Marzo 16, 2017
Foto: Taymaz Valley / Flickr
6. Atención de Salud
A pesar de las dificultades económicas, Cuba mantiene su sistema de salud universal y gratuito y continúa logros que se resumen abajo. Por el contrario, ha mermado el acceso, las instalaciones, el personal y la calidad de los servicios de salud. El envejecimiento incrementa los costos de salud, a medida que la población adulta mayor crece y sufre enfermedades terminales de alto costo. El Cuadro 3 resume los indicadores generales de salud entre 2007 y 2015, y calcula el cambio porcentual entre esos dos años.
Los aspectos positivos son la merma en 19 por ciento de la mortalidad infantil: 4,3 por cada 1,000 nacidos vivos en 2015, la segunda menor en el hemisferio. La reducción en 35 por ciento del número de habitantes por estomatólogo entre 2007-2015. El incremento de la vacunación en siete de once tipos, sólo disminuyó en cuatro. Entre 20 enfermedades contagiosas reportadas entre 2008 y 2015, 15 continuaban erradicadas o habían disminuido sus tasas, mientras que sólo cinco habían crecido (ONEI, 2009, 2015, 2016a). Continúan los descubrimientos en biotecnología.
Por el contrario, la mortalidad materna aumentó 34 por ciento entre 2007 y 2015; el número de hospitales descendió 32 por ciento y el de policlínicos 8 por ciento; todos los hospitales rurales y los puestos rurales y urbanos fueron cerrados en 2011, los pacientes son referidos a hospitales regionales, pero el tiempo y costo del transporte aumenta y los casos de emergencia son más riesgosos. Las camas reales de hospital se redujeron en 10 por ciento. Ha ocurrido un deterioro de la planta física y el equipo, y una reducción de los diagnósticos y las pruebas costosos. Hay una severa escasez de medicinas (7,7 por ciento del cuadro básico; Rodríguez, 2017), insumos para cirugía, y los internados deben proporcionar sábanas, almohadas y otras necesidades (Fuente, 2017). Se ha intentado compensar algunos de estos vacíos con acupuntura, medicina tradicional y herbolaria.
La disminución del personal de salud entre 2008 y 2015 se ve en el Gráfico 8. El personal total de salud cayó en 22 por ciento, los técnicos en 54 por ciento y las enfermeras en 16 por ciento. Por el contrario, el número de médicos aumentó 19 por ciento y sentó un nuevo record en 2015 con 87,982, pero unos 40,000 trabajan en el extranjero por lo que en vez de tener 127 habitantes por médico, en realidad había 234, un nivel similar al de 1993, el año peor de la crisis (ONEI, 2016a). Esto se agrava en las especialidades en que hay mayor proporción trabajando en el extranjero y largas colas de espera en Cuba. Los médicos de familia, un programa muy exitoso creado en la década del 80, mermaron 59 por ciento en el período y ellos juegan un papel crucial porque atienden al primer nivel donde se resuelve la mayor parte de los problemas de salud, por ejemplo, enfermedades respiratorias agudas que crecieron 36 por ciento entre 2006 y 2015. La exportación de profesionales de la salud aporta al país un ingreso de unos 8,000 millones de dólares anuales (la primera fuente de divisas), pero reduce el acceso a los servicios médicos dentro de Cuba.
Fuente: Elaboración propia basado en ONEI, 2009, 2015, 2016a.
7. Educación
Como en el caso de la salud, se mantiene un sistema de educación universal y gratuito. El envejecimiento poblacional y la consiguiente contracción del segmento joven, redujo la matrícula al nivel primario y después al nivel secundario. Pero las caídas fueron más fuertes en la educación pre-universitaria, en el área rural versus la urbana, y entre obreros y campesinos, como se aprecia en el Cuadro 4.
