Fidel


"Peor que los peligros del error son los peligros del silencio." Fidel Castro Ruz

lunes, 16 de septiembre de 2019

La muerte acelerada de la democracia estadounidense

Las agencias de gobierno están siendo transformadas para cumplir los caprichos de Donald Trump a un paso sorpresivamente veloz.



ImageCreditCreditJim Datz


Por Paul Krugman, New York Times

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Las democracias solían colapsar de manera repentina, con tanques que avanzaban ruidosamente hacia el palacio presidencial. En el siglo XXI, empero, el proceso por lo general es más sutil.

El autoritarismo está avanzando por todo el mundo, pero su marcha tiende a ser relativamente lenta y gradual, de tal modo que es difícil señalar un solo momento y decir: “Este es el día en el que murió la democracia”. Solo nos levantamos un día y nos damos cuenta de que se ha ido.

En el libro de 2018 Cómo mueren las democracias, los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt documentaron cómo se ha desarrollado este proceso en varios países, desde la Rusia de Vladimir Putin hasta la Turquía de Recep Tayyip Erdogan y la Hungría de Viktor Orbán. Poco a poco, se fueron derribando las vallas de contención que protegían la democracia, a medida que instituciones pensadas para servir al público se convirtieron en herramientas del partido gobernante, para luego ser usadas como armas para castigar e intimidar a los opositores. En el papel, esos países todavía son democracias; en la práctica, se han vuelto regímenes de un solo partido.

Acontecimientos recientes han demostrado cómo puede ocurrir esto en Estados Unidos.

Al principio, el Sharpiegate —Donald Trump, en vez de admitir que dio una proyección climática errónea cuando afirmó que Alabama estaba en riesgo por el huracán Dorian, apareció el 4 de septiembre al lado de un mapa alterado con un marcador— fue algo gracioso. Aunque también fue un poco aterrador; no es cualquier cosa que el presidente de Estados Unidos no pueda enfrentar la realidad. No obstante, dejó de ser una broma para del día siguiente, cuando la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) lanzó un comunicado en el que respaldaba erróneamente la afirmación de Trump de que la agencia científica sí le había advertido sobre una amenaza en Alabama.

¿Por qué es tan aterrador? Porque demuestra que incluso los líderes de la NOAA, que debiera ser la agencia más técnica y apolítica, ahora son tan serviles a Trump que están dispuestos no solo a invalidar las opiniones de sus propios expertos, sino a mentir, solo para evitar un momento de vergüenza presidencial.

Piensen en esto: si se espera que hasta los que predicen el clima sean apologistas del Amado Líder la corrupción de nuestras instituciones es total.

Esto me lleva a un caso mucho más importante: la decisión del Departamento de Justicia de investigar a empresas automotrices por el delito de tratar de actuar de manera responsable.

Primero, un resumen del caso hasta ahora. Como parte de su yihad contra normas medioambientales, el gobierno de Trump ha declarado su intención de anular las regulaciones del mandato del expresidente Barack Obama que exigían que las automotrices desarrollaran mejoras graduales en el rendimiento del combustible.

Tal vez piensen que la industria automovilística agradecería la invitación del actual gobierno para ignorar esas regulaciones y seguir contaminando a los mismos niveles. Excepto que los fabricantes de automóviles ya basaron sus planes de negocios en el supuesto de que los estándares para el rendimiento de combustible aumentarían.

No quieren que sus planes se vean afectados; en parte, podríamos sospechar, porque entienden que la realidad del cambio climático tarde o temprano hará necesario que esas regulaciones vuelvan a entrar en vigor. Entonces en realidad se opusieron a la desregulación de Trump, que en una carta a la Casa Blanca advirtieron que significará “un periodo extendido de litigios e inestabilidad”.

Varias empresas han hecho más que protestar en cartas. En un reproche considerable hacia el gobierno, llegaron a un acuerdo con el estado de California para cumplir con normas casi tan restrictivas como las de Obama, incluso si el gobierno federal ya no los obliga a hacerlo.

Entonces, según The Wall Street Journal, el Departamento de Justicia está considerando presentar una demanda colectiva antimonopolio en contra de las automotrices, con lo que parece decir que ponerse de acuerdo en normas de protección ambiental fuera un delito equiparable a la manipulación de precios.

