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"Peor que los peligros del error son los peligros del silencio." Fidel Castro Ruz

miércoles, 13 de abril de 2016

Puede configurarse en Cuba un evento de sequía de más larga duración ( + Fotos y Video)

¿Continuúa la sequía en Cuba? Sobre este y otros temas se conversó en la Mesa Redonda de este miércoles.
Por Yailin Orta Rivera, especial para la Mesa Redonda
Fotos: Roberto Garaycoa

¿Qué impacto ha tenido en Cuba el evento de El Niño? ¿Qué investigaciones se realizan en el país  sobre este tema? ¿De qué manera debemos enfrentarlo? ¿Cómo están nuestros  embalses? Estas y otras interrogantes enhebraron el análisis de este martes en la Mesa Redonda, que tuvo como centro el comportamiento de un fenómeno cíclico y complejo, por sus implicaciones, como lo es la sequía.

La Doctora Cecilia Fonseca, investigadora del Centro del clima del Citma, precisó que las lluvias de diciembre y enero no han mitigado la sequía meteorológica, aunque aclaró, que el hecho de que haya o no sequía no está necesariamente vinculada a que haya sequía agrícola o hidrológica, o viceversa.

En Cuba, dijo, el evento de sequía comenzó de mayo a octubre de 2014, en Occidente, y cuando inició el proceso poco lluvioso, de noviembre a abril de 2015, cerca del 70 por ciento del territorio se vio afectado.

Los déficit lluviosos continuaron, y de nuevo en el período lluvioso se sintió la ausencia de precipitaciones, lo que provocó que afrontáramos el año pasado el cuarto período más seco desde 1961. “Después se tuvo una situación favorable en noviembre, diciembre y enero de este año, sobre todo en regiones de Occidente, donde fueron más abundantes las lluvias en enero. Esta agua, asociada a sistemas invernales, con ondas muy activas que trajeron inestabilidad en la atmósfera, propició que disminuyeran las áreas dañadas por la sequía, y enero concluyó con solo un 3 por ciento del territorio nacional afectado.

“Sin embargo, después de enero, en febrero y marzo específicamente, las condiciones de circulación de la atmósfera no favorecieron los procesos lluviosos, lo cual nos alerta de que tenemos que prestar atención a los déficit en los acumulados”. A esta realidad, según explicó la experta, se le une el evento de sequía del Niño oscilación del sur, que tiene más impactos en el período poco lluvioso.

Aclaró que no porque la sequía meteorológica haya cesado, se puede decir que no hay territorios afectados con déficits, porque en ese caso están provincias como Las Tunas, Guantánamo y Ciego de Ávila, entre otras.

Comentó que el evento ENOS, o el Niño, ha tenido menos impacto en los últimos meses, pero no ha ocurrido igualmente en otros momentos. Este está asociado al sobrecalentamiento de las aguas en el Pacífico Occidental, y a partir de las oscilaciones se da un período combinatorio que provoca que tenga implicaciones en nuestro país. “Un ejemplo de ello fueron las lluvias de enero, porque él tiene mayores impactos en el período menos lluvioso”.

Sobre qué se espera de este en lo adelante, argumentó que ya alcanzó su máxima categoría en octubre de 2015, cuando se dio un estrecho acoplamiento con la circulación atmosférica. “Pero ha ido disminuyendo su intensidad, y se prevé que vuelva a las condiciones normales”.

Los modelos de pronósticos confirman que usualmente un evento como el Niño finaliza su influencia en mayo, junio y julio, por lo que tienden a ser secos, lo cual contrasta con que en estos meses se genera en Cuba el 80 por ciento de los acumulados. “Así que esperamos que este año estén por debajo de su valor normal, lo que unido al comportamiento de febrero y marzo, nos exige que tenemos que seguir vigilando, porque puede configurarse un evento de sequía de más larga extensión. Aún cuando hayamos dicho que el evento de sequía concluyó, hay que prestar atención por lo ocurrido en estos dos meses y la combinación con el fenómeno del Niño”.
De los 242 embalses que tiene el país, puntualizó, hay 133 que están por debajo del 50 por ciento y 77 por debajo del 25.
DATOS A TENER EN CUENTA

El máster Argelio Fernández, especialista del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), explicó que si los acumulados de lluvia se parecen a los normales de esta época, se puede decir que el fenómeno meteorológico se ha extinguido. Sin embargo, puntualizó, si bien hay una reducción de la carencia de precipitaciones esto se ha demorado en impactar los recursos hídricos.

La hidrológica, en aguas subterráneas y superficiales, está afectada en una parte considerable del país. Según Fernández, nuestros embalses acumulan 4 mil 439 millones de metros cúbicos, lo que representa el 49 por ciento de su capacidad, y tienen 400 millones de metros cúbicos menos que en igual etapa del año precedente. Mientras, en 10 provincias, específicamente, el llenado está por debajo de lo habitual.

De los 242 embalses que tiene el país, puntualizó, hay 133 que están por debajo del 50 por ciento y 77 por debajo del 25. En tanto, de nuestras 100 cuencas principales, 83 están descendiendo, 68 están en estado normal, y 9 en estado crítico, de las cuales 4 se localizan en Ciego de Ávila.

La combinación del almacenamiento de los embalses y el índice hidrológico determinó que al cierre de marzo, de los 168 municipios cubanos, en 97 se reportaba algún estado de sequía, en 27 de forma severa y en 30 de tipo extrema.

Sobre las fuentes de abasto, explicó que 260 presentan una afectación parcial, y que particularmente la provincia de Santiago de Cuba es la que más problemas de esta naturaleza tiene.

El experto añadió que el INRH, como organismo rector de este recurso en el país, tiene definido la gestión de riesgo, lo cual se viabiliza por la política del agua, pero enfatizó en que no se puede olvidar que la sequía es un fenómeno transversal, y que a todos nos toca usar el agua racionalmente.

“En sentido general, anotó, se han ido tomando medidas estructurales como las que tienen que ver con el ciclo del control de riesgo, y se ha pasado de un enfoque de control de crisis a uno de gestión de riesgo, lo cual beneficia que se tomen un conjunto de medidas de carácter general: como la activación de grupos nacionales de enfrentamiento a la sequía y se presente una nueva estrategia de comunicación para que aumente la conciencia sobre este fenómeno silencioso. Igualmente se le han realizado ajustes sistemáticos al balance del agua, para que sea más efectivo el control y la productividad de su uso”.

El especialista subrayó que se ejecutan por el INRH los procedimientos operativos para pronosticar y predecir el comportamiento a corto plazo y a futuro de un evento de sequía, y existen acciones a corto plazo como la actualización del potencial hídrico del país. Igualmente se rehabilitan las redes, para que se pierda menos agua en la distribución, al tiempo que se trabaja en embalses y obras hidráulicas para que tengan mayor rendimiento. En sentido general, subrayó, “se busca que la eficiencia y la racionalidad nos lleve a menores afectaciones”.
Consideró un logro de todo este esfuerzo, contar con una visión integrada del peligro de sequía meteorológica y agrícola, lo que permite identificar la prevalencia del fenómeno.
METODOLOGÍA IMPRESCINDIBLE

La máster Sheila Chang, del grupo de Peligro, vulnerabilidad y riesgo de la Agencia Cubana de Medio Ambiente, se detuvo en los estudios que se realizan en Cuba sobre estos eventos recurrentes, como parte de la prioridad que se le da en el país a la reducción de los desastres por fenómenos naturales.

