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"Peor que los peligros del error son los peligros del silencio." ""Creo que mientras más critica exista dentro del socialismo,eso es lo mejor" Fidel Castro Ruz

martes, 4 de abril de 2023

Inflación en Cuba: un acercamiento a sus causas.

 1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años el nivel general de precios alcanzó magnitudes no vistas en Cuba en casi tres décadas, generando impactos nocivos sobre el crecimiento, la imple- mentación de transformaciones al modelo económico, y el poder adquisitivo de salarios, pensiones y ahorros. Si bien la inflación obedece a un contexto internacional especialmente adverso, se suman como causas la acumulación de desequilibrios y distorsiones institucionales internas. 

En Cuba operan hoy las principales causas de la inflación que describe la literatura: demanda, costos, expectativas, institucionales, estructurales. Por tanto, dialogar sobre la solución a este complejo fenómeno, requiere un diagnóstico integral, que se acerque a la multiplicidad de sus determinantes.

El presente trabajo se propone contribuir, desde el debate académico, a la búsqueda de soluciones a uno de los grandes desafíos de la economía cubana en la actualidad. Para ello, aborda la inflación desde dos perspectivas. En un primer momento, se discuten las causas inmediatas del incremento de precios experimentado en 2021, año en que se registraron los valores más elevados desde la crisis del Período Especial. A continuación, se polemiza sobre las brechas institucionales y estructurales que limitan la capacidad de actuación de las autoridades para la gestión del equilibrio monetario.

2.CAUSAS DE LA INFLACIÓN

Después de permanecer durante más de dos décadas en niveles bajos y estables (1), desde 2020 y sobre todo en 2021 se experimentó una aceleración del crecimiento del nivel general de precios en Cuba (ver figura 1). Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), en agosto de 2022 la inflación interanual fue 34,1 %. Estimados de agencias internacionales ubican a este indicador para el final de año en torno a un 60 % (EIU, 2022), confirmando la per sistencia de fuertes presiones al incremento de los precios.

Al menos cuatro grupos de causas explican la inflación en Cuba en la actualidad: i) déficit de oferta; ii) exceso de demanda; iii) presión de costos y iv) presión de expectativas.


1 Las estadísticas de la ONEI indican que entre 1996 y 2019 el valor promedio de aumento de los precios fue de 0,9 %. Asimismo, fuentes internacionales, como The Economist Intelligence Unit (EIU), estiman que durante este período la inflación promedio fue 3,2 %.

DÉFICIT DE OFERTA

En los últimos años se ha agudizado el déficit de oferta en la economía cubana. Por un lado, el bloqueo de Estados Unidos se intensificó con la llegada a la presidencia de Donald Trump y la adopción, a partir de 2019, de más de 200 medidas dirigidas a afectar las principales fuentes de ingresos en divisas del país (turismo, remesas, inversión extranjera y transacciones comerciales y financieras con el exterior). Esta situación ha cambiado muy poco con la administración de Joe Biden.

A su vez, el escenario de escasez se vio agravado por las medidas que tuvo que adoptar el país para enfrentar la pandemia de Covid-19: cierre de fronteras y paralización del turismo, interrupción de actividades productivas, reasignación de gastos para fortalecer los servicios de salud y la creación de vacunas, entre otras.

A ello se sumó un contexto internacional de elevada incertidumbre, marcado por los efectos de la Covid-19, las disrupciones en las cadenas de suministros globales y, más recientemente, el impacto del conflicto militar entre la Federación Rusa y Ucrania. Todos estos elementos generaron cuellos de botella productivos, encarecimiento de fletes de transporte, inestabilidad financiera, ralentización y fragmentación de los flujos comerciales y de inversión, e incremento de los precios internacionales, especialmente de alimentos y energía. El Banco Mundial estima que en 2022 los precios de la energía aumenten alrededor de un 60 %, después de haber crecido 81 % en 2021. En el caso de los alimentos, se pronostica que en 2022 sus precios crezcan un 18 %, luego de haberse expandido 31 % en 2021.

Los efectos de la inflación internacional, en las condiciones de Cuba, se expresan especialmente en un mayor déficit de oferta de bienes y servicios. Dados los mecanismos administrativos de asignación de recursos en el sector estatal, una proporción relevante de los precios finales no varían o varían muy poco ante incrementos de los precios externos. En estos casos, las presiones de costos son absorbidas por la rentabilidad empresarial y/o subsidios del Presupuesto del Estado. No obstante, mayores precios internacionales reducen la capacidad de importación del país, agudizando los problemas de abastecimiento de bienes intermedios y finales en los mercados domésticos estatales.

Como resultado, la economía cubana decreció durante siete trimestres consecutivos (septiembre de 2019 a marzo de 2021), alcanzando en 2020 una caída interanual de 10,9 %, el segundo registro negativo desde el año 1993. Un shock de esta naturaleza sería causa suficiente para generar presiones inflacionarias de relevancia.

Sin embargo, desde la última década se venían experimentando señales de estancamiento del modelo económico. Entre 2010 y 2019 el crecimiento promedio anual fue del 2 % (ver figura 2), a la vez que el valor agregado de sectores clave como la agricultura y la industria manufacturera se mantuvo prácticamente invariable. Según estimados de la EIU, hasta 2024 no se logrará alcanzar los niveles de PIB correspondientes al año 2018.


A lo anterior se añade que en un contexto de aguda escasez se adoptaron decisiones de política que priorizaron la inversión respecto al consumo. En 2020, el consumo de hogares asumió casi la mitad de la caída del PIB, mientras la inversión explicó menos del 10 %. En adición, la inversión no se destinó hacia sectores con capacidad para recuperarse con agilidad en el contexto postpandemia. La mayor parte de los esfuerzos inversionistas se concentró en la actividad inmobiliaria (45 % en 2020 y 35 % en 2021), donde tiene un peso significativo la construcción de instalaciones hoteleras (2).

(2) A pesar de que en los últimos años la entrada de turistas al país ha caído significativamente, los niveles de ocupación son muy bajos (14,8 % en 2020 y 5,8 % en 2021) y no existen pronósti cos de una rápida recuperación del sector.

EXCESO DE DEMANDA

La inflación también ha estado motivada por un exceso de demanda, dado el notable incremento de la cantidad de dinero en circulación. En el período 2017-2019 la economía creció como promedio 1,3 %, mientras que la cantidad de dinero, medida a través del agregado monetario M2, se expandió 8,2 %. En 2020, año en que la economía se contrajo un 10,9 %, la cantidad de dinero creció un 23,6 % (ver figura 3).


La principal fuente de creación de dinero es el financiamiento al gobierno. Aunque desde antes de 2019 el déficit fiscal venía mostrando una tendencia creciente, en los últimos tres años este comportamiento se ha reforzado. El impacto de la pandemia y las transformaciones asociadas al ordenamiento monetario, llevaron a los déficits fiscales a alcanzar el 17,7 % y el 11,7 % del PIB en 2020 y 2021, respectivamente (ONEI, 2021).

De esta forma, expansiones elevadas y sostenidas del gasto público generaron presiones al crecimiento de los precios, especialmente en un escenario de contracción de la oferta e implementación de políticas de descentralización y desregulación de los mecanismos de formación de precios.

También incidieron en la inflación por el lado de la demanda las medidas de aumentos salariales y retribuciones sin respaldo de oferta. En 2019 se produjo un importante incremento de los salarios del sector presupuestado. A finales de 2020, como parte del ordenamiento monetario, se llevó a cabo un aumento generalizado de los salarios y pensiones. Desde mediados de 2021 se flexibilizaron los mecanismos de pago de salarios en el sector empresarial estatal, lo que se une a diferentes medidas de ampliación de las facultades empresariales para la distribución de utilidades en los últimos años.

De esta forma, a partir de 2019 se quiebra una regla implícita, según la cual el incremento de los salarios debía estar en correspondencia con un aumento de las ventas minoristas del Estado. Entre 2019 y 2020 los salarios crecieron como promedio un 24,5 %, mientras las ventas minoristas se redujeron como media un 7,2 % (ONEI, 2021).

PRESIÓN DE COSTOS

Las presiones inflacionarias de costos han respondido a tres factores fundamentales. En primer lugar, la dolarización parcial de la economía y la depreciación del tipo de cambio en el mercado informal de divisas han incrementado el traspaso del tipo de cambio a los precios (ver figura 4). Cuando una parte relevante de los insumos del sector privado se debe comprar en dólares (tiendas en divisas o importación), los precios se vuelven mucho más sensibles a las fluctuaciones del tipo de cambio. A su vez, dada la ausencia de mecanismos formales efectivos para acceder a las monedas extranjeras en el sistema financiero, los productores privados se ven obligados a acudir al mercado informal en un contexto de elevada depreciación del peso. Entre septiembre de 2019 y octubre de 2022 el tipo de cambio informal registró una depreciación acumulada de 527 %.


n segundo lugar, como parte del ordenamiento monetario se eliminó un grupo importante de subsidios que condujo a un encarecimiento sustancial del precio de productos y servicios básicos (medicamentos, alimentos normados, electricidad, agua, transporte, entre otros). Aunque los incrementos de salarios y pensiones amortizaron el impacto inicial para un segmento de la población, se produjo un aumento de los costos del sector privado, que se internalizó vía precios (3).

(3) En entornos mercantiles insuficientemente regulados (especialmente en el sector informal), de débil competencia, escasez y excesos de liquidez, los formadores de precios ganan poder para traspasar el incremento de costos a los precios finales.

Por último, en un escenario de subida continua del nivel de precios, se han generado presiones al aumento de los salarios en el sector privado, lo que ha implicado incrementos adicionales en los costos y en los precios no regulados.

PRESIÓN DE EXPECTATIVAS

Las expectativas desempeñan un rol cada vez más importante en el comportamiento de los agentes económicos y en la evolución ascendente de los precios en la economía cubana. En los últimos años, al menos dos factores han incidido de forma especial en las expectativas, alimentando la inercia inflacionaria.

En primer lugar, en un ambiente de agudos desequilibrios macroeconómicos y falta de claridad respecto a las medidas de política para combatir la inflación, predomina la incertidumbre y los incentivos hacia la incorporación de primas de riesgo por productores y comercializadores privados. En segundo lugar, se han evidenciado incoherencias en el manejo de las políticas económicas y en la implementación de las trasformaciones del modelo económico, lo que termina gravitando sobre la confianza y credibilidad de las instituciones públicas en general y del sistema financiero en particular.

En síntesis, la economía cubana a partir de 2019 ha mostrado un deterioro de las condiciones monetarias, experimentándose un proceso inflacionario sin precedentes desde la crisis de los años 90. Aunque fuertes shocks externos supusieron un deterioro considerable del escenario macroeconómico, otros desequilibrios internos, también de magnitud, determinaron presiones adicionales de demanda, costos y expectativas (ver figura 5). Ninguno de estos fenómenos explica por sí solo la inflación de los últimos años. La comprensión de la multiplicidad de sus causas es condición necesaria para un mejor acercamiento a sus soluciones.

3. MÁS ALLÁ DEL CONTEXTO ACTUAL

Luego de llegar a un máximo de 183,0 % en 1993, la inflación comenzó un rápido proceso de corrección en la década de los años 90´s (Vidal, 2009). Entre 1996 y 2019 fue de apenas un 0,9 % promedio anual. ¿Qué arreglos institucionales garantizaron la estabilidad de precios en este período?

¿Explica la pérdida posterior de estos arreglos las dificultades para gestionar las presiones inflacionarias de años recientes?

Junto a un amplio paquete de medidas sobre el sector real, el programa de saneamiento financiero interno llevado a cabo para enfrentar el Período Especial contó con tres anclas nominales que ayudaron a una rápida recuperación de la crisis y a garantizar la estabilidad de indicadores macroeconómicos clave hasta principios de la década pasada: i) protagonismo y estabilidad de los precios minoristas regulados en la estructura de consumo de la población, ii) estabilidad del tipo de cambio de CADECA, y iii) control del déficit fiscal y la política de ingresos.

En primer lugar, luego de un ajuste inicial de precios como parte del saneamiento financiero, los precios estatales permanecieron prácticamente invariables durante más de dos décadas. Incluso los precios de las denominadas tiendas de recaudación de divisas (primero en USD y luego en CUC), donde se comercializaban productos caros para el salario estatal promedio, variaron muy poco durante el período. Entre 2004 y 2013 la inflación en CUC promedió un 0,6 % anual.

Hasta inicios de la década pasada la mayor parte del consumo final de los hogares se realizaba en el sector minorista estatal. En 2010 el 78,9 % del consumo de los hogares se efectuaba en estos establecimientos (ONEI, 2021). A ello habría que sumar que una elevada fracción de los insumos del sector privado se obtenía en el comercio minorista estatal y que el sector agropecuario operaba con presiones de precios a la baja debido a la oferta competitiva de mercados estatales. En este contexto, los precios minoristas del Estado representaban una referencia para la formación de precios de bienes sustitutos o complementarios del sector privado, estabilidad a sus inversiones y compra de insumos, así como una sólida ancla de expectativas.

Sin embargo, la irrupción del proceso de actualización del modelo económico modificó este comportamiento. En 2021 la participación del comercio estatal dentro del consumo de los hogares había disminuido al 60,0 %, en la medida en que se daba mayor espacio al sector privado. A ello se sumaron las dificultades del sistema de comercio estatal para cubrir la demanda creciente de los hogares, el sector privado y el turismo, especialmente desde 2015. En 2020 y 2021, debido a los impactos de las sanciones norteamericanas y la crisis de Covid-19, el comercio estatal tuvo una caída de casi un 20 % en términos reales.

