Desigualdades en el acceso de los territorios a la educación superior

 Econ. y Desarrollo vol.164 no.2 La Habana Jul.-dic. 2020  Epub 27-Jul-2020

 Mayra Tejuca Martínez^1  * 

¹Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC), Universidad de La Habana, Cuba.

RESUMEN

Fortalecer los municipios como instancia fundamental y reducir las principales desproporciones que hoy existen entre ellos requiere la presencia en cada territorio de personal calificado para hacerle frente a tales retos. A partir del curso 2016-2017 se introdujeron importantes modificaciones en el procedimiento de ingreso a las modalidades curso por encuentros y educación a distancia del nivel universitario. En este trabajo se analiza el impacto de estos cambios en el acceso de los municipios a dicho nivel de enseñanza. Los resultados muestran que las transformaciones introducidas favorecen el ingreso, pero aún existen notables diferencias entre territorios. Se exponen los 15 municipios en peor situación en el acceso a la educación superior en los últimos años y el efecto en ellos de los cambios mencionados. Los resultados obtenidos muestran que las mayores diferencias entre territorios se aprecian en el ingreso a los cursos diurnos.

INTRODUCCIÓN

Fortalecer los municipios como instancia fundamental, con la autonomía necesaria, sustentables, con una sólida base económico-productiva y la reducción progresiva de la desigualdad económica y social entre ellos, forma parte de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución cubana (^{PCC, 2017}). El logro de tales metas, además de tomar en consideración las condiciones productivas, tecnológicas y organizativas de la producción, pasa por asegurar la fuerza de trabajo calificada capaz de asumir el reto en cada municipio. En este ámbito los profesionales universitarios representan una parte importante del personal requerido para tal empeño.

Sin embargo, existen brechas educacionales entre los diferentes territorios del país que es necesario develar si realmente queremos alcanzar los objetivos propuestos. La educación no es solo una premisa para el desarrollo económico, sino que es consustancial con el crecimiento de la sociedad, por lo que un elemento fundamental es lograr la equidad educativa. Desde una mirada humanista la formación profesional debe propiciar el desarrollo de los individuos a partir de la adquisición de nuevos conocimientos y valores éticos y conducir a mayores oportunidades de empleo, mejores salarios, mayor reconocimiento social y en definitiva mayor movilidad ascendente.

Las desigualdades económicas y sociales entre los territorios del país son, al menos en parte, causa y/o consecuencia de desigualdades educacionales que es necesario atender porque son injustas. Es por ello que este trabajo se ha propuesto analizar el acceso de los municipios a la educación superior (ES) en los cursos anteriores y posteriores a 2016-2017, año académico en el que se introdujeron los últimos cambios significativos en el sistema de ingreso a la ES.

Como parte del estudio se analizaron los cursos comprendidos entre 2014-2015 y 2017-2018 y se utilizó la base de datos del Sistema Automatizado Distribuido de Ingreso a la ES (SADIES) como fuente de información. Esta base incluye información sobre los estudiantes que realizaron exámenes de ingreso (EI) para acceder a todos los centros del sistema de ES del país. Para el análisis del curso 2016-2017 se utilizó esencialmente el Sistema de Gestión de la Nueva Universidad (SIGENU), que se nutre de los datos que aportan los educandos al momento de formalizar su matrícula en las instituciones que se subordinan al Ministerio de Educación Superior (MES). Para este curso la información de los estudiantes que accedieron a instituciones no pertenecientes al MES mediante prueba de ingreso se recuperó a partir de la base de SADIES. De manera que el estudio incluyó aproximadamente el 92 % de los estudiantes de nuevo ingreso al curso escolar 2016-2017. Abarcó todas las modalidades de estudios en los cursos comprendidos entre 2014-2015 y 2016-2017, mientras que en el caso de 2017-2018 solo incluyó a los estudiantes que accedieron al curso diurno (CD) mediante EI.

Para adentrarse en el tema es preciso una breve descripción del sistema de ingreso a la ES y de los cambios acontecidos a partir del curso 2010-2011 en el contexto del proceso de actualización del modelo económico y social cubano, iniciado formalmente a partir de la celebración del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC). A pesar del breve tiempo transcurrido se distinguen claramente dos etapas: la comprendida entre los cursos 2010-2011 y 2015-2016 y la iniciada a partir del curso 2016-2017.

1. LA EDUCACIÓN SUPERIOR ENTRE LOS CURSOS 2010-2011 Y 2015-2016

Después de varios años en los que la ES se centró en la masividad del ingreso al nivel de enseñanza durante el período de la Batalla de Ideas, desde finales de la primera década de los años 2000 las políticas de acceso se orientaron más a asegurar la calidad de los estudiantes que ingresaban a las universidades, así como a lograr una mejor correspondencia con las demandas y el desarrollo del país (^{Echevarría y Tejuca, 2017}).

En el curso 2010-2011 se estableció la obligatoriedad de aprobar los EI de Matemática, Español e Historia para acceder a las tres modalidades de estudio que para la fecha ofrecía la enseñanza universitaria cubana: CD, curso por encuentros (CpE) y educación a distancia (EaD) (^{MES, 2009}). Esta acentuación del carácter meritocrático del acceso se produjo en un momento en el que la matrícula universitaria disminuía como consecuencia de la reducción de todas las alternativas de estudio vigentes y la extinción paulatina de la modalidad continuidad de estudios¹ que se había iniciado en la segunda mitad de la década anterior (^{MES, 2018}).

El alto nivel de exigencia establecido contribuyó a que la matrícula universitaria disminuyera hasta llegar en el curso 2015-2016 a un mínimo de 165 926 estudiantes, con una tasa bruta de escolarización (TBE)² del 16 %, valor este muy cercano al considerado acceso de élites (^{Rama, 2009}). Estudios realizados durante esta etapa evidenciaron cambios en la composición sociodemográfica del estudiantado asociados al sistema altamente selectivo de ingreso, que determinaba que aquellos estudiantes con mejores condiciones de partida, en términos del capital cultural y económico de sus familias, tuvieran más posibilidades de acceso a las aulas universitarias (^{Ávila, 2012}; ^{Pardini, 2018}; ^{Tejuca, Gutiérrez, y García, 2015}; ^{Tejuca et al., 2017}).

Las modalidades que sufrieron el mayor impacto fueron las de CpE y la EaD. En el curso 2015-2016 estas modalidades llegaron a representar el 16,6 % y el 2,8 %, respectivamente, de la matrícula total. Estas proporciones contrastan con las existentes a inicios de siglo. Por ejemplo, en el curso 2001-2002, con una matrícula relativamente similar, los CpE representaban el 32,7 % y la EaD el 9,4 % (^{MES, 2018}).

2. CAMBIOS EN EL SISTEMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A PARTIR DEL CURSO 2016-2017

Para el curso 2016-2017 se introdujeron modificaciones importantes en el procedimiento de ingreso a las modalidades CpE y EaD. Entre ellas se destaca el traslado hacia el primer año de la carrera de la evaluación de los objetivos que usualmente miden los EI, así como la implementación de medidas para facilitar el acceso a carreras pedagógicas (^{MES, 2015}).

Como resultado de estas modificaciones en el curso 2016-2017 las plazas otorgadas aumentaron 2,5 veces con relación al curso 2015-2016, la matrícula universitaria aumentó a 218 643 estudiantes y la TBE alcanzó el 21,1 %. El incremento de la matrícula se debió a los nuevos ingresos en las modalidades CpE y EaD, alternativas que alcanzaron proporciones de 33,5 % y 3,4 %, respectivamente, al tiempo que la matrícula diurna neta no varió significativamente (^{MES, 2018}).

