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martes, 6 de octubre de 2026

Trump y Rubio luchan por ganar en las elecciones de Brasil y controlar el hemisferio

Oct 5, 2026


Revista de Prensa

Una de las elecciones más importantes de la historia reciente de América Latina tendrá lugar el 4 de octubre en Brasil. El presidente en funciones, Luiz Inácio Lula da Silva, últimamente ha hecho hincapié en el tema de la soberanía nacional. Una de las razones: el candidato opositor, Flávio Bolsonaro, cuenta con el firme respaldo de la administración Trump, y Estados Unidos ha estado interviniendo con fuerza a su favor.

En los últimos meses de la campaña electoral brasileña, Trump se reunió con Flávio Bolsonaro en la Casa Blanca, impuso nuevos aranceles a productos brasileños e intentó enviar al país a funcionarios del Departamento de Estado, una medida que, según fuentes oficiales brasileñas y estadounidenses, pondría poner en duda la integridad de las elecciones.

El 24 de septiembre, 31 miembros del Congreso de EE. UU. enviarona una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que documentaron otras acciones hostiles y concluyeron que «Estados Unidos está actuando como agente de interferencia y desestabilización».

Se prevé que las elecciones sean muy reñidas, y la cuestión de la soberanía podría ser un factor decisivo para los votantes indecisos.

La intervención de Trump socava un derecho fundamental y ampliamente valorado, el derecho a la autodeterminación, así como el derecho a la democracia misma. Además, es claramente ilegal, según la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de la cual Estados Unidos es signatario.

Pero los brasileños tienen ahora motivos para considerar aún más urgente la preservación de su soberanía e independencia. Esto se evidencia en la historia reciente de Brasil y América Latina, así como en el impacto económico de la independencia política en el nivel de vida.

Comenzando por Brasil: Lula fue un trabajador metalúrgico y líder sindical que ayudó a fundar y luego dirigió el Partido de los Trabajadores. Ocupó la presidencia de Brasil durante dos mandatos consecutivos, de 2003 a 2010, y dejó el cargo con uno de los índices de aprobación más altos del mundo: el 83 por ciento.

Existían razones de peso para ello, derivadas de los cambios en la política económica y social del gobierno. Estos transformaron la vida de decenas de millones de personas en Brasil. El PIB per cápita, la medida más básica del nivel de vida, creció aproximadamente cuatro veces más rápido que en los ocho años anteriores a la presidencia de Lula. La pobreza se redujo en un 61% y la pobreza extrema en un 64%. Además, el salario mínimo real (ajustado a la inflación) aumentó un 57%. La matrícula universitaria casi se duplicó.

Lula pudo implementar estas y otras reformas trascendentales porque rompió con las políticas del «Consenso de Washington», que habían regido la toma de decisiones económicas en la región entre 1980 y 2000 como quizás nunca antes. Esto incluía políticas económicas que a menudo se decidían en el Fondo Monetario Internacional o, en ocasiones, en otras instituciones controladas por Washington. El resultado fue un desastre: durante esas dos décadas se registró el peor estancamiento del crecimiento económico a largo plazo en América Latina en más de 100 años.

Este histórico colapso del crecimiento económico propició, por primera vez, la elección de gobiernos de centroizquierda en la mayoría de la región. Al igual que en Brasil, estos gobiernos fueron más independientes que la norma regional anterior y, por lo tanto, impulsaron políticas económicas más progresistas y eficaces. El cambio fue histórico: entre 2002 y 2013, el porcentaje de la población latinoamericana que vivía en la pobreza se redujo del 45,6% al 28,4%, tras haber aumentado durante las dos décadas anteriores.

La independencia que estos gobiernos lograron establecer es precisamente lo que Rubio y Trump parecen estar más decididos a eliminar. De ahí sus actuales esfuerzos por impulsar un cambio de gobierno en Brasil. Para Rubio, Brasil es el gran premio. Es el país más grande de Latinoamérica, y un gobierno de Lula no apoyaría los intentos ilegales de la administración Trump por controlar la región. Pero el oponente de Lula sería, casi con toda seguridad, un firme aliado de Trump.

Se trata de Flávio Bolsonaro, un senador elegido a dedo por su padre, Jair Bolsonaro, quien fue presidente entre 2019 y 2023. Él mismo se ha autodenominado “Bolsonaro 2.0”.

Flávio y su equipo están tratando de vincular a Lula con el mayor fraude bancario de la historia de Brasil, que obligó a desembolsar casi 8.000 millones de dólares para indemnizar a cerca de 800.000 depositantes afectados. Pero, en realidad,es Flávio y sus aliados quienes están implicados. Flávio está metido hasta el cuello en este escándalo. Sobre Lula, en cambio, no ha aparecido nada.

Bolsonaro 1.0 siguió el manual de Trump de negar los resultados electorales cuando perdió las elecciones de 2022 frente a Lula. Sin embargo, no logró reunir el apoyo de suficientes comandantes militares para respaldar un decreto que impidiera a Lula asumir el cargo. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia condenó a Bolsonaro por intento de golpe de Estado. El «6 de enero» brasileño tuvo lugar el 8 de enero de 2023, cuando partidarios del presidente derrotado vandalizaron el Congreso, el palacio presidencial y la Corte Suprema, y exigieron la intervención militar para anular el resultado electoral.

El año pasado, Trump intentó detener el juicio de Bolsonaro imponiendo a Brasil un arancel adicional del 40%. La mayoría de los brasileños rechazaron este castigo económico colectivo, considerándolo un ataque a su soberanía nacional, su democracia electoral y su sistema judicial, lo cual era evidente. Bolsonaro fue declarado culpable y condenado a prisión.