Estos déficits de oferta fueron paulatinamente sustituidos por el mercado informal y por un dinámico esquema de importaciones directas de personas naturales, que varios autores estiman llegó a superar, en 2017, los mil millones de dólares anuales (un cuarto de las ventas estatales totales). El crecimiento del mercado informal de productos nacionales e importados, no contabilizado en las estadísticas oficiales, refuerza la pérdida de protagonismo del comercio minorista estatal dentro del consumo de los hogares. 

Este contexto terminó por deteriorar una importante ancla nominal, no por la pérdida de estabilidad de los precios estatales (sin grandes variaciones luego del “salto de nivel” del ordenamiento monetario), sino por la menor participación del comercio minorista estatal dentro del consumo, in- crementando el papel de los actores privados (formalizados y no) en los mecanismos de formación de precios.

En segundo lugar, el comportamiento del tipo de cambio supuso un importante factor de estabilidad macroeconómica desde los años 90´s. Luego de alcanzar los 100 pesos por dólar en el mercado informal de divisas en 1993 (Vidal, 2009), comenzó a ajustarse como resultado de la recuperación de la economía y de las políticas de saneamiento financiero.

Hasta 2004 funcionó un esquema de tipo de cambio fijo que el Banco Central de Cuba (BCC) modificaba en función de las condiciones del mercado de divisas. Desde entonces el tipo de cambio permaneció fijado a 24 pesos por dólar (o CUC), pero el incremento en la oferta de divisas garantizó la sostenibilidad del esquema. Entre 2005 y 2018 las remesas se multiplicaron 5 veces, mientras que el número de turistas internacionales se multiplicó por 2. En este escenario, al tipo de cambio oficial para los hogares (CADECA), la oferta de divisas no solo permitía cubrir la demanda, sino también financiar actividades del sector estatal de la economía.

Una peculiaridad del arreglo cambiario de este período fue el comportamiento del mercado informal de divisas. Aunque creció en volumen debido a la demanda de actividades privadas que operaban en un limbo de alegalidad (como las importaciones directas de personas naturales), el tipo de cambio informal se movía en paralelo al oficial, dentro de las bandas que permitían los márgenes comerciales del sistema financiero y el gravamen al dólar en efectivo (entre 0,87 y 1,03 CUC por USD). Ello reafirmaba la estabilidad y sostenibilidad del mecanismo cambiario como ancla de política.

A finales de 2019, con la intención de retener las divisas que salían del país para importaciones directas de personas naturales, el gobierno abrió un segmento de comercio minorista en divisas. Aunque inicialmente estuvo reservado para artículos de “alta gama”, luego se generalizó hacia productos de primera necesidad.

El incremento resultante de la demanda de divisas se combinó con una caída abrupta de la oferta, producto de sanciones de la administración Trump hacia los fundamentales ingresos en divisas del país y el cierre de fronteras como parte de las medidas de enfrentamiento a la Covid-19. En 2020 y 2021 los visitantes internacionales fueron un 23,2 % y 7,6 % de los que arribaron al país en 2018, respectivamente (ONEI, 2022). Se estima que las remesas cayeron 71,0 % de forma acumulada entre 2019 y 2021.

Como resultado, desde finales de 2019 los bancos fueron incapaces de asumir la demanda de divisas de los hogares.

Se produjo una paralización de facto de la venta de monedas extranjeras del sistema financiero a la población, relegando el protagonismo al mercado informal, donde los déficits de divisas se ajustaron a través de una abrupta depreciación del peso cubano.

En la segunda mitad de 2022, con el objetivo de reformalizar este mercado, el Estado devaluó el peso cubano en el sector de los hogares (CADECA), ajustando el tipo de cambio a un valor cercano al informal (120 pesos por dólar). Sin embargo, los desfases de implementación (se abrió primero la compra y luego la venta de divisas), las restricciones establecidas (solo se permite comprar 100 USD diarios, mientras exista disponibilidad), la falta de reacción a cambios en el entorno (no se ha vuelto a mover la tasa desde entonces) y otros problemas de comunicación, laceraron desde sus inicios la credibilidad de la medida e impulsaron un nuevo incremento del tipo informal. Hasta el momento se mantiene un nivel de oferta oficial de divisas, aunque reducido. 

El ancla del tipo de cambio se pierde en este caso por dos motivos. Por un lado, el protagonismo del mercado informal de divisas anula la capacidad para la estabilización directa del tipo de cambio por el Banco Central. Por otro lado, el avance de la dolarización (inducida por medidas de política y un contexto de pérdida continua de poder adquisitivo del peso) incrementa la participación del dólar en la estructura de consumo y ahorro de los hogares, ampliando el traspaso del tipo de cambio a los precios.

La tercera ancla relevante para la estabilización macroeconómica en las últimas décadas fue la disciplina monetaria a través de la política fiscal y de ingresos. Luego de dos años consecutivos de déficits fiscales superiores al 30,0 % del PIB (1992 y 1993), el ajuste de ingresos y gastos del gobierno permitió llevar ese indicador al 7,4 % en 1994 y al 3,0 % promedio entre 1996 y 2014. A la estabilidad monetaria también contribuyó el congelamiento de salarios estatales, que solo se incrementaron desde entonces mediante medidas puntuales, en la mayoría de los casos sectoriales.

Sin embargo, desde 2015 los déficits fiscales comenzaron a describir una trayectoria insostenible. Entre 2015 y 2019 los déficits representaron el 7,1 % del PIB. Como resultado, en ese período se generó más deuda pública que entre 1996 y 2014, explicando el 70,4 % del incremento de la oferta monetaria (agregado M2).

El impacto monetario de los déficits fiscales no solo se da por la vía de su tamaño, sino por la forma en que se financia. Aunque desde 2014 el gobierno emite bonos soberanos para financiarse, solo hasta 2017 esta compra se compartió entre la banca comercial y el Banco Central. Desde entonces la totalidad del déficit es monetizada por la autoridad monetaria.

En adición y como se comentó anteriormente, se relajó la política de ingresos a través de importantes incrementos salariales entre 2019 y 2021. El conflicto en estos casos no es el aumento de los ingresos per se (deseable desde el punto de vista social y político), sino que se produjeron en un momento de aguda contracción del producto, incrementando las presiones inflacionarias, anulando el propio impacto de las medidas y deprimiendo el salario real. Entre 2018 y 2021 el producto cayó 10,0 % y el consumo final de los hogares 11,9 %. En ese mismo período, el salario medio se multiplicó por 5 y el fondo salarial por 4,4 (ONEI, 2022).

En resumen, se produjo un resquebrajamiento de la disciplina monetaria en los últimos años, por el crecimiento de los déficits fiscales (ruptura de regla de política implícita), su monetización por el banco central y la flexibilización de la política de ingresos.

De la mirada transversal de estas anclas nominales se derivan tres lecciones para el manejo de la política monetaria en Cuba:

1. El deterioro de algunas de estas anclas era previsible, en la medida en que podrían ser parte o consecuencia natural del proceso de actualización del modelo económico cubano, tanto de sus aciertos como de sus inconsistencias. Es el caso de la pérdida de protagonismo del comercio minorista estatal, el incremento de flujos comerciales y financieros con el exterior producto de la reforma migratoria, la expansión de los mercados informales de bienes y divisas, entre otros.

Por tanto, la discusión relevante no es sobre la necesidad de afianzar un ancla específica (que pudiera ser útil en un contexto y no en otros), sino sobre la institucionalidad de la política monetaria. ¿Qué capacidad tienen las autoridades para adaptarse a contextos cambiantes, para ajustar o ampliar en el momento justo su “caja de herramientas”?

2. La actualización del modelo económico requiere estabilidad macroeconómica para su implementación. Sin embargo, en la última década ocurrió lo contrario: el rezago en la adopción de medidas esenciales de la actualización provocó la pérdida de anclas monetarias.

Por un lado, se promovieron medidas parciales que comprometieron la estabilidad macroeconómica. Por ejemplo, los subsidios a exportadores y productores por diferencial cambiario, ante la permanencia de la dualidad monetaria, fueron la principal causa del incremento de los déficits fiscales. Por otro lado, los actores privados implementaron mecanismos alternativos para cubrir los déficits de oferta y las brechas regulatorias, expandiendo los mercados informales de bienes y divisas.

3. Aunque es innegable el mérito de la estabilización macroeconómica de los años 90´s, se trató de un proceso inconcluso. A las medidas antes mencionadas, ayudó también una fuerte segmentación de mercados y la permanencia de controles de precios, salarios y tipos de cambio al interior del sector empresarial, que erosionaron la eficiencia de la asignación de recursos. Aunque la inflación no se manifestaba explícitamente, se reflejaba en ahorro forzoso, inflación reprimida e inconvertibilidad de la moneda. A ello se suma una débil institucionalidad para la conducción de la política monetaria y la coordinación macroeconómica, cuya mayor evidencia son los recientes fenómenos de dominancia fiscal.

Por tanto, la experiencia de los 90´s indicaba un buen comienzo, pero era apenas el inicio de un largo y complejo proceso de ordenamiento monetario.

4. CONCLUSIONES

Los desequilibrios monetarios entre 2019 y 2021 obedecieron a disímiles causas. Las sanciones norteamericanas, los impactos de las crisis internacionales sobre los precios y las cadenas de suministro globales, y los cierres productivos y de fronteras en el país asociados a la pandemia, condujeron a una aguda y persistente contracción de la oferta de bie- nes y servicios. El crecimiento del déficit fiscal y los salarios asociado al ordenamiento monetario y el enfrentamiento a la Covid-19, expandieron la demanda.

A su vez, el ordenamiento monetario y la depreciación del tipo de cambio informal, en un entorno de creciente dolarización, provocaron presiones inflacionarias vía costos. La incertidumbre macroeconómica y social, así como la erosión de la credibilidad de las políticas públicas, alimentaron presiones inflacionarias vía expectativas.

En buena lid, se reflejan las principales fuentes de inflación que describe la literatura. No obstante, desde la última década venía ocurriendo un proceso de progresivo deterioro de las anclas nominales que habían garantizado estabilidad macroeconómica en el sector de los hogares por más de 20 años. Por tanto, la inflación reciente es consecuencia de unos shocks de enormes magnitudes, pero, a su vez, de la pérdida de la institucionalidad que hubiera permitido a las autoridades contar con herramientas para su manejo.

Comprender los orígenes de la inflación no es un problema del pasado, sino del presente y el futuro. Las causas subyacentes que generaron los recientes desórdenes monetarios aún persisten. Dotar a la autoridad monetaria de herra- mientas eficaces de control inflacionario requiere voluntad y coordinación política, capacidades técnicas, integralidad e interconexión con otras trasformaciones claves del modelo económico. Tanto como estabilizar el entorno macroeconómico actual, se requiere desarrollar la institucionalidad de la política monetaria.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CNN. (22 de Julio de 2021). Cuánto suman, de dónde provienen y cuál es la importancia de las remesas para la economía de Cuba. Obteni- do de CNN Latinoamérica: https://cnnespanol.cnn.com/2021/07/22/ importancia-remesas-economia-cuba-orix/

Cruz, K. (2021). Desafíos del sistema financiero cubano en la actualización del modelo económico: un análisis institucional. La Habana: Univesidad de La Habana, Tesis de Maestría.

EIU. (June de 2022). Cuba Country Forecast. Obtenido de The Economist Intellingence Unit: https://country.eiu.com/cuba

el TOQUE. (30 de octubre de 2022). Obtenido de Tasa representativa del mercado informal de divisas en Cuba: http://eltoque.com

ONEI. (14 de Julio de 2021). Anuario Estadístico de Cuba 2020. Obte- nido de Oficina Nacional de Estadísticas e Información: http://www. onei.gob.cu/node/16275

ONEI. (10 de agosto de 2022). Anuario Estadístico de Cuba 2021. Obtenido de Oficina Nacional de Estadísticas e Información: http:// www.onei.gob.cu/node/18491

Vidal, P. (2009). Política monetaria y dualidad monetaria. En Centro de Estudios de la Economía Cubana, Miradas a la economía cubana (págs. 31-42). La Habana: Editorial Caminos.

ACERCA DE LOS AUTORES

Carlos Lage Codorníu

Licenciado en Economía (2005), Máster en Economía con Mención en Planificación (2011) y Doctor en Ciencias Económicas (2016), todas por la Universidad de La Habana, de donde es Profesor Auxiliar. Se desempeñó como espe- cialista y experto de la Dirección de Política Monetaria del Banco Central de Cuba entre 2010 y 2020. Desde 2020 es consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Sus líneas de investigación fundamen- tales se relacionan con las políticas macroeconómicas y la institucionalidad de sistema y los mercados financieros.



Karina Cruz Simón

Licenciada en Economía (2014) y Máster en Economía (2021), ambas por la Universidad de La Habana. Diplomado en Economía y Gestión Bancaria por la Universidad de la República (2018). Actualmente se desempeña como profesora e investigadora en el Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC). Entre 2014 y 2022 trabajó en el Banco Central de Cuba, en las áreas de Política Monetaria y Estudios Económicos. Sus líneas principales de investigación están relacionadas con los temas de financiamiento, políti- cas macroeconómicas e institucionalidad.

¿ Por qué hay déficit de moneda nacional ( CUP) en los bancos de Cuba ?

Dr Javier Pérez Capdevila

En Cuba, actualmente se está apreciando una situación en la que los bancos tienen cada vez menos liquidez debido a que el estado vende poco (porque produce poco y tiene poca capacidad de compra para importar) y el dinero circula entre vendedores privados que no guardan su dinero en los bancos.

Esta falta de circulación del dinero en los bancos puede tener consecuencias negativas para la economía del país y para la población en general. Por ejemplo, los bancos pueden tener dificultades para otorgar créditos a las empresas y a los particulares, lo que puede limitar el crecimiento económico y la inversión en el país.

