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lunes, 11 de septiembre de 2023

Mercado informal de divisas: Depreciación del peso, distorsiones y opciones de política (II). Comentario HHC

Por: Joel Ernesto Marill Domenech, Cubadebate

En este artículo: CubaDivisasDólarEconomíaMercadoPIB

 

En el complejo contexto cambiario actual, han surgido diversas propuestas de cómo poner un freno al proceso deprecatorio del tipo de cambio informal. Foto: Freepik.

En el complejo contexto cambiario actual, han surgido diversas propuestas de cómo poner un freno al proceso depreciatorio del tipo de cambio informal. Una de ellas pone su énfasis en el impacto que sobre dicho tipo de cambio tiene la demanda que realizan las formas de gestión no estatales, identificándolas como uno de los principales componentes de la tendencia depreciatoria que opera en el mercado informal de divisas, debido a la demanda que estos actores realizan al acceder a las divisas necesarias para las importaciones de bienes de capital, intermedios o finales requeridos para su actividad económica.

En esta línea, una idea que ha circulado en las redes recientemente es la propuesta de prohibición de la importación de bienes finales o una limitación muy estricta de las mismas por parte de estos actores. Con esto se espera, por un lado, liberar divisas para otras actividades necesarias para el país, a la vez que se reduce la presión de demanda de estos actores lo que previsiblemente tendrá como correlato una reducción del precio del tipo de cambio informal. Sin embargo, analicemos más detenidamente esta propuesta.

Supongamos que el día de mañana se toman medidas para prohibir o limitar a un extremo casi absoluto las operaciones de importación de las FGNE, ¿reduciría esto el tipo de cambio informal a corto plazo?

La verdad es que probablemente sí, a muy corto plazo. Porque, si bien las explicaciones macroeconómicas –como las expuestas en la primera parte de este trabajo– dictan la tendencia del tipo de cambio, en un largo periodo de tiempo a corto plazo hay otros factores a tener en cuenta. Una salida masiva de demandantes y la ruptura de cadenas de importación desplomaría la demanda de divisas en el mercado informal y, por consiguiente, su precio. Pero la pregunta real en el fondo no sería esa, sino ¿a qué costo?

Esta caída de la demanda de divisas informales sería el correlato de una reducción profunda de las importaciones de los actores económicos no estatales y por tanto de sus ofertas internas, que hoy satisfacen una parte no despreciable de la demanda solvente del país. Si, se lograría reducir el tipo de cambio informal, a costa de sacrificar niveles de actividad del sector privado –incluyendo disminución de los ingresos y el desempleo de trabajadores de este sector–, satisfacción de demanda interna y de dinamizar la espiral inflacionaria en productos básicos.

Hay que tener en cuenta que las importaciones de los actores económicos no estatales satisfacen una demanda solvente de consumidores con los medios monetarios para adquirir a esos precios, y que al hacerlo descompresionan la demanda sobre el resto de los mercados minoristas del país. Es cierto que muchos precios de los actores económicos no estatales no están al alcance de todos, pero su existencia mantiene satisfecha una demanda que, de no existir esa oferta, terminaría presionando sobre el resto de los productos existentes.

Esos consumidores con medios monetarios desviarían su demanda hacia el resto de los mercados formales o informales contribuyendo a corto plazo a la inflación del resto de los bienes básicos que todos consumimos.

La contrapartida a la caída del tipo de cambio informal por métodos prohibitivos, a corto plazo, seria por su contrario inflacionaria y recesiva para la economía, y a un mediano plazo inútil. Hay que tener en cuenta que esa demanda solvente en pesos, que demandaba los productos importados por el sector no estatal, seguirá estando allí, en un principio presionando sobre otros mercados, pero con el paso del tiempo buscará otros mecanismos para satisfacer sus niveles de demanda, ya sea en las tiendas en divisas del Estado, mediante las importaciones informales –las denominadas mulas–, o mediante los pocos mecanismos de importación que se mantengan vigentes. Esto a mediano plazo llevara la cotización del dólar a niveles similares a antes de la medida, recolocándolo en lo que podría denominarse “nivel de fundamentos”: el equilibrio a corto plazo entre la oferta de divisas existentes y la demanda de las mismas desde el volumen de moneda nacional existente.

La existencia de mercados informales como el de divisas es la constatación de que las medidas administrativas tienen poca efectividad para doblegar a los fundamentos macroeconómicos. En condiciones donde los tipos de cambios formales no reflejen las condiciones subyacentes del mercado –el precio que iguala la disposición de los oferentes a vender y los demandantes a comprar– surgen los mercados informales. Enfrentarlo desde la óptica de nuevas prohibiciones tendrá a la larga un efecto mucho más contraproducente del que pudiera tener la propia existencia de estos espacios, que aun en su forma informal permiten una determinada dinámica económica que, de dejar de existir sin alternativa, solo complejizaría la ya difícil situación actual.

