanismos de formación de precios dentro de la economía. No existen razones evidentes para pensar que esta depreciación sea un fenómeno puramente transitorio. Por el contrario, parece reflejar el deterioro simultáneo de fundamentos económicos: menores ingresos de divisas, dificultades crecientes para acceder a financiamiento externo, interrupciones en actividades exportadoras y un aumento general de la incertidumbre. En estas condiciones, es razonable esperar que una parte de esa depreciación continúe trasladándose gradualmente hacia los precios internos durante los próximos meses.
• Aumento continuo de los costos de producción y distribución. Los costos de producción continúan aumentando como resultado de las interrupciones energéticas, las dificultades logísticas, el encarecimiento del transporte, el mayor costo financiero y las restricciones para acceder a insumos importados. En muchos casos existe un desfase temporal entre el momento en que estos costos aumentan y el momento en que terminan reflejándose en los mercados de consumo. La agricultura constituye probablemente el ejemplo más evidente. Una parte importante de la producción agropecuaria que llegará a los mercados durante el último trimestre del año se está produciendo actualmente a mayores costos. Por ello, es posible que una parte de las presiones inflacionarias asociadas a estos factores todavía no se encuentre plenamente incorporada a los precios observados.
• Deterioro de las cuentas fiscales y monetarias. Con una economía estatal sometida a crecientes dificultades operativas, es razonable anticipar una caída drástica de los ingresos públicos y, como consecuencia, una ampliación considerable del déficit fiscal. A diferencia de años anteriores, la posibilidad de reducir significativamente el gasto público resulta limitada porque los servicios básicos ya están sujetos a tensiones extraordinarias. Esto aumenta el riesgo de que se multipliquen los desequilibrios monetarios y como consecuencia la inflación.
• Expectativas e incertidumbre. La economía cubana enfrenta hoy un escenario de elevada incertidumbre, marcado por la posibilidad de nuevas sanciones, una escalada de las tensiones con Estados Unidos -que incluyen posibles acciones de naturaleza militar- así como eventos climáticos o sanitarios imprevistos. En algún momento, estos acontecimientos podrían desanclar las expectativas de hogares y empresas. Cuando las personas comienzan a anticipar mayores aumentos de precios, tienden a adelantar compras, demandar más divisas o ajustar preventivamente sus precios y salarios. Estos comportamientos pueden convertirse en una fuente adicional de inflación, incluso antes de que los choques reales se reflejen plenamente en la economía. 

¿Impactará el nuevo programa económico sobre la inflación del año?

Para completar el panorama, el 18 de junio de 2026 el parlamento cubano aprobó un programa de transformaciones económicas basado en 176 medidas que modifican los fundamentos tradicionales del modelo económico. Aunque, a largo plazo, este programa tiene el potencial de colocar a la economía cubana en una senda de crecimiento más dinámica, sus efectos de corto plazo podrían resultar económicamente y políticamente desestabilizadores.

Una parte importante de las medidas propuestas descansa sobre la desregulación de precios y costos en el sector estatal -salarios, tarifas, tipo de cambio y tasas de interés, entre otros- y su transición hacia mecanismos de mercado. La experiencia internacional muestra que este tipo de transformaciones suele ser una condición necesaria para mejorar la eficiencia y estimular el crecimiento.

Sin embargo, también demuestra que los procesos de liberalización de precios suelen generar tensiones macroeconómicas y distributivas significativas durante las primeras etapas de implementación.

La magnitud de este impacto sobre la inflación dependerá, naturalmente, de la velocidad y profundidad con que avance el programa. En determinados escenarios, este canal podría llegar a tener efectos incluso más importantes que los descritos anteriormente. No obstante, dadas las actuales condiciones económicas y geopolíticas, parece poco probable que el gobierno opte por una implementación particularmente acelerada.

Las tensiones externas, la fragilidad de la situación interna y los elevados costos sociales asociados a un ajuste rápido constituyen incentivos poderosos para avanzar de forma más gradual. 

¿Entramos realmente en una nueva fase inflacionaria?

Es altamente probable que así sea. Los datos disponibles sugieren que la trayectoria de desaceleración observada durante los últimos años podría haber comenzado a interrumpirse.

