Fidel


"Peor que los peligros del error son los peligros del silencio." Fidel Castro Ruz

domingo, 26 de abril de 2020

El Estado ha llegado a la economía para quedarse

La crisis del coronavirus ha dado un protagonismo repentino a los Gobiernos, que tardará mucho tiempo en replegarse y en el que subyace un cambio de paradigma




Líderes de las principales economías mundiales celebraron una cumbre en línea el pasado 26 de marzo.GARY RAMAGE / GETTY IMAGES

“Hay décadas en las que no pasa nada, pero hay semanas en las que pasan décadas”, decía el líder revolucionario ruso Vladímir Illich Uliánov Lenin. Y pese a la exageración aparente de la sentencia eso es lo que ha sucedido en la práctica con la irrupción del coronavirus. También en la economía. Por primera vez en los tiempos modernos, ha sido la respuesta de los Gobiernos a la pandemia ―la paralización de toda actividad económica que no se considerara estrictamente esencial para preservar el sistema sanitario y el mayor número de vidas posible— la que va a acabar provocando la mayor recesión económica vivida desde la Segunda Guerra Mundial. O de los últimos 150 años como empiezan a apuntar algunos analistas.

Los bancos centrales no han dudado en dar el primer paso al frente y, superados los debates existenciales de la crisis financiera de 2008 sobre el alcance de su intervención, inyectar no solo miles de millones de euros y dólares en las economías sino comprar deuda pública y privada, en algunos casos de dudosa calidad, para garantizar la liquidez del sistema. El balance de la Reserva Federal ha pasado en pocas semanas de rondar los cuatro billones de dólares a superar los cinco, como recoge el banco suizo Julius Baer. Y la respuesta de los Gobiernos no se ha quedado atrás. Los helicópteros monetarios han dejado de ser una metáfora académica para hacerse realidad en forma de cheques enviados a todos los ciudadanos estadounidenses –a los japoneses también les acaban de prometer esta semana el suyo--, las empresas reciben ayudas directas para mantener los empleos y los Gobiernos se han convertido de la noche a la mañana en compradores de última instancia para el sector sanitario, ante la incapacidad del sector privado de abordar semejante tarea, y de parte de la industria, ante la ausencia total de demanda de la noche a la mañana. La velocidad a la que se han producido estas decisiones ha sorprendido incluso hasta sus partidarios

Los números hablan por si solos. Según los datos recogidos por el economista jefe global de Unicredit, Erik Nielsen, Alemania ya ha aprobado en ayudas el equivalente al 6% del PIB de 2019 a lo que hay que añadir el equivalente a otro 25% del PIB en garantías. Francia ha ampliado su presupuesto hasta el momento por una cuantía equivalente al 4,5% del PIB; Austria un 7%, y Estados Unidos ya lleva aprobadas ayudas que rondan el 10% del PIB, por mencionar solo algunos ejemplos.

La revolución conservadora

Pero más allá de la respuesta inmediata de los Gobiernos ante una emergencia de proporciones no vistas desde la gripe de 1918, lo cierto es que hay señales de que algunos de los cambios a los que asistimos en estas semanas han llegado para quedarse. Hay quien dice incluso que el capitalismo afronta su propia plaga, con el colapso tanto de la demanda como de la oferta. También por el hecho de que llueve sobre mojado. En apenas una década el mundo desarrollado ha visto tambalearse en dos ocasiones los cimientos de su modelo económico y en ambas crisis se ha constatado que la única respuesta efectiva es una intervención de los Estados en la economía hasta extremos desconocidos desde la revolución conservadora y liberal de los años ochenta. Entonces, bajo el impulso del presidente de Estados Unidos, Ronald Regan, y la primera ministra británica, Margaret Thatcher, el neoliberalismo se fue imponiendo como la ideología dominante basada en la reducción del peso del sector público en la economía, la liberalización de los mercados y las rebajas de impuestos. Especialmente desde el colapso de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín en 1989, el liberalismo se convirtió en el modelo dominante en la economía mundial y ha acabado siendo asumido por Gobiernos de todo signo. Aún resuenan las palabras del entonces líder de la oposición en España y luego presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, cuando defendía en 2003 que “bajar impuestos es de izquierdas”.

Hasta el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) admitía en su reciente informe de perspectivas el nuevo rol que los Estados van a tener en la economía. “El paisaje económico se verá alterado de forma significativa durante la duración de la crisis y quizás más allá, con una mayor implicación de los Gobiernos y los bancos centrales en la economía”, advertía la economista jefe del organismo, Gita Gopinath.


A juicio de Yves Bonzon, de jefe de inversión de Julius Baer, “la crisis está acelerando la transición del modelo capitalista hacia políticas no ortodoxas”, un giro que, a su parecer, resultaba inevitable desde la explosión de la crisis financiera de 2008. “Los Gobiernos no tienen alternativa: tienen que intervenir de forma masiva no solo en los mercados sino en toda la economía real para evitar un desastre similar al de la Gran Depresión de los años treinta. Estamos entrando en una etapa de capitalismo patrocinado por el Estado”, sentencia.

Si el cambio del paradigma económico al que asistimos acaba propiciando un giro tan radical es algo que a estas alturas arroja todavía demasiados interrogantes. Pero los expertos auguran que ese renovado protagonismo del Estado en la economía no es algo pasajero. “Con indicadores que anticipan la mayor recesión global de los últimos 150 años, esperamos que los Gobiernos y los bancos centrales tengan que seguir jugando un papel fundamental a corto y medio plazo”, admite Saadia Zahidi, directora gerente del Fondo Económico Mundial (WEF, en sus siglas en inglés), en un intercambio de correos electrónicos. “Esta crisis ha sacado a la luz todo un legado de redes de seguridad social erosionadas, modelos laborales precarios y de bajos salarios que subrayan la necesidad de equilibrar la distribución de riesgos y beneficios entre la sociedad, los Gobiernos y el sector privado”, responde en otro correo. Todo un giro para una institución como el WEF, máximo exponente del neoliberalismo económico.

