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"Peor que los peligros del error son los peligros del silencio." ""Creo que mientras más critica exista dentro del socialismo,eso es lo mejor" Fidel Castro Ruz
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jueves, 8 de agosto de 2019

Riesgos ambientales presionan a agricultores cubanos

El cambio climático resulta cada vez más un riesgo evidente para el sector productivo de este país insular caribeño.

El agricultor Joel Fernández recolecta zanahorias cultivadas en su finca Soledad III, en Las Caobas, en las inmediaciones de la ciudad de Gibara, en la oriental provincia cubana de Holguín. Por tradición y por necesidad, en esta y otras fincas del área se práctica la agricultura ecológica.
Foto: Jorge Luis Baños/ IPS
LAS CAOBAS, Cuba, 8 ago 2019 (IPS) – El viento que sopla desde la costa se cuela por las puertas y ventanas abiertas de las humildes casas del barrio rural de Las Caobas, en el este de Cuba, donde sus habitantes dependen de una agricultura en condiciones climáticas adversas.
Como banderolas, las cortinas a flores se agitan dentro de algunas viviendas, la mayoría de madera o ladrillos al descubierto con techos ligeros. Una chica transporta hierba en un carro a caballo y se tapa los ojos por la nube de polvo que provoca el paso de un automóvil por el único camino, sin pavimentar, del lugar, donde el Estado anunció la construcción de una carretera que no termina de llegar.
En esta comunidad del municipio de Gibara, de 71.000 habitantes, vive Maité Sarmiento, que guarda en el cobertizo botellas con jalea de mango. “En 2007, aprendí a hacer conservas y hoy abastecemos el hogar y vendemos en la ciudad”, explicó a IPS en la finca familiar Soledad III, de 3,3 hectáreas.
“Este año no se pudo hacer puré (pulpa en conserva) porque el tomate salió malo por las plagas”, lamentó Joel Fernández, que el esposo de Sarmiento y dueño de la finca asociada a la Cooperativa de Créditos y Servicio Abel Santamaría, que suma 514 hectáreas entre sus 137 integrantes, de las cuales apenas 160 son cultivables.
Con su familia arraigada en el lugar y productor desde los 17 años, Fernández describió que este “es un lugar seco, el agua disponible para riego no es buena de acuerdo con los análisis realizados, aplicamos hasta 60 por ciento de materia orgánica por encima de la media del país y las plagas han aumentado y son más agresivas”.
El cambio climático resulta cada vez más un riesgo evidente para el sector productivo de este país insular caribeño, en especial las pequeñas fincas establecidas en lugares vulnerables como Las Caobas.
Aquí, las familias campesinas tienen la tradición, en parte por necesidad, de producir ecológicamente, con prácticas como mejorar los pedregosos suelos con toneladas de estiércol y acopiar agua en cavernas subterráneas naturales.
“Antes sembrábamos maíz y había que fumigar, si acaso, una vez”, ejemplificó Fernández. “Ahora hay que fumigar tres o cuatro veces. Usamos productos ecológicos para las plagas, pero en otras ocasiones hay que recurrir a químicos, que están escasos y caros”, describió sobre la finca que cosecha pequeños volúmenes de vegetales y frutas.
Maité Sarmiento muestra las conservas que elaboras a partir de mangos cultivados en la finca familiar Soledad III, en el barrio rural Las Caobas, en las inmediaciones de la ciudad de Gibara, en el este de Cuba.Pese a todos los esfuerzos, reconoció que  “en los últimos cinco años hemos perdido varias producciones, ha sido un desastre”.
“Gracias al Proyecto de Innovación Agropecuaria Local (PIAL) aprendimos a probar y comparar, buscar nuevas semillas y diversificarnos”, explicó Fernández.
El agricultor se refiere a una iniciativa que comenzó en 2000, gracias al esfuerzo conjunto de entidades cubanas con la cooperación internacional, sobre todo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, que hoy llega a 75 de los 168 municipios cubanos con propuestas de innovación y empoderamiento de jóvenes y mujeres.
“Muchos productores están conscientes de que es real la situación del cambio climático”, compartió la agrónoma Miriam Rojas, sentada en la sala del hogar de la familia de Fernández y Sarmiento. Ella brinda asistencia científico-técnica a las 79 entidades productivas de Gibara, de las cuales siete cooperativas integran el PIAL.
“Pero resulta más lento el proceso de conversión y concientización de los productores, que el impacto del cambio climático”, valoró la especialista en extensión agraria, que ayuda a aplicar los conocimientos técnicos a los productores.  “Debemos desarrollar una labor más fuerte”, propuso.