Esta posible ruptura ocurre en un contexto excepcional: una economía que ya arrastraba importantes desequilibrios internos enfrenta ahora sanciones energéticas, financieras y comerciales de una magnitud poco habitual. Además, previsiblemente, el segundo semestre será clave en el despliegue de un programa de transformaciones económicas que podría generar nuevas presiones sobre los precios en el corto plazo.

La inflación que observamos hoy parece ser apenas la primera manifestación de tendencias económicas que todavía se encuentran en pleno despliegue. Si esta lectura es correcta, el principal desafío ya no será explicar lo ocurrido durante el primer semestre, sino comprender cuánto de lo que está por venir ya comenzó a gestarse.

También obligará a revisar algunas ideas establecidas sobre las causas de la inflación en Cuba y, por extensión, sobre las políticas más adecuadas para enfrentarla. (2026)

La hora de la reforma económica: ¿será esta vez diferente?

Por Ricardo González Aguila LJC

19 junio 2026

Imagen generada con inteligencia artificial

El gobierno cubano acaba de presentar lo que, a mi juicio, constituye el programa de reformas económicas más ambicioso desde 1959. Evidentemente, faltan temas —y no menores— por definir: el marco legislativo que habilitará cada medida propuesta, su letra pequeña, así como la implementación oportuna y secuenciada de todo lo anunciado.

Además, sobre todo el programa pesa un problema que el propio gobierno ha contribuido a construir: el deterioro de su credibilidad. Después de años de reformas aplazadas o implementadas a medias, resulta inevitable la pregunta que muchos cubanos se hacen hoy: ¿por qué esta vez sería diferente?

No obstante, dejando aparcadas por el momento estas cuestiones, que son muy relevantes, mi primera valoración es que el programa económico anunciado no constituye un ajuste parcial de la economía, sino una reforma sistémica con potencial significativo. Sí, son reformas estructurales que intentan actuar sobre algunas de las causas más profundas del estancamiento económico que arrastra el país desde hace décadas.

Pero hay un problema. En realidad, varios. Y todos tienen que ver con el contexto en que estas reformas llegan.

A nadie se le escapa que estos anuncios tienen lugar en el momento más complejo que ha vivido el país en mucho tiempo. Cuba se encuentra al borde de una crisis humanitaria, sometida a sanciones sobre resortes clave de la economía —precisamente aquellos que serían necesarios para que muchas de estas reformas funcionaran— y, por si fuera poco, bajo el riesgo de una escalada militar con los Estados Unidos.

Y, siendo realista, los contextos geopolíticos siempre condicionan lo que un gobierno puede hacer en materia económica, política y social.

Hasta qué punto estas reformas sirven para sacar al país de la situación actual es un tema abierto a discusión, sobre el cual versó mi anterior contribución en este espacio.

En el presente artículo discuto los posibles escenarios que se abren tras las medidas y cómo estas condicionarán el alcance y la efectividad de las reformas propuestas.

¿Por qué lo anunciado esta vez es diferente?

Por primera vez en muchos años aparecen reunidos en un mismo programa elementos que proponen transformaciones significativas sobre los fundamentos institucionales del modelo económico vigente.

En lugar de enumerar medidas concretas —que pueden consultarse en diferentes medios— resumiré en cuatro pilares lo que, en mi opinión, constituye el núcleo de la propuesta.

El primer pilar es la nueva articulación entre empresa, propiedad, planificación, precios, subsidios, moneda y sistema financiero.

Previsiblemente, bajo las nuevas reglas, la empresa estatal dejaría de operar como una extensión administrativa del Estado para acercarse a una lógica corporativa: autonomía de gestión, salarios negociados, precios descentralizados, eliminación de subsidios, procedimientos de quiebra, valoración de activos y conversión en sociedades mercantiles.

Y aquí radica una de las rupturas más importantes con la lógica económica predominante durante décadas.

A su vez, se abre la posibilidad de participación accionaria de actores estatales, privados, extranjeros e incluso personas naturales. Ese cambio no es menor: introduce una nueva frontera entre propiedad pública, gestión empresarial y capitalización privada.

El segundo pilar es la reforma de la planificación centralizada.

