¿Cuáles deben ser las políticas prioritarias para salir de la crisis? Responden los economistas Juan Triana, Omar Everleny y Julio Carranza.
Por Rafael Hernández
Cualquier cubano que haya estado despierto desde 1993-94 sabe que el socialismo ya no fue en lo adelante lo que solía ser.
Después de la implosión de los socialismos en Europa del Este y el desmantelamiento de la Unión Soviética, las cosas en Cuba cambiaron de golpe. La admisión del mercado, del sector privado, la legalización del dólar, la redistribución en usufructo de la mayor parte de las tierras estatales, la apertura a la inversión extranjera, crearon no solo una nueva economía y una nueva relación con el mundo, sino otras mentalidades sobre el socialismo como sistema, incluida su reversibilidad.
Estas políticas inicialmente se justificaban como el enfrentamiento a la crisis denominada “Periodo especial en tiempo de paz”, o al menos así se proyectaron entonces. De manera que, a medida que la crisis se fue aliviando o así pareció (por un tiempo), su continuidad y profundización se hicieron más lentas; y aunque sus consecuencias en el plano ideológico (¿qué socialismo va a ser este?), y sobre todo su impacto en las desigualdades sociales y la pobreza, se fueron extendiendo.
Las políticas que igualaban a las distintas clases y grupos sociales en la Cuba anterior, tales como una estructura salarial muy acotada, canasta básica subsidiada mediante cartilla de racionamiento (la “libreta de abastecimientos”), control de precios, gratuidades y subsidios de todo tipo, se fueron desvaneciendo, formalmente o de facto, a medida que el salario y el ingreso divergían, que el acceso a divisas alteraba la relación establecida entre salarios y capacitación, que los niveles de producción no se recuperaban.
A pesar de la supuesta temporalidad de la crisis, Cuba no volvió nunca al nivel de bienestar y visión de futuro que había existido, sobre todo en la década anterior al Periodo especial.
Más de una década después de aquellas medidas —aprobadas e implementadas bajo la dirección de Fidel—, un documento titulado Lineamientos económicos y sociales fue discutido públicamente en una consulta masiva, y adoptado oficialmente en el VI Congreso del PCC (2011). Cinco años después, apenas el 23 % de sus políticas acordadas se habían cumplido.
En 2018, la consulta sobre una muy amplia reforma constitucional arrojó resultados inesperados. Entre ellos, que los temas más polémicos del nuevo texto no eran precisamente los cambios radicales en la diversificación de la propiedad sobre medios de producción, la extensión del mercado, el acceso del capital privado a sectores como la agricultura y los servicios (incluidos los sectores nacionalizados en 1960).
O sea, que estas transformaciones no suscitaban oposición, a pesar de su alcance fundamental. La nueva Constitución, aprobada por mayoría abrumadora en 2019, ponía la equidad —en vez de la igualdad— por delante y se preocupaba por la concentración del ingreso, pero no la proscribía.
Desde principios de los 90 hasta hoy, cada vez más expertos, dentro y fuera de nuestras instituciones, han venido haciendo propuestas encaminadas a constituir un programa de reformas que rebasara el alcance de un paquete de medidas anticrisis.
Aunque ninguno había propuesto nunca políticas como las que marcaron el desmantelamiento del socialismo en Europa del Este y la Unión Soviética, no pocos de ellos fueron calificados como emisarios del capitalismo.
A pesar de las diferencias introducidas en los documentos emitidos en los últimos 30 años acerca de la naturaleza del socialismo cubano, este recelo hacia cualquier propuesta de reforma se ha mantenido vivo hasta nuestros días.
A raíz de la intervención de Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero, se me ocurrió encuestar a un grupo de economistas y analistas políticos en torno a la pregunta: ¿Cuáles deben ser las políticas prioritarias, coherentes con una estrategia para salir de la crisis y que se hagan cargo de la complejidad del momento?
Según algunos lectores que me lo dijeron por lo claro, las respuestas de mis encuestados resultaban “excesivas” (neoliberales): Cuba ante Estados Unidos: lecciones y antilecciones de la intervención en Venezuela – OnCuba.
Ahora que la Asamblea Nacional (ANPP) acaba de aprobar un programa de transformaciones que rebasa con mucho, por su radicalidad y amplitud, lo que cualquiera de estos expertos propuso nunca, sin embargo, la visión que identifica las reformas con el virus del capitalismo sigue ahí.
