El enfrentamiento a las ilegalidades del Ordenamiento Territorial y Urbanístico sigue siendo una deuda. Los resultados dados por el presidente del Instituto de Planificación Física (IPF), Samuel Rodiles Planas, así lo confirmaron durante su intervención en la Comisión de Industria, Construcción y Energía, que sesionó recientemente en el Palacio de Convenciones de La Habana
Instituto de planificación FísicaFoto:Internet
El enfrentamiento a las ilegalidades del Ordenamiento Territorial y Urbanístico sigue siendo una deuda. Los resultados dados por el presidente del Instituto de Planificación Física (IPF), Samuel Rodiles Planas, así lo confirmaron durante su intervención en la Comisión de Industria, Construcción y Energía, que sesionó recientemente en el Palacio de Convenciones de La Habana.
El titular del IBF aseguró que en 2018 se comenzó con 112 529 ilegalidades vinculadas con el Ordenamiento Territorial y Urbanístico, pero en el segundo semestre la cifra aumentó a 115 847 (3 318 más).
«Los gobiernos planificaron erradicar 21 723 ilegalidades a inicios de año y lograron, hasta el 31 de diciembre, eliminar un total de 20 495, lo que representa el 94 % del plan anual del país. Sin embargo, de enero a diciembre de 2018, por controles del Sistema de la Planificación Física (spf) se detectaron 20 376 nuevas ilegalidades, de las cuales hoy quedan pendientes unas 1 146», explicó Rodiles Planas.
Agregó que continúa sin poder detenerse en los consejos populares el surgimiento de nuevas ilegalidades, por conceptos paternalistas y tolerantes, y existe una limitada participación de las organizaciones de masas en el enfrentamiento de las mismas.
Igualmente, predomina la falta de exigencia, control y seguimiento por el Grupo de Enfrentamiento de los gobiernos municipales a los inspectores, lo que crea impunidad. Continúa siendo insuficiente la cohesión de trabajo entre las autoridades municipales, prevalece la justificación ante la acción inmediata, así como una deficiente divulgación a la población de las regulaciones urbanas aprobadas por los gobiernos municipales.
Al referirse al traspaso de funciones de Vivienda, Rodiles Planas aclaró que se han procesado 257 335 trámites constructivos, quedando pendientes: en término 9 521 y fuera de término 2 759. Continúan con mayor incidencia los Dictámenes Técnicos de Descripción, las Regulaciones Urbanas, los Certificados de Habitable por Remodelación y las revisiones de Proyecto.
Ante esta realidad, continúan existiendo deficiencias en la calidad de las microlocalizaciones elaboradas por las direcciones proviciales y municipales de Planificación Física. En las comisiones provinciales de Compatibilización de Inversiones no se logran sistematizar las visitas a las obras durante su ejecución y terminación, incidiendo esto último en la emisión de los Certificados de Habitables, fundamentalmente para las viviendas.
Se visibilizan reiterados problemas de calidad en la elaboración de la documentación de los servicios técnicos que se brindan a la población, y se incumplen los tiempos que establecen las normativas legales para los trámites y emisión de los documentos correspondientes.
Sobre todas estas incidencias, y de cara al 2019, el Presidente de dicho Instituto expuso entre sus principales proyecciones de trabajo aquellas encaminadas a aprobar nuevos instrumentos de ordenamiento territorial urbano, así como establecer e implementar los procesos y procedimientos para la confección y emisión de las certificaciones catastrales en función de agilizar los trámites a la población.
Realizar un ciclo de controles funcionales que abarque todas las provincias del país y no menos de 30 municipios, para igualmente velar por los términos de tiempo para la emisión de documentos; realizar revisiones técnicas y de control de funcionamiento en todos el país, y lograr una mayor capacitación y formación de especialistas en dicho campo; forman también parte de las acciones.
Ilegalidades más representativas y frecuentes:
- Violaciones de regulaciones urbanísticas y de proyectos.
- Construcciones, ampliaciones y reposiciones de viviendas sin la documentación establecida.
- Cambios estructurales de locales y construcciones de inmuebles sin la documentación establecida.
