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domingo, 16 de mayo de 2021

Colombia: ¿La Guerra o la Paz? 1ra y 2da parte.

Por: Tony López R.

La urgente necesidad de que Colombia logre la paz, está condicionada a que se realicen profundos e importantes cambios estructurales. Esa oportunidad la desperdiciaron cuando el gobierno de Iván Duque incumplió con los Acuerdos de Paz, firmados el 26 de noviembre del 2016 en Bogotá, Colombia.

No es el presidente Nicolas Maduro el causante de los acontecimientos en Colombia, como anunció desde Miami el presidente de Ecuador, Lenin Moreno sin ninguna ética, irresponsable y cobardemente, sin presentar una sola prueba todo para congraciarse con Estados Unidos. Tampoco el castrochavismo, ni Nicaragua, como señalan algunos derechistas medios de prensa en Miami y en América Latina. Analicemos seriamente los orígenes y las causas de este lamentable conflicto.

El verdadero origen y causa de la explosión social en Colombia se ha provocado por la propuesta del gobierno de la Ley Tributaria, pero no es la causa ni origen de estos grandes reclamos del pueblo. Estas deudas vienen de muchos años acumulados de injusticia social, política, económica y militar. La oligarquía colombiana está negada a realizar los cambios y la actual sublevación popular solo vienen de esa profunda crisis.

Los cambios que hoy exige la ciudadanía, se han venido planteando no solo a este gobierno, ha sido a la mayoría de los gobiernos, que tutelado por la oligarquía y apoyados por los grandes intereses de Washington, son los que llevan la rienda del poder, desde hace 190 años en Colombia. Basados en una Constitución, bipartidista (liberal-conservadora), aprobada en agosto de 1886, que reinó en Colombia por 105 años, la sociedad colombiana ha sido testigo de los más abusivos y horribles sucesos al amparo de ella.

La guerra de los mil días, un fratricida enfrentamiento entre liberales y conservadores, que dio paso a gobiernos conservadores y estos, entregaron a EEUU, el territorio istmeño y dio origen al nacimiento de la República de Panamá y a EE: UU de apropiarse del Canal de Panamá, que constituía su principal objetivo económico, comercial y militar y la razón por la que alentaron esa guerra.

En los 30 años que gobernaron los conservadores, a inicios del siglo XX, se provocaron graves enfrentamientos con los liberales, las masacres de cientos de obreros a fines del 20 en las bananeras costeñas y el asesinato del general Rafael Uribe Uribe, un prestigioso líder liberal que abrazaba las ideas socialdemócratas, la violencia y odio caracterizaron estas tres décadas. El desprestigio conservador, facilitó el triunfo del liberal Enrique Olaya Herrera, que ganó la presidencia en 1930 y en 1934 le sucedió el liberal Alfonso López Pumarejo.

El gobierno liberal de Olaya se caracterizó por dictar varias leyes de carácter social, ganó la simpatía, pero también la fuerte oposición del senador conservador Laureano Gómez. La ley, que más preocupó a los conservadores y a sectores de la derecha liberal, fue la de dominio y posesión de las tierras. Esa ley abría las puertas a una reforma agraria, ley que fue aprobada en el gobierno de López Pumarejo (1934-38). La oligarquía latifundista feudal, liberal-conservadora, le declaró la guerra a la Revolución en Marcha, con una gran ola de violencia y el gobierno no pudo realizar su programa político social.

Los gobiernos de Eduardo Santos de 1938-42 y de Alfonso López Pumarejo de 1942-45 fueron sacudidos por las peleas internas dentro del Partido Liberal. Las contradicciones se hicieron tensas para elegir al candidato presidencial que por este Partido se presentaría en las elecciones para el periodo 1946-50. El prestigioso líder antimperialista, revolucionario y liberal Jorge Eliecer Gaitán, era uno de los dos candidatos, una maniobra de la derecha de ese Partido impidió que fuera Gaitán y llevaron como candidato a Gabriel Turbay Turbay, quien fue derrotado por el conservador Mariano Ospina Pérez.

Los gobiernos de Ospina Pérez, (1946-50) y de Laureano Gómez (1950-51) y Rafael Urdaneta (1951-53) fueron los gobiernos más horrorosos de aquella época en Colombia. La fuerte oposición a esos gobiernos conservadores, provocó miles de asesinatos contra los liberales gaitanitas, el punto más álgido de ese periodo y para impedir que Jorge Eliecer Gaitán ganara la presidencia de la república, el 9 de abril de 1948 fue asesinado.

Una conspiración de la oligarquía liberal conservadora, en total complicidad con Estados Unidos y en medio de una desenfrenada política macartista, bajo la “doctrina Truman”, decidieron eliminar al gran líder revolucionario Jorge Eliecer Gaitán. Su asesinato provocó una de la más grandes explosiones violentas y sociales que recuerde la historia colombiana, conocida como “El Bogotazo”. La falta de un liderazgo liberal y el arreglo de las elites político liberal-conservador, con el presidente Ospina Pérez y Laureano Gómez, puso en evidencia la complicidad en ese criminal magnicidio.