Después del boom de nuevos ingresos de 2016-2017, en el curso recién finalizado 2017-2018, la matrícula total aumentó ligeramente a 224 944 estudiantes y la TBE alcanzó el 21,7 %. Las proporciones de las diferentes modalidades se mantuvieron aproximadamente iguales, 34,5 % el CpE y 3,2 % la EaD, y nuevamente la matrícula diurna mantuvo los niveles de los últimos años.

Un estudio de la composición sociodemográfica del estudiantado que ingresó en el curso 2016-2017 reveló que las modificaciones introducidas en el procedimiento de ingreso a las modalidades CpE y EaD dieron lugar a cambios favorables en términos del color de la piel del alumnado y el nivel educacional de los padres. Se produjo un incremento de la proporción de educandos negros y mestizos, así como de hijos de padres no universitarios. Sin embargo, se produjo una estratificación sociodemográfica del alumnado en tanto se mantuvo la obligatoriedad de aprobar los EI para acceder al CD. En este año académico el 71,7 % de los estudiantes que accedieron al CD fueron blancos y el 47, 5 % hijos de madre universitaria, mientras que en las modalidades CpE y EaD la proporción de estudiantes blancos fue del 60,2 % y 61,3 % y los hijos de madre universitaria representaron el 23,5 % y el 25,1 %, respectivamente (^{Tejuca, 2019}).

3. ACCESO DE LOS MUNICIPIOS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR ANTES Y DESPUÉS DEL CURSO 2016-2017

Otra de las modificaciones introducidas a partir del curso 2016-2017 fue la elaboración por parte de las universidades de las provincias de los planes de plazas para las modalidades CpE y EaD. La oferta de carreras en estas modalidades debe tomar en consideración las necesidades territoriales de profesionales y las capacidades para asumir los nuevos ingresos con que cuentan tanto las sedes centrales como los centros municipales y las filiales universitarias adscriptos a ellas (^{MES, 2015}).

En correspondencia, las plazas otorgadas en los cursos 2016-2017 y 2017-2018 parecen reflejar mejor la diversidad de necesidades y capacidades de las provincias. La Figura 1 muestra las otorgadas entre los cursos 2015-2016 y 2017-2018. En los dos últimos cursos todas las provincias incrementaron las plazas otorgadas, pero lo hicieron en proporciones diferentes. Con relación a 2015-2016, la provincia de Guantánamo fue la que más incrementó el indicador en ambos cursos (4,1 veces en 2016-2017 y 2,3 veces en 2017-2018).

Figura 1. Plazas otorgadas por provincias entre los cursos 2015-2016 y 2017-2018. 

En el curso 2016-2017 las provincias de Villa Clara y La Habana fueron las que menos incrementaron las plazas con aumentos de 1,5 y 1,7 veces, respectivamente; mientras que en 2017-2018 La Habana fue la provincia que menos creció (1,4 veces), seguida de Villa Clara y Pinar del Río, ambas con incrementos de 1,5 veces.

En cualquier caso, si se pretende estudiar el acceso de los municipios a la ES, hay que tomar en consideración que para ingresar a este nivel de enseñanza los estudiantes de cada provincia compiten entre ellos en el proceso de otorgamiento de las plazas. Es por ello que para este estudio se calculó el índice de acceso poblacional municipal (IAPM)³ (^{Tejuca, Gutiérrez y García, 2015}).

El IAPM expresa, en términos porcentuales, cuánto se aleja por exceso o por defecto el acceso de un municipio con relación a su población en el contexto de la provincia. El indicador toma valores positivos cuando la proporción que accede es superior a la proporción poblacional y en caso contrario adopta valores negativos. Por su parte, el valor absoluto del índice indica cuán grande es la diferencia en términos porcentuales. El índice será igual a cero en el caso ideal en que coincida exactamente la proporción de jóvenes que accedió con la proporción de jóvenes entre 18 y 24 años del municipio. Una distribución aceptable de los IAPM sería aquella centrada alrededor del 0 y con poca dispersión de los valores.

Para ilustrar el impacto de las medidas adoptadas en el curso 2016-2017 la Figura 2 muestra los IAPM de los municipios que componen cada provincia y del municipio especial Isla de la Juventud en los cursos 2015-2016 (panel A) y 2016-2017 (panel B).

Figura 2. Índice de acceso poblacional municipal (IAPM) de los municipios que componen cada provincia y del municipio especial Isla de la Juventud en los cursos 2015-2016 (panel A) y 2016-2017 (panel B). 

Cada línea de la figura representa la provincia que se nombra en el extremo izquierdo por sus siglas. Sobre la línea aparecen representados con círculos grises los índices de los municipios y en negro los correspondientes a los municipios cabeceras de provincias. En el caso de La Habana se representan con círculos negros los municipios Plaza de la Revolución y Playa.

En ambos cursos se observa que varias provincias lograron un acceso bastante parejo de sus municipios. En 2015-2016 se destaca la provincia de Villa Clara con todos sus municipios con valores de IAPM en el rango entre -20 % y 18 % y un índice en Santa Clara, su municipio cabecera, igual al 5,3 %. En el curso 2016-2017 sobresale la provincia de Cienfuegos con todos los IAPM entre -17 % y 16 % y con un índice en el municipio cabecera igual al 0 %.

En el curso 2016-2017 los valores, de manera general, están más centrados alrededor del 0 % del indicador y la proporción de municipios con IAPM mayor que 0 es superior a la observada en el curso 2015-2016. En cualquier caso, en ambos cursos más de la mitad de los municipios presentaron IAPM negativos y entre aquellos con valores positivos del indicador se encontraron la mayoría de los municipios cabeceras.

A partir de este análisis se evaluó el acceso de los municipios en los cursos comprendidos entre 2014-2015 y 2017-2018⁴ mediante los indicadores porcentaje de municipios con IAPM mayor o igual que el 0 % y porcentaje de municipios con IAPM en el rango entre -20 % y 20 %. Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. Indicadores del acceso de los municipios a la ES en los cursos comprendidos entre 2014-2015 y 2017-2018⁵  

Los resultados obtenidos para los cursos 2014-2015 y 2015-2016 son muy similares entre sí e indican mayor desigualdad en el acceso de los municipios a la ES en esos años académicos que en 2016-2017. En los dos primeros cursos el porcentaje de municipios con IAPM mayor o igual que 0 no excedió el 40 %, mientras que en el curso 2016-2017 este indicador alcanzó el 44,6 %. En este propio año el 67,3 % de los municipios se ubicaron por su IAPM entre -20 % y 20 %, mientras que en 2014-2015 y 2015-2016 se encontraron en ese rango el 56,4 % y 58,3 % de los territorios, respectivamente.

La existencia de valores negativos y positivos de este indicador no señala directamente desigualdad en el acceso. Es difícil que la proporción que representa un municipio en el acceso de la provincia se corresponda exactamente con la proporción que representa su población en la provincia (caso en el que el indicador tendría un valor ideal igual a 0). Lo que sí es indicativo de desigualdad es el desbalance en el acceso de los municipios de una provincia, la existencia de índices (tanto negativos como positivos) que disten notablemente de los alcanzados por el resto de los territorios y que los indicadores extremos recaigan sobre los mismos municipios, y es que el sobreacceso de unos se produce siempre a expensas del subacceso de otros.

En el curso 2014-2015 sobresalieron por sus IAPM fuertemente positivos los municipios habaneros Plaza de la Revolución y Playa con valores de 76 % y 75 %, respectivamente (resultados no mostrados). En el curso 2015-2016 estos territorios volvieron a distar notablemente del resto con IAPM de 84 % y 77 %, respectivamente (Figura 2, panel A).

Un panorama en alguna medida diferente se apreció en el curso 2016-2017. En este año académico el municipio Plaza de la Revolución retuvo el IAPM más alto con un 78 %, seguido en esa ocasión por Caimanera y Moa con 73 % y 61 %, respectivamente (Figura 2, panel B). Por su parte, Playa pasó al sexto lugar con un IAPM del 41 %. No obstante, este índice fue notablemente superior al alcanzado por el resto de los municipios de la provincia La Habana, exceptuando a Plaza de la Revolución.