Además, la falta de dinero en los bancos también puede afectar a la población en general, ya que puede ser más difícil para las personas cobrar sus salarios sin retrasos y, a pesar de muchos reciben sus pagos a través las tarjetas magnéticas, estos también se afectan por la inexistencia de efectivo en los cajeros automáticos en muchas ocasiones.

Es importante que se tomen medidas para fomentar la circulación del dinero en los bancos y para promover el uso de servicios financieros formales en Cuba. Esto puede incluir políticas y programas que incentiven a los vendedores privados a guardar su dinero en los bancos y a promover el uso de servicios financieros formales entre la población en general.

La situación actual es un problema que debe ser abordado de manera urgente para garantizar el crecimiento económico y el acceso a servicios financieros para la población.

Existen varias políticas y programas que podrían incentivar a los vendedores privados a guardar su dinero en los bancos en Cuba, algunas de ellas son:

1. Tasas de interés atractivas: Los bancos podrían ofrecer tasas de interés más atractivas para los depósitos a largo plazo, para incentivar a los vendedores privados a guardar su dinero en los bancos en lugar de mantenerlo en efectivo.

2. Promoción de servicios financieros: Los bancos podrían llevar a cabo campañas publicitarias y programas de educación financiera para promover el uso de servicios financieros formales y fomentar la cultura del ahorro y la inversión.

3. Reducción de cargos bancarios: Los bancos podrían reducir o eliminar algunos de los cargos asociados a los servicios financieros, como por ejemplo las comisiones por transferencias electrónicas, para hacerlos más atractivos para los vendedores privados y la población en general.

4. Incentivos fiscales: El gobierno podría ofrecer incentivos fiscales a los vendedores privados que depositen su dinero en los bancos, como deducciones fiscales o la exención de impuestos sobre los intereses generados por los depósitos.

5. Mayor seguridad de liquidez bancaria: Los bancos podrían mejorar su estrategia de seguridad y protección de los depósitos para garantizar la confianza de los vendedores privados y la población en general con relación a su acceso al sistema financiero formal.

Pero para lograr lo anterior, primeramente, el estado tiene que jugar el papel que le corresponde (cumplir sus promesas, incrementar las producciones, eliminar el déficit de medicamentos y controlar precios, entre muchas) y así construir una estrategia para eliminar la estanflación.

Empresa en el sector agrícola internacional. Subsidios y financiamiento

MINISTERIO DE LA AGRICULTURA

OBSERVATORIO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN DEL SISTEMA AGRARIO Y FORESTAL.


La Habana, mayo de 2022.

Resumen

La agricultura sigue siendo una vital actividad productiva, de la cual depende la fundamentalmente la producción de alimentos necesarios para la supervivencia humana, por lo cual se siguen desarrollando una gran cantidad de estudios e investigaciones con el fin de introducir nuevas tecnologías que permitan mayor productividad, así como a la vez hagan menos trabajoso la actividad productiva para el ser humano.

La agroindustria es una actividad compleja, en la que participan numerosas empresas que cumplen diversos objetivos (cultivo, procesamiento, distribución y comercialización), por lo cual la propiedad de la tierra es fundamental. Por ello, se han desarrollado las cadenas agroindustriales con la finalidad de poder satisfacer las crecientes necesidades de alimentos en el mundo. Una de las vías para lograrlo se centra en el concepto de economía circular, transitando una transición hacia el uso de las fuentes de energía renovables, de manera que se pueda alcanzar un desarrollo sostenible.

La agricultura es considerada uno de los sectores más vulnerables y débiles en la mayoría de las economías, razón por la cual su financiamiento se convierte en una necesidad imperante. Se ha considerado que los créditos (financiamiento) constituye la base de crecimiento de cualquier industria, que junto a los subsidios son imprescindibles para la industria agrícola, si se quiere lograr la suficiencia alimentaria.

El crédito agropecuario, a su vez, y en compañía de otros elementos políticos y económicos, puede ser una herramienta útil para impulsar la innovación, mejorar la asignación de recursos y, adecuadamente orientado, puede contribuir a reducir las brechas entre empresas, generando un ciclo de prosperidad económica al mejorar la productividad del sector.

Aun cuando en Cuba se encuentra legislado los créditos, no se ha producido un crecimiento en la demanda de estos por los productores agrícolas (principalmente los no estatales). Se considera que en ello incide es que los productores carecen de un canal eficaz de compras dentro del país, que permita el acceso directo e inmediato a equipos, herramientas, maquinarias, medios de transporte, combustibles, agroquímicos y otros insumos necesarios, debido a que el país no dispone de estos para su venta.

A ellos se suma que la inversión extranjera no ha favorecido particularmente a la agricultura, lo que unido a deficiencias en la distribución de algunos financiamientos provenientes del MINAGRI y Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, estos o no llegan al productor o no lo hacen en tiempo por diversos motivos (no existencia de proyectos, demoras y trabas burocráticas). Habría que adicionar que los productores agrícolas, estatales o privados, no tienen acceso directo ni a recursos financieros en moneda extranjera ni a mercados externos para satisfacer esas necesidades.  

Introducción

La agricultura es la principal actividad productiva del ser humano, pues, es el mayor sustento de alimentación del ser humano. Alrededor de ella existen muchos estudios acerca de nuevas formas de cultivar la tierra y de tecnologías innovadoras, para hacer el proceso de producción menos trabajoso para el ser humano.

Debido a esto existen numerosas empresas en el sector agrícola, pues, son necesarias para la producción de alimento. Las empresas tienen distintos objetivos dentro de la gran faena que es la agricultura, algunas se encargan de cultivar y cosechar los productos agrícolas, mientras otras de distribuirlos y comercializarlos.

Aquí se puede observar la entrada del mercado y la cadena de valor, ya que en la cadena de valor es cuando el producto agrícola toma su valor, pues como bien dice su nombre es como la cadena de producción donde el producto va tomando su valor cada vez que pasa por un proceso. A la vez cuando se inserta al mercado, su precio y valor pueden aumentar debido a su demanda o escasez o también pueden disminuir debido a la abundancia de este.

Las empresas agrícolas necesitan de la tenencia de la propiedad de la tierra, lo cual es necesario si quieren cultivar los productos que creen más necesarios; a la vez, estos productos necesitan de subsidios por parte del Estado u otras empresas, organizaciones e instituciones. Generalmente, los que mayormente suelen precisar de estos subsidios son los pequeños productores, que muchas veces no pueden avanzar debido a la competencia que le hacen las grandes empresas. 

Desarrollo

Financiamiento y subsidios en la agricultura.

A lo largo de la historia de la humanidad, el trabajo con la tierra se ha ido transformando para poder satisfacer las necesidades de la sociedad (Revolución Agrícola, 2012), lo que ha causado dificultades en el desarrollo de las actividades agropecuarias. Es en este punto donde las organizaciones internacionales como la FAO, PNUD, PMA, BID, BCIE y los dirigentes de los países han intervenido en la agricultura ya que esta es para países en vías de desarrollo como la base de su economía e importante contribuyente del Producto Interno bruto (Coello Quan, 2016). 

La agricultura es una actividad imprescindible en todo el mundo, especialmente en los países subdesarrollados, pues en ellos no solo desempeñan un papel clave en el logro de los objetivos de desarrollo y de reducción de la pobreza, sino también en la supervivencia de la mayoría de sus habitantes (E., 2020).

Sandoval Bances (2020), citando a Victorero (2014), quién enriquece lo planteado por Olivares (2004) y por Contreras y Saavedra (2001), argumentando que la agricultura requiere de productos financieros adecuados a la realidad del sector y que los agricultores requieren de financiamiento en todo el proceso productivo, empezando por la adquisición de semillas de mejor calidad que generen altos rendimientos, asimismo necesitan recursos para implementar las técnicas de producción a través del uso de herramientas como maquinarias e infraestructura de regadío y materiales de insumo como son los fertilizantes, pesticidas, fungicidas, con la finalidad de obtener mejores rendimientos de las cosechas. Sin embargo, el sector presenta unos de los obstáculos más críticos que impiden el desarrollo de dicha actividad siendo este el limitado acceso al financiamiento formal, esencialmente para los pequeños agricultores.

Para Contreras y Saavedra (2001), en general la problemática agrícola, está íntimamente relacionada con el desarrollo de la economía de cada país. La agricultura es considerada uno de los sectores más vulnerables y débiles en la mayoría de las economías, lo que requiere de políticas y medidas inmediatas para ser atendido en diferentes niveles y realidades a través de un trabajo colectivo por los sectores público como privado. El financiamiento de la producción agrícola es una de las tareas críticas, que debe formar parte de toda política agraria que se plantee lograr el bienestar de la población rural, con verdadera dignidad, en el que los ciudadanos estén completamente dotados de un sentido de responsabilidad, de un nivel de vida óptimo y de una capacidad plena para cooperar activamente en el desarrollo económico y social del país. Si en realidad se aspira a lograrlo, la concesión de los créditos debe ser en la cuantía necesaria, en el momento oportuno y adaptado a las numerosas necesidades y características de los productores (D., 2020).

Díaz Hurtado y colaboradores (2021), refiriendo otros autores señala que, al examinar los factores de crecimiento de las economías latinoamericanas, se observa que el impulso de la ruralidad a través de la producción agropecuaria aparece como una condición necesaria. Esto es esencial, no sólo por sus efectos directos en el abastecimiento de alimentos o la generación de empleo, sino también por su contribución al crecimiento económico, su papel en la disminución de la pobreza, la desigualdad (IFAD, 2011), y la sostenibilidad ambiental (Grisales, 2016). No obstante, un dato no menor aparece como contraste: en las últimas décadas, la participación del sector agropecuario en el total de las economías ha manifestado una tendencia decreciente en el mundo. En los años setenta, la participación de este sector en el PIB era significativa en países como Colombia (30%), Brasil (20%) y Perú (19%). Pero ya en 2009, su relevancia se redujo representando no más del 10% del valor de la producción promedio de las economías latinoamericanas (Fernández et al., 2011).

Dicho escenario pudo ser pavimentado por las políticas de liberalización aplicadas desde principios de los años 90, las cuales favorecieron principalmente una limitada cantidad de grandes empresas que se iban organizando en cadenas de valor, dejando por fuera a un considerable número de pequeños y medianos productores, derivando así, en el desaprovechamiento de las ventajas comparativas que impulsarían la participación de este sector en la producción nacional y, consecuentemente, en profundas consecuencias socioeconómicas para la población rural (FAO,2013) (F, A, K, & S., 2021).

En México las empresas agropecuarias satisfacen de recursos naturales alimenticios al país, de acuerdo a Guajardo (2012), el valor que tienen los alimentos para cualquier nación es vital, pues de eso depende fundamentalmente la existencia de la población y por consecuencia, cualquier pueblo en el mundo se interesa por la autonomía y autosuficiencia alimentaria. Asimismo, las empresas agropecuarias representan las unidades económicas que explotan los recursos naturales con los que cuenta el país y, por lo tanto, éstas representan la economía interna del país, la abundancia y escasez del mismo. Por otro lado, es trascendental reconocer que existe un gran porcentaje de la población que vive de la producción agraria y contribuye de una manera muy importante en el Producto Interno Bruto (PIB) del país (L., 2017).

En el sector agropecuario, donde los ciclos productivos son generalmente más largos que el de otros sectores económicos (con temporadas de cultivos de hasta un año, en frutas, por ejemplo), la falta de liquidez es de vital importancia. Cuando no existe la suficiente liquidez para comprar insumos o contratar mano de obra, se podría comprometer las ganancias del siguiente período productivo. Se trata de un fenómeno que viene a sumarse a los riesgos climatológicos habituales que enfrenta este sector, los típicos altos costos de transacción (localización geográfica apartada de las zonas productivas) y a que las transacciones se realizan generalmente en ambientes informales, todo lo cual dificulta su acceso a la banca tradicional (FAO y CEPAL, 2020).

Las características generales de las microempresas agropecuarias son el contar con un número reducido de trabajadores (de 1 a 10) y tener unos ingresos menores a 2 millones de pesos, esto permea las controversias que enfrentan, dando como resultado el no tener recursos financieros suficientes para enfrentar los problemas que padecen, como son los altos costos de insumos y servicios, falta de capacitación y asistencia técnica, infraestructura insuficiente para la producción, dificultades en la comercialización, dificultades en transporte y almacenamiento, falta de organización para la producción, falta de acceso al crédito, falta de información de los precios de los productos y desconocimiento de la administración de la actividad (F, A, K, & S., 2021).

Olloqui y Fernández Diez (2017), al citar a otros autores, refiere que en particular, el acceso a crédito es el determinante clave en las decisiones de inversión en activos productivos por parte de las unidades productivas rurales (UPR) y en la cantidad de inversiones que se realizan, por lo que si se eliminaran las restricciones al acceso al crédito se incrementaría el número de productores que harían inversiones, lo cual dependiendo de la magnitud de estas contribuirían a incrementar la inversión y el crecimiento en el sector primario con mayores beneficios de la tecnología utilizada y cerrar las brechas entre productores. Un estudio en México encuentra amplias diferencias en la inversión en activos físicos entre productores y emprendimientos agrícolas sujetos a racionamiento crediticio y aquellos con acceso a crédito formal (F & C, 2017).

Es importante considerar que el crédito (financiamiento) es la base de crecimiento de cualquier industria, siendo imprescindible para el sector agrícola, donde se aplican una gran variedad de estos (financiamiento comercial y financiero; tarjetas de créditos rurales; prestamos corrientes). En algunos países, como Argentina, se han desarrollado Sociedades de Garantías Recíproca, que son sociedades comerciales cuyo objeto es facilitar el acceso al crédito a los productores a través de avales, lo cual permite acceder a mejores financiaciones en cuanto a plazo, tasa, y condiciones del crédito financiero y comercial (J., 2017).