Luego de este luctuoso suceso, se arreciaron en Colombia las persecuciones y crímenes contra, el cada vez más creciente movimiento liberal gaitanista, fue una labor de exterminio a mano de los paramilitares, en esa época conocidos como “pájaros”, “chulavitas” y “aplanchadores” todos miembros de la fuerza pública, especialmente de la policía o para-policial. La política de odio, era tan grande que, hasta las mujeres embarazadas liberales gaitanistas, eran ejecutadas y sus fetos extraídos de sus vientres y acuchillados para que no sobrevivieran.

Mientras Juan de la Cruz Varela importante líder agrario, liberal y gaitanista, tomó distancia con la dirección liberal, cuando estos pactaron con el presidente Ospina Pérez. Frente a la gran represión los liberales gaitanistas y comunistas entre ellos Varela, organizaron en sus defensas las guerrillas liberales y comunistas que operaron en el Tolima, en el Sumapaz y los Llanos orientales. Mientras que en Santander del Sur y el Magdalena Medio las guerrillas el mocho Rafael Rangel enfrentaron las criminales acciones de la violencia oligárquica.

La ola de violencia y la continuidad y fortalecimiento de las guerrillas liberales y comunistas en ese periodo y las insatisfacciones de la sociedad y de un sector militar, facilitó el golpe de Estado Militar el 13 de junio de 1953, que llevó al general Gustavo Rojas Pinilla a encabezar el gobierno de facto.

El mandato de Rojas Pinilla, tampoco logró solucionar la crisis, a pesar de la amnistía que otorgo a las guerrillas que duró dos años, en abril de 1955 producto de una fuerte represión contra los campesinos de la zona en Villarrica, Tolima, los campesinos resistieron, y se abrió un frente guerrillero en la zona de Cabrera y la guerra se traslado al Alto Sumapaz, guerra donde Varela se convirtió en el líder y jefe de una guerrilla con militantes gaitanistas y comunistas.

Mientras que Guadalupe Salcedo con las guerrillas de los Llanos, continuo operando, hasta que Rojas Pinilla fue depuesto y la Junta Militar que asumió, dictó una amnistía y Juan de la Cruz Varela quien desde 1950 militaba en el Partido Comunista, aceptó parar la lucha armada, también lo hizo Salcedo, pero este fue engañado y le hicieron ir a Bogotá para negociar y fue asesinado.

Con la caída el 10 de mayo de 1957 del general Rojas Pinilla, se produjo un acuerdo con la Junta Militar, que formó un gobierno paritario entre liberales y conservadores, gracias primero a los acuerdos en 1956 de Benidorm, en Barcelona, España, que habían logrado el liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez. Esos acuerdos dan lugar al Pacto de Sitges y conforman el Frente Nacional, que acuerdan la alternancia en el gobierno de ambos partidos. Las elecciones celebradas en 1958 eligen a Alberto Lleras Camargo, quien gobierna hasta 1962 y es sucedido por el conservador Guillermo León Valencia. El Frente Nacional solo duró 16 años, terminó en 1974.

En el gobierno del liberal Alberto Lleras Camargo, se producen dos hechos que deben ser recogidos, en el mismo año que fue elegido, se trató de una importante división en el partido liberal encabezada por Alfonso López Michelsen, corriente política progresista, que adoptó el nombre de Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) y que cuestionaba fuertemente al Frente Nacional.

Por otra parte, los atropellos por ex guerrilleros liberales devenidos en bandoleros, liderados entre otros por Jesús María Oviedo, alias “Mariachi”, sirviéndole a los terratenientes, atacaba a los campesinos pobres. El líder comunista y miembro de su Comité Central, Jacobo Prias Alape c/p Charro Negro, los enfrentó, pero “Mariachi” le tendió una trampa y lo asesinó. Este acontecimiento producido en 1960, prendió las alarmas y atizó la violencia en ese periodo.

En ese periodo, siendo líder en el Congreso el conservador Álvaro Gómez Hurtado, apoyo a la oligarquía agraria y comienzan a crear conflictos con los campesinos de diversas zonas del país, pero principalmente en el Tolima, Huila, Cundinamarca y comenzaron a ser atacados por sicarios y paramilitares, en respuesta a esa política, se crearon las Autodefensas Campesinas.

El senador Álvaro Gómez acusó a estos campesinos de haberse convertido en unas “republiquetas independientes” y dio lugar a que en 1964, el gobierno de León Valencia con el apoyo del Congreso, decidió utilizar a las Fuerzas Militares, en esta ocasión con un fuerte apoyo de Estados Unidos, bajo el nombre del Plan LASO.