Si uno lee, por ejemplo, las narrativas de medios extranjeros, supuestamente bien informados sobre lo que está pasando aquí y ahora, podrá comprobar que identifican las recientes transformaciones con concesiones al capitalismo, que reflejan la quiebra definitiva del socialismo. Exactamente como los fundamentalistas vernáculos. Y como si entre estas transformaciones y el derrumbe del Muro de Berlín no hubiera cambiado nada en Cuba.
En busca de luz sobre la compleja red de interrogantes que se derivan de las 176 medidas debatidas en la ANPP, decidí sometérselas a tres economistas, pioneros, que las anticiparon en escritos y conferencias, y a quienes conozco bien por su manera de pensar, persistencia y compromiso: Juan Triana Cordoví (JTC), Omar Everleny Pérez-Villanueva (OEP) y Julio Carranza (JCV).
Les agradezco a ellos por responder a mis preguntas de cabeza múltiple, y también por contestarme en un tiempo récord.
Rafael Hernández, Juan Triana, Omar Everleny y Julio Carranza.
Según algunos economistas, el eje de las reformas es o debería ser la extensión del sector privado, en todas aquellas actividades donde pudiera desarrollarse con mayor eficiencia que el estatal o el público. ¿Va a ser o debería ser así en la política económica que se avecina? ¿No implicaría, en el mediano plazo, que el sector privado se tragara al público?
JTC: No hay un solo eje en las reformas, sino al menos dos o tres grandes ejes. Uno de ellos, la expansión del sector privado y su papel en la economía. El otro, la reforma de la empresa estatal, aplazada tantas veces.
No creo que el sector privado pueda tragarse al público. Todavía este es muy grande, y hay realmente ahí un negocio poderoso; costaría mucho trabajo al sector privado poder desplazarlo, siendo todavía un sector naciente.
OEP: El sector privado debe jugar un papel esencial en la política económica que se avecina. No porque sea privado, sino porque el problema de Cuba, más que financiero, es de oferta de bienes y servicios. Y el Estado en estos momentos no cuenta con recursos financieros para producir lo que puede desarrollar el sector privado.
No creo que vaya a tragarse al sector público. Cada uno tiene su espacio.
Lo primero que hay que definir como estrategia es cuál será el tamaño de ese sector público. La energía, la producción de acero, todo ese tipo de producciones que necesitan un gran capital solo las puede garantizar el Estado.
Pero en el comercio minorista, la alimentación, los servicios personales, hay un área muy grande que puede cubrir el sector privado.
En el pasado, el sector público, por diferentes motivos, ha sido ineficiente. El Estado le ha quitado recursos que produce la empresa estatal socialista. Y esas reglas tienen que cambiar.
JCV: Una cuestión fundamental del actual planteamiento es darle a todo el sistema empresarial el reconocimiento y las facultades que debe tener para operar, sean estatales, cooperativas, privadas y mixtas, nacionales o extranjeras; todas integradas a los mercados regulados por el Estado, y en el caso de las empresas estatales, bajo una planificación estratégica y financiera, no una burocrática y administrativa como la que ha existido hasta hoy.
Los prejuicios con el sector privado se deben superar y darle el lugar que le corresponde. El sector privado y el cooperativo han de jugar un papel importante e imprescindible; sus intereses deben ser reconocidos y tener representaciones, pero de ninguna manera imponer esos intereses individuales o empresariales, por legítimos que sean y lo son, por encima de los intereses generales y mayoritarios del pueblo y la nación.
Claro que los medios de producción fundamentales, estratégicos, deben continuar bajo propiedad social con protección legal y también deben mantenerse y desarrollarse todas las empresas públicas que sean eficientes.
El sector estatal que salga de aquí ha de ser eficiente y competitivo. Eso no excluye la existencia de determinadas actividades que por definición son deficitarias y, dada su función, han de mantenerse bajo el subsidio del presupuesto del Estado, pero deben ser pocas y plenamente justificadas.
También han de mantenerse bajo régimen estatal y con la asignación de recursos necesarios a sectores fundamentales como la educación y la salud, aun cuando algunas actividades específicas de estos sectores pasen a formas privadas, como de hecho ya sucede con algunos comercios de medicinas y servicios de óptica y dentales, donde la participación ha de ser mixta.
