Fidel


"Peor que los peligros del error son los peligros del silencio." Fidel Castro Ruz

miércoles, 4 de septiembre de 2019

CORRUPCION O ETICA COMO PRIORIDAD SOCIAL


Por Rafael Alhama Belamaric
La corrupción es un vicio de los hombres, no de los tiempos. Seneca

La corrupción es el tema de discusión del día tanto para las agencias de desarrollo internacional como en el debate político en muchos países. Entre nosotros, es tema de conversaciones diarias, presente en los debates, con persistentes referencias en artículos, pero falto de tratamiento especializado, y me atrevo decir, falto de enfoque multidimensional e interdisciplinario, a pesar del abundante material investigativo y académico de las disciplinas de ciencias sociales que pueden apoyar e impulsar su análisis.

El objetivo del presente es entrar en algunas interpretaciones diferentes que conduzcan a la mejor comprensión de este fenómeno en nuestra sociedad, presente a lo largo de la historia humana, y considerado siempre una amenaza para la legitimación del Estado, y el bienestar de la sociedad.

No se trata de hacer incursiones esporádicas o involuntarias en temas vinculados, como a veces se dice, ni tampoco de presentar listado de problemas de “sociedad de clases“ del pasado superados en parte, o listar causas y condiciones que consideran algunos hacen que estemos exentos del arraigo del fenómeno, o que es algo casual, o que se declare una y otra vez que se circunscribe a acciones y conductas individuales en la administración y la economia.

Es posible que no sea ni de la magnitud ni calidad, ni abarque todas las dimensiones que se presentan en muchos paises del mundo, empezando por la corrupción política, pero, la complejidad sigue siendo la misma, se presente a nivel individual, grupal, o colectivo, de forma activa o pasiva. Ya solo a nivel individual, como conducta ilegal, bastaría para calificarlo como problema de la sociedad entera.

Las “puntuales actitudes individuales“, como señalan algunos, es suficiente para alterar la actitud y comportamiento de otros; y, si fueran solo eso, actitudes individuales, es probable que no se descubran nunca. Pero, que mueve a la concatenación de hechos individuales?

Es un problema que lleva inevitablemente a profundizar en el sistema de relaciones sociales y politicas, con los que desde luego, tanto la administración como la actividad económica están estrechamente conectados.Pero una aclaración es necesaria, y es cuando se habla de “administración“, esta es también parte de las relaciones políticas, son parte importante de los gestores de la sociedad.

Por tanto, vamos a partir del hecho de reconocer que existe una burocracia (extensa) basada en la ley, pues negar o minimizar el problema no es solución, un sistema político de consenso, que pone el énfasis en la solución de los problemas comunes, y que es un tema de la que se ocupa la prensa activa; que existe una sociedad civil sensible, y que existe una fuerte tradición y cultura igualitaria.

Pero, lo cierto es que el fenómeno va cobrando una inquietante relevancia, y ha ido ganando una presencia cada vez mayor y nuevas formas en los últimos años. Por lo tanto, necesita ser abordado mas allá de los códigos éticos, o del marco jurídico penal, cuando trasciende unos limites establecidos y se convierte en delito, sino como fenómeno social, económico, político y cultural.

Es un problema de metapolítica, por lo tanto, necesita del saber interdisciplinario acerca de grandes categorías que posibiliten la acción política concreta. Necesita explicaciones sobre la sociedad en su conjunto, sobre el orden social y las instituciones que lo hace posible.

No es lugar o tema comun buscar la explicación mas allá de actos individuales, explicaciones psicológicas o sociológicas, de conductas cuasipatologicas, para buscar un posible análisis social del fenómeno, o vincularlo a la estructura y funcionamiento del orden social.

Pero existen pensadores, como es el caso de Foucault, que desde la teoría política trata de explicar su complejidad, y de como se articula la gestión estatal y la corrupción en el marco de las “practicas de gubernamentalidad“, desarrollado por el ya a finales de la década del 70 del siglo pasado, para sociedades con el poder descentralizado y con un rol activo de sus miembros, en consecuencia vinculado directamente con las relaciones del ejercicio del poder.

Regresando a las „“actitudes individuales“, cabe preguntar si hay claridad en que la moralidad individual va determinando y moldeando la eticidad en una sociedad. Cuando la eticidad, como la conciencia moral colectiva, es fortalecida, la sociedad educa a sus ciudadanos sobre la cualidad y la manera de ser ético mediante valores, normas sociales y normas morales.

De eso se ha hablado bastante, y hasta se ha operacionalizado en el pasado a nivel de centros de trabajo, tratando de estructurar la ética en lo publico, pero es necesario ahora hablar de su dimensión social, incorporarlo a la familia, la comunidad, puesto que la eticidad es una unidad dialéctica de la moralidad con la socialidad, se encuentran en un ciclo continuo e inseparable.

Entonces, que anda mal? Degradación de las normas y valores morales?

También vamos a saltar, por ahora, lo que muchos autores y articulistas mencionan, pero sobre todo lo que se escucha a los ciudadanos en la calle a diario “todos hacen lo mismo“, u otra peor, “siempre ha habido corrupción y siempre la habrá“, porque eso, puede ser parte de racionalización colectiva, pero también el principio del fin de la democracia, o el no desarrollo de la democracia y su desaparacion; o mejor aun, del Estado democrático.

Las condiciones económicas y sociales no son los motivos, ni pueden ser la justificación, pero dirían algunos que pueden ser factores que condicionan determinada actuación, puesto que la primera función de las condiciones socioeconomicas (existencia de contradicciones también en nuestra sociedad) es explicar el reparto de los recursos y la posición de los actores sociales en la sociedad; los mas vulnerables pueden ser mas propensos a comportamientos conflictivos, aunque los fines ilícitos no son exclusivos.