Esa intervención militar con un fuerte ataque a la zona de Marquetalia, y la heroica defensa de ese territorio, dio origen a que el 27 de mayo de 1964 surgiera el movimiento guerrillero FARC, (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) Mientras que un 4 de Julio, se fundó en la zona de Laputana, Santander del Sur, el Ejercito de Liberación Nacional (ELN). Las FARC comandado por el legendario guerrillero Pedro Antonio Marín (Manuel Marulanda Vélez) y el ELN por el comandante Fabio Vázquez Castaño.

Hasta aquí una muy apretada síntesis de los sucesos de violencia, explotación, abusos contra el campesinado y el pueblo colombiano pueblo que, en Colombia de acuerdo a informaciones oficiales, entre los años 1948 y 58 en diez años, 300,000 mil muertos. Las investigaciones del Grupo de la Memoria Histórica, permiten confirmar que los muertos entre 1958 al 2012 ascienden a 220.000. Todas estas lamentables perdidas, solo recoge la de los fallecidos, pero no los miles de desaparecidos y heridos.

No fue hasta 1991 cuando luego de las negociaciones de paz con el movimiento revolucionario y guerrillero AD-M-19, que se iniciaron conversaciones con el gobierno liberal de Virgilio Barco y lo continuó César Gaviria. Nunca una negociación de la insurgencia había logrado tantos beneficios de carácter jurídico, civil y público. La Constitución del 91 puso fin al cinturón de hierro que representaba la vieja carta magna de 1886, que solo amparaba los intereses de la oligarquía.

La Constitución del 91 abrió el espacio democrático y el ordenamiento judicial del país. Se crearon las siguientes instituciones jurídicas, Fiscalía de la Nación, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral y Contraloría Nacional. Todo comenzó a funcionar muy bien en los primeros años, de su aplicación, pero está, se fue extinguiendo y deformando con el tiempo. En el periodo de mayores cambios internos a la Constitución, lo fue a partir del 2002, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

En todos estos años, el país ha vivido de un conflicto en otro y es ahí donde están las causas y razones que vienen acumuladas desde hace muchos, pero muchos años, que se agudizaron luego del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948. En la segunda parte de este artículo, abordaré el periodo del 2000 hasta la fecha. Pero lo que sí queda claro, que no hay ninguna fuerza extranjera, ni militar ni política latinoamericana, que tenga que ver con este estallido social y político en Colombia. Las únicas fuerzas extranjeras y militares en Colombia, son las unidades de la 82 división, que Estados Unidos tiene posesionadas e ilegalmente ocupando parte del territorio en esa Nación. Si alguien tiene dudas de la ilegalidad que le pregunten a Tribunal Superior de Cundinamarca y al Senado de la Nación. De eso no habló en la CNN el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, solo culpo a la Disidencia de las FARC, al ELN, a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Es la forma de los culpables y cobardes de desvirtuar la realidad y los medios de prensa como la CNN de proporcionar las falsas noticias.

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En la primera parte de este artículo entregué información que explica de manera resumida los orígenes y causas de conflicto interno en Colombia y se identifican claramente los culpables. Ha sido la oligarquía colombiana, que, basada en la Constitución de 1886, fue el blindaje jurídico para favorecer un Estado de Derecho al servicio de la burguesía. Con un dominio político bipartidista de Liberales y Conservadores.

Tal como ya señalé en el primer parte, los males de Colombia, su origen y causas vienen de una llamada democracia, que de ella solo tiene el nombre, porque realmente los llamados tres poderes, Judicial, Legislativo y Ejecutivo están en función de favorecer los intereses de la oligarquía nacional y trasnacional, muy especialmente las empresas estadounidenses y en detrimento de la nacionales.

El sistema judicial colombiano, aún no ha podido dar respuesta a lo sucedido con las familias campesinas que, en estos 75 años de guerra interna, han sido víctimas de una sistemática política de violación de sus derechos civiles y humanos. Del despojos y desplazamiento que han sufrido y sufren de sus tierras y que van a parar a manos de los terratenientes y de los narco-paramilitares, con la complicidad de los agentes del estado. Una política que se acrecentó luego que se firmaran los Acuerdos de Paz de La Habana.

La desmovilización de las FARC-EP y abandono de territorios que estaban bajo el dominio de esta organización y cuyos pobladores eran respetado y atendidos por la insurgencia. La mayor parte de ellos han tenido que abandonar sus tierras, acusados de colaboradores de la guerrilla y sus tierras han ido a parar a manos de los narco-paramilitares, quienes representan los intereses de los grandes terratenientes, la mayoría vinculados al negocio del narcotráfico.