En medio de su maizal, con las plantas mecidas por el viento que llega del mar, el campesino Alexis Bauta, presidente de la cooperativa Abel Santamaría, en las inmediaciones de la ciudad de Gibara, en el este de Cuba.
Foto: Jorge Luis Baños/ IPS
Investigaciones cubanas señalan que las variabilidades del clima como las cada vez más frecuentes y severas sequías y el aumento de la temperatura mínima del aire y del nivel del mar, presionan al sector productivo.
El estudio “Propuesta de medidas de adaptación al Cambio Climático en el sector agropecuario local en Cuba”, publicado en 2017 en la revista Ingeniería Agrícola, identifica nueve medidas como reforestación, conservación de suelos, modernizar las tecnologías de riego, cultivares más tolerantes y enfrentar las plagas con bioproductos.
“El tema ambiental juega un papel importante”, sostuvo el ingeniero en mecanización agropecuaria Norge Díaz, que coordina el PIAL en la provincia de Holguín, donde se sitúa Gibara. “A los productores hay que hablarles de diversidad, porque si falla algo, se continúa con otro cultivo y la economía de la casa no decae”, apuntó.
Justamente, el PIAL es pionero en organizar las llamadas Ferias de la Diversidad, donde las y los productores se reúnen para intercambiar semillas, experiencias y otras mercancías más elaboradas como los alimentos en conservas y artesanías, de modo que la familia campesina tenga ingresos sostenibles.
“Tenemos varias experiencias en adaptabilidad al cambio climático, manejo integrado de cultivos  y el trabajo con las fincas agroecológicas, entre otras”, continuó Díaz, sobre el proyecto que en Holguín llega a 25 cooperativas de siete municipios. “Y estamos haciendo sinergia con las acciones de la Tarea Vida”, amplió.
Tarea Vida es el nombre más conocido del primer plan del Estado cubano para afrontar el cambio climático, que fue aprobado por el gobierno en 2017 y establece medidas a corto, mediano y largo plazo, con especial énfasis en las zonas costeras del archipiélago.
Un hombre conduce una carreta tirada por caballo por el camino sin pavimentar que une las pequeñas parcelas agrícolas de Las Caobas, en las inmediaciones de la ciudad de Gibara, en la oriental provincia de Holguín, en Cuba.
Foto: Jorge Luis Baños/ IPS
Semillas de cebollín (Allium schoenoprasum) se secan al sol sobre los techos de la vivienda y otras precarias instalaciones de la finca El Mirador, también en Las Caobas, donde los sembradíos reverdecen a pesar de la sequía gracias a la dedicación y experiencia del productor Alexis Bauta, que junto a sus dos hermanos trabaja una parcela de 8,5 hectáreas de tierra.
“Los campesinos tenemos que buscarle alternativas a esta situación de la sequía, y el cambio climático en general, con cultivos que sean de ciclo corto, aplicar mucha materia orgánica para no erosionar el suelo, poner barreras vivas y muertas para minimizar los daños al suelo”, propuso el campesino, que preside la cooperativa Abel Santamaría.
Con una fuerte brisa proveniente del mar donde termina la finca, Bauta detalló a IPS que apuestan por el plátano (banano para cocinar) para sembrar “por ser más resistente a la sequía, pero no a gran escala”, junto a yuca, boniato (batata), frijol, pepino y ajíes, que en conjunto suman en el año hasta 12 toneladas de cosecha.
“Las autoridades deben apoyar más al campesino, con recursos y capacitación, ya que cada año es más difícil lograr las cosechas”, agregó Bauta, que identifica otras limitantes como la ausencia o pésimo estado de las carreteras y acceso a medios de transporte.
Economistas consultados por IPS señalan que el sector agropecuario cubano debe considerar cada vez más los riesgos ambientales en su planificación, sobre todo los pequeños productores. Junto a las medidas de adaptación, recomiendan mejorar otros mecanismos existentes como el aseguramiento de ganado y cosechas.
Las cooperativas gestionan 67 por ciento de las tierras cultivables en Cuba y logran  80 por ciento de la producción de leche, tubérculos, hortalizas, maíz, frijol y frutales, en un país donde todavía se importa cada año hasta 70 por ciento de los alimentos para la población de 11,2 millones de habitantes.
Edición: Estrella Gutiérrez

jueves, 25 de julio de 2019

Pescadores de Cuba esperan por la aplicación de nueva ley

Por primera vez este sector contará con un marco regulatorio con rango de ley, aprobada por el Parlamento el 13 de julio.