Casi todos los gobiernos socialdemócratas elegidos democráticamente que llegaron al poder en el siglo XXI se enfrentaron a los intentos de Washington por debilitarlos, desestabilizarlos o derrocarlos. Estos esfuerzos llegaron al extremo de golpes de Estado respaldados por Estados Unidos en Bolivia, Honduras y Haití. Estados Unidos también participó en un golpe de Estado en Venezuela en 2002, que fue rápidamente revertido, seguido de años de esfuerzos estadounidenses para promover un cambio de régimen en ese país y, más tarde, de sanciones económicas que causaron la muerte de más de 100.000 personas y destruyeron, en el proceso, gran parte de la economía venezolana. Argentina también ha sufrido repetidas intervenciones estadounidenses que han provocado y agravado recesiones y crisis económicas, con graves consecuencias.

Más recientemente, Trump ha intensificado la violencia económica contra Cuba, el principal objetivo de Rubio. La tasa de mortalidad infantil en Cuba ha aumentado un 148% desde que Estados Unidos comenzó a endurecer sus sanciones, que actualmente incluyen un devastador corte del suministro de combustibles fósiles y electricidad.

En las elecciones nacionales más recientes de Colombia (21 de junio) y Honduras (el pasado 30 de noviembre), se interpretó que Trump amenazaba con causar daños económicos —de manera implícita en Colombia y más explícitamente en Honduras— si los ciudadanos de esos países no votaban por su candidato.

Este es el contexto reciente y regional en el que se libra la disputa por el futuro de Brasil. Las injerencias de Trump y Rubio, con la colaboración del clan Bolsonaro, han convertido a la campaña de Flávio en otra operación estadounidense de cambio de régimen. Esto debería ser derrotado, por el bien de Brasil y de la humanidad.


Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research y autor de «Fracaso. Lo que los “expertos” no entendieron de la economía g lobal» (Akal).

domingo, 19 de enero de 2025

Una obviedad para el crecimiento mundial y el empleo en EE.UU.

Por  Joseph E. Stiglitz y Mark Weisbrot

En un contexto de desaceleración del crecimiento mundial y de crisis de deuda para muchos países en desarrollo, el mundo necesita otra inyección de los activos de reserva del Fondo Monetario Internacional. Pero, si bien los beneficios serían de amplio alcance y no entrañarían riesgos, el Tesoro de Estados Unidos ha estado impidiéndolo.


NUEVA YORK – En agosto de 2021, el Fondo Monetario Internacional
emitió 209.000 millones de dólares a los países en desarrollo en forma de derechos especiales de giro (el activo de reserva del FMI). Los DEG son muy parecidos al efectivo, porque los gobiernos receptores pueden convertirlos en moneda fuerte. Por ello, son una herramienta sumamente eficaz, y el FMI puede y debe hacer un mayor uso de ellos.

Si bien la emisión de 2021 benefició a miles de millones de personas en todo el mundo, cientos de miles de estadounidenses también se beneficiaron , y volverán a hacerlo. Las exportaciones de bienes y servicios estadounidenses a los países en desarrollo suman alrededor de un billón de dólares, y si estos países reciben una inyección de reservas, importarán aún más.

Este efecto puede ser bastante significativo. Se esperaría que una distribución de DEG del tamaño de la emisión de 2021 creara aproximadamente tantos empleos en Estados Unidos en un año como los que creó la Ley de Reducción de la Inflación de 740 mil millones de dólares en su primer año . Hablamos, de manera conservadora, de entre 111.000 y 191.000 nuevos empleos, la mayoría de los cuales se ubicarían en áreas relacionadas con las exportaciones, como la manufactura, el transporte y el almacenamiento.

De hecho, el número total de empleos creados podría ser sustancialmente mayor, ya que también debemos tener en cuenta el papel de los DEG –como reservas– en la estabilización de las economías en desarrollo. Este efecto sería aún más importante si la economía mundial se desacelerara, como parece estar sucediendo ahora (la tasa de crecimiento global ha disminuido marcadamente desde la última distribución de DEG, de un récord del 6,6% en 2021 a la mitad de esa cifra en la actualidad).

Pero esta no es la única razón convincente para favorecer otra emisión de DEG . En vista de que tantos países enfrentan restricciones presupuestarias severas como consecuencia de la pandemia de COVID-19, podría ayudar a los países a realizar las inversiones necesarias para mitigar el cambio climático.

Final del formulario

Incluso si dejamos de lado estas consideraciones, es obvio que el mundo necesita otra emisión de DEG. Muchos países enfrentan crisis de deuda, con el resultado de que unos 3.300 millones de personas viven en países que gastan más en pagos de intereses que en atención médica, mientras que 2.100 millones de personas viven en países que gastan más en intereses que en educación.  

¿Por qué, entonces, no se ha producido ya una nueva emisión ? Resulta que el mayor obstáculo es el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según las normas del FMI (que se redactaron en 1944), la organización de 190 miembros no sigue el principio de “un país, un voto”. En cambio, Estados Unidos tiene el 16,5% de los votos, y cualquier decisión de autorizar una nueva emisión de DEG requiere la aprobación del 85%. El Departamento del Tesoro, que representa a Estados Unidos en el FMI, ejerce así un poder de veto, y mientras involucre a otros países de altos ingresos, puede impulsar casi cualquier medida que quiera.

Lo que se necesita, entonces, para otra emisión de DEG es el apoyo de Estados Unidos. Aunque el Departamento del Tesoro tendría que dar al Congreso un aviso de 90 días, una emisión del tamaño de la de 2021 en realidad no requeriría una votación del Congreso. La administración saliente de Biden podría iniciar el proceso hoy, y la administración entrante de Donald Trump sólo necesita estar de acuerdo con la decisión.

¿Trump estaría de acuerdo con esto? Es posible, sin duda, considerando que una nueva emisión crearía empleos en Estados Unidos. Si se produce rápidamente, sin ninguna ralentización del Congreso, podría incluso distribuirse ya en abril.

