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martes, 14 de enero de 2025

Juan Carlos Albizu: redefinir el modelo socioeconómico cubano. Comentario HHC


14 enero 2025



  1. No existen soluciones fáciles ni rápidas.La crisis que padece el país es sistémica y tiene un carácter estructural. Tiene que ver con un modelo de sociedad basado en el ejercicio centralizado del poder que ha invertido la relación entre política y economía, así como con el efecto de contracción económica que ha tenido el embargo/bloqueo desde 1960. El actual da cuenta de «un patrón histórico de crisis económicas recurrentes y superpuestas, derivadas de choques externos negativos conjugados con errores internos», habiendo ya entrado en una fase de policrisis de la que ya no tiene retorno. Por lo que la primera medida sería sin dudas la definición del tipo de modelo socio-económico que se quiera desarrollar, endógeno, sostenible e integral. Tendiente a un cambio profundo de paradigma del sistema, que bien puede orientarse hacia un modelo mixto, tal y como lo muestran los países escandinavos o Vietnam.
  2. Abandono del concepto de «economía de guerra» y la desmilitarización de la economía.
  3. Abrir el espacio económico para dar cabida a la participación de todas las potencialidades nacionales e internacionales posibles, lo que solo sería viable en un contexto de liberalización económica profunda en la que participen todos los actores. Lo demuestra además el «tira y jala» de las reformas y contrarreformas de las que las mipymes han sido las principales víctimas.
  4. Reforma agraria y eliminación de todo el sistema empresarial estatal en el sector agropecuario, así como el desmantelamiento de la infraestructura burocrática en ese sector.
  5. Abandono de la visión de la planificación centralizada. Y de la «visión de continuidad» que se orienta a reproducir el principio de la «equidad en la miseria». Abandono de la visión del Estado como «actor económico».
  6. Abandono de la búsqueda de un «patrocinador» externo que financie los objetivos de permanencia en el poder de la clase dominante. El país carece de fuentes internas de acumulación para afrontar el desarrollo económico y ya no existe un aliado «especial» que le transfiera recursos por consideraciones «políticas».
  7. La implementación de una política industrial orientada al desarrollo de la manufactura, combinada con una política integral de empleo para la creación continua de puestos de trabajo productivos, vía una apertura real del país a la inversión extranjera y a la inversión de capital nacional o de nacionales que residen en el exterior, con el objetivo explícito de introducir tecnología para garantizar la producción de una masa creciente de bienes y satisfactores a partir del incremento sostenido de la productividad del trabajo y el aprovechamiento de la fuerza de trabajo disponible, que hoy está «ociosa».
  8. Redefinición de la Ley para la Inversión Extranjera. No es viable, en ninguna circunstancia, una Ley que solo ofrezca oportunidad de inversión a extranjeros que quieran hacerlo. Tiene que haber un cuerpo legal común para todos los posibles inversores, sean extranjeros o nacionales, en el que se regule el proceso de inversión. Debe dejarse de lado aquello de la «carpeta de oportunidades» para la inversión, que al convertirse en un instrumento mandatorio, lo que provoca es que al inversionista interesado se le obliga a invertir en los sectores, ramas y actividades de interés solo para el Estado.
  9. La adopción de un encuadre de las relaciones económicas internacionales del país a partir de su integración en las cadenas globales de creación de valor, garantizando con ello el suministro estable de insumos productivos y vías seguras para la exportación. El aprovechamiento de las nuevas oportunidades de integración a partir de lo que hoy se conoce como nearshoring, que han aparecido a nivel internacional con mucha fuerza y que permite el acceso a nuevas tecnologías, know-how, flujos de capital, cadenas de suministro, cadenas de exportación y la integración a regiones unificadas, con mercados meta.
  10. La integración de Cuba a los circuitos financieros internacionales y honrar los compromisos internacionales adquiridos.
  11. El abandono de la política de dolarización parcial, para dar paso a un proceso de dolarización total, dado que no es posible, ante la carencia de fuentes internas de acumulación, devolverle al CUP la soberanía monetaria a partir de que pueda cumplir a cabalidad sus funciones como dinero.
  12. Abandono del subsidio a los actores económicos e implementación de una ley de quiebra que permita la eliminación de las entidades crónicamente «en pérdida».
  13. Eliminación de la práctica de monetización del déficit fiscal. La desregulación de los precios y el abandono de la práctica de regularlos vía «decretos».
  14. Una sólida reestructuración jurídica que se convierta en verdadero soporte de un profundo proceso de liberalización económica. No habrá inversión extranjera si Cuba continúa, en ese sentido, siendo catalogado como un país de «alto riesgo» para la inversión. Urge un marco legal que sustituya el vigente en materia económica y que esté enfocado, en primer lugar, en la protección de la propiedad y el cumplimiento de las condiciones contractuales en las que se sustenta toda la actividad económica y comercial, tanto a nivel nacional como internacional, que conecte al país con las prácticas internacionales en ese sentido, y sea garante del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en cualesquiera materia, comenzando por la devolución del dinero recibido en forma de préstamo, tanto a nivel privado, como público o desde instituciones financieras.
  15. Robustecer el desarrollo local, a todos los niveles territoriales, garantizando la independencia económica de sus actores.
  16. Eliminación de la actual política de población, que tiende a buscar el alcance de objetivos demográficos específicos y la implementación de «estímulos» al comportamiento individual, sin fundamentación alguna y en violación de los derechos humanos en general, y reproductivos en particular, para dar paso a la implementación de una política de población orientada hacia el desarrollo humano, dimensión en la que el país ha retrocedido 34 puestos en el ranking internacional.
  17. Implementación de una política salarial que garantice el incremento sostenido de los ingresos de la población, lo que permita la satisfacción sostenida de sus necesidades, así como la absorción de los recursos laborales disponibles, que hoy el modelo actual ha desplazado.
  18. La eliminación de todos aquellos factores «de rechazo» que hoy están presentes en el país, que se encuentran en la base de la actual oleada migratoria que padece la población y que ha provocado un éxodo de magnitudes históricas, llevando al país a una situación de vaciamiento demográfico, que afecta selectivamente los recursos laborales y a la población femenina.
  19. La restauración de la red energética del país a partir de la inversión de los recursos que se aporten desde la inversión extranjera directa, y de aquellos que serían liberados al abandonar la inversión sostenida en la construcción de hoteles y de nuevas capacidades de hospedaje en las condiciones actuales de desocupación, a partir la caída crónica del número de viajeros.
  20. Reconstrucción de la infraestructura vial, del transporte y de las comunicaciones e ir a la privatización de todas aquellas actividades que el Estado cubano no es capaz de proveer.
  21. La «desregulación» de la estadística y la información.
  22. Se deberá transitar desde el actual modelo de «igualdad en la miseria» hacia un modelo de desarrollo económico y de prosperidad en el que deberá enfrentarse con soluciones la desigualdad, desde la creación de fondos de contención que garanticen la resiliencia de los grupos vulnerables y de aquellos que se encuentran en peor condición, abandonando la práctica de la experimentación de soluciones «parche» en condiciones locales, que no son generalizables en ninguna medida.
En las condiciones actuales, el modelo no es reformable. Lo que exige una reformulación de sus postulados y la implementación de soluciones integrales como lo han hecho otros países. En el contexto actual, nada de lo anteriormente enumerado es posible sin una redefinición del modelo socio-económico.

Puedes leer el resto de los trabajos de este dossier haciendo clic acá.

Comentario HHC : Aunque lo publico, es la mas " osada" de las opiniones, y nos llevaría al caos, si bien se puede estar de acuerdo con algunos postulados.

Por mencionar algo, los puntos 10 y 11 es entregar la soberanía nuestra a los EEUU. No nos integramos a los circuitos financieros porque EEUU lo impide en esencia, habria que dejar que aplicaran la Helms Burton en nuestro país. Y la dolarizacion total es entregar igualmente el control de la economía del pais. 

lunes, 5 de febrero de 2024

Políticas sociales en Cuba: de la Conceptualización a la práctica. Principales desafíos. Miradas 2023 (Vi)

Por Juan Carlos Albizu-Campos Espiñeira, Dayma Echevarría León y Mayra Tejuca Martínez

Introducción

Las políticas sociales han representado un elemento distintivo y un eje de desarrollo dentro del proceso socialista cubano. Han tenido como pilares básicos los principios de inclusión, igualdad y justicia social. Los servicios que de ella se derivan tratan de garantizar cobertura universal y acceso gratuito a servicios sociales básicos a toda la población, con un tratamiento preferencial hacia las mujeres, la niñez, la ancianidad y la población rural. Para lograrlo ha sido central el Estado en su gestión (Álvarez y Mattar, 2004).

Dada su relevancia dentro del proyecto de nación, la política social mantiene un peso significativo dentro de la Conceptualización en sus dos versiones (2017 y 2021), donde se presentan como un capítulo específico el cual aborda sus características a partir de la los derechos y deberes económicos y sociales y apunta, en un epígrafe, el rol del trabajo como fuente principal de prosperidad y bienestar. En esta sección, se identifica a la política social como una fortaleza en términos de garantía de derechos para el acceso a educación, salud, cultura y deportes; la seguridad y asistencia sociales, y la defensa contra la discriminación.

Si bien no se observan modificaciones sustantivas entre las dos versiones del documento programático, algunos elementos se añaden en la propuesta de 2021, como la inclusión del principio de «la dignidad» en las políticas sociales, junto con «el ser humano y su desarrollo integral». Se concibe el alcance de la prosperidad a partir «…del aumento de la productividad del trabajo y la eficiencia económica , de modo que se incrementen las riquezas para su distribución con equidad y justicia social, elevar la calidad y el nivel de vida material y espiritual del pueblo, sobre la base de sus principios y valores» (Partido Comunista de Cuba, 2021).

Esta idea ya se había presentado como tal en los Lineamientos que vieron la luz pública en 2011 y se actualizaron en 2016 y 2021. Destaca la intención explícita de eliminar cualquier trato igualitarista y el énfasis en la sostenibilidad económica de la política social, como consecuencia del incremento de las riquezas para distribuirlas. Este cambio de enfoque se expresa en un uso más eficiente de los recursos y la reducción de gastos innecesarios —entre ellos la eliminación de las llamadas gratuidades indebidas y subsidios excesivos—, mayor espacio a la focalización, mayor equilibrio entre aporte individual y gasto público —a partir de un sistema tributario que garantiza una mejor gestión de los fondos para la seguridad social— y la ampliación de la participación de individuos, familias y comunidad en la cobertura de necesidades. La mayor presencia de la familia y el mercado como actores de la política social se encuentra como uno de los principales elementos de cambio.