A partir de 2010, expuso, se creó un grupo de expertos de diferentes instituciones, y se establecieron procedimientos como parte de una metodología para estimar los elementos expuestos, la vulnerabilidad y el riesgo. “Estos procederes se comenzaron a validar en Las Tunas y en Ciego de Ávila, los dos territorios con la situación más tensa actualmente. Pero en aquel momento se hizo así para contrastar una provincia que históricamente no tenía problemas –Ciego de Ávila- y otra que sí. Luego se hizo con las orientales, y se extendió la investigación con grupos multidisciplinarios a todo el país, lo que responde a la directiva número uno del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, para la reducción de los impactos”.

Queda por iniciar este procedimiento, destacó, en  Santiago de Cuba y en La Habana, que tenían otros peligros identificados de mayor prioridad como los efectos del huracán Sandy y la actividad sísmica, en el caso de la primera.

Consideró un logro de todo este esfuerzo, contar con una visión integrada del peligro de sequía meteorológica y agrícola, lo que permite identificar la prevalencia del fenómeno. “Este mapa refleja la potencialidad a través de una serie histórica, y se puede utilizar para el planeamiento territorial de las inversiones y otro tipo de acciones en función del desarrollo. Creo que es muy importante esta cartografía para la planificación a mediano y largo plazo”.

Comentó que cuando comenzaron a trabajar, a pesar de que existían antecedentes a partir de monografías, no disponían de los índices del peligro para expresar este fenómeno, lo que sienta un precedente tanto a nivel nacional como internacional.

“En el caso de la sequía hidráulica, en este momento está evaluada a partir de los embalses que dan suministro a la población, pero fue importante priorizar la combinación a partir de la relación de la fuente de abasto y la demanda”.

Este estudio, alegó, como se puede apreciar tiene muchos componentes, pero su objetivo específico es que sea una herramienta para trabajar en todas las fases. “Hoy, a partir de los análisis a nivel de municipio, se elaboran las recomendaciones para dar prioridades y para planificar en la etapa preventiva, de enfrentamiento y de peligro… El Estado Mayor de la Defensa Civil también tiene coordinaciones efectivas con esta investigación, en función de evitar que la sequía se convierta en un desastre”.


Otros Momentos de la Mesa Redonda

La Doctora Cecilia Fonseca, investigadora del Centro del clima del Citma, precisó que las lluvias de diciembre y enero no han mitigado la sequía meteorológica, aunque aclaró, que el hecho de que haya o no sequía no está necesariamente vinculada a que haya sequía agrícola o hidrológica, o viceversa.
Los modelos de pronósticos confirman que usualmente un evento como el Niño finaliza su influencia en mayo, junio y julio, por lo que tienden a ser secos, lo cual contrasta con que en estos meses se genera en Cuba el 80 por ciento de los acumulados.

Un análisis comparado de eficiencia y eficacia en el sector público en Cuba

Por Yaima Doimeadiós Reyes y Elisabet Rodríguez Llorian
I Facultad de Economía, Universidad de La Habana, Cuba. 

RESUMEN

El trabajo tiene como objetivo estimar la eficacia y eficiencia del sector público cubano en comparación con 23 países latinoamericanos y caribeños en el periodo 2001-2012. Para ello se aplicaron indicadores compuestos a través de la metodología de Afonzo, Shuknecht y Tanzi. Los resultados empíricos mostraron un desempeño positivo en el cumplimiento y el alcance de sus funciones, especialmente, en sectores como salud y educación; aunque el índice de eficiencia obtenido fue de los menores de la región. Debe señalarse además que esta metodología presenta limitaciones que introducen sesgos en la comparación. 

Introducción

La magnitud y el alcance del gasto público en el cumplimiento de los objetivos sociales y económicos son elementos clave para el debate latinoamericano actual. Teóricamente, se espera que el Estado debe contribuir a reducir desigualdades en el ingreso, proveer bienes y servicios públicos, administrar los recursos del gobierno y diseñar políticas que garanticen estabilidad y crecimiento económico.

En el contexto regional, los objetivos anteriores se han intentado cumplir en escenarios de restricciones que limitan la capacidad de los gobiernos para responder a las necesidades sociales y mejorar la infraestructura de la región. Por esta razón, las ganancias en la eficiencia en el gasto de las administraciones públicas resultan imprescindibles, en tanto liberan recursos para políticas de desarrollo adicionales e incrementan el apoyo ciudadano en el manejo y la implementación de las transformaciones requeridas. En el caso de Cuba, el aprovechamiento de las reservas existentes de eficiencia en el gasto constituye un factor relevante en la mejora del desempeño de su sector público, al considerar el ya muy elevado peso del presupuesto.

Cualquier análisis de eficiencia en el sector público debe internalizar la capacidad del Estado para alcanzar los objetivos de política planteados, es decir, su eficacia. De lo contrario la medición de la eficiencia, entendida como la cantidad de recursos necesarios para maximizar el impacto del accionar público, presentaría sesgos.

De esta manera, disponer de medidas robustas de la eficiencia y eficacia es una cuestión clave para el diseño y la evaluación de las políticas económicas. Lograr este objetivo supone no solo avanzar en sofisticación metodológica, sino que permitirá disponer de bases de datos y fuentes de información comunes y homogéneas para realizar comparaciones válidas.

Los problemas de información determinan el hecho de que los estudios agregados de eficiencia del sector público sean escasos en la literatura internacional. Adicionalmente, tampoco son abundantes las investigaciones que incorporan a los análisis de eficiencia el análisis de la eficacia en la evaluación del desempeño global de este. La metodología de Afonzo, Shuknecht y Tanzi (2005) sobresale por su medición, a partir de indicadores compuestos, de ambos parámetros. Sin embargo, hasta el momento, solo ha sido aplicada en la región latinoamericana por Afonzo, Romero y Monsalve (2013); por su parte, Cuba está ausente en los citados estudios.

El objetivo del trabajo es estimar la eficacia y eficiencia del sector público a nivel agregado en Cuba al comparar tales indicadores con los de la región latinoamericana en el periodo 2001-2012. Para ello se sistematizarán algunos aspectos conceptuales de relevancia en un análisis de eficacia y eficiencia del sector público, así como se incluirá una explicación de la metodología utilizada y los resultados derivados del análisis empírico.

El gasto público: funciones y evolución

No existe consenso sobre las funciones que debe cumplir el Estado y acerca de cuál es la jerarquía adecuada de estas. La literatura ofrece distintas combinaciones de funciones que varían de acuerdo con los factores históricos y culturales alrededor de las relaciones Estado-sociedad en diversos contextos. En este sentido, el carácter clasista del Estado establece una estrecha relación entre sus funciones y las características de la formación económica social en cuestión.

Stiglitz (1999) apunta seis funciones esenciales que quedan subsumidas dentro de las tradicionales funciones de asignación, distribución y estabilización de Musgrave y Musgrave (1999). Estas son la promoción de la educación, el fomento de la tecnología, el apoyo al sector financiero, la inversión en infraestructura, el control ambiental y el mantenimiento de la red de seguridad social. Por su parte, Bergara (2003) hace énfasis en la regulación como componente esencial de las políticas públicas en función de prevenir y combatir las prácticas anticompetitivas y el abuso dominante de los agentes con excesivo poder de mercado.