Judicialmente no se toman medidas, ni se aclaran los hechos y más grave aún, quienes reclaman, los asesinan y desaparecen a sus familias, estos despojos y crímenes, sucedían desde hace muchos añosm pero se acrecentaron el gobierno de Uribe, Santos y suceden en el actual gobierno de Duque, a pesar de la llamada ley de Justicia y Paz.

Hoy cuando el presidente Iván Duque siguiendo los dictados de su protector el ex senador Álvaro Uribe Vélez, ordenó sacar a la policía y al ejército a la calle para reprimir al pueblo esta ha sido no solo brutal, sino siguiendo la orden del ex senador Uribe Vélez de tirar a matar, ha sido criminal. La represión ha sido despiadada, al día de hoy 15 de mayo que se conozca, han provocado más de 50 personas muertas, la mayoría jóvenes, abusos sexuales, al extremo que una niña de 17 años en Popayán, fue, vejada y violada, por cuatro miembros del ESMAD, ante tal humillación ella se suicidó. Paradójicamente esa niña resultó ser la hija de un policía. Descaradamente el jefe de la Policía en la 4ta región, el general Ricardo Alarcón, desmiente y señaló que es para mancillar a ese cuerpo armado. Pero la niña los acusa y dejo escrito lo que le hicieron.

Se calcula al día de hoy que unos 750 desaparecidos y más de 900 detenidos y de 1500 hechos de violencias contra ciudadanos y viviendas particulares, todo documentado. El senador Iván Cepeda, junto con un grupo de ONG, han presentado una acusación ante la Corte Penal Internacional, contra el presidente Iván Duque, el ministro de Defensa, y los Comandante en Jefe de la Policía y Ejército Jorge Vargas y Enrique Zapateiro y entregado esa documentación.

Lo sucedido ayer en el puente de Buga, que une a Cali, con el occidente, desde un helicóptero ametrallaron a la población, que tenían un bloqueo en el puente. Se desconoce los daños ocasionados tanto en personas como material. Ante la sublevación en Popayán por la violación de la niña, hoy, el ministro de defensa Diego Molano, arribó a eta ciudad, acompañado de 800 militares que llegaron en 10 vuelos de C-130, a la capital del Cauca, para controlar militarmente la cuidad, como el propio ministro declaró y precisó que él ha quedado a cargo de ese control.

El colmo del cinismo y el insulto a la inteligencia del pueblo colombiano, Ha sido lo publicado por la revista Semana, bajo el sugerente título: “Exclusivo” el documento de Inteligencia que advirtió en el 2019 lo que se está viviendo en Colombia. Un informe Secreto y de uso exclusivo del Estado y al cual tuvo acceso la directora de dicha publicación Vicky Dávila”.

Según esta publicación el Plan conocido por los servicios especiales colombianos, el objetivo es “desestabilizar al gobierno de Iván Duque, generando una crisis de gobernabilidad y donde se daba una proyección con vista a las elecciones del 2022, para favorecer a un candidato de izquierda”. El documento señala “un plan donde aparecen grupos armados, de seis organizaciones nacionales y 17 regionales afines al ELN y diez entidades de carácter nacional y 27 de orden regional afines a la “disidencia” de las FARC”.

Es un informe detallado, señala la periodista, de todo lo que está sucediendo y que busca con ello, tumbar el gobierno de Duque, creando dice “insurrecciones parciales” advierte el informe SECRETO. “Estas insurrecciones y movilizaciones provocarían la caída del gobierno y en su lugar promover el ascenso al poder de un candidato de izquierda”.

Resulta inaudito que con los graves incidentes provocados por la orden del presidente Iván Duque, de militarizar el país, y que siguiendo las ordenes de Álvaro Uribe Vélez, de tirar a matar contra los manifestantes, y que la policía y ejército hayan causado muertes, heridos, desaparecidos y abusos sexuales, vengan a utilizar la fabricación de una gran mentira que, en términos profesionales, de los servicios de inteligencia es lo que llaman una MEDIDA ACTIVA. La que se utiliza precisamente para contrarrestar o respaldar las acciones cometidas por la fuerza pública, culpando a terceros que es el objetivo de este documento.

Si fuera cierto que la inteligencia colombiana tenía esta información desde hace dos años, por razones de seguridad nacional, el carácter SECRETO pierde sentido, por estaba en peligro la estabilidad de la nación. El gobierno estába obligado a convocar a una conferencia de prensa y dar a conocer el plan, con sus detalles, políticamente confrontaba a los conspiradores y sin un solo disparo, lograba derrotarlos y obtenía redito político a su favor. Ese cuento no se lo cree ni la abuela. Como explica el Presidente, haber guardado un SECRETO COMO ESE POR DOS AÑOS. Sencillo, no podía, porque no existía la información y ahora con esta crisis, la fabricaron y Vicky Dávila les hizo el trabajo sucio.