Ahora bien, si bien las medidas administrativas por sí solas no deben ser a corto plazo un instrumento para lidiar con el mercado informal, pues por un lado serían poco efectivas y por el otro altamente contraproducentes, la informalidad de los mercados cambiarios y su continua depreciación continúa siendo un problema para la política económica del país.

En este punto, dos objetivos fundamentales deberían constituir prioridades en la política cambiaria:

a. En primer lugar, la formalización de las operaciones que hoy discurren por canales informales de compraventa de divisas, en sus diferentes modalidades: canalización de remesas informales, demanda para importación de actores económicos, demandas para acceder a los circuitos de ventas en divisas, etc. Solo el hecho de formalización ya agrega un grado de trasparencia y orden a las operaciones económicas, que de por sí supone un importante paso de avance en el escenario cambiario actual.

b. El segundo objetivo, en la práctica mucho más complejo, es la estabilización del tipo de cambio del mercado cambiario formalizado, y la posterior reducción de este a niveles que permitan utilizarlo como ancla antiinflacionaria en la economía.

Sobre procesos de este tipo existe ya en nuestro país un antecedente exitoso con la reducción del tipo de cambio informal y el traspaso de las operaciones informales a operadores formales –como Cadeca– en la década de los 90. Desde la óptica cambiaria, el escenario es bastante más complejo hoy.

La existencia de actores económicos no estatales agrega nuevos demandantes con fines productivos que no existían en el proceso de apertura de Cadeca de los años 90, que tenía un objetivo mucho más limitado en las operaciones de la población y el turismo, a la par de que la proliferación de canales informales para el envío de remesas es un reto importante a tener en cuenta para la constitución de un esquema cambiario formalizado que permita canalizar y centralizar en el sistema financiero formal la mayor parte de los flujos de divisas que hoy discurren por vías informales.

En estas condiciones, los retos que enfrenta la política cambiaria del país no son nada sencillos, aunque algunos comentarios en redes sociales en ocasiones subestimen las complejidades del proceso. Sin querer agotar el tema, y en líneas muy generales, vale destacar algunas ideas que podrían ayudar a fertilizar el debate sobre este proceso en las condiciones actuales:

a. En el frente de la estabilidad macroeconómica una primera tarea impostergable y prerrequisito indispensable es la disminución de las presiones monetarias que dinamizan al alza el tipo de cambio. La estabilidad macroeconómica es el prerrequisito insustituible para la estabilidad cambiaria. Este elemento, quizás el más complejo de todos, solo podrá alcanzarse mediante una reducción profunda de los desequilibrios fiscales, motor primordial –aunque no exclusivo– de la expansión monetaria actual.

Este ajuste fiscal en las condiciones actuales se torna un proceso complejo. Por un lado, dado que la lenta recuperación de la economía real genera limitados incrementos de ingresos presupuestarios y los gastos que se realizan son ya de por sí insuficientes para cubrir los muchos compromisos sociales a los que nuestro Estado socialista no puede ni debe renunciar.

A corto plazo, por el lado de los gastos, las mayores reservas podrían encontrarse en la transformación de los esquemas de subsidios de productos a personas, la racionalización de gastos de actividades no sustantiva, la postergación de inversiones financiadas con cargo en el presupuesto del Estado, así como la generación de mecanismos para un mayor control en los precios de compra del sector presupuestado mediante mecanismos de compras públicas y licitaciones que incrementen las cuotas de transparencia y capacidad negociadora de las instituciones de gobierno.

A mediano plazo, solo transformaciones más estructurales en las dimensiones del sector presupuestado y en el incremento de la eficacia del gasto público podrán hacer sostenible dicho gasto y evitar reapariciones de desequilibrios fiscales.

Por el lado de la movilización de ingresos, la modificación al alza de algunos tributos y tasas, así como la imposición de impuestos especiales a determinados bienes o servicios no básicos o de lujo que permitan mejora las cuentas fiscales, son algunas medidas que podrían explorarse en este sentido.

Sin embargo, otras transformaciones, como la modernización profunda de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) y su interconexión con otras instituciones públicas, a fin de mejorar sus capacidades de control y reducir la evasión fiscal, serán indispensables para avanzar a mediano plazo en un incremento sostenido de los ingresos fiscales. El rediseño integral de la política tributaria, en función de potenciar incentivos al pago de impuestos, reducir la evasión y concentrar la carga tributaria en aquellos impuestos de más fácil fiscalización, son otras medidas que podrían ser igualmente aplicadas.

Tal vez en los dos párrafos anteriores no se puedan ver expresadas del todo las complejidades de este proceso, pero no debemos dejarnos llevar por las posturas que subestiman las mismas a fin de solo señalar errores del Gobierno.