En América Latina, en particular, es consenso que el gasto público debe encaminarse al cumplimiento de los objetivos a largo plazo de la región: crecimiento económico y cambio estructural sostenible e inclusivo (CEPAL, 2011). La aplicación de las políticas neoliberales en la región en las décadas de los ochenta y noventa implicó una reducción radical del tamaño del gobierno y llevó a niveles mínimos el gasto público. El nuevo contexto político, impulsado por gobiernos de izquierda, ha propiciado su incremento con la preponderancia de partidas sociales e infraestructura, aunque estos renglones continúan siendo aspectos críticos para el continente.

Si bien el gasto social como porcentaje del PIB creció como promedio en la región de un 13,8 % en 1990-1991 a un 19,1 % en 2012-2013, aún existen diferencias en los esfuerzos nacionales por aumentarlo. En tal sentido, al finalizar el periodo analizado, se distinguen países como Ecuador, Guatemala, Jamaica y Perú que dedican menos del 10 % del PIB al gasto público. Por otro lado, a los países que ya a inicios de los años noventa superaban e incluso duplicaban el 15 % del PIB (Uruguay, Venezuela, Brasil, Cuba, Argentina y Costa Rica) se les suma actualmente Paraguay y República Dominicana (CEPAL, 2014a).

En términos generales, el aumento del gasto público social en la región obedeció, en gran medida, al crecimiento de la seguridad y la asistencia social, y estuvo asociado al progresivo envejecimiento de la población de una buena parte de los países. El sector de educación registró un aumento de 1,3 puntos porcentuales del PIB durante el periodo 1990-2013, debido, fundamentalmente, a la expansión de la cobertura y del acceso a la educación primaria en los países más pobres, así como de la educación secundaria en los restantes. En el caso del sector salud, se registró un incremento relativamente menor a su prioridad macroeconómica (un punto porcentual del PIB), y la vivienda recibió una atención mínima, a lo largo del periodo. La menor importancia relativa a la vivienda y a otros gastos sociales (que incluyen agua, saneamiento y otros) pudo estar determinada, entre otros factores, por la progresiva privatización de las inversiones en las infraestructuras sanitarias y por la externalización de la ejecución de programas de vivienda social, que han combinado tanto un financiamiento público como privado.

Cuba es un país con escasos recursos naturales, elevada dependencia del comercio exterior y limitaciones financieras; lo que sin dudas le confiere una base económica estructuralmente limitada. A pesar de ello, el consumo de gobierno en Cuba ascendió en 2013 como promedio a un 33 % del PIB (ONEI, 2014), cifra no solo significativa en el contexto descrito, sino también superior a los países de la región, e incluso a países nórdicos, reconocidos por sus altos montos de gasto público (figura 1).



La trayectoria ascendente del gasto público en Cuba, unida a la baja capacidad de generación de ingresos fiscales, ha conducido a la persistencia de déficits, los que pudieran incluso incrementarse si se tiene en cuenta el importante monto de partidas cuasifiscales que no están registradas en el presupuesto del Estado (Hidalgo y Doimeadiós, 2012). Este comportamiento puede trasladarse a incrementos continuos de los montos totales de deuda pública, fundamentalmente, a partir del reconocimiento de esta forma de financiamiento con posterioridad a 2013. La situación descrita representa una potencial fuente de desequilibrios en la economía cubana que mantiene una relación deuda/PIB superior al 44 %, cifra que exhibe América Latina como promedio.
La estructura del gasto público en Cuba se encuentra favoreciendo la esfera social, especialmente, en los sectores de la salud y la educación. En un análisis comparado con la región latinoamericana es de destacar cómo, a pesar de su bajo PIB per cápita, Cuba tiene uno de los mayores gastos sociales por habitante de la región (figura 2). La importancia de velar por la eficiencia y la eficacia de este gasto se torna entonces un tema crucial. Contar con estimaciones precisas sería el primer paso que debería dar el país para diseñar exitosamente sus políticas económicas.


Metodología para medir la eficiencia y la eficacia en el sector público

La medición de la eficiencia productiva se basa en la idea de comparar el producto obtenido por una economía o empresa con el que se obtendría en condiciones ideales u óptimas de mantener constante sus inputs (Rodríguez Vález, 2006). Así, la ineficiencia puede conceptualizarse como la "distancia" entre la producción máxima posible, dada una determinada combinación de inputs y tecnología, y la efectivamente obtenida. Existe consenso en que la evaluación de la eficiencia con la que actúan las unidades públicas resulta mucho más compleja que la de los agentes privados. Pedraja, Salinas y Súarez (2001) sistematizan algunas particularidades del sector público que complejizan la selección del método adecuado para la cuantificación de su eficiencia (tabla 1).

 

En general, el análisis de la eficiencia del Estado implica el cálculo de algún indicador de desempeño como medida del bienestar social para, en un segundo paso, calcular la relación entre el indicador de desempeño y el costo de lograrlo, representado por alguna porción del gasto público (índice de eficiencia del sector público).

En el trabajo se medirá la eficiencia del sector público mediante indicadores compuestos, siguiendo el enfoque de Afonzo, Shuknecht y Tanzi (2005). Los autores distinguen el "performance del sector público" (PSP) como el resultado de las políticas públicas y de la eficiencia del sector público, con lo cual relacionan el resultado obtenido con los recursos empleados.

El indicador PSP de eficacia del sector público sintetiza las funciones principales que debe cumplir el Estado. Estas quedan agregadas en siete dimensiones del accionar estatal, como muestra la primera ramificación de lafigura 3.(1) Las funciones se dividen en dos grandes grupos: los indicadores de oportunidad (el papel del gobierno en la provisión de iguales oportunidades para todos) que abarcan las dimensiones de "administración", "educación", "salud e infraestructura"; y los indicadores de Musgrave en las funciones de "estabilidad", "distribución" y "desempeño económico" (Musgrave y Musgrave, 1999).

Específicamente, el PSP para cada país i con j áreas de actividad del gobierno está determinado por:

Una vez obtenida la información de cada uno de los indicadores, estos son promediados, y se consigue un resultado por cada dimensión. Para obtener el valor del PSP, se le asigna igual peso a cada uno de las siete dimensiones mencionadas; el resultado final se consigue a través de un promedio simple de los respectivos indicadores de resultado, cada uno normalizado, con la media fijada en uno. El PSP de cada país tiene relación con dicha media y las desviaciones con respecto a esta proveen información del "performance del sector público" para cada nación. Si el PSP del país es mayor que uno, se consideran buenos los resultados, en oposición a aquellos países cuyos valores se encuentran por debajo de la media.