- Construcciones de obras para otros usos (trabajo por cuenta propia) utilizando autorizo expedido para vivienda.
- Ocupaciones de suelos con destino al turismo, la agricultura o la industria.
- Ampliaciones en áreas de uso común de edificios multifamiliares (cuartos, baños, cocinas y garajes).
- Construcción de viviendas sin un mínimo de urbanización, dando lugar a otras ilegalidades como la contaminación del suelo y el uso no autorizado del agua y la electricidad.
Esta propuesta integral de desarrollo de cara al 2030, no solo permitirá la toma de decisiones como nación, sino por sectores, provincias y municipios
Foto:Granma
El desarrollo económico y social de cualquier país no solo se sustenta en la creación de riquezas. Para esto es imprescindible la planificación espacial en sus diferentes escalas y Cuba ya dispone de ese instrumento, traducido en el Esquema Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT), que complementa el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.
¿De qué manera? Pues no solo es importante tener claro hacia dónde queremos y necesitamos ir, como se precisa en los documentos programáticos aprobados en el 7mo. Congreso del Partido, sino de qué forma materializar los proyectos desde el punto de vista territorial. Y en esto precisamente es indispensable el enot, aprobado por el Consejo de Ministros en las postrimerías de 2018.
Resulta herramienta de obligatorio cumplimiento, de la que dispone la administración pública para, por primera vez, tener una mirada integral de los procesos con vistas a la toma de decisiones no solo como nación, sino replicada en sectores, provincias y municipios.
Entre las políticas está rehabilitar la infraestructura del transporte y modernizar la plataforma logística a partir del balance de carga generado por la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Foto: Ricardo López Hevia
Desarrollo con orden y disciplina
Rector metodológico del enot es el Instituto de Planificación Física (ipf), creado el 19 de mayo de 1960, a instancias del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, para responder a las transformaciones aparejadas al triunfo revolucionario, pues se buscaba un equilibrio entre las provincias y el avance equitativo en los sectores, en función de los planes económicos y sociales del país.
Desde entonces se hicieron estudios territoriales materializados en planes a corto y mediano plazos, con esos antecedentes llegó ahora a concretarse y aprobarse un instrumento que, en un término mayor de tiempo, ofrece las propuestas de ordenamiento de las estructuras de carácter socio-económico, político-administrativo y ambiental.
La aplicación de dicho esquema se imbrica con el trabajo realizado por el ipf desde hace varios años, en cuanto a las indisciplinas vinculadas con el ordenamiento territorial y urbano, tanto de la población como de las entidades.
Mediante el uso de la prospectiva estratégica se proyectaron posibles escenarios. Y teniendo en cuenta, entre otros elementos, las potencialidades, la distribución de las actividades económicas, los sistemas de asentamientos y las infraestructuras, fue asumido un modelo compuesto por cinco regiones, lo cual no significa que es donde único se llevarán a cabo las acciones previstas, solo que esas zonas son las de interés nacional y hacia ellas se dirigirán los recursos y las prioridades.
Región marítima: Conformada por la plataforma insular y la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México, contiene recursos naturales que constituyen potencialidades para el desarrollo y patrimonio cultural subacuático a proteger. Se incluye por primera vez dentro del planeamiento.
Región con alto nivel de diversificación productiva: Se localiza en el norte del país, desde Pinar del Río hasta Holguín y sur de Cienfuegos-Sancti Spíritus. Es la zona de mayor desarrollo hotelero, de la agricultura, puertos y ciudades industriales, procesos inversionistas asociados a cadenas productivas y de alto emprendimiento logístico.
Región agrícola: Abarca parte de las regiones occidental y central y las llanuras del valle del río Cauto y sus afluentes en la zona oriental. Comprende los mejores suelos y condiciones de disponibilidad de agua para producir alimentos. En estas se establecerán fuertes vínculos entre la agricultura y las empresas procesadoras asociadas y también para la combinación de la gestión estatal con la no estatal.
Región agropecuaria: Se dirigirá básicamente al autoabastecimiento alimentario y a potenciar los renglones exportables. La gestión de proyectos de desarrollo local será una de las fuentes de ingresos y se fomentará la gestión no estatal.