Otra forma utilizada han sido los apoyos o el financiamiento que pueden recibir los productores de parte de las empresas agroindustriales que compran sus cosechas, son créditos para la producción agrícola durante la siembra, insumos agrícolas (semillas y fertilizantes), asesoría técnica durante el proceso productivo y capacitación sobre instrumentación de normas de calidad e inocuidad que les permita adquirir certificaciones (Cih, Moreno y Sandoval 2016). Una vez que los productores se ajustan a los requerimientos establecidos al inicio del ciclo productivo por parte de los compradores, estos tienen la obligación de adquirir la cosecha del productor. En esta forma de relaciones contractuales, los productores ponen a disposición sus parcelas y su trabajo, mientras las empresas agroindustriales suelen complementar con insumos que permiten el desarrollo de un tipo de cultivo (LE., 2022).

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que la agricultura por contrato constituye un mecanismo que es empleado para regular el flujo de mercancías agrícolas; el tipo, la cantidad y calidad de los insumos; los recursos naturales que se utilizan para la producción de alimentos, y las pautas de conducta que deben seguir los agentes involucrados, es decir, el papel que cada uno desempeñará al celebrar los acuerdos que establecen bajo el esquema de agricultura contractual; todo lo anterior con la finalidad de garantizar el abasto de alimentos y satisfacer determinados estándares de calidad establecidos en el mercado (LE., 2022).

Por ello la FAO y CEPAL (2020c) recomiendan otorgar, además del apoyo financiero (créditos y subsidios productivos), una asistencia técnica para los pequeños agricultores. Sugieren la utilización de la iniciativa blockchain con la finalidad de empoderar a los agricultores pequeños y así ayudarles a acceder a los créditos bancarios, con lo cual crea un historial de transacciones y así definir mejor el perfil financiero del productor. Con ello mejora el historial del productor, registrando las ventas realizadas, los insumos comprados y los años de cada negocio, facilitan el trabajo bancario para poder evaluar el riesgo de las microempresas, sobre todo si estas son informales o se ubican en zonas alejadas de los centros urbanos (FAO y CEPAL, 2020). 

Existen un grupo de medidas que se pueden realizar para poder para asegurar el financiamiento a las empresas del sector agrícola (FAO y CEPAL, 2020), dentro de las que se señalan:

-           Postergar el pago de impuestos.

-           Ofrecer créditos con garantías estatales.

-           Prorrogar créditos bancarios en condiciones preferenciales.

-           Ofrecer periodos de gracia para nuevos créditos.

-           Establecer cuotas flexibles para créditos actuales.

-           Establecer líneas especiales de financiamiento para que los bancos aumenten sus colocaciones.

-           Desarrollar productos financieros adaptados a la realidad productiva de los agricultores, con una estructura de pagos según ciclos productivos, una oferta de financiamiento focalizado y pre evaluado por rubro o territorio y la implementación de financiamiento público-privado para agricultores encadenados con la agroindustria, entre otras medidas.

Se comprende que todas estas problemáticas requieren de personal capacitado en el ámbito administrativo para su solución, así como conocer a profundidad del entorno en que se desempeña la empresa y conocimientos financieros para poder administrar los recursos de la empresa de forma óptima. Cobra gran importancia el uso de toda la información para analizar e interpretar la situación de la empresa y del entorno en que la misma se desarrolla.

El proceso de globalización de la economía impone a cada país la necesidad de la especialización en aquellas producciones que le permitan una inserción estable al comercio mundial y así tener una mejor posición competitiva especialmente en el ámbito agrícola, pero esto no se ha venido dando ya que para países menos desarrollados como el nuestro competir con las grandes potencias es difícil, hablando del sector agrícola estos países brindan subsidios agrícolas tan altos que nos vemos afectados de manera directa con los resultados, nuestros costos de producción son mucho más altos, su productividad y utilidad son mayores, dejando al pequeño campesino con las manos atadas sin poder competir, originándose la inevitable migración del campo a la ciudad, pérdida de competitividad en los mercados locales e internacionales, por ende el aumento de agricultores endeudados que tienen que migrar hacia zonas urbanas sin poder siempre poder encontrar empleos en éstas (I.F., 2017).

La agricultura, en la actualidad, ha llegado a tener importancia en diferentes aspectos, como en la economía, el medio ambiente y la sociedad. Como menciona Luis Arauz (2011) “el equilibrio entre los aspectos económicos, sociales y ambientales es necesario para la sostenibilidad de la agricultura. Las actividades agrícolas que no sean rentables económicamente tenderán a desaparecer, especialmente en el ambiente comercial imperante”. Lo anterior, significa que, si las actividades agrícolas carecen de un impacto social, no tiene sentido seguir apoyándola; asimismo, suspender aquellas actividades que tengan un impacto negativo relacionado con el medioambiente en su dimensión suelo, agua y biodiversidad (H, A, & M., 2021).

En lo que respecta a la economía, la agricultura no solo cumple una función de seguridad alimentaria, sino que todas las naciones la visualizan como un activo estratégico para lograr un desarrollo económico y social. En los países mayormente desarrollados, el respaldo que obtiene la agricultura es enorme, ya que se reciben subsidios y ayudas externas (H, A, & M., 2021).

Tipan Vinocunga (2022), citando otros autores (Carrasco 2208; Anderson y Valenzuela 2010), señala que ha sido reconocido ampliamente que en América Latina que el sector de la agricultura tiene muchos problemas debido a los bajos niveles de financiamiento, escasa investigación, un débil desarrollo tecnológico, que acompañado de una frágil institucionalidad, son las razones que hacen a este sector más sensible por diversas razones, a pesar de contar con casi el doble de tierras agrícolas per cápita del mundo, aunque las tierras se encuentren mayoritariamente en manos de los medianos y grandes predios (T., 2022).

La eliminación de restricciones de acceso al crédito incrementaría el número de productores rurales que hacen inversiones, así como la magnitud de las inversiones que se efectúen, conllevando la ruptura del ciclo de baja inversión, baja productividad y bajo crecimiento en el sector primario, ayudando también a la distribución de los beneficios derivados de la tecnología, lo cual contribuye a cerrar las brechas de productividad entre los productores (J., 2017).

Cabe señalar que si bien pueden existir programas gubernamentales que apoyan a los productores en la inversión en capital y adopción de tecnologías a través de apoyos directos, la eficiencia del crédito como instrumento de política pública deriva de la vinculación que introduce entre las decisiones de inversión y el costo de oportunidad de los recursos, estimulando inversiones que son rentables en términos económicos (BID, 2016). Además de la eficiencia técnica, la productividad también se ve afectada por la falta de apoyo a la generación y adopción de innovaciones y cambio tecnológico que permiten ampliar la frontera de posibilidades de la producción (J., 2017).

El subsidio ha constituido una herramienta macroeconómica que busca normalizar y potencializar las condiciones de oferta o demanda de un bien o servicio. La agricultura además de estar influenciada por los factores económicos en los que se desarrolla, se puede ver afectada por las condiciones climáticas, enfermedades y plagas que pueden afectar los cultivos, por lo cual la implementación de subsidios permite paliar los efectos sobre este sector (T., 2022). 

Los subsidios son transferencias monetarias que el estado otorga a las empresas, lo cual puede realizarse mediante la reducción de impuestos o a través de pagos directos. Se considera que el subsidio logra incrementar la producción y recios de mercado (P & H., 2016).

La política pública de subsidios y financiamientos a la agricultura tiene una explicación económica; primero, porque se busca que la agricultura cumpla con su papel de proveedora de alimentos y materias primas a bajo costo; segundo, porque obliga a los países a fortalecer sus procesos de autosuficiencia alimentaria (A, R, & DJ., 2021).

A nivel mundial se ha observado que las tendencias globales de los subsidios a la agricultura han creado desigualdades en las condiciones de competitividad en los mercados mundiales. Para algunos los precios de los productos no se fijan necesariamente por la oferta y demanda, sino que sobre ello incide el efecto dumping, provocado por las grandes potencias económicas que proporcionan sustanciales subvenciones a sus productores, por lo que se incrementa la producción en el mercado internacional, presionando a la baja de precios, quedando en desventaja la producción de los países más pobres, por lo que se opta por la importación en lugar de su producción (A, R, & DJ., 2021).

En la Unión Europea los subsidios asignados al sector agropecuario ascienden a unos 60 mil millones de euros al año, a lo que se añade una protección mediante aranceles, protegiendo sus productos de la competencia externa. No obstante, a eso, Europa realiza un libre comercio con economías más débiles y pobres del continente africano, pero al exportar productos agrícolas a África, lo cual conlleva desventajas para los pequeños productores de esta región (A, R, & DJ., 2021).

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta si se quiere mantener una cadena de suministros más completa que repercuta favorablemente en las familias productoras, debe conocerse en primer lugar cual es la estructura de capital de cada empresa, considerando su nivel de deuda, su nivel de tecnificación en maquinarias y equipos, los activos con que se cuentan, las utilidades de los últimos años, la evolución de ventas, las estructuras de costos y el ingreso promedio. Es con este conocimiento que estarán en condiciones para poder recibir beneficios para la adquisición de maquinaria y equipos que permitan incentivar la actividad emprendedora en el agro. Esto permitirá una evaluación con el fin de conocer cuál será el mejor modelo de financiación que satisfaga las necesidades financieras de las empresas agropecuarias a lo largo de su ciclo de vida, con la finalidad de implementar acciones que favorezcan su crecimiento y evolución (CA. & González, 2015).

Los actuales modelos de financiación como tasas de interés subsidiadas y cancelación de deuda, son alicientes en el corto plazo, sin embargo, se busca que el sector agrícola vuelva a ser un motor de crecimiento y desarrollo para lo cual necesita de una intervención estatal de manera más activa (CA. & González, 2015).

Es importante entender la estructura de capital de las empresas agropecuarias porque las razones financieras nos dan un panorama de la salud de la firma, sus fortalezas y debilidades, conociendo las debilidades en términos financieros de las empresas según su tamaño, es factible mejorar su competitividad a través de un saneamiento financiero y de una educación administrativa eficiente que se traduzca en productividad y crecimiento (CA. & González, 2015). 

Se ha considerado que uno de las limitantes para que el sector agrario pueda insertarse en el mercado internacional ha sido la falta de asociatividad entre los pequeños y medianos productores, la que otros consideran “asociatividad con enfoque de negocios” de los trabajadores a pequeña y mediana escala, como un mecanismo para crear economías de escala, incrementando la producción y productividad de los suelos, favoreciendo una mejor y mayor disponibilidad de provisiones y materias primas agrícolas de mejor calidad, promoviendo créditos competitivos de los mercados financieros (T., 2022). 

Algunos países, como Ecuador han implementado estrategias que permitan el fortalecimiento organizativo, liderazgo y desarrollo de las capacidades comerciales a través de líneas de crédito, subsidios y acceso a los mercados entre otros. Se ha señalado que en este país un importante número de pequeños (40 %) y medianos productores (34 %) no hacen uso de fertilizantes para su producción, para lo cual el estado realizó una intervención mediante un subsidio que se le entrega directamente al productor a través de alternativas integrales agronómicas que permitan controlar malezas, enfermedades y plagas, mediante la distribución de paquetes o kits subsidiados (T., 2022). 

En Ecuador se ha analizado las oportunidades de financiamiento relacionadas al sector productivo agrícola, estas se encuentran en crecimiento e inclusive el ministro de agricultura y ganadería mencionó la existencia de un plan en el cual se ofrecería créditos de 100 millones de dólares mensuales a los productores agrícolas (Gómez Landires, 2018), lo cual puede ser de vital importancia para sectores como el arrocero que requiere de tecnificación para obtener una mayor producción y rentabilidad (LR & Hurtado Tovar SE., 2018).

En Ecuador en el 2018 unos 281772 agricultores han tenido acceso al seguro agrícola, con una superficie asegurada de 1029000 hectáreas (ha), brindando cobertura a los micro y pequeños productores contra las adversidades (eventos climáticos y otros). En 2019 se le asignan funciones al Ministerio de Agricultura y Ganadería, dentro de las que se destaca la implementación de mecanismos para la mitigación, donde se incluyen subsidios adecuados y convenientes, priorizando a los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores (T., 2022). 

En Colombia, el crédito agropecuario no ha sido ajeno a tales dinámicas: ha influido en la atenuación de esta realidad, y a la vez, se ha visto afectado por las constantes reformas. Si bien, la participación del Estado continúa como una constante, el proceso de desarrollo de la institucionalidad crediticia ha obedecido al espíritu de la productividad y competitividad, dejando a un lado muchos de los criterios en el largo plazo. Se trata, en suma, de procesos que históricamente se han influido mutuamente de múltiples maneras, y son tanto causas como consecuencias de los cambios estructurales y rurales en América Latina (IFAD, 2016). Dichos cambios revelan una sensación de malestar por las condiciones de las actividades agropecuarias, las cuales se manifiestan principalmente en la poca tecnificación de la agricultura que genera una subutilización de la tierra con potencial agrícola, y en los altos niveles de pobreza y desigualdad social; a pesar de los avances en la reducción de éstas últimas, la región continúa teniendo la distribución de los ingresos más regresiva de todo el planeta (F, A, K, & S., 2021).

Pero el crédito agropecuario, a su vez, y en compañía de otros elementos políticos y económicos, puede ser una herramienta útil para impulsar la innovación, mejorar la asignación de recursos y, adecuadamente orientado, puede contribuir a reducir las brechas entre empresas, generando un ciclo de prosperidad económica (Abedullah et al., 2009; De la Vega et al., 2014; Echavarría et al., 2018). ¿Cómo se ha visto afectado y cómo ha intervenido el sistema de crédito agropecuario colombiano? Una síntesis la brindan Estrada y Sandoval (2014) en su análisis al crédito cafetero. Estos autores afirman que el crédito se entiende como un instrumento útil para dinamizar actividades rentables, pero no resuelve problemas económicos de carácter estructural o suplen una política social. De uno y otro lado aparecen argumentos que difuminan cualquier intento de balance general. Es por esto que el presente trabajo se ha propuesto analizar las dinámicas que configuraron la situación actual del crédito agropecuario (F, A, K, & S., 2021).