En aras de garantizar la homogeneidad en las fuentes, la cobertura de los datos y las definiciones de los indicadores de Cuba con los utilizados por Afonzo, Romero y Monsalve (2013) para el resto de la región, se realizaron algunas transformaciones a los indicadores utilizados. En primer lugar se prescindió del subindicador "independencia del sistema judicial", correspondiente al área de administración, en tanto no fue posible su estimación para la economía cubana. Por otro lado, se construyeron nuevos indicadores de "infraestructura" y "economía informal" para la totalidad de los países analizados. Un resumen de las variables utilizadas, sus fuentes, periodos de análisis y respectivas transformaciones se presenta detalladamente en el anexo 1. Es importante destacar que para las variables económicas se calculó un promedio de los últimos diez años, en aras de concentrar el análisis en cambios estructurales en vez de en variaciones anuales, según la disponibilidad de información dentro del periodo 2001-2012. Para el resto de los indicadores se tomó el último año disponible.

Para relacionar los resultados de desempeño en cada área con el gasto público utilizado, se empleó un indicador de "eficiencia del sector público" (PSE), definido para cada país i con j áreas de actividad del gobierno como:
Por otro lado, el gasto requerido para el cumplimiento de las funciones implícitas en las siete dimensiones del accionar estatal se dividen en seis categorías: el gasto en consumo de gobierno -como proxy del input necesario para obtener los resultados en "administración"- el gasto en salud, en educación y en inversión -como proxies de sus respectivos indicadores de oportunidad-. En los indicadores de Musgrave entrarían también los gastos en transferencias y subsidios -como proxies de input para modificar la "distribución del ingreso"-, y el total de gastos -como proxy para "estabilización" y "desempeño económico"-.(2) Cada una de estas categorías de gasto es dividida por el PIB de las economías, en aras de controlar el efecto tamaño.


Para calcular el PSE, el gasto público fue normalizado entre países y se tomó el valor de uno como la media para cada una de sus seis categorías. Los datos de los gastos públicos fueron tomados de la ONEI, en el caso cubano, y del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) para el resto de los países.

Los resultados de la estimación de la eficacia del sector público

Luego de compilar los datos necesarios se calculó el indicador de "performance del sector público" para una muestra de 23 países. En la tabla 2 se muestran aquellas naciones con resultados a destacar. El país con mejor desempeño, de acuerdo al indicador PSP general, resultó ser Trinidad y Tobago, seguido por Chile, Panamá y Cuba. De esta manera, sin aún considerar los costos incurridos, estos resultaron ser los países de mayor bienestar social, medido a partir de indicadores socioeconómicos. Por otro lado, los países con peores resultados fueron Honduras y Jamaica, ambos con igual puntuación, seguidos por Guyana, Paraguay y Nicaragua.

Dentro de los indicadores de oportunidad, Cuba presentó los mejores resultados de la muestra de países en "educación" y "salud". En esta última alcanzó la misma puntuación de Chile y Costa Rica, y fue el segundo mejor resultado, después de Chile, en el área de "administración". No se obtuvieron resultados igual de positivos en "infraestructura", donde Cuba logró la sexta peor puntuación. Las anteriores valoraciones tributaron a su ubicación dentro de los indicadores de oportunidad como el sexto país con mejores resultados, precedido por Chile, Trinidad y Tobago, Uruguay, Costa Rica y Argentina.

Por el contrario, en los indicadores de Musgrave, Cuba no logra ubicarse entre los cinco mejores países en ninguna de las categorías evaluadas, aunque en "estabilidad económica" y "distribución de ingresos" sobresale con respecto a la media. En el área de resultados económicos, debido a que presenta una posición desventajosa en los indicadores de PIB per cápita y crecimiento del PIB constante, Cuba se posiciona desfavorablemente con respecto a la región, al obtener la quinta peor posición.

Tabla 2. Indicadores del "performance del sector público", 2012(3)

Dado el adecuado posicionamiento de Cuba en los indicadores de desempeño y teniendo en cuenta el papel protagónico del sector público en la economía cubana, podría esperarse que el logro de estos resultados haya implicado una magnitud significativa de gasto. Sin embargo, el sector público debe considerar no solo el alcance del cumplimiento de sus objetivos, sino también la responsabilidad en el manejo de los recursos con los que cuenta para cumplir con sus funciones. De ahí que una evaluación del desempeño global de todo sector público deba cuantificar su eficiencia.

Los resultados de la estimación de la eficiencia en el sector público. Su relación con la eficacia

El PSE calculado internacionalmente y, en particular, el estimado por la metodología de Afonzo, Shuknecht y Tanzi (2005) relaciona el índice de desempeño (eficacia) con el nivel de gasto público invertido. Este cociente no necesariamente identifica los países de mejor resultado, es decir, pueden quedar entre las más eficientes naciones con muy bajo gasto social que no hayan alcanzado ni siquiera la media del indicador de eficacia.

En la tabla 3 se muestran las medidas de PSE para países seleccionados de acuerdo con la metodología utilizada por Afonzo, Shuknecht y Tanzi (2005). El índice PSE general calculado ubica a Guatemala, Chile, República Dominicana y Perú como los países con mayor eficiencia de la región. Cuba, por el contrario, se encuentra aparentemente siempre entre los cinco países más ineficientes en cada una de las áreas analizadas.


Los países con mayores valores alcanzados no deben constituir necesariamente una referencia para nuestro sector público en tanto muchos de ellos presentan índices PSP desfavorables (con valores iguales o menores a la media). Tal es el caso de Guatemala, República Dominicana y Ecuador, los cuales poseen una brecha importante con otros países de la región en el logro de servicios básicos para el bienestar social.

Por el contrario, se observa otro grupo de naciones que destacan por sus resultados y no se encuentran bien ubicadas en el ranking de eficiencia. Sobresale el caso de Cuba, donde contrasta el hecho de ser el cuarto país de mejor performance y con una ubicación desventajosa en cuanto a utilización de los recursos, lo que implicaría que los excelentes resultados mostrados se obtienen a un alto costo económico.

En la figura 4 se resume la relación entre los niveles de eficacia y eficiencia, medidos a través de los indicadores PSE y PSP. Los países son distribuidos en cuatro cuadrantes que tienen en consideración las dos dimensiones. Las economías mejor posicionadas en términos tanto de eficacia como de eficiencia se ubican en el cuadrante derecha-arriba, espacio en el que aparecen Chile, Perú, Trinidad y Tobago y Panamá. Los cuadrantes de la izquierda agrupan un número considerable de países, cuyas políticas públicas aún necesitan ampliar su cobertura en términos de bienestar social.


Cuba alcanzó la posición 44 en el ranking mundial del índice de desarrollo humano, en la región solo se encontró precedida por Chile, lo que refuerza el argumento anteriormente expuesto: los altos montos de recursos que el gobierno ha destinado a objetivos sociales se han revertido en logros indiscutibles. Sin embargo, estimaciones del nivel de eficiencia, mediante la metodología expuesta, sugieren que los resultados alcanzados en materia de desarrollo podrían haberse logrado con un uso más eficiente del gasto, especialmente, en dimensiones como la administración pública.

Un acercamiento crítico a la metodología propuesta

El método propuesto por Afonzo, Shuknecht y Tanzi (2005) presenta, como aporte fundamental, la incorporación del análisis del desempeño del sector público (PSP) que abarca las distintas aristas del accionar estatal para posteriormente compararlo con los recursos utilizados, mediante el indicador PSE.