El Estado declara que abandonaría progresivamente la asignación física de recursos para moverse hacia una planificación financiera, con mayor peso de las señales de mercado. Esto, combinado con la descentralización de precios, el mercado cambiario, las subastas de divisas, las devaluaciones sucesivas y la dolarización parcial, supone reconocer que la economía no puede seguir funcionando sobre la base de precios administrados, asignaciones discrecionales y tipos de cambio ficticios.

El tercer pilar es el complemento entre lo social y lo fiscal.

La eliminación de subsidios a productos y empresas, junto con el tránsito hacia subsidios a personas, implica aceptar costos reales y trasladarlos a precios. Esa es una condición indispensable para restaurar racionalidad económica. Pero también constituye una fuente enorme de tensión social y, probablemente, el mayor riesgo político de todo el programa.

Precisamente por ello, el éxito de esta transformación dependerá de que el Fondo de Protección Social, la reforma salarial, las pensiones y los mecanismos de focalización funcionen antes o al mismo tiempo que el ajuste.

El cuarto pilar es la apertura al capital.

Inversión extranjera en más sectores, participación privada en la banca, instituciones financieras no bancarias, mercados de activos, derechos de usufructo y superficie, comercio exterior más descentralizado, empresas privadas agropecuarias y participación privada en energía, turismo, transporte, servicios, tecnología y logística.

En conjunto, esto configura una economía mixta mucho más amplia que la existente hasta ahora.

Por tanto, el significado del programa no está en una medida aislada, sino en su coherencia potencial. Empresa con autonomía, precios de mercado, tipo de cambio más realista, subsidios focalizados, inversión privada, banca privada, quiebra empresarial y mercados de activos forman parte de una misma arquitectura.

En mi opinión, esa arquitectura se parece más a una transición hacia una economía socialista de mercado, al estilo chino o vietnamita, que a una simple actualización del modelo. Y sí, es inevitable preguntarse cuánto se habría ganado si algo parecido se hubiese intentado hace una década.

Resumiendo: Si se implementan de manera coherente, el programa anunciado no equivale a un ajuste parcial, sino a una reforma sistémica. En esta ocasión, parecería que no se trata sólo de ampliar facultades empresariales, autorizar más mipymes o flexibilizar algunos precios. Más que eso, la combinación de los 23 ejes apunta a reconstruir las reglas básicas de funcionamiento de la economía cubana.

El verdadero desafío no es solo técnico

Hasta aquí podría parecer que el principal desafío consiste en implementar correctamente las medidas anunciadas.

Mi impresión es que el mayor desafío de esta reforma no será únicamente técnico. También será político y geopolítico.

La razón es sencilla. Las reformas económicas nunca ocurren en el vacío. Funcionan —o fracasan— dentro de contextos concretos. Y el contexto en el que Cuba intenta reformarse hoy es probablemente el más adverso de las últimas décadas.

Pero antes de hablar de escenarios conviene recordar algo importante. Los problemas que enfrentan las reformas no nacen de las circunstancias actuales de Cuba. Son inherentes a cualquier proceso de transformación profunda.

Quienes hemos estudiado experiencias de transición económica sabemos que desmontar un aparato institucional como el cubano implica enfrentar varias contradicciones simultáneamente.

Tres cuestiones generales sobre los procesos de reforma

La primera es la destrucción creativa. Todas las reformas destruyen para crear. Las actividades menos productivas pierden espacio. Algunas empresas se reducen. Otras desaparecen. Los recursos comienzan a desplazarse hacia lugares donde, en teoría, pueden utilizarse mejor.

El problema es que destruir suele ser más fácil que construir. La destrucción puede ocurrir rápidamente; la creación necesita tiempo.

Por eso una pregunta fundamental en toda reforma es si existen condiciones para que las nuevas actividades económicas emerjan con suficiente rapidez como para compensar aquello que desaparece.

La segunda contradicción es la aparición de ganadores y perdedores. Las reformas nunca son neutrales. Cuando cambian las reglas del juego, algunos ganan y otros pierden. Unos sectores reciben nuevas oportunidades; otros ven desaparecer privilegios, protecciones o rentas que parecían permanentes.

Los economistas solemos hablar de ganancias para el conjunto de la economía. Pero las personas no viven dentro de agregados estadísticos. Viven en hogares concretos, con ingresos concretos y problemas concretos.