Estas medidas van a acentuar diferencias sociales, pero estas deben estar reguladas y acompañarse de una política fiscal progresiva y rigurosa. Que las diferencias de ingresos sean resultado de la eficiencia y el trabajo y no de la corrupción y actividades espurias, las políticas sociales deben también reforzarse para apoyar a una población fatigada y hoy empobrecida. Se debe mantener el principio de que nadie quede abandonado.
Hay que impedir privatizaciones perversas y sin licitaciones que respondan a intereses de grupos particulares, muchos de ellos provenientes de la antigua burocracia. Ya vimos lo que sucedió en Europa del Este.
Esos peligros están activados, pero la manera de preverlos y controlarlos también debe activarse. Su esencia es la participación y el poder político de la población, mediante una actuación adecuada de las instancias del poder popular y de los órganos de control de la república, las instituciones políticas y sociales, en primer lugar, el Partido. Pero para cumplir adecuadamente ese papel, ellas mismas deben reformarse, el Partido incluido, y por el lado estatal, en lugar primordial, la Contraloría General, cuya función debe incluir a todos los sectores de la economía, sin exclusiones injustificadas.
Las instituciones democráticas del país, en primer lugar el parlamento, deben tener una voz activa y diversa, expresión de lo que ya hoy es y será la sociedad cubana.
Un sector público eficiente, con autonomía real para planear, decidir lo que produce, redistribuir ganancias entre sus trabajadores y hacer que participen en las decisiones, operar en el mercado cambiario, establecer acuerdos con otras empresas, sean públicas o privadas, nacionales o extranjeras, parece un animal muy diferente al actual. ¿Es posible esa metamorfosis? ¿Qué debería ocurrir para que esa transformación tuviera lugar? ¿En qué plazo?
JTC: La transformación de la empresa estatal tiene que ser profunda y grande. No se puede aspirar a que ocurra en un plazo corto. Pero esa metamorfosis, como tú la llamas, puede ocurrir porque, aunque a veces se desconoce, tenemos empresarios muy capaces, que no han dejado desarrollarse como empresarios de verdad.
Esa transformación va a tener lugar no solo por acciones directas hacia la manera en que se gestiona la empresa estatal, sino también por acciones indirectas. Una parte de las políticas que se están discutiendo y se aprobaron hoy obligan a esa metamorfosis: participar en el mercado cambiario, poder tener relaciones mucho más fluidas con empresas extranjeras, exportar e importar libremente; todo eso obliga al cambio de ese sector.
¿Qué más debería ocurrir? Dejar que los empresarios se pongan las pilas o no quitarles las pilas cuando ya las tienen puestas, que es también lo que ha pasado.
Es muy difícil poner un plazo. Ahí hay un proceso de aprendizaje, que exige desvestirse, desaprender, volver a vestirse y volver a aprender. Para ese proceso no me atrevo a poner un plazo, pero no debe ser corto, o sea, no ocurrirá en seis meses. Aunque hay empresas cubanas que empezaron a trabajar con empresas extranjeras y se fueron transformando rápido, siempre es un proceso complicado, pues desaprender y volver a aprender otra vez es relativamente complejo.
OEP: Va a haber diferentes etapas de la reforma. Una etapa en los dos primeros años, que algunos economistas hemos planteado identificar como de estabilización. Después, una etapa de cambios estructurales, entre dos a cinco años, que es donde realmente se hagan cambios más profundos.
En los dos primeros años, hay que concentrarse en tres temas vitales: energía, alimentación e infraestructura. Porque hay problemas críticos para la población cubana, como el del agua, la recogida de los desechos sólidos y otros servicios públicos que hay que recuperar.
Para después definir qué sectores, qué áreas son los que vamos a priorizar.
Yo sigo viendo el turismo como importante. Y la posibilidad de que empiecen a haber agentes turísticos, turoperadores privados, da cierta garantía de que se puede recuperar ese sector. Por ejemplo, si un hotel no tan grande, de 30 o 40 habitaciones, hostales, moteles, se le puede dar en administración a un privado, ¿por qué no dárselo, si ya lo tienen extranjeros?
El gobierno tiene un plan muy concreto y ha sido muy hábil, muy pragmático, en los últimos días, para plantear cosas que en otro momento no hubiera pensado.
Hay que pasar a CADECAs (casas de cambio) privadas, pues de todas maneras se cambia en la calle y ese es un dinero que no accede al Estado. ¿Por qué no poner CADECAs privadas y cobrar un impuesto por operaciones?