Raidel León sostiene una sarta de pargos que acaba de capturar en las cercanías de la bahía de Gibara, una pequeña ciudad costera del este de Cuba, donde los involucrados en la actividad pesquera esperan que la nueva ley para el sector flexibilice sus restricciones.
Foto: Jorge Luis Baños/IPS
GIBARA, Cuba, 25 jul 2019 (IPS) – Aguas turbias por la mezcla del mar y las desembocaduras de los dos ríos que conforman la bahía de Gibara, un municipio costero del este de Cuba, donde atracan 53 embarcaciones de mediano y pequeño cabotaje de la Base de Pesca Deportiva Pepín Infante.
Como otros en el resto del archipiélago cubano, este centro dispone de 23 barcos a motor y 30 botes y es operado por 272 pescadores privados, que con métodos artesanales y permitidos como el palangre salen a alta mar a capturar peces, como la aguja (Belone belone), de los cuales deben vender una parte al Estado, mientras la otra queda para su libre comercialización y autoconsumo.
Antes de salir el sol, el dueño del maltrecho bote llamado Papillo saca el agua que durante la noche se coló en la embarcación por las rendijas del casco deteriorado. “El Papillo sale más allá en la bahía y con él alimenta a su familia”, explicó a IPS el responsable de la base, Francisco Catalán, mientras recibe a los primeros pescadores del día.
Debido al deterioro de la flota pesquera estatal desde el inicio, en 1991, de la persistente crisis económica que se prolonga hasta la actualidad, los pescadores artesanales componen el rostro más visible para la población de 11,2 millones de habitantes de esta actividad, que por primera vez este año contará con un marco regulatorio con rango de ley.
“Estamos locos por saber (el texto definitivo de la ley)”, dijo Catalán, que aguarda expectante la publicación en la Gaceta Oficial de la República de la norma que fue aprobada por el parlamento el 13 de julio, y cuya entrada en vigor se conocerá solo entonces.
“Esperamos más apertura pero algunas personas dicen que vendrán más restricciones”, comentó.
Entre los principales objetivos de la ley, las autoridades reiteran el ordenamiento del sector para un manejo sostenible del recurso pesquero en la plataforma marítima cubana, de 50.000 kilómetros cuadrados.
En el último quinquenio, las 54 especies que se pescaban en ese espacio se redujeron en 44 por ciento y las capturas en 70 por ciento.
Las causas de este descenso se remontan, según especialistas, a que Cuba pescó de más en las improductivas aguas del Caribe durante los años 60, 70 y 80 del siglo XX. Solo en 1985 la flota cubana capturó 78.000 toneladas en la plataforma. Hoy afectan además la contaminación, el aumento de la temperatura del mar y de la salinidad.
Ante la caída del rendimiento pesquero, un problema de alcance mundial, las autoridades cubanas anunciaron que la nueva ley responde a los códigos y convenios internacionales para una pesca responsable firmados por este país caribeño, prioriza la conservación y reconoce a los trabajadores privados del sector, que cuenta también con empresas estatales y cooperativas.
De los agotados recursos acuáticos cubanos, viven 3.376 pescadores comerciales estatales y 245 pescadores para autoconsumo; junto a 18.638 que realizan la pesca comercial privada y otros 17.600 la deportiva. Además, otras 2.500 personas faenan de forma ilegal, hasta sobre balsas armadas con neumáticos y otros elementos precarios.
Cuatro tripulantes salen a su cotidiana faena pesquera en la pequeña embarcación Pepe, desde un muelle de la bahía de Gibara, en el municipio de la provincia de Holguín, en la región del Oriente cubano.
Foto: Jorge Luis Baños/IPS
En tanto, a la base en Gibara llegan otros cuatro pescadores, saludan a Catalán y sacan sus enseres de una caseta desvencijada. Uno de ellos es Armando Cueto, el propietario de una embarcación a motor bautizada como Pepe. “Esta zona de pesca es muy mala, no depende de la embarcación ni de los recursos”, lamentó Cueto, mientras aprovisionaba el barco.
“Nos dedicamos a pescar pargos (Lutianus) porque las corridas (cardúmenes) son muy malas en este tiempo. Los mejores días se capturan de 15 a 30 libras (de siete a 14 kilogramos), pero los peores, cinco libras (dos kilogramos). Eso no es rentable”, dijo antes de zarpar con su tripulación, que añora cuando podía pescar en otras zonas de la plataforma.
