Los determinantes políticos de la felicidad. Comentario HHC

Por VICENÇ NAVARRO 2022, Publico

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Las Naciones Unidas acaban de publicar un informe que cada año produce su Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Sostenible (United Nations Sustainable Development Solutions Network) que ha catalogado a la gran mayoría de países de las Naciones Unidas según su Nivel de Felicidad. La edición de este año es la 10ª y su intento ha sido hacer una valoración de 148 países de tal organización por nivel de felicidad. Su intento de definir la felicidad se basa en la propia evaluación de la persona entrevistada, de su situación en la vida actual, así como sus respuestas a situaciones concretas de distinto contenido emotivo que puedan configurar tal medida de felicidad. Los investigadores son científicos sociales de disciplinas variadas que incluyen primordialmente psicólogos, sociólogos y economistas. Y gran parte de la información ha sido recogida por Gallup World Poll.

LAS ENORMES LIMITACIONES DE UTILIZAR INDICADORES ECONÓMICOS PARA DEFINIR El DESARROLLO HUMANO

El objetivo de este tipo de análisis es presentar una alternativa a la manera más común de analizar el grado de desarrollo de un país centrándose en indicadores económicos, como por ejemplo su nivel de riqueza, medida por su Producto Interno Bruto, qué es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un país en un determinado tiempo. Si el objetivo del desarrollo sostenible es alcanzar el mayor nivel posible de calidad de vida, bienestar y felicidad de las poblaciones actuales y venideras, entonces hay que admitir que la evidencia muestra que muchos de los mayores indicadores económicos que se utilizan hoy para medir el desarrollo son insuficientes, cuando no erróneos. Por ejemplo, ninguno de los países más ricos del mundo, con mayor Producto Interno Bruto (el indicador más frecuente para medir riqueza económica), como son los Estados Unidos no.1 , China no. 2, India no 7, y Rusia no.13, están entre los países más felices del mundo. Antes al contrario, todos ellos están, según este informe, en niveles bajos y la mayoría, muy bajos en este ranking de felicidad: Estados Unidos no.16, China no.72, Rusia no. 80 y la India no.136.

Estos países de elevada riqueza tienen modelos económicos distintos e incluso opuestos (ej. EEUU y China), pero todos ellos tienen enormes desigualdades sociales con enorme concentración de las riquezas, generando impactos negativos en el bienestar, calidad de vida y felicidad de la mayoría de sus poblaciones. Y esto sucede, en gran parte, como consecuencia de la excesiva influencia que los super-ricos (billonarios) tienen sobre sus gobiernos. En la lista del número de billonarios (empresarios, gestores, y accionistas de grandes empresas) por país, EEUU es no.1. China es no.2. India es no.3 y Rusia es no.5.

Ejemplos de cómo el poder económico se transforma en poder político de forma perjudicial para la felicidad de la mayoría de la población, son múltiples. Y ello ocurre en países de sistemas económicos distintos e incluso opuestos. En EEUU por ejemplo (el país más rico del mundo y uno de los más desiguales), los poderosos empresarios y dueños de la industria del carbón de aquel país hicieron fracasar la altamente popular propuesta energética del Gobierno Federal (que hubiera aumentado el bienestar, calidad de vida y felicidad de la mayoría de la población), esto debido al voto negativo en el Senado Estadounidense del Senador Manchin, miembro del mismo Partido Demócrata que está gobernando el país. Tal Senador está financiado por tales grupos empresariales de la industria del carbón, lo cual es legal en un sistema político considerado como Estado Liberal Demócrata, en donde la mayoría del sistema electoral está financiado privadamente. En el polo opuesto, en China (también uno de los países con mayores desigualdades), el propio Presidente, el señor Xi Jinping Jen, ha indicado en plena campaña electoral (pues se presenta para reelección de Secretario General del Partido Comunista Chino, el partido gobernante por definición), que por el bien del país, hay que controlar más a los oligarcas (término utilizado en China para definir a los billonarios), temeroso a que tengan excesiva influencia sobre el Estado Chino (que él ha estado presidiendo por muchos años), definido como Estado Popular.

Tampoco es una condición de felicidad el ser muy poderoso y tener gran poderío militar. De nuevo, ninguno de los países que tienen mayor gasto militar está entre los más felices. Antes al contrario, ninguno entre los cuatro países más armados del mundo, Estados Unidos no.1, China no.2, India no.3 y Rusia no.4 (que sumando su gasto militar representan más del 60 % del gasto militar mundial), están entre los países más felices. La mayoría de sus poblaciones dista mucho de ser feliz. En realidad, en muchos de estos países el elevado gasto militar se ha alcanzado a costa de un descenso del gasto público social. Por cierto, el país con menor nivel de felicidad es Afganistán no.146 (el país que ha estado en guerra por más tiempo).

¿CUÁLES SON LOS MÁS FELICES? ¿HAY ALGO EN COMÚN ENTRE ELLOS?

Según el informe, los 10 países más felices del mundo son: Finlandia no.1, Dinamarca no. 2, Islandia no.3, Suiza no.4, Holanda no.5, Luxemburgo no.6, Suecia no.7, Noruega no.8, Israel no.9 y Nueva Zelanda no.10. España por cierto es el no.29, por encima de Italia no.30. Es interesante señalar que tampoco hay una relación entre nivel de felicidad y PIB per cápita. Entre los 10 más felices, siete de ellos (Finlandia, Dinamarca, Islandia, Holanda, Suecia, Israel y Nueva Zelanda, no están entre los doce países con mayor PIB per cápita. Finlandia es el país más feliz del mundo, y en cambio es el no. 25 en la lista de países catalogados por su PIB per cápita. Nueva Zelanda es el no. 10 entre los más felices y solo el no.31 en cuanto al PIB per cápita. Por otro lado, Singapur, el no. 3 en la lista de PIB per cápita, es el no. 27 en cuanto a felicidad. Debería ser obvio que el indicador de PIB per cápita tiene también muy escaso valor, pues asume que la riqueza está igualmente distribuida entre los ciudadanos, lo cual nunca es cierto. Y de ahí que su valor para analizar el grado de bienestar y felicidad sea muy limitado, pues no define ni documenta un tema clave para determinar ambos indicadores, que es precisamente la distribución de la riqueza, así como de los bienes y servicios. Y ello queda claro cuando analizamos las características de algunos de los países catalogados como más felices.

En este sentido es importante destacar que los cinco países nórdicos escandinavos, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega e Islandia, que están todos ellos entre los más felices, tienen características comunes que sorprendentemente el informe no detalla. Todos ellos han estado gobernados (por periodos largos después de la II Guerra Mundial) por coaliciones de partidos progresistas de izquierda que históricamente han priorizado las políticas redistributivas, estando entre los países con menos desigualdades de renta y menos concentración de la riqueza, con menos desigualdades también por clase social y por género, con programas universales de derecho de acceso a la asistencia sanitaria, a la educación y a los servicios de ayuda a las familias, denominado este último como el Cuarto Pilar del Bienestar (el primero es el Derecho de Acceso a la Sanidad; el segundo, a la Educación; el tercero, a la Jubilación; y el cuarto, a los Servicios de Atención Familiar, como son las escuelas de infancia y los servicios de atención a las personas dependientes). Es sorprendente la escasa atención del informe a estos servicios esenciales y transferencias del Estado de Bienestar, que juegan un papel clave en determinar la calidad de vida y el bienestar de la mayoría de la población. Y por cierto, estos países tienen relativamente bajo gasto militar. Su gasto militar es 1.22% del PIB en Suecia, 1.49% en Dinamarca y 1.53 % en Finlandia (mucho más bajos que el 2.88% en India, el 3.74% en EEUU y el 4.26 % en Rusia).

Ni que decir tiene que tales países escandinavos tienen problemas graves y algunos de ellos están diluyendo su vocación transformadora. Pero ello no desmerece la importancia de los datos que muestran que aquellas formaciones políticas que históricamente han llevado a cabo políticas redistributivas, basadas en principios de solidaridad y equidad, hayan alcanzado niveles de bienestar y felicidad más acentuados que aquellos países gobernados (durante la mayor parte del periodo post II Guerra Mundial) por formaciones liberales y conservadoras poco redistribuidoras de la riqueza y del bienestar, y que priorizan la acumulación individual de bienes y servicios sobre la universalización de los derechos y el bien común. Y lo que es también interesante es que, como ha tenido que reconocer incluso el Vaticano del neoliberalismo -Davos, están entre los países de mayor eficiencia económica.

ÚLTIMA OBSERVACIÓN. LO QUE EL INFORME NO CITA.