Región con condiciones para la conservación y el desarrollo de actividades productivas especializadas: Comprende toda la zona oriental, con presencia en la costa sur del centro y occidente del país. Es muy vulnerable a los eventos meteorológicos extremos y a los efectos esperados del cambio climático. Tiene una concentración significativa de áreas protegidas, de ahí la necesidad de mantener el equilibrio entre la producción y la conservación.
Constituye prioridad para Cuba fomentar la recuperación e incrementar el fondo habitacional para mejorar las condiciones de vida de la población. Foto: Ismael Batista Ramírez
Políticas y decisiones
Para implementar el modelo se estudiaron y proyectaron transformaciones territoriales, expresadas en 21 políticas y 75 determinaciones territoriales. Las primeras quedan estructuradas según establece el Acuerdo 7812/2015 del Consejo de Ministros y, por su importancia, se adicionan las referidas a la gestión para la reducción de riesgo y de adaptación al cambio climático.
políticas:
Potenciar el uso eficiente y sostenible del suelo agrícola según su agroproductividad y disponibilidad de agua; promover la recuperación de los suelos afectados por procesos dañinos.
Definir y desarrollar la actividad minera y de hidrocarburos de forma racional y en armonía con los compromisos territoriales.
Propiciar el uso eficiente del suelo destinado al crecimiento de los asentamientos humanos (urbanos y rurales) y de zonas de desarrollo socioeconómico. Se evitará para tal fin, el empleo de las tierras de alta agroproductividad, las zonas de recarga hídrica de las cuencas y otras definidas en normas jurídicas.
Potenciar el desarrollo de zonas con regulaciones especiales asociadas a los sitios de alta significación ambiental e histórico cultural y de desarrollo económico, así como los de interés para la defensa y la seguridad.
Promover polos productivos en los sectores estratégicos de desarrollo y las producciones claves en la sustitución de importaciones, potenciando el uso eficiente de las tecnologías, las capacidades productivas existentes y los recursos endógenos de cada territorio.
En ese sentido se propende fomentar dichas áreas y sus industrias procesadoras, principalmente en Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Ciego de Ávila y Camagüey.
Asimismo, consolidar los polos dedicados al arroz y su procesamiento, el desarrollo de la agroindustria azucarera, incluidos los derivados de la caña de azúcar y el incremento de la producción de alimento animal y la cogeneración de energía; modernizar y diversificar la industria forestal; fomentar la acuicultura, la camaronicultura y las áreas tabacaleras, además de reforzar la industria biofarmacéutica, y la asociada al software y la nanotecnología.
También se prevé asegurar el avance de la industria en 26 zonas identificadas, especialmente en el Mariel, La Habana, Matanzas, Santa Clara, Cienfuegos, Holguín, Moa y Santiago de Cuba.
Desarrollar la actividad turística, potenciando la creación de nuevas modalidades que aprovechen los recursos endógenos y atractivos turísticos locales.
Es decir, el esquema propone mantener el turismo de sol y playa, sobre todo en la costa norte del país, e incluye favorecer otras modalidades como el de naturaleza, de salud y el cultural, asociado este último, en lo fundamental, a valores de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad.
Promover el cambio de la matriz energética, en correspondencia con las necesidades y potencialidades de los territorios, utilizando fuentes de energía renovable que garanticen su eficacia y reposición sistemática.
Rehabilitar la infraestructura del transporte y modernizar la plataforma logística a partir del balance de carga generado por la Zona Especial de Desarrollo Mariel; fortalecer los nodos multimodales asociados a la conectividad de los corredores técnicos principales, con prioridad del ferrocarril sobre el resto de los medios de transportación.
Promover y potenciar el desarrollo de las infocomunicaciones como soporte tecnológico del desarrollo económico y social territorial.
Continuar la distribución racional de las instalaciones de servicios sociales y su recuperación constructiva para la elevación del nivel de vida de toda la población, con énfasis en la atención integral a grupos vulnerables en ambientes seguros.