Pero lo que si queda claro, es que utilizando a la revista Semana, la que desde hace un buen tiempo, ha venido sirviendo al Gobierno y a su servicio de Inteligencia, para divulgar Noticias Falsas es crear y afirmar la matriz de opinión de que lo que sucede en Colombia es culpa del terrorismo y al vincularlo al terrorismo y a los “vándalos” hay que usar a la fuerza pública y en esta ocasión, ha ido muy lejos, usando a la policía y al ejército contra el pueblo.

Duque y Uribe tienen que justificar su política, acusando a la insurgencia colombiana del ELN, de las FARC_EP, a las organizaciones sociales y políticas de la izquierda, al sindicalismo, y a los países que en la región no obedecen las ordenes de Washington, como Venezuela, Cuba y Nicaragua, siempre lo hicieron. Son tan inconsecuentes y desagradecidos que cuando han tenido el agua al cuello, le han pedido ayuda a Venezuela y Cuba y eso lo sabe muy bien Álvaro Uribe Vélez, que acudió a ambos países a pedir apoyo en momento críticos que tuvo que afrontar.

Nunca reconocerán que la aplicación radical del modelo económico neoliberal, ha llevado a un país rico a empobrecerlo, a llevar a la ruina a la clase media rural y urbana, incluso afectando al campo y a la industria nacional, todo para favorecer a las transnacionales. De 50 millones de habitantes, el 42.5 por ciento vive en la pobreza y más de 10 millones en la extrema pobreza, un país donde los jóvenes no tienen futuro con graves afectaciones de vivienda y de servicio de salud. La Pandemia ha revelado el nivel de indefensión a que está sometido el humilde pueblo colombiano mas de 3 millones de infestados y más de 100, 000 fallecidos, así lo demuestran.

En el tercer y último artículo abordaré otros temas, que son muy importante conocer, para profundizar en las razones que tiene ese pueblo semejante demostración de movilización y fuerza de masas, pese a la criminal represión de la policía y el ejército.



(*) Periodista, politólogo y analista internacional.

La Habana, Cuba, 15 de mayo del 2021. 22.00 hrs.

domingo, 9 de mayo de 2021

Colombia en llamas: el fin del neoliberalismo será violento. Comentario HHC


Por Boaventura de Sousa Santos, Público

Colombia está en llamas. Actualmente es uno de los países con más muertos por covid-19, ocupando el cuarto lugar en la región después de Estados Unidos, Brasil y México, teniendo hasta la fecha tan solo el 3,5% de la población totalmente vacunada y siendo parte de los países que se niegan a apoyar la solicitud de liberación de las patentes de las vacunas. Es también el país que en 2020 tenía el 42,5% de su población en condición de pobreza monetaria y el 15,1% de la misma en condición de pobreza monetaria extrema. A estos datos mínimos pero significativos le podemos sumar que, tras la firma del acuerdo de paz de 2016, se han asesinado entre 700 y 1.100 personas defensores y defensoras de derechos humanos (las cifras varían entre las ONG y las instituciones gubernamentales).

Las zonas que antiguamente fueron de dominio de las FARC-EP hoy están en disputa por parte de distintos grupos armados ilegales, los cuales no solo buscan intereses económicos (narcotráfico, minería ilegal) sino que también traen consigo un horrible y sangriento interés por el control sobre la población civil, afectando gravemente el tejido social y dando como resultado que esto es sólo la punta del iceberg del nuevo panorama que atraviesa el país.

Es en este contexto, y tras casi tres años bajo el gobierno de una derecha opositora al acuerdo de paz en medio de una pandemia que ha matado a miles de personas, en el que pueblo trabajador ha salido a las calles a levantar su voz en contra de una anunciada reforma tributaria que buscó, bajo la lógica del Gobierno, recaudar 23 billones de pesos (algo cercano a 6.300 millones de dólares) para mejorar las finanzas públicas y financiar los programas de asistencia social. Si bien es cierto que el país necesita mejorar su sistema tributario, esta reforma planteaba aumentar el número de personas que declaran y pagan impuestos sobre la renta con el aval, la visión y el marco conceptual del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Plantear la idea de que más personas sean las encargadas de tributar y financiar los gastos del Estado, en teoría, no suena descabellado, es más, llevaría a pensar que serían las personas de altos ingresos quienes más pagarían impuestos teniendo en cuenta los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria consagrados en la Constitución Política de Colombia. Pero, según los datos del Banco Mundial, Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina (el índice GINI es de 51,3), reflejando una política fiscal inadecuada y regresiva que posibilita una alta concentración del ingreso y la riqueza, y ocasiona por ello un menor desarrollo, dado que los ingresos y la riqueza se quedan en manos de un porcentaje muy pequeño de la población. La reforma planteada, se uniría al largo y complejo sistema tributario del país que no refleja una verdadera política progresiva y que está lleno de beneficios tributarios dirigidos a las personas con mayores ingresos.