Ambición personal, por encima de valores y principios, no distingue grupos, clases o niveles económicos. Sin embargo, es ampliamente reconocido que la desigualdad social es la fuente más clara de corrupción.

Sin entrar en el debate en torno al concepto, sin definición clara, precisa y universalmente utilizada, por tanto sin consenso, lo que es particularmente problemático a nivel legal, todas son definiciones que hacen énfasis en uno u otro elemento, siempre complicados. Pero, podemos aceptar la de un experto, que la define como “el incumplimiento intencionado del principio de imparcialidad con el propósito de derivar de tal tipo de comportamiento un beneficio personal o para personas relacionadas“ ( Vito Tanzi,1995).

Aquí me interesa destacar al menos dos aspectos; uno, el “incumplimiento intencionado“, dos, las relaciones personales, en un doble sentido, el papel que juegan y el papel que no deberían tener en cuanto a las preferencias. Conlleva un compromiso informal para devolver el “favor“, en algún momento; como “hoy por ti mañaana por mi“.

Hay elementos comunes a todas las definiciones, y es referido al comportamiento que se desvia de una norma existente, son actos contrarios al deber y obligacion que ostenta una posicion de autoridad, por minima que sea, por tanto, es algo que se contrapone al bien publico, o se alcanza a expensas de lo publico, sea en lo economico o en lo politico, en lo social.

Hay muchas formas que puede cobrar el beneficio o ventaja, y no siempre es dinero, es decir, soborno, quizas mas visible, o que termine en robo, legalmente sancionable, pero puede ir desde otorgamiento de favores, ventajas, meritos y promociones, pasando por informacion, hasta privilegios y obtencion de servicios menores o mayores a costa del interes publico, sin que constituyan actividades delictivas institucionalizadas.

Los aspectos eticos, los que quiero destacar mas adelante, aunque muchos autores consideran que debe quedar de lado o neutro, para mi son relevantes. Desde luego, no es posible ni deseable quedarse a nivel moral, puesto que sin el analisis de los factores de corrupción-consecuencia, un prerrequisito para una estrategia efectiva de lucha contra la corrupción, no es posible llegar a las principales fuentes de corrupcion.

Hay otra definicion que es necesario destacar, y es la del Banco Mundial. En ella se excluye el sector privado, y se centra exclusivamente en el sector publico. Destaca al funcionario publico para beneficio privado. Pero, no todo abuso de toda funcion publica implica corrupcion, aunque puede empezar como tal, como es el: robo, fraude, apropiacion y malversacion de activos, extorsion, formas legalmente sancionadas, son algunas de las formas socialmente rechazadas, que implican otro tipo de medidas y politicas.

Otro punto importante de entrada es recordar que, si hace un siglo o mas, se decia que estos intereses egoistas son rasgos especificos del incipiente desarrollo capitalista burgues, pero no del mundo desarrollado, hoy dia, con ejemplos que surgen a diario en los paises altamente desarrollados, concuerda la mayoria de autores que los fallos de regulacion y supervision provoca enormes procesos de corrupcion politica pecisamente en los paises mas evolucionados; el otro ejemesplo que sobresale en la literatura es el de los sistemas totalitarios, por falta de control del poder.

Mas alla de lo economico, se trata de politicos que privilegian los valores de lucro y ganancia por encima de valores del interes general, con innegable abandono de valores eticos del servicio publico. Todo ello pone en duda al Estado democratico.

Es interesante que el Banco Mundial, para las “economias en transicion“ comenzo a utilizar un nuevo concepto, es decir, un nuevo tipo de corrupcion, que es el de “captura del Estado“, cuando las politicas publicas son influenciadas por el soborno de legisladores en manos de los oligarcas, a favor de estos, y no del publico o del interes social.

Discutible, no por caracer de bases reales, sobran ejemplos, sino porque los intereses parciales de grupos influencian las decisiones de los legisladores en todas partes, lo que en el caso de las economias en transicion, fueron ejemplos visibles, notables y extremos.

Dos tipos me interesa destacar. La corrupcion administrativa , o el comportamiento de los funcionarios civiles, casi siempre de rangos inferiores, pero no necesariamente, que es explicada por una asimetria de informacion entre los tomadores de decisiones superiores y funcionarios o burocratas de nivel inferior.

Los ejemplos tipicos son la aceleracion o materializacion de algun derecho especifico del ciudadano, como sencillamente saltar una fila, cobrar un precio ilicito por un servicio publico, para “acelerar“ procesos y ahorrar tiempo en tramites.

Estos pueden ser los ejemplo cotidianos mas claro para nosotros, o corrupcion sin robo (Shleifer y Vishney, 1993) como se describe en la literatura, en el que intervienen al menos dos partes. Su frecuencia seria el mejor indicador de la capacidad y efectividad de la administracion, pero tambien de las causas.

La incapacidad y poca efectividad de la administracion para satisfacer un servicio en tiempo y forma, es percibido por las partes, como justificacion y a la vez mecanismo de defensa para realizar tal accion, tal como evidencian las investigaciones realizadas hace mas de una decada atras; como “intercambio de favores“, (corrumpere), o romper de conjunto corruptor y corrompido.

En este caso, entre las causas pueden encontrarse, una regulacion excesiva, o cuando nadie tiene atribuciones ni facultades para hacer algo, a menos que los niveles superiores lo indiquen, y cuando los procesos son excesivamente largos por gestionar cualquier servicio, que implican muchos documentos para cumplir con las normativas y procedimientos, que conllevan trabas y demoras. Todo ello puede favorecer enormemente la corrupcion individual e individualizada.

Cuanto mas complicados los tramites, poco claras las reglas, y las reglas para aplicar las reglas y regulaciones, no solo sera mayor la oportunidad de corrupcion, sino que disminuye la probabilidad de deteccion.