Los ajustes fiscales son siempre procesos extremadamente complejos, para avanzar en el mismo deberán ser adoptadas medidas que no siempre serán placenteras, pero que no por ello dejarán de ser necesarias. En un país como el nuestro, donde hay un empeño legitimo de no dejar a nadie atrás, cualquier ajuste fiscal debe redistribuir sus costos sobre aquellos que estén en mejores condiciones para asumirlo, protegiendo y beneficiando en el proceso, de ser posible, a aquellos que estén hoy en una situación mas vulnerable.

b. Por el frente de la formalización, es necesario generar las regulaciones, garantías, incentivos y penalidades que compulsen a los actuales operadores informales –fundamentalmente los intermediarios de remesas– a canalizar sus operaciones hacia los circuitos formales y canjearlas en el sistema financiero. Para tal fin, un incentivo indispensable será que el tipo de cambio del mercado oficial (“de Cadeca” si se le quiera llamar así) pase a reflejar en todo momento las condiciones objetivas del mercado y a modificar su valor según las tendencias subyacentes en el mismo.

El respeto irrestricto por parte del sistema financiero a las divisas de los diferentes agentes económicos, la fluidez de los pagos al exterior de los actores que compren divisas en el mercado –dentro de las limitaciones que tiene Cuba por cuestione del bloqueo–, así como determinadas penalidades para las operaciones que se realicen con divisas adquiridas fuera de los mercados cambiarios formales, deberían ser igualmente pilares de cualquier proceso de formalización.

La formalización supone la creación de un marco regulatorio que permita y privilegie el acceso legal de oferentes y demandantes a canjear sus divisas libremente con los operadores financieros del nuevo mercado cambiario formalizado, por lo que resulta indispensable dar acceso al mismo a todos los potenciales participantes: los que ya están operando en su variante informal, como la población y actores económicos no estatales, así como, de forma más gradual, empresas estatales o mixtas autorizadas a ofertar y demandar en el mismo.

Aunque inicialmente algunos controles cambiarios y limitaciones de accesos pueden ser impuestos para inducir determinado grado de gradualidad y evitar procesos de sobredemanda inicial, dado que se intenta la formalización de un mercado –informal– que cuenta con libre entrada y salida de oferentes y demandantes, solo una flexibilidad de acceso similar en el mercado oficial puede garantizar que se logre el traspaso de la mayor parte de las operaciones hacia los canales formales.

c. El tipo de cambio oficial del mercado cambiario –que previsiblemente operaría al inicio a la par de un tipo de cambio oficial más bajo como el actual 1x24– deberá reflejar por su parte el tipo de cambio “de fundamentos”, el equilibrio real de demanda y oferta de divisas de todos sus participantes en el mercado.

La estabilidad de este tipo de cambio será un correlato de las acciones anteriores, fundamentalmente del ajuste fiscal, pero a corto plazo deberá ser un reflejo de las proporciones reales de oferta y demanda de divisas.

Para ello no es un requisito indispensable que opere en forma de un tipo de cambio con flotación puramente libre, lo que es para los países del Tercer Mundo casi una rareza de libro de texto. Pudiese funcionar, en este sentido, algún tipo de esquema intermedio de flotación en bandas o flotación administrada por el BCC, pero las intervenciones de la autoridad monetaria deberán basarse en instrumentos económicos y no mediante el control administrativo del tipo de cambio de mercado. Desalinear el tipo de cambio de su valor de fundamento solo llevaría a la reaparición del mercado informal y a la pérdida de la credibilidad del arreglo cambiario adoptado.

d. Por último, las experiencias internacionales sobre procesos de formalización y unificación de tipos de cambio muestran que un elemento clave de los mismos está asociado a la comunicación y a la capacidad que se tenga de generar confianza en el público, mediante una explicación clara de los objetivos del ajuste cambiario y de los instrumentos con que cuenta el Gobierno para hacerlo viable, de que el arreglo adoptado será perdurable en el tiempo y que la autoridad monetaria será consistente con el mismo.

Aquí se esbozan claramente solo ideas generales, el camino hacia la formalización y la estabilización cambiaria será de seguro un camino mucho más tortuoso y complejo de implementar del que se pueda describir en un breve comentario. Sin embargo, es un proceso que, como otros, por su impacto, debería ser emprendido con decisión y voluntad política, conscientes de los riesgos, pero también de los potenciales beneficios.

Dado que la estabilidad cambiaria y las reglas de formalización son solo alcanzables mediante transformaciones de mucho mayor calado que exceden lo estrictamente cambiario –modificaciones en las políticas fiscal, monetaria, regulación bancaria, etc.– estos objetivos solo serían realistamente alcanzables y sostenibles si se sitúan en los marco de una estabilización macroeconómica realista, que modifique a la par las condiciones subyacentes que dinamizan la aparición del mercado informal y genere, mediante resultados tangibles, la confianza en el público de que el compromiso cambiario asumido es sostenible y duradero.

Una economía más formalizada y ordenada desde el punto de vista cambiario es una economía a la larga más eficiente y más cercana a la recuperación y al desarrollo que todos aspiramos. Avanzar hacia allí no será previsiblemente un camino sencillo, pero sí uno que está en nuestras manos y capacidades reemprender.