Otro paso importante es eliminar el monopolio del comercio exterior, de manera que todas las formas de propiedad puedan importar y exportar directamente. Si alguien lo quiere hacer a través de una empresa estatal con experiencia, que lo haga. Pero que no sea obligatorio. Así como eliminar las agencias empleadoras, que han sido una traba para los inversionistas extranjeros. Y sobre todo, trabajar el problema de la deuda externa. Si no destrabas la deuda, seguirá faltando el financiamiento.
Un sector público eficiente es aquel sector que se concentra en determinadas entidades, que para ser eficientes requieren una ley de empresas que las iguale a todas en las mismas condiciones. De manera que el sector estatal participe en el mercado cambiario, retenga parte de sus utilidades para recuperar la producción y la descapitalización que sufre.
Con las reglas aplicadas hasta ahora, no puede garantizar determinados bienes y servicios. ¡Claro que no! Pues si una empresa estatal tiene utilidades, pero después el Estado las recoge para un “bien común” —como producir determinadas cosas para toda la población—, eso puede justificarse así, pero se afecta la capacidad de la empresa como tal.
En un mediano plazo, habría que darles las mismas posibilidades que ha tenido el sector más dinámico de la economía hasta este momento, y que es el mayor importador de alimentos en Cuba ahora mismo (y las cifras lo avalan). La utilización de las remesas, para decidir dónde comprar y a qué precios, no la tiene el sector público o estatal.
La autonomía tiene que ser real. El camino que se avecina, yo creo que sí va a incluir una mejoría de las condiciones de competencia.
JCV: La situación actual tiene urgencias que hay que atender de manera prioritaria y también la necesidad de una transformación integral y profunda del modelo económico. Planos interdependientes, pero que no deben confundirse.
La respuesta inmediata a las urgencias está determinada por los problemas fundamentales que afectan hoy a la población: energía, alimentación, agua, salud, higiene pública, movilidad, etc. Esa respuesta también supone contar con más recursos externos, de ahí que el problema de la deuda y el acceso a créditos, inversión, etc., sea también una prioridad. En las medidas propuestas están incluidas las formas para responder a esas urgencias.
Lo otro es la transformación integral del modelo económico. Ese es un proceso necesariamente más lento, aunque se debe acelerar lo más posible, que ha de comenzar con el restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos: déficit fiscal, inflación, déficits externos, etc. Ese proceso lleva más tiempo, pues es mucho lo que hay que transformar.
Es preciso definir etapas, áreas de acción, objetivos generales y parciales, indicadores, etc.; y sobre todo tener un horizonte estratégico claro y la capacidad política para corregir las desviaciones que inevitablemente habrán de aparecer. De lo contrario, se podría llegar a un triste destino no deseado y quizás ya sin recuperación posible. Sobre todo esto hemos escrito y propuesto en extenso desde nuestro libro de 1995 y con otros muchos textos posteriores con las actualizaciones correspondientes.
Hoy la política es más importante que nunca, aunque haya quienes piensen lo contrario, no para trabar ni para detener el proceso de reforma, sino para conducirlo por la ruta que debe marchar, respondiendo siempre a los intereses de la nación y no a espurios intereses sectoriales y de grupo, mucho menos a las presiones imperialistas. En eso hay un desafío fundamental. En un reciente artículo utilicé una expresión: que sean las ideas y no los hechos incontrolados las fuerzas conductoras de este proceso.
Uno de los rasgos del nuevo socialismo, tal como se retrata en la nueva Constitución, es la descentralización, en particular, la entrega de poderes a los niveles locales. Aunque seguimos sin una ley que se los haya otorgado al cabo de siete años de esa definición constitucional, ahora se enfatiza la descentralización y el papel estratégico de los municipios. ¿Están preparados los gobiernos locales para esa autonomía? ¿Para ser capaces de administrar sus recursos, gestionar inversiones internas y externas, diseñar políticas fiscales y de empleo, controlar servicios básicos y adaptar las políticas sociales a sus necesidades…? ¿Qué debería ocurrir para que los gobiernos locales asumieran plenamente ese papel? ¿Qué peligros se corren al descentralizar?
JTC: Si están preparados los gobiernos locales para la autonomía que se les concede, creo que no lo están. Es así de escueta mi respuesta.
En cuanto a qué debería ocurrir para que lleguen a estarlo, algo que está ocurriendo es que le están concediendo ya esos espacios, determinados derechos y obligaciones. Lo otro que debe ocurrir es que ellos tendrán que formar personal adecuado para eso.