En los momentos que se celebran 50 anos de Internet y ya comienza la aplicacion de 5G, por tanto, tecnologicas que marcan una nueva dinamica de la vida, la ampliacion y rapidez en la aplicacion de las tecnologias digitales en diversos procesos y gestiones, son medidas imprescindibles.

No solo para evitar posibles cobros a precio ilicito del servicio publico, sino es una medida necesaria para una administracion mas racional, con ahorro de recursos, primero humanos, luego materiales, y de tiempo; elementos altamente valorados en la administracion moderna del siglo XXI, no la de principios del siglo XX, y tambien para cualquier visitante extranjero interesado, e implicaciones para otros temas que no son objeto aqui.

Hoy dia, si existen procesos que en paises desarrollados tienen termino de minutos, o 2 o 3 dias y no pasan en el peor de los casos, o el mas complejo, de un mes, y esos mismos procesos duran entre nosotros una o dos semanas, un mes a un ano y mas, esta muy clara la diferencia de dinamica, y muy grande la diferencia entre las expectativas y la realidad.

No puede seguir dando el caso de la introduccion de la digitalizacion de procesos y gestiones, y nuevas tecnologias, que ya ponen a nivel individual “en mano“ la comunicacion a diferentes niveles y facilidades de gestion, o sencilla peticion de algun documento personal, manteniendo los mismos puestos de trabajo, cargos, contenidos, numero de personas, y a veces mas, y duplicidad de trabajo, donde lo digital se convierte en secundario o de verificacion de lo escrito necesariamente en el papel.

Es voluntad politica, pero su aplicacion practica no debe demorar, o extenderse en el tiempo, con todos los problemas que conlleva, pues se trata de una reestructuracion de la administracion, en forma, contenido y tamano, en la misma medida en que se  digitaliza la administracion. Indudablemente, se trataria tambien de eliminar un campo fertil para transacciones ilicitas.

Desde el punto de vista funcional, seria un punto de partida la respuesta a la pregunta, que necesidad satisface una determinada institucion?, es decir, la institucion existe para satisfacer una determinada necesidad social, con objetivos claros; si no la satisface, es que existe una disfuncion mas o menos grave, que generan conflictos. Por tanto, no debe existir; por tanto, se cuestiona toda su estructura y conservacion de las operaciones o procesos.

Llevamos ya decadas discutiendo, haciendo tesis, investigando, evidenciando con referencias empiricas, haciendo propuestas, sobre distintas instituciones y estructuras, funciones y atribuciones, tanto de nivel superior como intermedio, como sistema empresarial y presupuestado, y las aplicaciones practicas se siguen moviendo en el mismo rango de pensamiento cerrado, tradicionalista, con similares acciones de parte de los actores sociales.

Definitivamente, habria que cuestionar la existencia de “procedimientos burocraticos“, que retardan las decisiones, y la ineficiencia de la “administracion inercial“ a la que hizo referencia el Che en los 60, que ahora serían mucho mas inadecuadas con la ampliacion y dinamica del mercado, que conspiran contra la eficiencia económica, y tales obstáculos son sorteados por medio de la corrupción.

Habria que recordar a Marx y Engels cuando se refieren en “Trabajo asalariado y capital“, con “frustracion de expectativas“, que puede influir enormemente en la efectividad y eficiencia de aplicacion de soluciones.

Solo a manera de recordatorio, sin profundizar, pero hay que senalar que hoy dia, en el mundo, con “la economia de casino“ (Dahrendorf, 1991) se privilegia una “nueva etica economica“ caracterizada por las actividades financieras especulativas a corto plazo, dominada por la desregulacion, descentralizacion, privatizacion, procesos que implican menos control pero mayor ingerencia de los politicos, en otras paklabras, bloqueo de controles institucionales, por tanto, impunidad, compromisos, ocultamiento, por tanto corrupcion.

Directamente vinculado a anterior tipo esta la segunda clase de corrupcion, tambien administrativa; es la que viola las reglas legales y su aplicacion, o el uso de facultades del cargo para promover fines ilicitos, y que casi siempre va mas alla de la corrupcion individual aislada, y se convierte en grupal o colectiva, y se convierte de forma ascendente en sistemica.

Las causas pueden ser el no cumplimiento de normativas existentes, o que las politicas y la legislacion sean excesivas, no aplicadas, no aplicables, ni siquiera conocidas en toda su extension por los especialistas. En ambos casos hay un debilitamiento institucional y el interes individual domina sobre la normatividad existente.


 La cuestion seria preguntar porque se debilitan las instituciones? Existe un problema de comportamiento donde el interes privado se impone al interes publico; pero no se puede limitar la explicacion a un problema tecnico, ni moral, ni de comportamiento.

Ya desde la decada del 70 del siglo pasado, Huntington relacionaba la corrupción con los cambios sociales, puesto que las instituciones existentes sufren tensiones y pierden su capacidad de gestión pública frente a las exigencias de los cambios. Por lo tanto, esta puede ser una clara senal de que la rápida modernización social y económica de la ultima decada, exige cambios que doten a las instituciones de la dinamica necesaria que responda a las exigencias de los ciudadanos y la sociedad entera.

Es imprescindible buscar una explicacion en terminos de teoria social, mas alla de acciones individuales cuando se sobrepone un interes sobre otro en un contexto que no es legitimo hacerlo.

Claro ejemplo de mala politica publica en exceso, fuente potencial de corrupcion. Para los que piensan en desregulacion, habria que decir, si, aquella que “prohibe“ la intervencion, por tanto, limita, la funcion para la que fue creado el puesto administrativo; en otras palabras, es necesario ampliar el rol de niveles inferiores.