La matrícula total se contrajo 39 por ciento mientras que el personal docente sólo 13 por ciento; al nivel primario las mermas fueron sólo de 19 por ciento y 7 por ciento respectivamente. Estas cifras indican que se mantuvieron escuelas y personal que no eran necesarios en el nivel elemental, en vista de la contracción del segmento joven y a pesar de la escasez de maestros. En la secundaria básica las menguas fueron más tardías, porque afecta al sector de mayor edad que en la primaria, y también menos marcadas: 15 por ciento y 9 por ciento. El descenso fue mucho mayor en el preuniversitario con 32 por ciento y 29 por ciento, debido al desplome en la matrícula universitaria, como se verá después. Los recortes en el área rural han sido más fuertes que en los totales: 25 por ciento y 19 por ciento en la primaria, 66 por ciento y 15 por ciento en la secundaria, y 82 por ciento y 32 por ciento en el preuniversitario.[1] Similares recortes pueden apreciarse en el personal docente rural. Puede ser racional la rebaja de la matrícula y el personal preuniversitario, pero es extraño que también se redujese en 37 por ciento la matrícula técnica y profesional (así como 78 por ciento del personal asignado), mientras que el entrenamiento de obreros calificados saltó tres veces, una medida apropiada. La educación obrero-campesina en tres programas se recortó entre 28 por ciento y 76 por ciento (entre 67 por ciento y 88 por ciento el personal) y desconozco las razones para ello. Las escuelas de trabajadores sociales, creadas durante la “Batalla de Ideas” y que alcanzaron un cénit de 8,356 estudiantes, fueron cerradas en 2009-2010 (ONEI, 2009).
Los cambios más notables han ocurrido en la educación superior (Cuadro 5), porque durante la “Batalla de Ideas” se intentó lograr la cobertura universal a ese nivel y para ello se crearon 3,000 sedes universitarias en tres años. Dos problemas eran conseguir el profesorado cualificado para el incremento al triple de la matrícula y obtener empleo para los graduados. Entre los cursos de 1989/90 y 2007/08, cuando se alcanzó la cúspide, la matrícula total creció 208 por ciento, y en humanidades y ciencias sociales saltó 3,943 por ciento; por el contrario, las carreras esenciales para el desarrollo sufrieron el menor crecimiento o una caída: ciencias técnicas 43 por ciento, ciencias agropecuarias 38 por ciento y ciencias naturales y matemáticas -39 por ciento. Las reformas estructurales redujeron la matrícula total en 78 por ciento entre 2007/08 y 2015/16; los recortes principales fueron en humanidades y ciencias sociales, así como en cultura física (91 por ciento), economía (87 por ciento) y pedagogía (84 por ciento), pero también hubo mengua en ciencias agropecuarias (68 por ciento) y en ciencias técnicas (35 por ciento), mientras que se estancó la matrícula en ciencias naturales y matemáticas. Una comparación de la distribución porcentual de la matrícula en los cursos 2007/08 y 2015/16, muestra cambios positivos: la medicina que era la segunda asciende a la primera (la exportación de médicos rinde pingües ganancias), las ciencias técnicas ascienden del sexto al segundo lugar, mientras que las humanidades y ciencias sociales descienden del primero al cuarto lugar. Pero persisten irracionalidades: las ciencias agropecuarias siguen en la posición séptima mientras que las ciencias naturales y matemáticas continúan en octavo lugar, ambas por debajo de cultura física (sexto lugar). El gasto en el desarrollo científico bajó de 1 por ciento del PIB a comienzos de los años 90 a 0,4 por ciento en 2016 (Rodríguez, 2017).
Debido a la disminución de la matrícula universitaria, los graduados mermaron en 59 por ciento entre los cursos 2011/12 y 2014/15, con las mayores caídas en pedagogía (84 por ciento), ciencias económicas (74 por ciento), humanidades y ciencias sociales (70 por ciento) y ciencias agropecuarias (57 por ciento), esta última importante en vista al pobre desempeño de la agricultura. La participación en programas de postgrado mermó 37 por ciento entre 2009 y 2014, las maestrías y especialidades cayeron 68 por ciento pero los doctorados acrecieron 23 por ciento. La proporción femenina en los graduados descendió de 68 por ciento en 2009/10 a 55 por ciento en 2014/15, aunque continúa siendo superior a la masculina, y se mantuvo en 56 por ciento en programas de post-grado. Los becarios (hospedaje y alimentación) en la educación superior menguaron 32 por ciento entre 2009/10 y 2015/16 (ONEI, 2016a). Por causa de los recortes analizados, el gasto de educación en relación al PIB se contrajo de 14,1 por ciento a 10,2 por ciento entre 2008 y 2015.
Los bajos salarios en la educación estimulan el traspaso al sector no estatal y la emigración; aunque está prohibido a los graduados universitarios trabajar como cuentapropistas en su profesión, pueden hacerlo en las 201 ocupaciones aprobadas. La fuga de cerebros provoca un desperdicio de la cuantiosa inversión para entrenar una fuerza laboral que es de las más cualificadas de la región. Los maestros y profesores universitarios se desempeñan como “repasadores” (tutores) de estudiantes preparándolos para sus exámenes, cobrando CUC por sus servicios, lo que introduce una estratificación por ingreso en el entrenamiento. Al principio se criticó esta práctica por voceros del gobierno, pero terminó incluyéndose en la lista de ocupaciones autorizadas.