Como he indicado en el artículo, el enorme dominio del pensamiento neoliberal en las llamadas ciencias económicas explica la sobreutilización de indicadores económicos sesgados en los trabajos de evaluación del Desarrollo Sostenible, llevados a cabo por agencias e instituciones internacionales, que van desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a muchas agencias de las Naciones Unidas. De ahí que sea muy positivo desarrollar indicadores distintos, como hace este informe, que valoren más directamente la felicidad de la mayoría de las poblaciones, que por cierto, en cualquier país son las clases populares.

Ahora bien, también es importante que tales informes vayan más allá que la mera descripción del fenómeno y que traten de analizarlo para cambiarlo. Y ahí es donde el informe que he analizado tiene vacíos importantes. Y uno de ellos, es el silencio sobre la importancia del contexto político para configurar la naturaleza del Desarrollo Sostenible y sus objetivos. Entre las variables que hay que analizar para explicar el nivel de felicidad de un país, hay que incluir las variables políticas, estudiando las políticas públicas de las formaciones políticas existentes en cada país, sean del color que sean. Y de ahí que pueda analizarse si hay alguna que mejoren más que otras su nivel de felicidad. Y es ahí donde radica el silencio sistemático en estos informes internacionales sobre este punto, pues la evidencia muestra claramente que algunas políticas públicas (por ejemplo, las redistributivas) características de opciones políticas progresistas, crean mayor seguridad, bienestar y felicidad que otras. Y esto es lo que incomoda a algunos gobiernos enormemente poderosos en estas agencias e instituciones internacionales.

Hay otros temas también en el informe que merecen mayor explicación, como el elevado nivel de felicidad de países como Arabia Saudita, bien conocidos por su explotación de clase y genero entre la mayoría de la población, así como la importancia que el informe atribuye a factores genéticos como determinantes de felicidad para algunas poblaciones. No creo que haya sido la intención de los autores, pero esta última consideración puede generar interpretaciones de determinismo racial, que sorprenden aún más si hacen parte de un informe de las Naciones Unidas. Por lo demás y a pesar de sus vacíos e imprecisiones, el informe es un paso importante en la búsqueda de alternativas a la sabiduría convencional neoliberal que domina los estudios sobre el Desarrollo Sostenible.

Comentario HHC: Nuestro país, no aparece en casi ningún listado, porque la información, o no se entrega o se entrega tarde, sin contar con la politización que se hace con el tema Cuba.   Si queremos integrarnos  verdaderamente  al circuito mundial de naciones, tenemos que informar siempre, aunque en ocasiones no sea lo querramos decir, pero por encima de todo, la verdad. 

Por otra parte, nosotros a pesar de las grandes dificultades que tenemos, podemos exhibir logros sociales, que son frutos de la politica social del pais. 

Pero esa ausencia, de casi todos los foros  de estadisticas internacionales, nos perjudica como nación. 

La vacunación es un derecho que debería también ser un deber

Por Vicenc Navarro, Público

La situación actual de la pandemia muestra claramente que en Europa, en algunos países más y en otros menos, hay una gran distancia entre lo que debería hacerse (según propone el conocimiento científico) y lo que se está haciendo por parte de las autoridades públicas en los distintos niveles de gobierno para controlarla. Tal distancia se explica por muchas razones, pero una importante es el desconocimiento, o ignorancia, de lo que tales autoridades suelen saber sobre la pandemia y sus consecuencias.

Los establishments político-mediáticos dominantes en la mayoría de los países de la Unión Europea están hoy deseosos de promover una visión incorrecta, de que estamos en la recta final de la pandemia, habiendo ya pasado la parte más dura de ella, caminando hacia la vuelta a la normalidad. La verdad objetiva, sin embargo, dista mucho de tal visión triunfalista de que estamos viendo el final de la pandemia.

En realidad, varios gobiernos europeos, como el holandés, han tenido recientemente que dar marcha atrás después de la supuestamente desaparecida pandemia que apareció de nuevo con la variante Delta, que cambió el pronóstico. Y un tanto igual ocurrirá en la Gran Bretaña donde el Primer Ministro Johnson declaró este lunes el Día de la Libertad, imitando a la Presidenta Ayuso, de la Comunidad de Madrid (de parecida persuasión política), liberando ya a la población de cualquier tipo de política restrictiva que se había aprobado para prevenir la extensión de la pandemia, indicando con ello la vuelta a la plena normalidad.

Les aseguro que verán como algo semejante a lo ocurrido en Holanda pasará también en la Gran Bretaña. España no ha llegado a este nivel, pero si existe cierto triunfalismo que ha dado pie a medidas claramente erróneas y precipitadas, tanto a nivel estatal central como autonómico, habiendo sido Madrid y Cataluña especialmente triunfalistas. El coste del triunfalismo es elevadísimo por la ignorancia que lo sostiene y promueve. Oculta una realidad muy distinta que siempre acabará imponiéndose.

El temor a enfrentarse a poderes fácticos por parte de las autoridades públicas

Además de ignorancia y desconocimiento, existe también otro fenómeno muy generalizado entre las autoridades públicas europeas encargadas de gestionar la pandemia y es el temor a enfrentarse con grupos de gran poder que tienen mucha influencia en la configuración de las políticas públicas que afectan la evolución de la pandemia.

El caso más evidente es el gran retraso en el inicio de la vacunación en la Unión Europea (y su generalización al resto del mundo). Resultado de la pésima gestión de la Comisión Europea (dominada por las fuerzas conservadoras y neoliberales – ver mi articulo "La ocultada causa del fracaso de la Unión Europea en la producción de vacunas anti COVID-19, Público - 21 de Abril, 2021), ésta no se atrevió a aplicar lo que estaban sugiriendo la mayoría de las instituciones científicas, que proponían a las autoridades públicas que interrumpieran los derechos de propiedad de las empresas farmacéuticas productoras de vacunas anti COVID, eliminando sus patentes para permitir su masiva producción tanto en Europa como a nivel mundial.

Esta situación dificulta enormemente el control de la pandemia. Y es éticamente insostenible, pues tales vacunas han sido financiadas públicamente, con lo cual el gasto público ha significado un apoyo imprescindible para la producción de las vacunas, beneficiando enormemente a las empresas productoras que han alcanzado unos exuberantes beneficios que se rigen única y exclusivamente por las leyes del mercado que están excluyendo a la mayoría de la población mundial que no podrá acceder a ellas (ver el artículo de Pierre Giuseppe Fortunato, Fighting COVID requires fewer patents and more State, Social Europe -July 20, 2021). Este protagonismo de los intereses empresariales que responden a un criterio meramente mercantil es un suicidio colectivo, pues la evidencia señala que a no ser que se resuelva la pandemia a nivel mundial, ésta no solo no se resolverá, sino que incluso se puede empeorar.

La necesaria vacunación y sus dificultades: el próximo problema en Europa

España está por fin vacunando rápidamente y hay que felicitar a las autoridades públicas por ello. Es una muestra más del éxito del Servicio de Nacional de Salud a pesar de su sub-financiación. Pero pronto España va a tener un problema puesto que es muy probable que el nivel de vacunación no alcance los porcentajes elevados que se requerirían para conseguir el grado de inmunidad colectiva necesaria para recuperar cierta forma de normalidad. Y esto se dará como consecuencia de la resistencia de sectores de la población a vacunarse, resistencia debida primordialmente a la ignorancia que hace vulnerable a sectores de la población a toda una serie de falsedades que transmiten en general las ultraderechas de siempre. El caso más claro es el trumpismo (que está ampliamente extendido en España), que explica que en los estados de Estados Unidos donde tal movimiento es muy fuerte, es donde el nivel de vacunación es menor. Y es posible que algo así ocurra en partes del territorio español.

Existe una cultura muy extendida en amplios sectores de las derechas y ultraderechas españolas, que enfatiza un individualismo muy acentuado que antepone el derecho individual sobre cualquier otro argumento, incluyendo el interés común. Es la actitud de menosprecio a los intereses colectivos. Esta actitud que antepone el deseo personal por sobre toda otra consideración, fue claramente expresada por el Presidente Aznar en su famosa frase "querer hacer lo que me dé la gana", o como decía otro individuo de orientación política semejante en La Sexta Noche: "Lo que me pase por los cojones", que junto con el anti-cientifismo son muy extendidos entre las derechas trumpistas en España. Estas posturas están muy generalizadas y representan una amenaza al control de la pandemia y que se está extendiendo a nivel internacional, claramente promovido por sectores económicos y financieros dominantes en los países europeos, que creen que la recuperación económica debe ser prioritaria, cualquier sea el coste humano que ello conlleve.