Por otro lado, en el curso 2014-2015 sobresale Jimaguayú por su valor de IAPM altamente negativo, con -86 %, seguido por Najasa y Abreus, ambos con -66 % (resultados no mostrados), mientras que en 2015-2016 Jimaguayú y Najasa alcanzaron entre ambos los valores más bajos, -76 % (Figura 2, panel A). En contraste, en el curso 2016-2017 el municipio con el menor IAPM fue nuevamente Najasa con el -53 %. El 86 % de los municipios con IAPM menores que -20 % en los cursos anteriores aumentaron el acceso a la ES y el 71 % de aquellos con valores superiores al 20 % disminuyeron el indicador (Figura 2, panel B).

Atención especial merecen los municipios con IAPM reiteradamente negativos, no solo porque indica una menor oportunidad para los jóvenes que en ellos habitan de alcanzar en el futuro mejores empleos, mayor remuneración y superior reconocimiento social, sino también porque para el protagonismo que deberán tener los municipios en el futuro proyectado se requiere contar con el personal calificado capaz de hacer realidad esta expectativa. Para ilustrar esta situación en la Tabla 2 se presentan los 15 municipios que promediaron entre los cursos 2014-2015 y 2015-2016 IAPM inferiores a -40 % en orden creciente de esas medias y los valores que alcanzaron en el indicador en los años académicos comprendidos entre 2014-2015 y 2016-2017.

Tabla 2. IAPM alcanzados entre los cursos 2014-2015 y 2016-2017 por los 15 municipios con peor acceso a la ES 

La mayor parte de los municipios mostrados en la Tabla 2 aumentaron el acceso a la ES en el curso 2016-2017. Se destaca Jimaguayú que, de ser el municipio con el índice más negativo en los cursos precedentes, pasó al 11 % de IAPM en 2016-2017. Abreus, Sierra de Cubitas, Guamá y Frank País también mejoraron significativamente el indicador hasta alcanzar índices positivos. Por su parte, El Salvador, Los Arabos, Manuel Tames, Cacocum y Rodas mejoraron notablemente el acceso con IAPM superiores a -20 % en casi todos los casos. El municipio de Najasa mejoró el acceso con relación a los cursos anteriores, aunque todavía mantiene un valor del IAPM inferior a -40 %. Solo los municipios Limonar, Cauto Cristo, Martí y San Miguel del Padrón no mostraron variaciones importantes del indicador.

A partir de estos resultados se puede asegurar que, de manera general, las modificaciones introducidas en el sistema de ingreso han favorecido el acceso de los municipios a la ES. Este hallazgo resulta congruente con los cambios observados, también de forma general, en la composición del estudiantado que ingresó a la ES en el curso 2016-2017, en términos de color de la piel y nivel educacional de los padres (^{Tejuca, 2019}).

Un aspecto que valdría la pena analizar, para estimar con mayor certeza el impacto que tendrán las mencionadas modificaciones en el desarrollo de los territorios, es el comportamiento de la promoción de la modalidad CpE. Esta alternativa de estudios fue la que más aumentó los nuevos ingresos en el curso analizado, esto sin desconocer que desde su creación la variante semipresencial de estudios ha aportado un número importante de graduados universitarios al país, el 38 % (^{MES, 2018}). Sin embargo, suele ser una alternativa más dilatada que el CD en un momento en el que la necesidad de graduados en determinadas carreras es apremiante.

A falta de datos oficiales, la comparación de la matrícula del primer año del CpE del curso 2016-2017 con la del segundo año del 2017-2018 pudiera tomarse como un indicador aproximado de la promoción de la cohorte que ingresó a esta modalidad en el curso 2016-2017. La estimación de tal indicador arrojó una promoción del 56 %. Este valor contrasta con la eficiencia del primer año del CD del MES, que en los últimos cursos se ha estabilizado alrededor del 76 % y que en 2016-2017 alcanzó el 76,2 %.

Por otro lado, las modalidades semipresencial y no presencial no ofertan todas las carreras que ofrece el CD. Tal es el caso de la mayor parte de las carreras de la rama de las ciencias naturales y matemática y una buena parte de las pertenecientes a las ciencias sociales y humanísticas, de modo que los territorios, a pesar de haber mejorado el acceso a la ES, pudieran no cubrir sus necesidades actuales y potenciales en un grupo de carreras.

Como se ha planteado, las modificaciones introducidas en el sistema de ingreso no afectan significativamente el acceso al CD, alternativa de estudios a la que acceden fundamentalmente los educandos procedentes de los institutos preuniversitarios.

Una mirada al acceso de los municipios a la modalidad CD en 2016-2017 revela resultados muy similares a los obtenidos en los dos cursos precedentes (2014-2015 y 2015-2016) y diferentes a los encontrados en el propio curso cuando en el análisis se toman en consideración todas las alternativas de estudio (Tabla 1). En el CD el porcentaje de municipios con IAPM mayor que cero fue del 33,9 % y el de aquellos con IAPM entre -20 % y 20 % del 58,3 %. Los municipios Plaza de la Revolución y Playa alcanzaron los IAPM más altos y Jimaguayú y Najasa obtuvieron los más bajos, con 86 %, 51 %, -72 % y -64 %, respectivamente. Con excepción de Sierra de Cubitas, Cacocum y Frank País, el resto de los municipios con IAPM fuertemente negativos en los cursos 2014-2015 y 2015-2016 volvieron a mostrar valores similares a los de los cursos precedentes (Tabla 2).

Para el curso 2017-2018 fue posible analizar el acceso de los estudiantes que realizaron EI para ingresar en la modalidad diurna. En este caso, si bien aumentó al 42,9 % la proporción de municipios con IAPM superior a 0, el porcentaje de municipios con IAPM en el rango entre -20 % y 20 % se redujo al 54,2 % y los municipios Plaza de la Revolución y Najasa volvieron a ocupar las posiciones extremas del IAPM.

La similitud del acceso de los municipios en los cursos 2014-2015 y 2015-2016 y la modalidad diurna en los años académicos 2016-2017 y 2017-2018 no es sorprendente. Se basaron en el sistema meritocrático de ingreso a la ES puesto en práctica a partir del curso 2010-2011. Como consecuencia, en los cuatro casos se aprecia mayor desigualdad en el acceso de los municipios que en el curso 2016-2017 cuando se analizaron en conjunto todas las modalidades de estudio.

El problema antes planteado pudiera parecer resuelto con la ampliación del acceso a los CpE y a la EaD, así como con la introducción este curso de la educación superior de ciclo corto.⁶ Estas modificaciones han dado lugar al incremento de la TBE;⁷ sin embargo, estas alternativas de estudio no incluyen todas las carreras que ofrece el CD. Desde un punto de vista pragmático, es posible que en un futuro próximo los municipios no dispongan de todo el espectro de especialidades que se requieren para el desarrollo proyectado. Desde una visión humanista tener la oportunidad real de estudiar cualquier carrera universitaria, independientemente del color de la piel, origen social o lugar de residencia, debe ser una realidad para todos los cubanos. El sistema altamente meritocrático de acceso a la ES, todavía vigente para los estudiantes procedentes de los preuniversitarios, no toma en consideración los diferentes puntos de partida del alumnado, por lo tanto, se erige en vía de expresión y reproducción de desigualdades.

La ES no puede verse solo con un criterio utilitario, como formadora de los profesionales necesarios para garantizar el progreso económico del país. Es también éticamente importante como vía de acceso al desarrollo pleno de las potencialidades humanas y para alimentar la espiritualidad de las personas y, con ello, el crecimiento de la sociedad.