En la versión de 2021 se añade, a los factores para garantizar el bienestar y la prosperidad, un mayor acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a favor del desarrollo del gobierno y el comercio electrónicos y la gestión del conocimiento, con el propósito de elevar la cultura general integral de los ciudadanos y su calidad de vida. Esto dentro del factor «Comunicación social veraz y oportuna, y la Informatización de la Sociedad».

Otros factores relevantes que garantizan este concepto de país son la justicia y equidad social, la igualdad de oportunidades y de acceso a las mismas, la no discriminación por cualquier distinción lesiva a la dignidad humana, la eficacia y calidad de los sistemas de educación, salud, seguridad y asistencia social, cultura y deportes, el fomento del trabajo creativo y el ambiente laboral sano, la responsabilidad y sentido de pertenencia individual y colectiva en la creación de la riqueza y la participación en su justa y equitativa distribución.

En el presente capítulo se aborda el comportamiento de las políticas sociales relacionadas con la salud, el acceso a la educación superior y el empleo, y el salario. Si bien existen otras políticas sociales en el análisis del modelo socialista, en las políticas seleccionadas Cuba se ha constituido como referente internacional por los resultados alcanzados en estos ámbitos y reflejados en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) logrado. A su vez, estos tres componentes representan ejes que configuran una estructura social específica. De ahí su relevancia para el análisis sobre la coherencia de estas políticas en su diseño, implementación y resultados alcanzados, con el modelo socialista que se plantea en la Conceptualización, concebida como visión deseada de país.

La salud en la política social cubana: su expresión en la Conceptualización

La voluntad política ha sido siempre clave en la reconfiguración de la salud pública en virtud de su inserción en el diseño y la implementación de la política social en el país. La universalización del acceso a los servicios, su gratuidad, la adopción del principio de que la salud de la población es responsabilidad del Estado, la implementación de diferentes campañas sanitarias y un sinnúmero de programas específicos para la atención a diferentes procesos mórbidos, se combinó con los considerables avances realizados en el campo de la educación y la reducción del analfabetismo a niveles mínimos, la promoción de los grupos sociales históricamente desprotegidos, en particular los de las zonas rurales, y la desconcentración de los servicios de salud de la capital a partir del desarrollo de la infraestructura médica en todo el país.

Como resultado, hacia el final de la década de 1980, la esperanza de vida al nacer, indicador resumen de las condiciones de supervivencia y salud de una población, había registrado importantes ganancias en los últimos treinta años del siglo xx, al superar la barrera de los 75 años, para ambos sexos. La Habana ya no ocupaba el primer lugar, como muestra del nivel de desarrollo económico general alcanzado en el país.

Así, en el documento de Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista para el período 2016-2021, la salud y su eficacia y calidad, fueron reconocidas como uno de los pilares fundamentales de garantía del bienestar y la prosperidad de la población, aparece así refrendado en la propuesta de 2021. Sin embargo, en términos de indicadores, luego del notable avance comentado con anterioridad, que concluye hacia el trienio 2011-2013, en que las mujeres alcanzan 80.60 años y los hombres 76.50 años, se observa en el país un proceso de deterioro gradual de la esperanza de vida al nacer que aún se mantiene, como consecuencia del incremento sostenido de la mortalidad y cuyo inicio estuvo concomitado con «el despliegue de un proceso de “Reorganización, concentración y regionalización de los servicios de salud”» (Íñiguez, 2012, pág. 110), el cual había sido anunciado en 2010.

Durante el período 2011-2016, el sector experimentó un proceso de transformaciones llamado «compactación de los servicios de salud», en el cual «se racionalizaron las estructuras de dirección en 57 municipios y se compactaron 46 policlínicos que atendían a poblaciones de menos de 5000 habitantes, la cual se redistribuyó en las áreas de salud cercanas para no afectar la cobertura de los servicios» (Ojeda y otros, 2018, pág. 4). Además, «el gasto dedicado a la salud se ha mantenido por debajo de 10.4 % del Producto Interno Bruto per cápita anual» (Ojeda y otros, 2018, pág. 4), proceso acompañado por una sostenida reducción de las inversiones en el sector, cuyo peso dentro del total de inversiones en el país, pasó de 3.6 % en 2016 a 0.8 % en 2021 (Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 2020),1 mientras que desde 2015 se registraba una disminución de los gastos de salud por habitante (Íñiguez, 2021).

Este proceso de transformación del sector, tuvo como resultados la reducción del número de trabajadores, así como la redistribución de los servicios, en especial en la atención primaria, en poblaciones de menos de 5000 habitantes —por lo general zonas rurales— el cual afectó los servicios de rehabilitación, endoscopia, regulación menstrual, imagenología, cirugía menor y de urgencia. La mayoría de estos servicios habían sido puestos en funcionamiento en años anteriores. También este proceso implicó la reducción de hospitales y su reconversión a otras funciones, como asilos de ancianos, o policlínicos con camas, así como la fusión, en el 24 % de los municipios del país, de los policlínicos y las Direcciones Municipales de Salud, allí donde solo existiera uno de cada uno, mientras que en el caso de los consultorios del médico y la enfermera de la familia, se redefinió la población a atender, el número de los que brindarán servicios estables, y los recursos humanos necesarios en ellos, al fijarse como máximo una población de hasta 1500 habitantes en consultas y labores de terreno, lo cual significó un cambio en el principio de «un médico cada 120 familias», incrementándose la lejanía relativa en que quedaron algunos servicios y ello entrañó serias limitaciones de acceso en la medida en que aumentó las distancias a recorrer (Íñiguez Rojas, 2012, pág. 120), sobre todo en un contexto con un deterioro sostenido de los servicios de transporte.

Más allá de que, en su diseño, la política de salud se atiene a las definiciones establecidas en la Constitución de la República de Cuba de 2019, la actualización de los Lineamientos de la Política Económica y Social para el período de 2016-2021, Ley n.° 41 de 1983 de la Salud Pública, así como a lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del MINSAP (Bombino y Echevarría, 2019), los cuales le aportan el marco jurídico no solo a su definición, sino también a su implementación; la sostenibilidad económica del sector perdió protagonismo en las inversiones que se realizan en el país, así como se produjo una clara contracción de los gastos en salud por habitante.

Uno de los indicadores que más influye en la esperanza de vida es la mortalidad infantil; su descenso actuó como factor de consolidación del avance de la esperanza de vida al nacer hasta el trienio 2011-2013. Sin embargo, entre 2012 y 2020, ese descenso ya no pudo compensar el incremento de la mortalidad de los mayores de un año, en particular en las adultas y las senescentes, tal y como ocurrió en la década de los años 1990, y como lo refrenda la bibliografía (Albizu-Campos, 2014), la esperanza de vida al nacer registró un descenso sostenido en todo ese período.

Lo ocurrido en términos de la reducción de la esperanza de vida en Cuba durante los noventa, daba cuenta de la consolidación de un conjunto de ejes articuladores en el patrón de mortalidad cubano (Albizu-Campos, 2003), en particular lo que se llamó «fragilidad demográfica»: reducción de los niveles de esperanza de vida en presencia de coyunturas económicas adversas, en las que se evidencia un elevado deterioro de la calidad de vida de la población. En el período más reciente, este comportamiento se une a los procesos descritos de compactación del sector salud.

La caída de la capacidad de supervivencia es sostenida desde 2012 hasta la actualidad y afecta a ambos sexos. Un hallazgo en ese sentido es que el diferencial por sexos del indicador se incrementó y superó el umbral de 4 años, pero no debido al mejoramiento de las condiciones de mortalidad de las mujeres que supera al de los hombres, sino a que el deterioro en los hombres fue más rápido y amplió el diferencial, aún en presencia de reducción de la mortalidad infantil al menos hasta 2017. Luego, también en ese tramo de la vida se verificó un incremento notable de mortalidad, que se agudizó en 2021, cuando se situó en casi 7 defunciones por cada 1000 niños menores de un año,2 cuando ya había caído por debajo de 4.

El rasgo más distintivo de este proceso es que la reducción de la esperanza de vida al nacer afecta a toda la población cubana, con independencia del color de su piel, pero es más grave en la población no blanca, dentro de la cual la población negra es la más afectada, lo cual se evidencia además en la mortalidad infantil.3 En contraste, es notoria la similitud en la tendencia de la mortalidad infantil —tanto en hombres como en mujeres— de la media nacional y de la población blanca. En otro caso, la tendencia de la población no blanca se distancia con claridad, debido no solo a un nivel mayor, sino al sentido de su tendencia en el tiempo, pues en diversos años, la mortalidad infantil de la población negra aumenta mientras que en la blanca y la media nacional, disminuyen.

Es algo que también se distingue tanto en uno como en otro sexo. Pareciera que se trata de patrones de mortalidad de poblaciones expuestas a diferentes conjuntos factores de riesgo, o sujetos a prácticas de salud diferenciadas, lo cual corroboran la evidente influencia de evoluciones socioclasistas opuestas, que han impreso una marca indeleble en la manera de morir de las subpoblaciones involucradas, lo cual configuró en cierto momento un escenario de supervivencia de la población que se ha dado en llamar «polarización epidemiológica» (Albizu-Campos, 2008) y que se mantiene aún.

Las estimaciones realizadas señalan al color de la piel como un discriminante, en términos de capacidad de supervivencia de la población cubana y ofrece una evidencia clara de las brechas sociales. Esto puede/debe ser resultado de condiciones de vida diferenciadas que determinan un igualmente diferenciado nivel de exposición al riesgo de morir. Pareciera que el mejoramiento de las condiciones de supervivencia de la población no blanca, en general, y de la población negra en particular, es más lento como resultado de condiciones de vida que introducen gravámenes en términos de acceso a prácticas modernas de salud, lo cual se da tanto en uno como en otro sexo.

Es el caso de las mujeres no blancas, en las que el diferencial de mortalidad, es más notable; como expresión última de condiciones de género en las cuales la combinación de la feminidad con el color de piel no blanco, parece mostrar ser particularmente desventajosa. En este grupo se da cuenta de una brecha socioeconómica, donde la esperanza de vida al nacer de estas mujeres supera por muy poco —apenas algo más de 2 años— a la de los hombres blancos.

Aun cuando el avance fue notable hasta 2012 y muestra una singular reducción de la brecha social en torno a la capacidad de supervivencia según el color de la piel, puede afirmarse que la población no blanca está todavía en desventaja con respecto a la blanca. Esta es una desventaja persistente que se ha ampliado de modo significativo en la última década, la cual afecta a toda la población y sobre todo a la de personas no blancas.