Históricamente la evolución de los créditos otorgados por el fondo para el financiamiento agropecuario (FINAGRO) y el Banco Agrario en Colombia iban en aumento desde el año 2000, está marcada tendencia se vio levemente afectada en el año 2007-2008 como consecuencia de los efectos de la crisis financiera, donde se previó para los próximos años tasas bajas en asignación de cupos para fortalecer el aparato agropecuario del país (CA. & González, 2015). Los créditos otorgados al sector agropecuario se dividen en:

-           Capital de trabajo comprende: producción, semillas, material vegetal, sostenimiento, comercialización y apoyo técnico;

-           Inversión: siembra y renovación, compra de animales, maquinaria y equipo, infraestructura, adecuación de tierras, comercialización y apoyo técnico;

-           Consolidación de pasivos: bonos en prenda. (SAC, 2014)

Más recientemente en Colombia, el Gobierno de Iván Duque, con el objetivo de apoyar a los pequeños y medianos productores y proveerles liquidez para que sigan produciendo durante este 2022, anunció la puesta en marcha del programa de crédito con tasa de interés subsidiada para el presente año, donde el gobierno paga hasta el 80 % de los intereses, para lo cual el Ministerio de Agricultura asignó $114.500 millones de pesos, con los cuales se subsidiará las tasas de interés.  La meta es fomentar créditos en el campo por 1,26 billones (Zea, 2022).

Los subsidios directos a la producción a través de transferencias monetarias a las empresas, realizadas a través de la reducción de impuestos o por pagos directos, lo cual incrementa la producción y reduce los precios del mercado. En el caso de la agricultura tiene una explicación económica, para que esta cumpla con su papel de proveedora de alimentos y materias primas a bajo costo, obligando a los países a fortalecer sus procesos de autosuficiencia alimentaria.

Sin lugar a equivocaciones, las políticas de los subsidios es una herramienta que tienen los gobiernos para impulsar el sector, el cual es tan importante para la subsistencia de las personas. En forma general, los subsidios manejados de manera adecuada pueden mejorar la productividad del sector y, por lo tanto, aportar al bienestar de las familias.

Según pronósticos de CEPAL-FAO, las perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural para América Latina y el Caribe en 2019-2020 tiene un complicado panorama, debido a que por la fragilidad económica de las empresas campesinas y otros tipos de pymes rurales no podrían avanzar en base a los recursos obtenidos con las ganancias anteriores. Por ello para poder alcanzar un nivel adecuado de inversión sería indispensable contar con recursos externos en las comunidades, sean esta mediante subsidios, créditos blandos, donaciones u otras formas de financiamiento, que para tener impacto deberán contar con sistemas de asesoría técnica, entre otros programas complementarios, lo cual requeriría movilizar un importante volumen de recursos (FAO;CEPAL;IICA, 2020).

Aun cuando América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo más endeudadas y con mayor servicio de la deuda externa (59 % del valor de las exportaciones de bienes y servicios), lo cual ha complicado el mantenimiento de los niveles de transferencia y subsidios que prevalecieron en la región en el 2020. De la política monetaria y fiscal, como consecuencia de esto no ha estado ajeno el sector agropecuario, donde hay evidencias de una flexibilización monetaria y algunos subsidios han sido destinados a este importante sector. Se reconoce que en 2020 se han ablandado las condiciones para otorgar créditos a los productores agrícolas en varios países, con una reducción en los intereses, otorgando garantías y dando otras facilidades de reprogramación financiera (CEPAL y FAO 2020), con evidencias de un incremento de los presupuestos a los ministerios de agricultura en algunos países, aunque otros como México y Brasil sufrieron recortes importantes (27 % y 21 % respectivamente) (FAO;CEPAL;IICA. , 2021).

Un estudio realizado en 2017 analiza las características, obligaciones fiscales, problemas y retos comunes de las empresas agropecuarias de México, con el fin de identificar las herramientas de la Administración Financiera que le sean útiles para mejorar su situación financiera. Mediante esta investigación se reconoce que el 81.48% de las empresas agropecuarias en México corresponden a microempresarios, lo cual determina su situación financiera (L., 2017). 

Otro aspecto relevante en la región latinoamericana es la falta de acceso al financiamiento por parte de los pequeños productores. Esto se debe a que, en numerosas ocasiones, las políticas de crédito dirigido no han cumplido con su objetivo de favorecer el desarrollo de los campesinos rurales, ya que en muchos casos los préstamos se han destinado a favorecer a los sectores más modernos de la agricultura comercial. Asimismo, la asignación de los recursos no se había sustentado en una correcta evaluación de los proyectos, pues en muchos casos se registraron interferencias de carácter político al momento de tomar las decisiones (M & J., 2018).

A todo esto, se sumaron los desajustes entre las condiciones crediticias de carácter preferencial y el costo real del crédito, lo que determinó resultados desfavorables en la solvencia financiera de esas instituciones, que pasaron a depender altamente de los fondos públicos. Asimismo, la inexistente o deficiente calidad de la infraestructura y servicios públicos en el sector rural, la pobreza de los recursos humanos, debido a la carencia de una educación de calidad, los problemas de dispersión geográfica y atomización de las propiedades agrícolas en pequeñas extensiones, la indefinición de los derechos de pertenencia por la falta de títulos de propiedad, la convivencia de una diversidad de unidades de producción con diferente nivel de tecnología y de ingresos, y los insuficientes sistemas de seguros y garantías contribuyeron a la reducción del crédito agrícola en la región (M & J., 2018).

En estas condiciones, las instituciones financieras, en particular los bancos de desarrollo, los que se acercan más al pequeño productor, tienen que reunir toda su experiencia a fin de afrontar los problemas y desafíos de este sector, tanto en su dimensión económica como en la social y movilizar mayores recursos financieros para evitar perjuicios a las unidades productivas y a la población rural (M & J., 2018).

En Cuba existen tres formas de cooperativas: primeramente las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) integradas por pequeños agricultores, donde el cooperativista transmite la propiedad de la tierra o demás bienes agropecuarios aportados a favor de la cooperativa, perdiendo así su condición de propietario; las Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS) se integran por pequeños agricultores y mantienen la propiedad o el usufructo de la tierra o bienes que aporte, por lo que resulta más ventajosos para el cooperativista, mientras que la UBPC constituida por personas naturales que no requieren ser pequeños agricultores no podría aportar nunca la tierra pues la tiene en concepto de usufructo, no en propiedad, pudiendo aportar solamente bienes muebles, así como su trabajo (JF & R., 2021).

En estas existe entonces una distinción entre lo que resulta propiedad del cooperativista y la propiedad de la cooperativa; por otro lado, en la UBPC el asociado no podría aportar nunca la tierra pues la tiene en concepto de usufructo, no en propiedad, pudiendo aportar solamente bienes muebles, así como su trabajo. A pesar de estas diferencias entre ellas, se les reconoce en la ley a todas por igual, la oportunidad de solicitar créditos para el desarrollo de su actividad productiva, estableciéndose los requisitos para el otorgamiento y destino del crédito y el proceso para su solicitud (JF & R., 2021).

Existen en Cuba bancos especializados en créditos y demás servicios bancarios al sector agrícola, tanto a cooperativas como a agricultores pequeños. El Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), generalmente es el encargado de realizar estas funciones, aunque similar función la lleva a cabo el Banco Popular de Ahorro (BPA), con la particularidad que los servicios de este último van dirigidos fundamentalmente a personas naturales (JF & R., 2021).

El Decreto Ley No. 289 de 2011, regula lo concerniente a los créditos y otros servicios que ofrece el banco a las personas naturales, entre las que se hallan los agricultores pequeños, donde se establece además que las CCS pueden constituir fondos de garantía en las instituciones financieras, en beneficio de los socios que soliciten el crédito (JF & R., 2021). 

Requisitos para el otorgamiento de créditos al sector agropecuario (JF & R., 2021)

Los bancos en Cuba establecen varios requisitos que debe reunir el cliente para solicitar financiamiento. De ellos derivan, de forma general, los siguientes:

— estar constituido o inscripto en los registros establecidos de acuerdo con su forma de propiedad;

— presentar el certificado de tenencia legal de la tierra, para los que realizan actividades agropecuarias;

— operar cuentas bancarias en la Sucursal donde se solicita el financiamiento, que en el caso de los agricultores (propietarios y usufructuarios) siempre que estén vinculados a una UBPC, CPA, Granjas y Empresas Estatales mediante las cuales podrán adquirir insumos agropecuarios, recibir servicios y comercializar sus producciones obligatoriamente deberán operar cuentas corrientes donde se acreditarán los ingresos por la venta de sus producciones a los que soliciten crédito bancario con una parte en efectivo cuando el monto supere los 50 000 pesos y hasta 200 000 pesos para los productores tabacaleros. En el caso de los porcicultores se obligarán a operar cuentas corrientes cuando los ingresos superen los 70 000.00 pesos, aunque no requieran préstamos en efectivo;

— los productores que estén asociados a una CCS deberán aportar la información contable y estadísticas confiables, que el Banco le solicite para la evaluación del nivel de riesgo de sus financiamientos;

— permitir al Banco realizar las comprobaciones físicas a sus activos fijos y circulantes y revisar documentos relacionados con la utilización de los financiamientos y el estado de sus garantías. En los créditos de inversión, presentar la requerida documentación que posibilite la evaluación del proyecto a financiar.

Destino de los créditos otorgados (JF & R., 2021)

Los créditos pueden otorgarse para la producción o capital de trabajo y para inversiones. Los primeros están considerados como préstamos a corto plazo, el término máximo para el pago será de 18 meses. Los fines con los que los créditos para la producción se manejan generalmente son: producción de cultivos temporales o de ciclo corto, plantaciones permanentes, producción pecuaria y autoconsumo. Los créditos para inversiones son considerados a mediano y largo plazo, el término máximo será 3 años o más de 3 años respectivamente. Estos créditos cubren la compra de maquinarias, tecnologías y la construcción cuya finalidad sea el aseguramiento del proceso productivo en el campo. No se financiará la adquisición o construcción de un activo fijo tangible cuando se determine que no existe capacidad de financiamiento para los bienes que se pretende adquirir o construir y cuando se excede la capacidad de financiamiento o ha sido financiado anteriormente.

En Cuba la agricultura es una actividad prioritaria, pero a pesar de las transformaciones ocurridas en el sector en los últimos años enfrenta aún múltiples dificultades que entorpecen su avance, entre ellas se encuentran las relacionadas con el financiamiento.

El financiamiento a la agricultura en Cuba (E., 2020)

La agricultura es un sector prioritario para la economía y la sociedad cubana, por el papel que desempeña en la alimentación, la población que emplea, por el efecto multiplicador que pudiera generar en otros sectores de la economía y porque podría contribuir a mejorar la situación financiera del país, al posibilitar reducir las importaciones de alimentos e incrementar las exportaciones de estos productos. Sin embargo, en la actualidad no cumple a cabalidad esas funciones, de ahí que resulta imprescindible incrementar la producción agrícola. Para ello existen significativas limitantes, relacionadas principalmente con las características de la esfera y su financiamiento.

Este sector está relativamente atrasado, descapitalizado y es ineficiente, por lo que tiene bajos niveles de productividad y rendimiento. En ello inciden varios elementos, tales como factores naturales y climatológicos (sequías, inundaciones, huracanes); problemas de gestión asociados al mal funcionamiento del modelo de producción; problemas tecnológicos (obsolescencia de equipos, maquinarias e industrias); limitaciones y contradicciones de las transformaciones realizadas en el sector recientemente; insuficiente capacitación de la fuerza de trabajo (sobre todo de los nuevos usufructuarios); escaso financiamiento que incide en la disponibilidad de equipos, insumos; escasas inversiones para modernización y mantenimiento; uso limitado de tecnología; insuficiente capacidad de procesamiento industrial, falta de envases y embalajes.

Es indiscutible que el país enfrenta dificultades para obtener financiamiento externo, además de su alto costo. Las mismas razones que explican esta situación en la mayoría de los países subdesarrollados están presentes en Cuba, a lo que se suman los obstáculos derivados de su situación financiera particular, como son la elevada deuda externa, la baja calificación crediticia, la debilidad de la economía interna y su alta sensibilidad a los choques externos, así como la prevalencia del bloqueo de Estados Unidos, que impide el acceso al mercado financiero estadounidense, obstaculiza el uso del dólar en las transacciones internacionales, y presiona a las instituciones financieras de terceros países con los que Cuba tiene relaciones.

Sin embargo, existen recursos internos disponibles, sobre todo en los últimos años en que se ha incrementado el ahorro del segmento de los trabajadores por cuenta propia. A pesar de que existen necesidades no satisfechas no se ha producido un incremento en la demanda de créditos en las magnitudes esperadas por parte de los productores agrícolas, principalmente no estatales (cooperativas, pequeños campesinos y usufructuarios), que son los que administran el 70,6 % del total de la tierra agrícola, generan el 86 % de la producción agropecuaria no azucarera y el 98 % de la producción de caña de azúcar (ONEI, 2014).

Financiamiento interno (E., 2020)

El sistema financiero cubano es básicamente bancario y totalmente estatal. Tanto las instituciones como los instrumentos disponibles para el financiamiento de la agricultura son limitados. De los bancos comerciales estatales existentes ninguno se especializa en la agricultura, ni existe un banco de desarrollo rural.