“Ante una situación inédita como la actual, la ideología se difumina. Solo hay una manera de salvaguardar rentas y evitar cierres de empresas y eso exige la presencia de lo público: de bancos centrales y de Estados”, explica Antonio García Pascual, profesor visitante de la Johns Hopkins en Washington. “El alcance de la intervención dependerá de la duración y profundidad de la crisis, si hay una vacuna pronto o no, si hay nuevas oleadas de la epidemia, de cuántas empresas logren salvarse de la hibernación y de si eso acaba provocando tensiones en el sector bancario”, subraya al teléfono.

Nos adentramos en terreno inexplorado para la política, en un revival del Esta vez es diferente de Carmen Reinhart y Kenneth Roggoff, pero ahora de verdad. Los expertos advierten que el mundo no va a salir más o menos indemne de esta recesión a medio plazo, como sucedió con la crisis financiera a nivel macroeconómico. “Las sociedades van a exigir que los años de insuficiente inversión en el sistema de salud, especialmente en las economías anglosajonas, se reviertan y, ante el descomunal colapso económico que se empieza a intuir, es más que probable que el gasto público sea la única alternativa económica posible”, apunta Louis-Vincent Gave, de Gavekal Research en Hong Kong.
Vuelve la política industrial

Ese nuevo protagonismo del Estado sumado a la emergencia sanitaria ha devuelto la mirada sobre la política industrial, un concepto que parecía desfasado ―“la mejor política industrial es la que no existe”, como diría el exministro socialista de Hacienda, Carlos Solchaga― y superado con la aparición de las cadenas globales de valor, las que permiten que un teléfono inteligente sea diseñado en Cupertino (California), sus componentes se fabriquen tanto en Estados Unidos, como en Japón, Taiwán y Corea del Sur y sea finalmente ensamblado en China y devuelto a EE UU como producto importado. Uno de los primeros en alertar durante esta crisis sobre la dependencia que las economías occidentales tienen de China fue el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, que el pasado mes de marzo aseguraba que “habrá un antes y un después del coronavirus en la economía mundial”, que llevará a repensar el sistema económico y la globalización. A su juicio, debemos “reflexionar sobre una mejor organización de la cadena de valores, sobre una relocalización de ciertas actividades estratégicas, en particular en materia de salud”. También el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, abundaba hace unos días en esa idea: “China produce el 80% de los antibióticos del mundo mientras Europa no produce un solo gramo de paracetamol".

Esa tendencia, que a juicio de Pol Morillas, director del Cidob, puede suponer “un punto de inflexión en la era de la globalización”, no ha surgido como consecuencia de la pandemia. Ya había iniciado su recorrido bajo la batuta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su “América primero” y su guerra por el dominio tecnológico y comercial con China hasta el punto de obligar al resto de las economías a buscar alternativas de suministro. Y ahora les obligará a incluir nuevas variables en esa reflexión.

Si en ese efecto el Estado va a desempeñar un nuevo rol en la economía, los expertos piden huir de viejos clichés y aportar una mirada nueva a su desempeño. Entre todas las teorías académicas desarrolladas desde la crisis financiera se va abriendo paso la condicionalidad, la idea de que si el Estado va a acabar rescatando sectores como las aerolíneas, cuyos aviones se han quedado en tierra de un día para otro, condicione las ayudas públicas a un cambio de modelo de estas empresas hacia uno más compatible con la lucha contra el cambio climático. O como han decretado esta semana los Gobiernos de Dinamarca o Austria, que no podrán recibir ayudas públicas las empresas que tengan su sede en paraísos fiscales. “Aunque la respuesta a la actual crisis tiene considerables consecuencias en términos de deuda pública, los Gobiernos tienen una gran oportunidad en estos momentos de reconstruir sus economías con inversiones más sostenibles e inclusivas, al igual que las empresas que busquen nuevas oportunidades de negocio”, asegura Zahid.

La gravedad de la pandemia y el elevado número de muertes y contagios que sigue provocando diariamente no permite hablar todavía de quién pagará esta factura, pero es cuestión de tiempo. Maurice Obstfeld, antiguo economista jefe del FMI, calcula que en Estados Unidos la deuda pública para financiar todo ese gasto puede ascender al 130% o 140% del PIB, superando la cota del 120% que alcanzó en la Segunda Guerra Mundial. En Europa, la deuda del conjunto de la Unión Europea se sitúa en torno al 80% del PIB y los expertos apuntan que es probable que esa cifra se vaya aproximando al 132% del PIB de Italia. Una carga soportable si los tipos de interés se mantienen bajos, según aseguran en un reciente informe, los economistas Olivier Blanchard y Jean Pisani-Ferry, que vinculan la sostenibilidad de la deuda a la evolución del precio del dinero y no al tamaño de la deuda. “Y los tipos de interés se van a mantener cercanos a cero mucho tiempo”, asegura García Pascual. “En el entorno de bajo crecimiento en el que nos vamos a mover cuando todo esto pase y se inicie la recuperación no va a haber presiones inflacionistas. Los bancos centrales no van a tener ninguna prisa por cambiar el signo de la política monetaria. Antes de que estallara esta crisis aún nos estábamos planteando cómo deshacer los estímulos que hace 12 años se pusieron en marcha con la crisis financiera”, recuerda.

De hecho, en uno de los muchos seminarios que han tenido que celebrarse en línea en estos días de confinamiento, varios economistas reunidos por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) en Washington coincidían en que no había razones para deshacer de forma significativa los estímulos. “Si el temor a una política monetaria tan expansiva eran las presiones inflacionistas no las hemos visto aparecer por ningún lado en todo este tiempo. No hay razones para que el balance de la Reserva no siga siendo elevado”, apuntaba en ese foro la economista Megan Green.

Los niveles de déficit y deuda que apuntan las previsiones sugieren que los Gobiernos no van a poder controlar la deuda recortando gastos —o no únicamente— y habrá que subir impuestos. Precisamente como sucedió tras la Segunda Guerra Mundial, para poder financiar los programas sociales en lo que sería el germen del Estado del bienestar en Europa. “No hay menús gratis y el aumento de la deuda supone una elevada carga para el futuro, por bajos que sean los tipos de interés. Aunque lo prioritario ahora es hacer todo lo que sea necesario para rescatar las economías de los efectos de la pandemia, no vale cualquier política”, alertaba Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research, en una nota. Pero hasta los más ortodoxos reconocen que el cambio en el entorno intelectual desde 2008 es una de las grandes diferencias entre ambas crisis, “con un consenso generalizado de que entonces la respuesta fue insuficiente y de que eso ha infligido un daño de largo plazo a la economía”, apuntaba una nota de Gavekal Research.