Si uno revisa hoy a los gobiernos locales, no solo son pobrecitos porque estén en un territorio pobrecito, sino porque el personal que tienen para trabajar probablemente no sea el más adecuado, aunque, por cierto, sí pueda ser el más entregado.
Peligros que se corren al descentralizar, hay muchos, desde una interpretación errónea de las políticas nacionales hasta aquellos que están asociados a hechos de corrupción, sin lugar a dudas.
No me atrevo a enumerarlos todos porque a cada rato sale uno nuevo. Pero disponer de esa capacidad para interpretar las políticas nacionales y adecuarlas a sus necesidades, y para generar políticas propias, tiene como un componente la toma de riesgo y la posibilidad, sin dudas, de equivocarse.
Yo prefiero correr ese peligro en vez de quedarme sin hacer nada.
OEP: Una de las deficiencias que afectan a los niveles locales, y también a los centrales, es la falta de preparación de los cuadros. A veces se pone a ocupar un cargo a una persona que no está preparada o que no es el profesional que se necesita. Y para lo que se avecina, los gobiernos locales deberían tener una mayor preparación, y que se les dieran las prerrogativas de las que carecen, y se anuncian, pero en la práctica no se les otorgan. De la mano de la autonomía local deben ir la preparación y los estímulos necesarios para que los dirigentes sean capaces de administrar recursos a ese nivel.
Si se paga un salario bajo, no estimulante, no va a haber personas dispuestas a dirigir en los municipios. Antes de asumir cargos, digamos, en la educación municipal, estarán más interesadas en hacerlo en un negocio privado, donde pueden ganar diez veces más. Todos esos desajustes deben corregirse. Pero yo sí creo en los poderes locales, en lo cual hay que trabajar intensamente para lo que se avecina.
Sí hay peligros al descentralizar, efectivamente, pero hay que asumirlos. Porque antes las medidas centrales se daban en un contexto donde el Estado podía administrar recursos. Hoy no los tiene, ni los va a tener en los próximos años, porque hoy estamos solos. Solos significa que no tendremos el crédito necesario para distribuir, ni los amigos que necesitamos, porque los hemos perdido por la mala gestión en administrarlos.
Si un amigo te entrega, digamos, una serie de vehículos, de ómnibus para tu transporte público, y tú no se los pagas, él no te dará las piezas de repuesto de esos ómnibus. Así hemos tratado a los amigos que nos han ayudado vendiéndonos, con períodos cortos de pago, pero con tasas de interés muy bajas, y nos han permitido pagarles con productos, digamos, níquel, como China, a quien dejamos de enviarle níquel porque no lo producimos.
Todo eso hay que corregirlo, porque ese va a ser el próximo camino, porque no queda ningún otro. Hay que sobreponerse a todas las adversidades, pero eso lleva un costo. No tanto un mayor costo social, porque ya la reforma social se ha hecho –y te voy a comentar más adelante sobre eso.
JCV: Yo considero que la descentralización de estos procesos a los municipios debe hacerse con muchísimo cuidado. Es positivo y necesario y podría hacer la gestión más democrática y eficaz, pero no de cualquier manera. La descentralización municipal no debe significar que el gobierno central se desentienda de responsabilidades que le son propias e indelegables.
Un país no es la simple suma de sus municipios, ni siquiera en los países de fuerte carácter federal. Los municipios son muy diferentes entre sí y su articulación, su complementariedad como partes de un todo, es una responsabilidad indeclinable del gobierno central.
La política económica y la conducción de la estrategia nacional de desarrollo son una tarea de responsabilidad central. O sea, la acertada descentralización municipal no debe significar la anulación del papel imprescindible del gobierno central, pues somos una sola nación.
Por otra parte, para que la descentralización opere adecuadamente, deben contar los municipios con los recursos indispensables. En primer lugar, con los cuadros y funcionarios capaces. Ha de ser la meritocracia (capacidad, formación, ética, probidad, empatía y compromiso) lo que determine los nombramientos y la elección a ese nivel, como habría de ser en todos los niveles.
En general, el actual nivel de los cuadros y funcionarios a nivel municipal está por debajo del que se requiere para esta compleja función y, por supuesto, que ese trabajo debe tener la remuneración que merece.