La base, que es la única entidad pesquera del municipio de 71.000 habitantes, padece el descenso del número de asociados y de los ingresos para mantener las instalaciones. “Esto es particular, no es del Estado”, explicó Miguel Téllez, que cuida el lugar en las noches y desde hace tres meses no sale a pescar debido a las regulaciones.
“No tengo embarcación y dependo de que alguien me lleve”, explicó. “Si no eres patrón o propietario no puedes montarte en ninguna embarcación… antes cualquiera podía prestarte un bote sin problemas”, lamentó el pescador, rodeado de sus dos perras que jugueteaban en la arena.
Aunque se desconoce el alcance de la nueva ley, que fue analizada con comunidades y pescadores, las autoridades observan un reto en la situación de los 168 asentamientos pesqueros, en especial donde son muy escasas las alternativas de empleo en otras ramas.
Trascendió que la norma define con mayor claridad las modalidades permitidas, como por ejemplo, independiza la pesca deportiva de la recreativa.
Un grupo de hombres lanza los anzuelos de sus cañas de pesca, desde un muro del malecón de La Habana, en una imagen habitual en la capital cubana.
Foto: Jorge Luis Baños/IPS
“La pesca artesanal desempeña un rol fundamental en la seguridad alimentaria, el alivio de la pobreza y el desarrollo de economías locales”, dijo, en entrevista con IPS, Alejandro Flores, oficial principal de Pesca y Acuicultura de la oficina para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El experto recomienda fortalecer este tipo de pesca, “estableciendo límites de acuerdo con la capacidad biológica de los recursos y promoviendo prácticas sostenibles, así como su integración a las estrategias de desarrollo rural territorial”, en especial elevar el valor agregado, los encadenamientos y la participación de mujeres y jóvenes.
Esta agencia de las Naciones Unidas promueve alternativas diversas para reducir la presión sobre los recursos pesqueros globales. Según el último informe al respecto de la FAO, publicado en 2018, el porcentaje de poblaciones de peces capturados de forma insostenible pasó de 31 por ciento en 2013 a 33 por ciento en 2015.
“La vulnerabilidad del recurso es propiciada por dos factores: uno extrínseco, que es el cambio climático y sus efectos; y otro intrínseco, relacionado con el sistema de medidas de ordenamiento y aplicación de las normas establecidas para garantizar la sostenibilidad”, puntualizó Flores desde la oficina regional de la FAO en Santiago.
Según las autoridades cubanas, la entrada en vigor de la nueva ley permitirá la implementación de la Política Nacional de Pesca, que fue aprobada el 28 de febrero de 2017 por el Consejo de Ministros, con vistas además a revertir el bajísimo consumo per cápita de pescado de la población cubana.
La última estadística pública al respecto indicó que, en 2014, el consumo por habitante de pescado de Cuba fue de 4,3 kilogramos. La FAO calculó en su informe de 2018 que América Latina tiene el menor consumo de esta proteína en el mundo, con 9,8 kilogramos por persona cada año.
La estrategia cubana busca duplicar la producción acuícola, de 23,2 toneladas obtenidas en 2016 a 49.376 toneladas en 2030.
Además, tiene la meta de mantener la cuota de capturas en la plataforma en 12.000 toneladas anuales de pescado y cifras no divulgadas de camarón y langosta, junto con potenciar algo la maricultura, que aporta 5.000 toneladas de camarones.
A media mañana en Gibara, el Pepe regresa a la bahía, que acoge también a embarcaciones de recreo y otras que transportan personas a pequeños asentamientos costeros.
Al desembarcar en el estrecho muelle, uno de sus tripulantes, Raidel León, muestra una sarta con 15 pargos rojos. “Hoy fue un día bueno”, evaluó con una sonrisa el pescador..
Casi 25 por ciento de las aguas costeras del archipiélago cubano pertenecen a áreas protegidas, como parte de las políticas proteccionistas de su fauna y flora altamente endémica.
El Fondo de Defensa Ambiental, una oenegé internacional  que apoya en ese sentido a Cuba, resaltó el enfoque de conservación de la nueva ley de pesca.