Comentario HHC: Siguen las discusiones bizantinas y el tiempo "corriendo"  .Evidentemente no se quiere resolver el problema de raíz que se ha creado y para colmo , hasta se insinúa la legalización del mercado informal de divisas ¿ por actores particulares?.. Es un camino de cuesta abajo como sociedad.

 Hay tomar medidas en las esferas productivas y de la circulación para que la economía funcione adecuadamente. Pero si se parte de criterios y supuestos que limitan la misma, el problema se reproduce una y otra vez, porque se hacen paliativos una y otra vez. Se pueden dictar cien medidas para corregir el rumbo, solo menciono cuatro ideas. 

1- El estado debe tener el control de la tasa de cambio, la que dicte el mercado, y puede ajustarse para todos los actores económicos, diario o mensual, trimestralmente, lo que se entienda más factible, y estimular las operaciones cambiarias con % de descuentos. Al tiempo de combatir resueltamente la ilegalidad., con grandes multas y a los reincidentes aplicarles el código penal vigente. Tiene que garantizarse el fondo de maniobra en divisas como tarea prioritaria.

2- Hay que restructurar todo el presupuesto del estado en CUP y en divisas, eso implica la reestructuración de los aparatos administrativos a todos los niveles. Hay que simplificar los ministerios y eliminar las plantillas flotantes, improductivas, indirectas, que no son sostenibles económicamente. 

3- Hay que restructurar el plan de inversiones del país.  Priorizar las que generen alimentos, electricidad (energía renovable), transporte, manufactura, construcción y salud. Y todos los que generen exportaciones en divisas con esquemas de autofinanciamientos. Al tiempo que hay que incentivar salarialmente estos sectores y empresas.

4- Hay que modernizar el sistema de Comercio, y establecer controles administrativos y económicos. (facturas, estados financieros, declaración de impuestos, etc). Todo lo que son causas y condiciones que generan desvíos al mercado ilegal de mercancías y monetarios. 


Una mirada jurídica a las cooperativas en Cuba: El reto de subsistir

 Por: Dr.C. Orestes Rodríguez Musa, Cubadebate

 



El cooperativismo es un movimiento socioeconómico con más de un siglo de existencia y base en una doctrina que considera a las cooperativas como la forma ideal de la actividad socioeconómica de la humanidad.

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI), fundada en 1895, ha tenido un papel fundamental en el impulso de este movimiento. En la actualidad, aglutina, representa y sirve a unos 3 millones de cooperativas, las cuales agrupan a más de 1 200 millones de personas y proporcionan empleo al 10% de la población trabajadora del planeta. Por estos y otros motivos, la Organización de Naciones Unidas ofrece a la ACI, desde 1946, estatus consultivo, a la vez que reconoce a las cooperativas como actores principales para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Entre los méritos más significativos de la ACI como estructura organizativa superior del movimiento, resaltan sus esfuerzos por fortalecer la identidad de las cooperativas. Al respecto, su Declaración sobre la Identidad Cooperativa de 1995, define la cooperativa como "...una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus comunes necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales por medio de una empresa de propiedad conjunta, democráticamente gobernada".

De lo antes dicho resalta que las cooperativas son, primero que todo, entidades integradas por personas que tienen un objetivo común. De ahí que la Declaración también haya remarcado, en su contenido, una ética particular que las distingue, y que incluye los valores de auto ayuda, auto responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Además, honestidad, apertura, responsabilidad social y preocupación por los demás.

Pero, para que exista una cooperativa, no basta con que un conjunto de personas asocie sus esfuerzos con la finalidad de solucionar problemáticas socioeconómicas comunes con base en una ética que les distingue; sino que es también imprescindible que procuren la satisfacción de esas necesidades a través de una empresa. Esta última idea, además se complementa con el llamado “vínculo cooperativo”, consistente en la superposición, en las mismas personas, de los roles de propietarios y usuarios de la empresa.

Por ejemplo, una cooperativa de consumo, se constituye para suministrar a sus asociados, en las mejores condiciones posibles de calidad y precio, artículos de primera necesidad, lo cual realiza produciendo los artículos, gestionando su previa compra al por mayor, etc. La diferencia que tienen esos artículos para las cooperativas, respecto a los precios que ellas perciben al suministrarlos a los asociados, constituyen los "excedentes". De estos excedentes, una vez provistos determinados fondos y reservas, se destinan a diversas finalidades de interés común o se distribuyen entre los asociados (también podría decirse que "retornan" o se devuelven a estos), en proporción al monto de sus respectivas operaciones con la cooperativa.

Estas entidades no imprimen valor agregado a sus producciones, pues el "retorno cooperativo" es resultado de la diferencia entre los precios de compra y venta. Pero, teniendo en cuenta que eliminan intermediaros, puede asegurarse que su actividad es justa económica y socialmente.