En ese sentido, el esquema propone, entre otras tareas, priorizar los asentamientos humanos vinculados a los polos productivos fundamentales e incrementar las casas de abuelos y hogares de ancianos en las ciudades principales, los centros intermedios y en las cabeceras municipales priorizadas, con alto nivel de envejecimiento; inicialmente en La Habana, Santa Clara, Sancti Spíritus y Matanzas.
Propiciar una distribución de la población que responda a las necesidades del desarrollo económico y a las potencialidades del territorio y, de ser necesario, intencionar migraciones hacia lugares que lo requieran, previéndose las condiciones para su asentamiento.
Fortalecer el funcionamiento del sistema de asentamientos humanos en sus tres niveles superiores (capital del país, ciudades principales y ciudades intermedias), con las jerarquías de servicios correspondientes y empleo diversificado, con accesibilidad adecuada para la población tributaria, mejorando la calidad de vida de esta.
En cuanto a las ciudades principales (Santiago de Cuba, Santa Clara, Camagüey y Holguín) se plantea priorizar su desarrollo como centros interprovinciales y provinciales, para satisfacer las necesidades de la población en servicios altamente especializados y acceso a la actividad económica.
Asimismo, a los centros intermedios diferenciados hasta ahora y con preeminencia para aquellos vinculados a las zonas de mayor desarrollo, se propone promover otros siete hacia dicha función territorial: Consolación del Sur (Pinar del Río), Bauta (Artemisa), Jovellanos (Matanzas), Guáimaro (Camagüey), Amancio (Las Tunas), Niquero (Granma) y San Antonio del Sur (Guantánamo).
Garantizar la movilidad entre los diferentes niveles del Sistema de Asentamientos Humanos, mejorando el acceso de la población rural y los asentamientos urbanos de base con sus cabeceras municipales y el estado técnico de la vialidad automotora y ferroviaria de interés nacional y provincial, priorizando la transportación pública de pasajeros.
Desarrollar estructuras urbanas compactas que garanticen el máximo aprovechamiento del potencial de crecimiento interno de las ciudades y demás asentamientos, incrementando las densidades y la utilización de las redes técnicas y los servicios.
Fomentar la recuperación e incremento del fondo habitacional para mejorar las condiciones de vida de la población.
Preservar los paisajes naturales y antropizados asociados a las infraestructuras agroindustriales tradicionales.
Mejorar la imagen de los asentamientos actuales con diseños arquitectónicos y urbanos de calidad, integrados al entorno; con intervenciones que reflejen el espíritu local y universal con respeto a lo existente.
Reducir la vulnerabilidad de los territorios, asentamientos humanos, infraestructuras e instalaciones socio-económicas, amenazados por sismos, eventos hidrometeorológicos extremos y la elevación del nivel medio del mar por el cambio climático.
Entre otras determinaciones se plantea reubicar los 15 asentamientos amenazados con desaparecer de cara al 2050 por impacto del cambio climático, localizados en las costas sur de Artemisa y Mayabeque, y en la costa norte de Villa Clara. Asimismo, reasentar otros que sufren afectaciones permanentes o parciales, lo cual se corresponde con las acciones estratégicas de la Tarea Vida.
Gestionar los recursos hídricos del país, así como la infraestructura hidráulica independientemente de quien la use o la administre, en conformidad con las prioridades y principios establecidos en la Política Nacional del Agua.
Fortalecer y perfeccionar la implementación y control del ordenamiento territorial a partir de un efectivo proceso de participación institucional y ciudadana, liderado por el gobierno para garantizar la disciplina territorial y urbana.
Desde este 9 de enero y hasta el día 11 sesionará en La Habana el V Foro Urbano Nacional, auspiciado por el Instituto de Planificación Física
Los especialistas del Instituto de Planificación Física prestan especial interés al diseño de nuestras ciudades. Foto:Ricardo López Hevia
Avanzar en el camino hacia la implementación del Plan de Acción Nacional de la Nueva Agenda Urbana (NAU) es el propósito del V Foro Urbano Nacional que inicia hoy en La Habana y que se extenderá hasta el próximo 11 de enero.