Aunque los sindicatos estadounidenses ya han expresado su apoyo a una nueva emisión, Wall Street también tiene mucho en juego en el asunto. Las empresas financieras estadounidenses tienen decenas de miles de millones de dólares en bonos soberanos de países en desarrollo en dificultades por la deuda, y una nueva inyección de efectivo en esas economías podría salvarlas de pérdidas potencialmente masivas en sus inversiones. Como el crecimiento económico mundial se ha desacelerado, los bonos que tienen en su poder corren más riesgo que hace tres años. Además, al igual que la emisión de 2021, una nueva emisión no tendría ningún costo para el presupuesto estadounidense.

Por supuesto, el mayor impacto se produciría en el mundo en desarrollo. A nivel mundial, 282 millones de personas corren riesgo de morir de hambre, frente a los 135 millones que había antes de la pandemia y los 258 millones que hay en 2022. Las reservas adicionales creadas por los nuevos DEG permitirían mayores importaciones de alimentos y medicamentos, así como inversiones en equipos e infraestructura de salud pública muy necesarios.

En 2021, la emisión de DEG por 209.000 millones de dólares superó toda la ayuda oficial al desarrollo que recibieron los países en desarrollo ese año. La emisión de DEG puede salvar cientos de miles de vidas en todo el mundo y, a diferencia de la mayoría de la ayuda, no conlleva deuda ni condiciones. Por todas estas razones, la Iglesia católica y otras organizaciones religiosas han Apoyó nuevas asignaciones de DEG.

Ningún economista, ni siquiera del Tesoro de Estados Unidos, ha ofrecido un argumento plausible de que una nueva emisión conllevaría riesgos bajistas significativos. La propia evaluación del FMI concluyó que la última emisión “contribuyó a la estabilidad financiera mundial”, sin “ninguna evidencia de que la asignación haya contribuido materialmente a la inflación mundial”.

El gobierno de Biden debería seguir el consejo de prácticamente todos los economistas que han analizado esta cuestión e iniciar una nueva emisión de DEG. De ese modo, el FMI se encaminaría hacia la creación de cientos de miles de puestos de trabajo en Estados Unidos y la salvación de innumerables vidas en todo el mundo.

Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía y profesor universitario en la Universidad de Columbia, es ex economista jefe del Banco Mundial (1997-2000), ex presidente del Consejo de Asesores Económicos del Presidente de los Estados Unidos, ex copresidente de la Comisión de Alto Nivel sobre Precios del Carbono y autor principal de la Evaluación climática del IPCC de 1995. Es copresidente de la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional y autor, más recientemente, de The Road to Freedom: Economics and the Good Society ( WW Norton & Company , Allen Lane , 2024). 

Marco Weisbrot

Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación Económica y Política, es el autor de Failed: What the “Experts” Got Wrong about the Global Economy (Oxford University Press, 2015).

 

martes, 6 de julio de 2021

Biden debe ponerle fin a la guerra contra el periodismo iniciada por Trump



Por Mark Weisbrot, Los Angeles Times

Cuando la administración Trump acusó al editor de WikiLeaks Julian Assange bajo la infame Ley de Espionaje de 1917, los periodistas y otras figuras públicas hicieron sonar las alarmas, advirtiendo de una guerra contra la prensa libre.

El Departamento de Justicia de Biden no ha cancelado el ataque. Por el contrario, avanza a toda velocidad con la acusación. Entonces, ¿dónde está el coro de voces que denunciaron las acusaciones en 2019? Se han quedado callados este año. Los miembros del Congreso han guardado silencio. Deberían hablar ahora, ya que el caso está en juego.

La acusación de 18 cargos contra Assange, junto con una apelación de extradición correspondiente al poder judicial británico, lo ha mantenido en prisión durante casi dos años sin juicio. Un experto de las Naciones Unidas ha calificado las condiciones de su encarcelamiento como "tortura psicológica".

Las organizaciones más prominentes de Estados Unidos preocupadas por los derechos humanos, la libertad de prensa y las libertades civiles no han perdido de vista la amenaza que esta acusación y el enjuiciamiento continuo de Assange representan para las libertades fundamentales de prensa. En febrero, escribieron una carta al Departamento de Justicia calificándola de "grave amenaza a la libertad de prensa tanto en Estados Unidos como en el extranjero", que podría "poner en peligro el periodismo que es crucial para la democracia".

Entre los firmantes de la carta se encuentran la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas.

Por primera vez en más de un siglo, un periodista podría ser juzgado y encarcelado (los cargos conllevan un máximo de 175 años de prisión) por publicar hechos que el gobierno de Estados Unidos no quería que se publicaran. Assange no está acusado de robar información clasificada. Y aunque está acusado en virtud de la infame Ley de Espionaje de 1917, no está acusado de ningún tipo de connivencia con una potencia extranjera.

Los 17 cargos bajo la Ley de Espionaje se derivan del papel de Assange en 2010-2011 en la publicación de cientos de miles de documentos militares y diplomáticos clasificados, que fueron entregados a WikiLeaks. También hay un cargo de "conspiración para cometer una intrusión informática".

La información que publicó Assange, por la que enfrenta una posible cadena perpetua, ni siquiera está clasificada como ultrasecreta. Y la acusación no alega que alguien haya sido asesinado o herido como resultado de algo que él hizo.

Fue la administración Trump la que, en 2019, decidió embarcarse en este nuevo e innovador "asalto directo a la Primera Enmienda", como lo ha llamado la ACLU. Este enjuiciamiento está en consonancia con el desprecio autoritario de Trump por una prensa libre y el estado de derecho en general. Pero, ¿por qué la administración Biden lo llevaría adelante?

Para cualquiera que esté siguiendo la historia, en los Estados Unidos o en todo el mundo, se ve "mal, mal, mal", como Chris Hayes de MSNBC describió la acusación. Parece que los funcionarios del gobierno quieren intimidar a los periodistas para que tengan miedo de publicar información clasificada que revele delitos u otras actividades que los funcionarios no quieren que el público conozca.