Esa batalla aún no ha empezado y lo hará cuando la crisis sanitaria haya remitido. Para entonces ya nos encontraremos en otro mundo.

Los fundamentos de la sociedad estadounidense nos están fallando

Bernie Sanders 26/04/2020

Somos el país más rico de la historia mundial, pero en tiempos de profunda desigualdad de riqueza e ingresos, este hecho poco importa a la mitad de nuestra población que vive al día, a los 40 millones viviendo en la pobreza, a los 87 millones sin seguro médico o con uno insuficiente y al medio millón sin techo.
En medio de la doble crisis que vivimos –la pandemia del coronavirus y el colapso de nuestra economía– es necesario que reexaminemos algunos de los fundamentos de la sociedad estadounidense, que comprendamos por qué nos está fallando y que luchemos por un país más justo.
El absurdo y la crueldad de nuestro sistema de seguros médicos privados a través del empleador deberían ser ya evidentes para todos. Mientras decenas de millones de estadounidenses pierden sus empleos y sus ingresos resultado de la pandemia, muchos de ellos pierden también sus seguros médicos. Esto es lo que ocurre cuando la sanidad es considerada como una prestación del trabajador, no como un derecho. A medida que superemos la pandemia, necesitamos aprobar legislación que garantice de una vez por todas la atención médica a cada hombre, mujer y niño: que esté disponible para gente con trabajo o desempleados, de todas las edades.
La pandemia también ha dejado clara la irracionalidad del sistema actual. Increíblemente, en medio de la peor crisis sanitaria de la historia moderna, miles de trabajadores del sector han sido despedidos y muchos hospitales y clínicas están al borde de la bancarrota y del cierre. En realidad, carecemos de un “sistema” sanitario. Tenemos una red complicadísima de instituciones médicas dominadas por los intereses económicos de las aseguradoras y las farmacéuticas. El objetivo de un nuevo sistema sanitario, necesario desde hace tiempo, Medicare For All, debe ser la garantía de atención médica a todos, en cada región del país –y no los beneficios multimillonarios para Wall Street y la industria médica–.
Es cierto que el virus Codvid-19 afecta a cualquiera, en cualquier lugar, sin importar los ingresos o el estatus social. El Príncipe Carlos del Reino Unido ha sido diagnosticado de Codvid-19 y el Primer Ministro británico, Boris Johnson, acaba de recibir el alta médica. La gente rica también coge el virus y también muere. Pero también es cierto que los pobres y la clase trabajadora sufren tasas más altas de contagio y están muriendo en mucha mayor proporción que la gente rica.
Esto es especialmente cierto para la comunidad afroamericana. Esta disparidad de resultados en la exposición al virus es un reflejo directo, no solo de un sistema sanitario injusto e inservible sino también de una economía que castiga, de formas terribles, a los pobres y a la clase trabajadora de este país.
Además de los millones de familias de ingresos bajos que carecen de cualquier seguro médico, el coronavirus es agresivo e increíblemente oportunista al atacar a personas con factores de riesgo y sistema inmunitario debilitado. Debido a una gran variedad de razones socioeconómicas, son los pobres y la clase trabajadora de este país quienes están justamente en esa posición: son ellos quienes sufren mayores tasas de diabetes, drogadicción, obesidad, estrés, hipertensión, asma y afecciones cardiovasculares –y son los más vulnerables al virus–. En general, las personas pobres de clase trabajadora tienen una esperanza de vida inferior a la de la gente rica y esta injusticia trágica se vuelve incluso más cierta en lo que respecta a esta pandemia.
Más aún: mientras médicos, gobernadores y alcaldes nos dicen que deberíamos aislarnos y quedarnos en casa, y mientras las personas ricas se dirigen a sus segundas residencias en áreas menos pobladas, las personas de clase trabajadora no tienen esas opciones. Cuando se vive al día y careces de derecho a una baja médica o por razones familiares, quedarse en casa no es una opción. Si tienes que alimentar a tu familia y pagar el alquiler, tienes que ir a trabajar. Y para la clase obrera eso significa salir de casa y trabajar en puestos que requieren la interacción con otras personas, algunas de las cuales están propagando el virus.
Si hay algún atisbo de esperanza en medio de la horrible pandemia y de la crisis económica que vivimos, es que muchos en nuestro país están ahora comenzándose a replantear las suposiciones básicas tras el sistema de valores estadounidense.
¿En serio tenemos que continuar por el camino de codicia y capitalismo desembridado en el que tres personas poseen más riqueza que toda la mitad más pobre del país, en el que decenas de millones viven en la desesperación económica: luchando para poner comida en la mesa, pagar por la vivienda y la educación y ahorrar unos dólares para su jubilación?
Durante mi campaña presidencial traté de seguir los pasos del presidente Franklin Delano Roosevelt quien, en las décadas de los 30 y los 40, comprendió que una sociedad verdaderamente libre los derechos económicos deben ser considerados derechos humanos. Eso era cierto hace 80 años y lo sigue siendo hoy.
Ahora haré todo lo que esté en mi mano para unir a este país y ayudar a Joe Biden a derrotar al presidente más peligroso de la historia estadounidense contemporánea. Y continuaré defendiendo que tenemos que abordar las desigualdades que contribuyeron al alzamiento de Donald Trump, cuya crueldad e incompetencia durante esta pandemia se ha cobrado en vidas de norteamericanos.
Solo oponerse al señor Trump no será suficiente: necesitaremos articular una nueva dirección para los Estados Unidos.
Los nuevos Estados Unidos por los que luchamos tienen acabar con los salarios de subsistencia y garantizar un empleo con salario decente a aquellos capaces de trabajar.
No podemos ser competitivos en la economía global o ser una democracia vigorosa a menos que se garantice la calidad en la educación para todos los estadounidenses: desde las guarderías hasta las universidades.
Debemos llevar a cabo un programa gigantesco de construcción que acabe con la indigencia y que permita a todo nuestro pueblo habitar una vivienda segura y asequible.
Debemos asegurarnos de que nuestras comunidades están libres de contaminación en el aire y el agua, de que lideramos la lucha mundial contra la amenaza a nuestra existencia que supone el cambio climático.
Debemos amar y respetar a nuestros ancianos, y asegurarnos de que todos los estadounidenses tienen una jubilación digna y segura.
Me cansan los políticos y opinadores que nos dicen lo difícil que es llevar a cabo cambios fundamentales en nuestra sociedad. “Siempre parece imposible hasta que se hace”, una frase ampliamente atribuida a Nelson Mandela.
Pongámonos manos a la obra y hagámoslo.
 