El diseño de las ciudades y asentamientos humanos, así como el planeamiento, la legislación y la economía urbana serán los principales puntos en torno a los cuales girará el debate en el evento.
A decir del presidente del Instituto de Planificación Física (IPF) Samuel Rodiles Planas, se ha llevado a cabo un intenso trabajo con el Comité Nacional Hábitat y la asistencia técnica de la ONU- Hábitat, un organismo internacional que apoya en lo relacionado con la Nueva Agenda Urbana y con la elaboración del Plan de Acción Nacional.
«El fin de esta herramienta es servir de referencia para elaborar la política urbana de Cuba, para que las ciudades y asentamientos humanos del país se acerquen al ideal propuesto por la NAU en correspondencia con el desarrollo del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista», afirmó Rodiles Planas.
El Foro cuenta, además, con la participación de Consuelo Vidal, coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba, y de Eugenio Grazia, oficial de Programa ONU-Hábitat en México.
¿Qué es la Nueva Agenda Urbana?
La Nueva Agenda Urbana (NAU) es una iniciativa de ONU que busca impulsar el desarrollo sostenible e inclusivo en las ciudades del mundo. La NAU promueve un cambio de paradigma de la urbanización, considerándola como un elemento clave para el desarrollo económico y social.
En Cuba el Instituto de Planificación Física (IPF) y el organismo internacional ONU-Hábitat llevaron a cabo en 2017 un «Diálogo sobre la Implementación de la Nueva Agenda Urbana en Cuba» con el objetivo de intercambiar conocimientos técnicos en el marco de la implementación de la Nueva Agenda Urbana (NAU) en Cuba.
También en 2017 se estableció una herramienta para la implementación de la Nueva Agenda Urbana (NAU) en Cuba, la cual fue presentada en el marco del proyecto «Apoyo a programas de desarrollo urbano sostenible en América Latina y Centroamérica: Implementación de la Nueva Agenda Urbana en Cuba».
Escrito por Katia Siberia, con fotos de la autora Gráfico: Sayli Sosa Video: Nohema DíazCategoría: Economia, El Invasor Publicado: 13 Noviembre 2017
• Este no es el guion de una película, pero en la trama de la historia surgen “escenas” increíbles y conflictos entre los actores sociales que en ella intervienen. Se supone que el final sea feliz, sobre todo, porque hablamos de desarrollo (sin el sub)
Dos veces lo miré, pero un informe que la Dirección Provincial de Finanzas y Precios mostrará, incluso, a la Contraloría General de la República no debe tener errores, y menos en números. Por si acaso, cuestioné la infalibilidad: ¿351 000.00 pesos gastados en Chambas, en el mes de mayo, para la reparación y reposición de bancos? “Anjá”, me dijeron del otro lado con más resignación que indignación, porque si la cifra luce exorbitante bien podría “echársele la culpa” a quienes fabrican bancos como si fueran obras de arte y los venden como tal (cada uno podría costar 5 000.00 pesos). Y si el empleo parece indebido ahí está la facultad de los Gobiernos y Consejos de la Administración Municipal (CAM) para decidir en qué emplean el uno por ciento de los ingresos brutos obtenidos por las ventas de bienes o prestación de servicios. Es un aporte de las entidades radicadas allí y allí se decide.
De modo que si, al cierre de septiembre, en Chambas habían gastado 941 400.00 pesos y el 37 por ciento de esa cifra “se fue al parque”, la decisión es lícita, aunque hasta cierto punto cuestionable, pues con ese uso no lograrán invertir, multiplicar ingresos, crecer más para luego redistribuir más, emprender un proyecto sostenible que se revierta y termine en beneficios sociales y económicos... No alcanzarán, definitivamente, el desarrollo local esperado.