En cuanto las posibilidades reales de financiamiento y relaciones con el banco, aquellas personas que solicitan las tierras pueden pedir un crédito de hasta 20.000 pesos para limpiar el área que desea trabajar, con facilidades de pago. Se controla desde el preciso momento que se hace la solicitud y los sujetos pasan a ser usufructuarios se le exige el cumplimiento del contrato si el mismo puede extinguírsele y perder las tierras.

Los principales instrumentos a través de los que se ha otorgado financiamiento agrícola son el llamado «paquete tecnológico» y los créditos bancarios. El «paquete tecnológico», principal variante de financiamiento empleada hasta que comenzaron las transformaciones en el sector, consiste en la asignación por parte del Estado de recursos e insumos (equipos, semillas, agroquímicos, combustibles) a empresas, cooperativas y campesinos individuales, por lo general a precios subsidiados y orientados a las producciones que más impactan a la economía del país, como el arroz, el frijol, el maíz, la caña, la leche, la carne, el huevo, la miel, el café y el tabaco.

El crédito bancario, por su parte, ha sido poco relevante. Hasta el año 2010 su uso se concentró en las empresas estatales y en menor medida se dirigió a las cooperativas agropecuarias y campesinos privados. A partir de ese año, como parte de las medidas para estimular la agricultura, el gobierno extendió la oferta de créditos a los nuevos usufructuarios, mejoró sus condiciones3 y equiparó sus términos para todos los potenciales prestatarios (antes las empresas estatales recibían mejores condiciones).

En Cuba la tasa de interés anual en la concesión de créditos agrícolas oscila entre un 4% y un 6 %. La flexibilidad en los tiempos de pago y las prórrogas constituyen garantías necesarias para el desempeño de una labor sujeta a factores naturales que crean cierta incertidumbre en el proceso de producción agrícola.

Sin embargo, la demanda de tales préstamos por parte del sector privado no ha tenido el crecimiento esperado y la agricultura aún concentra un bajo por ciento del total de créditos otorgado por el sistema bancario cubano. La reducida propensión a la solicitud de créditos bancarios por los productores agrícolas se debe a varios factores. La razón fundamental es que estos productores carecen de un canal eficaz de compras dentro del país (mercados mayoristas u otras alternativas) que permita su acceso directo e inmediato a los equipos, herramientas, maquinarias, medios de transporte, combustibles, agroquímicos y otros insumos agrícolas necesarios, en muchos casos porque el país no dispone de esos medios para vendérselos.

Financiamiento externo (E., 2020)

En Cuba resulta muy difícil acceder a información sobre financiamiento externo, más aún detallada por sectores receptores. No obstante, de manera general puede decirse que no es predominante en la agricultura y resulta muy costoso. Además, los procedimientos para que llegue a los agricultores son engorrosos y las entidades e instrumentos involucrados son limitados.

Como en la mayoría de los países subdesarrollados, en Cuba los principales fondos externos para la agricultura provienen de fuentes gubernamentales, organismos y agencias internacionales (bilaterales o multilaterales). Estos se ofrecen a través de créditos blandos, donaciones y otras formas de asistencia, a menudo como parte de programas de cooperación económica.

Las principales instituciones cubanas con facultades para distribuir los recursos financieros provenientes de estas fuentes son el Ministerio de la Agricultura y el Ministerio de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera. Estas entidades reciben y evalúan los proyectos presentados por empresas, cooperativas y autoridades locales cubanas, y deciden a cuáles proyectos deben ir los recursos disponibles. Sin embargo, en ocasiones, a pesar de que se dispone del financiamiento, este no llega a los productores, o no lo hace en tiempo, por varios motivos que van desde la carencia de propuestas de proyectos, los no debidamente fundamentados, hasta demoras y trabas burocráticas.

La inversión extranjera, por su parte, no ha favorecido particularmente a la agricultura, siendo la mayoría de las asociaciones económicas con capital extranjero para los sectores del turismo, energía y minas, y la industria (Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, 2019). Datos de 2014 señalan que solo un 5 % de la inversión extranjera se dedica al sector alimentos y otro 5 % a agroindustria (turismo y sector inmobiliario con 52 %, energía y minería el 11 %, y en la industria el 10 % (Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, 2015).

Según Milián Gómez y Rodríguez Corría (2021), en su investigación en un municipio de Villa Clara en 2019 del comportamiento de la contratación bancaria en el sector cooperativo para solicitar créditos, donde la mayor concurrencia de cooperativas fueron las CCS con 15 solicitudes y solo 2 fueron para CPA done se tramitaron 33 financiamientos a través de préstamo a agricultores pequeños (15 asociados a CCS).  Del total de 16 CCS que son atendidas en esa sucursal bancaria, solo 6 (37,5 %) obtuvieron créditos, lo cual se considera una baja utilización, aun cuando la entidad bancaria ha realizado acciones como la invitación a los presidentes de cooperativas a participar en su junta directiva donde se discuten los servicios que prestan, o sus directivos asistir a las asambleas de asociados para explicar las dudas sobre el tema.  (JF & R., 2021)

Otro elemento importante a tener en cuenta en la generación de invenciones es el papel que tiene el banco como institución en el proceso de innovación. Sobre este aspecto se pudo comprobar que el Banco Central de Cuba (BCC) tiene como política no restringir las solicitudes de créditos bajo el concepto de generación de invenciones. (D, M, & Alvarez, 2020)

No obstante, en una investigación realizada en Mayabeque se comprueba que la tendencia es que las cooperativas no presentan solicitudes para estos objetivos, lo cual se pudo corroborar a partir de las entrevistas realizadas a funcionarios de la institución financiera y la revisión documental. Esta situación se corresponde con el hecho de que el total de las invenciones generadas fueron financiadas por las propias organizaciones, lo que atenta contra la disponibilidad de recursos financieros de la cooperativa.

Habría que adicionar que los productores agrícolas, estatales o privados, no tienen acceso directo ni a recursos financieros en moneda extranjera ni a mercados externos para satisfacer esas necesidades. Otros elementos que inciden en la falta de interés por los préstamos, sobre todo por parte de los productores privados, son la insuficiente cultura crediticia, la resistencia a presentar estados financieros a las autoridades bancarias, los altos precios de la mayoría de los equipos, herramientas e insumos, que implicarían la necesidad de montos elevados de préstamos, lo que además de incrementar el costo del financiamiento, requeriría garantías, las restricciones en el espectro de activos que pueden utilizarse como colateral, la escasa infraestructura (Triana, 2013), la persistencia de trabas regulatorias, además de la escasa oferta de insumos, herramientas y maquinarias para comprar con esos créditos.  (E., 2020)

Existen subsidios por diversas causas para las entidades comercializadoras que compran a precios superiores a los que venden a los destinados a la exportación, el turismo y a la población. Según el Director de Agroindustria del Ministerio de Finanzas y Precios, en Cuba no existen subsidios para los productores de cooperativas, las empresas o los no asociados a formas colectivas de producción, los que gozan de precios estimulantes de acopio para su producción, razón por la cual no necesitan subsidios.  

Propiedad de la tierra

La tierra, por supuesto, es uno de los elementos principales para cultivar los productos agrícolas, por lo tanto, la propiedad de la tierra juega un papel principal. La propiedad de la tierra se concibe, en su esencia, como el más amplio, autónomo y soberano poder sobre superficies aptas para el cultivo en función de la producción, de la estabilidad y del desarrollo. Como relación de la vida social, es la propiedad de la tierra la relación jurídico-tipo sobre la que se asientan o constituyen toda clase de relaciones jurídico-agrarias e incluso la empresa, es decir, toda la materia agraria (Jarque, 1970).

Por ello, la propiedad de la tierra constituye la base o contenido principal del Derecho Agrario, pudiéndose definir éste como aquel conjunto de normas que regulan principalmente el especial estatuto jurídico de la propiedad de la tierra y de la empresa agraria. Por lo tanto, la propiedad de la tierra se considera como pieza básica en la estructura social de todos los tiempos, amén de ser una proyección de la personalidad y garantía de la efectiva libertad del hombre; a que la empresa agraria debe asentarse sobre la propiedad; a la necesidad de cultivar unos principio básicos y universales (Jarque, 1970).

La propiedad de la tierra se acomoda a la dinámica de las relaciones sociales de los distintos modos de producción. En la Revolución liberal, la forma en que se determina si son los campesinos o los señores los que acceden a la plena propiedad es una cuestión esencial, así como la desvinculación y la desamortización de las tierras del clero o las tierras comunales. Desde comienzos del siglo XX, los programas de reforma agraria, que se diseñan para redistribuir la propiedad y/o el uso de la tierra, en respuesta a la desigualdad del reparto de la tierra y al fenómeno social llamado hambre de tierra (la lucha de los campesinos y distintos grupos sociales por acceder a ella), suelen ser objeto de gran controversia.​ Por otro lado, los conflictos sobre la renta económica de los yacimientos mineros han contribuido a desatar muchas guerras civiles, particularmente en África (Veltmeyer, 2008).

Estructura de la propiedad de la tierra (Veltmeyer, 2008)

La estructura de la propiedad de la tierra, como parte esencial de la estructura agraria, define en buena medida los paisajes rurales; especialmente a través del tamaño y forma de las parcelas y sus límites o cercamientos (openfield, bocage, range, township, enclosure).

Según la forma de propiedad, la tierra puede ser objeto de propiedad privada o de propiedad institucional (del Estado, del municipio o de muy distintas corporaciones); de propiedad individual o de propiedad colectiva y de aprovechamiento común (bienes de propios, comunales, etc.).

Según el tamaño de la propiedad se puede definir la gran propiedad (identificable o no con el latifundio) y la pequeña propiedad (identificable o no con el minifundio).

La gran propiedad puede transformarse y evolucionar hasta la pequeña propiedad, si el sistema de herencia favorece la partición, o si se produce su venta o cesión a los campesinos que la trabajan. La pequeña propiedad también puede transformarse y evolucionar hasta la gran propiedad, si el sistema hereditario favorece la concentración (mayorazgo, hereu), si los señores feudales y del Antiguo Régimen consiguen establecer "costos redondos", o si se producen fenómenos de compra de tierras contiguas por los capitalistas rurales

Mercado

Aun cuando los subsidios y la propiedad de la tierra son factores importantes dentro de la producción agrícola de una empresa, no se puede olvidar el mercado, el cual es la base del intercambio y el que hace posible la compra y venta de los productos. Tradicionalmente el mercado era entendido como un lugar donde se efectúan los procesos de cambio de bienes y servicios, entre demandantes y oferentes, pero con la aparición de las nuevas tecnologías, los mercados ya no necesitan necesariamente de un espacio físico. No obstante, por esa razón, hay mercado mientras haya intenciones de comprar y de vender; y los participantes estén de acuerdo en efectuar los intercambios, a un precio acordado. Sin duda, el intercambio se lleva a cabo porque ambos participantes obtienen un beneficio, es decir ambas partes ganan.

Para que el mercado opere se necesita alguien que compre y alguien que venda y estas dos partes son las que forman el mercado. Por un lado, el comprador es la persona que actúa en un mercado con la intención de adquirir un bien o servicio a cambio de dar otro bien (si es por trueque) o pagando una cantidad de dinero (si es por intercambio indirecto). Es decir que cuando alguien compra, esta persona considera que el bien que está recibiendo vale más que el bien o el precio que está entregando. Además, a los compradores en el mercado los llamamos demandantes y los demandantes maximizan su utilidad cuando compran a precios baratos (SARAVIA, 2009).

Ahora, el vendedor por su parte es el sujeto que está dispuesto a entregar un bien por otro (cambio por trueque), o a cambio de una cantidad de dinero (cambio indirecto). Por una parte, el que vende considera que el bien o el dinero que está recibiendo, tiene más valor que el bien o servicio que ofrece. De manera que los vendedores, son conocidos en el mercado como los oferentes y todo oferente maximiza su utilidad cuando logra vender a los precios más altos dentro del mercado (SARAVIA, 2009).

Los principales mercados pueden clasificarse en mercado de bienes y servicios y mercado de factores de producción. El mercado de bienes y servicios es donde se compran distintos tipos de bienes y servicios que se producen en el mercado. Por eso, los oferentes o vendedores en este mercado son las empresas que realizan la actividad de la producción de estos productos y luego los ofrecen en el mercado, colocándoles un precio (SARAVIA, 2009).

Por otra parte, los demandantes por lo general son las personas y familias que necesitan esos bienes y servicios para su consumo. Pero también son demandantes las instituciones y empresas que necesitan esos bienes y servicios para su consumo, comercialización o para ser usados como un insumo en un proceso de producción posterior (SARAVIA, 2009).

La oferta de un producto presenta varios determinantes (SARAVIA, 2009):

1. El precio del producto: Manteniendo constantes los demás factores, una empresa estará dispuesta a ofertar más cantidad de producto cuando mayor sea su precio.

2. Los costos de producción: Los costos de producción puede modificarse por variaciones en los precios de los insumos, por adelantos tecnológicos, y por las ocurrencias de economías externas que mejoren los costos.

3. Precios de los bienes sustitutivos o complementarios: En la actividad agropecuaria es común que la producción comprometa bienes complementarios o sustitutivos. En el caso de bienes sustitutivos o, de un modo más correcto, competitivos, el productor puede producir uno solo o realizar una combinación de los mismos, situación estudiada en el modelo de combinación de productos. Este caso se presenta cuando encontramos un recurso limitado y compartido por las dos producciones (por ejemplo, la tierra). La disminución del precio de uno de los bienes dará lugar a que se asigne más tierra al otro bien, o viceversa. En el primer caso la oferta del segundo bien aumentará; en el segundo disminuirá.