Por su parte, las cooperativas de trabajo, agrupan a obreros, técnicos, profesionales, etc., que organizan en común su trabajo, a fin de proporcionarse una fuente de ocupación estable y conveniente. Los excedentes obtenidos por estas cooperativas, una vez provistos fondos y reservas comunes, se distribuyen entre los trabajadores (que no olvidemos también son asociados y propietarios), en proporción al trabajo aportado, previa deducción de los “anticipos” recibidos por los mismos (mal llamados salarios), lo que materializa su participación equitativa en los excedentes de la empresa.

Por último, la identidad cooperativa también viene determinada por los llamados principios cooperativos, forma en que la ACI ha definido las reglas que rigen el funcionamiento interno y externo de estas formas asociativas. Estos siete principios son el de "asociación voluntaria y abierta"; el "control democrático por los asociados"; la "participación económica de los asociados"; la “autonomía e independencia”; la "educación, capacitación e información"; la "cooperación entre cooperativas";  y la "preocupación por la comunidad".

Pese a los esfuerzos de la ACI por clarificar la esencia cooperativa, la óptica jurídica de la institución no siempre ha logrado captar su complejidad. En consecuencia, no pocas veces se ha encuadrado a la cooperativa dentro de formas jurídicas asociativas que no alcanzan a tipificar su dimensión empresarial o, por el contrario, se le ha regulado asumiendo posturas excesivamente patrimonialistas o mercantilistas, limitándose así el desarrollo de sus potencialidades sociales.

A propósito, cuando se estudia la forma en que se ha legislado sobre esta materia, se identifican tres grupos de países: el primero, integrado por aquellos que han optado por capítulos específicos dentro de alguna legislación de alcance más amplio; el segundo grupo, donde los ordenamientos jurídicos tienen leyes concretas para tipos específicos de cooperativas; y el tercero, mayoritario, de países que han optado por una Ley de Cooperativas.

Sobre este particular, es criterio de quien suscribe que lo más acertado es seguir a la mayoría, pues al regular la institución a partir de una ley especial, se contribuye a homogenizar la concepción sobre ella; a consolidar la necesaria unidad del movimiento cooperativo; y a armonizar sus relaciones con el universo de entes públicos y privados con que debe interactuar.

Pero, el debate jurídico sobre la cooperativa no queda en su naturaleza, ni en la forma de legislar sobre ella; sino que además trasciende al papel que le corresponde desempeñar en el régimen institucional de cada sociedad, en especial en sus relaciones con el Estado. Se contraponen en este sentido varios modelos para determinar la responsabilidad social que les corresponde, así como los mecanismos a utilizar para materializarla y para controlarla desde el poder. Esta polémica, muchas veces terminado sumergiendo a la cooperativa en la estéril dicotomía entre lo público y lo privado, para la que el tercer sector o sector de la economía social, se ha convertido en una alternativa interesante.

En Cuba, las primeras menciones legislativas a la cooperativa se encuentran en las normas coloniales, manteniendo desde entonces su presencia en el ordenamiento jurídico patrio, incluso, desde 1940 con rango constitucional. Sin embargo, el tracto histórico de la regulación jurídica de la institución, más de una vez ha estado marcado por el reduccionismo y las distorsiones.

De hecho, el texto constitucional socialista de 1976, reconoció el derecho a asociarse en cooperativas solo a los agricultores pequeños; desvirtuó la naturaleza jurídica de la institución concibiéndola como forma de propiedad agraria; limitó sus fines a la producción agropecuaria o, con este propósito, a la obtención de créditos y servicios estatales; y le configuró un ambiente institucional con altos niveles de dependencia e intervencionismo desde la Administración Pública. Tal panorama, condicionó el funcionamiento de los tres tipos de producción cooperada en los campos cubanos: las Cooperativas de Créditos y Servicios, las Cooperativas de Producción Agropecuaria y las Unidades Básicas de Producción Cooperativa.

Los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba en abril de 2011 orientaron, como parte del proceso de actualización del modelo económico nacional, la expansión de las cooperativas hacia otras esferas de la economía diferentes a la agropecuaria. Para ello, se empleó inicialmente un paquete legislativo con carácter experimental, que configuró el marco regulatorio provisional para las llamadas Cooperativas No Agropecuarias.

Al iniciarse este experimento, se identificaban como limitaciones jurídicas para las cooperativas en Cuba, las ya apuntadas debilidades en su regulación constitucional; la ausencia de una concepción homogénea sobre su naturaleza jurídica, directamente ligada a la no existencia de una legislación general unificadora y armonizadora del sector; la permanencia de un modelo absorbente en las relaciones con el Estado; y la generalizada falta de cultura jurídico-cooperativa, que ha derivado en que el legislador, el aplicador de la norma y la sociedad en general, arrastren hacia estas formas asociativas, esquemas de la empresa estatal o de las empresas capitalistas.