Sin duda, una más eficiente legislación procedimental, más sencilla y transparente, reduce el poder discrecional de los funcionarios públicos e incrementa la visibilidad de los casos de corrupción.

Claro ejemplo puede ser un tiempo tan lejano como la decada del 80 del siglo pasado, por tanto un fenomeno de larga data, cuando para una sola funcion especifica de personal a nivel empresarial, se podian contar decenas de resoluciones y cientos de instrucciones y recomendaciones.

Un importante elemento de lucha contra la corrupcion, por mencionarlo solamente, pero subrayando su importancia, lo es sin duda el esquema salarial. Es un elemento de disuacion, y de incentivo, para no aceptar sobornos, considerado por algunos como “redistribucion de ingresos“.

Quizas llegamos al punto donde, mas alla, o mejor, junto a los elementos sociologicos y psicologicos, es necesario incursionar en otros aspectos de caracter filosofico, politico y social; pasar del plano explicativo individual al plano necesariamente social, y preguntarnos no solo que elementos llevan a la desviacion de conductas individuales o violacion del deber, sino junto con Durkheim preguntarnos porque se ha debilitado la “conciencia colectiva“?, suponiendola previamente fuerte, o es que las bases materiales de la sociedad se siguen interpretando por la gran mayoria similar al utilitarismo social de las sociedades del consumo? O, es que como se han minimizado tanto las bases materiales y el consumo no se ve su importancia?


Preguntarnos, cuan eticamente fuerte era la conciencia colectiva de un supuesto no-utilitarismo, de un “igualitarismo“ ?

O, quizas si no eran las tensiones en la estructura social, la diversidad de individuos y las desigualdades en el acceso a los medios, y finalmente las reacciones para adaptarse al medio cambiante, lo que lleva a estas actuaciones conflictivas.

Como diria Marx al evocar el discurso de Robespierre sobre los principios de la moral pública ante la Asamblea en febrero de 1794, cuando este afirmaba que la virtud es el principio fundamental del gobierno popular y democrático, que tanto el como Saint Just confundian la comunidad democrática ideal con la sociedad real.

Por lo tanto, es imprescindible analizar los cambios, avances y las variaciones reales en que se expresa la sociedad, y la democracia realmente existente.

Estaria vinculado directamente a los contenidos sustantivos de la democracia, su ejercicio, o los procedimientos utilizados para el control de las politicas publicas con el debate publico como uno de los criterios impoortantes, y los resultados, tenienedo en cuenta las dimensiones fundamentales como son la igualdad socioeconomica (no confundir con igualitarismo), el nivel de bienestar o la justicia social.

La corrupción, alteración o descomposición, contrario a la ética, que lleva al empobrecimiento del Estado y de las instituciones publicas, no puede ser de ninguna manera parte de la concepción global de la realidad social y de su funcionamiento, por tanto es un conflicto social, inherente a la dinámica social existente, pero también debe ser motor del cambio necesario.

Se ha perdido conciencia del deber y la convicción de transformación como motor para cambiar todo lo que debe ser cambiado? Creo que no, pero han cambiado las condiciones y el contexto, así como la manera de concebir la sociedad, y ya no es posible seguir concibiéndola como un organismo armónico y homogéneo, ni al Estado como la cúspide y expresión de su conciencia moral mas alta, con superpoderes para solucionar cualquier funciones.

Las cada día mas complejas relaciones socio-económica-políticas, en las que los individuos establecen relaciones entre si de diverso carácter, tanto racional como no racional, se asocian y disocian, necesitan de otras nuevas estructuras y espacios que legitimen el ejercicio de poder, y eviten el “aislamiento tecnocratico y toma de decisiones del Estado separado del ámbito publico“ (Chomsky 1998)

Conciencia de participación política, transparencia, “emancipación“ analizada por Marx en su temprano texto de “La Cuestion Judia“, quizás sea una referencia obligada para razonar sobre la separación (artificial) del poder económico y del poder político como la fuente de una tensión en el que el fenómeno social de la corrupción se instala. Advertia, en aquel contexto de la vieja sociedad de mediados del siglo XIX, que “la revolución política es la revolución de la sociedad civil“.



Siendo consecuentes, y si se ha entendido la complejidad del fenómeno, entonces es mas fácil de llegar a la conclusión de que se necesita concebir una amplia red de relaciones de diversos poderes desde lo personal- grupal-colectivo-institucional que maneje mejor la dinámica de los conflictos que provoca, o lleva a la convivencia con la corrupción.

Pero, ademas, sin recurrir a recetas sociales, o que pueden contener una amplia gama de medidas frente a debilidades normativas, lo cual seria mas de lo mismo, no seria de mas, por su importancia y urgencia comenzar por la aplicación de algunos principios y conceptos, como: racionalización de las estructuras administrativas; digitalizacion de los procesos y gestión administrativos; concebir y aplicar estructuras jerárquicas de bajo nivel, con independencia personal y responsabilidad propia; estructura de decisión colectiva y colegiada; los funcionarios son responsables vertical y horizontalmente de sus acciones, y están obligados a informar de sus tareas y de sus actos; todos los actos de la administración pública sean realmente públicos, abiertos a la crítica de otros funcionarios, de los ciudadanos y de la prensa; concepción de una nueva política y organización salarial.