8. Vivienda
Un avance social indudable fue otorgar el derecho a rentistas de viviendas privadas expropiadas por la Revolución para que, después de 20 años de pago del alquiler al gobierno, se convirtieran en propietarios, lo cual resultó en 85 por ciento de la población dueña de su vivienda. Por otra parte, la vivienda siempre ha estado a la zaga, comparada con los otros servicios sociales, debido a varias causas: el deterioro provocado por falta de mantenimiento y materiales de construcción por muchos años; la ineficiencia crasa de la agencia pública que estaba a cargo de las reparaciones; múltiples huracanes que destruyeron o dañaron decenas de miles de viviendas; la edificación hecha virtualmente sola por el Estado durante decenios, insuficiente para compensar por lo anterior y el aumento de la población; y las trabas enfrentadas por la población para edificar sus viviendas hasta hace pocos años (Mesa-Lago, 2012a). El déficit habitacional oficial es de 600,000 viviendas, pero mis cálculos lo elevan a un millón. El Gráfico 9 muestra que la edificación de viviendas alcanzó una cúspide en 2006 y posteriormente decreció de forma constante hasta 79 por ciento en 2015 y, en términos de unidades por 1,000 habitantes, mermó de 9,9 a 2,0 en el período; en 2016 el plan de construcción se incumplió en 14 por ciento (Rodríguez, 2017). Entre 2011 y 2015, la proporción de viviendas construidas por el Estado bajó de 72 por ciento a 45 por ciento del total, mientras que las edificadas por la población ascendió de 28 por ciento a 55 por ciento (ONEI, 2009, 2015, 2016a).
Fuente: Elaboración propia basado en ONEI, 2009, 2016a.
Una de las reformas estructurales clave ha sido autorizar la compraventa de viviendas que estaba prohibida desde 1960, así como poseer una segunda vivienda en la playa o el campo; esto ha liberado un capital que estaba congelado por medio siglo y generado un mercado inmobiliario. Además, se permite la compra libre de materiales de construcción (aunque escasos), se otorga micro-crédito estatal para la fabricación o reparación de viviendas, así como subsidios de precios a dueños con escasos recursos, cuyas viviendas fueron dañadas por huracanes. Varios sitios web (entre ellos www.revolico.com) y el “Paquete Semanal” anuncian la oferta y demanda de viviendas. Se fija un impuesto de 4 por ciento por la compraventa pero usualmente se sub-declara su valor para pagar menos impuestos; además, no se ha legalizado la hipoteca sobre la vivienda principal, no existe un banco de la vivienda, y el magro salario estatal es insuficiente para comprar una vivienda (Mesa-Lago, Veiga, González, Vera y Pérez-Liñán, 2017).
9. Pobreza y Asistencia Social
Nunca se han publicado cifras oficiales sobre pobreza. Una encuesta en 2000 indicó que 20 por ciento de la población habanera era pobre y, probablemente, esa cifra era mayor en el resto del país. La población más pobre estaba mayormente integrada por ancianos jubilados, jefas de hogar y madres solteras, afrocubanos, migrantes de las provincias orientales, los que solo tienen escuela primaria o viven en viviendas con seis o más personas, habitantes en barrios marginales y los que no reciben remesas (Espina 2008). La pobreza ha crecido en el último decenio por diversas razones: el salario medio estatal real ha caído notablemente y es insuficiente para cubrir las necesidades básicas; la pensión media no satisface las necesidades alimenticias; el racionamiento se está reduciendo por la extracción de la libreta de bienes a precios subsidiados que se venden después a un precio de mercado dos o tres veces superior; el aumento de precio en las TRD que tienen una ganancia en torno al 200 por ciento (recién ha ocurrido una rebaja modesta); el incremento del precio de los servicios públicos (electricidad, agua, gas, transporte); la eliminación de comidas subsidiadas en cafeterías para trabajadores (ellos reciben una suma insuficiente para comprar un almuerzo); y el deterioro en el acceso y la calidad de los servicios de salud (Mesa-Lago, 2014).
En vista a lo anterior, la asistencia social se debió expandir a fin de proteger a la población vulnerable contra los efectos adversos de las reformas estructurales.
Sin embargo, ocurrió lo opuesto como muestra el Gráfico 10.
Fuente: Elaboración propia basado en ONEI, 2009, 2016a.