Como ya se planteó, la aplicación de este método en la región sirvió para reconocer los resultados alcanzados por el sector público cubano e identificó bajos niveles de eficiencia en el manejo de los recursos, así como posibles casos de estudio, de los cuales, extraer lecciones para nuestro país. Sin embargo, una segunda mirada a los resultados obtenidos permite identificar algunos sesgos que afectan las conclusiones anteriores e incorporan un grado no despreciable de sensibilidad en el ordenamiento de los gobiernos, según su nivel de eficiencia.

En primer lugar, la utilización del producto interno bruto como proxy de tamaño de los países para ajustar los niveles de gasto en la cuantificación del indicador de eficiencia genera inconsistencias. Economías con igual desempeño en términos de performance en la dimensión de salud pública, por ejemplo, y similar monto de gasto social en salud por habitante presentaron resultados significativamente distintos en eficiencia. Este fue el caso de Chile, que duplicó la de Costa Rica, mientras que el resto de los parámetros se mantuvo en niveles homogéneos, como se puede observar en la tabla 4. Este sesgo resulta más representativo en aquellas economías que han experimentado un crecimiento más dinámico en los últimos años y penaliza, por tanto, a aquellas de más lenta evolución del PIB.


En segundo lugar, a partir del consenso teórico y empírico de que los indicadores de resultado observados son consecuencia de las políticas públicas, la metodología le atribuye, exclusivamente al gasto público, los logros en la administración pública, la educación, la salud y la infraestructura, así como a los resultados económicos. Es decir, no internaliza el efecto que pueden tener los gastos en los que incurren los agentes privados en la provisión de este tipo de bienes o servicios. Derivado de tal supuesto metodológico, economías con mayor participación privada en la provisión de servicios sociales aparentan tener una mayor eficiencia en su gasto público. Así, por ejemplo, en la figura 5 se ilustra la existencia de una relación negativa entre altos niveles de eficiencia en salud, calculados por el procedimiento de evaluación presentado por Afonzo, Shuknecht y Tanzi (2005) y una menor proporción del gasto público como porcentaje del gasto total en salud.





Este resultado no debe interpretarse como una defensa de la inclusión del sector privado en la oferta de servicios sociales a favor de ganancias en la eficiencia, sino como una clara limitación de la metodología utilizada. Puede demostrarse que la participación pública en el gasto total en salud, por ejemplo, está directamente relacionada -en la región latinoamericana- con los niveles de eficacia alcanzados en este sector (OPS, 2014).

Ello no excluye que puedan estudiarse experiencias exitosas en determinados países que han implementado alianzas público-privadas e insertado la modalidad cooperativa en servicios que antes ejecutaba el Estado de manera tradicional con reconocido nivel de ineficiencia. Tal es el caso de la ejecución de servicios públicos como infraestructura (especialmente en las áreas de telecomunicaciones y transporte vial), con mecanismos de tercerización de la rehabilitación y el mantenimiento.

Reflexiones finales

Las particularidades del sector público condicionan la metodología a utilizar en la medición de la eficiencia. En adición, su función objetivo incorpora una nueva dimensión en la evaluación del desempeño: la eficacia en el cumplimiento y el alcance de sus funciones.

Los resultados de los estudios en la medición de la eficiencia del sector público en la región latinoamericana sugieren que se cuenta con cierto margen para mejorarlo con los recursos que actualmente se emplean.

Cuba alcanza niveles altos de eficacia en comparación con el resto de Latinoamérica, con sectores sobresalientes como la salud y la educación, en los cuales obtiene los mejores resultados del continente. Sin embargo, queda aún un margen de mejora en áreas como la infraestructura y el desempeño económico, pues en este último presenta una posición desventajosa, especialmente, en los indicadores relacionados con el PIB.

La metodología internacionalmente utilizada para la medición de la eficiencia, replicada en el presente trabajo con el objetivo de incluir a Cuba en este tipo de análisis, la sitúa en los niveles más bajos de eficiencia de la región. Ello sugiere que los resultados alcanzados podrían haberse logrado con una cantidad menor de recursos públicos.

Se pudo demostrar que el procedimiento de medición de la eficiencia del sector público de Afonzo, Shuknecht y Tanzi (2005) penaliza a los países con bajos niveles de PIB y con participación privada moderada en la provisión de bienes públicos, como es el caso de la economía cubana entre otras, lo que incorpora sesgos en la medición de este indicador y afecta el ordenamiento de los países de la región.

Entendemos que estas críticas implican una reflexión más profunda del tema en análisis, posiblemente con una modificación en el método de cuantificación de los indicadores.

En la economía cubana, el aprovechamiento de las posibles reservas de eficiencia existentes debe representar una fuente de crecimiento en la actualización del modelo económico. La aproximación no sesgada al desempeño y el uso de los recursos óptimos para una correcta evaluación del sector público es particularmente importante en el contexto actual de redimensionamiento del sector estatal.


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AFONSO, A.; A. ROMERO y E. MONSALVE (2013): "Public Sector Efficiency: Evidence for Latin America", IDB Working Paper Series, DP-279.
AFONSO, A.; L. SCHUKNECHT y V. TANZI (2005): "Public Sector Efficiency: An International Comparison", Public Choice, vol. 123, n.os 3-4, pp. 321-347.
AFONSO, A.; L. SCHUKNECHT y V. TANZI (2010a): "Public Sector Efficiency: Evidence for New EU Member States and Emergence Market", ECB Working Papers Series, n.o 581.
AFONSO, A.; L. SCHUKNECHT y V. TANZI (2010b): "Income Distribution Determinants and Public Spending Efficiency", Journal of Economic Inequality, vol. 8, n.o 3, 

pp. 367-389.