La otra alternativa al trumpismo es la de anteponer el bien común por encima del interés individual, incluyendo el protagonismo de lo público sobre lo privado, de los intereses comunes sobre los individuales, de la solidaridad sobre el egoísmo, y de la ciencia sobre la ignorancia. Al famoso grito un general fascista fundador de La Legión en el año 1936 frente a un discurso del intelectual Miguel de Unamuno: "¡Abajo la inteligencia! ¡Viva la muerte!", hay que promover el alternativo "¡Viva la ciencia de la vida! ¡Abajo en la ignorancia y la muerte!". Y en esta cultura de solidaridad, la disponibilidad de las vacunas a todas las personas del mundo es un objetivo urgente y necesario, al cual hay que añadir el objetivo de que la vacunación también sea obligatoria.

El ciudadano no sólo tiene derechos, tiene también deberes

Este principio: "la obligación de vacunarse", es en general, ampliamente aceptado en el caso de infantes, que tienen que vacunarse obligatoriamente para protegerlos de toda una serie de enfermedades contagiosas como la viruela, el sarampión, el tétano y la tos ferina, cuya vacunación ha significado evitar la muerte de más de tres millones de Infantes a nivel mundial (Katie Gravagna et al. "Global assessment of national mandatory vaccinations policy", Science -17 Nov, 2020). Ahora bien, esta tolerancia o aceptación es menor cuando hablamos de adultos, y todavía menor, cuando hablamos de la vacuna anti-COVID.

Hay bastante aceptación de que sea obligatorio para el personal sanitario que es el que tiene mayor riesgo y el que cuida a la mayoría de las pacientes con esta enfermedad. Y también se ha extendido esta obligación a personas que trabajan en atención domiciliaria en los servicios a personas dependientes. Y también en varios países, como en Francia, se ha incentivado la vacunación anti-COVID, haciendo que esta sea condición para poder viajar, para poder ir a restaurantes, al cine o a lo que fuera. Pero no es suficiente en una situación donde la enfermedad es enormemente contagiosa, como es ahora el caso con la variante Delta, pues el control de la pandemia requiere una respuesta más activa. De ahí la necesidad de la obligación de la vacunación.

La oposición a la obligatoriedad de la vacuna en contra del COVID-19 argumenta qué no hay, en teoría, conocimientos suficientes sobre sus posibles daños colaterales, lo cual no es del todo cierto, pues ya existe gran experiencia, precisamente para las vacunas COVID más exitosas y eficaces, que documentan claramente que los posibles efectos secundarios de la vacunación son mucho menores en comparación con el enorme daño causado a la persona y la colectividad a la cual pertenece en caso de no vacunarse.

Es necesario alcanzar niveles de vacunación de al menos un 70-80 % de la población para poder recuperar una situación de casi normalidad. Y podría hacerse, pero para ello se requeriría de su obligación. En varios países como en Francia, ya se está haciendo indirectamente, al estar condicionadas muchísimas actividades del ciudadano a que presente tal documentación de vacunación. Y paradójicamente Estados Unidos, un país muy liberal, ha sugerido que en los lugares de trabajo se considera la obligatoriedad, pues no es justo que se perjudique a los trabajadores porque algunos no quieran vacunarse, contagiando a todos los demás. El gobierno federal así lo recomienda. Y un punto fundamental es quien decide, a quien afecta, y donde se definen las excepciones. Y es ahí donde la pandemia ( y ahora concretamente el proceso de vacunación), está generando una dinámica en la que las claras insuficiencias mostradas por ella están generando una demanda popular de mayor participación ciudadana en los procesos de decisión, redefiniendo y enriqueciendo la democracia, hoy todavía muy limitada en España.

El gran fracaso del neoliberalismo

Por Vicenç Navarro, Público

Desde finales de la década de los años 70 (en la Gran Bretaña, con el Gobierno de la señora Thatcher), y principios de la década de los años 80 (en Estados Unidos con el Gobierno del presidente Reagan), se inició lo que algunos autores han definido como La Revolución Neoliberal, pasando a ser el neoliberalismo la ideología dominante del pensamiento económico, que más tarde hizo suya la socialdemocracia (en una versión más moderada) en Europa a través de La Tercera Vía con Tony Blair en la Gran Bretaña, Schröder en Alemania, Hollande en Francia y Zapatero en España, inspirados, estos últimos, por los cambios iniciados en el Partido Demócrata de los Estados Unidos (por el presidente Clinton seguidos más tarde por el presidente Obama).

Este pensamiento, que se convirtió en dogma, gestionado por su Vaticano, el fórum de Davos, sostenía (en teoría) tres principios. Primero: el Estado, conocido como «El Gobierno», tenía que reducir sus intervenciones, (regulación y gasto público). Como decía el Presidente Reagan «Government is not the solution, rather it is part of the problem«. Segundo: los mercados laborales, financieros y comerciales, deberían estar desregulados a fin de liberar el enorme potencial creador que tenían los mercados. Y tercero: la movilidad global del mundo del trabajo y del capital debía facilitarse dentro de un proceso de globalización. Como consecuencia de la supuesta aplicación de estos tres principios, se señaló que hubo un enorme crecimiento de la economía mundial bajo un nuevo orden internacional, en que los Estados estaban perdiendo su poder siendo sustituidos por empresas multinacionales que centraron la actitud y la actividad económica en su globalización. Hasta aquí la teoría. Veamos ahora la realidad.

La falsedad de tal dogma: su carencia de credibilidad

El argumentario de tal dogma carece de credibilidad, pues cada uno de sus predicamentos son falseados por la evidencia empírica existente. Vayamos punto por punto, comenzando con la supuesta reducción del gasto público que nunca se materializó. Así en Estados Unidos, el gasto público, medido como porcentaje del PIB, o per cápita, ha aumentado considerablemente desde 1980 a 2003, pasando a representar del 34% del PIB en 1980, al 37% del PIB en 2003, mientras que por per cápita subió de US$4,148 per cápita a US$13,750 durante el mismo periodo. Un tanto parecido ha ocurrido en cuanto a impuestos. En Estados Unidos impuestos como porcentaje del PIB pasó de representar el 35% en 1980, a un 39% del PIB en el 2003. En realidad, tales hechos ocurrieron ya en los años del gobierno del presidente Reagan. El gasto público federal subió durante su mandato, del 21.6% de PIB al principio de su mandato, al 23% al final. Y lo que sorprenderá a muchos lectores es que Reagan fue el presidente de Estados Unidos que subió los impuestos del mayor porcentaje de la población estadounidense en tiempo de paz después de la Segunda Guerra Mundial. Reagan bajó, y mucho, los impuestos del 20% del nivel de renta superior de la población de Estados Unidos. Pero los incrementó, y mucho, al resto de la población.

Un tanto igual ocurrió con su supuesta reducción del gasto público: recortó mucho el gasto público social, bajándolo del 38% del gasto federal al 32%. Pero aumentó enormemente el gasto público en dos capítulos que nunca citó: el gasto militar (que pasó de representar el 41% de todo el gasto público federal, al 45%), y los subsidios y ayudas a empresas privadas que pasaron de representar del 21 al 23%. Como bien señaló John Williamson, el ideólogo del consenso neoliberal de Washington «tenemos que recordar qué lo que el gobierno de los Estados Unidos promueve en él exterior, no lo realiza en el interior» (J. Williamson, What Washington means by policy reform, Institute for International Economics, Washington D.C., 1990).

Es importante demostrar la falsedad del discurso supuestamente anti-estado del pensamiento liberal. Pues el tema no es Estado o no Estado, si no quien controla el Estado, y para qué objetivos. El Estado, durante el periodo neoliberal, aumentó su intervencionismo para aumentar los intereses del capital a costa de los intereses del mundo de trabajo, y los datos no pueden ser más convincentes. Y esto ocurrió a los dos lados del Atlántico Norte, resultado de la aplicación de tales políticas neoliberales, cuando vimos, durante todo el periodo neoliberal, un descenso muy marcado de las rentas de trabajo como porcentaje del total de las rentas a consta de un aumento muy notable de las rentas del capital. Los datos hablan por sí mismos. Tal porcentaje de las rentas de trabajo bajaron como promedio en los países que más tarde serían llamados «la Unión Europea de los 15», pasando de un 72.4% de todas las rentas a finales de los años 70 a un 66.5% en el año 2012. Durante el mismo periodo, en Estados Unidos, pasaron del 70.0% al 63.6%, y en España de un 72.4% a un 58.4% (ahí es donde descendió más). En el Reino Unido de un 74.3% a un 72.7%. En Italia, de un 72.2% a un 64.4%. En Francia de un 74.3 % a un 68.2 %. Y en Alemania de un 70% a un 74%.