figura legendaria de la izquierda norteamericana, es el único senador socialista y el independiente más veterano de la alta cámara del Congreso estadounidense (a cuyo comité presupuestario pertenece) en representación por el estado de Vermont. En 2016 y 2020 concurrió a las elecciones primarias del Partido Demócrata para intentar ser designado candidato a la presidencia.
Traducción:
Iovana Naddim, Sin PermisoPrint

Cuba, EE.UU. y Suiza, el crimen de los respiradores para la Covid-19


Berna, 26 abr (Prensa Latina) El bloqueo estadounidense contra Cuba ignora límites morales, a estas alturas nada que haga Washington para agredir a la isla debería sorprender, pero el crimen de los respiradores suizos abre un capítulo de crueldad inédito. 

'Doble esfuerzo para Cuba. El país está actualmente movilizado contra el coronavirus dentro de sus fronteras y mucho más allá, y también debe enfrentar el fortalecimiento del bloqueo impuesto por Washington y sus efectos extraterritoriales', publicó el diario suizo Le Courrier. 

En un artículo, la periodista Laura Hunter explicó a los helvéticos lo que a la Casa Blanca y a la gran prensa le gustaría pasara inadvertido: las empresas suizas IMT Médical AG y Acutronic dical Systems AG, entre las líderes mundiales en la fabricación de respiradores de alta tecnología, recibieron la orden de no venderlos a la mayor de las  Antillas. 

Alegando las sanciones comerciales, financieras y económicas estadounidenses, se negaron a suministrar esos equipos esenciales para el tratamiento a pacientes graves de la Covid-19, al ser adquiridas hace dos años por la sociedad norteamericana Vyaire Medical Inc, precisó. 

Le Courrier contactó a IMT Médical AG y Acutronic Médical Systems AG sin recibir respuesta, ya que su departamento de Comunicaciones, el único con autoridad para pronunciarse, fue reubicado hacia Estados Unidos. 

El gobierno cubano denunció el nuevo acto inhumano y reiteró que no impedirá que la personas necesitadas de ese recurso clave en cuidados intensivos tengan la oportunidad de sobrevivir al letal patógeno. 

También el diario Tribune de Géneve se hizo eco del tema de los respiradores, al señalar que 'el hostigamiento del gobierno de Estados Unidos contra Cuba no parece tener límites'. 

La publicación destacó la solidaridad de la isla y advirtió que no representa amenaza alguna para otro país. 

'Las brigadas médicas cubanas siempre son las primeras en decir presente ante las urgencias humanitarias, ayer en Haití después de un terremoto o para combatir el ébola en África Occidental; hoy los profesionales de la salud cubanos aportan en 59 países sus conocimientos en la lucha contra la Covid-19', subrayó. 

LA SOLIDARIDAD SUIZA 

Diversas organizaciones suizas condenaron de manera enérgica esta semana las nuevas acciones del bloqueo impuesto al país caribeño y denunciaron que su aplicación en el actual escenario global de una pandemia desafía el Derecho Internacional. 

En un comunicado la Asociación Cuba-Suiza, MediCuba-Europa, ALBA- Suiza, Solifonds, AMCA, Centrale Sanitaire Suisse Romande y Medico International  expusieron que la isla, al igual que casi todas las naciones del planeta, moviliza 
sus recursos y esfuerzos para lidiar con la Covid-19. 

'Ahora más que nunca necesita medicinas, alimentos, combustible, equipos médicos y divisas, y si bien cuenta con un sistema de salud efectivo y de experiencia en la lucha contra epidemias (no es casual que brigadas médicas cubanas estén desplegadas en Europa), el bloqueo de Estados Unidos supone una gran carga y amenaza la vida de muchas personas', afirmaron. 

Además de la decisión impuesta a las empresas suizas de no vender los respiradores, las organizaciones rechazaron el cerco vigente en los bancos suizos para las transacciones relacionadas con la mayor de las Antillas, pese a que el gobierno helvético se opone oficialmente a esa medida y mantiene vínculos históricos de amistad y cooperación con Cuba. 

Esta situación ha escalado a un nivel superior de arbitrariedad, ya que los bancos suizos bloquean transferencias entre bancos nacionales por el simple hecho de que aparezca la mención a Cuba en una transacción, deploraron. 

Los grupos de solidaridad repudiaron que en días recientes se impidiera la transferencia de dinero colectado para apoyar el combate a la Covid-19 en la isla. 

Una acción de esta naturaleza resulta inaceptable y viola los derechos y las libertades de los ciudadanos suizos, sentenciaron. 

Las organizaciones resaltaron la ayuda de Cuba a varios países azotados por la pandemia y aseguraron que es más urgente que nunca que Estados Unidos escuche el reclamo universal de poner fin al bloqueo. 

Igualmente demandaron a Suiza que conforme a su tradición humanitaria y diplomática, adopte medidas para garantizar la compra por el país caribeño de equipos clave en el combate a la Covid-19 e impedir que los bancos frenen los donativos. 

'Más aún, exigimos a Suiza que no sea cómplice de esta política estadounidense ilegal y criminal", Subrayaron.
 