Podríamos afirmar que a partir de 2016 el pueblo trabajador ha inundado las calles y plazas de Colombia exigiendo la defensa de la paz y el cumplimiento de los acuerdos, la protección de los líderes sociales y la solidaridad con quienes han sido asesinados, así como el rechazo a propuestas de modificación de los regímenes pensionales, laborales y tributarios. Así, en los últimos cinco años Colombia ha visto sus calles recorridas por jóvenes, mujeres, indígenas, afros, docentes, pensionados y estudiantes que han generado hechos insólitos como una de las mayores manifestaciones en el país desde la década de 1970, como lo fue la llevada a cabo el 21 de noviembre de 2019 (21N).

Gracias a este empoderamiento popular, y a pesar de la pandemia de la covid-19, Colombia volvió a marchar del 9 al 21 de septiembre de 2020 para protestar en contra del abuso policial, del mal manejo del Gobierno ante la crisis económica y social provocada por la pandemia y para sentar una voz que dijera basta ya a las masacres en el país, las cuales no tuvieron tregua a pesar de las medidas de confinamiento. En especial hay que subrayar la Minga (movilización indígena) del suroccidente colombiano, ocurrida en octubre de 2020 liderada por las organizaciones indígenas, que emocionó por sus consignas y valentía y que logró movilizar a una gran parte de la sociedad en torno a sus exigencias tras su recorrido por el país, logrando la opinión favorable de millones de personas que los recibieron calurosamente en cada ciudad durante su viaje hasta la capital.

Bajo este panorama el pueblo decidió a partir del 28 de abril (28A) de 2021 marchar en contra de la reforma tributaria y del gobierno indolente. La represión de las fuerzas policiales es brutal. El malestar ciudadano ha sido objeto de estigmatización y represión por parte de la fuerza pública, lo que ha llevado a que distintas organizaciones de derechos humanos registren entre el 28 de abril y el 5 de mayo un total de 1.708 casos de violencia policial, 381 víctimas de violencia física por parte de la Policía, 31 muertes (en proceso de verificación), 1.180 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 239 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 31 víctimas de agresión en sus ojos, 110 casos de disparos de armas de fuego por parte de la Policía y 10 víctimas de violencia sexual por parte de fuerza pública. De igual manera, la Defensoría del Pueblo (la figura del ombudsman en Colombia) señaló que se registraron 87 quejas por presuntas desapariciones durante las protestas del Paro Nacional del 28A.

Lo que empezó como una fuerte oposición a una reforma impopular y a un ministro de Hacienda que desconocía el valor de una docena de huevos (y en general de toda la cesta de la compra familiar), ha escalado al punto de no solo lograr que se retire dicha reforma en el Congreso y que dicho ministro renuncie, sino que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, ha propuesto un espacio de diálogo con distintos sectores de la sociedad civil, diálogo que hasta el momento parece ser solo entre las élites del país, desde arriba, y nunca desde abajo. Las organizaciones sociales saben por experiencia que de este Gobierno nada bueno hay que esperar, pero como siempre lo han hecho no se rehúsan al diálogo. La primera victoria del movimiento ciudadano en las calles sobre la retirada de la reforma no llegó pacífica o gratuitamente. Además de las cifras antes mencionadas y recolectadas por las ONG del país, el presidente Duque anunció la militarización de Colombia antes de ceder al clamor social. A partir del 1 de mayo, las redes sociales y las calles colombianas han visto el horror de un despliegue militar típico de un estado de excepción dictatorial, con la Policía disparando en contra de manifestantes pacíficos y desarmados. Esta ha sido quizás la respuesta más violentamente represiva en tiempos de pandemia a nivel mundial.

Particularmente en Cali las protestas tuvieron una intensidad muy especial debido a la movilización de las organizaciones indígenas después del cruel asesinato de Sandra Liliana Peña, gobernadora indígena de apenas 35 años que proponía la recuperación de los conocimientos tradicionales y rechazaba la presencia de todos los actores armados en su territorio. Esta ciudad es el segundo centro urbano más negro de América del Sur, llena de contradicciones y luchas, y que ha visto cómo reprimen a su pueblo de la forma más aberrante posible. La situación es tal que, en medio de una reunión pacífica y retransmitida en directo por las redes sociales, se puede observar al escuadrón antidisturbios haciendo presencia para dispersar la manifestación, causando la muerte de un joven frente a más de 1.000 espectadores que observaban a través de internet. Desde Siloé, una comuna (favela) de Cali, se denunció también que durante la noche del 4 de mayo no se pudo acceder al servicio de internet en la zona.