Tales limitaciones influyeron en que, durante este proceso “experimental” de expansión de las cooperativas hacia otras esferas de la economía nacional, se presentaran importantes dificultades que distanciaron las CNA cubanas de la identidad cooperativa universalmente reconocida. Téngase en cuenta que, para aquel entonces, no pocos emprendedores, sin vocación cooperativista, usaron esta “brecha legal”, para dar forma a sus proyectos empresariales privados. Otros, en cambio, fueron “inducidos” a la condición de emprendedores-cooperativistas, sin nunca haberlo pretendido ser más que trabajadores estatales asalariados.

De esta forma, entre las dificultades reconocidas oficialmente en el “experimento” de las CNA estuvieron la apropiación indebida; la corrupción; cooperativas que materializaron su gestión contratando fuerza de trabajo asalariada y comprando servicios a terceros; marcadas diferencias (32 veces superior) entre los anticipos percibidos por los directivos con respecto a los que realizaban labores directas en la producción; utilización de créditos bancarios con fines diferentes a aquellos para los que fueron otorgados; incremento de los precios; etc.

Ante esta realidad, la dirección del país, para atajar las desviaciones existentes, optó durante varios años por no autorizar nuevas cooperativas, sino que apostó por consolidar las ya existentes, reforzando las medidas de control administrativo e implementando cambios legislativos. Sin embargo, a diferencia de lo que podía esperarse, estas nuevas regulaciones no llegaron mediante una Ley General de Cooperativas que unificara el sector y estableciera sus bases en coherencia con la identidad cooperativa.

En este contexto, fue aprobada la Constitución cubana de 10 de abril de 2019, cuyo artículo 22, inciso d), reconoce la propiedad "privada" como "la que se ejerce sobre determinados medios de producción por personas naturales o jurídicas cubanas o extranjeras…". Llegó así el fundamento constitucional para autorizar la creación de empresas privadas bajo formas jurídicas de naturaleza lucrativa, lo cual se ha concretado mediante el Decreto-Ley No. 46/2021 "Sobre las micro, pequeñas y medianas empresas". De esta forma, desaparecieron las barreras o vacíos legales que en su día provocaron que se encubrieran las empresas lucrativas bajo el manto de las CNA.

Esto último, unido a las deformaciones jurídicas sufridas durante décadas en el país por las cooperativas, podría explicar que, en los últimos dos años, de los 8 623 nuevos sujetos no estatales aprobados para operar, creados tanto por personas naturales como por Estado, solo sean cooperativas menos del 2%.

Pese a esta realidad, que contrasta con el carácter socialista de la Carta Magna cubana, el ya citado artículo 22, en su inciso b), reconoce a la "propiedad cooperativa", como "la sustentada en el trabajo colectivo de sus socios propietarios y en el ejercicio efectivo de los principios del cooperativismo". La letra de este precepto posee algunos aspectos que significan una evolución respecto a la vieja Constitución de 1976, así como otros elementos que generan incertidumbre y varias ausencias que contribuyen a provocar inercia, a saber:

Evolución: Desaparece la perspectiva agrarista. Ahora las cooperativas, sin importar el sector de la economía donde se desarrollen, tendrán protección constitucional. Además, se reconoce la pertinencia de unos "principios" que deben marcar el funcionamiento de estas instituciones, en tanto forman parte de un movimiento universal que las supera y las fortalece.

Incertidumbre: Sin embargo, cabe preguntarse a qué "principios del cooperativismo" se refiere el constituyente, pues en la legislación cubana nunca se han mencionado los enarbolados por la Alianza Cooperativa Internacional, y tampoco se ha utilizado un criterio uniforme para definirlos. Por tanto, diversas podrán ser las interpretaciones de la Constitución que realice el legislador.

Inercia: Persiste la reducción de su naturaleza jurídica a "forma de propiedad", descuidándose el vínculo asociativo que implica, la finalidad de servicio que le corresponde, los valores que le resultan consustanciales y el ambiente institucional, de equilibrio entre autonomía y responsabilidad social, en que se debe articular. Además, la formulación enfática respecto al "trabajo colectivo de sus socios propietarios" como sustento para las cooperativas, se ha convertido en una limitación legal para constituir otros tipos de cooperativas diferentes a las de trabajo, como pudieran ser las de consumo o las de crédito. Estas últimas, hasta hoy inexistentes en Cuba, se inspiran en necesidades populares que no resultan ajenas a la sociedad cubana actual.

Ante este panorama, en el que resulta decisivo el papel del legislador ordinario para interpretar y encausar la norma constitucional, entró en vigor el Decreto-Ley No. 47/2021 "De las Cooperativas No Agropecuarias". Sin embargo, persiste la deuda de una Ley General de Cooperativas que contribuya a la articulación de un movimiento cooperativo nacional que supere la estéril división entre las cooperativas agropecuarias y las no agropecuarias. Además, dicha Ley debe contribuir a ordenar estructuras superiores propias del movimiento, como las cooperativas de segundo grado. En la misma dirección, la Ley podría diseñar un Instituto Nacional de Cooperativas, con el encargo de promover y homogenizar políticas públicas de fomento cooperativo.