Las patentes y la pandemia


NUEVA YORK – Imaginemos un mundo donde una red global de profesionales médicos vigila la aparición de nuevas cepas de un virus contagioso, actualiza periódicamente la formulación de una vacuna comprobada y luego pone esa información a disposición de empresas y países de todo el mundo. Imaginemos además que este trabajo tiene lugar sin que haya que preocuparse por cuestiones de propiedad intelectual y sin que monopolios farmacéuticos exploten a una población desesperada para maximizar sus ganancias.

Puede parecer una fantasía utópica, pero de hecho es una descripción de la forma en que se produce la vacuna contra la gripe desde hace cincuenta años. En el marco del Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe de la Organización Mundial de la Salud, expertos de todo el mundo se reúnen dos veces al año para analizar y discutir los últimos datos referidos a nuevas cepas del virus de la gripe y decidir cuáles deben incluirse en la vacuna de ese año. El SMVRG, una red de laboratorios que abarca 110 países y que funciona casi exclusivamente con financiación estatal (y algunos aportes de fundaciones), es un ejemplo cabal de lo que Amy Kapczynski (de la Escuela de Derecho de Yale) denomina «ciencia abierta».

El SMVRG no busca ganancias, sino proteger la vida humana, y eso le confiere una capacidad única para reunir, interpretar y distribuir conocimiento aplicable al desarrollo de vacunas. Quizá esta modalidad se aplicaba sin pensar mucho en ella, pero hoy sus ventajas se están volviendo cada vez más evidentes.

En la respuesta a la pandemia, la comunidad científica mundial ha mostrado una notable disposición a compartir conocimiento sobre posibles tratamientos, coordinar ensayos clínicos, desarrollar nuevos modelos en forma transparente y publicar los resultados de inmediato. En este nuevo clima de cooperación, es fácil olvidar que las empresas farmacéuticas comerciales llevan décadas privatizando y monopolizando bienes comunes de conocimiento con prácticas como tratar de extender su control sobre fármacos vitales por medio de reclamos de patentes infundados, triviales o secundarios y presionar a las autoridades para evitar la aprobación y producción de medicamentos genéricos.

Con la llegada de la COVID‑19, se ha vuelto dolorosamente obvio que ese monopolio cuesta vidas. El control monopólico de la tecnología usada en la detección del virus obstaculizó la pronta introducción de más kits de testeo, así como las 441 patentes de 3M donde aparecen las palabras «respirator» (mascarilla) o «N95» han puesto trabas a nuevos productores dispuestos a fabricar mascarillas de grado médico a gran escala. Peor aún, tres de los tratamientos más prometedores para la COVID‑19 (el remdesivir, el favipiravir y el lopinavir/ritonavir) tienen patentes vigentes en la mayor parte del mundo. Esto es un obstáculo a la competencia y una amenaza a la asequibilidad y el suministro de nuevos fármacos.

Tenemos que elegir entre dos futuros. En el primero, seguimos como siempre, dependiendo de las grandes farmacéuticas, y esperando que algún tratamiento potencial para la COVID‑19 pase los ensayos clínicos, y que aparezcan otras tecnologías de detección, testeo y protección. En este futuro, las patentes darán el control sobre la mayoría de esas innovaciones a proveedores monopólicos que al fijar precios altos obligarán a los sistemas sanitarios a racionar los tratamientos. Sin una firme intervención pública, se perderán vidas, sobre todo en los países en desarrollo.

El mismo problema se repetirá con cualquier posible vacuna para la COVID‑19. A diferencia de la vacuna de Jonas Salk para la polio, que se liberó en forma casi inmediata, hoy la mayoría de las vacunas que llegan al mercado están patentadas. Por ejemplo, la vacuna conjugada PCV13, que protege contra varias formas de neumonía y se administra a los bebés, cuesta cientos de dólares, porque es propiedad monopólica de Pfizer. Y aunque Gavi (la alianza mundial para la vacunación) subsidia parte del costo de las vacunas en los países en desarrollo, muchas personas todavía no pueden acceder a ella. En la India, cada año se registran más de 100 000 muertes infantiles evitables por neumonía, mientras la vacuna le genera a Pfizer ingresos por aproximadamente 5000 millones de dólares al año.

En el segundo futuro posible, nos damos cuenta de que el sistema actual (donde monopolios privados obtienen ganancias a partir de conocimiento que en su mayor parte es producido por instituciones públicas) es inadecuado. Como sostienen hace mucho estudiosos y activistas por la salud pública, los monopolios matan, al negar acceso a medicamentos vitales que en un sistema alternativo (como el que hace posible todos los años la producción de la vacuna para la gripe) hubieran estado al alcance de la población.

Ya hay voces que se alzan para pedir modalidades alternativas. Por ejemplo, hace poco el gobierno de Costa Rica pidió a la OMS la creación de un fondo de licencias voluntarias («fondo de patentes») para la fabricación de tratamientos para la COVID‑19, que permita a múltiples proveedores suministrar nuevos fármacos y diagnósticos a precios más accesibles.

No es una idea nueva. A través de su Fondo de Patentes de Medicamentos, las Naciones Unidas y la OMS llevan años tratando de aumentar el acceso a tratamientos para el VIH/sida, la hepatitis C y la tuberculosis, y ahora han extendido el programa a la COVID‑19. Los fondos de patentes, los premios a la innovación y otras ideas similares son parte de una agenda más amplia que busca cambiar el modo de desarrollo y distribución de medicamentos vitales. El objetivo es reemplazar un sistema basado en el monopolio por otro basado en la cooperación y el conocimiento compartido.

Algunos dirán que la crisis de la COVID‑19 es un caso aparte, o que la amenaza del licenciamiento obligatorio ya es un instrumento suficiente para obtener una conducta apropiada de parte de las farmacéuticas. Pero dejando a un lado a los investigadores personalmente involucrados que no buscan ganancias inmediatas, no está claro que las grandes farmacéuticas entiendan sus responsabilidades. No olvidemos que ante la crisis actual, la primera reacción de Gilead, que fabrica el remdesivir, fue solicitar que se lo califique como «medicamento huérfano», lo que le hubiera conferido una posición monopólica más fuerte y exenciones impositivas multimillonarias. (Después del escándalo que se generó, la empresa retiró la solicitud.)