Por eso las reformas nunca son únicamente ejercicios técnicos. También son procesos políticos y mecanismos de redistribución de renta entre grupos sociales.

La tercera contradicción es la coordinación institucional. Las reformas funcionan como sistemas. La apertura de un mercado requiere financiamiento. Una reforma cambiaria exige disciplina fiscal. La flexibilización de precios necesita mecanismos efectivos de protección social.

Cuando una pieza falta, todo el mecanismo comienza a fallar.

Por eso las reformas no sólo deben diseñarse correctamente. También deben secuenciarse, complementarse y coordinarse de manera adecuada.

Estas tres contradicciones existen en prácticamente todas las experiencias de reforma económica. La diferencia está en la capacidad que tiene cada país para administrarlas.

Y es aquí donde el contexto vuelve a entrar en escena.

Dos escenarios posibles y el manejo de las contradicciones

A partir de este punto veo dos escenarios diferentes para Cuba.

Escenario 1. Se mantiene la actual dinámica de asfixia

Bajo este escenario, un programa tan ambicioso como el anunciado debería avanzar con mucha cautela. La razón es que las tres contradicciones anteriores se vuelven más difíciles de administrar.

La destrucción creativa puede terminar generando más destrucción que creación si no existen financiamiento, inversión y mercados capaces de absorber rápidamente los recursos liberados.

Los conflictos distributivos pueden agravarse porque el Estado dispondría de menos recursos para proteger a quienes resulten afectados por los cambios.

Y la coordinación institucional se vuelve más compleja cuando la economía opera bajo condiciones permanentes de emergencia.

En estas circunstancias, avanzar demasiado rápido podría terminar empeorando la situación en lugar de mejorarla.

Escenario 2. Se cierra una negociación con los Estados Unidos

Este escenario permitiría ampliar el alcance de las reformas y mitigar, al menos parcialmente, las tres contradicciones anteriores.

Esto no significa que el camino sería sencillo. El gobierno seguiría enfrentando el principal desafío de toda transformación profunda: sus inevitables efectos redistributivos.

Pero no es lo mismo gestionar esos conflictos desde una economía aislada que desde una economía conectada al mundo.

Una reforma como la que Cuba demanda necesitará inversión, financiamiento, acceso a mercados, cooperación internacional y tiempo para madurar. Necesitará espacio para que las nuevas actividades crezcan antes de que las viejas desaparezcan.

Una negociación no eliminaría las tensiones propias de la reforma. Pero aumentaría considerablemente las probabilidades de que el proceso produzca más creación que destrucción.

Y esa es, probablemente, la diferencia fundamental entre ambos escenarios.

No es la necesidad de reformar. Es la probabilidad de que las reformas logren crear más de lo que destruyen.

¿Tendremos esta vez una reforma exitosa?

Durante años, el principal problema de la economía cubana fue la ausencia de reformas capaces de atacar las causas profundas del estancamiento.

Tras los anuncios de ayer, el problema parece distinto.

Por primera vez, se anuncia un programa económico que, al menos sobre el papel, apunta a transformar de manera sistémica las reglas de funcionamiento de la economía. Mi impresión es que no estamos ante un ajuste marginal ni ante otra ronda de perfeccionamiento administrativo. Estamos ante algo potencialmente mucho más profundo.

Pero el éxito de una reforma nunca depende únicamente de la calidad de su diseño.

También depende de la credibilidad de quienes la impulsan. Depende de la capacidad para implementarla. Depende de su secuencia. Depende de la protección que se ofrezca a quienes resulten afectados. Y, en el caso cubano de hoy, depende además de un contexto geopolítico extraordinariamente adverso.Mirando hacia adelante, todavía es imposible saber si estamos ante el inicio de una reforma exitosa. Lo que sí parece claro es que se ha dado un paso audaz que apunta en la dirección correcta.

Empieza ahora la tarea más difícil: crear las condiciones para que pueda desplegarse, consolidarse y generar más creación que destrucción.

Porque lo decisivo será cuánto logren transformar realmente estas reformas. Y esa es una pregunta que, por ahora, continuará abierta.