Pero ese no sería (ni es) el problema mayor: Chambas no es el único. Nueve de los 10 municipios de esta provincia no tienen concebido ni a corto ni a largo plazo unProyecto de Desarrollo Local, gestado a partir de la cuenta que engrosa dicha contribución, creada con esos fines. La realidad ha subvertido las disposiciones de un concepto que, a la postre, podría entenderse como subdesarrollo local. Tal criterio viene a confirmarse cuando se le sigue el rastro al dinero que cada uno de los CAM ha ejecutado hasta el cierre de septiembre del presente año. Con el “arqueo” de algunos ejemplos aparecen, también, no pocas interrogantes sobre el empleo del uno por ciento de la contribución territorial, una política diseñada desde arriba y ejecutada, por suerte, en su nivel más “bajo”.
ESCENAS RECIENTES
Morón: 130 000.00 pesos en reparación y mantenimiento de la Unidad Presupuestada de Apoyo a la actividad cultural.
Bolivia: 20 000.00 pesos en reparación y mantenimiento de locales pertenecientes a la Dirección Municipal de Salud.
Primero de Enero: 100 000.00 pesos en la Dirección Municipal de Educación para gastos corrientes en pagos de depreciación, alimentos, mantenimiento de equipos de computación, transportación, servicios de seguridad y protección.
Ciro Redondo: 126 500.00 pesos en reparación y mantenimiento de obras de Educación.
Florencia: 107 100.00 pesos a la reparación y mantenimiento de entidades de Educación, Cultura y Salud.
Majagua: 28 336.00 pesos para respaldar gastos del tiro de agua en pipas, 14 007.00 pesos en la reparación de un baño público.
Ciego de Ávila: 171 400.00 pesos para campaña antivectorial, 247 100.00 pesos en gastos de la actividad cultural.
Venezuela: 34 500.00 pesos para la reparación y mantenimiento del Paseo de las Américas.
Baraguá: 308 000.00 pesos para reparación y mantenimiento de obras de la Salud y Educación.
Obviamente, mientras mayor cantidad de entidades radiquen en un municipio, mayores serán sus posibilidades de captar fondos, pero, más allá de la lógica disparidad del desarrollo, llama la atención que en el informe monitoreado por la Dirección Provincial de Finanzas y Precios casi la totalidad del dinero se destina a la reparación y el mantenimiento sobre el que dentro de algunos años habrá que volver. Cíclico empleo. Escaso crecimiento.
Si bien la tabla muestra el porciento que ha ejecutado cada territorio de su total recaudado, hoy el llamado de atención no está en cuánto queda por gastar, sino, dónde se va a emplear. Una “alerta” que vale no solo para Ciego de Ávila, según refleja la prensa nacional.
El hecho resulta más contradictorio aún, pues los procedimientos sobre el uso de la contribución (cuando no se destina a algún proyecto de desarrollo) permiten emplearla en “actividades que no demandan recursos materiales adicionales centralizados en otros balances de la Economía”. ¿Y entonces? ¿De dónde han podido obtenerse tantos recursos materiales para mantener y reparar?
“En 2016 Ciego de Ávila ejecutó, en total, poco más de cinco millones de pesos porque la Ley no ofrecía los beneficios que hoy plantea. Sin embargo, ahora, con mayores sumas, continuamos desaprovechándola”, reconoce Ricardo Dapía
Ricardo Dapía Batista, director provincial de Finanzas y Precios reconoce que la mayor limitante en el empleo de la contribución territorial ha sido la planificación; una “asignatura” pendiente desde 2015, cuando todos los municipios fueron facultados para emplearla. Y seguimos en las mismas, según sus declaraciones: “el proyecto de plan de 2018 ya está en La Habana y ningún municipio demandó recursos para hacer uso de la contribución, ¿qué pasará entonces?, seguirán empleando ese dinero en deficiencias del plan. Y no es que el uso sea del todo erróneo porque se resuelven problemas, pero no es a lo que aspiramos porque no se genera empleo, más ingresos, desarrollo...”; argumenta, además, que hasta el cierre de septiembre de este año se habían ejecutado unos ocho millones de pesos, fundamentalmente, en esas labores.
Ileana Venegas Acosta, directora provincial de Economía y Planificación, explica, también, las causas de esta práctica “apaga fuegos” —como la nombra— y cree que “al no existir una cartera de proyectos, la contribución se está usando para acciones que pudieran tener un respaldo en el plan y que suplen las insuficiencias de la planificación. No preparan las inversiones como se debe, inmovilizan los recursos financieros y utilizan, luego, esos materiales en algo que no tenían planificado.