Llevamos demasiado tiempo creyéndonos el mito de que el régimen de propiedad intelectual actual es necesario. El éxito comprobado del SMVRG y de otras aplicaciones del modelo de «ciencia abierta» muestra que no es así. En momentos en que la COVID‑19 sigue matando gente, debemos preguntarnos si es prudente y moral un sistema que cada año condena en silencio a millones de seres humanos a sufrir y morir.

Es hora de aplicar otra modalidad. De los ámbitos académicos y políticos ya han surgido muchas propuestas prometedoras para la generación de innovaciones farmacéuticas socialmente útiles en vez de meramente rentables. Hoy es el mejor momento para poner estas ideas en práctica.

Traducción: Esteban Flamini


JOSEPH E. STIGLITZ, a Nobel laureate in economics and University Professor at Columbia University, is the author, most recently, of People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent.


ARJUN JAYADEV  is Professor of Economics at Azim Premji University and Senior Economist at the Institute for New Economic Thinking.

ACHAL PRABHALAis a fellow at the Shuttleworth Foundation and coordinator of the accessibsa project, which campaigns for access to medicines in India, Brazil, and South Africa.

El campo es la tabla de salvación

Producir alimentos y distribuirlos eficientemente es una urgencia para abastecer al pueblo en medio de una pandemia que reclama el distanciamiento social. Aun así miles de ciudadanos están tras la pista de la comida que escasea en las redes comerciales por varios factores, entre estos, la política genocida de un bloqueo que ni en estas condiciones es levantado


 

Autores:

images/authors/Marianela-nueva.jpg
 
images/authors/2017/10/fFPvqr_05-10-2017_15.10.48.000000.jpg
 
images/authors/2017/10/toohte_25-10-2017_15.10.26.000000.jpg
 
Al empezar la entrevista, a Mabel Morales Molina, administradora del Centro de Elaboración de Alimentos en el poblado avileño de Majagua, los ojos se le llenan de lágrimas. «Disculpe —aclara mientras se baja la mascarilla—, es que tengo familia lejos, en Baraguá. Sé de ellos por teléfono; pero igual: los tengo allá en medio de toda esta enfermedad».
Mabel se repone y brinda los datos. El Centro es chiquito, incluso, utiliza algunas técnicas artesanales; pero su producción para un territorio pequeño no es para subestimar: entre 400 a 500 hamburguesas diarias, 4 000 croquetas por día sin contar los embutidos que elaboran en el propio establecimiento. O el chivirico, una empanadilla azucarada con alta demanda entre los consumidores.
El Centro no es único y forma parte de la estrategia de Ciego de Ávila para potenciar la producción de alimentos en estos días de pandemia. Como explicó a la prensa Carlos Luis Garrido, presidente del Consejo de Defensa Provincial, una de las acciones que se le han dado luz verde ha sido estimular iniciativas locales, que no dependan de los grandes centros de elaboración y puedan apoyar el consumo local.
«La idea es que los territorios produzcan sus propios alimentos, como embutidos, hamburguesas, croquetas y los demás productos de la agricultura y no esperar a una distribución mayor a nivel provincial», explicó.
Algo similar es lo que ocurre en el Centro de Elaboración El Río en la ciudad de Ciego de Ávila. Aunque más tecnificado y con mayor capacidad que el majagüense, este, junto con otros establecimientos, tiene la función de abastecer al municipio cabecera con una población que supera los 100 000 habitantes.
Yoannis Pérez, segundo administrador del Centro, explicó que esa entidad procesa 600 kilos diarios de croqueta, ocho toneladas de masa cárnica y una de jamonada por semana, entre otros alimentos.
Como el de Majagua y los de otros municipios, el centro avileño distribuye sus producciones a través de las empresas municipales de Comercio y Gastronomía, que las ubican bajo una rotación de los Gobiernos municipales buscando que los alimentos lleguen a todas las comunidades, incluso las más apartadas y cuyos habitantes tienen restricción de movimiento a partir de las medidas sanitarias contra la COVID-19.

Cultivos de ciclo corto y guardar comida

Orlando Pérez Pedreira, delegado de la Agricultura en Ciego de Ávila, sabe que el nuevo coronavirus obliga a poner el ojo sobre la agricultura. Entre las medidas de aislamiento, de personas en casa que sacan números con la comida, los trabajadores de este sector son de los que no pueden quedarse en el hogar.
Bajo un sol inclemente, que ayuda a secar el frijol en el surco, pero que castiga ojos, piel y pulmones, los obreros agrícolas se doblan sobre la tierra con un nuevo accesorio: el nasobuco. El virus también acecha por ese lado y aun así los campesinos le sacan el alimento a la tierra.
«Para nosotros uno de los trabajos de enfrentamiento a la pandemia es utilizar todos los medios para lograr cultivos de ciclo corto y para las conservas y vegetales en la provincia. Todo lo que seamos capaces de procesar y guardar será alimento que tendremos para el futuro», explica.
Otra preocupación fuerte es asegurar más de 15 000 hectáreas de tierras para finales de abril y adelantarse a las lluvias de primavera. Ese número equivale al 70 por ciento del plan de siembra de primavera y tenerlas listas equivale poner cultivos bajo el riego de la naturaleza, a partir de que en la provincia solo el 20 por cierto de las tierras en cultivo se encuentran bajo riego artificial.
El Minag en Ciego de Ávila también potencia la producción de las hortalizas de verano y se trabaja fuerte en la siembra de boniato. El mango comenzará a venderse en los próximos días en los establecimientos de la Empresa Agroindustrial Ceballos,  a partir de que se registró un adelanto de la cosecha, lo cual también se pronostica para la guayaba.
En estos momentos se producen entre seis y ocho toneladas de hortalizas por semana en las casas de cultivo que se destinan al sistema de acopio y centros de aislamiento de la provincia. Además, se venden alrededor de 20 000 barras de guayaba junto a otros productos en distintos formatos de envase.
Los derivados del tomate no deben tener las ausencias del pasado año, ya que se procesaron más de 21 000 toneladas en la industria y se tuvo una buena cosecha con rendimientos de 15 toneladas por hectárea. Actualmente, de los campos se están acopiando 200 toneladas de plátano por semana, que se destinan al consumo de la provincia y al balance nacional; una cifra que debe aumentar.