¿Reformar ahora? Lecciones de una década y los límites del presente

Por Ricardo González Aguila

21 mayo 2026, LJC

El debate sobre las reformas económicas ha vuelto. Basta con abrir cualquier medio de comunicación en estos días para verificarlo. Ese renovado interés ocurre, además, en un contexto político especialmente complejo para Cuba: una negociación abierta con los Estados Unidos, acompañada de un bloqueo energético, severas sanciones sobre la inversión extranjera y una retórica de confrontación que incluye amenazas de escalada militar.

En medio de tal situación, en algunos espacios se discute sobre el sentido de avanzar, bajo las actuales condiciones, en un programa de reformas económicas profundas o, por el contrario, postergar este programa para priorizar otros objetivos tácticos más inmediatos: aliviar la emergencia energética, asegurar suministros básicos, evitar un deterioro humanitario mayor o ampliar márgenes diplomáticos de negociación.

La pregunta es compleja. Pero antes de reflexionar sobre ella conviene examinar la historia reciente de las reformas económicas cubanas. No porque esta ofrezca recetas concretas, sino porque la última década deja lecciones importantes sobre lo que se hizo y lo que se dejó de hacer, lo que funcionó y lo que no y, sobre todo, arroja luces sobre los márgenes de lo posible en las condiciones actuales.

Una historia corta de las reformas económicas en Cuba

Cuba es una economía que necesita reformas profundas. La afirmación es cierta bajo cualquier circunstancia, no cambia. Se fundamenta en la idea de que el país arrastra problemas estructurales persistentes, como baja productividad, débil capacidad exportadora, incentivos insuficientes a la producción, limitada autonomía empresarial y mecanismos de asignación de recursos poco eficientes. Estos constituyen problemas horizontales compartidos, que van desde la generación de energía hasta la producción de alimentos.

La reforma entre 2011 y 2019: la pérdida de momentum

Una cosa es necesitar reformas y otra muy distinta tener condiciones para implementarlas. Entre 2011 y 2019 —y probablemente, sobre todo, hasta 2016— Cuba tuvo la mejor oportunidad en décadas para avanzar más profundamente en esa dirección. Sí, persistía el diferendo histórico con Estados Unidos y la restricción externa seguía formando parte del paisaje económico nacional. Pero a una escala incomparablemente menor que la actual.

La Actualización del modelo económico que inició en 2011 brindó el marco general para este propósito. Durante los primeros años confluyeron, además, condiciones externas excepcionales: Venezuela aún aportaba importantes flujos comerciales y financieros; persistían programas regionales de cooperación; el acercamiento con la administración Obama abrió expectativas económicas inéditas; crecía el turismo norteamericano, el interés de inversionistas extranjeros y la percepción —correcta o no— de que Cuba comenzaba a abrirse al mundo.

Sería impreciso afirmar que no hubo transformaciones al calor de la Actualización: se amplió el espacio al trabajo por cuenta propia, se promovió una nueva ley de inversión extranjera, se introdujeron cambios tributarios y se descentralizaron parcialmente algunos mecanismos financieros y de gestión empresarial.

Sin embargo, los cambios promovidos fueron insuficientes para corregir los problemas estructurales de la economía. Persistieron restricciones fundamentales:

• un sector privado limitado a unas pocas actividades, 
• un sector estatal atado a las cadenas de la asignación centralizada de recursos, 
• un sistema de precios distorsionado, pocos incentivos productivos, 
• un ambiente monetario segmentado, 
• un sector exportador asfixiado por un tipo de cambio sobrevaluado, 
• obstáculos regulatorios sobre la inversión, el comercio y la gestión económica,   entre muchos otros.

Faltó voluntad política para aprovechar un contexto favorable y atacar restricciones estructurales más profundas. Las condiciones externas amortiguaban parcialmente los costos de no reformar y, en cierto sentido, maquillaban desequilibrios acumulados.

A medida que avanzó la década, el contexto comenzó a deteriorarse. Venezuela entró en crisis, se redujeron programas regionales de cooperación y Donald Trump —en su primera administración— desmontó buena parte del deshielo con Cuba y reimpuso sanciones. En 2019 el país entró en recesión debido a una crisis de ingresos externos en desarrollo.

La segunda etapa: reformar bajo shock (2020–2025)

Sin los deberes hechos en la etapa previa, sanciones crecientes y una crisis del sector externo, llega el año 2020. La pandemia desplomó el turismo, redujo drásticamente los ingresos externos y forzó un severo ajuste de importaciones. Combustibles, alimentos e insumos productivos comenzaron a escasear con mayor intensidad.