En 2010, WikiLeaks lanzó el video viral "Asesinato colateral". Fue filmado en Irak en 2007 desde un helicóptero Apache estadounidense, mientras abatía al menos a 12 civiles, incluidos dos empleados de Reuters. Otros documentos estadounidenses publicados por WikiLeaks mostraron más de 15.000 muertes de civiles en la guerra de Irak que el Pentágono no reveló. Se demostró que las fuerzas estadounidenses mataron a más de 600 civiles en los puestos de control. Los documentos también muestran evidencia de que las fuerzas estadounidenses "entregaron a los detenidos a un notorio escuadrón de tortura iraquí", que fue creado y apoyado por Estados Unidos.

Los archivos militares estadounidenses de Afganistán muestran que cientos de civiles murieron a manos de las fuerzas de la coalición. Los archivos del centro de detención de la Bahía de Guantánamo mostraron, entre otras cosas, que 150 personas inocentes estuvieron encarceladas allí durante años.

Los periodistas dicen que el enjuiciamiento de Assange amenaza las libertades que necesitan para hacer su trabajo: encontrar e informar verdades tan incómodas. Los principales editores del New York Times, el Wall Street Journal y el USA Today se opusieron de inmediato a la acusación de 2019, que según el editor del Washington Post, Marty Baron, estaba "criminalizando prácticas comunes en el periodismo que durante mucho tiempo han servido al interés público". La junta editorial de Los Angeles Times expresó su preocupación por un efecto paralizador en los periodistas, que podrían pensarlo dos veces antes de aceptar información clasificada.

Pagaremos un alto precio si este caso continúa y si Assange es extraditado o encarcelado indefinidamente. Esto es posible a medida que el Departamento de Justicia prosiga con las apelaciones. Si es extraditado, podría permanecer recluido en régimen de aislamiento, de conformidad con los Procedimientos Administrativos Especiales. El juez británico que se negó a extraditar a Assange en enero lo hizo con el argumento de que corría riesgo de suicidio si lo enviaban a EEUU.

Los defensores de los derechos humanos y la libertad de prensa, así como los miembros del Congreso, deben alzar la voz en este caso antes de que sea demasiado tarde. Recientemente, el presidente Biden ha tenido mucho que decir sobre la lucha mundial por la democracia; cómo prospera "cuando una prensa libre e independiente persigue la verdad", como dijo en el Día de los Caídos. Pero la democracia, la prensa libre y los derechos humanos comienzan en casa.

lunes, 16 de septiembre de 2019

Las reformas del FMI pueden empeorar la situación: el caso de Ecuador

Por Mark Weisbrot

Cuando las personas piensan en el daño que países de altos ingresos, típicamente liderados por EEUU y sus aliados, causan a la población del resto del mundo, generalmente piensan en la guerra. Cientos de miles de iraquíes perdieron la vida como resultado de la invasión de 2003, y muchos más murieron luego, a medida que la situación en la región fue recrudeciendo.

Pero los países ricos también tienen un importante poder sobre la vida de miles de millones de personas a través del control que poseen sobre las instituciones de gobernanza global. Una de ellas es el Fondo Monetario Internacional. Tiene 189 países miembros; sin embargo, Estados Unidos y los países ricos aliados, tienen una mayoría sólida de votos. El jefe del FMI es, por costumbre, de nacionalidad europea; y Estados Unidos por sí mismo tiene suficientes votos como para vetar muchas decisiones de gran envergadura, aunque los países ricos casi nunca votan unos contra otros.

Echemos un vistazo a un préstamo reciente del FMI para ver cómo opera el problema. En marzo, Ecuador firmó un acuerdo por el que pidió prestado $4.2 mil millones al FMI por un periodo de tres años, siempre y cuando el Gobierno se adhiriese a un programa económico determinado por el acuerdo. En palabras de Christine Lagarde ―la directora gerente del FMI en ese momento― este fue “un programa integral de reformas destinado a modernizar la economía y allanar el camino para un crecimiento fuerte, sostenido y equitativo”.

¿Pero es así? Lo primero que debe notarse es que el programa exige un ajuste enorme del presupuesto nacional ecuatoriano, alrededor del 6% del PIB en los próximos tres años (para hacernos una idea, esto es como si el presupuesto federal de Estados Unidos tuviera un ajuste de $1.4 billones, conseguido a través de una combinación de recortes de gastos y aumento de impuestos). En Ecuador esto incluye el despido de decenas de miles de empleados del sector público, el aumento de impuestos que recaen desproporcionadamente sobre la población pobre, y recortes a la inversión pública.

El impacto general de este gran ajuste fiscal será empujar a la economía hacia una recesión. El FMI proyecta una recesión relativamente leve hasta el próximo año; pero es probable que sea mucho más profunda y prolongada, como suele ocurrir cuando se opera bajo los programas del FMI. El desempleo aumentará ―incluso las proyecciones del programa del FMI lo reconocen― y también lo hará la pobreza.

Una razón por la que probablemente la situación será mucho peor que lo proyectado por el FMI es que el acuerdo se basa en suposiciones que no son creíbles. Por ejemplo, el FMI proyecta que habrá una entrada neta del sector privado extranjero en la economía de $5.4 mil millones (alrededor del 5% del PIB) de 2019 a 2022. Pero si miramos los últimos tres años, hubo una salida de $16.5 mil millones (17% del PIB). ¿Qué haría que los inversores extranjeros repentinamente estén mucho más entusiasmados por llevar su dinero a Ecuador? Ciertamente, no lo hará la recesión que también pronostica el FMI.

Hay otros supuestos inverosímiles e incluso algunos que proceden de errores de contabilidad, y lamentablemente todos van en la misma dirección. Parece poco probable que la “austeridad expansiva” del programa ―una estrategia que casi nunca funciona― convierta a Ecuador en una excepción mundialmente famosa, donde la economía crezca a medida que la demanda agregada se reduzca.