La meca del arroz

En una situación tan compleja, muchas miradas —de expertos e inexpertos— se dirigen a provincias de alta producción agrícola. Una de ellas es Granma, mayor cosechadora de arroz en Cuba y referente en el cultivo de viandas y hortalizas. Este territorio tributa el imprescindible cereal a varias regiones y una caída en ese renglón impactaría al país.
Por eso, autoridades y cosecheros locales mantienen el complejo reto de llegar a las 62 000 toneladas fijadas en el plan. Ese número, aunque alto, está lejos del «listón» alcanzado en 2018, cuando se obtuvieron 84 000 toneladas, un récord difícil de repetir en las actuales circunstancias.
«Los arroceros no están exentos de dificultades con el combustible, los productos químicos, paquetes tecnológicos y otros insumos necesarios», admite Alexander Rojas Pérez, delegado de la Agricultura en Granma.
Sin embargo, como él dice, renunciar de antemano al plan implicaría cierto acomodamiento, un lujo que no podemos darnos en una nación necesitada cada día más de sustituir importaciones. Claro, esos no son los únicos inconvenientes para el sector en estos lares. Hoy se ha sumado el ogro de los últimos tiempos: la sequía.
Quien crea que la escasez de lluvia es «cuento de caminos» solo tendrá que leer este dato: apenas el seis por ciento de las tierras cultivadas del territorio (el cuarto con mayor población del país, con más de 800 000 habitantes) están bajo riego; por lo que la dependencia de la Madre Natura resulta evidente.
«Estamos a finales de abril y todavía no ha caído el primer aguacero; ese hecho tiene un impacto negativo innegable, pero ni podemos darnos por vencidos ni estar buscando culpables externos. Una de las estrategias está encaminada a buscar altos rendimientos en las áreas con regadío», dijo.

Propósito que sigue en mente

Antes de que se desatara el fenómeno de la COVID-19, Granma estaba destinado a convertirse —con el apoyo de instituciones nacionales— en el principal polo productivo agrícola del oriente cubano. Muchas proyecciones para concretar ese propósito, por lógica, han quedado aplazadas; no obstante, el concepto de producir alimentos —aún en las circunstancias más adversas— sigue en la mente de las más de 64 000 personas vinculadas aquí con la agricultura.
«Tenemos el compromiso de sembrar más de 41 000 hectáreas para cultivar viandas, hortalizas, granos y frutales; además de rescatar unas 3 800, algo sin precedentes en las últimas épocas. Aunque bajen los rendimientos por la escasez de lluvias, estos números deben generar comida en la etapa de primavera», aseguró Rojas Pérez.
«Hoy vendemos entre diez y 11 libras percápita de viandas y a pesar de las tensiones de cara al futuro, mantenemos esa pretensión, incluso con el llamado cierre de fronteras».
El directivo agrega que los cultivos de ciclo corto —como la calabaza, maíz, yuca y boniato— son vitales y que en la provincia se han enfocado en cosechar en zonas cercanas a las ciudades y dentro de los propios poblados y urbes. «Todavía están por explotarse muchas potencialidades de la agricultura urbana», sentenció.
No obstante, uno de los grandes escollos internos radica en la distribución. Idael Mora Guevara, director de la Empresa provincial de Acopio, resaltó hace unos días en la televisión local que «no hemos podido concretar la estrategia de abastecer todas las placitas a partir de las tres de la tarde», sobre todo en Bayamo, capital provincial.
La concepción de acercar más los productos a los clientes requiere multiplicar los puntos de venta y, por ende, un esfuerzo adicional en tiempo y uso de recursos. Sobre ese aspecto, Federico Hernández Hernández, presidente del Consejo de Defensa Provincial, ha subrayado reiteradamente que no pueden existir excusas en tiempos en los que los ciudadanos quieren soluciones, por encima de justificaciones.
«Hay que redoblar empeños para organizar de modo equitativo lo que tenemos y que nadie quede desamparado», ha dicho. Y eso implica mayor sacrificio de los cuadros, transportistas y todos los que participan en la cadena vinculada con la alimentación del pueblo.

Sembrar más, acopiar más

Producir alimentos y distribuirlos eficientemente como hemos visto en los reportes de Ciego de Ávila y Granma es una urgencia para abastecer al pueblo en medio de una pandemia que reclama el distanciamiento social. Aun así miles de ciudadanos están tras la pista de la comida que escasea en las redes comerciales por varios factores, entre estos, la política genocida de un bloqueo que ni en estas condiciones es levantado.
En ese sentido, Adriana Ballester Hernández, directora de personal del Minag, explicó a Juventud Rebelde que su organismo implementa un plan de enfrentamiento a la COVID-19, el cual contienen 19 indicaciones aprobadas por el Ministro de la Agricultura. Estas coadyuvan a preservar la salud de los trabajadores y mantener la vitalidad del sistema.
Se activó un Grupo de Trabajo Nacional, provincial y de OSDE. En esta etapa se prioriza la producción de alimentos y el cumplimiento de las indicaciones de los Consejos de Defensa provinciales y municipales, principalmente con el abastecimiento a los centros de aislamiento y personal vulnerable, puntualizó.
Igualmente, señaló que la primera indicación solicitada al sistema agropecuario es «sembrar más, acopiar más, producir más, vender más en los mercados agropecuarios y exportar más». Para refrendar este imperativo se prioriza el programa de autoabastecimiento municipal en una nueva etapa de trabajo.
Detalló, también, que en el sistema de Acopio se reorganizó la red minorista para garantizar de forma normada y regulada las 15 libras percápita de viandas y hortalizas. Para que esto sea posible, por indicación de los consejos de Defensa provinciales tributarán a estos puntos comerciales las unidades empresariales de base de Acopio, de Frutas Selectas y de las Empresas Agropecuarias con sus bases productivas.