En un contexto de descapitalización, falta de fuentes de financiamiento, alta deuda externa, infraestructura deteriorada, crisis energética y alimentaria, ¿de dónde podría salir la inversión necesaria para recuperar la economía y reestructurar el modelo? ¿Disponen los emigrados cubanos del capital y la voluntad para convertirse en esa fuente principal? ¿Hasta qué punto las circunstancias políticas en la diáspora cubana lo facilitan o lo ponen en riesgo? ¿Sería posible sin que Estados Unidos y Cuba volvieran al camino de la normalización?
JTC: La inversión necesaria para recuperar la economía y reestructurar el modelo puede salir de diferentes orígenes.
Una es la inversión extranjera, que puede sentirse estimulada por las decisiones adoptadas para facilitar y ampliar sus espacios en el país.
Otra fuente pueden ser las facilidades que ofrecen los BRICS. Para lo cual se requiere acabar de entender cómo negociar y participar en ese marco.
Una tercera fuente puede ser el capital nacional. Un capital no solo privado, sino de empresas estatales que sean exitosas y quieran invertir para crecer, para diversificarse, y que habría que dejarlas.
Están también los créditos que pueden aportar los organismos multinacionales, y los países individuales, a los cuales hoy cuesta mucho más trabajo acceder. Pero no los desestimo totalmente.
Por último, el capital de cubanos residentes en el exterior. Ahí viene la pregunta: ¿Hasta qué punto las circunstancias políticas en la diáspora cubana lo facilitan o lo ponen en riesgo? Hasta ahora, la historia de esa relación ha sido muy compleja —y tú la conoces mucho mejor que yo. Conlleva que una parte de esa diáspora tenga mucha desconfianza en invertir en Cuba.
De otra parte, el marco legal en Cuba todavía no se entiende bien. Hay que perfeccionarlo mucho, mejorarlo para que pueda dar las seguridades que requiere el inversionista en general, y en particular, este inversionista cubano que viene de la experiencia de haber vivido en Cuba. Esa incertidumbre hay que borrarla, creando un grupo de reglas muy claras que además incentiven y garanticen esa participación.
La mayor parte de la diáspora cubana vive dentro de un riesgo constante y bajo la amenaza de las propias restricciones que el gobierno norteamericano le impone a Cuba. Tienen que estar midiendo si están violando alguna ley norteamericana y puede ser objeto, por lo tanto, de una represalia. Eso está presente, sin lugar a dudas, y puede complicar la inversión masiva de capitales de cubanos residentes en el extranjero.
En cuanto a si sería posible sin que Estados Unidos y Cuba volvieran al camino de la normalización: resulta difícil, pero no imposible. Tendría que extenderme mucho para explicarlo, pero hoy por hoy ya se da inversión de capitales de cubanos residentes en el exterior en la economía nacional. Así que, tomando los hechos como parte de esa respuesta y criterio de la verdad, diría que sí es posible, a pesar de que no haya una normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
OEP: Tenemos que ubicarnos en que el entorno económico natural de Cuba son los Estados Unidos, dada la distancia y el hecho mismo de haber recibido una parte mayoritaria de la emigración cubana. Pero el gobierno de ese país ha sido muy agresivo contra Cuba, y sobre todo en los últimos meses las sanciones han sido muy fuertes.
Sin embargo, Cuba tiene que encaminarse hacia lo que se podría hacer para esa normalización. Yo sí he podido conocer que los emigrados cubanos tienen capital y pueden convertirse en una fuente importante. Pero para eso hay que hacer cambios legislativos, hay que sentarse a analizar en la mesa de negociaciones el problema de las nacionalizaciones y otros temas pendientes, que hay que lograr resolver.
Si en algún momento fuera posible cambiar inversión por activo tipo swap, habría que hacerlo. Si tenemos un hotel con apenas 10 % de ocupación de sus capacidades, se podría disponer que un emigrado administrara ese hotel y parte de las utilidades se le entreguen, como parte del capital que Cuba dispuso. Hay muchas fórmulas.
Si no se arreglan las relaciones y no se alcanza la normalización, es muy difícil que Cuba acceda al capital que se necesita. Porque el capital hoy es transnacional; y aunque muchas compañías estarían dispuestas a invertir en Cuba, si luego van a ser sancionadas por Estados Unidos, no van a hacerlo, lo que ya está sucediendo en estos momentos.
Pero no podemos desistir, hay que buscar cualquier alternativa positiva, sin ceder soberanía, pero sin ser muy estricto, porque no hay forma de resolver esos problemas que has planteado. Y la cuestión del financiamiento externo es prioritaria.