Esto sería perturbador incluso si proviniera de un gobierno que ya hubiera demostrado su interés en aplicar una política antimonopólica real. Sin embargo, en esta ocasión proviene de gente que hasta ahora no ha mostrado preocupación alguna por el poder de los monopolios; está claro que es un intento de usar como arma las demandas colectivas antimonopolio para convertirlas en una herramienta de intimidación.

Además, hay pruebas evidentes de que el Departamento de Justicia se ha corrompido por completo. En menos de tres años, ha pasado de ser una agencia que trata de hacer cumplir la ley a una organización dedicada a castigar a los opositores de Trump.

¿Quién sigue? En al menos dos casos, Trump parece haber tratado de usar su poder para castigar a Amazon, cuyo fundador, Jeff Bezos, es propietario de The Washington Post, al cual el presidente considera un enemigo (al igual que a este periódico). Primero presionó para que aumentaran las tarifas para la entrega postal de paquetes, lo cual dañaría los costos de envío de Amazon; luego, el Pentágono, de manera repentina, anunció que estaba reconsiderando el proceso para asignar un enorme contrato para computación en la nube que Amazon esperaba a todas luces ganar en la licitación.

En cada caso, es difícil probar que estos fueron esfuerzos para usar las funciones gubernamentales como arma en contra de críticos nacionales. Pero ¿a quién queremos engañar? Claro que lo fueron.

La cuestión es que así es como se da la transición repentina hacia la autocracia. Las dictaduras de hecho modernas por lo general no asesinan a sus opositores (aunque Trump ha sido excesivo en sus alabanzas a regímenes que, precisamente, dependen de la fuerza bruta). En cambio, esas autocracias lo que hacen es ejercer control sobre la maquinaria gubernamental para hacerle la vida difícil a cualquiera que consideren desleal, hasta que la oposición real desaparece.

Y está ocurriendo en este mismo instante. Si no les preocupa el futuro de la democracia estadounidense, no están poniendo atención.

Paul Krugman se unió a The New York Times como columnista de opinión en 1999. Es profesor distinguido de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y en 2008 fue galardonado con el Premio Nobel de Ciencias Económicas por sus trabajos sobre el comercio internacional y geografía económica. @PaulKrugman

Las reformas del FMI pueden empeorar la situación: el caso de Ecuador

Por Mark Weisbrot

Cuando las personas piensan en el daño que países de altos ingresos, típicamente liderados por EEUU y sus aliados, causan a la población del resto del mundo, generalmente piensan en la guerra. Cientos de miles de iraquíes perdieron la vida como resultado de la invasión de 2003, y muchos más murieron luego, a medida que la situación en la región fue recrudeciendo.

Pero los países ricos también tienen un importante poder sobre la vida de miles de millones de personas a través del control que poseen sobre las instituciones de gobernanza global. Una de ellas es el Fondo Monetario Internacional. Tiene 189 países miembros; sin embargo, Estados Unidos y los países ricos aliados, tienen una mayoría sólida de votos. El jefe del FMI es, por costumbre, de nacionalidad europea; y Estados Unidos por sí mismo tiene suficientes votos como para vetar muchas decisiones de gran envergadura, aunque los países ricos casi nunca votan unos contra otros.

Echemos un vistazo a un préstamo reciente del FMI para ver cómo opera el problema. En marzo, Ecuador firmó un acuerdo por el que pidió prestado $4.2 mil millones al FMI por un periodo de tres años, siempre y cuando el Gobierno se adhiriese a un programa económico determinado por el acuerdo. En palabras de Christine Lagarde ―la directora gerente del FMI en ese momento― este fue “un programa integral de reformas destinado a modernizar la economía y allanar el camino para un crecimiento fuerte, sostenido y equitativo”.

¿Pero es así? Lo primero que debe notarse es que el programa exige un ajuste enorme del presupuesto nacional ecuatoriano, alrededor del 6% del PIB en los próximos tres años (para hacernos una idea, esto es como si el presupuesto federal de Estados Unidos tuviera un ajuste de $1.4 billones, conseguido a través de una combinación de recortes de gastos y aumento de impuestos). En Ecuador esto incluye el despido de decenas de miles de empleados del sector público, el aumento de impuestos que recaen desproporcionadamente sobre la población pobre, y recortes a la inversión pública.