El programa también busca remodelar la economía en formas que para muchos ecuatorianos parecerían tener un carácter político. Harán que el Banco Central sea más autónomo; los bienes públicos serán privatizados; y la legislación laboral será reformada de manera que otorgue a los empleadores un mayor poder sobre los trabajadores. Algunos de estos cambios ―por ejemplo, la disociación del Banco Central de otras decisiones gubernamentales― dificultarán aún más la recuperación económica.

Todo esto tiene lugar bajo un Gobierno que si bien fue elegido en 2017 en una plataforma de supuesta continuidad, ahora busca revertir las reformas políticas de la década anterior. Estas reformas fueron, si nos basamos en indicadores económicos y sociales, bastante exitosas. La pobreza se redujo en un 38% y la pobreza extrema en un 47%; la inversión pública ―incluidos hospitales, escuelas, carreteras y acceso a energía eléctrica― se duplicó como porcentaje de la economía. Pero el Gobierno anterior era un Gobierno de izquierda con mayor independencia de Estados Unidos, como cuando, por ejemplo, cerró la base militar estadounidense en su territorio.

Ya pueden imaginarse cómo pinta el panorama, tomando en cuenta que ahora el Gobierno de Trump ha adquirido un enorme poder sobre Ecuador no solo a través del préstamo del FMI de $4.2 mil millones, sino también de los otros $6 mil millones en préstamos para el país otorgados por instituciones multilaterales con sede en Washington, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (esto representa aproximadamente el 10% del PIB anual ecuatoriano, equivalente a más de $2.1 billones en el caso de Estados Unidos).

En realidad, ni tenemos que imaginar mucho, ya que el nuevo presidente, Lenín Moreno, se ha alineado con la política exterior y económica de Trump en la región. Al mismo tiempo, su Gobierno está persiguiendo a su predecesor presidencial, Rafael Correa, con acusaciones falsas que incluso Interpol no respaldará con una orden de captura internacional. Otros líderes de la oposición huyeron del país para evitar la detención preventiva ilegal (en el caso del excanciller Ricardo Patiño, por pronunciar un discurso que no le gustó al Gobierno).

Dado que Washington controla la toma de decisiones del FMI para este hemisferio, el Gobierno de Trump y el FMI están implicados en la represión política en Ecuador, así como en el intento más amplio de reconvertir la economía y las políticas del país en lo que a Trump y Pompeo les gustaría ver, pero por la que la mayoría de ecuatorianos no votaron.

Todo esto proporciona aún más razones para que haya una reforma seria en el FMI, comenzando por convertirlo en una institución más multilateral, como pretende ser. En los últimos 20 años, el Congreso de Estados Unidos —que se encarga de aprobar los aumentos de fondos para el FMI— ha intervenido en contadas ocasiones para eliminar algunos abusos. Por ejemplo, a principios de la década del 2000, millones de niños pobres en África obtuvieron acceso a la educación primaria y a la atención médica porque el Congreso de EEUU impidió que el FMI y el Banco Mundial exigieran a los gobiernos el cobro de tarifas a los usuarios de estos servicios básicos; algo que estas instituciones habían estado haciendo por años.

Es casi un hecho que en las próximas semanas el FMI elegirá un nuevo europeo, rico y blanco, para dirigir la institución. Los miembros progresistas del Congreso, preocupados por lo que la política exterior de Estados Unidos le hace al resto del mundo, deberían intervenir exigiendo algunas reformas.

Traducción por Francesca Emanuele.

Este artículo fue publicado por Página/12 el 16 de septiembre de 2019. Una versión de este artículo fue publicada en inglés por The Guardian el 27 de agosto de 2019. Si el texto a continuación aparece distorsionado, por favor pulse aquí para una versión sin errores de formato. Para ver la versión original en inglés, por favor pulse aquí. Si desea publicar este artículo, por favor infórmele a CEPR respondiendo a este mensaje. Si este correo electrónico fue enviado a usted por un tercero, suscríbase a las listas de correo electrónico de CEPR.

Mark Weisbrot es codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, DC. También es autor del libro "Fracaso. Lo que los 'expertos' no entendieron de la economía global" (Akal, Madrid, 2016).

CEPR es un centro de investigación independiente y no partidario, establecido para promover el debate democrático sobre los temas económicos y sociales más importantes que afectan el diario vivir de las personas.

Nuestro gabinete de asesores incluye a dos Premios Nobel de Economía Robert Solow y Joseph Stiglitz; Janet Gornick, profesora en la facultad de Maestría de CUNY y directora del Estudio de Ingreso de Luxemburgo; y Richard Freeman, profesor de economía en la Universidad de Harvard.

"El Centro de Investigación en Economía y Política es un recurso vital y excepcional. El trabajo que hace CEPR es un componente esencial y necesario de la estrategia general para que Estados Unidos se dirija hacia la justicia económica sostenible".

—Mario Solis Marich, periodista




lunes, 19 de agosto de 2019

Quién tiene la culpa de la crisis económica en Argentina?

Por Mark Weisbrot

Los argentinos recuerdan el papel que desempeñó el Fondo Momentario Internacional en la última recesión. También recuerdan cómo mejoró su vida con el kirchnerismo.

El autor es experto en la economía y la política latinoamericanas.

¿Qué se supone que debemos deducir de los sorpresivos resultados de las elecciones celebradas en Argentina el 11 de agosto, que sacudieron a los encuestadores y a los analistas por igual y agitaron los mercados financieros del país? En las elecciones primarias rumbo a la elección presidencial, en octubre, el candidato de la oposición Alberto Fernández derrotó al presidente Mauricio Macri por un margen inesperado del 15,6 por ciento.

La coalición de Fernández atribuye su victoria a las políticas económicas fallidas de Macri, pues lo consideran culpable de la crisis económica, la recesión y la inflación elevada que el país experimenta actualmente. Por su lado, Macri afirma que el miedo a un futuro gobierno kirchnerista fue el culpable de la turbulencia financiera tras las elecciones, así como a los problemas que ha habido en la economía desde que asumió el cargo hace más de tres años y medio. El actual presidente argumenta que tanto los mercados como el pueblo deberían temerle a este resultado.