El shock externo se tradujo rápidamente en un agravamiento de los problemas monetarios internos. En 2020, el déficit fiscal alcanzó un pico, la brecha cambiaria (diferencia entre el tipo de cambio formal e informal) se amplió y la inflación se disparó hasta 18,5 %, alcanzando los dos dígitos por primera vez en décadas.

Este contexto más complejo exige reformas más complejas. No resultará suficiente con atender los problemas estructurales heredados. Se requerirá abordar desequilibrios monetarios creados por el shock externo y el Ordenamiento Monetario de 2021. Encima, el contexto se agrava por otras causas. Por un lado, una desproporcionada concentración de recursos escasísimos en la infraestructura del turismo; y, por otro, un complejo escenario internacional, marcado por una crisis inflacionaria significativa (2022). Para completar el cuadro, las consecuencias de la crisis empeoran aún más la situación; una crisis migratoria (2022–2024) hace perder al país uno de sus activos más importantes —su capital humano joven—, mientras la fractura de la infraestructura energética complejiza cualquier estrategia de salida inmediata.

En el período se implementaron reformas estructurales. No sin vaivenes e incongruencias, la apertura al sector privado ha sido bastante amplia. Por ejemplo, más del 50 % de la circulación minorista de mercancías pasa por esta forma productiva, presente de forma significativa, además, en cadenas logísticas, de comercio exterior, de transportación de cargas, energía solar fotovoltaica, servicios informáticos y entre otros. Más recientemente, se anunciaron cambios para la inversión extranjera (2025) con participación de la diáspora (2026), la constitución de un mercado cambiario para ciertas empresas (segmento III), se dolarizaron transacciones en el sector estatal y se transformaron algunos mecanismos de pagos internacionales para dotarlos de mayor flexibilidad.

También hubo desaciertos y ausencias, pues no se favoreció una mayor convergencia entre precios estatales y privados; no se puso al sector exportador en el centro de la reforma; se concibió la estabilización macroeconómica como un proceso exclusivo de corrección del déficit fiscal y no como un proceso más amplio que incorporara la dimensión productiva y cambiaria. No se reformaron las competencias empresariales (ley de empresas) y como consecuencia no pudieron adaptarse al nuevo entorno. Y, quizá el mayor desacierto de todos fue perder tiempo y actuar sin suficiente pragmatismo en un contexto de creciente deterioro económico y social.

De los varios aprendizajes que dejan estos dos períodos, señalaré cinco que son, en mi opinión, los más relevantes.

Primera lección: los problemas estructurales no desaparecen; se agravan. La pandemia no creó los principales problemas económicos de Cuba; los expuso y profundizó. Postergar reformas estructurales no eliminó sus costos; solo desplazó su expresión hacia condiciones más difíciles de manejar. Al no solucionar los problemas se perdió credibilidad, un ingrediente clave de cualquier proceso de cambio.

Segunda lección: las reformas deben estar guiadas por el pragmatismo y el sentido común. Lo importante es promover cambios que funcionen y resuelvan problemas. Cuba no necesita diseñar «una reforma perfecta» en el momento «cero»; necesita diseñar una reforma que funcione. Como recordó un reformista pragmático alguna vez: «no importa que el gato sea blanco o negro, lo importante es que cace ratones».

Tercera lección: las transformaciones mal secuenciadas empeoran los problemas. El Ordenamiento Monetario constituye probablemente el ejemplo más visible. Muchos fallos de implementación suceden porque se desmontan mecanismos existentes —por malos que sean— antes de construir otros capaces de reemplazarlos. Con el Ordenamiento se eliminó un esquema monetario profundamente imperfecto para sustituirlo por otro inexistente; y cuando el vacío de reglas y el desanclaje institucional ocuparon el espacio, la incertidumbre y los problemas de expectativas desataron nuevos desequilibrios.

Cuarta lección: atender desequilibrios macroeconómicos sin enfrentar simultáneamente los desafíos estructurales que lo originan solo reproduce y amplifica el estancamiento productivo y la pobreza.