Este proceso mórbido ya se verificaba previo a la entrada de la pandemia de la covid–19 en el país y en 2021 aceleró su deterioro. Parecía incluso que la desaceleración neta observada en 2020 en la caída de la esperanza de vida al nacer podría haber estado anunciando una estabilización de las condiciones de mortalidad de la población cubana. Sin embargo, lo ocurrido durante 2021, aún en ausencia de covid–19, muestra que la pérdida de capacidad de supervivencia en las mujeres habría sido de 4.03 años, mientras que en los hombres alcanzaría 4.54 años.4 Sin embargo, lo que en realidad ocurrió fue que el incremento del número real de defunciones en el país alcanzó 167 645 como resultado de un aumento de más de 55 000 defunciones por encima de las 112 439 de 2020 (Centro de Estudios de Población y Desarrollo, 2022). De ese exceso, solo 8177 fueron atribuidas a covid–19.

Al tomar el efecto compuesto del incremento de la mortalidad por todas las causas de muertes y el impacto generado por la epidemia de la covid–19, la esperanza de vida al nacer fue en los hombres de 68.94 años y en las mujeres de 73.90 años, los cuales experimentaron pérdidas de su capacidad de supervivencia, con relación a 2020, ascendentes a 6.34 y 5.96 años, respectivamente. Si se mide todo el retroceso experimentado por el indicador en la última década (2012-2021), se tendrían pérdidas de 7.6 años en hombres y 6.7 años en mujeres.

Al introducir el impacto combinado de la interacción de la mortalidad directa por covid–19, con la relacionada con las descompensaciones de comorbilidades posteriores a padecer la enfermedad, así como al efecto de interacción que provocó la reorganización del sector de salud para enfrentar la pandemia y la posposición en el tiempo de los tratamientos y maniobras quirúrgicas considerados no urgentes; la magnitud del impacto fue significativa.

El número de años de la esperanza de vida al nacer potencialmente perdidos por la covid–19 en los hombres, se situó en un intervalo entre 2.83 y 3.00 años, mientras que en las mujeres alcanzó entre 3.11 y 3.29 años. El 60 % de ese impacto se concentró en las edades entre 15 y 59 años, en las cuales se verificó una sobre exposición al contagio. De la misma manera, la relación de feminidad de los nuevos contagios diarios fue, en promedio, de 120:100, o sea, 120 mujeres por cada 100 hombres, y llegó a ser mayor durante la oleada de la variante Delta, en el período junio-diciembre de 2021, etapa de la epidemia de mayor letalidad del virus.5

Estos procesos de pérdida de expectativa de vida de la población cubana son absolutamente inéditos en la historia epidemiológica del país de los últimos 120 años. Incluso, la mortalidad materna, que alcanzó una razón de 176.6 defunciones de madres por cada 100 000 nacidos vivos da cuenta de un retroceso a un nivel que solo puede encontrarse hacia mediados de la década de 1930.

Como se ha argumentado con anterioridad, este comportamiento se relaciona con el retroceso que, en términos de mortalidad, experimentó la población cubana y la implementación del proceso de «reorganización, concentración y regionalización de los servicios de salud».6 No se trata de una falla en términos del diseño de una política de salud, la cual continúa anclada en los principios de universalidad, gratuidad y acceso amplio; que dieron lugar a los avances. Se trata de aquellas decisiones que, en búsqueda de la racionalidad económica, llevaron a la contracción de la accesibilidad de los servicios, lo cual en un contexto de crisis económica sostenida, y agravada por una situación pandémica, se une a la fragilidad demográfica de la población.

Las políticas de acceso a la educación superior y la Conceptualización: congruencias y divergencias

La eficacia, la calidad y la igualdad de oportunidades de acceso a la educación son factores imprescindibles para garantizar la prosperidad y el bienestar de los seres humanos. En Cuba la educación ha sido foco de atención desde el triunfo revolucionario y los logros en esta esfera han sido reconocidos con amplitud en todo el mundo .

A más de 10 años de iniciada la Actualización, el análisis de las políticas relacionadas con el acceso a la educación superior y su relación con la Conceptualización permite identificar dos etapas. La primera se caracterizó por fuertes restricciones en el acceso al nivel de enseñanza, en plena concordancia con el lineamiento del 6to. Congreso del PCC encaminado a corregir las deformaciones que presentaba la estructura de la formación de especialistas de nivel superior, técnicos de nivel medio y obreros calificados. Dicha estructura había sido heredada de la etapa precedente de la Universalización de la Educación Superior en el contexto de la Batalla de Ideas.

La política de amplio acceso que caracterizó a la Universalización dio lugar a un notorio desbalance en la formación de personal calificado a favor de los egresados universitarios (Echevarría y Tejuca, 2015) el cual fue corregido en los primeros años de la Actualización. Sin embargo, tal corrección se acompañó de una reducción de la Tasa Bruta de Escolarización (TBE) 7 del nivel de enseñanza hasta alcanzar el 16.0 %. Este valor es muy próximo al rango de TBE (inferior al 15 % de TBE) que clasifica la educación superior de un país como de élites según la cobertura del acceso (Rama, 2009), que en el caso cubano se reflejó con claridad en las características sociodemográficas del alumnado.

La segunda etapa, sin desatender la exigencia de que la formación de la fuerza de trabajo calificada se corresponda con la demanda exigida por el desarrollo socioeconómico del país (lineamientos 172, 143 y 94 del 6to., 7mo. y 8vo. congresos del Partido Comunista de Cuba, respectivamente) se ha centrado en el incremento de matrícula. Para ello, en un inicio fue flexibilizado el sistema de ingreso a las modalidades Curso por Encuentro (CpE) y Educación a Distancia (EaD) y se incorporaron a la oferta los Técnico Superior de Ciclo Corto (CC). De manera más reciente, en el contexto de la pandemia de la covid–19, se modificaron los requisitos de ingreso a los Cursos Regulares Diurnos (CD).

A continuación, se presenta con mayor detalle cada etapa comentada.

La Actualización iniciada de manera formal en 2011 tuvo su impacto en el acceso a la educación superior a partir del curso 2010-2011. Después de una etapa de amplio acceso —enmarcada en el período 2001-2009— se estableció a partir del mencionado curso la obligatoriedad de aprobar exámenes de Español, Matemática e Historia para acceder a cualquiera de las modalidades de estudio de la educación superior cubana.

Esta medida formó parte de un proceso de perfeccionamiento general del sistema educacional cubano y tuvo el propósito declarado de elevar la calidad de la enseñanza universitaria a partir de garantizar que quienes accedieran a ella tuvieran dominio de los contenidos mínimos establecidos en las materias fundamentales de la enseñanza media superior (MES, 2009). Al mismo tiempo estuvo en consonancia con el lineamiento 172 del 6to. Congreso del PCC que orientó proyectar la formación de fuerza de trabajo calificada en correspondencia con las demandas del país, para lo cual era preciso corregir las deformaciones que presentaba la estructura de la formación de especialistas de nivel superior, técnicos de nivel medio y obreros calificados.

La aplicación de este requisito si bien aumentó la eficiencia general del nivel de enseñanza, en especial la del primer año (Tejuca, Gutiérrez, Hernández y García, 2017), contribuyó también a la reducción de matrícula que ya se había iniciado desde el curso 2008-2009 y tuvo un impacto muy negativo en las modalidades CpE y EaD.8 Por otro lado, impactó de manera significativa la composición sociodemográfica del alumnado, y afectó a quienes tenían puntos de partida menos favorables (Tejuca, Gutierrez y García, 2015).

Con posterioridad, en el curso 2016-2017, de nuevo fueron modificados los requisitos de ingreso a las modalidades CpE y EaD.9 Se eliminó la exigencia de aprobar los exámenes de ingreso para acceder a estas alternativas de estudio, al trasladarse al primer año de la carrera la evaluación de los objetivos que medían estos exámenes. Esto, junto a la apertura de los programas de Técnico Superior de Ciclo Corto (CC) en el 2018-2019, flexibilizó el acceso a este nivel de enseñanza.

Su consecuencia inmediata fue un aumento de la matrícula, unido a la recuperación de las modalidades CpE y EaD. La medida tuvo un efecto favorable en la composición social del alumnado de estas modalidades, a partir de su diversificación, pero se apreció una estratificación sociodemográfica del estudiantado que accedió a las diferentes por modalidades de estudio (Tejuca, 2018).

Para el ingreso al curso 2021 —en el contexto de la pandemia de la covid–19— se realizaron nuevas adecuaciones de los requisitos de ingreso. En las modalidades CpE y EaD se eliminó en su totalidad la exigencia de aprobar las asignaturas de Matemática, Español e Historia de Cuba. Para los CD se mantuvieron los exámenes de ingreso, pero se realizó una sola convocatoria10 y tres otorgamientos de carreras: el primero para los aprobados, el segundo para los aspirantes que se presentaron y no aprobaron los exámenes de ingreso y un tercer otorgamiento a los egresados de IPU interesados, aunque no se hubiesen presentado a los exámenes de ingreso. Con esta adecuación quedó eliminado el requisito de aprobar los exámenes de ingreso para acceder a la educación superior. El impacto de estas adecuaciones se reflejó en un nuevo salto en el ritmo de crecimiento del acceso al nivel de enseñanza, así como de su matrícula general, pero relacionado, en lo esencial, con las modalidades CpE, EaD y CC.11

En adición, para el ingreso al curso 2022, se añadió un cuarto otorgamiento, en este caso para los aspirantes egresados de la Enseñanza Técnica y Profesional, de la Facultad Obrero Campesina y de Preuniversitario de cursos anteriores.

Las modificaciones realizadas en el contexto de la pandemia de la covid-19 parecen haber llegado para quedarse dado el reclamo de incrementar el acceso de aquellos grupos que en los últimos años habían quedado excluidos de las aulas universitarias. Al mismo tiempo, reflejan que la preocupación por la calidad que originó la obligatoriedad de aprobar exámenes de ingreso para acceder a cualquier modalidad de estudios en el curso 2010-2011 ya no se expresa igual en las exigencias de ingreso a la educación superior.

Sin embargo, la baja permanencia en las aulas universitarias representan todavía un serio problema. El Dr. José Ramón Saborido, ministro de Educación Superior, reconoció la baja eficiencia del nivel de enseñanza el cual, como promedio, alcanza entre el 59 % y el 60 % (Alonso, Figueredo, Sifonte y Rodríguez, 2021).