Los resultados mostrados evidencian diferencias entre los municipios en cuanto al acceso a la ES, que no solo reflejan desigualdades entre territorios, sino que también comprometen el desarrollo proyectado de aquellos en situación de mayor desventaja. Najasa y Jimaguayú, que han sido los menos representados en las aulas universitarias en los últimos años, exhiben también los niveles más bajos de graduados universitarios del país. Según los datos del censo de población de 2012, los porcentajes de universitarios en la población de seis años y más en estos territorios fueron de 4,1 % y 5,1 %, respectivamente. Estos datos no solo distan significativamente del indicador a nivel de país (11,2 %), sino que son muy inferiores al 10,2 % de la provincia de Camagüey (^{ONEI, 2013}).

Entre los municipios contenidos en la Tabla 2 también sobresale Guamá con un 6,2 % en este indicador, cifra notoriamente inferior a la alcanzada por la provincia de Santiago de Cuba donde los universitarios representaron el 11,5 %. Además de los anteriormente mencionados, otros municipios recogidos en la Tabla 2 se ubican en el último lugar en sus provincias en cuanto a este indicador. Tal es el caso de Abreus, Cauto Cristo y San Miguel del Padrón. Entre las últimas posiciones de sus provincias se encuentran El Salvador, Limonar, Los Arabos, Martí, Cacocum y Rodas (^{ONEI, 2013}).

CONCLUSIONES

Desafortunadamente, los territorios con dificultades en cuanto al acceso a la ES y/o con bajos porcentajes de universitarios en su población no son únicamente los que aparecen en la Tabla 2. Estos han sido mostrados por estar en la peor situación. El reto es grande, sobre todo si proyectamos el futuro sustentado por el fortalecimiento de los municipios como instancia fundamental, con autonomía, sustentabilidad y una sólida base económico-productiva y la reducción progresiva de la desigualdad económica y social entre los territorios del país.

La solución de la problemática planteada resulta difícil dada su complejidad y requiere, sin lugar a dudas, tomar en consideración las peculiaridades de cada territorio. No obstante, vale la pena observar determinados indicadores. Según el censo de 2012, 5 de los 15 municipios con más bajos indicadores de acceso a la ES forman parte del grupo de 10 territorios donde más del 10 % de sus adolescentes con edades entre 15 y 17 años realizaban como actividad principal quehaceres del hogar. Ellos fueron Jimaguayú, Najasa, Cauto Cristo, Guamá y Abreus con 13,2 %, 12,1 %, 11,6 %, 11,4 % y 11,3 %, respectivamente (^{Íñiguez, Figueroa y Rojas, 2017}).

Por otro lado, la mayoría de los municipios con alta dificultad en el acceso a la ES (12 de 15) se incluyen en el grupo de 68 municipios del país que en el censo de población de 2012 presentaron más de un 5 % de adolescentes con edades entre 15 y 17 años sin nivel de escolaridad o con nivel primario como último nivel vencido. En esta situación se destaca Najasa que ocupa el tercer lugar con el 9,39 % de este indicador (^{Íñiguez, Figueroa y Rojas, 2017}).

La educación es un proceso continuo que se inicia desde los primeros años de vida. Es por ello que para incidir en el acceso al nivel superior de enseñanza hay que atender el asunto de manera sistémica, es decir, comenzar desde la enseñanza primaria y continuar en el nivel secundario, con la convicción de que el sistema educativo debe contribuir a reducir las desigualdades que portan los estudiantes según su origen familiar y social.

Resultados del Departamento de Estructura y Política Social del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas señalaron desde la década de los noventa, momento en el que las desigualdades sociales que hoy se acentúan comenzaron a hacerse evidentes, la importancia de que las direcciones de educación territoriales colocaran esta problemática en el centro de su atención (^{Domínguez y Díaz, 1997}). Hoy tal planteamiento conserva total vigencia, cuando estamos apostando a un modelo de desarrollo en el que el municipio será la instancia fundamental, pero para hacerle frente a tal reto es preciso contar en cada territorio con el personal calificado necesario.

El fortalecimiento de los enfoques diferenciados y focalizados hacia aquellos grupos cuyas condiciones familiares y locales dificultan su desarrollo, debe convertirse en objetivo de trabajo de las escuelas en los niveles primario y secundario. Se hace necesario asegurar la preparación de todos los maestros en ejercicio y de aquellos en formación en temas de equidad educativa y atención a la diversidad. No debe olvidarse que las desigualdades han aumentado en los últimos tiempos, que están presentes en todo el territorio nacional, ya sea en los «municipios opacos» como en los «luminosos» (^{Íñiguez, 2013}) y que afectan tanto a alumnos como a profesores.

Aun con el déficit de educadores, que a pesar de los esfuerzos realizados todavía afronta el país, debe asegurarse una adecuada selección y ubicación del personal docente educativo en las zonas con mayores desventajas donde se requiere impulsar el desarrollo.

Un análisis del éxito en el proceso de ingreso⁸ para acceder al curso 2016-2017 de los estudiantes de preuniversitario en los municipios con menos acceso a ES (los mostrados en la Tabla 2), evidencia que en una parte de estos territorios el indicador fue muy inferior al provincial. Sobresalen Jimaguayú, Abreus, Martí, San Miguel del Padrón y Los Arabos, con valores de este indicador de 37,1 %, 39,0 %, 50,9 %, 52,5 % y 52,8 %, respectivamente.⁹

Por otro lado, en algunos de los municipios mostrados en la Tabla 2, el porcentaje de estudiantes que se presentan a EI es bajo con relación al potencial si se tiene en cuenta el total de graduados de preuniversitarios en el año en cuestión. La participación de los graduados de preuniversitario en los EI para acceder al curso 2016-2017, en aquellos municipios para los que se contó con el total de graduados de preuniversitario en el curso 2015-2016 (^{ONEI, 2017}), mostró algunas situaciones críticas. Tal es el caso de los municipios Cacocum, Sierra de Cubitas y Martí donde el indicador exhibió los valores de 61,4 %, 63,2 % y 67,1 %, respectivamente.¹⁰

La incidencia de otros factores en el bajo acceso de algunos municipios a la ES requiere la toma de medidas a nivel territorial. En los municipios Najasa y Jimaguayú, por ejemplo, a pesar de contar en ambos casos con dos secundarias básicas en el territorio, no hay preuniversitarios (^{ONEI, 2017}). Esto probablemente constituye una fuente de desmotivación para seleccionar la enseñanza preuniversitaria como continuidad de estudios al concluir el noveno grado en estos municipios.

Para mejorar el acceso a la ES, al menos de manera inmediata, pudiera no ser suficiente mejorar los aspectos relacionados con los niveles precedentes. Se hace necesaria la implementación de medidas de acción afirmativa que favorezcan a los territorios en desventaja y disminuyan las asimetrías territoriales que hoy caracterizan el acceso de los municipios a la ES. En esta materia pudiera valorarse la conveniencia de añadir a la bolsa de plazas provinciales de la modalidad CD algunas cuotas especiales para los municipios en carreras con un demostrado déficit territorial. De esta manera se favorecería la incorporación de estudiantes de preuniversitario a un mayor y más diverso grupo de carreras de nivel superior promotoras del desarrollo del municipio. Complementariamente se debiera diseñar un grupo de medidas e incentivos que contribuyan al éxito académico de los estudiantes, así como al retorno una vez graduados a los municipios de origen. Hay que tener en cuenta que estas medidas de discriminación positiva no cambian el punto de partida del estudiante ni su interés por mejorar sus condiciones de vida.