La débil respuesta a la violencia policial por parte de las instituciones colombianas (tanto administrativas como judiciales) ha dado lugar a que civiles armados amenacen (y en ocasiones disparen) a los manifestantes bajo la idea de que son "vándalos" y "terroristas". En Cali, los estudiantes hicieron circular el siguiente "diálogo": "Tenemos 25.000 armas", gritaba un hombre vestido de blanco desde su costosa camioneta aparcada frente a la Universidad del Valle (Univalle). "Nosotros tenemos una de las mejores bibliotecas del país", le contestó un estudiante. En Pereira, el alcalde promovía un "frente común" que incluyera a miembros de la seguridad privada, al Ejército y a la Policía para "recuperar el orden y la seguridad ciudadana", dando lugar a que un joven resultara herido con ocho balas y esté agonizando en un hospital de dicha ciudad.

¿Para dónde va Colombia?Esta pregunta es importante para Colombia, pero más allá de Colombia me parece ver en los recientes acontecimientos el embrión de mucho de lo que pasará en el continente y en el mundo en las próximas décadas. Claro que cada país tiene una especificidad propia, pero lo que pasa en Colombia parece anunciar el peor de los escenarios que identifiqué en mi reciente libro sobre el periodo postpandemia (El futuro comienza ahora: de la pandemia a la utopía. Madrid: Akal. 2021). Este escenario consiste en la negación de la gravedad de la pandemia, la política de sobreponer la economía a la protección de la vida, y la obsesión ideológico-política de volver a la normalidad aun cuando la normalidad es el infierno para la gran mayoría de la población.

Las consecuencias de la pandemia no pueden ser mágicamente frenadas por la ideología de los gobiernos conservadores; la crisis social y económica pospandémica será gravísima, sobre todo porque se acumula con las crisis que preexistían a la pandemia. Será por eso mucho más grave. Las políticas de ayuda de emergencia, por deficientes que sean, combinadas con el ablandamiento económico causado por la pandemia, van a causar un enorme endeudamiento del Estado, y el agravamiento de la deuda será una causa adicional para más y más austeridad. Los gobiernos conservadores no conocen otro medio de lidiar con las protestas pacíficas del pueblo trabajador en contra de la injusticia social que no sea la violencia represiva. Así van a responder y el mensaje va a incluir la militarización creciente de la vida cotidiana. Lo que implica el uso de fuerza letal que fue diseñada para enemigos externos. La degradación de la democracia, ya bastante evidente, se profundizará todavía más. ¿Hasta qué punto el mínimo democrático que todavía existe colapsará dando lugar a nuevos regímenes dictatoriales?

Este escenario no es especulación irrealista. Un reciente informe del FMI hace la misma previsión. Dicen los autores Philip Barrett y Sophia Chen* que las pandemias pueden tener dos tipos de efectos sobre la agitación social: un efecto atenuante, suprimiendo la posibilidad de causar disturbios al interferir en las actividades sociales, así como un efecto contrario que aumente la probabilidad de malestar social y por consiguiente se generen disturbios o protestas en la medida en que la pandemia se desvanezca. Lo que no dicen es que las protestas serán motivadas por las mismas políticas que el FMI y las agencias financieras promueven en todo el mundo. Es tanta la hipocresía del mundo en el que vivimos, que el FMI ignora u oculta las consecuencias de sus lineamientos. El pueblo colombiano merece y necesita de toda la solidaridad internacional. No estoy seguro de si la tendrán abiertamente de las agencias internacionales que dicen promover los derechos humanos, a pesar de que estos estén siendo violados tan gravemente en Colombia. Imaginemos por un momento que lo que está pasando en Colombia estuviese ocurriendo en Caracas, Rusia o cualquier otra parte del mundo declarado como no amigo de los Estados Unidos. Seguramente la Organización de Estados Americanos (OEA), el alto comisariado de la ONU y el Gobierno estadounidense ya estarían denunciando los abusos y proponiendo sanciones a los gobiernos infractores. ¿Por qué la suavidad en los comunicados emitidos hasta la fecha?

No se le puede escapar a nadie que Colombia es el mejor aliado de los Estados Unidos en América Latina, siendo el país que se ofreció para instalar siete bases militares estadounidenses en su territorio (situación que afortunadamente no ocurrió por intervención de la Corte Constitucional). Las relaciones internacionales en el presente viven el momento más escandaloso de hipocresía y parcialidad: solamente los enemigos de los intereses norteamericanos cometen violaciones de los derechos humanos. No es nuevo, pero ahora es más chocante. Las agencias multilaterales se rinden a esta hipocresía y parcialidad sin ningún tipo de vergüenza. Los colombianos, eso sí, pueden esperar la solidaridad de todos los demócratas del mundo. En su valentía y en nuestra solidaridad reside la esperanza. El neoliberalismo no muere sin matar, pero cuanto más mata más muere. Lo que está pasando en Colombia no es un problema colombiano, es un problema nuestro, de las y los demócratas del mundo.