Si bien incrementar el acceso a la educación superior es, sin dudas, una política a favor de garantizar la prosperidad y el bienestar de los cubanos como parte consustancial del modelo de sociedad próspera y sostenible la cual nos proponemos construir, es importante no perder de vista la calidad en el acceso por su vínculo con la permanencia y el egreso exitoso del nivel de enseñanza. Investigaciones recientes han evidenciado que la selección de estudiantes con puntos de partidas más favorables persiste en las aulas universitarias (País, 2022 y Tejuca, 2022).

Por otro lado, si en realidad se pretende avanzar en términos de equidad y justicia social es importante llamar la atención sobre el hecho de que con las últimas modificaciones del sistema de ingreso los aspirantes en desventaja accederán mayoritariamente a las carreras y modalidades menos demandadas, lo cual reproduce condiciones de desigualdad.

Las políticas de trabajo, empleo y salarios: coherencia y distanciamiento respecto a la Conceptualización

En los documentos de Conceptualización aprobados en 2016 y 2021, se dedica un epígrafe específico al trabajo como fuente principal de prosperidad y bienestar en el modelo socialista. Para ello, en el período 2010-2020 se han aplicado un conjunto de políticas, cuya meta explícita persigue este objetivo y conlleva el reconocimiento de nuevos actores económicos que han impuesto desafíos para la gestión del trabajo remunerado en el escenario laboral.

Entre las principales transformaciones del período se encuentran: el reordenamiento del sector estatal civil, la creación de cooperativas no agropecuarias; la ampliación y flexibilización de las formas de gestión no estatal, incluido el trabajo por cuenta propia; la entrega de tierras en usufructo y el fomento de la inversión extranjera directa, con la creación de la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

Este proceso de cambios ha continuado con otras medidas como la aprobación de las micro, pequeñas y medianas empresas en 2021. Además, la Tarea Ordenamiento iniciada en 2021, incluye entre sus aspectos esenciales, la transformación de los ingresos de la población, lo cual supone también un cambio significativo en las relaciones de trabajo.

Esta reforma y las medidas adoptadas en medio de la pandemia de la covid–19 representan los cambios más recientes que implican modificaciones en las relaciones de trabajo y las cuales adoptan características específicas según territorio, edad, sexo, color de la piel, entre otros ordenadores sociales.

En este período, el empleo, comprendido como trabajo formal y remunerado, se ha caracterizado por una tendencia a la disminución de la tasa de actividad económica, con ligeros incrementos entre 2018 y 2020. También se ha observado una disminución de la ocupación en el sector estatal civil, el cual, aunque continúa como mayoritario en 2020 con el 66.6 % de las personas ocupadas, comparte espacio con un sector no estatal creciente y dinámico, en especial en el sector privado.

Dentro del sector privado, el número de personas ocupadas en el trabajo por cuenta propia (TCP) ha tenido un incremento: pasaron de representar dentro de los privados 23 % en 2007 hasta 59.8 % en 2021 (Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 2022). La ampliación de las facilidades para solicitar alguna licencia para ejercer el trabajo por cuenta propia, así como los ingresos asociados por lo general a este sector, hacen que se mantenga como una opción de empleo atractiva.

Tras la aprobación de las mipymes privadas y estatales en 2021, como un actor más de la economía, es de esperar que aquellas personas con licencias para ejercer el trabajo por cuenta propia, con más de tres personas empleadas,12 y consolidadas, escalen sus negocios hacia esta forma de gestión y propiedad, por lo cual continuará creciendo su peso dentro de la ocupación.

En el período, en general, ha predominado la ocupación en el sector de agricultura, caza y silvicultura con alrededor del 17 % —16.8 % de la ocupación en 2021—, aunque se ha mantenido como una economía cuyo empleo se centra en lo fundamental en los servicios: salud pública y asistencia social, comercio, reparación de efectos personales y educación, destacaban como otros sectores con mayor peso en la ocupación, que en 2021 alcanzaron el 11.6 %, 10.5 % y 10.5 % respectivamente.

La política salarial dentro de la Actualización, ha buscado acercar los salarios a los resultados de quienes trabajan, y, por esta vía, constituirse en un mecanismo de estimulación a la productividad y la eficiencia. En términos de ingresos asociados al trabajo, se puede afirmar que en los últimos diez años ha ocurrido un incremento sostenido del salario medio nominal mensual. Sin embargo, estos incrementos han ocurrido al mismo tiempo en que ha ocurrido un incremento de los precios de los productos agropecuarios más representativos de la dieta cubana y en general de los precios al consumo, los cuales superan el incremento de los salarios, como ya venía ocurriendo en años anteriores (Anaya y García, 2018).

La Tarea Ordenamiento si bien incrementó el fondo de salarios y pensiones en casi cinco veces, no alcanzó el propósito explícito de «lograr que el salario se convierta en la fuente principal para financiar el consumo del trabajador y su familia. Permitir a su vez, que el salario mínimo garantice el costo de la canasta de bienes y servicios que satisfaga los requerimientos nutricionales mínimos del trabajador y su familia» (Ministerio de Justicia, 2020, pág. 513). El proceso inflacionario aumentó en un 39.07 % en diciembre de 2022 respecto a igual mes del año anterior,13 con una variación mensual del 3.74 % (Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 2023). Este incremento está asociado a una significativa escasez de ofertas, costos elevados, espacios de mercado para bienes esenciales en moneda libremente convertible y una tasa cambiaria del dólar que responde a la especulación en el mercado informal ante la imposibilidad estatal de generar un mercado

Las condiciones para la generación de empleos son complejas en la actualidad si se tiene en cuenta la contracción de la economía en los años precedentes. En 2020, el PIB se redujo un aproximado de 11% (Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 2021). Esta contracción estuvo precedida por una desaceleración del PIB anual que entre 2008 y 2013 promedió un 2.7 % de crecimiento y solo el 1.6 % entre 2014 y 2019. Las inversiones también decrecieron en 4.4 % respecto al 2019 (Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 2021). En 2022 este escenario no mejoró de manera significativa: un 2 % de crecimiento del PIB respecto al año anterior, la no recuperación de ingresos por turismo y la lenta recuperación de las exportaciones y la producción nacional no son favorecedoras de nuevas ofertas laborales, a lo que se suma la existencia de casi 500 empresas con pérdidas (Figaredo y otros, 2022).

En este contexto, será difícil lograr el propósito planteado en la Conceptualización y continuará como asignatura pendiente el situar el trabajo, y los ingresos a él asociados, como principal fuente para satisfacer las necesidades de vida y acceder al bienestar.

La política social y el desarrollo humano

Uno de los indicadores más utilizados para mostrar el bienestar de un país es el Índice Desarrollo Humano (IDH). En el caso de Cuba, su comportamiento muestra también la coherencia entre lo que propone la visión de país esbozada en la Conceptualización y los resultados, los cuales han posicionado al país en el grupo de países con IDH alto.

En 2007 el IDH de Cuba alcanzaba su máximo histórico: 0.838, puesto 51 (PNUD, 2009, pág. 181). Sin embargo, diez años después se había reducido a 0.778 (UNDP, 2018, pág. 23), incluso pasó entre 2012 y 2014 por los valores más bajos de apenas 0.767 y 0.768, respectivamente (UNDP, 2018, pág. 27). Esta reducción ocurría de manera similar en numerosos países, asociada al efecto de la crisis económica de 2008 y sus consecuencias. Si bien en 2014 Cuba conservaba el mismo puesto dentro del listado de países, el 51, el valor del índice acusaba una reducción próxima a 10 % respecto a 2007 (Albizu-Campos, 2019, pág. 130).

En 2017, Cuba cayó 22 lugares respecto a 2007, al colocarse en el lugar 73. Cinco años después, en 2021, se perdieron otros diez lugares y Cuba se posicionó en el puesto 83, luego que el índice general disminuyera a 0.764 (UNDP, 2022, pág. 278) una reducción de 1.8 % respecto al valor de 2017.

Este retroceso es el resultado de la combinación de factores externos como el recrudecimiento del bloqueo económico y comercial que los Estados Unidos le imponen a Cuba, junto con el agravamiento de las condiciones de vida que trajo consigo la pandemia de la covid–19. Sin embargo, el deterioro de la posición de Cuba en el listado de países según el IDH, se debe de manera significativa al comportamiento de indicadores aquí comentados y sus causas, y que se expresan en el análisis del IDH como se muestra a continuación.

Se produce un retroceso, tanto en la extensión de la esperanza de vida al nacer, como en la calidad de la supervivencia. El índice que lo sintetiza si bien aumentó de 0.879 a 0.922 entre 2007 y 2017 (Albizu-Campos, 2019, pág. 130), en el informe más reciente (UNDP, 2022) bajó a 0.826 en 2021, disminución de más de 10% en los últimos cuatro años. El valor de la esperanza de vida al nacer para ambos sexos fue estimado en 73.7 años (UNDP, 2022, pág. 273), un valor cercano al presentado en el epígrafe sobre Salud en este artículo y que representa un importante descenso, 2.6 años, con relación al nivel de 79.9 años informado en 2018 (UNDP, 2018, pág. 23).

El cambio del índice global de educación, que refleja el comportamiento del número esperado de años de escolaridad en comparación con los niveles mínimo y máximo de todos los países, se redujo de 0.952 a 0.782, entre 2007 y 2017 (Albizu-Campos, 2019, pág. 130), y en 2021 aumentó a 0.817, un aumento de 4.5 % en el cuatrienio 2017-2021, dado que el número esperado de años de escolaridad y el número medio de años de escolaridad, que en 2017 alcanzaron 14 y 11.8 años, respectivamente (UNDP, 2018), en 2021 se situaron en 14.4 y 12.5, lo cual mostró una ligera mejoría, probablemente relacionada con las políticas de ampliación del acceso a la educación en el último período, comentadas con anterioridad.

La disminución del índice de ingresos, el cual bajó de 0.683 a 0.653 entre 2007-2017, no ha mostrado signos claros de mejoría. Sin la influencia negativa del bajo índice de ingresos que incluso en 2007 mostraba el país, Cuba habría ocupado un mejor lugar en el listado de países, el 44 y no el 51 que ocupó en aquel entonces. Para 2021, el índice de ingresos quedó estimado en 0.660, lo que pareciera mostrar una recuperación con relación a 2017 pero en realidad es el resultado de una sobrestimación del ingreso per cápita (Paridad del Poder de Compra, PPP) ya que no tiene incluido el efecto inflacionario registrado en el país en este año y que anuló los efectos del aumento del salario medio mensual nominal implementado en el país, comentado en el epígrafe anterior.