El impacto general de este gran ajuste fiscal será empujar a la economía hacia una recesión. El FMI proyecta una recesión relativamente leve hasta el próximo año; pero es probable que sea mucho más profunda y prolongada, como suele ocurrir cuando se opera bajo los programas del FMI. El desempleo aumentará ―incluso las proyecciones del programa del FMI lo reconocen― y también lo hará la pobreza.

Una razón por la que probablemente la situación será mucho peor que lo proyectado por el FMI es que el acuerdo se basa en suposiciones que no son creíbles. Por ejemplo, el FMI proyecta que habrá una entrada neta del sector privado extranjero en la economía de $5.4 mil millones (alrededor del 5% del PIB) de 2019 a 2022. Pero si miramos los últimos tres años, hubo una salida de $16.5 mil millones (17% del PIB). ¿Qué haría que los inversores extranjeros repentinamente estén mucho más entusiasmados por llevar su dinero a Ecuador? Ciertamente, no lo hará la recesión que también pronostica el FMI.

Hay otros supuestos inverosímiles e incluso algunos que proceden de errores de contabilidad, y lamentablemente todos van en la misma dirección. Parece poco probable que la “austeridad expansiva” del programa ―una estrategia que casi nunca funciona― convierta a Ecuador en una excepción mundialmente famosa, donde la economía crezca a medida que la demanda agregada se reduzca.

El programa también busca remodelar la economía en formas que para muchos ecuatorianos parecerían tener un carácter político. Harán que el Banco Central sea más autónomo; los bienes públicos serán privatizados; y la legislación laboral será reformada de manera que otorgue a los empleadores un mayor poder sobre los trabajadores. Algunos de estos cambios ―por ejemplo, la disociación del Banco Central de otras decisiones gubernamentales― dificultarán aún más la recuperación económica.

Todo esto tiene lugar bajo un Gobierno que si bien fue elegido en 2017 en una plataforma de supuesta continuidad, ahora busca revertir las reformas políticas de la década anterior. Estas reformas fueron, si nos basamos en indicadores económicos y sociales, bastante exitosas. La pobreza se redujo en un 38% y la pobreza extrema en un 47%; la inversión pública ―incluidos hospitales, escuelas, carreteras y acceso a energía eléctrica― se duplicó como porcentaje de la economía. Pero el Gobierno anterior era un Gobierno de izquierda con mayor independencia de Estados Unidos, como cuando, por ejemplo, cerró la base militar estadounidense en su territorio.

Ya pueden imaginarse cómo pinta el panorama, tomando en cuenta que ahora el Gobierno de Trump ha adquirido un enorme poder sobre Ecuador no solo a través del préstamo del FMI de $4.2 mil millones, sino también de los otros $6 mil millones en préstamos para el país otorgados por instituciones multilaterales con sede en Washington, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (esto representa aproximadamente el 10% del PIB anual ecuatoriano, equivalente a más de $2.1 billones en el caso de Estados Unidos).

En realidad, ni tenemos que imaginar mucho, ya que el nuevo presidente, Lenín Moreno, se ha alineado con la política exterior y económica de Trump en la región. Al mismo tiempo, su Gobierno está persiguiendo a su predecesor presidencial, Rafael Correa, con acusaciones falsas que incluso Interpol no respaldará con una orden de captura internacional. Otros líderes de la oposición huyeron del país para evitar la detención preventiva ilegal (en el caso del excanciller Ricardo Patiño, por pronunciar un discurso que no le gustó al Gobierno).

Dado que Washington controla la toma de decisiones del FMI para este hemisferio, el Gobierno de Trump y el FMI están implicados en la represión política en Ecuador, así como en el intento más amplio de reconvertir la economía y las políticas del país en lo que a Trump y Pompeo les gustaría ver, pero por la que la mayoría de ecuatorianos no votaron.

Todo esto proporciona aún más razones para que haya una reforma seria en el FMI, comenzando por convertirlo en una institución más multilateral, como pretende ser. En los últimos 20 años, el Congreso de Estados Unidos —que se encarga de aprobar los aumentos de fondos para el FMI— ha intervenido en contadas ocasiones para eliminar algunos abusos. Por ejemplo, a principios de la década del 2000, millones de niños pobres en África obtuvieron acceso a la educación primaria y a la atención médica porque el Congreso de EEUU impidió que el FMI y el Banco Mundial exigieran a los gobiernos el cobro de tarifas a los usuarios de estos servicios básicos; algo que estas instituciones habían estado haciendo por años.