¿Cuál será el futuro de las cooperativas en Cuba? ¿Serán capaces de resistir la competencia que les suponen las mipymes? ¿Sobrevivirán como alternativa creíble para los cubanos que deseen crear sus propias empresas?

Sin otra pretensión que la de animar al debate, resaltaría desde el optimismo que las cooperativas que existen hoy en el país, han tenido la opción legal de "convertirse" o de desaparecer. Sin embargo, sus asociados permanecen aferrados al modelo cooperativo por convicción. Por tanto, es válido pensar que hoy "están los que son", los mismos que desde el sentido de pertenencia y desde la ética cooperativista pueden no solo consolidarlas, sino además pivotear un movimiento articulado, capaz de conquistar el espacio que merecen en las políticas del Gobierno y en el Cronograma Legislativo de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

IIPPE 2023: primera parte: ¿el fin de la hegemonía estadounidense?

 Por Michael Roberts Economista marxista ingles.

La semana pasada tuvo lugar en Madrid la conferencia anual de la Iniciativa Internacional para la Promoción de la Economía Política (IIPPE). La conferencia IIPPE reúne a economistas de izquierda, principalmente poskeynesianos y marxistas, de todo el mundo para presentar artículos y paneles sobre una variedad de temas. La mayoría de los cerca de 400 asistentes de este año son académicos, estudiantes, investigadores o profesores. Dado que la conferencia fue en Madrid, hubo una gran participación 

tina. No pude asistir en el último momento. Sin embargo, participé por zoom en una sesión y recopilé una serie de artículos que me parecieron interesantes e importantes. Por eso creo que hay mucho que puedo transmitir a partir de los debates sobre muchos temas de interés para los lectores.

Permítanme comenzar primero con el tema y el debate en la sesión en la que participé. La sesión se llamó Imperialismo, hegemonía y la próxima guerra, un título grandioso y ambicioso. Fui el primero en presentar una breve presentación de diapositivas titulada Rentabilidad y olas de globalización. 

Argumenté que la globalización, definida como la expansión del comercio y los flujos de capital a nivel mundial, tuvo lugar en oleadas, es decir, períodos de rápida expansión del comercio y el capital a nivel mundial y luego períodos en los que el comercio y los flujos de capital disminuyen y los países vuelven a imponer barreras al comercio y al capital. Calculé que podríamos distinguir tres olas de globalización, aproximadamente entre 1850 y 1880; aproximadamente desde 1944-70; y el más grande desde mediados de los años 1980 hasta finales del siglo XX . 

¿Qué impulsa estas olas? Sostuve que podrían estar vinculados a un cambio en la rentabilidad del capital. En cada uno de los períodos anteriores a estas olas, la rentabilidad del capital en las principales economías cayó significativamente. Para contrarrestar esta caída en las tasas de ganancia nacionales, las principales economías capitalistas buscaron expandir el comercio exterior y las exportaciones de capital para obtener ganancias adicionales de las economías laborales menos desarrolladas tecnológicamente y más baratas de lo que ahora llamamos, en resumen, la "Global". Sur'.

Marx había incluido el comercio exterior como uno de los factores que contrarrestaban su ley de la tendencia a caer de la tasa de ganancia en la producción capitalista. Y como demostró con precisión Henryk Grossman , la caída de la rentabilidad durante la depresión de finales del siglo XIX fue una de las razones por las que las principales economías capitalistas comenzaron una expansión significativa de las exportaciones de capital. Esto impulsó la tasa de ganancia, pero sólo por un tiempo porque la ley de Marx eventualmente anularía los factores contrarrestantes (como me incitó a explicar Al Campbell en la sesión). Así, en las décadas previas a la Primera Guerra Mundial, la rivalidad interimperialista se intensificó.

Esta es también la situación a finales del siglo XX . La ola de globalización de mediados de los años 1980 fue una respuesta a la gran caída de la rentabilidad del capital en las principales economías desde finales de los años 1960 hasta principios de los 1980. La globalización (entre otros factores) impulsó la rentabilidad durante las décadas de 1980 y 1990. Pero (especialmente después de la Gran Recesión de 2008-2009), la ola de globalización finalmente se extinguió a medida que la rentabilidad retrocedió. Ahora hemos entrado en un período de barreras comerciales, proteccionismo y rivalidad peligrosa entre las principales potencias económicas, especialmente Estados Unidos y China.