Resulta clave comprender que el desarrollo humano requiere una visión integral y sostenible de los componentes arriba analizados. El mejoramiento sostenido de las condiciones de vida y de la calidad de la supervivencia, incluye mejores niveles de salud y de educación y también mejores condiciones económicas que los garanticen. Esta visión, expresada en la Conceptualización, debe incluirse en el centro de las políticas.

Conclusiones

La plataforma programática de cambio dentro de la Actualización del modelo socialista cubano, y en especial la visión deseada de país que se muestra en la Conceptualización, continúan otorgándole alta prioridad a la política social en el desarrollo cubano.

Al analizar tres de las políticas sectoriales que conforman la política social se observa la coherencia en sus principios y normas con lo que refrenda la Conceptualización, sin embargo, el comportamiento de indicadores claves en cada una de ellas no ha estado acorde con lo deseado. En el caso de la política de salud, pareciera que el proceso de compactación, regionalización y reordenamiento de los servicios de salud tuvo costos en la esperanza de vida de la población, previos a la pandemia de la covid–19. En el acceso a la educación superior, aunque se identifican dos etapas en los últimos 10 años, aún quedan espacios de mejora en términos de lograr la coherencia entre lo que plantea la política y lo que se observa en los indicadores, en especial en lo relativo a garantizar el acceso equitativo a la oportunidad de cursar y concluir la educación superior. Por otra parte, aún el trabajo no logra constituirse como la principal fuente de ingresos de quienes trabajan y sus familias.

El énfasis hecho por la Actualización en la sostenibilidad económica, si bien urgente y necesaria, y que resaltó una dimensión no valorada con suficiencia en décadas precedentes, trajo como consecuencia costos para los niveles de bienestar antes alcanzados, sin lograr los desempeños económicos esperados.

Uno de los aprendizajes de estos diez años dentro de la Actualización radica en la necesidad de articular la política económica con la política social a través de diferentes instrumentos económicos de distribución y redistribución.

También se ha hecho evidente la importancia de implementar procesos de monitoreo sistemático de los efectos e impactos de los cambios en el ámbito social. El modelo de sociedad socialista planteado en la Conceptualización y la política social en ella contenida continúa siendo una meta a alcanzar, para lo cual se requiere un abordaje integral de visiones y políticas que favorezcan un socialismo próspero y sostenible.

El papel de las políticas sociales y su contribución a la sociedad que se vislumbra en la Conceptualización, resulta clave y no solo debe ser abordado con la intención de mantener los niveles de desarrollo humano alcanzados con anterioridad y expresados en sus indicadores.

En un contexto regional donde un grupo importante de países ha continuado avanzando,14 se debe cuidar porque el país rompa la tendencia al deterioro de su posicionamiento, producto del cual ha retrocedido 32 lugares en 15 años. De mantenerse esta tendencia, el país continuará moviéndose de manera descendente, hacia la franja de desarrollo humano medio, un comportamiento claramente contrario a los propósitos declarados en la Conceptualización en términos de la política social.

Citas

1 Entre 2016 y 2020, el monto total de las inversiones en salud cayó de 232.6 a 84.5 millones de pesos, su peso proporcional igualmente se redujo de 3.6 % a 0.9 %, en esos años (Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 2020), mientras que en 2021 fue de 0.8 % (Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 2022, págs. 7-8). Esto contrasta con las inversiones realizadas en la actividad turística, la cual recibió 45.6 % de todo lo invertido en el país, en plena oleada de la pandemia de la covid-19.

2 Se trata de la mortalidad infantil como la probabilidad de muerte de la población menor de un año y no de la tasa calculada a partir del cociente de defunciones de menores de un año entre el número de nacimientos que, en la actualidad y en el caso de la población cubana, sobreestima el nivel real de riesgo de muerte en esa edad.

3 Actualización en preparación de los resultados publicados, en el artículo: Albizu-Campos, J. C. «Esperanza de vida en Cuba hoy: diferenciales y coyunturas». En Teoría y Crítica de la Psicología, 12 (2019), págs.143–162, en: http://www.teocripsi.com/ojs/.

4 Es un ejercicio de simulación en el que se construye la esperanza de vida, como expresión de la capacidad de supervivencia, quitando las defunciones de una causa específica de muerte para poder evaluar tanto su impacto como la evolución de los indicadores refinados de mortalidad.

5 Estimaciones propias basadas en la información ofrecida en los partes de cierre diario, publicados en el sitio oficial del Ministerio de Salud Pública y en la información oficial de población y defunciones, por edades y sexos, publicada en: Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Anuario Estadístico de Cuba 2021. La Habana: ONEI, 2022.

6 Íñiguez Rojas, Luisa. «Aproximación a la evolución de los cambios en los servicios de salud en Cuba». Revista Cubana de Salud Pública, vol. 38, n.° 1, 2012, págs. 109-125 y Íñiguez Rojas, Luisa. «El sistema de salud y la salud pública en Cuba. Avances y tensiones». En Miradas a la Economía Cubana: elementos clave para la sostenibilidad. La Habana: Ruth Casa Editorial, 2021, págs. 143-156..del diseño de una política de salud, la cual continúa anclada en los principios de universalidad, gratuidad y acceso amplio; que dieron lugar a los avances. Se trata de aquellas decisiones que, en búsqueda de la racionalidad económica, llevaron a la contracción de la accesibilidad de los servicios, lo cual en un contexto de crisis económica sostenida, y agravada por una situación pandémica, se une a la fragilidad demográfica de la población.

7 Término que expresa, en porcentaje, la relación entre la matrícula total de estudiantes de la educación superior y la población cubana en el rango de edades de 18 a 24 años.

8 En el curso 2015-2016, las modalidades CD, CpE y EaD representaron el 80 %, 17 %y 3 % de la matrícula, respectivamente.tenían puntos de partida menos favorables (Tejuca, Gutierrez y García, 2015).

9 En el curso 2016-2017, las modalidades CD, CpE y EaD representaron el 63 %, 34 % y 3 % de la matrícula, respectivamente

10 Hasta el curso 2019-2020 se realizaban dos convocatorias de exámenes de ingreso: la ordinaria y la extraordinaria para los estudiantes suspensos en su primera presentación.

11 En el curso 2021, las modalidades CD, CpE, EaD y CC representaron el 46 %, 45 %, 4 % y 5 % de la matrícula, respectivamente.

12 El Decreto Ley n.° 44 de 2021 establece que para ser TCP no se puede contratar a más de tres trabajadores, por tanto, cuando se incumpla este requisito los titulares o dueños del negocio deberán ajustar sus empleados a tres, reconvertir su negocio en una empresa (mipyme o CNA), o cesar en el ejercicio del trabajo por cuenta propia.

13 En diciembre de 2021 el Índice de Precios al Consumidor alcanzó un 77.33 % respecto a igual mes del 2020 (Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 2022). Este dato se aproxima al informado por Gil (2021) del 70 %, pero es notablemente inferior al 1840% publicado por Peña (2022) para ese año. En cualquier caso, el incremento de los salarios no pudo —ni puede— absorber el incremento de los precios.formal para esta moneda en el corto plazo, todo lo cual anula el papel del salario como medio fundamental para satisfacer las necesidades de la vida diaria.

14 Notablemente los países de la región de América Latina y el Caribe se sitúan como promedio a la altura de las regiones de Europa y Asia Central. En este contexto Chile y México (pertenecientes ambos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE) fueron las naciones que más avanzaron en el período 2010-2017. Chile, Argentina, Bahamas, Trinidad y Tobago, Costa Rica, Uruguay y Panamá se ubican en la franja superior, la de Desarrollo Humano muy Alto y países como Granada, Barbados, y Antigua y Barbuda, ya hoy superan a Cuba (UNDP, 2018, pág. 3 y UNDP, 2022, pág. 272-273).

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viernes, 16 de octubre de 2020

Cuba: envejecimiento demográfico y desarrollo humano

Juan Carlos Albizu-Campos Espiñeira1  * 

1Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC), Universidad de La Habana, Cuba.


RESUMEN

El artículo analiza el estado del proceso de envejecimiento demográfico en Cuba y su impacto en la estructura de edades de la población, así como el efecto que ha producido sobre la disponibilidad de recursos laborales el bono demográfico y el bono de género e igualmente aborda las causas que llevaron a la extinción de ese primer bono demográfico. El texto finaliza con una propuesta de política integral de población enfocada hacia el alcance de objetivos explícitos de desarrollo humano.

INTRODUCCIÓN

La comprensión de la dinámica demográfica cubana actual pasa necesariamente por la explicación de cada uno de sus componentes, en estrecha interrelación con la población y el desarrollo. El debate en torno a la fecundidad y su evolución, a la variabilidad de las migraciones o a la convergencia de perfiles epidemiológicos que inciden sobre los niveles de mortalidad determina hoy posicionamientos también desde la política. Es una excelente oportunidad de diálogo ciencia-política, de forma tal que la primera aporte insumos y recomendaciones al modo en que se trazan e implementan acciones y a su vez a las posibilidades de monitoreo sistemático a los procesos.

El contexto social, económico y político actual abre una oportunidad al binomio ciencia-política en esta y en otras ramas del conocimiento. En el campo de la demografía de lo que se trata es entonces de contribuir a posicionar las características de su dinámica y desde el contexto de lo que expone la política hoy proponer ajustes e inclusiones en su concepción.

1. DINÁMICA DEMOGRÁFICA

La población cubana, en los últimos diez años, ha tenido un proceso de oscilación en su crecimiento total con tendencia a un crecimiento negativo y a la pérdida por ende de efectivos de su monto total. El descenso ha sido sostenido y gradual.

En lo que respecta al comportamiento de la fecundidad se han mantenido niveles casi estables, con valores que se mueven desde 1,70 hijos por mujer en 2009, hasta 1,61 en 2017. Esta variación en el indicador es diferente entre las provincias y municipios del país, con una concentración hacia una fecundidad esencialmente temprana (mayores aportes de las mujeres entre 20 y 24 años), mientras se mantienen crecientes niveles de fecundidad adolescente, poco más del 16 %.

La mortalidad se ha caracterizado por mostrar tasas con ligeros incrementos en el tiempo, con un sostenimiento del valor de la esperanza de vida al nacer (78,43 años). Desde el período 2011-2013 los valores de mortalidad infantil son de 4 por cada 1 000 nacidos vivos. Sin embargo, la mortalidad materna aún se resiste a descender más allá de 39 defunciones por cada 10 000 nacimientos.