Estas políticas neoliberales causaron la gran recesión económica

Era fácil de predecir y así lo hicimos algunos, que este descenso tan marcado en las rentas de trabajo (derivadas primordialmente de los salarios), crearían un descenso de la capacidad adquisitiva de la población al reducirse la demanda doméstica. Y así ocurrió. Y como consecuencia la tasa de crecimiento económico disminuyó. Ahora bien, dos hechos ocurrieron que frenaron el descenso de tal crecimiento. Uno fue el gran estímulo económico que experimentó Alemania consecuencia de la aplicación de políticas públicas expansivas a fin de facilitar la integración de las dos Alemanias, la Alemania del Este y la Alemania del Oeste, realizada a costa de una gran inversión pública en la Alemania Oriental. Esto significó un enorme aumento del gasto público alemán. El Estado alemán pasó de estar en un superávit de 0,1% del PIB en 1989, a un déficit público equivalente un 3,4% del PIB en 1996. Tal crecimiento de la inversión pública significó un gran estímulo a la economía alemana. Y debido a su centralidad en la economía europea, a esta última también.

El crecimiento del capital financiero y el origen de la crisis financiera

La otra causa de que el crecimiento económico no bajara tanto (como consecuencia de la disminución tan marcada de las rentas del trabajo), como se esperaba (aunque fuera menor que en el periodo 1945-1980), fue el enorme endeudamiento que originó el gran crecimiento del capital financiero. La bajada de los salarios y de la capacidad adquisitiva de la población forzó a que la gente se endeudara. Pero tal crecimiento del capital financiero fue acompañado de un gran aumento de la inversión financiera especulativa debida a la baja rentabilidad que existía en la economía productiva, una consecuencia a su vez de la caída de la demanda doméstica. Y esa actividad especulativa de alto riesgo, llevó a las burbujas, muy en especial a la inmobiliaria, que temporalmente creó una sensación de falsa euforia hasta que explotó. Fue en este momento de gran euforia que el Presidente Aznar de España, subrayó que «España iba bien«, a lo cual Jordi Pujol, Presidente de la Generalitat de Cataluña, añadió que «Cataluña iba incluso mejor«. Y como siempre ocurre en España, en medio de esta falsa euforia, apareció de nuevo, la propuesta de bajar impuestos, la respuesta predecible de las fuerzas políticas conservadoras neoliberales (PP y CiU) en España (incluyendo Cataluña). Lo que era nuevo en esta situación, menos predecible, es que fueran también los socialistas, presididos por el señor Zapatero, los que añadieran también su voz a bajar los impuestos. Como anunció el Presidente Zapatero: «bajar impuestos es de izquierdas«. Y así lo hizo, en 2006, cuando bajo el IRPF, y el impuesto de sociedades, con el apoyo, como era predecible de Convergencia y Unión. Consecuencia de la bajada de impuestos, los ingresos del Estado bajaron al año siguiente (del 2007 al 2008), 27.223 millones de Euros, consecuencia de la reforma tributaria realizada un año antes. Según las cifras del propio Estado, sé reconoció que el 72% de esta cantidad se debió al recorte de impuestos y solo el 28% al descenso de la actividad económica (ref. informe de recaudación tributaria del año 2008, elaborado por el Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas del Ministerio de Economía y Hacienda).

La nefasta política de recortes: el desmantelamiento del estado del bienestar y la reducción de la protección social

Cuando el agujero en los ingresos del Estado apareció con toda nitidez en el 2007, se asumió erróneamente que ello se debía al exceso del gasto público, cuando en realidad, el Estado español tenía superávit, y la deuda pública era la más baja de la eurozona. Y era basada en esta errónea lectura de la realidad, que el inicio de recortes del gasto público social tomó lugar. Zapatero congeló las pensiones para conseguir 1,200 millones de euros. En realidad, habría podido conseguir incluso mucho más dinero, manteniendo el impuesto de patrimonio, 2,100 millones de euros, o revirtiendo la rebajada de impuestos de sucesiones (2,552 millones de euros), o revirtiendo la bajada de impuestos sobre las personas que ingresaban mas de 120,000 euros al año (2,500 millones). El Presidente Rajoy, incluso recortó mucho más, 25,000 millones de euros en sanidad, educación y servicios sociales. De nuevo, habría podido conseguir incluso más dinero corrigiendo el fraude fiscal de las grandes fortunas, de la banca y de las grandes empresas que representan el 71% del fraude fiscal, 44,000 millones de euros. Y un tanto igual ocurrió en Cataluña. Los gobiernos de Artur Mas del 2010 al 2016, y el gobierno Puigdemont del 2016 al 2017, recortaron 626 millones en educación pública, 1,027 millones en sanidad, 336 millones en vivienda, 149 millones en protección social, etc. En realidad, Cataluña fue una de las Comunidades Autónomas que aplicaron con mayor dureza las políticas neoliberales de recortes, siendo una de las que tiene un gasto público social, en sanidad, en educción y servicios sociales más bajos de España. Juan Torres, Alberto Garzón y yo, escribimos un libro: Hay alternativas – Propuestas para crear empleo y bienestar en España, en el que documentamos que por cada recorte de gasto público que se hizo, había otras alternativas, probando con ello la falsedad de aquel argumento de que no había alternativas. Si que las había. Pero no había la voluntad política para así hacerlas. Ello explica que el movimiento de protesta 15M utilizara nuestro libro para mostrar la falsedad de tal argumento.

El elevado coste humano del neoliberalismo: la elevadísima mortalidad por covid

La reducción del nivel de vida de las clases populares y el descenso de su protección social y de los servicios públicos del Estado de Bienestar (como se ha visto durante la pandemia), produjo un aumento de la mortalidad de las enfermedades atribuibles al deterioro del bienestar y la calidad de vida de la población (deseases of despair), responsable de un aumento de la mortalidad en amplios sectores de las clases populares con notable aumento de las desigualdades en la esperanza de vida entre las clases sociales en la mayoría de los países en los dos lados del Atlántico Norte, y con especial intensidad en los países del sur de Europa, donde las izquierdas han sido históricamente débiles y el neoliberalismo ha sido ampliamente promocionado por el Estado. No es por lo tanto es sorprendente que España (y Cataluña dentro de esta), sea uno de los países europeos con mayor mortalidad por COVID acumulada desde el principio de la pandemia.

El enorme descrédito del neoliberalismo

Consecuencia del enorme poder que las fuerzas conservadoras liberales han tenido sobre el Estado español, España se ha gastado siempre en su Estado de Bienestar menos de lo que debería gastarse por el nivel de desarrollo económico que tiene. Una estimación conservadora de tal déficit es la de que España debería gastarse al menos 66.000 millones de euros más, adicionales a los que se financia en su Estado de Bienestar. Su crónico subdesarrollado Estado de Bienestar ha sido consecuencia de ello. Un tanto igual ocurre en cuanto al nivel salarial y el nivel de ocupación y la solución requiere un cambio muy notable de políticas fiscales excesivamente dependiente de la grabación de las rentas de trabajo a costa de la baja grabación de las rentas de capital, entre otras características regresivas de su política fiscal. En este aspecto es positivo que el enorme descrédito que tiene hoy el neoliberalismo, (incluso en círculos y fórums que en su día lo promocionaron como el Fondo Monetario Internacional), que explica los cambios ocurridos incluso en el establishment de la Unión Europea. Ahora bien, existe el peligro que, una vez controlada la pandemia, si inicie de nuevo la aparición de nuevas versiones del neoliberalismo, promovidas por las voces próximas a los establishments económicos y financieros que ejercen enorme influencia sobre las instituciones representativas y mediáticas del país.

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Tomado de Público

Imagen: Los entonces presidente de EEUU, Ronald Reagan, y primera ministra británica, Margaret Thatcher, en Camp David (EEUU), diciembre de 1984. AFP

Cómo y cuándo salir de la enorme crisis económica creada por la pandemia

Por VICENÇ NAVARRO *

MAYO 20, 2020 

Varias personas, muchas con mascarilla, cruzan la calle cerca de la Plaza de Toros de Valencia. REUTERS/Nacho Doce

El hecho de que muchos países hayan conseguido reducir el crecimiento de la tasa de mortalidad causada por el coronavirus, mitigando así el impacto de la COVID-19, ha generado un optimismo que explica que muchos de ellos estén ya iniciando el proceso para intentar recuperar alguna forma de normalidad y reactivar la actividad económica, saliendo así de la mayor crisis económica que estos países hayan sufrido en los últimos cien años. 