martes, 2 de julio de 2019

Gobierno cubano responde con medidas populistas a la crisis. Comentario HHC

Aún quedan por anunciar 30 medidas en 16 áreas de la economía.






Una maestra imparte clases a estudiantes de enseñanza primaria, en una escuela en la ciudad de Baracoa, en la oriental provincia de Guantánamo. Los docentes y otros empleados del aparato público del Estado de Cuba se benefician desde este mes de julio del incremento salarial decidido por el gobierno.
Foto: Jorge Luis Baños_IPS

LA HABANA, 2 jul 2019 (IPS) – Para enfrentar la grave crisis que atraviesa Cuba, su gobierno decidió un aumento salarial para el vulnerable sector presupuestado, el de los trabajadores de la administración central del Estado, dentro de un paquete de nuevas medidas destinadas a continuar las reformas e impulsar la deprimida economía local.
Con reacciones que van desde la aprobación hasta el escepticismo, pero siempre con preguntas en las redes sociales y comentarios en sitios digitales informativos, la ciudadanía cubana recibió la noticia sobre las nuevas medidas el 27 de junio, dada por el presidente, Miguel Díaz-Canel, en su cuenta de Twitter y quien brindó más elementos al día siguiente en la televisión estatal.
Aún falta conocer al detalle las 30 medidas en 16 áreas de la economía, que pudieran trascender en dos emisiones del programa Televisivo Mesa Redonda Informativa, anunciadas para el martes  2 y el miércoles 3 de julio, con la comparecencia de varios ministros.
Hasta ahora el cambio más explicado es el incremento salarial a 1.470.736 trabajadores presupuestados por el Estado y conforman el aparato público, que es efectivo a partir de este mes de julio y llegará a los bolsillos en agosto. Por ejemplo, Los profesores de bachillerato ganaban el equivalente a 22 dólares (555 CUP, el peso cubano) y ahora percibirá más de 56 dólares (1.400 CUP).
“Considero que esta medida tiene un impacto social altamente positivo”, dijo a IPS la maestra Kruskaia Masa, quien imparte clases en una escuela primaria de la capital desde hace 40 años.  Más allá del beneficio personal, “tengo la esperanza de que contribuya a frenar el éxodo laboral en el sector educacional”, agregó.
Masa explicó que muchos profesores abandonaron sus puestos en busca de mayores ingresos en sectores como el turismo o el trabajo privado. “Ojalá este aumento de las remuneraciones estimule a la reincorporación de esos colegas al magisterio y también crezca el interés de jóvenes por nuestra profesión”, subrayó.
En este país caribeño de gobierno socialista, el Estado sigue siendo el principal empleador, que contrata a 3,1 millones de los 4,5 millones de personas ocupadas. Y los 1,4 millones restantes, trabajan en el sector privado y cooperativo, que están limitados a determinadas actividades.
Dentro del empleo estatal, 52 por ciento labora en empresas estatales con una política salarial que depende de los resultados, mientras que 48 por ciento trabaja en unidades del aparato público incluidas en el presupuesto, caracterizadas por bajos sueldos fijos que ahora se han elevado.
Aunque todavía resulta insuficiente para eliminar la brecha entre salario y costo de la vida, las y los trabajadores de los tribunales, educación y salud pública, órganos de gobierno, medios de comunicación, cultura y deporte, entre otros, tenían un salario mínimo del equivalente a nueve dólares, que aumentó a 16 dólares.
El segmento que sostiene servicios gratuitos para la población de 11,2 millones de habitantes, como los de la salud y la educación, había quedado desprovisto desde que en junio de 2014 sucedió el último aumento salarial masivo a los más 440.000 trabajadores del ramo sanitario.
Con el nuevo paquete de medidas, Díaz-Canel prosigue las reformas económicas y sociales iniciadas por el gobierno de Raúl Castro (2008-2018), que el actual mandatario reiteró que continuaría y a las que ahora parece darles impronta propia.