Es casi un hecho que en las próximas semanas el FMI elegirá un nuevo europeo, rico y blanco, para dirigir la institución. Los miembros progresistas del Congreso, preocupados por lo que la política exterior de Estados Unidos le hace al resto del mundo, deberían intervenir exigiendo algunas reformas.

Traducción por Francesca Emanuele.

Este artículo fue publicado por Página/12 el 16 de septiembre de 2019. Una versión de este artículo fue publicada en inglés por The Guardian el 27 de agosto de 2019. Si el texto a continuación aparece distorsionado, por favor pulse aquí para una versión sin errores de formato. Para ver la versión original en inglés, por favor pulse aquí. Si desea publicar este artículo, por favor infórmele a CEPR respondiendo a este mensaje. Si este correo electrónico fue enviado a usted por un tercero, suscríbase a las listas de correo electrónico de CEPR.

Mark Weisbrot es codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, DC. También es autor del libro "Fracaso. Lo que los 'expertos' no entendieron de la economía global" (Akal, Madrid, 2016).

CEPR es un centro de investigación independiente y no partidario, establecido para promover el debate democrático sobre los temas económicos y sociales más importantes que afectan el diario vivir de las personas.

Nuestro gabinete de asesores incluye a dos Premios Nobel de Economía Robert Solow y Joseph Stiglitz; Janet Gornick, profesora en la facultad de Maestría de CUNY y directora del Estudio de Ingreso de Luxemburgo; y Richard Freeman, profesor de economía en la Universidad de Harvard.

"El Centro de Investigación en Economía y Política es un recurso vital y excepcional. El trabajo que hace CEPR es un componente esencial y necesario de la estrategia general para que Estados Unidos se dirija hacia la justicia económica sostenible".

—Mario Solis Marich, periodista




Combustible: ¿De la indolencia al delito? (+ Infografías)

Por: Oscar Figueredo Reinaldo, Dianet Doimeadios Guerrero, Yunier Javier Sifonte Díaz, Edilberto Carmona Tamayo, Lisandra Romeo Matos, Abel Padrón Padilla
16 septiembre 2019
El robo de combustible le cuesta miles de dólares a la economía cubana. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.
Decir que cada hora el delito le arranca a Cuba 626 litros de combustible es una verdad dolorosa. En Villa Clara, la tercera provincia del país con más procesos penales por esta causa, las pérdidas reportadas en los juicios concluidos este año ascienden a más de 25 mil litros. Una cifra muy superior sigue filtrándose fuera de los juzgados.   
Ya sea en los análisis de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (ONURE), la Fiscalía, CIMEX o los tribunales, varias preguntas parecen no cambiar con el tiempo: ¿por qué roba el chofer estatal? ¿Qué justificación tienen el pipero y el pistero para adulterar los registros en un servicentro? ¿Por qué algunos directivos prefieren mirar a otro lado cuando detectan irregularidades en el uso del combustible?
Las respuestas a esas interrogantes no deberían quedar en la superficie. Justificarlo todo a partir de los bajos salarios o de una cultura basada en el aprovechamiento de los recursos estatales en pos del beneficio personal, significa detenerse en la periferia de un tema que en lo profundo tiene mucho de ética y de responsabilidad social.
Educación y control son dos cuestiones primordiales aquí, pero difíciles de conjugar cuando el bolsillo aprieta y la exigencia es poca. Entonces, ¿qué hacer frente a ese panorama? ¿Por dónde comenzar a dinamizar la lucha contra el robo de combustible y convertirla en una realidad más palpable? Las respuestas tienen tantos caminos como escollos.