Ello ha originado un debate sobre cuándo y cómo debe llevarse a cabo dicha recuperación. Este artículo intentará resumir varias alternativas, hoy presentes a los dos lados del Atlántico Norte. Pero para evaluarlas hay que ser conscientes de que, en general, y desde el punto de vista científico, hay bastante consenso entre los expertos en salud pública sobre los criterios básicos que deberían regir esta recuperación. Unos de los más conocidos a nivel internacional son los criterios de la Johns Hopkins University, cuyo Center for Health Security ha señalado que para iniciar tal proceso hay que cumplir cuatro condiciones. La primera es que el país tiene que haber experimentado un descenso de la mortalidad debida al coronavirus durante, al menos, 14 días. Otra condición es que el país tenga suficiente capacidad para realizar pruebas de diagnóstico que le permitan cubrir, al menos, a todas las personas con síntomas de tener la COVID-19 (y también realizarlas a los contactos que estas personas hayan tenido) así como a las personas que trabajan en todos los servicios definidos como "esenciales". Una tercera condición es que el país tenga un sistema sanitario con capacidad suficiente para poder atender a todos los pacientes, y cuyo personal sanitario tenga todo el equipo de protección necesario que le permita atenderlos con el mínimo riesgo de contagio. Y, por último, la cuarta condición es que los servicios de salud pública del país tengan capacidad suficiente para llevar a cabo campañas de detección de nuevos casos de infección, así como controlar y diagnosticar a sus contactos para su confinamiento y aislamiento (ver "Public Health Principles for a Phased Reopening During COVID-19: Guidance for Governors", The Johns Hopkins University Center for Health Security, 17.04.20). La aplicación de estos cuatro principios, junto con las medidas de confinamiento selectivo, así como el uso generalizado de mascarillas y guantes, permiten el control y resolución de la pandemia. La experiencia así lo ha mostrado. Casos como el de Corea del Sur muestran claramente que la pandemia puede abordarse con éxito. Ello requiere un compromiso firme por parte del país y sus autoridades, dentro de una cultura cívica de solidaridad y compromiso con el bien común. 

Estas condiciones no se están respetando en la gran mayoría de países que se están desconfinando 

Ahora bien, el éxito que las campañas de confinamiento han tenido en muchos países para reducir el número de contagios, de enfermos y de muertes por coronavirus ha generado un optimismo que, sin que se den las condiciones previamente detalladas, ha animado a que se inicie en muchos de ellos un proceso de desconfinamiento y de paulatina recuperación económica. Es comprensible que este proceso esté ocurriendo, pues las medidas de contención de la pandemia y, muy en particular, el confinamiento de la mayoría de la población (que en un momento determinado fue de tres cuartas partes de toda la población que vive en las economías avanzadas), han representado y continúan representando un enorme sacrificio con el que la población, con razón, desea y ansía terminar. Es más, a favor del desconfinamiento existe el hecho de que el confinamiento también tiene costes para la salud de la población, entre ellos, causar un aumento de mortalidad por enfermedades distintas a la COVID-19, al no poder ser atendidas estas enfermedades por la saturación de los centros sanitarios desbordados de enfermos por coronavirus. Y no hay que olvidar tampoco que la propia crisis económica está deteriorando la salud y calidad de vida de grandes sectores de la mayoría de la población. 

Pero, por muy comprensibles que sean los argumentos favorables a un pronto desconfinamiento, ello no quiere decir que sea aconsejable, ya que tal recuperación (dependiendo de cómo se haga) podría incluso empeorar la situación y agravar todavía más la crisis económica. Y la principal causa de que ello sea así es que la actividad productiva continúa basándose en la actividad humana, dependiendo su ejecución de la salud y la vida de sus agentes, lo cual hace que la viabilidad del sistema económico dependa de que se respeten los principios científicos y las condiciones indicadas al inicio del artículo. A no ser que los trabajadores estén vivos y sanos, el sistema económico se paraliza. Un desconfinamiento rápido puede conducir incluso a una mayor parálisis como consecuencia del crecimiento de la enfermedad entre los trabajadores, tal y como está ocurriendo, por ejemplo, en algunos Estados de EEUU, donde la pandemia está teniendo unos efectos devastadores. 

Esta es la realidad de la que deben ser conscientes las autoridades que tienen que tomar las medidas sobre el desconfinamiento. Naturalmente que el deseo común es terminar con esta situación anómala. De ahí que la diferencia entre las distintas alternativas no sea tanto sobre desconfinamiento sí o no, sino sobre qué tipo de desconfinamiento, es decir, en qué condiciones debe realizarse, a fin de que se puedan minimizar los daños que dicho desconfinamiento podría causar a la población, incluida la laboral, lo que afectaría y retrasaría la recuperación económica. 

Las distintas estrategias de recuperación económica existentes hoy a los dos lados del Atlántico Norte  

Una estrategia de recuperación económica es la promovida por el gobierno federal estadounidense presidido por Donald Trump, y consiste en el masivo desconfinamiento de la mayoría de la población, a fin de recuperar la economía lo más pronto posible (y a ser posible, antes de las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre, en las que el presidente Trump se presenta para conseguir su relección). Esta alternativa es consciente de que ello implicará un riesgo muy elevado de contagio y muertes por coronavirus. En esta estrategia, la vuelta a la normalidad pasa a ser el objetivo urgente e inmediato para la recuperación. Y el elevado número de fallecidos se justifica por la necesidad de salvar la economía del país, salvación que en ocasiones se presenta en términos belicistas y patrióticos. Tal y como ha señalado el presidente Trump, "hay que salvar la patria en una guerra en la que los muertos son el precio para ganar y conseguir la victoria". Salvar la patria equivale a volver a la normalidad del período prepandemia. Esta posición trumpiana está bastante extendida en amplios sectores conservadores y liberales del mundo occidental, incluyendo España. 

Esta estrategia ha sido muy criticada por la gran mayoría de la comunidad científica, incluyendo el comité de expertos que asesora a la Casa Blanca en el tema de la pandemia. Las tensiones entre el Sr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, (y otros miembros del comité científico), por un lado, y el propio presidente, por el otro, son bien conocidas. La elevada popularidad de este experto (la figura más reconocida hoy en EEUU) lo ha protegido de los intentos de la administración por apartarlo del cargo o del comité de expertos. La razón de este rechazo por parte de la comunidad científica es que la pandemia no se resolvería y podría agravarse todavía más, cronificándose y matando a un elevado número de ciudadanos que se considera inaceptable, pues la pandemia podría prolongarse durante un período muy largo, de hasta cinco o más años. 

La esperada vacuna contra el virus no será una realidad próximamente 

El argumento utilizado por los que se muestran favorables a la vuelta rápida a la "normalidad" para negar la posibilidad de que aumente la mortalidad de una manera muy marcada es que se espera que en el corto plazo de algunos meses ya haya disponible una vacuna para prevenir y curar la enfermedad de la COVID-19. Pero existe un gran escepticismo en amplios sectores de la comunidad científica de que esta vacuna pueda desarrollarse, producirse y distribuirse en los próximos meses. Ni que decir tiene que la industria farmacéutica es la mayor promotora de esta tesis, industria que es muy próxima al presidente Trump, cuyas propuestas favorables hacia ella son bien conocidas en aquel país. Aceptando la tesis del descubrimiento y amplio uso de la vacuna en un "futuro próximo", la administración Trump está intentando recuperar la economía inmediatamente, consciente del elevado coste en mortalidad que significará el abandono de los principios científicos enunciados anteriormente, con la suspensión masiva del confinamiento y del distanciamiento social, entre otras medidas salubristas. En esta visión trumpiana, la "recuperación de la normalidad" significa dar prioridad a las grandes inversiones de dinero público para favorecer la recuperación de los elevados niveles de beneficios de las grandes empresas y grupos económicos próximos a la administración Trump (sin condicionar tal ayuda pública masiva al mantenimiento del empleo). 