El Estado tiene que hacer un proceso de estabilización de dos años vista, para resolver dos problemas prioritarios de corto plazo: la energía y la alimentación. Ya no va a garantizar la cartilla de racionamiento como en el pasado; no tiene con qué hacerlo. Eso llevará a que las personas entiendan que la Cuba socialista anterior a 2026 no será posible, y que para mantenerla en nuevas condiciones se requiere reestructurar el modelo.
Para mí, hay que construir un modelo social de mercado. Uno de los errores de estos últimos años es no haber adelantado las reformas que muchos sugirieron hacer, sobre todo Rusia y China, donde tuvieran un mayor peso todas las formas de producción, especialmente privadas. Y Cuba se demoró mucho en hacerlas. Hoy lo estamos haciendo en las condiciones en que no tenemos otras opciones. Y cuando se negocia en estas condiciones actuales es muy difícil, porque hay que aceptar muchas cosas que no se hubieran aceptado en otro momento histórico. Para salvar al país, por encima de todo.
JCV: Como señalé antes, la disposición de recursos es un problema fundamental, un fuerte nudo que afecta a la economía nacional; por eso el tema de buscar acceso a nuevos recursos es parte de las urgencias. Y destrabar la deuda es fundamental. He venido planteando lo de cambiar deuda por activos y por inversión, esto es muy posible y probablemente la opción más viable. Hay muchos recursos y capacidades que hoy están subutilizados y muchos deteriorándose. Claro que siempre debe hacerse de manera tan rigurosa como ágil, hay que cuidar que las presiones del momento no lleven a decisiones inconvenientes que afecten la soberanía y el control de recursos estratégicos de la nación.
La migración cubana es parte de la nación. Un sector de ella tiene capitales y capacidad empresarial, aunque no es toda ni la mayoría, integrada por trabajadores asalariados. Pero todos podrían participar de alguna manera. Los primeros, con inversiones, tecnologías, comercio, mercados, etc. Esto ha de ser parte de una voluntad compartida y aquí habrían de darse todas las garantías de manera transparente y sin titubeos, establecer con leyes y regulaciones lo que se puede hacer y lo que no; o sea, espacios y garantías amplias, claramente establecidas, en función de un proyecto de nación que debería ser compartido por todos, incluida, ojalá, los que han tenido una conducta hostil. Es todo un tema político y muy actual.
La respuesta corta es clara: sí deberían jugar un papel importante, sin renunciar a sus intereses individuales. Riesgos siempre habrá, pero hay que asumirlos con inteligencia y resolución. Lo más importante es el interés del pueblo y su bienestar, ¿es difícil hacer todo eso compatible? Sí. ¿Es imposible? No. Quizás este sea el desafío político más importante hoy.
Un escenario de negociación con Estados Unidos es lo más deseable, pues podría cambiar notablemente el cuadro, la superación de la crisis económica, etc. Creo que el gobierno ha trabajado y trabaja intensamente en ello, hoy con la experiencia de los años, de la historia, de los errores del pasado, etc. Pero la pregunta siempre ha de ser: negociar qué y para qué.
Es ahí donde la claridad de la respuesta ha de ser meridiana. Una posición amplia que incluye muchas decisiones sensibles, pero puntos muy claros acerca de que no es negociable bajo ninguna circunstancia. Se ha dicho que la soberanía y el orden interno, y yo estoy de acuerdo. Los temas internos de Cuba son un problema de los cubanos, de todos los cubanos, pero sin añadiduras.
El gobierno norteamericano debe estar consciente y seguro de que Cuba está dispuesta a avanzar y a poner mucho sobre la mesa, excepto lo irrenunciable. Esa conciencia podría dar lugar a una relación de respeto y mutua conveniencia. Ahora bien, ¿estará dispuesto el gobierno de Estados Unidos y esta administración en particular a establecer un marco adecuado de negociación?
Cuba debe trabajar para eso, pero también estar preparada para la peor de las situaciones, incluida una indeseada agresión militar. La soberanía, bien entendida, es irrenunciable, lo que no requiere fundamento académico. Es la voluntad histórica de un pueblo demostrada durante casi dos siglos. Ahora no habrá de ser diferente. Negociación sí, toda la posible, realista y amplia; pero imposición y concesiones de soberanía, bajo ninguna condición.
Desde 2011, se han venido adoptando sucesivos programas de reforma, alcanzando acuerdos en congresos del PCC, aprobando una nueva Constitución y nuevas leyes. Sin embargo, el proceso de reformas se ha estancado y hasta cierto punto parece haber extraviado su curso. ¿Qué razones hay para pensar que a partir de hoy será diferente?