Entre 2006 y 2015, el gasto del presupuesto asignado a la asistencia social se contrajo a un sexto, de 2,2 por ciento a 0,4 por ciento, mientras que el número de beneficiarios como proporción de la población decreció a un tercio, de 5,3 por ciento a 1,6 por ciento. Esto, en parte, se explica por un “Lineamiento” aprobado en el VI Congreso del PCC en 2011 que terminó la asistencia social a los beneficiarios con una familia capaz de ayudarles. Detectar y eliminar la asistencia a los que no la necesitan es una política universal pero, en el contexto cubano de expansión de la pobreza y un nivel generalizado de necesidad, dicha política no parece razonable. El Cuadro 6 muestra otros indicadores de recortes en asistencia social. La asistencia a adultos mayores y discapacitados disminuyó en 63 por ciento, a las madres con hijos discapacitados en 50 por ciento, y a los que necesitan atención a domicilio en 68 por ciento.
10. Conclusiones
La evaluación anterior indica un deterioro del bienestar social en Cuba en el último decenio, a lo cual han contribuido: el envejecimiento de la población (la más vieja en la región), las reformas estructurales (que aún no han tenido efectos tangibles) y el deterioro en la economía del país, especialmente en los dos últimos años.
La población económicamente activa (PEA) total y ocupada menguaron en 3 puntos porcentuales en 2011-2015, y la tendencia continuará haciendo más pesada la carga sobre el segmento productivo de la población
El desempleo visible más el oculto equivalen a 28 por ciento de la PEA; subsiste alrededor de un millón de empleados estatales innecesarios porque el sector no-estatal se expandió, pero no lo necesario para darles trabajo.
Aunque el salario medio nominal en el sector estatal ha crecido, ajustado a la inflación en 2015 estaba 62 por ciento por debajo de 1989, y no satisface las necesidades básicas.
La desigualdad en el ingreso se ha ampliado con las reformas estructurales; el ingreso promedio entre cuentapropistas es seis veces el salario medio estatal y la brecha es mucho mayor entre otras ocupaciones.
A pesar de la reforma tributaria de 2012, los impuestos seguían siendo regresivos en 2016.
El alto nivel y costo del gasto social lo hizo insostenible financieramente, por lo cual en 2007-2015 se recortó en 8 puntos porcentuales, tanto respecto al presupuesto estatal como al PIB.
La reforma de pensiones en 2008 logró, a partir de 2013, reducir a corto plazo el costo de las pensiones y el déficit financiado por el Estado, pero dicha tendencia se revertirá en un par de años por el envejecimiento y edades de retiro relativamente bajas.
La pensión media nominal ha crecido pero, ajustada a la inflación, mermó a la mitad en 1989-2015 y no cubre las necesidades básicas alimenticias.
Se mantiene un sistema de salud universal y gratuito, a par que continúan avances en ciertos indicadores de salud, pero ha disminuido el acceso, las instalaciones, el personal y la calidad de los servicios, mientras que el envejecimiento demográfico demanda más servicios costosos para los adultos mayores.
También subsiste un sistema de educación universal y gratuito pero, en parte debido al envejecimiento, la matrícula total se ha reducido en 39 por ciento, mientras que el personal lo ha hecho en 13 por ciento, afectando especialmente a la educación rural y obrero-campesina.
La matrícula en educación superior bajó 78 por ciento en 2007-2015 por la extremada/ineficaz expansión en 1989-2007; las humanidades, ciencias sociales y cultura física exhibieron el salto y la reducción mayores; ha crecido la proporción de matrícula en carreras necesarias al desarrollo pero en términos absolutos en 2015/16 aún estaban por debajo de 2007/08.
Alrededor de 85 por ciento de la población es dueña de su vivienda, las reformas han autorizado la compraventa y el 55 por ciento de la vivienda es fabricada por la población, pero el número de viviendas construidas mermó 79 por ciento en 2006-2015.
Aunque no hay estadísticas, la pobreza ha aumentado en el último decenio, lo cual hace necesaria la expansión de la asistencia social, pero en 2006-2015 esta se contrajo en un sexto respecto al PIB y en un tercio en cuanto al número de beneficiarios.
En conclusión, no es posible reducir más el bienestar y el gasto social, por lo que es imprescindible aumentar la producción y el único camino es acelerar y profundizar las reformas estructurales a fin de obtener los recursos necesarios para implementar políticas sociales apropiadas que enfrenten los retos actuales. De no seguirse ese camino, el deterioro en el bienestar social se agravará.
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Notas:
[1] El gobierno decretó el cierre de las escuelas secundarias y preuniversitarias en el campo.