Esta discrepancia no es solo objeto de debate académico, y tampoco es una situación exclusiva de Argentina. Es un diálogo recurrente, casi arquetípico, que surge durante las crisis económicas que permean contiendas políticas. En los últimos años, los dirigentes en turno —en el Reino Unido, España, Francia, Grecia y otros países donde las políticas económicas fallidas se enfrentaron a adversarios de centroizquierda— han usado el estribillo de Macri como una línea de ataque frecuente.

Los mercados financieros pueden alterarse por muchas razones, que pueden ser poco claras o incluso partir de percepciones erróneas de la realidad. En el caso de Argentina, está la derrota electoral de un gobierno cuyas políticas económicas han fracasado de manera evidente y una victoria para los rivales que provienen de un periodo de crecimiento económico sólido y ampliamente compartido. Esto no es algo inherentemente negativo para la economía.

Cuando Macri dice “kirchnerismo”, se refiere a las políticas, los simpatizantes y los gobiernos de la familia Kirchner, que gobernó de 2003 a 2015, primero con Néstor Kirchner y después con Cristina Fernández de Kirchner. Cristina ahora se ha postulado como compañera de fórmula del candidato presidencial Alberto Fernández y es una lideresa prominente de la coalición de oposición, aunque esta coalición es mucho más grande y amplia que la base kirchnerista.

Desde la perspectiva de un economista o un científico social, no está claro el motivo por el cual deberíamos temerle al kirchnerismo. Si se observan los indicadores económicos y sociales más importantes, los gobiernos de los Kirchner estuvieron entre los más exitosos del hemisferio occidental.

Algunos cálculos independientes mostraron una disminución del 71 por ciento en la pobreza y del 81 por ciento en la pobreza extrema. Los gobiernos kirchneristas establecieron uno de los programas de transferencias monetariascondicionadas para los pobres más grandes de Latinoamérica. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el producto interno bruto per cápita aumentó un 42 por ciento, casi tres veces más que la tasa mexicana. El desempleó se redujo más de la mitad y la desigualdad económica también disminuyó de manera considerable. Los doce años en los que los Kirchner estuvieron en el poder se generaron importantes mejoras en la calidad de vida de una gran mayoría de los argentinos, de acuerdo con cualquier comparación razonable.

El crecimiento económico decayó en los últimos años de la presidencia de Cristina. El gobierno cometió algunos errores y también se llevó un golpe económico externo. El fallo de un tribunal federal de apelaciones en Nueva York en 2012 —una decisión que muchos consideraron cuestionable y política— tomó de rehenes a más del 90 por ciento de los acreedores de Argentina para obligarla a pagar a un pequeño grupo de fondos buitre que se negó a unirse a la reestructuración de la deuda que se determinó a principios de la década de 2000. El gobierno de Estados Unidos bloqueó los créditos de los prestamistas internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, en una época en que la economía necesitaba el intercambio de divisas.

En contraste, durante el mandato de Macri —que comenzó en diciembre de 2015— la pobreza ha incrementado de manera significativa, el ingreso por persona ha caído y el desempleo ha aumentado. Las tasas de interés a corto plazo se han disparado del 32 al 75 por ciento actualmente; la inflación se ha elevado del 18 al 56 por ciento. La deuda pública ha crecido del 53 por ciento a más del 86 por ciento del PIB.

¿Qué tanto de esta crisis económica y mal desempeño es responsabilidad de su predecesora?

En 2018, Macri firmó un acuerdo por un préstamo de 57.000 millones de dólares: el rescate financiero más grande del FMI en la historia. El contrato del préstamo, junto con las revisiones que se le han hecho desde entonces, detallan las metas, la estrategia y la ejecución en términos económicos del gobierno. Hay mucha información disponible al público que expone lo que falló.

La estrategia principal del programa era restaurar la confianza de los inversionistas por medio de una política fiscal y monetaria más estricta. Sin embargo, como ha ocurrido con frecuencia en el pasado, estas medidas desaceleraron la economía y socavaron la confianza de los inversionistas. Para octubre de 2018, los resultados ya eran mucho peores de lo que había pronosticado el FMI. El gobierno y el FMI endurecieron las políticas fiscales y monetarias, pero no sirvió de nada.

El gobierno también desperdició más de 16.000 millones de dólares en intentos fallidos para evitar que el peso decayera y aumentó en gran medida el componente extranjero más problemático de la deuda pública. El resultado ha sido una recesión casi constante y una inflación elevada, además de tasas de interés descomunales, depreciación del peso, inestabilidad financiera y enorme acumulación de deuda pública. El incremento de la deuda es particularmente digno de atención porque Macri heredó un nivel bajo de deuda pública.

Irónicamente, el FMI es conocido en Argentina por promover políticas igual de irrealizables durante la crisis de 1998 a 2002 (que se puede comparar a la Gran Depresión de Estados Unidos en la década de los treinta). En efecto, la historia se está repitiendo, aunque en este caso el FMI tiene una alianza más fuerte con el gobierno de la que tenía hace veinte años.

Los candidatos Fernández —Alberto y Cristina— tendrán que esbozar cómo piensan salir de este desastre. Pueden explicar cómo Argentina se recuperó de una crisis económica mucho más severa, con una tasa de desempleo de más del doble que ahora y en la que millones de personas anteriormente de clase media habían caído en la pobreza. Les pueden asegurar a los prestamistas que no hay por qué incumplir con la deuda pública hoy en día, como se hizo en el pasado, puesto que entonces era completamente imposible pagar. No obstante, al igual que en 2003, la economía no puede recuperarse bajo las condiciones acordadas con el FMI, así que tendrán que renegociarse.