Robo de combustible: Fugas y coartadas (+ Infografías)

Por: Oscar Figueredo Reinaldo, Dianet Doimeadios Guerrero, Yunier Javier Sifonte Díaz, Edilberto Carmona Tamayo, Lisandra Romeo Matos, Abel Padrón Padilla
4 septiembre 2019 
Central Eléctrica Diésel de Berroa, en La Habana donde ocurrió el robo de 2,5 millones de litros de diésel. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.
El delito se abrió paso entre las malezas. La oscuridad, la endeble cerca perle que “protegía el lugar de los hechos” y la idea de “pasar gato por liebre” favoreció a los malhechores.
Casi 2,5 millones de litros de diésel, el combustible necesario para electrificar 51 mil 714 viviendas durante un mes —según cálculos conservadores de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE)—, se “filtraron” del emplazamiento de grupos electrógenos ubicado en el callejón Kilómetro 12 ½ del Reparto Santa Fe, en Guanabacoa.
Todo estaba “bien calculado”. Los jefes de turnos, junto a custodios y operarios encargados de activar los sistemas para la generación de energía eléctrica, manipulaban fraudulentamente el mecanismo diseñado para la actividad, con el fin de emplear menor cantidad de petróleo que la planificada, cifra que nunca dejó de ser reportada como consumida. Por lo tanto, cada día se apoderaban de la diferencia.
Por los trillos que llevan hasta el improvisado caserío, en carretillas o vagones de construcción, transportaban los tanques de 20 y 25 litros hacia las viviendas colindantes. El negocio era “redondo” y no pocos se “mojaron” las manos.
Los implicados acordaban con pobladores del asentamiento ilegal cercano a la entidad la venta de cada litro de petróleo en 3.00 pesos cubanos (CUP). Estas personas revendían “la mercancía” a choferes de autos particulares por el “módico precio” de 5.00 CUP .
Tras meses de investigación policial, y luego de seis registros domiciliarios, fueron ocupados 37 mil 469 litros de petróleo, mil 273 pesos cubanos convertibles (CUC) y 5 mil 259 CUP. Además, se confiscaron múltiples equipos electrodomésticos adquiridos como ganancia de la actividad y tres cisternas, entregadas a la Refinería “Ñico López”. La entidad certificó que el combustible era diésel Especial en buen estado para su comercialización.
Por el delito de malversación, a los 17 implicados les fueron impuestas condenas de privación de libertad o trabajo correccional con y sin internamiento, en dependencia de su participación en los hechos. El juicio se celebró del 10 al 14 julio de 2017.
¿Las decisiones tomadas por el Estado y Gobierno cubanos para “cortar el mal de raíz” han sido efectivas? ¿Las fugas de combustibles se han detenido? Tras estas interrogantes ha andado un equipo de Cubadebate en los dos últimos meses.

Infraganti

Sellado de seguridad en la Central Eléctrica Diésel de Berroa, en La Habana. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate
Al cierre de junio, 339 procesos penales se radicaron en Cuba, según fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) consultadas por Cubadebate. Se ocuparon 117 mil 463 litros de combustible de diferentes tipos, entre ellos 85 mil 823 de diésel y 21 mil 016 de gasolina. La afectación económica preliminar es de 488 mil 644 CUP.
Holguín (48), La Habana (42) y Villa Clara (32) son los territorios con mayor incidencia. Esas tres provincias agrupan el 36 por ciento del total de procesos radicados, vinculados con el combustible.
Reinaldo Cruz Rivera, vicefiscal general de la República de Cuba, explicó que en el Código Penal la tipificación de las conductas relacionadas con la sustracción de combustible puede ser variada: en dependencia de la posición del sujeto, la conducta delictiva o la infracción relacionada con el recurso en cuestión.
  • Malversación: Cuando la persona tiene bajo su custodia o disponibilidad el bien.
  • Robo: Si utiliza fuerza para la sustracción de combustible.
  • Hurto: Si lo sustrae sin utilizar fuerza.
  • Apropiación indebida: Cuando la persona no tiene cargo de dirección o disponibilidad del recurso, y sólo tenga en su posesión la confiabilidad del bien.
  • Receptación: Si el recurso es adquirido como resultante de una conducta delictiva anterior.
Aunque “desde el punto de vista administrativo se le ha dicho a todo ‘robo de combustible’ porque el efecto es la pérdida, técnicamente la calificación depende de la posición del agente comisor frente al recurso”, precisó el jurista.
Desde hace cinco años, la FGR prioriza el control del combustible en sus investigaciones y verificaciones fiscales.
“Hemos asumido las acciones de control desde el punto de vista directo, con investigaciones dedicadas sólo al tema combustible; aunque también tratamos el asunto de manera complementaria”, aclaró.
Ejemplificó que “es obligatorio para fiscales y asistentes comprobadores revisar cómo se controla y usa el combustible, aunque estén realizando indagaciones de otra índole en una entidad determinada”.
Según Cruz Rivera, dichas revisiones se han concentrado en entidades con niveles más altos de asignación y consumo de combustible.
Entre ellas, mencionó a los ministerios del Transporte y todo su sistema empresarial; de la Construcción; de la Agricultura, el de Energía y Minas (que atiende toda la comercialización mayorista), y el Grupo AZCUBA.
También se direcciona el trabajo hacia los consejos de la Administración, con énfasis en las labores relacionadas con los servicios comunales, acueducto y alcantarillado, así como a las actividades industriales altas consumidoras.
De acuerdo con el vicefiscal general, las conductas más frecuentes son la compra ilegal de combustible a trabajadores del sector estatal, que se valen de su disponibilidad sobre el producto.