Un cartel gigante, en una calle de la ciudad de Cienfuegos, en el sur de la región Central de Cuba, con las imágenes de Fidel Castro, Raúl Castro y el actual presidente, Miguel Díaz-Canel, los tres líderes que han gobernado el país desde el triunfo de la Revolución en 1959.
Foto: Jorge Luis Baños_IPS

“Un cambio de salario era imprescindible para el sector presupuestado, sobre todo para la salud y educación. El éxodo de trabajadores de esas áreas es muy alto y son la base de la sociedad”, dijo a IPS la contadora María Antonia Lemes, que vive en la provincia de Mayabeque, colindante con el este de La Habana.
Lemes trabaja en una empresa estatal que presta servicios a la agricultura cañera y gana por los resultados alcanzados.
A estas entidades se enfocan algunas medidas del paquete anunciado por Díaz-Canel para enfrentar la recaída económica, que comenzó en 2016 por los recortes de suministro de petróleo de Venezuela y atraviesa una etapa grave por deficiencias internas y el regreso de las hostilidades de Estados Unidos.
En los últimos meses, la población cubana sortea escasez de medicamentos y alimentos.
“Como empresa, tenemos muchos límites: a veces los planes son incumplibles y los indicadores inalcanzables”, puso como ejemplo Lemes. “Si la empresa estatal va a tener más autonomía, quizás tenga más eficiencia y productividad, y por tanto mayores ingresos para los trabajadores”, relacionó.
Trascendió que las medidas buscan además incrementar las producciones nacionales, diversificar e incrementar exportaciones, fomentar encadenamientos productivos y la empresa estatal, autoabastecimiento municipal, proyectos de desarrollo local, inversiones circulación mercantil minorista, producciones agropecuarias y vivienda.
A su manera, la contadora Lemes se refirió a frenos en la economía cubana señalados por décadas por economistas.





Un trabajador por cuenta propia muestra billetes de pesos (CUP) y pesos convertibles (CUC), en un agromercado de La Habana. La unificación monetaria es una de las metas sin cumplir dentro de las reformas que comenzaron a aplicarse en Cuba en 2008 y a las que ahora el presidente Miguel Díaz-Canel suma un nuevo paquete de medidas.
Foto: Jorge Luis Baños_IPS

“Las medidas aprobadas responden a la lógica de que una de las posibles maneras de solventar la fuerte crisis que vive el país es desatando algunos de los nudos que estaban limitando la producción”, explicó a IPS el economista Omar Everleny Pérez.
En ese grupo, el especialista identificó el aumento salarial y los cambios para “empoderar a los directivos empresariales cubanos”,  que “tenían poco margen por la hipercentralización existente en el país”, a pesar de que la empresa estatal controla la economía.
Otra arista poco abordada de las medidas es su efecto positivo de cara a la unificación monetaria y cambiaria, un asunto pendiente en un país con varias tasas de cambio y la circulación de dos monedas: una fuerte equivalente al dólar denominada peso cubano convertible (CUC) y otra débil, el CUP.
“Todo indica que el paquete aprobado podría ir creando las bases para el fortalecimiento del CUP”, remarcó Pérez. “Ese sería un buen comienzo para avanzar hacia una única moneda, aunque falta por resolver las tasas cambiarias diversas, algo que es mucho más importante”, continuó.
El economista calificó las propuestas de “buenas medidas”, pero alertó que “para crecer a las tasas necesarias se necesitarían medidas más profundas como la implementación de las pequeñas y medianas empresas privadas, que se permita importar y/o exportar a todos los actores económicos y la creación de mercados mayoristas, entre otras”.
Con una ciudadanía cada vez más empoderada gracias a un mejor acceso a Internet, muchas personas preguntan a las autoridades cómo harán para evitar un aumento de la inflación cuando suban los salarios en el actual panorama de desabastecimiento, cómo se van a complementar las medidas y en qué tiempo se implementarán.
Las reformas del país de gobierno socialista parecen acelerarse pues, el 27 de junio, fue publicado en la Gaceta Oficial de la República del Decreto Ley No. 373 “Del Creador Audiovisual y Cinematográfico Independiente”, que responde a algunos de los reclamos reiterados de reconocimiento de cineastas independientes.