Cadena de valor

El mercado al ser un lugar para que ocurra el intercambio, los productos toman un valor y precio determinado, y aquí es donde reluce la cadena de valor, la cual es un sistema constituido por actores interrelacionados y por una sucesión de operaciones de producción, transformación y comercialización de un producto o grupo de productos en un entorno determinado (Manrique, 2011). Entonces, una cadena de valor es un modelo de negocios que describe el rango completo de actividades necesarias para crear un producto o servicio. Para las empresas que producen bienes, esta cadena comprende los pasos que llevan un producto desde la etapa de concepción hasta la de distribución.

Por lo tanto, la cadena de valor es la herramienta empresarial básica para analizar las fuentes de ventaja competitiva, es un medio sistemático que permite examinar todas las actividades que se realizan y sus interacciones. Permite dividir la compañía en sus actividades estratégicamente relevantes a fin de entender el comportamiento de los costos, así como las fuentes actuales y potenciales de diferenciación (EPG Universidad Continental, 2020).

Aquí, en esta cadena, es donde el producto va tomando su valor y precio ya que se calcula su costo de producción, o sea, cuánto tiempo tomó hacerlo, con cuáles herramientas, con cuáles materiales, además de la posible importación de estos últimos, su distribución y comercialización; hasta su finalidad en el mercado. Algunas empresas pueden tener una cadena de valor desde la producción física del producto hasta su distribución y comercialización, donde se introduce la imagen comercial. En cambio, también existen empresas que solo participan en la producción del producto y no en su distribución y demás actividades, lo que viene a ser un encadenamiento comercializador.

La cadena de valor proporciona un modelo de aplicación general que permite representar, de manera sistemática, las actividades de cualquier organización, ya sea aislada o que forme parte de una corporación. Se basa en los conceptos de costo, valor y margen. La cadena de valor está conformada por una serie de etapas de agregación de valía, de aplicación general en los procesos productivos. La cadena de valor proporciona un esquema coherente para diagnosticar la posición de la empresa respecto de sus competidores y un procedimiento para definir las acciones tendientes a desarrollar una ventaja competitiva sostenible (EPG Universidad Continental, 2020).

El sistema agroalimentario

El sistema agroalimentario es complejo y demanda un enorme esfuerzo de coordinación entre los agentes que en él actúan directa e indirectamente, así como la definición de políticas que encaucen y favorezcan su desarrollo.

En las décadas anteriores, el desarrollo del sistema agroalimentario se sustentó en el aprovechamiento de ventajas comparativas, como las condiciones geográficas, la mano de obra, el clima y el suelo. Hoy día ya no es posible concebir el desarrollo del sistema agroalimentario sobre la base de dichas ventajas, sino que es imperante el desarrollo de estrategias competitivas que aprovechando estas fortalezas potencialicen los esfuerzos de los agentes que en definitiva comprometen el talento humano del agro (A, O, & SÁENZ, 2010).

Desde los sistemas productivos, la estructura del sector agroalimentario se compone de tres grandes eslabones: por un lado, de una estructura productiva agropecuaria de tipo primario, por una estructura de procesamiento de materias primas, agroindustria e industria de alimentos y una estructura comercial y de distribución de los productos (A, O, & SÁENZ, 2010).

Por consiguiente, un sistema agroalimentario o agroindustrial incluye todas las actividades, desde la producción primaria agropecuaria hasta que el producto llega a las manos del consumidor, incluyendo servicios relacionados, provisión de insumos y crédito.

Las agrocadenas

Las agrocadenas implican las relaciones entre agentes en la producción, distribución y comercialización que configuran diferentes condiciones estructurales.

Hernández y Herrera (2005) definen como cadena agroalimentaria:

un conjunto de acciones y actores que intervienen y se relacionan técnica y económicamente desde la actividad agrícola primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos de empaque, industrialización o transformación y de distribución (A, O, & SÁENZ, 2010).

Las agrocadenas involucran el proceso de transformación que lleva a producir mercancías destinadas al consumo directo o para ser procesadas industrialmente con la finalidad de dar origen a bienes alimentarios o no alimentarios. Así, el sector agrícola y el sector industrial se constituyeron en dos sectores productivos especializados, independientes pero relacionados a través del mercado (A, O, & SÁENZ, 2010).

El uso de la cadena agroalimentaria debe tener como común denominador la búsqueda de una mayor transparencia en las transacciones comerciales y la interlocución equilibrada entre los actores que intervienen en estos procesos (García-Winder, y otros, 2009).

La cadena agroalimentaria también ha sido utilizada como un instrumento de análisis para la toma de decisiones. El mejor ejemplo son los llamados “observatorios de cadenas”, implementados particularmente en algunos países de la Región Andina, donde se incluyen indicadores de desempeño y competitividad previamente seleccionados. Actualizados periódica y sistemáticamente, estos observatorios de cadenas aportan elementos para la toma de decisiones en los distintos ámbitos del quehacer privado y de política pública. La implementación de este tipo de uso de la cadena agroalimentaria requiere de un compromiso que asegure la sostenibilidad de estos esfuerzos, más allá del interés personal o de instituciones (García-Winder, y otros, 2009).

Las cadenas agroalimentarias también han sido utilizadas para lograr la incorporación de actores o eslabones débiles a los mercados o para que productores pequeños puedan abastecer mercados en condiciones más favorables (García-Winder, y otros, 2009).

El enfoque de agrocadenas conlleva a la integración que como estrategia competitiva se traduce en el desarrollo de alianzas productivas entre los diferentes eslabones. Según Piñones et ál. (2006), las alianzas productivas se definen como: Acuerdos o vínculos formales o informales de cooperación entre dos o más agentes productivos para coordinar recursos, esfuerzos y habilidades que tienen un objetivo estratégico común para el beneficio mutuo. Estos vínculos permiten compartir visiones, capacidades y habilidades, de modo que se aprovechan las sinergias de la interacción y complementariedad de las fortalezas y debilidades de los agentes productivos y de diversos sectores (A, O, & SÁENZ, 2010).

La propia Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 1993) define las cadenas agroindustriales, como el conjunto de tres fases fundamentales que pueden diferenciarse y/o variar en dependencia del producto sujeto de análisis. Estas fases incluyen el procesamiento agrícola, el industrial y la comercialización. Esta división resulta más completa e ilustrativa y establece diferencias entre las actividades (ENAE, 2017).

Las alianzas permiten el uso más eficiente de los recursos disponibles, mejorando la competitividad. Entre las principales ventajas se encuentran (A, O, & SÁENZ, 2010):

• Resalta la distribución y el mercadeo como componentes importantes del costo final y factores claves de competitividad.

• Facilita la identificación y análisis del flujo de información, lo cual es un factor fundamental para aumentar la competitividad.

• Identifica problemas, puntos críticos y «cuellos de botella» a lo largo de la cadena, facilitando el desarrollo de soluciones de manera conjunta entre los diferentes actores.

• Permite analizar, de manera independiente e interrelacionada, las diferentes actividades del proceso de producción, procesamiento y distribución identificando posibilidades de mejora en cada uno de los eslabones.

La agroempresa

Diversas son las definiciones referentes al significado de la empresa agraria o agroempresa. La mayoría coincide en tomar como referente básico principal la producción primaria de alimentos ya sea de origen animal o vegetal o ambos a la vez.

Peña e Infante (2005) van más allá de la producción primaria y definen a la agroempresa como aquella que tiene como misión cultivar, producir, transformar y/o comercializar bienes o servicios agropecuarios que están destinados a satisfacer una necesidad creada o identificada de un grupo de consumidores seleccionados (A, O, & SÁENZ, 2010).

Al estar estrechamente vinculada la agroempresa con la producción agropecuaria, es preciso tener en cuenta su heterogeneidad dado que van desde unidades de subsistencia hasta grandes oligopolios así como los riesgos climáticos y biológicos y la perecibilidad de los productos tienen un efecto importante en éstas (A, O, & SÁENZ, 2010).

El agronegocio es visto como una cadena productiva que envuelve desde la fabricación de insumos y su producción en sí, hasta su transformación y consumo. Esta cadena incorpora todos los servicios de apoyo, entiéndase investigación y asistencia técnica, procesamiento, transporte, comercialización, crédito, exportación, servicios portuarios, dealers, bolsas, industrialización y consumidor final.

En los últimos años la economía circular ha cobrado importancia en América Latina y el Caribe (ALC) como un enfoque que favorece el desarrollo sostenible. Los países de la región, o bien han aplicado, o bien están planificando nuevas políticas, iniciativas públicas y hojas de ruta vinculadas a la economía circular. En esta se incluyen tres grandes áreas industriales que constituyen una prioridad para la economía circular en ALC son el sector minero y extractivo, la gestión de residuos y el reciclaje, y la bioeconomía. Por su parte, la bioeconomía ofrece importantes oportunidades para establecer sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles en la región, que pueden ayudar a evitar disyuntivas entre los objetivos económicos, sociales y medioambientales (Coello Quan, 2016). 

La economía circular implica abandonar el modelo actual de economía lineal, que se basa en “tomar, hacer y desechar” y en el que los recursos se extraen, se convierten en productos, se utilizan o consumen y posteriormente se desechan. Por el contrario, bajo un modelo circular los productos y materiales se mantienen en circulación durante el mayor tiempo posible ya que estos se diseñan para que sean más duraderos y se puedan volver a utilizar, reparar y reciclar. El concepto de economía circular incluye principios de los enfoques del ciclo de vida y “de la cuna a la cuna” –que consideran que los residuos son “alimentos” para nuevos productos y procesos– y se sustenta en la transición hacia fuentes de energía renovables (P, M, P, & J., 2020).

La economía circular agrega otros elementos a la cadena de valor porque se basa en que un producto después de haber cumplido su función, puede ser reciclado o rediseñado para tener que cumplir otras funciones. Esto agrega otros valores a la cadena de valor de este producto que ya pasó por un proceso de producción.

Se ha considerado que la transición hacia una economía circular es vital para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Las emisiones derivadas de la producción de materiales que en 1995 alcanzaban un 15 %, llegaron al 23 % en el 2015 (P, M, P, & J., 2020). 

En Cuba se aplican los principios de la economía circular, a través del fomento de capacidades y uso de fuentes renovables de energía en los sistemas productivos y en las comunidades rurales, así como en el manejo y tratamiento de residuales para la protección del medioambiente y la producción de energía. 

Productos agrícola

En el mundo existe una gran variedad de productos agrícolas, desde los más reconocidos mundialmente hasta los más exóticos, los cuales a veces son solo conocidos en el país donde se cultivan. Los productos agrícolas son la base de la alimentación de la humanidad, lo cual viene siendo desde tiempos inmemoriales, por eso es que son tan importantes. Por lo tanto, tienen una serie de políticas y pautas como se ha visto anteriormente en los subepígrafes, donde se habla sobre mercado y la cadena de valor, la propiedad de la tierra y los subsidios; los cuales son imprescindibles para que una empresa pueda producir los productos agrícolas.

Un producto agrícola o cultivo son plantas que se pueden cultivar y cosechar extensivamente con fines de lucro o de subsistencia. Los productos agrícolas pueden referirse a las partes cosechadas o a la cosecha en un estado más refinado. La mayoría de los cultivos se cultivan en agricultura o acuicultura. Un cultivo puede incluir hongos macroscópicos (por ejemplo, setas) o algas marinas macroscópicas (por ejemplo, algas marinas).

La mayoría de los cultivos se recolectan como alimento para humanos o como forraje para el ganado. Algunos cultivos se recolectan del medio silvestre (incluida la recolección intensiva, por ejemplo, ginseng).

Los cultivos no alimentarios importantes incluyen la horticultura, la floricultura y los cultivos industriales. Los cultivos hortícolas incluyen plantas utilizadas para otros cultivos (por ejemplo, árboles frutales). Los cultivos de floricultura incluyen plantas de cama, plantas de interior, plantas de jardín y macetas con flores, hojas verdes cultivadas y flores cortadas. Los cultivos industriales se producen para ropa (cultivos de fibras, por ejemplo, algodón), biocombustible (cultivos energéticos, combustible de algas) o medicamentos (plantas medicinales) (Pineda, s.f.).

La producción agrícola, forma parte del sector primario de la economía y conlleva al resultado de los frutos del cultivo de tierra y su explotación en el campo para la satisfacción alimentaria o como valor agregado industrial. El objetivo de los productos agrícolas es proporcionar bienes, productos y materias primas para la seguridad alimentaria, procesos industriales, salud nutricional y lograr una mejor calidad de vida (Pineda, s.f.).

Los productos agrícolas según su destino se dividen en productos agrícolas alimentarios e industriales, la producción agrícola se diferencia de la agraria, ya que incluye los productos de la agricultura y ganadería y sus objetivos es lograr la satisfacción alimentaria de la población (Pineda, s.f.).

Productos agrícolas alimenticios; (cereales, tubérculos como las patatas, legumbres, oleaginosas, la vid, plantas de bebidas alcohólicas, plantas azucareras y productos hortofrutícolas).

Productos agrícolas industriales; (materias primas para la industria textil, el caucho, el tabaco, tintes químicos, biocombustibles).

Los beneficios de los productos de las agriculturas son: productos de origen animal y vegetal, fibra, materia prima, combustible, reducción de la pobreza y hambre, generación de trabajo o riqueza, comercialización en diversos mercados, exportación internacional, desarrollo económico, seguridad alimentaria y contribuye al mejoramiento de la calidad de vida (Pineda, s.f.).