Resolver el problema de las asimetrías territoriales en el acceso a la ES es fundamental para el modelo de desarrollo que pretendemos alcanzar. En este empeño es importante garantizar un número apropiado de las diferentes carreras, que permita la presencia de profesionales de las distintas ramas en los territorios. Ello pudiera ayudar a garantizar el equilibrio y el desarrollo en áreas no necesariamente productivas, pero muy ligadas al crecimiento integral de la sociedad. Es preciso tener claro que para reducir la desigualdad económica y social entre los territorios del país no es suficiente actuar solo sobre lo económico, es preciso avanzar con un enfoque sistémico e integrador de todas las dimensiones del desarrollo, lo que en términos educativos incluye todas las ramas del conocimiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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NOTAS ACLARATORIAS

¹Modalidad nacida en el marco de la Batalla de Ideas como resultado de la municipalización de la enseñanza universitaria.

²La TBE expresa, en por ciento, la relación entre la matrícula total de estudiantes de la ES y la población cubana en el rango de edades de 18 a 24 años.

³Este índice se expresa en por ciento y se calcula a partir de la diferencia entre la proporción que accede del municipio en relación con el total que accede de la provincia y la proporción de jóvenes del municipio con edad entre 18 y 24 años en relación con la población de la provincia del mismo rango etario, dividida dicha diferencia entre esta última proporción. Los datos de la población se obtuvieron a partir de la información publicada por el Centro de Estudios de Población y Desarrollo (^{CEPDE/ONEI, 2018}).

⁴Al momento de realizar este estudio no se disponía de los datos para extender este tipo de procesamiento al curso 2017-2018 en las modalidades CpE y EaD.

⁵Para el cálculo de los IAPM en el CD se tomó como referencia la población de 18 años en el curso correspondiente, por ser los egresados de preuniversitario y otras alternativas equivalentes los que más contribuyeron al ingreso en esta modalidad.

⁶Nivel de enseñanza dirigido a formar técnicos de nivel superior capaces de desarrollar determinados cargos u ocupaciones laborales específicas que requieren una formación intermedia entre el técnico medio y el graduado universitario y cuya oferta responderá a la solicitud de organismos y a la demanda territorial. En el actual curso escolar 2018-2019 se incorporaron a 25 programas de formación de ciclo corto 3 371 estudiantes (^{MES, 2019a}).

⁷En el actual curso escolar 2018-2019 la matrícula de la ES alcanzó los 241 000 estudiantes (^{MES, 2019b}), lo que permite estimar una TBE del 24,6 %.

⁸En este trabajo el éxito en el proceso de ingreso se asocia con la obtención de alguna carrera, independientemente del grado de satisfacción del estudiante.

⁹Los estudiantes de preuniversitario de las provincias a las que pertenecen los municipios mencionados mostraron los siguientes porcentajes de éxito en el proceso de ingreso al curso 2016-2017: Camagüey 73,9 %, Cienfuegos 63,9 %, Matanzas 66,5 %, La Habana 64,5 %, mientras que el valor del indicador a nivel de país fue de 71,6 %.

¹⁰En el proceso de ingreso para el curso escolar 2016-2017 el 79,0 % de los graduados de preuniversitario del país se presentaron a los EI para acceder a la ES. Específicamente en las provincias a las que pertenecen los municipios mencionados el indicador alcanzó los siguientes valores: Holguín 83,2 %, Camagüey 74,8 %, Matanzas 74,1 %.

“Tarea Ordenamiento” y “unificación”: ¿es lo mismo?

 Por Pedro Monreal, El Estado como tal

Lo que ahora ha comenzado a denominarse “Tarea Ordenamien
to” no parece destinada a cumplir la misma función de lo que hasta hace poco se denominaba “unificación monetaria y cambiaria”. Esta última era una medida básicamente de reforma económica, mientras que la “Tarea Ordenamiento” es esencialmente un “paquete” de medidas de ajuste económico.

¿Qué es más relevante, la “salida” del CUC o la devaluación del CUP?

Cuando anteriormente se hablaba de “unificación monetaria y cambiaria” se aludía básicamente a una devaluación del peso cubano (CUP) en su tasa oficial de 1 CUP = 1 USD. La retirada del peso convertible (CUC) para retener una moneda nacional única (el CUP) siempre ha sido una medida de menor complejidad y de menor impacto que la devaluación.

En realidad, no tiene sentido hablar en estos momentos de “unificación monetaria” pues la salida de circulación del CUC mantendría la dualidad monetaria del CUP y del USD (en representación de varias divisas).

¿Por qué la devaluación es una medida de reforma económica?

La devaluación se ha concebido como una acción deliberada para modificar el precio relativo más importante de una economía abierta como la cubana y con ello se transformarían sustancialmente los criterios de competitividad que servirían de marco de funcionamiento a los actores económicos. Era una intervención de reforma económica en el sentido “clásico” de eliminar distorsiones “transversales” del sistema económico, como es el caso de la extravagante tasa de cambio oficial de 1:1.

En ese sentido, hay una cuestión que debe ser entendida claramente: aunque por sus efectos una devaluación puede influir en el equilibrio macroeconómico (por ejemplo, mejorando la balanza de pagos o creando presión inflacionaria), la devaluación asociada a la “unificación monetaria y cambiaria” no se propuso entonces como un mecanismo para hacer ajustes macroeconómicos de corto plazo (corregir un desbalance entre oferta y demanda).

¿Es posible devaluar en medio de un equilibrio macroeconómico “no deseable”?

Durante años se asumió en Cuba que para poder implementar la “unificación monetaria y cambiaria” debería existir previamente una situación manejable de equilibrio macroeconómico. Es decir, que no se intentaría hacer la “unificación monetaria y cambiaria” en un contexto de desequilibrio macroeconómico.

Ese razonamiento es el que parece explicar el “frenazo en seco” de la preparación de la unificación que pareció acelerarse en 2014 y que luego entró en “zona de silencio” en 2015, un año en el que obviamente tuvieron lugar eventos preocupantes desde el punto de vista del equilibrio macroeconómico.

En el plano externo se produjo un deterioro del saldo de cuenta corriente de 54% entre 2015 y 2014, y en el plano interno el saldo fiscal negativo pasó de 2,2% a ser el 5,8% del Producto Interno Bruto (PIB). No recuerdo una explicación oficial de causa y efecto en ese sentido, pero es la típica situación que genera explicaciones del tipo de “dejar esto para cuando existan las condiciones adecuadas”.

¿Cómo se pasó (quizás) de la “unificación” a la “Tarea Ordenamiento”?

La evidencia fragmentada indica que a finales de 2019 comenzó a reactivarse un proceso de preparación de la “unificación monetaria y cambiaria” que fue detenido temporalmente por la crisis de COVID-19 y que se reactivó de nuevo con el anuncio de las medidas del pasado mes de julio, cuando se identificó como “la tarea de unificación monetaria y cambiaria”. Se presentaba todavía como una medida neta de reforma económica porque se vinculaba con la eliminación de “trabas” para liberar fuerzas productivas, pero no se informó mucho sobre el tema en aquel momento.

Ahora emerge de nuevo la medida, pero transformada  en “Tarea Ordenamiento” y el cambio de denominación pudiera estar asociado a que no se limitaría a ser una “unificación monetaria y cambiaria” sino que consistiría en un paquete más amplio mediante el cual se suprimirán parcialmente subsidios y se aumentarían precios, salarios y pensiones.. Se menciona un ajuste de precios relacionado con la devaluación, pero debe precisarse que el ajuste mencionado sería un incremento de los precios en CUP de los productos importados.

Desempacando el paquete

Todos y cada uno de los componentes del “paquete” -devaluación, precios, subsidios, salarios y pensiones- inciden en balances (o desbalances) macroeconómicos y pueden ser gestionados para anular mutuamente posibles impactos individuales de manera que a nivel general pudiera establecerse un equilibrio.

Es un “paquete” que no se implementaría sobre una situación de equilibrio “deseable” pues se reconoce que hoy existe una situación precaria de las cuentas externas del país y que hay inflación reprimida. Por cierto, creo que es la primera vez que se menciona oficialmente ese concepto.