La alternativa progresista a esta estrategia extremista 

Frente a la alternativa trumpiana, hay una alternativa progresista que las encuestas muestran a los dos lados del Atlántico Norte que es la más popular, y que consiste en desconfinar gradualmente a la población, de manera que la reapertura esté relacionada con el cumplimiento y la mejora en cada una de las condiciones enumeradas al principio del artículo, de manera que cuanto más se cumpla cada condición, mayor sea el grado de apertura. Ello requiere que, como primer paso, se invierta masivamente en los sectores "esenciales" necesarios para el mantenimiento y la sostenibilidad de toda la sociedad y, por lo tanto, de la economía. Entre ellos merecen especial atención los servicios sanitarios y de salud pública, así como los servicios sociales y los de atención personal (conocidos también como la economía de los cuidados), incluyendo los servicios del cuarto pilar del Estado del Bienestar (escuelas de infancia y servicios de atención a la dependencia, entre otros), que son todos ellos necesarios para garantizar la supervivencia, el mantenimiento, la seguridad y el cuidado de la ciudadanía (tanto como trabajadores como consumidores), sin la cual la actividad económica no puede existir. Se propone así un New Deal Social que incluya una gran inversión en estos servicios y transferencias del Estado, inversión que, insisto, debería reforzar los servicios de supervivencia, mantenimiento y continuidad de la sociedad, incluida su economía, y que además sería una de las fuentes más importantes para crear empleo. Esta inversión garantizaría una recuperación que minimice la mortalidad y morbilidad (enfermedad), creando además un empleo necesario para facilitar tanto la seguridad y salud de la población como el estímulo para la recuperación económica. Por ejemplo, el desarrollo del 4º pilar del bienestar facilitaría la integración de la mujer en el mercado de trabajo, tal y como ha ocurrido en aquellos países donde existe dicho pilar (como es el caso de los países escandinavos, que tienen el mayor porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo), ya que permite compaginar el proyecto personal a nivel laboral con la responsabilidad familiar (facilitada también por una revolución cultural, corresponsabilizando al hombre en tales tareas familiares). Estas políticas públicas están adquiriendo una gran urgencia hoy como consecuencia del confinamiento de las familias, con el cierre de las escuelas, incluidas las infantiles. El número de puestos de trabajo creados en el desarrollo de estos servicios sociales básicos sería muy grande. Si España tuviera el mismo porcentaje de la población adulta trabajando en estos sectores sociales del Estado del Bienestar (hoy, uno de cada diez) que tiene Suecia (uno de cada cinco), España crearía unos 3,5 millones de puestos de trabajo. De ahí la urgencia de que el Estado cree empleo. La muy necesaria renta mínima garantizada que asegure un ingreso mínimo vital debe ser complementada con la universalidad del derecho de acceso a los servicios sanitarios y sociales (incluyendo el 4º pilar del bienestar) que garanticen su vida, salud y bienestar social. El derecho al ingreso mínimo vital debería estar acompañado con el derecho de acceso a los servicios vitales universales. 

Hoy existe un gran consenso popular, expresado en el aplauso a las 8 de la tarde hacia los trabajadores de los sectores sanitarios y sociales, sobre la urgente necesidad de cubrir el enorme déficit de personal y recursos en estos servicios. Esta inversión en el New Deal Social es una de las condiciones más importantes para los programas de recuperación económica a fin de resolver, por un lado, la pandemia y, por el otro, prevenir su reaparición, toda vez que se garantiza el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía (objetivo principal de cualquier política pública), así como la seguridad y el mantenimiento del quehacer económico. La pandemia y la enorme crisis que ha creado es la mejor prueba de la importancia de priorizar esta inversión social, siendo el centro de la recuperación. 

La necesaria reorientación del sector industrial para orientarlo hacia el bien común 

La recuperación económica tiene que incluir también una gran inversión pública para la recuperación del sector industrial, que debería utilizarse para reformarlo a fin de dar mayor prioridad a la producción orientada al bien común en lugar de estar centrado exclusivamente (como ha sido hasta ahora) en responder a la demanda del consumo individual, determinado por la capacidad adquisitiva de las personas, orientándose así hacia los sectores con mayor capacidad monetaria. Hay que producir respiradores que salven vidas, por ejemplo, en lugar de producir tantos automóviles, y hay que producir mascarillas en lugar de vestidos de lujo. Y hay que enfatizar las energías renovables en lugar de las contaminantes. El New Deal Verde tiene que complementar el New Deal Social. Y para asegurarse de que esta nueva orientación se cumple, el Estado tendría que utilizar la inversión pública, pasando a ser parte de la dirección de algunas empresas, conforme a la cantidad de apoyo financiero que haya aportado. No puede reproducirse lo que ocurrió con la salvación de la banca, que terminó con una enorme pérdida de 60.000 millones de euros públicos, sin haber sido utilizada aquella inversión para una modernización del sector bancario, a fin de que desarrollara una vocación de servicio al bien común, escasamente presente en este sector económico. 

En realidad, una gran diferencia entre las dos alternativas -la trumpiana y la progresista- es que la primera, defensora del statu quo (al coste que fuere), ha percibido al Estado como un servidor de la economía, interviniendo solo cuando tiene que corregir los fallos del mercado. En la alternativa progresista, por el contrario, es la economía la que está al servicio de la sociedad y del bien común, con una activa intervención del Estado para garantizar que sea así. En este sentido, el Estado tiene que intervenir activamente en el proceso de reconversión económica. Un ejemplo, entre muchos otros, es el desarrollo de la digitalización y de la inteligencia artificial, que constantemente es presentada como un riesgo (según algunos) o una oportunidad (según otros) para la desaparición del trabajo humano. Que sea lo uno o lo otro depende del contexto político que dirija tal proceso y los objetivos deseados. El mérito o demérito de las nuevas tecnologías depende, pues, de quién las controla. Dejarlas en las manos del mercado, como proponen los conservadores y liberales (y cuya máxima expresión es el trumpismo), es optimizar el poder y beneficios de las empresas y grupos económicos que las controlan. Pero la experiencia también muestra cómo en países donde el Estado ha tenido un mayor protagonismo (como los países escandinavos) estas nuevas tecnologías han servido para redefinir las condiciones del trabajo y permitir una mayor satisfacción y creatividad del mundo trabajador, facilitando una considerable reducción del tiempo de trabajo (ver "Robots won’t make us redundant", de Lars Klingbeil y Henning Meyer, Social Europe, 14.05.2020). 

¿Cómo se pagará esta reconversión? La necesaria reforma de la política fiscal 

Por extraño que parezca, la respuesta a esta pregunta no es económica sino política. La pregunta debe reformularse para decir: ¿tiene la sociedad española recursos para financiar esta recuperación? Y la respuesta, apoyada por los datos existentes, creíbles y claros, es afirmativa. España tiene los recursos para pagar su New Deal Social (complementado con el New Deal Verde). El excesivo poder e influencia de las fuerzas conservadoras en la vida política y mediática de España explica la infrafinanciación de sus sectores esenciales, incluyendo, por ejemplo, la sanidad y los servicios de salud pública. España es uno de los países de la UE-15 que gasta menos en su Estado del Bienestar. En sanidad, por ejemplo, invierte solo un 6,4% del PIB, cuando la media en la Unión Europea es del 7,1% y en la UE-15 del 7,2%. Si tal gasto fuera el de la UE-15, tendríamos casi 10.000 millones de euros más para la sanidad. 

Las enormes desigualdades de renta y de propiedad que existen en este país, unas de las más altas hoy en el mundo desarrollado, muestran que el problema no es la falta de recursos sino la redistribución de esos recursos, lo cual ocurre por cierto también en la Unión Europea (UE), cuya falta de solidaridad en respuesta a la pandemia está mostrando, una vez más, una carencia de sensibilidad social que podría significar su desaparición como consecuencia de la falta de apoyo popular. La Europa democrática, que fue el sueño y punto de referencia que nos motivó a la resistencia antifascista durante la dictadura, se está convirtiendo en una pesadilla. Que hoy, en medio de la mayor crisis económica que este continente haya experimentado, todavía se insista en la UE en las medidas neoliberales que hicieron tanto daño a las clases populares de este continente es un sinsentido. Hoy están claramente desfasadas, pues hay casi un consenso internacional en que la principal condición para salir de la crisis es precisamente una enorme inversión pública, y debe ser el Estado (desde sus diferentes niveles) el que invierta cantidades nunca vistas antes para esta recuperación. 

De ahí que, además de políticas fiscales redistributivas, el crecimiento de la deuda pública sea necesario y urgente, pues sin ella no hay posibilidad de recuperación económica. Incluso el mayor ideólogo neoliberal, conocido por su insistencia en reducir el déficit público durante la Gran Recesión, el Sr. Kenneth Rogoff, de la Universidad de Harvard, no solo tolera, sino que es favorable a un gran aumento del déficit ("tanto como sea necesario para recuperar la actividad económica"). Y un tanto igual el presidente del Federal Reserve Board, Jerome H. Powell (institución equivalente al Banco Central Europeo y máximo promotor del neoliberalismo en EEUU), que ha pedido al Congreso de EEUU que continúe invirtiendo dinero público hasta que la economía se recupere, sin límite en su déficit. El tema a debate, pues, no es inversión pública sí o no, sino dónde, cuándo y cómo se hace tal inversión, y para el beneficio de quién: o se hace para salvar los intereses particulares del establishment financiero y económico, o para salvar la calidad de vida y el bienestar de la mayoría de la población, poniendo el bien común por encima de todo lo demás. Ahí es donde está el debate. Y de su resolución depende la vida de todos, incluida la del lector de este artículo. 

* Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). 

Ha sido también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 48 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España. 

Es uno de los investigadores españoles más citados en la literatura científica internacional en ciencias sociales 

http://www.vnavarro.org/

Las consecuencias del neoliberalismo en la pandemia actual

Por Vicenç Navarro, Público

En un artículo reciente señalé elementos importantes que habían contribuido a la propagación de la epidemia –ahora pandemia– causada por el coronavirus, elementos a los que no se les había dado la visibilidad que merecían en los principales medios de información y que, de no entenderse y resolverse, crearían las condiciones para la aparición de otras epidemias, una vez esta estuviera resuelta.

Entre estos elementos apuntaba el comportamiento de las grandes empresas farmacéuticas, que sistemáticamente anteponen su objetivo de optimizar sus beneficios a otros fines, como el de prevenir y/o curar enfermedades que, al extenderse, pueden convertirse en pandemias, como ha ocurrido ahora.

La importancia de esta comercialización y la sumisión de los intereses generales a los intereses privados en sectores tan importantes para la salud y calidad de vida de las poblaciones –como lo es la sanidad (incluyendo el sector farmacéutico)– ha sido la característica del período neoliberal, iniciado a partir de los años ochenta en el mundo occidental con la amplia privatización de tales sectores vitales para el bienestar de la población.

Dichas prácticas fueron iniciadas a principios de los años ochenta por el presidente Reagan en EEUU y la primera ministra Thatcher en el Reino Unido, y continuadas más tarde en Europa por los Gobiernos conservadores, liberales y socialdemócratas (que hicieron suyas, estos últimos, tales políticas, como fue el caso de los Gobiernos presididos por Tony Blair en el Reino Unido, Gerard Schröder en Alemania y Zapatero –expandidas considerablemente por Rajoy– en España), convirtiéndose en la ideología hegemónica en las instituciones nacionales e internacionales (como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo y el Parlamento y la Comisión Europeos, entre otros).

Las consecuencias de su aplicación han sido enormes, contribuyendo en gran medida al establecimiento de las bases que permitieron la expansión de la pandemia actual. Veamos los datos.

La contribución del neoliberalismo a la reducción de la capacidad de la sociedad para responder a las epidemias

La expansión del neoliberalismo ha contribuido a que, desde los años ochenta, el mundo haya visto nada menos que cuatro grandes epidemias (ébola, SARS, MERS y ahora el COVID-19), siendo la aplicación de sus políticas (esto es, la desregulación de los mercados y su mundialización, así como las políticas de austeridad social) uno de los factores que más han contribuido a la expansión de tales enfermedades a los dos lados del Atlántico Norte (lo cual explica que adquirieran gran visibilidad mediática, pues ha habido también otras epidemias que, al no afectar a estos países y haberse limitado y contenido en los países subdesarrollados o en otros continentes, apenas han sido noticia).

De entre estas medidas, dos han tenido especial importancia. Una ha sido, como acabo de citar, la desregulación del movimiento de capitales y del mundo del trabajo, creando una gran movilidad de personas y de productos de consumo a nivel global, con un debilitamiento de las políticas de protección del trabajador y del consumidor, así como una amplia desregulación de los mercados de trabajo.

La otra intervención, perjudicial también para el bienestar de las clases populares, ha sido la reducción de servicios fundamentales para garantizar el bienestar de la población como los servicios sanitarios y los de salud pública, así como los servicios del cuarto pilar del bienestar como escuelas de infancia y servicios a las personas dependientes como los ancianos, que son imprescindibles para aminorar el enorme impacto negativo de la epidemia en la calidad de vida de las poblaciones.

Los países del capitalismo más desarrollado que han aplicado con mayor dureza estas políticas neoliberales incluyen los EEUU (y de una manera muy especial, el Gobierno del Partido Republicano presidido por Trump, que domina también la Cámara alta, el Senado), España (durante los Gobiernos Zapatero y, de una manera incluso más acentuada, durante los Gobiernos Rajoy, siendo a nivel autonómico el Gobierno Artur Mas en Catalunya uno de los más duros en sus recortes) e Italia (y muy en particular durante la presencia en el Gobierno de la ultraderecha de la Liga Norte con su líder, Matteo Salvini).

La máxima expresión del neoliberalismo: los EEUU de Trump

Dos son las características que definen hoy a EEUU. Una es el bajísimo nivel de protección social de las clases populares. El nivel de vida de la clase trabajadora se ha reducido enormemente como consecuencia del gran aumento de la precariedad y el pluriempleo en el mercado de trabajo estadounidense.

Según un estudio reciente de la prestigiosa Brookings Institution, publicado en 2019, el 44% de los trabajadores en EEUU (más de 53 millones) son trabajadores con bajos salarios (con una mediana de salarios de algo menos de 18.000 dólares al año), con lo cual el informe concluye que “casi la mitad de los trabajadores obtiene unos salarios que no son suficientes para proveer una seguridad económica”.

Este porcentaje ha crecido muy notablemente durante la época Trump. Un indicador de esta escasa protección social es que la gran mayoría de trabajadores no tienen sick leave, es decir, que si no trabajan por estar enfermos, no reciben ningún salario o ayuda financiera, sea privada (proveída por su empleador) o pública (por la Seguridad Social). Ello implica que los trabajadores suelan resistirse mucho a dejar de trabajar porque ello les supondría interrumpir sus ingresos. Esta es la causa de que muchas personas enfermas, infectadas por el coronavirus, continúen trabajando y contagiando.

Pero la dimensión más dramática de esta escasa protección es que la mayoría de los servicios sanitarios son privados. Casi 30 millones de personas en EEUU no tienen ninguna cobertura sanitaria y otros 27 millones tienen una cobertura muy insuficiente.

Como resultado del escaso desarrollo del sector público, EEUU es uno de los países con un número más bajo de camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes en la OCDE (el grupo de países más desarrollados del mundo capitalista), con lo que tiene un problema gravísimo para poder atender a la población.

La respuesta de Trump a la epidemia

La estrategia del Gobierno del presidente Trump se ha centrado en negar que exista un problema, atribuyendo al Partido Demócrata la creación de una inexistente epidemia que, según él, está basada en la difusión de noticias falsas (fake news, en inglés).

Ha llegado incluso a ordenar a la máxima autoridad federal de salud pública, el Center for Disease Control and Prevention o CDC (cuyo presupuesto el Gobierno de Trump ha reducido en un 18% anual) que prohibiera las pruebas de identificación para mostrar si la persona está o no contagiada de COVID-19 (exceptuando las realizadas por el propio CDC), lo cual ha limitado tal número de pruebas a una cantidad mínima (solo 26 pruebas de COVID-19 por cada millón de habitantes entre el 3 de enero y el 11 de marzo, según datos de la BBC, cuando Corea del Sur había realizado 4 000 pruebas por millón durante el mismo periodo) en un país de más de 300 millones de habitantes.

En realidad, el presidente Trump recortó en 20% los Programas Federales para Urgencias Infecciosas, eliminado a la vez la unidad de pandemias dentro del Consejo de Seguridad Nacional, por lo que esta institución pasó a centrarse únicamente en la seguridad militar, dejando de lado la seguridad en el bienestar. Hizo grandes recortes en la investigación de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), incluyendo investigaciones en los coronavirus (uno de los cuales ha sido el causante de la pandemia actual) que, de haberse completado, hubieran podido haber prevenido tal pandemia.

La enorme alarma popular ha forzado al presidente Trump a reconocer que sí existe una epidemia, hecho del que se ha dado cuenta tras la caída de la bolsa en picado, más que por el sufrimiento popular. Y a fin de estimular la economía, ha pedido reducir los salarios y bajar los impuestos y, muy en especial, las cotizaciones a la Seguridad Social (como parte del intento de Trump en EEUU de eliminar tal programa federal).

Últimamente y, de nuevo, como resultado del gran enfado popular, ha ido tomando decisiones como respuesta a la actividad propositiva del Partido Demócrata y del Congreso de EEUU (hoy con mayoría de tal partido), que están utilizando la falta de respuesta del Gobierno Trump a la epidemia como elemento clave para su derrota en las próximas elecciones. Por fin se está movilizando, utilizando un lenguaje ultranacionalista que llama a la movilización en contra del “virus extranjero” enviado por un país hostil, China.

La experiencia en países con cobertura sanitaria pública

Un gran número de países en el mundo tienen sistemas de cobertura sanitaria universal o casi universal, lo cual permite un mayor control del daño causado por la pandemia. Desde que empezó hace más de dos meses en China, la epidemia ha alcanzado ya a más de 150 países con 175 000 casos de personas infectadas y 6 706 fallecidos.