• Escuche otras declaraciones de la directora provincial de Economía y Planificación
“Muchos ven que se solucionan problemas, pero sin proyectos sostenibles en el tiempo ese pensamiento no tributará al desarrollo que podríamos promover”, señala Venegas en medio de un contexto que lo justifica, pues hoy los ingresos de la provincia previstos para el cierre del año sobrepasan los 600 millones de pesos y los 26 millones, aproximadamente, de la contribución territorial, que deben captarse en este 2017, son casi invisibles. La estrategia de multiplicarlos sigue pendiente y sigue siendo necesaria: ya en febrero, a través de la Mesa Redonda, Lourdes Rodríguez Ruiz, directora general de Atención Institucional del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), informaba que los gastos en el presupuesto del Estado habían crecido en un 11 por ciento con relación al año anterior.
Si queremos “aliviar” esa carga la autogestión de los municipios es fundamental. Sin embargo, este año solo Chambas había presentado un proyecto. “Otra vez Buchillones, dicen que ahora sí ejecutarán los 146 000.00 pesos”, confiesa Ileana con cierta incredulidad, antes de admitir que desde hace cinco años se habla del famoso proyecto y lo poco que se había hecho era eso, muy poco. Luego, vino el huracán Irma y lo redujo a casi nada.
Así quedó Buchillones tras el paso de Irma
Todo parece indicar que este año tampoco se avanzará en proyectos de desarrollo local, aunque desde noviembre de 2012 se hacía referencia a la dejadez. En ese momento no existía la contribución al desarrollo local como fuente para financiar proyectos y se apelaban a Iniciativas Municipales de Desarrollo Local (IMDL), que dependían de presupuestos centrales y foráneos. “Se presentaban en el plan y se aprobaban, pero llegaban carentes de preparación y muchas veces ni utilizaban los créditos, muchos quedaron en el camino, morían antes de nacer”, recuerda Ileana.
¿UNOS SÍ Y OTROS NO?
Pese a ello, hoy, gestados desde los municipios, existen nueve proyectos que apelan a esta modalidad. Para Julián Verona Hernández, especialista del Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX) que atiende a la provincia, tal cifra le parece insuficiente, aun cuando otros proyectos de colaboración, diseñados a nivel nacional, se inscriben en el territorio y aporten, también, beneficios.
“Se aprovechan pocos, no se presentan casi proyectos”, comenta, sin saber que solo uno (Buchillones) fue diseñado para aprovechar los recursos financieros que están allí mismo, en el municipio. Él no entiende la paradoja, sobre todo, porque, según las guías de procedimiento que muestra el MINCEX, sus proyectos (esos 9 IMDL), tienen que contar con un fondo de fomento aprobado por el MFP, créditos al banco con sus intereses, contar con la anuencia de un órgano nacional que representará a la parte cubana, detallar el financiamiento externo solicitado, posible contraparte extranjera...
Al margen de los estudios de factibilidad (que lleva todo proyecto), cualquiera creería que resulta más improbable que unos suizos, unos belgas o unos japoneses inviertan en Ciego de Ávila, que planificar el desarrollo sostenible con el dinero que cada mes genera el territorio. Pues no. En esta provincia se desmiente tal conjetura y el hecho, más que aplausos, lleva análisis.
Lo sabe, incluso, Julio Valentín Santana, el hombre al frente del Grupo de Desarrollo Local de Florencia —que no es un ente nominal—, donde se han dado pasos de avanzada en la elaboración de estrategias que lo mismo han llevado a una minindustria de siete toneladas a 14, que han aumentado capacidad en los hornos de una dulcería; han instalado molinos de piedra, máquinas de bloques... y ya andan tras los pasos de un acueducto para este municipio, hasta hace muy poco el más seco del país.