El altruismo del campesinado

Rafael Santisteban Pozo, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap), afirmó que solo unidos podremos vencer la doble pandemia que nos azota: la de la COVID-19 y la del bloqueo. Añadió que casi todas las familias campesinas han sido visitadas para asesorarlas sobre la contingencia epidemiológica que vive el mundo.
Y, también, comprometerlas con los retos productivos que gravitan sobre el sector, aseguró el directivo, al tiempo que confirmó que la organización ha sostenido encuentros con más de 223 000 tenedores de tierras para colegiar alternativas que coadyuven a continuar produciendo y aportar de manera variada alimentos saludables.
Asimismo, reconoció el altruismo del sector que en estos momentos no solo se esmera por cumplir con sus contratos y tributar como estaba pactado a los diferentes destinos, sino que también ha contribuido de manera gratuita con parte de sus producciones destinadas al autoconsumo a entidades que apoyan al sistema de salud en su lucha contra el nuevo coronavirus.
Santisteban Pozo resaltó la importancia de seguir potenciando en estos duros momentos y de manera permanente el Movimiento de Productores de Avanzada, cuyas filas la integran más de 16 000 campesinos, muchos de ellos con una experiencia probada en el manejo de fincas integrales, y otros con una tradición y prestigio en la siembra de cultivos muy específicos como arroz, frijol y café.
Afirmó que hay 900 fincas agroecológicas, cuyas producciones son totalmente sustentadas con medios naturales como abonos orgánicos. Y, redundó en el uso de la tracción animal y bioproductos, como paliativo a las crisis de combustible y de fertilizantes e insecticidas químicos.
La evaluación del fondo de tierras, el nivel y la calidad de la preparación de los suelos para cuando el clima lo permita poder sembrar cultivos, principalmente de ciclo corto como maíz, boniato, calabaza, hortalizas y vegetales de la época, son prioridades de la organización campesina, según refirió el Presidente de la Anap.
«Una vez más el pueblo podrá contar con la responsabilidad, el agradecimiento y la nobleza de nuestro campesinado, conocedor innato de que en la tierra está la salvación para salir triunfantes en momentos de contingencia. Activar todas las potencialidades que subyacen en el surco, aplicar la ciencia y la técnica, y ahorrar recursos, no son opciones; son deberes morales que nos hará menos vulnerables».

Cuidar a quienes garantizan los alimentos

Según Rafael Santisteban Pozo, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, existen 15 campesinos confirmados con la COVID-19, mientras otros 277 permanecen en centros de aislamiento, a quienes ahora más que nunca la organización debe apoyarlos ocupándose de la alimentación de sus familiares y protegiendo los bienes de sus fincas.
Por su parte, en el sistema de la Agricultura hasta el 22 de abril se confirmaban 11 trabajadores positivos. Además se reportaban más de mil que debían permanecer en sus casas o estaban bajo vigilancia sanitaria, cumpliendo de ese modo con las medidas de aislamiento orientadas por las autoridades sanitarias y el Gobierno.
Mantener protegidos a los trabajadores que laboran en medio de la pandemia, es una de las mayores prioridades del organismo, según Adriana Ballester Hernández, directora de personal del Minag, quien aseguró que para confirmar que quienes siguen en sus rutinas no están contagiados se intensifican las pesquisas activas, y a todos se les exige cumplir con las medidas de seguridad.
Apuntó que en el sistema permanece laborando el 73 por ciento del personal en las diferentes modalidades previstas. El 12 por ciento lo hace a distancia, el seis por ciento por teletrabajo o mediante otras medidas organizativas internas, principalmente en tareas de terreno.
Además, refirió que hasta la fecha el Minag tienen más de 13 000 trabajadores del sistema empresarial y presupuestado acogidos a los beneficios de los tratamientos laborales aprobados para la pandemia. Estos generalmente son de grupos considerados vulnerables (mayores de 60 años o madres).
Para la sustitución de esta fuerza se está gestionando permanentemente la reubicación de los trabajadores que debido a la epidemia se ven imposibilitados de asistir a sus centros. Ya se ha logrado reubicar a más de 210 trabajadores en labores cercanas a su zona de residencia, señaló Ballester Hernández.
Igualmente, dijo que se monitorea —de conjunto con el sistema del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social—, la afectación que pueda generarse en la fuerza laboral y su impacto en el empleo, al tiempo en que se gestiona el completamiento de más de 9 000 plazas para la reubicación de los trabajadores de otros sectores en la producción de alimentos, principalmente para campañas agrícolas en Cienfuegos, Villa Clara, Holguín y Guantánamo, así como para la actividad avícola en Artemisa y Mayabeque, y en la campaña tabacalera, en Pinar del Río.
La directiva subrayó, además, que se han reajustado jornadas para lograr la establidad de la producción de tabaco para la exportación. Se organizó el doble turno de trabajo o reajuste de la jornada laboral en fábricas que actualmente se mantienen trabajando con más de 2 000 trabajadores en las actividades de despalillo, clasificación y torcido de tabaco, así como asegurando los servicios.

Un aporte necesario

La solidaridad del campesinado cubano no se ha hecho esperar en estos tiempos de pandemia. Lo mismo en Artemisa que en Granma ellos hacen donaciones imprescindibles. Foto: ANAP de Artemisa
El abastecimiento de 198 centros de aislamiento con más de 9 800 personas, forma parte del aporte del sistema de la Agricultura en la lucha contra la pandemia.
Asimismo, había donado más de 52 158 bolsas de productos a personas vulnerables, resaltando las provincias de Cienfuegos (30 000), Santiago de Cuba (5 111), Sancti Spíritus (5 015) y Ciego de Ávila (4 706).
En esta batalla donde todos tenemos que sumarnos, tambien contamos con siete instalaciones como centros de aislamiento, principalmente unidades docentes pertenecientes a varias empresas, explicó Adriana Ballester Hernández, directora de personal del Minag.
Entre estas, mencionó, la empresa Camilo Cienfuegos (Pinar del Río), la Estación Experimental Agroforestal, la Empresa Integral Matanzas y la empresa agroindustrial Victoria de Girón (Matanzas), la empresa agroindustrial de granos Sur del Jíbaro y la empresa pecuaria Venegas (Sancti Spíritus), así como la empresa agropecuaria Guatemala (Holguín).