Aparente soledad

Pipa de combustible en La Habana. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate
Aprovechó la soledad del entorno para sus negocios. Imaginó que nadie se daría cuenta del “trapicheo” que se vivía en la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo de Occidente, ubicada en Vía Blanca, Km 37 ½, “El Caribe”, en el municipio Santa Cruz del Norte, Mayabeque.
Sin pensarlo tres veces aceptó la propuesta de dos desconocidos: más de 420 litros de petróleo —valorados en 336 CUP—. “Este material vuela”, pensaría. “Los negocios redondos no surgen de la nada”, debió también tener esa certeza, a siete leguas este chollo provenía de un acto delictivo.
Se puso de acuerdo con otras cuatro personas, indistintamente, para comercializar el combustible y, a fin de que resultara más sencilla la operación, lo envasaron en pomos plásticos con capacidad para 25 litros.
Debidamente camuflados en la garita de la entidad sólo faltaba que los clientes fueran a buscar la mercancía. Esa misma tarde varios vehículos llegaron, uno tras otro, a llevarse el “botín”, a discreción y con el pago por delante.
Aproximadamente a las seis de la tarde del “día cero”, la “cabeza pensante” de la operación se había puesto en contacto con un chofer A de la brigada de trasiego de bombeo y fluido encargado de un camión cisterna —conocido como pipa—, asignado a la Empresa de Perforación y Reparación Capital de Pozos de Petróleo. Le entregó 20 litros a un precio de 16 CUP.
Pero la aparente quietud no sería eterna por aquellos lares. En un operativo fueron detenidos los seis “malhechores”, oficiales de la Policía Técnica Investigativa ya le daban seguimiento al caso.
In situ fueron ocupados seis tanques metálicos; 21 envases plásticos —con capacidad para 20 litros— llenos de petróleo; además de un recipiente de dos litros y tres tanquetas metálicas de 20 litros completamente vacías. La capacidad de almacenamiento de los receptadores ascendía a 420 litros: “desde el primer día cuadró la caja”.
El 28 de marzo de 2019 recibieron sus sentencias de privación de libertad cinco de los acusados, al sexto se le impuso trabajo correccional con internamiento.

¿Hecho delictivo o de corrupción?

El hecho de corrupción —por lo general— parte de alguien que tiene la responsabilidad de controlar el combustible. Lo cometen directivos y funcionarios que cuentan con la disponibilidad de determinado recurso. Sin embargo, en el hecho delictivo no es imprescindible una razón de cargo, señaló Reinaldo Cruz Rivera, vicefiscal general de la República de Cuba.
Todos los casos de robo de combustible son hechos delictivos pero no siempre son de corrupción. Estos últimos tienen como característica intrínseca la pérdida de valores éticos y morales, además de mancillar la confianza depositada en una persona, con determinada responsabilidad económica y social, que se aprovecha de ello para cometer un delito.
La Ley 107 de la Contraloría General de la República (CGR), en su artículo 11, señala:
“Corrupción Administrativa: Es la actuación contraria a las normas legales y a la ética por los cuadros, dirigentes, funcionarios del Estado, el Gobierno y de otras organizaciones consideradas sujetos de la CGR, en el ejercicio de su cargo o en el desempeño de la función asignada; caracterizada por una pérdida de valores ético-morales, incompatible con los principios de la sociedad cubana, que se comete para satisfacer intereses personales o de un tercero, con el uso indebido de las facultades, servicios y bienes destinados a la satisfacción del interés público o social para obtener beneficios materiales o ventajas de cualquier clase y que tiene como base el engaño, el soborno, la deslealtad, el tráfico de influencias, el descontrol administrativo y la violación de los compromisos contraídos al acceder a los cargos; cuyas prerrogativas fueron empleadas en función de tales actividades de corrupción”.
Lo anterior esclarece que un trabajador de por sí “no puede cometer un hecho de corrupción, pues no tienen la facultad de disponer, custodiar y administrar bienes del Estado; si lo cometiera, calificaría como hecho delictivo”.
Sin embargo —aclara Cruz Rivera—, sí estaría involucrado en un hecho de corrupción cuando forme parte de la cadena delictiva comandada por un directivo con responsabilidad sobre el control y disponibilidad del recurso”.
El ejemplo más claro es el chofer de un medio de transporte, quien puede falsificar la hoja de ruta, el modelo de control del combustible y hasta los datos del chip. Al contar sólo con el medio de transporte y una tarjeta, estaría incurriendo solamente en un hecho delictivo.
La corrupción es un fenómeno más agravado que, por lo general, tiene niveles de organización y sus autores gozan de determinado nivel de disponibilidad y administración sobre los bienes.

El “infortunio”

La Terminal Fortuna, uno de los “paraderos” de ómnibus de transporte urbano más conocidos de la capital, tiene un amplio rosario de hechos asociados al desvío y mal uso del combustible. Es la entidad de mayor incidencia, con cinco casos.
En aquel lugar, el desorden y mal uso del recurso se convirtió en una práctica.
Una vez que concluía el turno de trabajo entre el directivo saliente y el entrante, el jefe de la unidad “no realizaba la entrega de los ómnibus”.
Tampoco le exigía a los choferes que lo hicieran conforme a lo indicado, provocando con ello la pérdida de combustible sin que pudieran establecer responsables”. Este proceder no era un descuido sino un modus operandi.
Por otra parte, algunos choferes dejaban el ómnibus estacionado en el área de parqueo sin traspasar la responsabilidad sobre el vehículo al próximo chofer, violando lo establecido en las normas de la entidad. Siempre que actuaban así, al día siguiente cuando se reiniciaba la jornada de trabajo se detectaba faltante de combustible, sin signos de violencia.
Los implicados fueron sancionados con condenas de privación de libertad y trabajo correccional con internamiento. Las violaciones estuvieron enmarcadas en el no seguimiento y control del combustible a partir de las indicaciones establecidas por la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (ONURE). En todos los casos, los implicados tenían cargos administrativos. La corrupción se apropió de la Fortuna.