¿Por qué se hace el paquete?

El “paquete” se aplicaría para buscar un nuevo estado de equilibrio que pudiera enmendar el desajuste que introduciría la variable “devaluación”, que es -en sí misma- una medida de reforma económica.  

La tradicional espera de “condiciones adecuadas” (equilibrio deseable) habría dejado de ser una restricción de la devaluación, y se habría pasado a una devaluación que estaría acompañada de medidas acompañantes para intentar alcanzar un nuevo punto de equilibrio.

Parece haber terminado “la espera”. Al ser “empaquetada”, la “unificación” vendría acompañada ahora de su propio proceso de ajuste.  

¿En qué consistiría el ejercicio fino de sintonía macroeconómica que sugiere el “paquete”?

La devaluación tiende a incrementar precios, lo que, en ausencia de otras medidas, representaría un ajuste con afectación en el poder de compra de los ciudadanos pues reduciría la demanda efectiva.

Sin embargo, si se le acompaña de incrementos de salarios y pensiones (aumento de demanda) y de reducción de subsidios (reducción de demanda), pudiera intentarse alcanzar un equilibrio como resultado de las interacciones de esas variables.

Sería un ejercicio muy fino de sintonía macroeconómica, quizás demasiado fino para la realidad de la economía cubana.

Un problema de secuencia

En principio, intentaría hacerse el ajuste con un incremento de precios -por una vez- que luego no fuese inflacionario y es en este punto donde el análisis se pone interesante.

La reforma de una economía centralmente planificada siempre ha incluido dos componentes claves: una reforma de precios y una reforma empresarial.

Usualmente se ha preferido hacerlo en forma de reforma integral, pero el detalle está en la secuencia: ¿qué debería hacerse primero?

La evidencia histórica indica que no hay una respuesta única. Es algo que se resolvió de distintas maneras en diferentes países, y de manera desigual en un mismo país, en diferentes momentos.

¿Incluye realmente la “Tarea Ordenamiento” una reforma de precios?

El nivel incrementado de precios resultante de la “Tarea Ordenamiento” no sería en rigor una reforma de precios, aunque quizás se le denomine oficialmente de esa manera. En el marco de una economía centralmente planificada, una reforma de precios es otra cosa. Es el reemplazo (total o parcial) de un modelo de determinación administrativa de los precios por una formación de precios basada -aunque no únicamente- en el mercado.

Una reforma de precios de ese tipo no parece formar parte de la estrategia anunciada en el mes de julio y su ausencia pudiera indicar que la estrategia no incluye una reforma integral que permita abordar una de las “trabas” del modelo cubano: la formación administrativa de los precios (centralizada o menos centralizada).

¿Se evita la inflación con precios administrativos?

Cuando intenta proyectarse el posible efecto de la “Tarea Ordenamiento” con posterioridad al ajuste inicial (asumiendo que se fuera exitoso en ese momento inicial) habría que considerar las dinámicas de la oferta y de demanda a largo plazo.

Es problemático asumir que por el hecho de que los precios no cumplan una función de regulación activa de oferta y demanda, se evitaría una situación inflacionaria. Esta pudiera seguir ocurriendo, como hasta ahora, mediante una combinación de incrementos “abiertos” de precios y de inflación reprimida (escasez, colas, mercado negro).

Mientras que los incrementos de precios iniciales y de eliminación de subsidios de la “Tarea Ordenamiento” serían un evento de corto plazo que se producirían por una vez, los incrementos de salarios y pensiones se mantendrían en el largo plazo, lo que lleva a tener que considerar la tendencia de la oferta. Es decir, si no se garantiza una respuesta de oferta adecuada, habría desequilibrio respecto a la demanda y el riesgo de tendencias inflacionarias.

¿Por qué pudiera no existir capacidad para generar una respuesta de oferta adecuada?

Existirían muchas razones y este es un interesante tema para la Microeconomía y la Economía Política. Me limito a señalar tres factores relacionados con los puntos abordados anteriormente: ausencia de reforma sustantiva de la empresa estatal, subutilización del potencial del sector privado y cooperativo, y ausencia de reforma de precios.

Un punto importante: las reformas de empresas estatales en economías centralmente planificadas usualmente generaron desempleo. Debería existir, por tanto, una capacidad de absorción de empleo neto en el sector privado y cooperativo. Si no existe ese tipo de creación de empleo, se afectaría la capacidad de respuesta de oferta.

Una nota final sobre la necesidad de una reforma integrada con secuencias explícitamente explicadas

Más allá de la abundancia de términos que históricamente se ha utilizado para tratar de darle un toque de corrección ideológica a algunos componentes de las reformas de las economías centralmente planificadas, el núcleo duro de esas reformas siempre ha incluido la reforma de precios.

Los precios son probablemente el más “transversal” de los factores de un sistema económico. Pueden ser también el factor social más desestabilizante y en ocasiones el factor políticamente más explosivo.

Si algo debiera ser articulado con claridad en un programa de reforma económica es la manera en que se forman y funcionan los precios en cada etapa de la reforma. También es importante considerar que, en determinadas condiciones, una reforma empresarial pudiera ir primero en la secuencia porque tendría la capacidad para corregir las distorsiones de precios.

No existen fórmulas universales pues el precio es una variable muy dependiente del contexto. La secuencia respecto a lo que se hace, o se deja de hacer, con los precios puede representar la diferencia entre el éxito o el fracaso de esta.  

https://elestadocomotal.com/2020/10/09/tarea-ordenamiento-y-unificacion-es-lo-mismo/

Favorecerán nuevas máquinas de riego producción agrícola en Cuba (+Fotos)

 

DAIMARA PÉREZ SUÁREZ | FOTO: ARMANDO ERNESTO CONTRERAS TAMAYO 

09 OCTUBRE 2020

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Bayamo, 9 oct (ACN) Un total de 40 nuevas máquinas de riego eléctricas de pivote central favorecerán, a partir de este mes, la urgente tarea de incrementar las producciones agrícolas en Cuba, aseguró Luis Alberto Suárez Reyna, director de la Unidad Empresarial de Base Fábrica Mecánica Bayamo (EMBA).

Precisó que en los almacenes de la entidad -única de su tipo en el país destinada a la fabricación de esa tecnología- los equipos están listos para la puesta en marcha en unidades productivas del Ministerio de la Agricultura (MINAG) y la Unión Agropecuaria Militar de las provincias de Camagüey, Holguín, Pinar del Río y Artemisa.

Especialmente asignadas a un proyecto de desarrollo citrícola del MINAG, se encuentran en fase de terminación tres maquinarias para los territorios de Granma, Pinar del Río y el municipio especial Isla de la Juventud, junto a otras 18 comprometidas con el grupo empresarial azucarero Azcuba; todas previstas a entregar al cierre del año, informó.

Los 61 dispositivos tienen capacidad para beneficiar unas tres mil hectáreas de tierra y aumentar así las 459 mil siete que actualmente se encuentran bajo riego en Cuba, lo cual representa solamente el 17 por ciento (%) del área cultivada, explicó.

En estos momentos el 53 % de las piezas que conforman las máquinas se producen en el país, y para finales del año 2022 esperan elevar ese indicador hasta el 85 por ciento, a partir del encadenamiento con otras 18 empresas cubanas y las universidades de Granma y Villa Clara, detalló Suárez Reyna.

A tono con el imperativo de sustituir importaciones potenciando la máxima participación de la industria nacional y la aplicación de la ciencia y la técnica en los procesos fabriles, la completa implementación de dicho proyecto pretende ahorrar al país más de 30 mil dólares por unidad, de los cuales hoy ya dejan de gastarse unos ocho mil, subrayó.

Además de las máquinas de riego eléctricas de pivote central, que constituyen el producto estrella de la entidad, la EMBA asume la fabricación de molinos a viento y casas de cultivo, así como reparaciones de remolques arroceros, cañeros e implementos agrícolas, remarcó el director de la unidad empresarial granmense.