Edición: Estrella Gutiérrez

Comentario HHC: Bueno mas que populistas son populares, o mejor en beneficio del pueblo. “El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” ¿Eso no es democracia según Abraham Lincoln ?

miércoles, 26 de junio de 2019

Proyecto crea las bases para la certificación agroecológica en Cuba

Especialistas aseguran que también gran parte de la agricultura familiar sigue este modelo, que se extendió en el agro cubano de forma casi obligatoria luego de la abrupta pérdida de insumos de la agricultura convencional provocada por la crisis económica iniciada en 1991.

Parte del equipo de La Ignacita a las puertas de la pequeña fábrica, donde tienen prioridad las mujeres en situación vulnerable para acceder a un empleo digno en su propio municipio, en San Miguel del Padrón, en la periferia de la capital cubana.
Foto: Ivet González/ IPS
LA HABANA, 26 jun 2019 (IPS) – Marta Cairo coloca una gruesa capa de ramas de almacigo sobre una caja de mangos, para que maduren rápido y puedan procesarlos en la pequeña fábrica de conservas La Ignacita, en el municipio de San Miguel Padrón, en la periferia de la capital de Cuba.
“Aquí no utilizamos madurador para el mango. Todo lo que comercializamos está libre de elementos contaminantes”, explicó esta agrónoma que defiende la necesidad de “hacer extensivo el trabajo de la agroecología en el país” y lograr un reconocimiento diferenciado de las ecofincas y los alimentos sanludables.
Encargada de la comercialización en La Ignacita,  Cairo conversó con IPS en la parcela donde se erige la fábrica,  edificada gracias al Proyecto de Apoyo a una Agricultura Sostenible en Cuba (PAAS), destinado a crear cadenas de valor en las cooperativas cubanas y un sistema participativo de garantía agroecológica.
Con el apoyo financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y la oenegé holandesa Hivos, el Ministerio de la Agricultura y la no gubernamental Asociación de Técnicos Agrícolas y Forestales (Actaf) implementaron una primera fase del PAAS entre 2013 y 2017 y desde el año pasado siguen con la segunda, que culminará en 2022.
En la primera etapa, la iniciativa benefició a 18 unidades productivas ecológicas, en especial cooperativas, de ocho provincias cubanas, gracias a lo cual 630.000 personas accedieron a 6.000 toneladas de alimentos saludables.
Desde 2018, han aumentado hasta 22 entidades agrícolas en 11 de las 15 provincias cubanas.
A pesar de contar con un movimiento agroecológico de 30 años, Cuba carece todavía de una certificadora nacional para este tipo de alimentos, al punto que debe contratar servicios de empresas extranjeras para avalar las exportaciones orgánicas que realiza como las de azúcar y miel de abeja.
El equipamiento de La Ignacita, una pequeña industria procesadora de frutas y hortalizas de la periferia de La Habana, lo aportó el Proyecto de Apoyo a una Agricultura Sostenible en Cuba (PAAS), que busca cerrar ciclos productivos y certificar fincas y productos ecológicos en varios municipios de Cuba.
Foto: Ivet González/ IPS
“Llevamos frutas ecológicas a un mercado y nos la pagan igual que otras”, puso como ejemplo Luis Enrique Vivanco, el propietario de las cinco hectáreas de la parcela de La Ignacita.
Eso pese a que “llevan un tiempo mayor de producción que las que no lo son”, abundó a IPS el integrante de la Cooperativa de Créditos y Servicios “Manolito Domínguez”.
“Estamos tratando de que se valore lo ecológico, pues no tenemos contacto con químicos, y dar un mensaje a la población de que la fruta ecológica es la más saludable”, continuó el productor. “Queremos certificar una compota con mango ecológico”, añadió.
Mediante manejos amigables para la naturaleza, los seis trabajadores de esta finca obtienen cada año 33 toneladas de frutas y vegetales, que abastecen mercados locales y la pequeña fábrica que procesa más de 18 productos, como dulces, jugos y vinagres, que se venden en el mismo municipio.
La miniplanta también procesa materia prima de los 62 asociados de la cooperativa y de otras de los municipios vecinos de Guanabacoa y Cotorro.
A la entrada de la parcela se ubican las instalaciones cuidadas y pintadas de la industria, que da empleo a otras 20 personas, a las que se suman otras temporales durante los picos de cosechas.
“Hemos tenido problemas con productores que usan madurador… ese químico corrompe la pulpa hasta luego de cocinada y debemos botarla”, detalló Vivanco.
“La población sigue nuestros productos en conserva y ya conoce la marca La Ignacita, que está registrada”, abundó. “Faltaría la parte de la certificación ecológica”, dijo, sobre un asunto pendiente que es decisivo para los productores y los consumidores.
Con un alcance por precisar, algo que mejoraría con la certificación de fincas, se conoce que están bajo manejos ecológicos las pequeñas parcelas, huertos y patios productivos del programa de Agricultura Urbana y Suburbana, con 14 por ciento de las tierras agrícolas del país, que suman 6,3 millones de hectáreas.
Especialistas aseguran que también gran parte de la agricultura familiar sigue este modelo, que se extendió en el agro cubano de forma casi obligatoria luego de la abrupta pérdida de insumos de la agricultura convencional provocada por la profunda crisis económica con la que convive este país insular caribeño desde 1991.