En el caso de la migración externa, el país históricamente se ha caracterizado por ser emisor de población. Los datos del Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE, 2018) ubican una pérdida absoluta de población entre 1970 y 2015 de 931 465 trabajadores efectivos entre los 15 y los 64 años de edad. Durante el tiempo en que el bono demográfico estuvo presente las salidas netas de productores alcanzaron las -693 297 personas, 76,7 % del total de salidas entre 1973 y 2012. Solo durante la fase de contracción inicial del bono de 1977 hasta el momento de su virtual extinción en 1995 las salidas netas de esta subpoblación alcanzaron en total -265 695 personas, mientras que durante la fase aguda del Período Especial, de 1990 a 1995, fueron -76 355, incluidos aquellos que salieron del país durante el evento conocido como Crisis de los Balseros en 1994 (Aja Díaz y Milán, 1996). De todos ellos, el 15 % son universitarios contra un 8 % de la población total (Díaz y Torres, 2012, p. 30). Estos valores podrían ser mayores a la luz de las oscilaciones que se producen justamente por las variaciones que la resolución migratoria de 2013 introdujo en sus regulaciones.

1.1. Envejecimiento y recursos laborales

Los sostenidos bajos niveles de fecundidad han condicionado un creciente envejecimiento demográfico, es decir, de la estructura por edades de la población. Si se toman las estadísticas oficiales para el año 2017 (CEPDE, 2018), la población de 60 años y más representaba el 20,1 %, lo que da cuenta de una estructura de edades en plena vejez demográfica. Ello resulta un factor relevante para el trazado de políticas y ha sido uno de los temas más tratados desde los medios de comunicación y desde las propuestas de acciones. Pero en relación directa con ello no debe ser despreciado el hecho de que el peso de la población de 15 a 34 años (joven) para el mismo 2017 era de un 26,3 % y la de 15 a 39 años era del 32 %. De ahí que, de tomarse como referencia estos porcentajes, a pesar de tener una estructura en la que es creciente cada año el peso de la llamada población adulta mayor, existe un importante porcentaje de población joven que no debe ser ignorada del panorama demográfico y la política económica.

En ese sentido y según la misma fuente de información, en la población cubana solo se encuentran 51 personas fuera de las edades económicamente activas por cada 100 en las edades activas (15-64 años). Visto en términos de la relación de sustento de la población, ello da cuenta de la existencia de casi 200 personas potencialmente activas, en edad laboral, por cada 100 fuera de esas edades en la actualidad, por lo que se puede afirmar que hay aún una disponibilidad de recursos laborales en el país.

Ahora bien, este proceso de vejez o envejecimiento demográfico es irreversible y con toda justicia podría esperarse que entre 2030 y 2048 se supere la barrera del 30 % de población de 60 años y más y llegue a ser de más de un tercio dos años más tarde. Sin embargo, en esos años las personas en edad laboral (15-59 años) aún serían de más del 50 % de la población total, lo que hace evidente el hecho de que por cada 100 personas de 60 años y más todavía habrían más de 150 en las edades económicamente activas (15-64 años) (Tabla 1).

Tabla 1. Indicadores de envejecimiento demográfico 

Fuente: elaboración propia a partir de CEPDE-ONE (2001, 2006, 2011, 2018a, 2018b); Hernández (2009); Albizu-Campos (2015).

Así, la aceleración del crecimiento anual de la población de 60 años y más en 2030 (3,31 %) se explica precisamente por la llegada a esas edades de aquellas generaciones, cuando lo que fue aquel baby-boom se transforma definitivamente en el boom de las jubilaciones. Si bien el envejecimiento demográfico es irreversible, su aceleración no es infinita. Nótese que ya en el período 2030-2048 y 2048-2050, la tasa media anual de 60 años y más cae abruptamente a solo 0,62 % y 0,28 %, respectivamente, con lo que alcanza esa subpoblación una condición de cuasi-estabilidad, para confirmar así el cumplimiento de los postulados de la teoría de las poblaciones estables, en las que la estructura de edades alcanza un momento en el que comienza a ser constante en el tiempo.

La Figura 1 muestra la elevada proporción de población que en 1970 se encontraba por debajo de 15 años, como resultado del elevado número de nacimientos ocurridos durante el baby-boom en su intervalo de expansión entre 1957-1960 y que llevara a 85 el número de dependientes por cada 100 productores. Ya a partir de 1981 comenzó una caída sistemática de ese indicador hasta una sima de 54-55 dependientes en el interregno de los censos de 2002 y 2012. Ello da cuenta de la apertura de un período de más de cuatro décadas de oportunidad demográfica para la economía, en términos de disponibilidad de recursos laborales, de 1966 a 2009, con la incorporación de grandes contingentes de personas a las edades económicamente activas y en el que la razón de soporte demográfico pasó de 136 a casi 230 personas en edad laboral (15-64 años) por cada 100 fuera de ellas, incluso en un período en los que el descenso de la fecundidad registró sus mínimos históricos (1996 y 2006).

Fuente: elaboración propia a partir de Albizu-Campos (2015); CEPDE-ONE (2003, 2013,2016, 2018a); INSIE.

Figura 1. Cuba. Evolución de la estructura de edades. 

Desde 2009 comenzó a cerrarse esa ventana de oportunidad demográfica. En su conjunto puede cuantificarse, de 1966 a 2009, un incremento del 67 % del número de personas de 15 a 64 años de edad (llamados productores) por cada 100 personas fuera de esas edades, es decir, dependientes. Aunque aún permanecen grandes contingentes de personas en esas edades, en 2017 el número de dependientes por cada 100 productores alcanzaba casi 60 y llegará a situarse en más de 80 cuando entre en su apogeo el boom de los retiros hacia 2030, entonces sí la razón de sustento de los retirados descenderá a solo 2 trabajadores por cada persona de 60 años y más, cuando en 1970 había sido de 6, e incluso de más de 8 en 1953. (Figura 2)

Fuente: elaboración propia a partir de Albizu-Campos (2015); CEPDE-ONEI (2003, 2013,2016, 2018a); INSIE.

Figura 2. Cuba. Razón de soporte demográfico. 

1.2. Bono demográfico

Hacia 1973 se abrió un inusitado período de oportunidad para la economía, en el que la ventana demográfica dio lugar a la aparición del bono demográfico (áreas azules) (Figura 3).

Fuente: elaboración propia a partir de Franco y Albizu-Campos (2013).

Figura 3. Cuba. Bono demográfico (1950-2030). 

Cuando se habla de bono o dividendo demográfico se hace referencia a un período de tiempo en el que las ventajas de la oportunidad demográfica que la población le ofrece al modelo económico se traducen en ventajas económicas, en tanto el número de trabajadores netos (efectivos) crece más rápidamente que el número de consumidores netos (efectivos) y la relación de sustento, diríase económica, en la población, comienza a aumentar de forma progresiva hasta alcanzar una cúspide a partir de la que crece cada vez más lentamente y comienza disminuir; se extingue el bono y se inicia el período de factura demográfica.

Documentado por diversos autores (Mason, 2001, 2005; Bloom et al., 2002), es el resultado final de la transición demográfica, es decir, de la transición de la fecundidad desde niveles elevados a niveles bajos, que conduce a transformaciones de mayor significación en la estructura de edades. Esto aumenta la importancia proporcional de la población en edades laborales y asociado a un aumento sostenido del empleo productivo, la productividad del trabajo, los salarios e ingresos personales y el reforzamiento de la capacidad de ahorro de la población da lugar durante un período de tiempo al incremento subsiguiente de la razón de sustento económico antes comentada, que se extingue, en primer lugar, en la medida en que la ventana de oportunidad demográfica se cierra o las condiciones económicas y las políticas públicas no permitan su aprovechamiento, acentuándose su carácter temporal y adelantándose su extinción.

Pareciera que existe la oportunidad de un segundo bono demográfico, pero ello depende de cómo fueron invertidos los recursos generados en el primer bono y sobre todo de su aprovechamiento, es decir, cuál fue su aporte al crecimiento macroeconómico de los países (Lee y Mason, 2010), cuánto capital humano fue formado en relación con una inserción económica productiva y la elevación de la productividad del trabajo, y cuán disponible este se encuentra en un momento dado. Sin embargo, puede ocurrir que, a pesar de estar presente, no se manifieste como crecimiento del bienestar material esperado por el cambio en la estructura por edades de la población (aumento en la razón de sustento) bajo condiciones constantes del ciclo económico vital, en términos de productividad y ahorro (Department of Economic and Social Affairs, 2013) y entonces se convertiría en factura demográfica (áreas rojas, Figura 3), pérdida del bienestar por no aprovechamiento.

Pero en el caso cubano puede percibirse cómo desde 1950 a 1957 había aparecido ya de manera incipiente debido a los cambios en la estructura de edades producidos por el descenso secular de la fecundidad en el país entre 1911 y 1956 y se había extinguido entre 1957 y 1972 como consecuencia del boom de los nacimientos ocurrido en esos años, que provocó un aumento expansivo del número de personas dependientes entre niños y adolescentes (como se registrara en el censo de 1970), combinado con un saldo migratorio negativo acumulado de 460 000 personas de 15-64 años entre 1960 y 1972. Luego, y como consecuencia de la entrada en edades laborales de esos baby-boomers, hacia mediados del período 1980-1985 ya era una realidad el incremento de la razón de sustento cuyo crecimiento se cifraba por encima de 1,6 % en 1977-1982. Lo más notable es que desde 1983 comienza a registrarse una sostenida y evidente contracción del bono, que lo llevó a su virtual extinción en el quinquenio 1992-1997, aún en presencia de una creciente ventana de oportunidad demográfica.

Esa contracción, que indudablemente tiene un claro correlato en el tiempo con la crisis económica de esos años, parece comenzar antes, hacia finales de la primera mitad de los años ochenta (INSIE-CEE, 1986), que da cuenta de un fuerte paralelismo con la reducción anterior de la fecundidad, que llevó a una abrupta caída desde su cúspide en 1963, en pleno baby-boom, hasta situarse por debajo del nivel del reemplazo en 1978 en solo 15 años, cuando comienza la disminución sostenida del PIB en el país, incluso años antes del comienzo del llamado «período especial» (Pérez, 1998).

