Por Mark Weisbrot
Cuando las personas piensan en el daño que países de altos ingresos, típicamente liderados por EEUU y sus aliados, causan a la población del resto del mundo, generalmente piensan en la guerra. Cientos de miles de iraquíes perdieron la vida como resultado de la invasión de 2003, y muchos más murieron luego, a medida que la situación en la región fue recrudeciendo.
Pero los países ricos también tienen un importante poder sobre la vida de miles de millones de personas a través del control que poseen sobre las instituciones de gobernanza global. Una de ellas es el Fondo Monetario Internacional. Tiene 189 países miembros; sin embargo, Estados Unidos y los países ricos aliados, tienen una mayoría sólida de votos. El jefe del FMI es, por costumbre, de nacionalidad europea; y Estados Unidos por sí mismo tiene suficientes votos como para vetar muchas decisiones de gran envergadura, aunque los países ricos casi nunca votan unos contra otros.
Echemos un vistazo a un préstamo reciente del FMI para ver cómo opera el problema. En marzo, Ecuador firmó un acuerdo por el que pidió prestado $4.2 mil millones al FMI por un periodo de tres años, siempre y cuando el Gobierno se adhiriese a un programa económico determinado por el acuerdo. En palabras de Christine Lagarde ―la directora gerente del FMI en ese momento― este fue “un programa integral de reformas destinado a modernizar la economía y allanar el camino para un crecimiento fuerte, sostenido y equitativo”.
¿Pero es así? Lo primero que debe notarse es que el programa exige un ajuste enorme del presupuesto nacional ecuatoriano, alrededor del 6% del PIB en los próximos tres años (para hacernos una idea, esto es como si el presupuesto federal de Estados Unidos tuviera un ajuste de $1.4 billones, conseguido a través de una combinación de recortes de gastos y aumento de impuestos). En Ecuador esto incluye el despido de decenas de miles de empleados del sector público, el aumento de impuestos que recaen desproporcionadamente sobre la población pobre, y recortes a la inversión pública.
El impacto general de este gran ajuste fiscal será empujar a la economía hacia una recesión. El FMI proyecta una recesión relativamente leve hasta el próximo año; pero es probable que sea mucho más profunda y prolongada, como suele ocurrir cuando se opera bajo los programas del FMI. El desempleo aumentará ―incluso las proyecciones del programa del FMI lo reconocen― y también lo hará la pobreza.
Una razón por la que probablemente la situación será mucho peor que lo proyectado por el FMI es que el acuerdo se basa en suposiciones que no son creíbles. Por ejemplo, el FMI proyecta que habrá una entrada neta del sector privado extranjero en la economía de $5.4 mil millones (alrededor del 5% del PIB) de 2019 a 2022. Pero si miramos los últimos tres años, hubo una salida de $16.5 mil millones (17% del PIB). ¿Qué haría que los inversores extranjeros repentinamente estén mucho más entusiasmados por llevar su dinero a Ecuador? Ciertamente, no lo hará la recesión que también pronostica el FMI.
Hay otros supuestos inverosímiles e incluso algunos que proceden de errores de contabilidad, y lamentablemente todos van en la misma dirección. Parece poco probable que la “austeridad expansiva” del programa ―una estrategia que casi nunca funciona― convierta a Ecuador en una excepción mundialmente famosa, donde la economía crezca a medida que la demanda agregada se reduzca.
El programa también busca remodelar la economía en formas que para muchos ecuatorianos parecerían tener un carácter político. Harán que el Banco Central sea más autónomo; los bienes públicos serán privatizados; y la legislación laboral será reformada de manera que otorgue a los empleadores un mayor poder sobre los trabajadores. Algunos de estos cambios ―por ejemplo, la disociación del Banco Central de otras decisiones gubernamentales― dificultarán aún más la recuperación económica.
Todo esto tiene lugar bajo un Gobierno que si bien fue elegido en 2017 en una plataforma de supuesta continuidad, ahora busca revertir las reformas políticas de la década anterior. Estas reformas fueron, si nos basamos en indicadores económicos y sociales, bastante exitosas. La pobreza se redujo en un 38% y la pobreza extrema en un 47%; la inversión pública ―incluidos hospitales, escuelas, carreteras y acceso a energía eléctrica― se duplicó como porcentaje de la economía. Pero el Gobierno anterior era un Gobierno de izquierda con mayor independencia de Estados Unidos, como cuando, por ejemplo, cerró la base militar estadounidense en su territorio.
Ya pueden imaginarse cómo pinta el panorama, tomando en cuenta que ahora el Gobierno de Trump ha adquirido un enorme poder sobre Ecuador no solo a través del préstamo del FMI de $4.2 mil millones, sino también de los otros $6 mil millones en préstamos para el país otorgados por instituciones multilaterales con sede en Washington, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (esto representa aproximadamente el 10% del PIB anual ecuatoriano, equivalente a más de $2.1 billones en el caso de Estados Unidos).
En realidad, ni tenemos que imaginar mucho, ya que el nuevo presidente, Lenín Moreno, se ha alineado con la política exterior y económica de Trump en la región. Al mismo tiempo, su Gobierno está persiguiendo a su predecesor presidencial, Rafael Correa, con acusaciones falsas que incluso Interpol no respaldará con una orden de captura internacional. Otros líderes de la oposición huyeron del país para evitar la detención preventiva ilegal (en el caso del excanciller Ricardo Patiño, por pronunciar un discurso que no le gustó al Gobierno).
Dado que Washington controla la toma de decisiones del FMI para este hemisferio, el Gobierno de Trump y el FMI están implicados en la represión política en Ecuador, así como en el intento más amplio de reconvertir la economía y las políticas del país en lo que a Trump y Pompeo les gustaría ver, pero por la que la mayoría de ecuatorianos no votaron.
Todo esto proporciona aún más razones para que haya una reforma seria en el FMI, comenzando por convertirlo en una institución más multilateral, como pretende ser. En los últimos 20 años, el Congreso de Estados Unidos —que se encarga de aprobar los aumentos de fondos para el FMI— ha intervenido en contadas ocasiones para eliminar algunos abusos. Por ejemplo, a principios de la década del 2000, millones de niños pobres en África obtuvieron acceso a la educación primaria y a la atención médica porque el Congreso de EEUU impidió que el FMI y el Banco Mundial exigieran a los gobiernos el cobro de tarifas a los usuarios de estos servicios básicos; algo que estas instituciones habían estado haciendo por años.
Es casi un hecho que en las próximas semanas el FMI elegirá un nuevo europeo, rico y blanco, para dirigir la institución. Los miembros progresistas del Congreso, preocupados por lo que la política exterior de Estados Unidos le hace al resto del mundo, deberían intervenir exigiendo algunas reformas.
Traducción por Francesca Emanuele.
Este artículo fue publicado por Página/12 el 16 de septiembre de 2019. Una versión de este artículo fue publicada en inglés por The Guardian el 27 de agosto de 2019. Si el texto a continuación aparece distorsionado, por favor pulse aquí para una versión sin errores de formato. Para ver la versión original en inglés, por favor pulse aquí. Si desea publicar este artículo, por favor infórmele a CEPR respondiendo a este mensaje. Si este correo electrónico fue enviado a usted por un tercero, suscríbase a las listas de correo electrónico de CEPR.
Mark Weisbrot es codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, DC. También es autor del libro "Fracaso. Lo que los 'expertos' no entendieron de la economía global" (Akal, Madrid, 2016).
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