Quinta lección: reformar significa también contraponer intereses. Haber priorizado la inversión en hoteles por encima de otros objetivos estratégicos profundizó los efectos de la crisis y restringió la posibilidad de salir de ella. Las decisiones de inversión también son decisiones de renuncia: recursos dirigidos a un objetivo dejan de estar disponibles para otros.

2026: ¿se puede reformar en las condiciones actuales?

En 2026 entramos en una nueva fase del problema, más difícil y compleja que la anterior (si es que acaso es posible). Las sanciones coercitivas y unilaterales que siempre han estado presentes evolucionaron. Por un lado, hacia algo que cualquier analista político interpretaría como un acto de guerra —el bloqueo de combustibles— y, por otro, hacia una mayor institucionalización de su alcance extraterritorial, particularmente sobre la inversión extranjera. Por si lo anterior fuera poco, aumentan las tensiones y las expectativas sobre una posible escalada militar, un hecho que disuade aún más cualquier interés por el destino Cuba, afectando las perspectivas de inversión y la demanda turística.

Entonces, ¿tienen las reformas algún rol en este contexto?

Aunque la necesidad de reformas económicas sigue ahí, el principal cuello de botella actual ya no es únicamente económico. Resulta extremadamente difícil promover transformaciones profundas sin acceso estable a un insumo básico como la energía, sin inversión ni financiamiento y sin suficiente demanda externa.

Siempre existen pequeños espacios de maniobra, pero son marginales y difícilmente tendrán los efectos generales que se necesitan para alterar el equilibrio actual. Porque una cosa es reformar una economía con problemas estructurales —como la Cuba de 2011— y otra muy distinta es intentar hacerlo en medio de una emergencia prolongada, con una severa crisis energética, restricciones financieras crecientes y sanciones sobre algunos de los principales resortes económicos del país.

Las reformas profundas requieren tiempo, financiamiento, una estabilidad mínima e insumos básicos para sostener la actividad económica. Y hoy Cuba enfrenta precisamente la ausencia de esas condiciones.

Hoy, por lo tanto, es momento de hacer política, no economía. No porque la política sustituya las reformas económicas, sino porque las restricciones más severas ya no son únicamente técnicas. Incluso la burocracia económica más eficiente y con mayor voluntad de cambio tendría enormes dificultades para reorganizar una economía en este contexto.

Promover reformas económicas hoy significa, primero, recuperar márgenes mínimos de maniobra: aliviar la asfixia energética, reconstruir espacios de negociación internacional y recuperar acceso a financiamiento e inversión. Y eso, bajo las actuales condiciones, solo parece posible a través de la política como instrumento. No pedirle a la economía lo que la economía no puede dar.

Hay un par de problemas añadidos. Uno es el tiempo: mientras este pasa, los problemas estructurales siguen ahí, no esperan, se agravan y la crisis humanitaria se profundiza. El otro es la endogeneidad, de la cual emerge una importante paradoja. En las condiciones actuales, las transformaciones necesitan apoyo financiero internacional. Y nadie parece dispuesto a financiar cambios si no percibe señales creíbles de transformación. Pero, al mismo tiempo, el deterioro del contexto hace cada vez más difícil producir esas señales.

Son probablemente los tiempos más complejos que ha enfrentado el país en décadas y, como sociedad, atravesamos múltiples tensiones simultáneas. La historia reciente deja, sin embargo, una lección incómoda: cuando existieron mejores condiciones, las reformas se hicieron a medias y se perdió tiempo valioso; hoy, cuando las reformas siguen siendo necesarias, las condiciones extremas reducen drásticamente los márgenes para implementarlas con profundidad.

La contradicción es evidente. Cuba necesita transformaciones más que nunca, pero probablemente dispone hoy de menos condiciones que antes para impulsarlas. De ahí que el desafío inmediato no sea escoger entre política o economía, sino entender su secuencia: sin mínimos márgenes políticos y financieros será difícil reorganizar la economía; pero sin señales creíbles de transformación también será difícil construir esos márgenes.

Espero y deseo por mi país que la actual situación encuentre una salida mediante la paz, el alivio de tensiones y la reconstrucción de espacios de cooperación. Si ese momento llegara, la lección de la última década debería estar clara: no volver a desperdiciar otra ventana de oportunidad.