Luego, de 1997 a 2002 tiene lugar una ligera recuperación de la razón de sustento y el bono vuelve a ser perceptible en la medida en que la economía del país experimenta una reanimación en el contexto de la aplicación de medidas de ajuste (Álvarez y Mattar, 2004). Sin embargo, la recuperación económica, al menos en términos de lo que se refiere a la generación de empleo, la elevación de la productividad de trabajo y el aumento sostenido de los salarios, no parece haber sido lo suficientemente robusta como para alcanzar los niveles de relación de sustento económico de los años previos a la fase aguda de la crisis, entre 1990 y 1995. El bono demográfico en el país recomienza de forma sostenida su cierre y se extingue definitivamente hacia 2012, después de que la razón de sustento acumulara un 26 % de incremento entre 1973 y la fecha de su conclusión.

1.2.1. Determinantes de la extinción

Algunos elementos combinaron su efecto negativo sobre el bono demográfico. El primero de ellos es que, aún en plena ventana de oportunidad demográfica y del subsecuente bono que la acompañó, la caída del nivel de actividad de la población, particularmente de los jóvenes, parece haber sido un elemento fundamental en el desaprovechamiento del capital humano disponible en el país. Las reducciones más importantes del nivel de actividad económica de la población ocurren en las edades jóvenes, de 20 a 45 años, aunque el deterioro de la participación en la actividad económica fue generalizado y a pesar de que la Figura 4 muestra un proceso que cubre un lapso de tiempo de más de una década, este abarca aún más tiempo y se remonta, al menos, a la primera mitad de la década del ochenta, cuando el bono reaccionara con una abrupta declinación del 13 % con relación a 1978. Aun cuando no se posee información suficiente sobre los años 1990-1995, la fuerte contracción de la ocupación -una tasa de desempleo de 7,9 % hacia 1995-, la del empleo industrial, así como la expansión de la informalidad de la época (Pérez, 2009), hacen suponer que el nivel de actividad fue aún menor en esos años.

Fuente: elaboración propia a partir de ONEI (2013).

Figura 4.  Tasas específicas de actividad económica. Trienios seleccionados. 

Con este factor se combinó el hecho de que el nivel del salario, más allá de las garantías sociales, no parece haber experimentado un incremento decisivo, aun cuando entre 2006-2017 el salario medio nominal mensual tuvo una virtual duplicación hasta llegar a 767 CUP mensuales, casi el doble de lo que fuera el salario máximo durante la década del ochenta, es decir, 400 CUP. Sin embargo, una vez traducido a su valor en CUC, cambiado a 25 CUP/CUC y según la paridad CUC/USD oficialmente establecida para las finanzas internacionales con que opera el país, resulta en un valor de poco menos de 31 USD al mes, con deflactores iguales a 1 en correspondencia con la paridad de poder adquisitivo (PPA), para cubrir solo un tercio de las necesidades básicas (3,1 USD/día). Incluso hoy, después del aumento salarial en el sector presupuestado, el nuevo salario medio debía ascender a 1 067 CUP, que sometido al mismo ejercicio antes descrito, equivaldría a 43 US/mes, o sea, 45,5 % de las necesidades básicas (Figura 5).

Fuente: elaboración propia a partir de ONEI (2017, 2018) y Vidal y Pérez (2012).

Figura 5. Salario medio mensual nominal y real (1989-2017).  

Otros autores señalan que ese salario medio nominal mensual de 767 CUP solo beneficia al 38 % de los trabajadores, en contraste con un 60 % que son remunerados con un salario inferior y únicamente el 1 % alcanza salarios de 2 000 CUP o superiores (Echevarría León y Espina Prieto, 2018), mientras que el poder adquisitivo real de ese salario nominal no alcanza el nivel del salario mínimo de 1989 (Albizu-Campos, 2009; Chappi Docurro, 2018), lo que entre otras cosas ha contribuido a explicar unas cuatro quintas partes del descenso de la fecundidad observado en el país entre 1990 y 2014 (Albizu-Campos, 2016).

El tercer elemento, que se combina con los anteriores, es el de la emigración de la población en edad laboral. La migración tuvo un importante saldo externo neto negativo que, entre 1996 y 2012, pasó de -20 552 a -46 662 salidas netas hacia el exterior, según lo publicado por el «Anuario demográfico de Cuba» en ese período a partir de las fuentes estándares existentes en el país. Sin embargo, para 2013 y 2014, la entrada en vigor de la resolución migratoria de 2013 condicionó la publicación de saldos migratorios externos positivos que daban la medida de un cambio en el signo de las migraciones en Cuba (algo más de -24 684 en 2015, -17 251 en 2016 y -26 194 en 2017), en franca contraposición con lo históricamente observado hasta 2012 publicado en los anuarios demográficos del país e incluso con lo que se ha estimado de dicho comportamiento según las fuentes de datos de países receptores (Figura 6).

Figura 6. Saldo migratorio externo (1996-2030). 

Si se consideran las estructuras por edades y sexos del saldo migratorio externo neto propuestas por CEPDE en su ejercicio de proyección de la población cubana para 2010-2030 (ONE, 2010), podría decirse que entre el 75 % y 78 % son personas en edades laborales y en ese sentido podría afirmarse la emigración neta de trabajadores efectivos en Cuba.

La dinámica de la migración cubana parece apuntar al reforzamiento de la emigración, sobre todo en el contexto actual de dificultades económicas por las que atraviesa el país y que, al igual que ocurrió en 1981 y 1994, pudiera volver a entrar en un modelo de movilidad basado en el principio de «herding associated with panic», que han descrito otros autores como «ruptura de la simetría en hormigas que escapan» (Altshuler et al., 2005), y que ya se ha venido observando en el crecimiento inusitado del número y la dirección de los nuevos corredores migratorios que utiliza la población (Figura 7).

Fuente: Oficinade Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (2018).

Figura 7. Cuba. Rutas migratorias hacia Estados Unidos (2015).  

A este flujo de fuga de capital humano hacia el exterior habría que adicionar aquel que ha tenido lugar desde el punto de vista interno y que tiene que ver con la salida de trabajadores estatales hacia otras esferas como la del trabajo por cuenta propia. En primer lugar, adiciónese el hecho de que en los censos de fecha reciente aparece un número creciente de personas que, aun estando en las edades laborales y calificados no solo no declaran estar empleados, sino que tampoco declaran buscar trabajo, unas 500 000 personas entre 15 y 59 años de edad.1 Añádase a ello que durante el proceso de redimensionamiento de la actividad azucarera en el país, unos 100 000 trabajadores vinculados a ella quedaron sin empleo (Nova, 2004), mientras que el programa estatal de restructuración del empleo se orientó a racionalizar alrededor de 1,3 millones de trabajadores estatales en el período 2012-2015 (Castro, 2008; Vidal y Pérez, 2010, 2012; Mesa-Lago, 2010), lo que contribuyó a erosionar la ya afectada razón de sustento económico en la sociedad cubana.

La corta duración del bono demográfico en Cuba está claramente asociada al efecto negativo combinado de los elementos antes descritos, que lo llevó a convertirse rápidamente en factura demográfica (período 2012-2030). Cuando se consolide el boom de las jubilaciones, en un contexto de incertidumbre con relación a las pensiones (Lee y Tuljapurkar, 1998; Lee,Mason y Miller, 2001) donde se combinan baja productividad, bajos salarios, bajo consumo y baja capacidad de ahorro de la población, se pensaría igualmente en una baja capacidad de reinversión de recursos por parte de la población, así como en la improbable aparición de un segundo bono demográfico a partir de estos elementos.

Hallazgos recientes realizados en el contexto de otros estudios apuntan al hecho de que todos los factores contribuyentes a la extinción del bono muestran un elevado grado de correlato con la extinción del nivel de reemplazo de la población económicamente activa en el país (Figura 8).

Figura 8. Reemplazo de la población económicamente activa (1900-2030). 

Es notable la similitud morfológica de la curva que nos muestra el gráfico con aquella de la dinámica del bono demográfico. Nunca antes de la salida de la crisis económica conocida como «crack del 1929-1933», la población económicamente activa en Cuba había mostrado capacidad de reemplazarse, es decir, a ella entraban menos de 100 personas por cada 100 que de ella se retiraban. La cúspide de ese reemplazo solo se alcanzó hacia 1955, cuando se superaran las 125 entradas por cada 100 salidas. Después del agotamiento del reemplazo experimentado hasta 1970 una nueva recuperación se advierte y hacia 1980 este se situaba otra vez en la franja de las 120 entradas. El descenso de esa capacidad es sostenido en el tiempo y hacia 1990-1995, y en claro correlato con la crisis del llamado «período especial», esta se pierde definitivamente. Las estimaciones realizadas señalan que la población económicamente activa masculina aún en 2019 conserva un reemplazo de tipo simple (100 entradas por 100 salidas), pero a partir de 2020 también se perderá definitivamente.

En la extinción del reemplazo de la población económicamente activa han concomitado dos factores fundamentales: el descenso gradual sostenido en el tiempo del nivel de la actividad de la población masculina y los bajos niveles históricos de la actividad económica femenina en el país. El incremento de este último, observado a partir de 1960, no pudo compensar la reducción de la actividad de los hombres, quienes representan alrededor de dos tercios de todo el conjunto del número de productores en el país.

1.3. El bono de género

Por otro lado, si bien puede afirmarse que el bono demográfico se ha extinguido, aún está presente el llamado bono de género en el país (Rodríguez, Albizu-Campos y Alfonso, 2017), considerado este como el incremento de la producción económica per cápita, resultado del aumento de la paridad laboral de hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Al estar aún vigente existe un amplio margen para su aprovechamiento.

El aumento del número neto de trabajadoras efectivas en la población, razón de sustento económico femenina, entre 2002 y 2012 asciende a un incremento medio anual de 3,23 %, incluso muy superior al aumento máximo del bono demográfico de la población que en el bienio 1977-1978 fuera de 1,61 %. Esto da la medida de las posibilidades que aún ofrece. Sin embargo, ello depende, en gran parte, de una distribución más equitativa de los roles productivo y reproductivo dentro de los hogares, así como de los temas asociados a la discriminación de género en el mercado laboral (Saad, 2014).

Al identificar la división sexual del trabajo y el uso diferencial del tiempo como el fundamento de la subordinación económica, social y política de las mujeres, una consideración especial merece el tema de la baja participación económica femenina (Martínez, Miller y Saad, 2013) y el de cuidado. Hasta ahora la organización social del cuidado ha tendido a recargar el peso en las mujeres, sea como cuidadoras de hijos, familiares enfermos o personas mayores, llevándolas incluso al abandono precoz de la actividad económica, amén de los bajos salarios, la ausencia de una oferta adecuada de empleo y la emigración de la que es protagonista. Así, el índice de relación de género en el mercado laboral cubano ha descendido a 61 mujeres por cada 100 hombres, mientras que en Noruega alcanza 89 (Martínez, 2012).