En un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud de febrero de este año se presentan datos de un gran interés sobre cómo se debería responder a esta pandemia y la relación con las condiciones de los servicios sanitarios y sociales para atender a la población. Y, entre las condiciones que favorecen una respuesta positiva a la pandemia están el nivel de solidez y madurez de tales sistemas sanitarios y sociales, así como la estrategia para atacar la epidemia.

Ello incluye poder detectar a las personas infectadas y atender a los que tienen y desarrollan la enfermedad, asegurándose de que se mantiene la capacidad del sistema sanitario a fin de atender adecuadamente el creciente número de pacientes, a la vez que se garantiza que se tienen los recursos profesionales suficientes para atender a toda la población.

La existencia de cada una de estas características es un indicador del compromiso público y colectivo con la solidaridad ante una amenaza común a la que la sociedad debe hacer frente. Y son unas buenas bases para evaluar la respuesta de los países a la epidemia.

Quiénes lo han hecho mejor

Siguiendo tal criterio, un reciente artículo en The Lancet muestra cómo la exitosa estrategia de contención de Japón, Hong Kong y Singapur (a los cuales debería añadirse Corea del Sur), además de China, se ha sustentado en la existencia de estas prácticas. Ello ha permitido que los servicios públicos, altamente populares, hayan podido controlar la extensión de la epidemia y atender a la población enferma.

Ahora bien, ha habido países a los que les han faltado alguna de estas características, y algunas de estas deficiencias se deben a las políticas neoliberales de austeridad llevadas a cabo por los Gobiernos.

En el artículo “We need strong public health care to contain the global corona pandemic”, escrito por Wim De Ceukelaire y Chiara Bodini, se señala que la privatización de los servicios que ha tenido lugar en muchos países europeos, como en Italia, junto con los recortes del gasto público sanitario, han dificultado la pronta resolución de la pandemia, convirtiéndose el caso italiano en el mejor ejemplo europeo de colapso del sistema sanitario.

Los autores señalan en este aspecto que en “Italia, el país hasta ahora más afectado en Europa, la regionalización de la atención sanitaria –como parte de una política mucho más amplia de desmantelamiento y privatización progresivos del Servicio Nacional de Salud– ha retrasado significativamente la adopción de medidas coherentes para contener la enfermedad y reforzar el sistema sanitario”.

“En la medida en que sus sistemas sanitarios no han sido capaces de coordinar las respuestas colectivas adecuadas, no debe sorprendernos que las medidas tomadas por los Gobiernos europeos se centren en las responsabilidades individuales de la gente. El distanciamiento social se ha transformado en la pieza principal de sus planes de mitigación del COVID-19".

Ahora bien, los autores también señalan que aun cuando estas medidas que acentúan la responsabilidad individual son necesarias, el hecho es que son insuficientes. Hay que añadir las intervenciones colectivas, las cuales deben incluir la provisión de servicios públicos como, además de los servicios sanitarios, los servicios sociales y los de ayuda a las familias englobados en el cuarto pilar del bienestar (escuelas de infancia y servicios a las personas dependientes como los ancianos), así como garantizar los derechos laborales y sociales de la población para resolver los problemas creados por la pandemia en los mercados de trabajo y en las sociedades sometidas a ella.

La epidemia y su respuesta en España

La respuesta en España a la pandemia se ha producido en el contexto de un sistema sanitario prácticamente universal. Pero hay tres puntos débiles enormemente importantes para el tema que tratamos (la respuesta a los daños de la pandemia).

Uno ha sido su enorme subfinanciación, que he denunciado repetidamente en mis libros y artículos (ver Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante, Anagrama, 2015, y “El enorme daño causado por los economistas neoliberales”, Público, 27.12.19).

Los enormes recortes (de los más acentuados en la UE-15) han dejado a este sistema en una situación de escasa capacidad para responder al enorme daño que provocará la expansión inevitable de la enfermedad vírica. En realidad, tal subfinanciación explica la dualidad en los servicios sanitarios, con unos servicios privados (de mayor sensibilidad hacia el usuario, pero peor calidad en su atención) para el 20%-30% de la población de renta superior, y los servicios públicos para la mayoría (el 70-80% de la población).

Los enormes recortes han aumentado el sector privado a costa de reducir el público, acentuando la polarización por clase social que caracteriza a la sanidad española. De nuevo, los recortes en España han sido de los más acentuados en la UE-15. Según datos de Eurostat, el gasto sanitario pasó de representar el 6.8% del PIB en 2009 al 6.4% en 2014 (según el Servei Català de la Salut a partir de datos de la OCDE, en el mismo período y en dólares per cápita, el gasto pasó de 2.197$ a 2.140$, a la vez que en el promedio de la UE-15 se pasó de 3.008$ a 3.389$).

Este bajo y reducido gasto sanitario se traduce en muchos otros indicadores. El número de médicos –según la OMS– ha pasado de 47 por cada 10 000 habitantes en 2009 a 40 en 2016 (un 14% menos). En Suecia pasó de 32 en 2007 a 54 en 2016. Y en cuanto a camas hospitalarias, a partir de datos de la OCDE se pasó de 3.3 camas a 3 por cada 1 000 habitantes, del 2007 al 2016. En Italia pasó de 3.7 a 3.2.

Y otra gran debilidad es el escaso poder que tienen en España las agencias de salud pública, sesgadas a favor de los intereses y lobbies económico-financieros a costa de los intereses de los usuarios, trabajadores y clases populares. Por regla general, los ayuntamientos (el nivel de Gobierno donde se ubican gran parte de los departamentos de salud pública) tienen muy poco poder. Esto se ha visto en las luchas constantes que el ayuntamiento de Barcelona actual ha tenido con lobbies financieros y económicos para proteger la salud y los intereses de las clases populares, con desautorizaciones frecuentes por parte de los niveles superiores de Gobierno o por el sistema judicial, profundamente conservador.

La tercera debilidad es el escasísimo desarrollo de los servicios clave de ayuda a las personas dependientes y las escuelas de infancia, necesarios para la resolución de tal crisis, tal y como he señalado en la sección anterior de EE.UU. En realidad, la escasísima protección que tienen las familias en España y el limitado desarrollo de los servicios de ayuda a estas familias (de nuevo, escuelas de infancia y servicios a las personas dependientes, como las personas mayores), consecuencia, a su vez, del escaso poder de la mujer, están deteriorando todavía más su bienestar (y muy en particular de la mujer de clase trabajadora y otros sectores de las clases populares), pues medidas como los cierres de las escuelas les crean problemas graves, ya que fuerzan a cambios enormes en la compaginación de tareas profesionales con las responsabilidades familiares, que continúan siendo realizadas por las mujeres, dificultando su integración en el mercado de trabajo.

En resumidas cuentas, la pandemia está mostrando las grandes insuficiencias del Estado del Bienestar español y sus servicios, resultado de su escasa financiación (de las más bajas de la UE-15) y su dualización por clase social, creando una polarización social que rompe con la necesaria solidaridad que se requiere para resolver los grandes problemas que la pandemia crea.

El gran dominio que las fuerzas conservadoras (de sensibilidad neoliberal) han tenido y continúan teniendo sobre los aparatos del Estado y sobre el establishment político-mediático del país ha conducido a una situación que muestra los enormes déficits que persisten en España, y que han sido silenciados u ocultados por dicho establishment.

Es necesario que se produzca una amplia movilización en la sociedad para exigir cambios sustanciales y profundos, con una expansión de tales servicios, presionando al nuevo Gobierno de coalición de izquierdas para que aproveche las circunstancias excepcionales para corregir tales déficits, intentando, entre otras medidas, movilizar los fondos y los poderes públicos al servicio de la ciudadanía, a base de una redistribución muy notable de la riqueza del país que contribuya a obtener los fondos requeridos, disminuyendo las desigualdades sociales que han estado deteriorando la calidad democrática del país y el bienestar de la población durante el largo período neoliberal.

La continuación de las políticas neoliberales sería un suicidio para el país, incrementando todavía más el sufrimiento de las clases populares. El espléndido ejemplo de la movilización que ha tenido lugar para dar las gracias a los profesionales y trabajadores sanitarios es un ejemplo de la solidaridad que la población en España puede ofrecer en un momento en el que el bien común tiene que ser el único criterio de evaluación de las políticas del Estado.

Espero que este artículo ayude a entender las consecuencias negativas que ha tenido el pensamiento económico dominante, que ha sido reproducido por los grandes medios de información, y que aparece con plena claridad durante la mayor crisis que la mayoría de países –incluyendo España– han sufrido en estos últimos años. Agradecería que este artículo se distribuyera ampliamente en el país.