Latas de mermelada de mango esperan para ser embaladas en la pequeña fábrica de conservas La Ignacita, que produce una tonelada de pulpa de frutas diaria a partir de una producción libre de agroquímicos, con lo que reduce las pérdidas de cosechas de su cooperativa, situada en San Miguel del Padrón, un municipio periférico de la capital cubana.

Foto: Ivet González/ IPS
Según cifras oficiales, 43,5 por ciento de las tierras aptas para la agricultura están en manos de cooperativas mientras 24 por ciento es manejada por pequeños agricultores.
“El principal objetivo de PAAS es apoyar la seguridad alimentaria a nivel local”, explicó Pedro Gavilanes, especialistas de Actaf y del proyecto, que contribuye a la urgencia nacional de satisfacer la demanda y reducir así las importaciones de hasta 70 por ciento de la alimentación de los 11,2 millones de habitantes.
Las cooperativas reciben apoyo para crear cadenas, de modo que “todos los procesos de producción, insumos en fincas, producción primaria, su procesamiento y comercialización ocurran a nivel local”, apuntó a IPS este agrónomo, para quien lograr un sistema participativo de garantía (SPG) agroecológica es parte del valor agregado.
El PAAS replica en los municipios experiencias de otros países, donde a nivel local se han creado sistemas de garantías agroecológicas, que logran inspecciones a las ecofincas por parte de entidades locales para crear confianza entre productores y consumidores.
“Este SPG, cuando se culmine, funcionará para el nivel local”, reveló Gavilanes. A su juicio, resulta viable comenzar por un sistema local, armado por “las mismas estructuras del municipio, productores, las universidades, vecinos de la comunidad y medios de comunicación, además de educación y salud pública”.
“Nos dimos cuenta que no nos debíamos ceñir solo a lo orgánico, es decir, a los productos, sino lograr también una certificación agroecológica, de los procesos en la finca”, apuntó el especialista, sobre un aspecto del proyecto que ya cuenta con una metodología y los primeros grupos de productores.
Los SPG agroecológicos deben estar implementados a escala municipal en 2022, cuando aspiran tener las primeras fincas certificadas y darles visibilidad. “A partir de ahí, dependería de las autoridades agrícolas llevar la certificación a otros niveles”, detalló.
No obstante, el PAAS aportaría un sistema que puede ser replicado por otros municipios cubanos y facilitaría la creación de una certificadora agroecológica nacional o al menos una línea específica dentro de la estatal Oficina Nacional de Normalización, que se dedica a las certificaciones.
El proyecto creó siete pequeñas industrias para frutas y dos centros de procesamiento de hortalizas, que redujeron las pérdidas postcosechas, junto a una cadena para miel de abeja y otra para oleaginosas.
Ahora se fortalece lo ya implementado y se trabaja en encadenamientos para el pollo y el ganado caprino, además de trabajar en la incorporación de las energías renovables dentro de las cooperativas y los procesos productivos, para propiciar la sostenibilidad desde las mismas fincas agropecuarias.
El empoderamiento de la mujer rural y la equidad de género se incluyen también en el proyecto.
Entusiasmada, la operaria de la fábrica La Ignacita, María Esther Cobas, dijo que a sus 48 años este es su primer empleo fuera del hogar. “Trabajo aquí desde hace poco, porque con el pico de producción contrataron a más personas”, amplió antes de contar que también es la primera vez que ha oído hablar sobre agroecología.