Al decir de Ileana Venegas, en Ciro Redondo, asimismo, se están diseñando interesantes proyectos, ausentes todavía en Morón, por ejemplo, con una cayería en sus narices y millones en su contribución territorial. Yoenky Tapia Valido, presidente del Consejo de Defensa Municipal, alega ausencia prolongada e inestabilidad en las direcciones de Economía y Planificación, y Finanzas y Precios; si bien desde la vicepresidencia del Consejo Mariano Dorta Valdés habla de proyectos “caminando”, al Gobierno Provincial no han llegado todavía.
Cuesta creer, además, que ninguna universidad o centro de investigación haya logrado aprovechar el presupuesto que se genera en cada municipio e insertarse en la dinámica del desarrollo local, al que hoy le cuelga un prefijo: sub.
Manuel Rieche González, jefe del Subgrupo de Dirección del Consejo de Defensa Provincial lo resume: “No puede pensarse en desarrollo con ausencia de proyectos que no germinan o se quedan en intenciones o no se diseñan con perspectivas, con visión de futuro. ¿Así, cómo?”
Guantánamo y Baracoa figuran a partir de hoy entre las primeras ciudades cubanas cuyos Planes Generales de Ordenamiento Urbano se someterán a la aprobación de sus asambleas municipales del Poder Popular, y posteriormente del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros
Guantánamo y Baracoa figuran a partir de hoy entre las primeras ciudades cubanas cuyos Planes Generales de Ordenamiento Urbano se someterán a la aprobación de sus asambleas municipales del Poder Popular, y posteriormente del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.
Durante una Reunión Nacional Técnica efectuada hoy en esta urbe se dio el visto bueno a dichos programas, cuya ejecución fue calificada de inteligente, esforzada y vital para el país, por el general de división Samuel Rodríguez Planas, miembro del Comité Central del Partido y presidente del Instituto de Planificación Física (IPF).
Participaron en el encuentro los también integrantes del Comité Central Denny Legrá Azahares y Rafael Pérez Fernández, primeros secretarios del PCC en este oriental territorio y de su municipio cabecera, respectivamente, y Nancy Acosta Hernández, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular.
José Mena Álvarez, director de Urbanismo en el IPF reconoció el apoyo de las máximas autoridades de la provincia a ese propósito multidisciplinario, preámbulo del perfeccionamiento del orden territorial en Cuba.
Subrayó que esa tarea estratégica se inició por Santiago de Cuba, avanza con celeridad en La Habana, y se ha llevado a cabo en Las Tunas, Puerto Padre, Holguín y Manzanillo.
Mena Álvarez aclaró que el urbanismo no se circunscribe al ordenamiento citadino en que el sistema de Planificación Física y numerosas instituciones están involucrados y tienen notoria participación.
Especificó que ese concepto abarca además el destino del suelo, la estructura físico espacial del territorio, amén de la protección y rehabilitación del patrimonio cultural y ambiental existente, «para cualificar su morfología».
La gestión de riesgo, sistemas de infraestructura técnica y económico-social, y el paisaje urbano son prioridades del ordenamiento, al igual que los espacios públicos y áreas verdes, el turismo, la recreación, el abasto de agua y el saneamiento, dijo.
Y añadió que a Planificación Física le atañe incluso la “movilidad” indispensable a una urbe «para que el trabajador se traslade a su centro laboral por vías expeditas y seguras, y llegue a tiempo».
Una constante en el intercambio que tuvo lugar a raíz de la presentación del plan general de la Ciudad Primada fue que las regulaciones generales urbanísticas se cumplan al pie de la letra, sin obstaculizar el desarrollo económico social y protegiendo a la vez los valores patrimoniales que atesora esa Villa.
Para los arquitectos e ingenieros baracoenses constituye un reto recuperar el fondo habitacional dañado por el huracán Matthew, mediante el empleo de las nuevas tipologías constructivas, no compatibles con la madera, elemento que predomina en los inmuebles de mayor valor patrimonial en el centro histórico más antiguo del archipiélago.
Varias intervenciones aludieron al imperativo de atenuar la contaminación y deforestación de la faja hidrorreguladora de los ríos que atraviesan la ciudad, en consonancia con la Tarea Vida, asociada como la rama al fruto con el Sistema de Planificación Física.