Añadió que la diversificación de sus encargos se ha enriquecido con nuevos programas de creación y reparación de enrolladores para riego, y la confección de torres de luminarias de acero galvanizado destinadas al alumbrado público de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, en la occidental provincia de Artemisa.

Cuba Granma agricultura cubana máquinas de riego eléctricas

Cuál es la responsabilidad de los intelectuales?

En su nuevo libro, Noam Chomsky reúne dos ensayos distintos: el que escribió en 1967, al calor de la guerra de Vietnam, y el que firmó en 2011, tras el asesinato de Bin Laden. Los dos tratan, como explica en este texto inédito, del papel social que deben tener los expertos

Noam Chomsky, segundo por la derecha, en un acto celebrado en la Universidad de Boston en 1971. CARY WOLINSKY/THE BOSTON GLOBE GETTY

NOAM CHOMSKY

9 OCT 2020 - 00:02 CEST

El concepto de “intelectuales” es bastante curioso. ¿A quiénes podemos considerar como tales?

He aquí una pregunta que fue abordada de un modo muy instructivo en un ensayo clásico que Dwight Macdonald escribió en 1945, titulado La responsabilidad de los intelectuales. Ese texto es una sarcástica e implacable crítica a aquellos pensadores distinguidos que pontificaban sobre la “culpa colectiva” de los refugiados alemanes cuando éstos sobrevivían a duras penas entre las ruinas catastróficas de la guerra. Macdonald comparaba allí el desprecio farisaico que tan distinguidas plumas manifestaban hacia los desdichados supervivientes con la reacción de muchos soldados del ejército vencedor, que, reconocedores de la humanidad de las víctimas, se compadecían del sufrimiento de éstas. Y, sin embargo, los primeros son los intelectuales, no los segundos.

Macdonald concluía su ensayo con unas sencillas palabras: “Qué maravillosa es la capacidad de poder ver lo que se tiene justo delante”.

¿Cuál es, entonces, la responsabilidad de los intelectuales? Quienes entran en esa categoría disfrutan de ese relativo grado de privilegio que tal posición les confiere, lo que les brinda oportunidades superiores a las normales. Las oportunidades conllevan una responsabilidad, la cual, a su vez, implica tener que decidir entre opciones alternativas, algo que, a veces, puede entrañar una gran dificultad.

Así, una posible opción es seguir la senda de la integridad, lleve adonde lleve. Otra es aparcar esas preocupaciones y adoptar pasivamente las convenciones instituidas por las estructuras de autoridad. La tarea, en este segundo caso, se limita a seguir con fidelidad las instrucciones de quienes tienen las riendas del poder, a ser servidores leales y fieles, no como resultado de un juicio reflexivo, sino por una respuesta refleja de conformismo. Ésta es una forma muy sutil de eludir las complejidades morales e intelectuales inherentes a una actitud de cuestionamiento, y de rehuir las potenciales consecuencias dolorosas de esforzarse por que la bóveda del firmamento moral termine curvándose hacia la causa de la justicia.

Estamos familiarizados con esa clase de alternativas. Por eso distinguimos a los comisarios y los apparátchiki de los disidentes que asumen ese desafío y afrontan las consecuencias (unas consecuencias que varían en función de la naturaleza de la sociedad en cuestión). Muchos disidentes alcanzan la fama y un merecido reconocimiento, y el duro trato que reciben o recibieron es debidamente denunciado con fervor e indignación: ahí están Václav Havel, Ai Weiwei, Shirin Ebadi y otras figuras que componen una larga y distinguida lista. También es justo que condenemos a los apologistas de la sociedad mala, aquellos que no pasan de la ocasional crítica tibia a los “errores” de unos gobernantes cuyas intenciones califican global y sistemáticamente de benignas.

Hay otros nombres, sin embargo, que se echan en falta en la lista de los disidentes reconocidos: por ejemplo, los de los seis destacados intelectuales latinoamericanos, sacerdotes jesuitas, que fueron brutalmente asesinados por fuerzas salvadoreñas que acababan de recibir instrucción militar del Ejército estadounidense y actuaron siguiendo órdenes concretas de su Gobierno, satélite de Estados Unidos. De hecho, apenas si se les recuerda. Muy pocos conocen siquiera cómo se llamaban o guardan el menor recuerdo de aquellos sucesos. Las órdenes oficiales de asesinarlos no han llegado aún a aparecer en ninguno de los grandes medios de comunicación en Estados Unidos, y no porque fueran secretas: se publicaron con total visibilidad en los principales rotativos de la prensa española, por ejemplo.

Chomsky, hablando en un mitin en defensa de los insumisos de la guerra de Vietnam, en Nueva York en 1968. U.S. NATIONAL ARCHIVES

No estoy hablando de algo excepcional. Se trata, más bien, de la norma. Aquellos hechos no tienen nada de inextricables. Son de sobra conocidos para los activistas que protestaron contra los horrendos crímenes promovidos por Estados Unidos en América Central, y también para los expertos que han estudiado el tema. En una de las entradas de The Cambridge History of the Cold War, John Coatsworth escribe que, desde 1960 hasta “la caída soviética en 1990, las cifras de presos políticos, de víctimas de torturas y de disidentes políticos no violentos ejecutados en América Latina superaron con mucho a las registradas en la Unión Soviética y sus satélites del este de Europa”.

Sin embargo, ese mismo panorama se dibuja justamente a la inversa según aparece tratado en los medios de comunicación y en las revistas de los intelectuales. Por poner sólo un ejemplo llamativo de los muchos posibles, diré que Edward Herman y yo mismo comparamos la cobertura que The New York Times había realizado del asesinato de un sacerdote polaco –cuyos asesinos fueron prontamente localizados y castigados– con la de los asesinatos de cien mártires religiosos en El Salvador –incluyendo al arzobispo Óscar Romero y a cuatro religiosas estadounidenses–, cuyos perpetradores permanecieron mucho tiempo ocultos a la justicia mientras las autoridades de Estados Unidos negaban los crímenes y las víctimas no recibían de su Gobierno más que el desprecio oficial. La cobertura informativa del caso del sacerdote asesinado en un Estado enemigo fue inmensamente más amplia que la dispensada al centenar de mártires religiosos asesinados en un Estado satélite de Estados Unidos, y también su estilo fue radicalmente diferente, muy en sintonía con las predicciones del llamado “modelo de propaganda” de explicación del funcionamiento de los medios de comunicación. Y ésta sólo es una ilustración entre muchas posibles de lo que ha sido un patrón constante a lo largo de muchos años.

Puede que la mera servidumbre al poder no lo explique todo, desde luego. En ocasiones –muy escasas–, sí llegan a consignarse los hechos, aunque acompañados de un esfuerzo por justificarlos. En el caso de los mártires religiosos, el distinguido periodista estadounidense Nicholas Lemann, corresponsal de nacional de The Atlantic Monthly, revista de línea editorial “liberal” (de centroizquierda), aportó una explicación alternativa en una respuesta pretendidamente sarcástica a nuestro trabajo: “Esa discrepancia puede explicarse diciendo que la prensa tiende a concentrarse sólo en unas pocas cosas en cada momento concreto”, escribió Lemann, y “la prensa estadounidense estaba entonces centrada sobre todo en Polonia”.

La tesis de Lemann es fácil de contrastar examinando el índice de The New York Times, donde se puede ver que la duración de la cobertura informativa dispensada a los dos países fue prácticamente idéntica en ambos casos, e incluso un poco mayor en el de El Salvador. Pero, claro, en un contexto intelectual donde tienen cabida los “hechos alternativos”, detalles como ése poco parecen importar.