Todo el peso de la ley

En las cadenas detectadas se aprecian casos con niveles de organización superiores, que hacen mucho más complejo su enfrentamiento, sobre todo a partir de la utilización de medios informáticos. Así lo apunta Reinaldo Cruz Rivera, vicefiscal general de la República de Cuba:
“El hecho de informatizar la distribución de combustible en Cuba con la tarjeta magnética complejiza muchas veces la investigación, debido a las redes que intervienen en los hechos donde se involucran muchos eslabones: servicentros, energéticos, directivos entidades estatales y un importante número de receptadores”.
Se genera una cadena que —en ocasiones— perdura en el tiempo, y “eso es lo más preocupante porque entonces las afectaciones económicas son graves”.
Los procesos de investigación ejecutados por la Fiscalía concluyen con un pronunciamiento del fiscal, quien emite una resolución dirigida a la entidad verificada, la cual ha de presentar —desde el punto de vista administrativo— el plan de medidas organizativas y disciplinarias que adoptarán con los responsables.
Corresponde al fiscal revisar, evaluar y determinar si con las acciones adoptadas se puede restablecer la legalidad, si no es así devuelve el plan a la administración, que debe enmendarlo en un plazo de 60 días, período en el que la autoridad legal vuelve a la entidad. Ese proceso es llamado reinspección.
“La Fiscalía va al 100 por ciento de las entidades a reinspeccionar cómo se cumplieron las medidas o se restableció la legalidad, y qué sanciones se aplicó a los responsables, de manera que se impida la reincidencia y reproducción de hechos similares”, apuntó Cruz Rivera.
Al cierre de junio, la FGR realizaba el seguimiento a 11 casos, tras las correspondientes denuncias a la policía y mientras se investigan por el órgano de instrucción. En los expedientes, elaborados meticulosamente, se archiva lo detectado por la Contraloría, el Sistema Nacional de Auditoría y el Sistema Nacional de Inspección.
Amparados en la Resolución conjunta del Ministerio del Interior, la FGR y la CGR, el grupo multidisciplinario realiza la valoración de la documentación presentada, y sólo entonces valida si existe un hecho delictivo; luego es que se formula la denuncia en la Policía.
“Es como un filtro que permite luego más efectividad en los procesos judiciales”, agrega la autoridad fiscal.
Reinaldo Cruz Rivera recuerda que la Carta Magna de la República, en su artículo 56, establece que el control de la investigación penal le corresponde a la Fiscalía, “eso siempre lo hemos hecho, pero hoy tiene rango constitucional”.

El control, objetivo altamente priorizado

Ante la ofensiva del Gobierno cubano para frenar el robo de combustible, ¿a los hechos delictivos asociados a él se le aplican sanciones más severas? ¿Son implacables los Tribunales sólo porque el país procura cerrar, definitivamente, la llave del combustible?
El Tribunal siempre tiene en cuenta la peligrosidad y las circunstancias del país, por supuesto. El contexto nunca se desconoce, pero por encima de ello prima el respeto a los derechos, garantías y condiciones de cada individuo, explicó Marisela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular (TSP).
Las sanciones también dependen de la tipicidad delictiva; por ejemplo, la malversación tiene varios rangos sancionadores, todos en dependencia del valor de lo sustraído. El más alto es de ocho a 20 años, que se aplica cuando los bienes exceden los 10 mil pesos. Asimismo pueden oscilar entre los tres y ocho años; o de seis meses a dos años o multa de 200 a 500 cuotas.
En el caso de la apropiación indebida, de cuatro a 10 años como máximo (cuando el apoderamiento del combustible, lo realiza una persona que es el conductor del vehículo o responsabilizado con la transportación de este producto y su valor es superior a los 2000 pesos); mientras que la receptación tiene sanciones que van desde tres meses a un año o multa de 100 a 300 cuotas, y de dos a cinco años o multa de 500 a mil cuotas si el receptador se dedica a la actividad, es reincidente o los bienes son cuantiosos.
Además, se imponen sanciones accesorias consistentes en la privación de derecho, comiso de los bienes u objetos que sirvieron o estaban destinados a servir a la perpetración del delito y los provenientes directa o indirectamente del mismo, la confiscación de bienes transfiriéndolos a favor del Estado, la prohibición del ejercicio de una profesión cargo u oficio, entre otras.
Desde hace varios años, la Contraloría General de la República (CGR) concede prioridad a la realización de acciones en las que se evalúe el tema combustible. El objetivo es altamente priorizado en las Directivas de Control que anualmente aprueba el Consejo de Estado, precisamente a propuesta de este órgano.
La CGR brinda especial atención a la generalización de experiencias, y métodos de control y análisis, sobre el tema en cuestión, con el objetivo de que se cumplan las disposiciones establecidas y se utilice, correctamente, este importante recurso. Aunque solo se les asocie con el control, con su labor insisten más en hacer ley y práctica la moraleja de un popular refrán: “más vale prevenir, que tener que lamentar”. 
Según directivos de la CGR, a partir de los recientes acuerdos aprobados por el Consejo de Ministros (CM) para frenar el robo de ese bien, se ha indicado a todo el Sistema Nacional de Auditoría evaluar el tema —al que se le otorga una calificación particular—, el cual influye en la calificación general en este ejercicio de inspección.
Compete a la Contraloría aplicar la reducción del 50 por ciento del combustible administrativo por el término de tres meses a las entidades y direcciones que obtengan deficiente en las verificaciones realizadas por los órganos fiscalizadores, una de las 12 líneas adoptadas por el CM.
Desde la realización de la XIII Comprobación Nacional al Control Interno concluida a finales de diciembre de 2018, y hasta el cierre de junio pasado, en las auditorías realizadas por la CGR y el resto del Sistema Nacional de Auditoría, se calificó de deficiente o malo el indicador “combustible” en 203 entidades, a 188 se le aplicó la correspondiente reducción del combustible administrativo por parte del Ministerio de Economía y Planificación (MEP) y la cartera de Energía y Minas. En las restantes entidades, no procede tal restricción, ya que sólo reciben combustible destinado a la producción y los servicios.
Al cierre de junio, el MEP le había notificado a 169 entidades la reducción de 279 mil 077 toneladas de combustible, de ellas 184 mil 060 de gasolina y 95 mil 017 de diésel destinadas a las actividades administrativas.