El promedio de vida activa de las mujeres cubanas disminuye rápidamente a medida que avanza la edad (a partir de los 30 años) y ello tiene que ver con su salida prematura del mercado de trabajo para dedicarse al cuidado de otras personas (Rodríguez, Albizu-Campos y Alfonso, 2017), mientras se debe suplir el abandono institucional en esa actividad. Por otro lado, los censos revelan que entre 2002 y 2012 el número de mujeres ocupadas en quehaceres del hogar disminuyó en casi 10 % hasta llegar a 1 698 325. Las amas de casa con instrucción media superior y superior pasaron de 408 314 a 648 783. Del 22 % al 38 % del total de mujeres en esa actividad se encuentran capacitadas pero fuera del mercado de trabajo pues, al parecer, no existe una oferta ajustada a su calificación o sencillamente no encuentran empleo.

Súmese a ello el hecho de que dentro de la emigración cubana se ha producido un proceso de feminización que se cifra en alrededor de 117 mujeres por cada 100 hombres (Albizu-Campos, 2015). Podría afirmarse entonces que el bono de género también corre el riesgo de su extinción. Para evitarlo deben tomarse acciones firmes de política económica, laboral y social que conduzcan de forma sólida a un aumento sostenido del empleo productivo, principalmente el femenino y de la inversión en capital humano, tanto general, como particularmente orientado a las mujeres, de forma tal que pueda garantizarse un incremento incesante de su incorporación laboral, de la productividad del trabajo, del crecimiento ininterrumpido de sus salarios y su capacidad de ahorro, así como del aumento de la satisfacción de las necesidades para el mejoramiento de su capacidad de consumo (Rodríguez, Albizu-Campos y Alfonso, 2017).

2. HACIA UN NUEVO ENFOQUE

Si bien hoy la política ya incorpora elementos de la población y la dinámica demográfica (PCC, 2017a, 2017b y 2017c), debe llamarse la atención sobre algunos elementos que pueden identificarse como debilidades en este sentido. Se trata de la imperiosa necesidad de transitar hacia la adopción de un modelo de desarrollo en el que las estrategias se centren en la población, el desarrollo humano y en la biodiversidad ambiental como los codeterminantes fundamentales de la producción social, así como en su función como garantes de la distribución de la riqueza (Albizu-Campos, 1997), que más que un tecnicismo económico es de importancia vital para la sociedad cubana actual.

En esencia, debe avanzarse hacia una política integral de población sustentada en un vínculo armónico entre la población y el desarrollo económico y social, en la que la intención no sea la movilidad de los indicadores demográficos, sino el alcance de crecientes niveles de satisfacción de las necesidades de la población (Aja Díaz et al., 2012). Este cambio de enfoque debe tener como ejes articuladores:

  • Inclusión de la composición y dinámica de la población en las estrategias de desarrollo a nivel nacional, con énfasis en las diferencias territoriales y atención a la independencia local, pues la dinámica demográfica no es una y las heterogeneidades son cada vez mayores.

  • Ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, la pareja y la familia, que incluye acompañamiento pleno del Estado en la satisfacción de las necesidades, los ideales de fecundidad y la inclusión social sin diferencias.

  • Incremento del aprovechamiento de la fuerza laboral con énfasis en la mujer y en el papel protagónico de los jóvenes: hacer atractivo y valorizado el empleo formal, el incremento sostenido de los salarios, la permanencia en el país/territorios en contexto de emigración, así como la necesidad de inversión en desarrollo tecnológico.

  • Intersectorialidad en el estudio de cualquier tema.

  • Monitoreo sistemático.

En ese sentido, lo que se entiende por un cambio del enfoque es el abandono de esa visión poblacionista que, enfocada erróneamente en un incremento de los nacimientos, no resuelve cómo ese incremento del número de nacimientos puede convertirse en desarrollo económico o mínimamente en crecimiento del PIB, cómo puede ese «aumento de la natalidad», junto a eso que se ha dado en llamar «mejora de la pirámide demográfica», ser una contribución decisiva en el incremento del salario y de su poder adquisitivo, de la capacidad de consumo y de ahorro de la población, en el aumento sostenido de la productividad del trabajo, en frenar la emigración galopante de población y capital humano hacia el exterior y desde la esfera estatal a la informalidad y a formas precarias de empleo que hoy se enmascaran en el trabajo por cuenta propia.

Ello supone el progreso incesante del desarrollo humano en sus tres dimensiones:

  • Una vida larga y saludable, que no solo implica el aumento continuo de la extensión de la capacidad de la supervivencia en términos de la esperanza de vida al nacer, sino el progreso en la esperanza de vida en todas las edades y de la calidad de la supervivencia en general.

  • El aumento sostenido tanto del número esperado como del número medio de escolaridad de la población, como garantía de un acceso universal al conocimiento.

  • El mejoramiento permanente de las condiciones de remuneración de la fuerza de trabajo, garantía de un acceso creciente a la satisfacción de las necesidades personales y familiares, basamento de un nivel ascendente de calidad de vida.

La propuesta puede resumirse en la Tabla 2.

Tabla 2. Evolución del índice de desarrollo humano (IDH) entre 2007 y 2017. Objetivos hacia 2030 

Fuente: PNUD (2009 y 2018).

Véase en la Tabla 2 en qué año se alcanzan los mayores valores en los índices de las diferentes dimensiones. En la dimensión de salud se tuvo el máximo en el índice de esperanza de vida hacia 2017 (0,922) y lo que se propone como objetivo hacia 2030 es prácticamente un valor semejante, 0,923, lo que implicaría que se alcanzaran los 80 años de esperanza de vida al nacer. Ello supondría un incremento sostenido de la esperanza de vida tanto femenina como masculina, de forma tal que en las mujeres se consolidara un nivel superior a 81,70 años, mientras que en los hombres alcanzara los 77,4 años, como se proyectara para el diseño de los escenarios demográficos de Cuba hacia 2030 (Albizu-Campos, 2015).

En la educación ello significa el mejoramiento de los componentes de la dimensión, de tal forma que el número de años esperados de escolarización pasaría de 14 a 17 años, luego de que fuera 16,4 años en 2006, mientras que el número medio de años de estudio llegaría a 14,4 años, un avance de alrededor de 4 años con relación a lo encontrado en el último censo (2012). Así, el índice de educación alcanzaría el nivel máximo histórico (0,952) registrado en 2007.

Por su parte, en materia de ingresos, el ingreso nacional bruto per cápita (2 011 PPP$) deberá incrementarse de los 7 524 US$ anuales alcanzados en 2017 hasta 9 200 US$ en 2030, lo que significaría un incremento medio anual del ingreso per cápita de 1,7 % en el período 2018-2030, incluso inferior al aumento alcanzado en ese sentido entre 1990 y 2017, de 1,97 %, según lo mostrado en el reporte de Cuba en el Informe de Desarrollo Humano de 2018 (PNUD, 2018). Con ello se igualaría el valor del índice de ingreso máximo histórico, 0,683, obtenido en 2007. Podría incluso proponerse que un primer paso fuera llevar el salario mínimo a la línea que hoy se designa como de pobreza (3,1 US$/día) (PNUD, 2018) que, si se considera en paridad con el CUC, representaría un salario mínimo de 94,36 CUC al mes por trabajador, es decir, 2 360 CUP, y que de combinarse con una política de ajuste de los precios hacia niveles inferiores, fortalecería el poder adquisitivo de los salarios y la capacidad de ahorro de la población.

CONCLUSIONES

Lo hasta aquí expuesto muestra que no existe escasez alguna de fuerza de trabajo en el país y que la solución no sería en ningún caso el facilismo de la visión simplista del pronatalismo. Es decisivo que se abandone la percepción de que el desarrollo humano es solo el mejoramiento de la extensión de la esperanza de vida al nacer y de las condiciones educacionales de la población. Es inexorable la adopción de una visión en la que el mejoramiento de las condiciones de vida y de la calidad de la supervivencia ocupen un lugar central, en el que el mejoramiento de los salarios, en particular, y de los ingresos, en general, de la población, ocupen ese lugar central que necesitan entre los objetivos de la política.

En todo caso, y como se muestra en la Tabla 2, el país lograría un puntaje en el índice global de 0,844, algo superior a la cota máxima, 0,823, alcanzada en 2007 cuando se ocupó el puesto 57. Cuba se situaría entonces en el lugar 44 del ranking de países que conforman la franja de muy alto desarrollo humano, junto a Chile, que ocupa hoy ese puesto, Argentina (47), Uruguay (56) y Barbados (58) que son, en la región, los que lo han logrado y se han consolidado en esa franja. Nótese además que lo que se propone es retornar a valores de los índices en las distintas dimensiones de desarrollo humano que fueran conseguidos por nuestro país en el pasado reciente y ahora serían las metas que, en un lapso de 12 años, hacia 2030, se proponen como objetivos de política bajo este enfoque; y para ello el crecimiento económico es imperioso. No más una posibilidad ni un lujo intelectual. Sin los recursos que aporta el crecimiento sostenido de la economía, es poco probable evitar que se siga retrocediendo en materia de desarrollo humano.

Cuando eso suceda, ya se verá que aquello que percibimos hoy como necesidades de la población de Cuba habrá desaparecido en buena medida y habrá sido sustituido a su vez por otras demandas. Pero, eso sí, el envejecimiento demográfico, el decrecimiento del número de habitantes, la fractura ideológica que representa la desvalorización del trabajo (manifestada a través del casi millón y medio de personas con edades entre 15 y 59 años aptas y calificadas que ni siquiera se plantean la búsqueda de un empleo formal y sí la búsqueda de un canal migratorio de salida), el casi un cuarto de la población urbana que tiene ingresos por debajo del valor de la canasta básica (en un contexto en el que el salario medio representa apenas un tercio de la línea de pobreza), así como muchos otros rasgos que hoy causan tanto desasosiego dejarán de ser percibidos como «problemas de población» -que en realidad no son tales- y quién sabe, quizás hasta pueda Cuba convertirse en un espacio de atracción y se detengan los éxodos. Ese es el verdadero reto desde la perspectiva del desarrollo humano. He ahí una verdadera política de población.

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NOTAS ACLARATORIAS

1Cálculos a partir de Censo de Población y Vivienda, 1981, 2002, 2012.

3Código JEL: J11, J14, J16, J18