BANCO MUNDIAL (2012): "World Development Indicators", <http://data.worldbank.org/indicator/> [30/7/2014].
BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA (CAF) (2013): "La infraestructura en el desarrollo integral de América Latina ideal 2013", <http://www.caf.com/_custom/static/ideal_2013/assets/book_1.pdf> [30/7/2014].
BASE DE DATOS Y PUBLICACIONES ESTADÍSTICAS (CEPALSTAT) (2014): "Estadísticas e Indicadores Sociales", <http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp> [30/7/2014].
BERGARA, M. (2003): Las reglas de juego en Uruguay. El entorno institucional y los problemas económicos, Ediciones Trilce, Montevideo.
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) (2011): "Espacios iberoamericanos: hacia una nueva arquitectura del Estado para el desarrollo", <http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09232.pdf> [30/7/2014].
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2013): "Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe", <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/51945/AnuarioEstadistico2013.pdf> [30/7/2014].
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2014a): "Panorama social de América Latina", <http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37626/S1420729_es.pdf?sequence=6> [30/7/2014].
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2014b): "Panorama fiscal de América Latina. Hacia una mayor calidad de las finanzas públicas", <http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37747/S1500053_es.pdf?sequence=1> [30/7/2014].
CLEMENTS, B.; C. FAIRCLOTH y M. VERHOEVEN (2007): "Gasto público en América Latina: tendencias y aspectos clave de política", Revista de CEPAL, n.º 93, pp. 39-62, <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/31950/clements.pdf> [30/7/2014].
EUGENE, B. (2008): "The Efficiency Frontier as a Method for Gauging the Performance of Public Expenditure: a Belgian Case Study", National Bank of Belgium, working papers, n.o 138,<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1685244> [30/7/2014].
HIDALGO, V. y Y. DOIMEADIÓS (2011): "Fiscalidad y equilibrio externo e interno en la economía cubana: avances y desafíos", Economía y Desarrollo, vol. 148, n.o 2, pp. 48-77.
INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (ILPES)-Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2012): "Panorama de la gestión pública en América Latina", <http://www.cepal.org/ilpes/panorama/documentos/panorama_gp_h_final.pdf> [30/7/2014].
INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF): "World Economic Outlook (WEO database)", <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/update/02/> [3/12/2014].
MUSGRAVE, R. A. y P. B. MUSGRAVE (1999): Hacienda pública teórica y aplicada, McGraw-Hill, México D. F.
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN (ONEI) (2014): "Anuario Estadístico de Cuba 2013", <http://www.one.cu/aec2013.htm> [3/12/2014].
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) (2014): "Estadísticas", <http://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=160:datos-estadisticas> [30/7/2014].
PARTIDO COMUNISTA DE CUBA (PCC) (2011): Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, Editora Política, La Habana.
PEDRAJA, F.; J. SALINAS y J. SÚAREZ (2001): "La medición de la eficiencia en el sector público", en A. Álvarez Pinilla, La medición de la eficiencia y la productividad, Pirámide, Madrid, pp. 243-268.
RODRÍGUEZ, J. L. (2014): "Ingresos y nivel de vida: una revisión actual", <http://www.cubacontemporanea.com/specials/ingresos-nivel-de-vida-una-revision-actual-i> [3/12/2014].
RODRÍGUEZ VÁLEZ, J. (2006): "Multicolinealidad, heterogeneidad muestral y desbordamiento espacial en el análisis de la productividad de las infraestructuras", tesis de doctorado, Universidad Autónoma de Madrid.
SANTÍN, D. (2009): "La medición de la eficiencia en el sector público. Técnicas cuantitativas. Unidad Didáctica", Curso de Evaluación de Políticas y Programas Presupuestarios.
STIGLITZ, J. (1999): "El papel del gobierno en el desarrollo económico", Cuadernos de Economía, vol. XVIII, n.o 30, pp. 347-366. 

Yaima Doimeadiós Reyes. Facultad de Economía, Universidad de La Habana, Cuba. Correo electrónico:yaima@fec.uh.cu
Elisabet Rodríguez Llorian. Facultad de Economía, Universidad de La Habana, Cuba. Correo electrónico:elisabetrll@fec.uh.cu


NOTAS ACLARATORIAS



1. La figura 3 muestra los indicadores de performance, tal como son definidos por Afonzo, Shuknecht y Tanzi (2005) en un estudio de 23 países desarrollados. Sin embargo, este trabajo, puesto que se guía por el estudio de Afonzo, Romero y Monsalve (2013) para Latinoamérica, sustituye el indicador "calidad de matemática y ciencia" por "tasa de alfabetismo".

2. Las diferencias entre las categorías "consumo de gobierno" y "gasto total", radican en que la última incluye además de los pagos que realiza el gobierno para la provisión de bienes y servicios, las transferencias, los subsidios y las donaciones, los beneficios sociales, los intereses y otros gastos como la renta y los dividendos.

3. También se calcularon los índices PSP, luego de asignar distintas ponderaciones a cada uno de los indicadores (¾ a los indicadores de Musgrave y ¼ a los de oportunidad). En particular, se le asignó el menor peso posible al indicador de "administración", cuyos resultados se derivaron principalmente de encuestas (Eugene, 2008), y se le otorgó un mayor peso a las variables económicas. Los resultados encontrados no resultaron sensibles a cambios moderados en la ponderación de los indicadores.

Conceptualizando el modelo: los economistas, la política y el discurso del cambio.

Por Pedro Monreal, Cuba Posible

Cualquiera sea el significado que quiera dársele, la “conceptualización del modelo” parece captar la atención de la gente en Cuba cada cierto tiempo, para luego desaparecer de los titulares. No debería extrañarnos, pues se trata de un tema que se anuncia complicado. Después de todo, conceptualizar algo –lo que sea- es parcela intelectual de unos pocos. Para conceptualizar, si se hace en serio, se necesitan conocimientos específicos, experiencia, y tiempo para pensar, discutir y escribir. Por otra parte, desde la perspectiva de sus potenciales lectores, desentrañar un documento conceptual no parece ser una forma muy apetecida de emplear el tiempo libre.

En un sentido estricto, la “conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista” no representa un texto académico, sino un documento político enunciado en clave de ciencias sociales (1). A los académicos les correspondería proporcionar un compendio de conocimientos, en principio producido mediante el método científico, que es sometido a un proceso de certificación política antes de ser adoptado como un documento oficial.

Si de lo que se trata es de que la conceptualización sea un enfoque “más académico” de lo que ya está contenido en los “Lineamientos” aprobados por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), entonces es posible identificar las proposiciones académicas que cabe esperar ver reflejadas en la conceptualización. Las razones para ello parecen obvias. En primer lugar, las conceptualizaciones normalmente no se improvisan. Los enfoques teóricos que sobre el tema puede hacer la academia cubana ya existen y son de conocimiento público. En segundo lugar, en las circunstancias específicas en las que funciona la academia cubana, el listado de académicos con capacidad efectiva para colocar sus ideas en la conceptualización está relativamente bien delimitado, a juzgar por una “pista editorial” que puede ser verificada fácilmente.

Construyendo el prisma teórico del cambio en Cuba

La evidencia disponible indica que no son muchos los textos producidos por economistas que trabajan en el país, que conceptualizan el modelo económico, social y político de Cuba de manera sintética e integradora. Basta con echar una ojeada a las publicaciones académicas del país, especialmente a las llamadas revistas “arbitradas” que validan estándares académicos de calidad. Cuando se analizan los textos que desde 2011 han sido publicados sobre “la actualización” en la revista Economía y Desarrollo de la Universidad de La Habana, que es la que marca la pauta en el tema, se observa rápidamente que hay muy pocos artículos que ofrecen una visión abarcadora y sustantiva sobre la conceptualización del modelo y, esencialmente, lo hacen tomando solo en cuenta la dimensión económica. Los ocho números de la revista que van desde el número 148 al 155, abarcando fechas de publicación entre 2011 y 2015, incluyen al menos 58 artículos que abordan temas de “la actualización”, la gran mayoría de una notable calidad, pero solamente dos de ellos parecen ser relevantes desde la perspectiva de la conceptualización sistémica del modelo.

El panorama de lo publicado se amplía considerablemente cuando se toman en cuenta las valiosas producciones del Centro de Estudios de Economía Cubana (CEEC) de la Universidad de La Habana –que curiosamente no cuenta con publicaciones “arbitradas”–, pero ello no modifica la observación antes hecha en el sentido de que los textos dedicados a la conceptualización integral del modelo son minoritarios. Similar conclusión puede extraerse de la revisión de los artículos publicados en la revistaTemas. Hay otros especialistas, incluyendo no economistas, que han publicado textos encomiables en diversos medios y con distintos formatos, pero que –en algunos casos– no constituyen conceptualizaciones abarcadoras del modelo y en otros casos han sido publicados en medios no “arbitrados”, lo que no significa necesariamente que sean textos con menos méritos, sino que no fueron sometidos al tipo de critica rigurosa de “pre-publicación” que normalmente debe hacerse para validar la excelencia académica del contenido de un texto. De hecho, algunos de esos trabajos han tenido amplia difusión y es probable que hayan tenido hasta mayor impacto que los textos académicos “arbitrados”. Quizás existan también otros economistas que han desarrollado conceptualizaciones del modelo que no están disponibles públicamente.