En la práctica, el término honorífico “disidente” está reservado a quienes son disidentes en Estados enemigos. A los seis intelectuales latinoamericanos asesinados, al arzobispo y a los otros muchos que, como ellos, protestan contra los crímenes de Estado en países satélites de Estados Unidos y son asesinados, torturados o encarcelados por ello, no se les llama “disidentes” (si es que llegan a ser mencionados siquiera).

Noam Chomsky, impartiendo una clase en la Free School University, iniciativa del colectivo Occupy Boston, en octubre de 2011. MATTHEW J LEE/THE BOSTON GLOBE GETTY

También dentro del propio país hay diferencias terminológicas. Hubo, por ejemplo, intelectuales que protestaron contra la guerra de Vietnam por razones diversas. Por citar un par de destacados ejemplos que ilustran lo limitado que es el espectro de visión de la élite, el periodista Joseph Alsop se quejó en su día de que la intervención estadounidense estaba siendo demasiado contenida, mientras que Arthur Schlesinger replicó que una escalada probablemente no funcionaría y terminaría siendo demasiado costosa para nosotros. No obstante, añadió, “todos rezamos” por que Alsop tenga razón al considerar que la fuerza de Estados Unidos tal vez se imponga, y si lo hace, “puede que entonces todos reconozcamos la prudencia y el sentido de Estado del Gobierno estadounidense” para conseguir la victoria, aun a costa de dejar a aquel “desdichado país destruido y devastado por las bombas, calcinado por el napalm, convertido en un erial por los defoliantes químicos, reducido a ruinas y escombros”, y con un “tejido político e institucional” reducido a cenizas.

Y, sin embargo, a Alsop y a Schlesinger no se los llama “disidentes”. Más bien, se les considera un “halcón” y una “paloma”, respectivamente: dos figuras que marcan los extremos opuestos del espectro de lo que se entiende que es la crítica legítima a las guerras de Estados Unidos.

Por supuesto, también hay voces que caen fuera del espectro por completo, pero a ésas tampoco se las considera “disidentes”. McGeorge Bundy, consejero de Seguridad Nacional de Kennedy y de Johnson, dijo en un artículo para Foreign Affairs, una revista del establishment, que se trataba de “salvajes entre bastidores” que se oponen por principio a las agresiones estadounidenses, más allá de las cuestiones tácticas sobre su viabilidad y su coste.

Bundy escribió esas palabras en 1967, en un momento en que el implacablemente anticomunista historiador militar y especialista en Vietnam Bernard Fall, muy respetado por el Gobierno estadounidense y los círculos de opinión dominantes, temía que “Vietnam como entidad cultural e histórica […] esté corriendo peligro de extinción […] [ahora que] el campo se está muriendo literalmente bajo los impactos de la mayor maquinaria militar jamás desplegada contra un territorio de esa extensión”. Pero sólo los “salvajes entre bastidores” tenían la desfachatez de cuestionar la justicia de la causa estadounidense.

Al término de la guerra en 1975, intelectuales de todo el espectro de opinión dominante dieron sus interpretaciones de lo sucedido. Abarcaban todas las franjas del espectro Alsop-Schlesinger. Desde el extremo de las “palomas”, Anthony Lewis escribió que la intervención comenzó con una serie de “torpes esfuerzos bienintencionados” (“torpes” porque fracasaron, y “bienintencionados” por principio doctrinal, sin necesidad de demostración), pero hacia 1969 ya era obvio que la intervención era un error porque Estados Unidos “no podía imponer una solución sino a un precio demasiado costoso para sí mismo”.

Al mismo tiempo, los sondeos mostraban que en torno a un 70 % de la población no consideraba que la guerra fuera “un error”, sino “intrínsecamente injusta e inmoral”. Pero, claro, como aquellos soldados de 1945 que empatizaban con el sufrimiento de los desdichados refugiados alemanes, los encuestados no son intelectuales.

Los ejemplos son los típicos. La oposición a la guerra alcanzó su pico máximo en 1970, después de la invasión de Camboya orquestada por el dúo Nixon-Kissinger. Justo entonces, el politólogo Charles Kadushin llevó a cabo un extenso estudio de las actitudes de los “intelectuales de la élite”. Y descubrió que, a propósito de Vietnam, éstos adoptaron una postura “pragmática” de crítica a la guerra por considerarla un error que acabó saliendo demasiado caro. Los “salvajes entre bastidores” ni siquiera contaban, perdidos entre el margen de error estadístico.

Las guerras de Washington en Indochina fueron el peor crimen de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. El peor crimen del actual milenio es la invasión británico-estadounidense de Irak, con horrendas consecuencias en toda la región que aún distan mucho de llegar a un final. La élite intelectual también ha estado a su acostumbrada altura en esta ocasión. Barack fue muy elogiado por los intelectuales liberales de centroizquierda por posicionarse con las “palomas”. Según las palabras del presidente, “durante la última década, las tropas estadounidenses han realizado extraordinarios sacrificios para brindar a los iraquíes la oportunidad de reclamar para sí su futuro”, pero “la dura realidad es que todavía no hemos asistido al final del sacrificio americano en Irak”. La guerra fue un “grave error”, una “metedura de pata estratégica” con un coste más que excesivo para nosotros, una valoración que bien podría equipararse a la que muchos generales rusos hicieron en su día sobre la decisión soviética de intervenir en Afganistán.

Se trata de un patrón generalizado. No hace falta citar ningún ejemplo, pues hay sobrados estudios publicados al respecto, aunque éstos no parecen haber tenido el menor efecto en la doctrina de la élite intelectual.

De fronteras para dentro, no hay disidentes, ni tampoco comisarios ni apparátchiki. Sólo salvajes entre bastidores, por un lado, e intelectuales responsables –los considerados como los verdaderos expertos–, por el otro. La responsabilidad de los expertos la ha detallado uno de los más eminentes y distinguidos de todos ellos. Alguien es un “experto”, según Henry Kissinger, cuando “elabora y define” el consenso de su público “a un alto nivel” (entendiéndose como “público” aquellas personas que establecen el marco de referencia dentro del que los expertos ejecutan las tareas a ellos encomendadas).

Las categorías son bastante convencionales y se remontan al uso más temprano del concepto de “intelectual” en su sentido contemporáneo, durante la polémica del caso Dreyfus en Francia. La figura más destacada de los dreyfusards, Émile Zola, fue condenado a un año de cárcel por haber cometido la infamia de pedir justicia para el acusado en falso Alfred Dreyfus, y huyó a Inglaterra para evitar una pena mayor. Fue entonces duramente reprobado por los “inmortales” de la Academia Francesa. Los dreyfusards eran auténticos “salvajes entre bastidores”. Eran culpables de “una de las excentricidades más ridículas de nuestro tiempo”, por decirlo con las palabras del académico Ferdinand Brunetière: “la pretensión de alzar a escritores, científicos, profesores y filólogos a la categoría de superhombres” que se atreven a “tratar de idiotas a nuestros generales, de absurdas a nuestras instituciones sociales, y de insanas a nuestras tradiciones”. Osaban entrometerse en asuntos que debían dejarse a los “expertos”, a “hombres responsables”, “intelectuales tecnocráticos y políticamente pragmáticos”, según reza la terminología contemporánea del discurso liberal de centroizquierda.

Pues bien, ¿cuál es, entonces, la responsabilidad de los intelectuales? Siempre pueden elegir. En los Estados enemigos, pueden optar por ser comisarios o por ser disidentes. En los Estados satélites de la política exterior estadounidense, en el período moderno, esa elección puede tener consecuencias indescriptiblemente trágicas para esas personas. En nuestro propio país, pueden elegir entre ser expertos responsables o ser salvajes entre bastidores.

Pero siempre existe la opción de seguir el buen consejo de Macdonald: “Qué maravillosa es la capacidad de poder ver lo que se tiene justo delante”, y tener simplemente la honradez de contarlo tal como es.