Por el momento, las manifestaciones en Colombia no se ven próximas a finalizar y pese a que solo ha pasado una semana desde el inicio de las mismas, debemos insistir en superar el miedo que ronda las calles del país y en la esperanza de un futuro prometedor, más justo y en paz, para un país que ha querido terminar un conflicto de más de cincuenta años a través de un Acuerdo que agoniza bajo las garras del capitalismo abisal.

Comentario HHC: La hipocresía de la OEA, EEUU y Europa en relación a Colombia es inaudita, se esta demostrando que el respeto a los derechos humanos que tanto cacarean y hablan,  empieza y termina para ellos con sus intereses politicos. Solo tibias declaraciones.

Ni las nueve bases militares de EEUU en Colombia, ni la cortina de humo de expulsar a nuestro diplomatico, ni los intentos de culpar a Venezuela pueden impedir la justa rebeldia de ese pueblo. 

Pero cuando se trata de Cuba los fantoches voceros de EEUU se preocupan de los " derechos humanos". Un doble discurso infantil para incautos y apatridas. 




sábado, 8 de febrero de 2020

La inteligencia artificial, el nuevo aliado para desarrollar el agro colombiano


La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los principales aliados para impulsar la productividad del agro colombiano con herramientas que ayudan a mejorar el uso del suelo y con las que se espera aprovechar las más de 30 millones de hectáreas aptas para cultivar en el país.

El gerente general de la multinacional tecnológica IBM, Patricio Espinosa, dijo a Efe que la herramienta Watson empezó a funcionar en Colombia en abril de 2019 y desde entonces se han realizado más de 5.000 análisis de suelos en campos de todo el país.

"La tecnología hoy está más embebida en nuestro día a día que nunca. El agro se está transformando también, esa es una industria compleja porque es muy tradicional, cambiar el comportamiento del agricultor no es un tema fácil, pero cada vez más estamos viendo que están entendiendo los beneficios que la tecnología tiene", afirmó.

El ejecutivo explicó que con esta herramienta la compañía apuesta al agro debido al impacto social que el sector tiene, pues recordó que aporta entre un 4% y 6% del PIB del país y es el "sustento de un número importante de familias".

"Hoy el 20% de todas las hectáreas aptas están siendo cultivadas, estamos hablando de más o menos unos 40 millones de hectáreas, y apenas 8 están siendo cultivadas", destacó Espinosa.

ANÁLISIS EFECTIVO

Para mejorar los procesos y poder aprovechar cada hectárea del país, la compañía decidió aplicar Watson en el agro, una herramienta que también ha utilizado la banca e incluso la Fiscalía colombiana para mejorar sus procesos.

Con esta iniciativa, pionera en América Latina, los agricultores pueden tomar un pedazo de tierra de sus cultivos y enviarla a la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), en donde Watson la estudia y emite un análisis a los agrónomos de la entidad.

Después de esto, los expertos hacen una serie de recomendaciones a los campesinos colombianos sobre qué fertilizantes aplicar a sus suelos, lo cual ha beneficiado principalmente a los cultivos de aguacate y mora en varias regiones del país.

"A través de esa herramienta han triplicado la capacidad de producir recomendaciones, hoy ya se han procesado más de 5.082 nuevos casos para 120 cultivos" que impactan positivamente a 1.346 asociaciones y agricultores, agregó Espinosa.


Imagen: REUTERS/ Andy Clark

DESAFÍOS LATENTES

Espinosa resaltó que para desarrollar el agro colombiano existen principalmente dos desafíos: que el campo atraiga nuevos agricultores y que la tierra sea más productiva.

Para superar estas barreras, IBM apostó por la tecnología en el campo, con la que además de analizar la calidad del suelo prevén en una segunda fase generar información sobre el clima para que con inteligencia artificial se logre "predecir patrones de cómo va a ser y tomar las mejores decisiones".

"Esa información la estamos procesando y le ponemos inteligencia artificial para poder predecir patrones de cómo va a ser el clima y poder con base en eso tomar mejores decisiones, como una segunda fase de cómo utilizar el clima dentro de esto de mejorar la productividad", agregó.

Según un estudio de la compañía, tres de cada cuatro empresas están implementando inteligencia artificial en sus procesos y para 2025 el 20% de los supermercados del mundo utilizará la tecnología Blockchain para la seguridad de sus alimentos.

Con esta última herramienta, IBM espera además bajar el total de alimentos desperdiciados, pues en Colombia un tercio de la comida que se produce se desecha, lo que equivale a 10 toneladas al año.

"El agro colombiano no será igual después del uso de Blockchain y de la inteligencia artificial", concluyó Espinosa, quien afirmó que con estas prácticas se "puede generar un diferenciador en el consumo y en los patrones de consumo de los clientes".