Sin embargo, es conveniente aclarar que siempre existe la posibilidad de que la conceptualización del modelo no sea realmente tan importante como pudiéramos pensar los economistas. ¿Puede transformarse un país sin que previamente se disponga de una conceptualización académica rigurosa del modelo que se intenta superar y del modelo al que se aspira? Mi respuesta es un rotundo sí. En realidad, no es imprescindible tal conceptualización científica previa y existen evidencias sobre esto en numerosas partes del mundo y en todas las épocas. En muchos casos, para poder desatar cambios sociales bastaría con disponer de una prefiguración ideológica del modelo al que se aspira. En la propia Cuba parecen sobrar los ejemplos.

En mi opinión, toda discusión acerca de la conceptualización del modelo debe comenzar con una doble nota de modestia de parte de quienes tienen capacidades para conceptualizar: primero, reconocer que las conceptualizaciones académicas sobre modelos pueden no ser muy relevantes para la transformación social; y segundo, admitir que los académicos no tienen respuestas adecuadas para todos los problemas sociales. Lo segundo no significa, obviamente, que otros actores políticos, individuos u organizaciones, en el poder y fuera del poder, puedan ofrecer tales respuestas.

Si he singularizado el trabajo de los economistas es fundamentalmente por el hecho de que la economía –y no otras disciplinas de las ciencias sociales o de las humanidades– resulta la que ha tenido hasta el momento un mayor protagonismo público en cuanto a la “actualización” del modelo. No considero que se trate de que la economía posea un supuesto mayor poder explicativo respecto a otras ciencias sociales. El factor crucial ha sido algo que quizás resulta obvio pero que es conveniente resaltar. La agenda académica de “la actualización”, incluida la conceptualización del modelo, se ha decidido en la esfera política y son esas decisiones políticas las que han definido el ámbito esencial de la conceptualización (la esfera económica como área prioritaria de reflexión), así como la fijación de los parámetros cardinales de la conceptualización: un modelo económico centralmente planificado y con predominio de la propiedad estatal, un modelo social con garantías de protección social universal y aseguramiento de servicios sociales gratuitos, y un modelo político unipartidista.

No se trata, por cierto, de una anomalía cubana. El hecho de que las agendas de investigación y la propia producción de evidencia científica sean esencialmente determinadas por factores políticos representa un amplio campo de investigación de los estudios sociales contemporáneos y son pertinentes para cualquier sociedad. Me parece conveniente, no obstante, llamar la atención sobre una particularidad que se observa en el caso de Cuba. La precisión hecha por el gobierno cubano acerca de que la conceptualización que se desea producir consiste esencialmente en proporcionarle una “empaquetadura académica” a una conceptualización que ya existía previamente en un documento político (los “Lineamientos”) expresa con nitidez las relaciones de causalidad que tienen lugar entre agendas políticas y académicas, pero es muy discutible tratar de reducir la función de la academia a darle lustre intelectual a documentos políticos. De hecho, tal reduccionismo es contradictorio con la propia práctica de las ciencias sociales del país, que además de contar con excelentes especialistas y con resultados notables en muy diversos campos, también dispone de variados mecanismos favorecidos por el gobierno para articular el nexo entre investigación científica y políticas públicas, destacándose entre esos mecanismos los programas nacionales de ciencia y técnica –incluyendo los relativos a las ciencias sociales y las humanidades- y el “modelo interactivo” utilizado por la universidades cubanas para conectar ciencia y sociedad, que en los últimos años ha experimentado un “giro territorial” que prioriza el desarrollo local (2).

El hecho es que la academia puede desempeñar –en determinadas circunstancias– un papel significativo en la política. No estoy pensando necesariamente en aquello que decía Keynes acerca de que “hombres prácticos, que creen que están bastante exentos de cualquier influencia intelectual, son, por lo general, esclavos de algún economista muerto”, sino más bien en la función que pueden tener los académicos, específicamente los economistas, en modificar los términos del debate político mediante una reformulación del discurso sobre el cambio. Utilizo aquí el concepto de discurso no en su acepción común sino como un sistema de pensamiento que desempeña un papel en los procesos sociales de legitimación y de poder. El discurso sobre un tema específico, digamos sobre la “conceptualización del modelo”, opera bajo reglas de exclusión, pues al definirse los temas sobre los que se quiere hablar, se puntualizan simultáneamente –explícita o implícitamente– los temas sobre los que no se desea discutir.

Esfera política y esfera pública

En materia de “conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista”, la esfera política ha estado proporcionando el contexto que pudiera definir la influencia del trabajo de una parte de los economistas cubanos. Cualquier posibilidad de influencia directa –por ejemplo, el reflejo de tal trabajo en un documento oficial sobre la conceptualización– dependería en alto grado de su sintonía con el discurso oficial sobre el cambio. Sin embargo, el trabajo de los economistas tiene un campo de influencia en la política (definida como actividad) y no solamente en las políticas (definidas como resultado de una decisión racional que pudiera estar informada por las ciencias económicas). Se trataría de una posible influencia indirecta, pues los economistas pudieran participar en la modificación del propio discurso político sobre el cambio, influyendo de esa manera en el contexto político que define la construcción de modelos.

No afirmo que tal cosa esté ocurriendo en estos momentos en Cuba; simplemente invito a considerar cuatro pilares básicos del discurso sobre “el cambio” que hoy predominan en el país. Primero, que “el cambio” no se concibe como una reforma sino a partir de términos sucedáneos –pero no equivalentes– como “perfeccionamiento” o “actualización”; segundo, la prioridad que se concede a alcanzar una correcta combinación de plan y mercado dentro de un sector estatal predominante; tercero, una animosidad esencial respecto a la propiedad y la producción privada, que solamente es tolerada en sus variantes de “trabajo por cuenta propia” y de inversión extranjera; y cuarto, la política concebida primordialmente como lucha por el poder.

Existen, al menos, dos problemas que justificarían la existencia de dudas razonables respecto a la utilidad de tal discurso a los efectos de promover un cambio positivo en Cuba. De una parte, las incongruencias que presenta respecto a una realidad social que lo supera. Para empezar, el área de propiedad más “vibrante” de la sociedad cubana es hoy el sector privado nacional, el cual crea nuevas oportunidades de empleo y de ingresos en contraste con un sector estatal extenuado que lo que hace es eliminar casi cien mil empleos anuales. La noción de que bastaría con modificar los “mecanismos” de una economía estatal centralizada para lograr el cambio que se requiere en Cuba no se encuentra avalada por la propia práctica de “la actualización”. La experiencia de los últimos cinco años no parece arrojar evidencia concluyente acerca de la posibilidad de combinar exitosamente la propiedad estatal y la coordinación del mercado.