¿Cuáles son las deficiencias y violaciones más recurrentes?

  • El descontrol físico y contable de los equipos de transporte y diferencias con lo controlado por el Registro de Vehículos del MININT, así como de los períodos de paralización por roturas, que permiten que se demande combustible por encima de la necesidad real.
  • Problemas en el registro contable y de calidad en los datos que se consignan en el sistema informativo asociado a la planificación, demanda y consumo de los combustibles, lo que resta objetividad a los análisis que se realizan con base en esta información.
  • Insuficiente análisis de la información que con respecto al consumo de combustible tienen las entidades, como las asignaciones, los vales de consumo o chips, las hojas de ruta, el comportamiento de los índices de consumo, entre otros.
  • Deficiente control de las tarjetas de combustible, lo cual propicia perder la trazabilidad sobre sus movimientos, o exigir la responsabilidad material ante pérdidas o extravíos.
  • Escasa utilización por las entidades titulares de la información —disponible en la página digital de FINCIMEX— relacionada con los movimientos de las tarjetas.
  • En los casos en que se detectan violaciones está presente la superficialidad, la rutina, el formalismo y la falta de exigencia que caracterizan el actuar de esas administraciones al aplicar el autocontrol.

Las piezas que aún fallan

Reinaldo Cruz Rivera, vicefiscal general de la República de Cuba, apunta que la mayoría de las revisiones efectuadas arrojan de manera esencial que “todavía siguen fallando los mecanismos efectivos de control de combustible a nivel empresarial”.
Cita el ejemplo del sector de ferrocarriles, uno de los puntos álgidos en lo que a regulación y control concierne.
La propia fuente confirma que la Unión de Ferrocarriles de Cuba, una de las organizaciones superiores de Dirección Empresarial del Ministerio del Transporte, posee una norma interna que regula el control del combustible, la cual no se cumple.
“No se aplica en algunas de esas instituciones visitadas, lo que trae como consecuencia que no se pueda determinar el destino del combustible desviado. Tampoco se realizan los análisis periódicos de las desviaciones de consumo, situación que propicia las diferencias se conviertan en sustracciones”.
Añade a dichas problemáticas las ocupaciones de combustible realizadas en las mismas locomotoras, así como la detección de los tanques cargados a la orilla de las líneas férreas.
Toda una fiesta donde el rey de la noche es el descontrol, y en la que se reúnen a bailar endebles medidas. Por ejemplo, a la hora de aplicar la responsabilidad material (pago) sobre el combustible sustraído, se hace al precio de costo de la compra mayorista por la entidad, no al precio con que se comercializa en el mercado negro.
“No basta con aplicar la responsabilidad material. Un trabajador que genera una afectación económica, porque se desvió el índice de consumo o se perdió el combustible, no sólo tiene la obligación legal de pagarlo, sino que ha de responder disciplinariamente ante esa actitud”, opina el vicefiscal general.
Esa es, precisamente, otra de las tendencias que han arrojado las investigaciones: el tratamiento incorrecto a los faltantes detectados por las propias instituciones, cuya medida es la aplicación de la responsabilidad material, pero que en otros casos conlleva denuncia. En este sentido, muchas entidades no reaccionan.
La diferencia entre la aplicación de la responsabilidad material y el delito depende del monto del faltante y son los propios organismos quienes definen las cifras.
“Por ejemplo, en un faltante de hasta mil 500 pesos se puede aplicar la responsabilidad material en una entidad, pero cuando exceda esa cifra hay que denunciar porque ya es una conducta delictiva”, explica Cruz Rivera.
Existen conductas que reflejan la sustracción intencional del combustible, fenómeno que no es el principal, pero ocurre y evidencia la pérdida de valores de los trabajadores, funcionarios o directivos que, incluso, conocen de esos hechos y los toleran.
En todos los casos, se nota que no existe una evaluación de las causas que generan esas desviaciones, “ese es el principal problema que tenemos hoy”.
“Todavía en las entidades estatales —según lo revelado en las investigaciones nuestras— el control del combustible sigue siendo un slogan; no es real, no se evalúa en los consejos de dirección, no se adoptan las medidas, ni se analizan las causas por las que se dan los fenómenos, es la realidad”, concluye.

Nuevo usuario en la ZED Mariel construirá y operará naves y oficinas

En este artículo: Cuba, Economía, Inversiones, Mariel, Negocios, Zona Especial de Desarrollo Mariel
4 septiembre 2019
Hasta julio pasado se habían establecido 46 empresas en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) Foto: Juventud Rebelde.
La empresa de capital español Grupo BM Interinvest Technologies Mariel, S.L.U. quedó establecida este miércoles como usuario de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, informó el portal digital de la ZED.
Con autorización para operar por un período de 40 años, la sucursal de Grupo BM Interinvest Technologies Mariel, S.L.U. construirá y operará una plataforma dotada de oficinas y naves para uso industrial y de servicios, al tiempo que ofrecerá otras prestaciones asociadas a estas actividades.
La pauta estratégica de la ZED Mariel, su Programa de Desarrollo y Negocios, comprende el desarrollo de la infraestructura y los servicios dirigidos a fortalecer el ambiente de negocios favorable, que permita dinamizar el establecimiento de nuevos usuarios y concesionarios, precisó la publicación.
Datos ofrecidos en julio pasado por Ana Teresa Igarza Martínez, directora general de la ZEDM, indican que hasta entonces se habían establecido allí 46 empresas, y de ellas ya 22 prestaban servicios. Un total de 20 países están representados en esas entidades.
(Con información de ZEDM)