La importancia de un cultivo varía mucho según la región. A nivel mundial, los siguientes cultivos son los que más contribuyen al suministro de alimentos humanos (valores de kcal / persona / día para 2013 entre paréntesis): arroz (541 kcal), trigo (527 kcal), caña de azúcar y otros cultivos azucareros (200 kcal), maíz ( maíz) (147 kcal), aceite de soja (82 kcal), otras verduras (74 kcal), patatas (64 kcal), aceite de palma (52 kcal), yuca (37 kcal), de leguminosas pulsos (37 kcal), aceite de semilla de girasol (35 kcal), aceite de colza y mostaza (34 kcal), otras frutas, (31 kcal), sorgo (28 kcal), mijo (27 kcal), maní (25 kcal), frijoles (23 kcal), batatas (22 kcal), plátanos (21 kcal), frutos secos varios (16 kcal), soja (14 kcal), aceite de semilla de algodón (13 kcal), aceite de maní (13 kcal), ñame (13 kcal). 8​ Nótese que muchos de los cultivos aparentemente menores a nivel mundial son muy importantes a nivel regional. Por ejemplo, en África predominan las raíces y los tubérculos con 421 kcal / persona / día, y el sorgo y el mijo aportan 135 kcal y 90 kcal, respectivamente (ENAE, 2017).

Principales productos agrícolas en América Latina

El aumento de las exportaciones de la región también limitará la desaceleración general de la producción, por lo que la apertura comercial seguirá siendo de gran importancia para los países de América Latina y el Caribe. El crecimiento de las exportaciones también se desacelerará, pero la ventaja comparativa de la región en muchos productos agrícolas significa que puede captar una mayor participación de los mercados mundiales (Kouzmine, 2001).

Para los productos básicos, como el maíz, el arroz y la carne de res, un mayor crecimiento de la demanda internacional con respecto a la doméstica significará que una mayor parte de la producción se destinará a la exportación en la próxima década.

Si bien el comercio general de productos básicos agrícolas y pesqueros continuará expandiéndose durante la próxima década, el ritmo será más lento (alrededor de 1,3 por ciento anual) que el ritmo promedio de 3,3 por ciento de los últimos 10 años.

Según el informe, la producción agrícola y pesquera en América Latina y el Caribe ha crecido en un promedio de 2,7% por año (en dólares estadounidenses constantes de 2010, incluida la silvicultura) en las últimas dos décadas. Actualmente, América Latina y el Caribe responde por el 14 por ciento de la producción agrícola mundial y el 23 por ciento de las exportaciones de commodities agrícolas y pesqueras (Kouzmine, 2001).

Se espera que el crecimiento de la producción de cereales disminuya en la próxima década, con tasas de crecimiento anual de alrededor de la mitad de las observadas en las últimas dos décadas para los principales países productores de cereales.

Para 2028, se espera que la región produzca 233.5 mega toneladas (Mt) de maíz (18% del total mundial), 22.1 Mt de cereales secundarios (3% del total mundial), 21.4 Mt de arroz (4% del total mundial) y 37.3 Mt de trigo (11% del total mundial) (Kouzmine, 2001).

La producción de soja seguirá creciendo durante la próxima década, y se proyecta una mayor expansión del uso de la tierra para la soja a expensas de las pasturas, aunque un tercio del aumento en el área cosechada provendrá de cultivos dobles (dos cultivos en secuencia durante el mismo año). Sin embargo, se espera que la tasa de crecimiento de la producción anual para la región en su conjunto disminuya del 6.9% visto en las dos décadas anteriores, al 2.8% para la próxima década (Kouzmine, 2001).

Los cuatro países con mayor agricultura en América del Sur son Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Actualmente (Kouzmine, 2001):

Brasil es el mayor productor mundial de caña de azúcar, soja, café, naranja, guarana, açaí y nueces de Brasil; es uno de los 5 mayores productores de maíz, papaya, tabaco, piña, plátano, algodón, frijol, coco, sandía y limón; y es uno de los 10 productores más grandes del mundo de cacao, anacardo, aguacate, caqui, mango, guayaba, arroz, sorgo y tomate;

Argentina es uno de los 5 mayores productores del mundo de soja, maíz, semilla de girasol, limón y pera, uno de los 10 mayores productores mundiales de cebada, uva, alcachofa, tabaco y algodón y uno de los 15 mayores productores mundiales de trigo, caña de azúcar, sorgo y pomelo;

Chile es uno de los 5 mayores productores mundiales de cereza y arándano azul, y uno de los 10 mayores productores mundiales de uva, manzana, kiwi, melocotón, ciruela y avellana, centrándose en la exportación de frutas de alto valor;

Colombia es uno de los 5 mayores productores del mundo de café, aguacate y aceite de palma, y uno de los 10 mayores productores de mundo de caña de azúcar, plátano, piña y cacao;

Perú es uno de los 5 mayores productores de aguacate, arándano azul, alcachofa y espárragos, uno de los 10 mayores productores mundiales de café y cacao, uno de los 15 mayores productores mundiales de patata y piña, y también tiene una producción considerable de uva, caña de azúcar, arroz, plátano, maíz y mandioca; su agricultura está considerablemente diversificada;

La agricultura en Paraguay se está desarrollando actualmente, siendo actualmente el sexto mayor productor de soja en el mundo y entrando en la lista de los 20 mayores productores de maíz y caña de azúcar.

En Centroamérica, se destacan los siguientes (Kouzmine, 2001):

Guatemala, uno de los 10 mayores productores en el mundo de café, caña de azúcar, melón y caucho natural, y uno de los 15 mayores productores de banano y aceite de palma del mundo;

Honduras, que es uno de los 5 mayores productores de café del mundo y uno de los 10 mayores productores de aceite de palma;

Costa Rica, que es el mayor productor mundial de piña;

República Dominicana, que es uno de los 5 principales productores mundiales de papaya y aguacate y uno de los 10 mayores productores de cacao.

México es el mayor productor mundial de aguacate, uno de los cinco principales productores mundiales de pimiento, limón, naranja, mango, papaya, fresa, pomelo, calabaza y espárragos, y uno de los 10 productores más grandes del mundo de caña de azúcar, maíz, sorgo, frijol, tomate, coco, piña, melón y arándano azul. ​

De aquí al año 2050 la producción de alimentos tendrá que aumentar un 60% para satisfacer las demandas nutricionales de más de 9 mil millones de personas. Esto supone para América Latina y el Caribe la oportunidad de consolidar su posicionamiento como uno de los principales proveedores de comida del mundo. Pero la rápida evolución de los sistemas agropecuarios plantea importantes desafíos que van a exigir una intervención de los sectores públicos y privados para hacerles frente (BID, 2018).

América Latina y el Caribe destaca por su riqueza de recursos naturales. Su biomasa forestal equivale a la mitad de su superficie terrestre y a casi la cuarta parte de los bosques mundiales. Más del 30% del agua dulce del mundo y alrededor del 40% de los recursos naturales acuáticos renovables se encuentran en Latinoamérica. Junto a ello, es responsable del 12% de la producción agrícola mundial y del 16% de la exportación mundial de productos agrícolas (BID, 2018).

Según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), esta región es el mayor exportador neto de alimentos del mundo y para el año 2024 su balanza comercial agrícola podría sobrepasar la de América del Norte. Sin embargo, si quiere mantener su papel tiene que seguir abriendo los mercados puesto que sus niveles de protección a productos agrícolas y agroindustriales pueden dificultar la disponibilidad de alimentos, sobre todo para las poblaciones de menos recursos (BID, 2018).

Incrementar la producción de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria de la población no debe mermar la calidad de los productos. Para ello hay que apostar por la promoción de alimentos inocuos, más diversificados y con mayor contenido nutricional que suplan las carencias actuales. Porque, si bien Latinoamérica fue la única región del mundo en alcanzar el objetivo de desarrollo del milenio marcado por la Organización de Naciones Unidas en materia de nutrición, sufre de una manera cada vez más evidente lo que se ha dado en llamar la “triple carga de la malnutrición”, es decir, la coexistencia de desnutrición, anemia y obesidad (BID, 2018).

Las mejoras en la productividad agrícola tampoco pueden comprometer la sostenibilidad del medioambiente o amenazar los recursos naturales. La FAO estima que el 70% de la deforestación en América Latina y el Caribe se debe a la expansión de los cultivos a causa de la agricultura comercial. Estos impactos negativos de la agricultura tienen su revés en el cambio climático y los desastres naturales que pueden amenazar sus cultivos y la aptitud de los suelos para la producción agrícola (FAO, 2019).

Hacer frente a todos estos riesgos requiere un compromiso público y privado en numerosos aspectos. Mejorar las infraestructuras incrementa la disponibilidad de alimentos, reduce los costes de transacción y facilita el acceso a los mercados. Desarrollar las tecnologías de la comunicación permite que los productores tengan acceso a información para, por ejemplo, comprar material, vender cosechas, comparar precios o conocer la previsión meteorológica. Facilitar el acceso a servicios financieros rurales, como créditos y financiación, permitiría invertir en mecanización agrícola o en agricultura climáticamente inteligente que, a su vez, aumenta la productividad de la tierra y del trabajo, reduce la necesidad de ampliar superficie de cultivos y rebaja la presión sobre los recursos naturales (BID, 2018).

Latinoamérica tiene una capacidad privilegiada para responder a las necesidades alimenticias de una población creciente. Aunar esfuerzos públicos y privados le permitirá aprovechar en mayor medida la ocasión que se le presenta para impulsar su desarrollo sin comprometer el medioambiente.

Los principales productos agrícolas en Cuba

Los principales cultivos de Cuba son la caña de azúcar, el café, el tabaco, los cítricos, frutas, viandas y vegetales. En los últimos años ha aumentado la diversificación agrícola hacia sectores como las frutas y las hortalizas. En Cuba se dan muchas frutas tropicales como la piña, guayaba, anón, mamey, papaya, plátano, etc. La mayor parte de la producción agrícola de Cuba (60%), es realizada por los campesinos privados y por los cooperativistas (MSC Invernaderos, 2019).

Cultivos de Cuba más extendidos.

Caña de azúcar

Desde hace siglos la caña de azúcar ha sido uno de los principales cultivos de Cuba, tanto en producción como en exportación. El clima es muy favorable para la plantación de esta planta y Cuba siempre ha sido conocida por este cultivo (MSC Invernaderos, 2019).

Café

El café es un producto bien dado en Cuba, gracias a un relieve montañoso donde se siembra en el suelo con sombra, principalmente en las sierras. La exportación de café es de aproximadamente 8000 toneladas (MSC Invernaderos, 2019).

Debido a diferentes situaciones políticas y económicas y la gran competencia de Brasil, el grano de café en Cuba ha entrado en declive, aunque a día de hoy se sigue cultivando en especial una especie, la Coffea arabica (MSC Invernaderos, 2019).

Tabaco

El tabaco manufacturado se le conoce como habano y es vendido a un alto costo mundialmente; en 2007 las exportaciones llegaron a los 400 millones de dólares estadounidenses (MSC Invernaderos, 2019).

El Puro Habano siempre será conocido y valorado. Se dice que La Habana sabe a ron y huele a Habano, que es la tierra de los puros, el arte de fabricarlos, es un estilo de vida, es tradición y un icono en la isla caribeña.

Fumadores y no fumadores prueban el Puro Habano (hecho 100% a mano) cuando llegan a la capital. Una de las fábricas más conocidas y prestigiosas de la isla es la de Partagás, visita indispensable.

Otros cultivos

Los cítricos, las frutas y los vegetales también son grandes cultivos para Cuba. Debido al incremento del turismo, la demanda de frutas se hace patente. Cuba ha reforzado el cultivo de estos con nuevas técnicas de riego y mantenimiento de sustrato (MSC Invernaderos, 2019).

En la época invernal donde las temperaturas son más frescas es posible cultivar intensivamente gran variedad de hortalizas y vegetales como la lechuga, la acelga, zanahoria, rábanos, etc. En un nuevo proyecto para autoabastecer a las ciudades y pueblos se creó la llamada "Agricultura urbana y suburbana", que utiliza cultivos protegidos y semiprotegidos, para tener cosechas de verduras en la época veraniega donde el calor es sofocante (MSC Invernaderos, 2019).

Conclusiones

La agroindustria es un sector priorizado a nivel mundial, tanto en los países desarrollados como en vías de desarrollo, dado a que constituye el principal eslabón en la producción de los alimentos necesarios para garantizar la seguridad alimentaria. Este sector además tiene un peso fundamental para lograr un desarrollo sostenible, en su transición hacia el uso de las energías renovables. 

La agricultura en una actividad sumamente compleja, no solo por la diversidad de tareas que conlleva (cultivo, procesamiento, distribución y comercialización de sus productos), sino por ser además uno de los sectores más vulnerables en la mayoría de los países donde repercuten notablemente los factores climáticos y los recursos necesarios para su desarrollo, por lo cual su financiamiento se convierte en una necesidad imperante, principalmente para las empresas, mayormente las de pequeños productores, las que tienen la inminencia de ser subsidiados por diferentes organizaciones, instituciones o por el Estado.

Los créditos y subsidios, junto a medidas políticas y económicas, constituyen una útil herramienta, que al realizar una asignación adecuada de los recursos permita un impulso a la innovación y las tecnologías, permita reducir las brechas existentes entre las empresas, lográndose así ciclos de prosperidad económica al mejorar la productividad del sector.

Existen ejemplos en América Latina donde se señalan la importancia de esta región en la producción mundial de alimentos (Mayor exportador de alimentos, FAO), donde algunos renglones (maíz, cereales, soja, café, cacao, plátano, frijol, piña, etc.) ocupan un importante lugar en sus exportaciones (entre los 10 primeros del mundo), destacándose Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia y otros (Paraguay, Guatemala, Honduras, México, Costa Rica, República Dominicana, etc.), con una buena participación  de todas sus empresas.

En Cuba se puede observar la baja productividad de las empresas agrícolas con respecto a los cultivos y su descenso en los últimos años como por ejemplo en el tabaco y en la caña. A ello se suma la poca utilización por los productores de los incipientes créditos que se pueden otorgar, en lo que inciden diversos factores, como la poca disponibilidad de tecnologías de uso agrícola para ser adquiridas.

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 Con la colaboración del Dr. Silvio Calves