Y el declive de la economía hegemónica estadounidense en relación con las economías en ascenso de China, India y Asia Oriental ha aumentado. Esta relativa disminución fue abordada en el siguiente artículo por Maria Ivanova (Universidad Goldsmiths). Señaló que Estados Unidos tiene un déficit comercial significativo y duradero con el resto del mundo. Sólo puede pagar esto gracias a su monopolio de emisión del dólar estadounidense, que es la principal moneda de transacción y de reserva en el mundo. Sin embargo, la hegemonía del dólar se está debilitando gradualmente y ahora hay intentos de otras potencias económicas, como el grupo BRICS (que está aumentando en tamaño), de reducir su dependencia del dólar y reemplazarlo con alternativas.

Cuenta corriente de EE.UU. al PIB %

Sergio Camera de la UAM México nos presentó una batería de datos y análisis que muestran que la economía estadounidense se encuentra en una crisis estructural, todavía gradual tal vez, pero que sin embargo muestra señales claras de que la capacidad del capital estadounidense para expandir los recursos productivos y sostener la rentabilidad está disminuyendo. . Esto explica su esfuerzo intensificado por estrangular y contener la creciente fuerza económica de China y así mantener su hegemonía en el orden económico mundial. 

Los datos de Sergio mostraron “un estancamiento prolongado” de la tasa de ganancia estadounidense en el siglo XXI . La tasa general de ganancia fue del 19,3% en la "edad de oro" de la supremacía estadounidense en las décadas de 1950 y 1960; pero luego cayó a un promedio de 15,4% en los años 1970; la recuperación neoliberal (que coincidió con una nueva ola de globalización – MR) hizo que esa tasa volviera a subir al 16,2% en los años noventa. Pero en las dos décadas de este siglo la tasa promedio cayó a sólo el 14,3%, un mínimo histórico. Eso ha llevado a una menor inversión y crecimiento de la productividad (especialmente en la década de lo que he llamado la Larga Depresión de la década de 2010 ) de modo que, para usar las palabras de Sergio, la “base económica de Estados Unidos ha quedado seriamente debilitada”.  Esto está debilitando la posición hegemónica del capitalismo estadounidense en el mundo.

Sean Starrs, del Kings College de Londres, proporcionó entonces un refrescante contrapeso a la exageración de que el imperialismo estadounidense y el dólar pronto están a punto de perder su dominio en la economía mundial. En su presentación, señaló que la mayoría de las exportaciones clave de China fueron realizadas por empresas extranjeras (70%), no por empresas chinas; y que la mayoría de los beneficios de las exportaciones chinas se obtuvieron en el bloque imperialista, no en China (esto es algo que G. Carchedi y yo también encontramos en nuestro trabajo sobre la economía del imperialismo moderno ). 

Además, China todavía no es un competidor serio para Estados Unidos en las industrias tecnológicas a nivel mundial, a pesar de las exageraciones. Estados Unidos sigue siendo la potencia tecno dominante y también posee la mayor parte de la riqueza personal del mundo (45% sin cambios en las últimas dos décadas).

La discusión en la sesión giró en torno a cómo equilibrar estas tendencias. ¿Estados Unidos está perdiendo su poder hegemónico o no? ¿Están los BRICS+ en condiciones de reemplazar la hegemonía estadounidense en la próxima década? ¿Estas rivalidades conducirán a grandes conflictos militares?

En mi opinión, si bien ha habido un declive relativo de la hegemonía económica y política de Estados Unidos desde los días dorados de los años 1950 y 1960, a partir de los años 1970 ese declive ha sido gradual y ha planteado posibles desafíos a la hegemonía estadounidense, por ejemplo: Japón en los años 1970; Europa en los años 1990; y ahora China (+BRICS); no han conseguido ni conseguirán sustituirlo. 

Comparé la situación usando la analogía de la decadencia y el colapso del antiguo Imperio Romano en el siglo III d.C. Algunos estudiosos sostienen que el Imperio Romano colapsó debido a fuerzas externas, es decir, invasiones y estados contendientes en ascenso (es decir, ¿BRICS?). Pero otros sostienen, con razón en mi opinión, que la verdadera causa fue la desintegración económica de la economía esclavista dominante dentro de Roma. Las conquistas romanas habían terminado a finales del siglo II d. C. y no había suficientes esclavos para sostener la economía, por lo que la productividad cayó y, finalmente, debilitó el apoyo financiero a los militares. La creciente y extrema desigualdad en Roma fue un síntoma de este declive y eventual colapso.

En el siglo XXI , la globalización ha desaparecido y la regionalización está surgiendo. La desigualdad de riqueza e ingresos en Estados Unidos y el G7 es extrema. Pero, sobre todo, la rentabilidad del capital en el bloque imperialista está cerca de mínimos históricos. El colapso del Imperio Romano también puso fin al dominio del modo de producción esclavista, que finalmente fue reemplazado por un sistema feudal. La creciente desintegración interna de la economía estadounidense no sólo podría poner fin a su hegemonía global, sino también dar paso a un nuevo modo de producción.

En la segunda parte de mi relato de IIPPE 2023, cubriré muchos de los artículos que recopilé de los presentadores de la conferencia.