Millones de argentinos recuerdan la última depresión y el papel que desempeñó el FMI. Muchos también recuerdan la mejora tan rápida que hubo en la vida de la gente a lo largo de la década siguiente. Esa memoria y conciencia colectivas quizá ahora determinen el resultado de este debate recurrente sobre la economía y, con ello, la elección general del 27 de octubre y posiblemente gran parte del futuro de Argentina.


Mark Weisbrot es codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, DC y presidente de la organización Just Foreign Policy. También es autor del libro "Fracaso. Lo que los 'expertos' no entendieron de la economía global" (Akal, Madrid, 2016).

CEPR es un centro de investigación independiente y no partidario, establecido para promover el debate democrático sobre los temas económicos y sociales más importantes que afectan el diario vivir de las personas.

Nuestro gabinete de asesores incluye a dos Premios Nobel de Economía Robert Solow y Joseph Stiglitz; Janet Gornick, profesora en la facultad de Maestría de CUNY y directora del Estudio de Ingreso de Luxemburgo; y Richard Freeman, profesor de economía en la Universidad de Harvard.


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viernes, 12 de octubre de 2018

La Alianza Transatlántica sobrevivirá a Trump


Por Mark Weisbrot

Este artículo fue publicado por Público el 7 de octubre de 2018. Una versión de este artículo fue publicada en inglés por The Nation el 27 de agosto de 2018. Si el texto a continuación aparece distorsionado, por favor pulse aquí para una versión sin errores de formato. Para ver la versión original en inglés, por favor pulse aquí. Si desea publicar este artículo, por favor infórmele a CEPR respondiendo a este mensaje. Si este correo electrónico fue enviado a usted por un tercero, suscríbase a las listas de correo electrónico de CEPR.

Cada semana y, con frecuencia, más de una vez por semana, aparece un nuevo artículo en los principales medios de comunicación o en publicaciones de política exterior sobre la desaparición del orden mundial angloamericano posterior a la Segunda Guerra Mundial. Generalmente, estos análisis hablan de la Alianza Transatlántica entre EEUU y Europa ―dos de las economías más grandes del mundo― con especial preocupación y nerviosismo por la posible pérdida de este orden mundial. No es de extrañar que haya contribuido a esta angustia los comentarios salvajemente erráticos del presidente Trump sobre la OTAN (a pesar del hecho de que él la está ampliando), sus groserías sin precedentes hacia los líderes europeos y su amistad con Putin en la cumbre de Helsinki.

La historia elemental detrás de este lamento y melancolía es que los líderes de Estados Unidos construyeron un sistema “basado en reglas”, sustentado en los “mercados abiertos” y la democracia (ambos se ven a veces como sinónimos); un sistema que ha fomentado la prosperidad y una relativa estabilidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue la única economía industrial importante que surgió no solo indemne, sino con su economía duplicada en tamaño. Mientras que otros podrían haber aprovechado este poder sin igual para su propio beneficio; según la historia, los gobernantes caritativos de Estados Unidos construyeron un orden mundial para el bien de todos. Trump es visto como una amenaza al mantenimiento de su existencia.

Este análisis del orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial no incluye a alrededor de tres millones de vietnamitas muertos y a medio millón de muertos en Indonesia, quienes podrían cuestionar el altruismo de este sistema, si es que no los hubieran matado. Más recientemente, un millón de iraquíes muertos, si pudieran ser escuchados, probablemente cuestionarían que el dominio estadounidense ha sido en interés de todos. Y hay cientos de millones de personas en América Latina, África y Asia que sufrieron durante décadas bajo dictaduras respaldadas por Estados Unidos, así como guerras patrocinadas por Estados Unidos. Gran parte de la actual disfuncionalidad violenta en estos países es un resultado directo de estas intervenciones, así como de la continua influencia de EEUU.

De hecho, mientras escribo esto, el Ejército estadounidense está directamente involucrado en una guerra en Yemen que ha producido deliberadamente lo que la ONU ha llamado la peor crisis humanitaria del mundo. Ha llevado a más de ocho millones de personas al borde de la hambruna, ha creado el peor brote de cólera en la historia moderna y ha matado a miles de civiles en bombardeos. Estados Unidos está proporcionando reabastecimiento en el aire a los bombarderos de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, asistencia en inteligencia y en identificación de blancos y personal militar en el terreno, entre otras ayudas (solo está relativamente constreñido gracias a la creciente oposición en el Congreso estadounidense).

Pero ignoremos estas verdades incómodas por un momento, como lo hacen casi todos estos análisis.

Echemos un ojo a la situación actual. La Alianza Transatlántica es mucho más sólida de lo que reconocen la mayoría de estos analistas. Esto se debe principalmente a que no es solo una alianza de Gobiernos democráticos con valores compartidos, sino también una alianza de los países ricos del mundo ―es decir, de sus líderes― contra los países pobres y de medianos ingresos del mundo.

Las reglas de la Organización Mundial del Comercio, a las que están sujetos 164 países, fueron escritas por corporaciones estadounidenses y europeas. El logro más significativo de la OMC desde su creación en 1995 fue aumentar la protección de las patentes al estilo estadounidense en todo el mundo, lo que provocó la muerte de millones de personas de bajos recursos que no tenían la posibilidad de acceder a medicamentos esenciales. Después de años de lucha, algunas de estas reglas fueron reescritas, pero aún queda un gran remanente del daño causado. Las normas de agricultura de la OMC también ponen en gran desventaja a los países en desarrollo y buscan prohibir que los Gobiernos subsidien la producción nacional para el consumo interno que tiene el fin de alimentar a las personas profundamente desnutridas; por ejemplo, en India. Las normas de la OMC también hacen que sea mucho más difícil para los países en desarrollo aplicar las políticas industriales que fueron empleadas por los países de altos ingresos, como Estados Unidos, para llegar a donde están hoy.