JTC: Te diría que hay muchas razones y ninguna.
La primera razón para pensar diferente es el contexto internacional en el que Cuba se está desarrollando hoy, que ha cambiado tremendamente y genera mucho estrés a la hora de manejar el país. Esta situación puede empujar a ese proceso de reformas y que no pase lo que ha pasado otras veces.
Segundo, tenemos ahí la permanente amenaza de Estados Unidos y sus intenciones de cambiar el país, en función de lo que ellos entiendan que debe cambiar. Obviamente, ese es un elemento que empuja para hacer este proceso de reformas y no virar hacia atrás.
Lo tercero es la situación económica y social, esa policrisis en la que estamos todos metidos y sufrimos constantemente. Si no hay una reforma, está muy claro que va a ser muy difícil poder salir de esta policrisis.
También hay que entender que este gobierno ha tenido un proceso de aprendizaje. Hoy está en una situación con muy pocas alternativas, como no sean las de seguir un camino de reformas, que ya fue trazado en líneas generales y nunca se siguió, sino que se detuvo y se echó para atrás. Ahora hay que seguirlas, y esa es otra razón, sin lugar a dudas. Ahí hay un proceso de aprendizaje, que cuenta bastante.
OEP: El modelo que se avecina es diferente. Aunque es cierto que hemos aprobado decenas de programas, hemos alcanzado miles de acuerdos y hemos pasado balance de los congresos del Partido, la Constitución, las leyes, etc., sin embargo, el país no ha avanzado. Y entre las trabas por las que el país no ha avanzado, está el haberle tenido miedo al sector privado, que es un problema ideológico.
Hoy deberá ser diferente, porque reitero que Cuba está sola en el mundo. Nunca se había estado en un momento de policrisis como este. Significa que tenemos crisis financiera, de alimentación, largos apagones, problemas con los medicamentos y problemas con el transporte, todo junto.
En una familia cubana hoy se duerme mal, se come mal, se transportan caminando a los centros de trabajo, se gana poco y hay una alta inflación. No ha habido otro momento en la historia reciente de Cuba —hablando de los 90 para acá— que presente esta situación tan convulsa y tan complicada.
Si queremos salvar, no el modelo, sino al país, tenemos que hacer las cosas diferente. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir repartiendo miseria. Si hay políticas nuevas que conlleven cambios constitucionales, hay que hacerlos. Si hay que eliminar en la Constitución aquello que dice que no se permitirá la concentración de los ingresos ni la propiedad, hay que cambiarlo. Mientras que sea legítimo, mientras que sea legal, mientras que el sector privado dé determinados bienes y servicios, ¿por qué cogerle miedo? La fuerza del Estado radica en lograr ponerle impuestos a esas actividades y después redistribuirlos a nivel de la sociedad.
Para mí, la única cosa diferente es que hay que hacer un país con mercado.
JCV: Hemos llegado a una situación límite: la agresión externa por un lado (que no es solo el bloqueo) y las insuficiencias internas por otro, entre ellas el tremendo retraso de una reforma económica integral y profunda. Ese ha sido uno de esos principales errores; lo hemos dicho y argumentado al menos desde hace más de tres décadas, cuando era ya evidente el agotamiento del modelo económico de planificación burocrática.
Si uno lee los documentos aprobados en los congresos del partido desde 2011, y después la Constitución de 2019, aprecia que esa realidad se comprende desde entonces; y que se aprobaron documentos que daban el espacio político y legal necesario para la reforma. Sin embargo, inercias, incomprensiones, dogmatismos e intereses creados fueron una permanente fuerza en contra.
Lo nuevo ahora es haberlo asumido; y la voluntad política para avanzar por encima de esa resistencia. Va a ser difícil, pero el camino ya empezó. Hay que tener cuidado con aquella máxima existente en Cuba desde época de la colonia: “Se acata, pero no se cumple”. Pero es preciso acabar con esos obstáculos sedimentados, tan fuertes como difusos, por eso son tan difíciles de eliminar. Nunca faltarán, pero con consenso, participación popular imprescindible, rendición de cuentas y una conducción certera se puede lograr.
Es difícil declararse pesimista u optimista frente a un proceso tan complejo. Debemos ser realistas y, como decía Gramsci, continuar, quizás, con el pesimismo de la mente, pero siempre con el optimismo del corazón.