Por otra parte, se trata de un discurso que es funcional a quienes desde la política se oponen a “la actualización” y a una posible reforma más amplia. Tal oposición, cuya existencia dentro del gobierno ha sido reconocida públicamente por el presidente del Consejo de Estado (3), puede hacer resistencia al cambio no a pesar de, ni en contra del discurso, sino apoyándose en ese discurso. En otras palabras, la única oposición política efectiva hoy para obstruir la búsqueda de un nuevo modelo parece estar haciéndose en Cuba desde posturas inmovilistas cómodamente instaladas en el discurso oficial. Esa oposición que se hace desde la propia matriz que ofrece el discurso predominante sobre el cambio no expresa simplemente una cuestión de diferencia de grados o de distintas preferencias en cuanto a los mecanismos, acentos y ritmos del cambio. El asunto es mucho más complejo.

La aplicación de procesos de cambio siempre deja tras de sí algo que algunos autores denominan un “residuo institucional”, es decir, un legado de conocimientos –extraídos de aciertos y de errores– que influyen sobre el tipo de compromisos y de pugnas que se producen en la esfera política. El discurso político sobre el cambio es usualmente una de las primeras zonas que tienden a modificarse en el contexto del “residuo institucional”. No puede afirmarse que sea el caso de Cuba hoy, pero existe la posibilidad de que para poder hacer avanzar el cambio en una dirección que permita resolver los problemas que “la actualización” no soluciona, quienes impulsan el cambio desde el gobierno pudieran necesitar una base política más amplia y más involucrada en el cambio.

Hasta el momento, la movilización del apoyo político ha descansado en procesos de consultas de documentos, pero pudiera ser que la continuación de esa práctica no logre ser suficiente para convencer a sectores de la población que probablemente se sientan decepcionados o que sean indiferentes ante esas formas tradicionales de consulta. Cuando se alcanza ese punto, la adopción de un discurso renovado del cambio pudiera ser un mecanismo para resolver el problema. Permitiría articular puentes entre los disímiles actores interesados en apoyar el cambio que viven en una Cuba que cada día es más diversa y contradictoria, pero que precisamente gracias a ello también ofrece mayor multiplicidad de soluciones potenciales. Intentar aplicar hoy una noción de la política como proceso de aprendizaje social y no solamente como lucha por el poder, es totalmente compatible con la aspiración de reformar el socialismo. La idea de que el cambio en Cuba no debe ser solamente un asunto de la esfera política y de sus actores tradicionales, sino que es una cuestión a decidir en una esfera pública fundada en un amplio debate ciudadano crítico, es compatible con una visión socialista y democrática del cambio.

Modificando “el contexto del contexto”

Una de las aristas de la transformación social es precisamente su complejidad, lo que implica que se trata de procesos con causalidades no lineales (un efecto puede tener múltiples causas y una causa no conduce mecánicamente a un efecto), pero sobre todo se trata de procesos impredecibles. La comprensión de sistemas sociales complejos como la economía, especialmente cuando se intenta modificarlos desde la política, requiere un discurso flexible apoyado en conceptos robustos desde la perspectiva de la complejidad, que sean capaces de dar cuenta de fenómenos que pueden evolucionar en direcciones inadvertidas. La flexibilidad del discurso también exige un margen para la coexistencia de interpretaciones múltiples que eviten que las discrepancias puedan obstaculizar o impedir el aprendizaje colectivo.

La “reforma” debería ser un concepto central del discurso sobre el cambio en Cuba, pues posibilita incluir en el análisis un espectro amplio de transformaciones que no deben ser descartadas a priori. Debe tenerse en cuenta que el uso del término “actualización” –que no es un concepto científico– introduce un alto componente normativo (reglamenta lo que debe hacerse) que restringe el rango de las posibles modificaciones que deben ser consideradas. Así, por ejemplo, una excesiva preocupación con establecer limitaciones puntillosas al funcionamiento del sector privado tiende a desviar la atención de la función positiva –y medible- que el sector privado está teniendo sobre el bienestar social y la estabilidad política del país, que son asuntos mucho más importantes que contabilizar el número de sillas de los restaurantes privados. A diferencia de ello, el concepto de “reforma” incluye la posibilidad de un espectro más amplio de cambios como pudieran ser transformaciones adicionales en la propiedad para que el país pueda alcanzar un pleno empleo de calidad. Esto último debería ser asumido como la prioridad número uno del país en el corto y mediano plazo. El discurso del cambio en Cuba debe ser estructurado esencialmente alrededor del trabajo y del trabajador.

Existen varios temas que deberían ser examinados a la luz de la renovación del discurso del cambio. Ese pudiera ser el caso de la noción de que el sector privado es compatible con una visión socialista de Cuba porque proporciona empleos, salarios y actividades socialmente útiles que principalmente benefician a la clase trabajadora del país. También sería pertinente valorizar en el discurso del cambio el papel del empresario privado nacional como un factor de estabilidad política del país. El trabajo de los científicos sociales, y en particular de los economistas, pudiera aportar la evidencia y el análisis que se requiere para renovar esos componentes del discurso del cambio.

Disponer de un discurso científicamente fundamentado y flexible sobre el cambio es, en mi modesta opinión, un instrumento de política pública más efectivo que una conceptualización de modelos. El primero facilita el tipo de perspectiva amplia que exige la transformación de sistemas sociales complejos; el segundo tiende a limitar tal perspectiva pues “la guía” que pretende facilitar puede estar desfasada de una realidad que se transforma muy rápidamente y puede ser estrecha en relación con las necesidades prácticas de hacer política en los marcos de una sociedad cada vez más heterogénea.

Los economistas pueden ser útiles para construir discursos pragmáticos del cambio social con menos zonas de exclusión que pudieran facilitar el diálogo entre la creciente diversidad de actores que hoy tiene la economía, la sociedad y la política cubanas. Probablemente eso tenga mayor utilidad pública que la actividad relativamente hermética de producir conceptualizaciones sobre modelos. A esa función pública del economista de enriquecer el discurso del cambio es a lo que denomino la posibilidad de contribuir a modificar “el contexto del contexto.”

Notas:

1. “La gran conceptualización de la actualización del modelo económico cubano ya está hecha. Son los más de 300 Lineamientos aprobados por el VI Congreso del Partido. Aunque hay que buscar un enfoque más teórico, más académico, esa gran conceptualización, en lo fundamental, está en los Lineamientos”. Ver Heriberto Rosabal, “Marino Murillo: El modelo cubano es socialista”. Cubadebate. 15 de octubre de 2013. http://www.cubadebate.cu/especiales/2013/10/15/marino-murillo-el-modelo-cubano-es-socialista/#.VwD1hdDLz3Z

2. Jorge Núñez Jover, Luis F. Montalvo Arriete. “La política de ciencia, tecnología e innovación en Cuba y el papel de las universidades”. Revista Cubana de Educación Superior. No.1 La Habana ene.-abr. 2015

3. “… el mayor obstáculo que enfrentamos en el cumplimiento de los acuerdos del Sexto Congreso es la barrera sicológica formada por la inercia, el inmovilismo, la simulación o doble moral, la indiferencia e insensibilidad”. Se hizo la precisión de que se trataba de una “resistencia burocrática”, es decir, a nivel de funcionarios públicos. Ver discurso pronunciado por Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros en el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de l
a VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 1ro de agosto de 2011.