El Fondo Monetario Internacional, una organización que tiene como miembros a 189 países, es administrado por Estados Unidos y Europa. De hecho, para la mayor parte del mundo fuera de Europa es el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el que maneja al FMI. El Banco Mundial, que por costumbre desde 1946 debe tener un presidente que sea estadounidense, también está controlado por Estados Unidos y sus aliados, y coopera con el FMI en la promoción e imposición de políticas económicas que Washington apoya. Estas políticas a menudo no benefician a los países en desarrollo, como cabría esperar de las organizaciones que no rinden cuentas a los países de bajos y medianos ingresos, ni a ningún electorado.

Estas son las instituciones de gobernanza global que ejercen el poder en el mundo, además del Consejo de Seguridad de la ONU, donde la Alianza Transatlántica debe compartir el poder de veto con Rusia y China. Durante la mayor parte del último medio siglo, el FMI ha sido la vía más importante de influencia de Estados Unidos sobre los países de ingresos bajos y medios. Se ha ubicado a la cabeza del cártel de los acreedores, que decide que los países que no acepten las condiciones del FMI no obtendrán préstamos de otros prestamistas multilaterales (por ejemplo, el Banco Mundial) y, en ocasiones, ni siquiera del sector privado. Este cártel perdió influencia en la mayoría de los países de ingresos medios en la primera década del siglo XXI, pero está resurgiendo (por ejemplo, en Argentina) y todavía mantiene el cártel de sus acreedores en los países pobres.

Los líderes europeos están bastante enojados con la derogación unilateral del Gobierno de Trump del Plan de Acción Integral Conjunto, el acuerdo negociado con Irán que había puesto fin a la amenaza de que desarrollara armas nucleares en un futuro previsible. Claramente, Europa se enfrenta a mayores riesgos en materia de seguridad en Medio Oriente, incluida la amenaza de guerra de Trump contra Irán; sin mencionar todos los problemas políticos que han sido creados por la afluencia de refugiados que fue principalmente el resultado de la intervención de Estados Unidos en la región. Pero, ¿qué hicieron al respecto, después de que sus ansiosas súplicas con Trump no lo convencieron? Nada, porque estos líderes ―no la gente de Europa, a la que han jodido gravemente desde la Gran Recesión― necesitan a su querido cómplice.

Estados Unidos es el gendarme del orden económico y político global de los países ricos. Esto se debe en parte a que EEUU no sufrió la destrucción que sufrió Europa en las guerras mundiales, y en parte porque los europeos han desarrollado Estados del bienestar que no permiten el gasto militar increíblemente derrochador que mantiene 800 bases militares estadounidenses en todo el mundo.

Pero las armas de destrucción masiva (y de destrucción ordinaria) de Washington no son, de ninguna manera, la totalidad de su arsenal. Se le suma el "privilegio exorbitante" de poder imprimir la moneda más importante del mundo, que representa el 60 por ciento de las reservas mundiales en poder de los bancos centrales. Cuando Lehman Brothers colapsó en 2008 y la crisis financiera mundial estalló, la Reserva Federal organizó permutas de divisas para sus socios europeos, con el fin de asegurarse de que no sufrieran ningún problema temporal de liquidez internacional. Al otro lado de la brecha, si no gravitas bajo la órbita de Washington, el sistema financiero mundial dolarizado le otorga a EEUU mucho más poder que a otros países para imponer sanciones contra ti (por ejemplo, en los casos de Cuba, Venezuela e Irán); sin, o incluso en contra de los deseos de las Naciones Unidas.

La élite de Europa está ligada a los gobernantes de Estados Unidos en virtud de su interés común en mantener el dominio de la economía mundial. Esto, a pesar de la realidad: el hecho de que sus botines no alcanzan a la ciudadanía de Estados Unidos o de Europa.
Esta dominación angloamericana no durará para siempre. Eurasia, la masa terrestre más grande del mundo, que crió las potencias coloniales que conquistaron al mundo, continúa aumentando su integración económica, a pesar de los grandes esfuerzos de Estados Unidos para contrarrestar esta tendencia histórica mundial, con sus intentos de acuerdos comerciales como el TPP y el TTIP. La economía de China ya es un 25 por ciento más grande que la de Estados Unidos sobre la base de la paridad del poder adquisitivo (esta es la medida más utilizada por los economistas para las comparaciones internacionales, ya que toma en cuenta las diferencias de precios entre los países). Se proyecta que en una década la economía china será dos veces más grande que la de Estados Unidos.

Con el tiempo, los países europeos, dirigidos por sus corporaciones e instituciones financieras, mirarán más hacia el este y menos hacia el oeste, a medida que el mundo se vuelva más multipolar y la participación de Estados Unidos en la economía mundial se reduzca. Pero para un futuro cercano, las élites de EEUU y Europa se necesitan mutuamente, ya que el hegemón global intenta aferrarse a su posición no elegida. Trump puede ser tan grosero, rudo e ignorante como quiera con sus aliados europeos; aún así, no los hará rebelarse contra "el líder del mundo libre".
Mark Weisbrot
Mark Weisbrot es codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, DC y presidente de la organización Just Foreign Policy. También es autor del libro "Fracaso. Lo que los 'expertos' no entendieron de la economía global" (Akal, Madrid, 2016).

CEPR es un centro de investigación independiente y no partidario, establecido para promover el debate democrático sobre los temas económicos y sociales más importantes que afectan el diario vivir de las personas.
Nuestro gabinete de asesores incluye a dos Premios Nobel de Economía Robert Solow y Joseph Stiglitz; Janet Gornick, profesora en la facultad de Maestría de CUNY y directora del Estudio de Ingreso de Luxemburgo; y Richard Freeman, profesor de economía en la Universidad de Harvard.

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"El Centro de Investigación en Economía y Política es un recurso vital y excepcional. El trabajo que hace CEPR es un componente esencial y necesario de la estrategia general para que Estados Unidos se dirija hacia la justicia económica sostenible".
—Mario Solis Marich, periodista