En las sombras

Los camiones de pasajeros son los vehículos privados que más combustible consumen. Foto: Vanguardia.
Desde hace cinco años, Alberto maneja un camión de pasajeros en la ruta Santa Clara-Placetas. Sin embargo, en todo ese tiempo pocas veces se le ha visto detenerse en los CUPET del territorio para rellenar el tanque de combustible. Miembro consciente de una amplia cadena delictiva que tiene como rostro más visible a pisteros y choferes estatales, él prefiere mantener su nombre en el anonimato para no mezclarlo en un desfalco conocido por todos.
Según cuenta otro chofer, que prefiere llamarse Octavio, en el mercado negro un litro de diésel puede oscilar entre 8 y 10 pesos, menos de la mitad del precio por el cual se adquiere en los servicentros.
Siempre trato de comprar petróleo ‘por la izquierda’, porque es un ahorro considerable. Aunque existen varios puntos para adquirirlo, el gran problema es encontrar un lugar fijo capaz de garantizarlo todo, pero pocas veces aparece”, explica con la más natural de las actitudes.
A diferencia de él, la realidad de tener un vendedor estable sí la conoce Alejandro, otro chofer privado que también prefirió eludir su nombre para contarle a Cubadebate una de las partes más turbias del proceso. Según dice, desde hace más de un año encontró uno de esos “empresarios particulares” dispuestos a facilitarle de un golpe todo el diésel necesario para mover su Chevrolet.
“Quien me vende funciona como intermediario. Él acumula el combustible y tiene el contacto con los compradores. Dos o tres veces por semana paso por un lugar, previamente acordado, y recojo lo mío. Las únicas condiciones son pagar al contado, discreción y llevarse cantidades suficientes para tres o cuatro días. Así se evita repetir demasiado los viajes al mismo sitio”, asegura.
Alejandro ahora se alegra de tener este punto. Antes debía buscar el combustible con diferentes personas y era una tensión constante. Unas veces compraba un poco a transportistas estatales en la autopista nacional; otras lo conseguía en el mismísimo servicentro o, incluso, en algunas ocasiones se lo llevaron hasta la casa. Pero tanto para él como para Octavio, involucrarse en varias cadenas delictivas al mismo tiempo no es una buena opción.
Todos ellos tienen un argumento común para explicar por qué compran combustible sustraído al Estado: los altos precios en los CUPET. Ese es el razonamiento más extendido entre los transportistas privados, los principales receptadores del carburante que otros roban primero. Pero frente a esa justificación bien vale la pena una pregunta: ¿puede un negocio aspirar a sostenerse con lo ilegal?
Juan Carlos Marante Mariño, gerente comercial de la Sucursal CIMEX Villa Clara, no solo sabe muy bien la respuesta a esa interrogante, sino también cómo funciona el robo en los CUPET del territorio.
Rostro habitual en las inspecciones, asegura que la manera más sencilla es el mutuo acuerdo entre el pistero y el chofer estatal responsable de una tarjeta prepagada de combustible. Entonces, de la bomba sale la cantidad justificada con el chip de venta, pero no va íntegramente al tanque del vehículo.
Adulterar las mediciones de los carros cisternas es uno de los modus operandis para el robo de combustible. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.
Esa es la forma básica, aunque poco a poco aparecen otras más complejas. Por ejemplo, el directivo de CIMEX explica cómo las normas técnicas permiten una pérdida entre un uno y un tres por ciento del combustible durante el proceso de reabastecimiento, en dependencia de si la medición ocurre por vara o de forma automática. Ya han detectado a trabajadores que aprovechan esa brecha, reportan el faltante y se lo apropian.
Otro modus operandi consiste en utilizar los comprobantes de compra emitidos cuando una persona natural adquiere combustible. Entonces, junto al diésel o la gasolina robada, el pistero le vende también el chip a los choferes particulares como una justificación en caso de algún chequeo.
Finalmente, otra manera radica en la emisión de dos comprobantes por una misma extracción. Luego el pistero anula uno por la verdadera cantidad descargada y habilita el otro por la cifra que el chofer reportará a su entidad. Si en las empresas o unidades presupuestadas no existe un control frecuente sobre el combustible esta fórmula se convierte en una de las más exitosas.
“Todos esos mecanismos, así como el de despachar cantidades de combustible por encima de lo permitido, solo se eliminan con exigencia y control, tanto de nuestra parte como de los jefes de turno y administradores. Una de las medidas que hemos tomado es incrementar las inspecciones sorpresivas y chequear si coincide la última operación con lo registrado en la cinta auditora”, explica.
Esa es solo una de las acciones para cerrar puertas a un desfalco que conocen tanto los directivos como las instituciones de control. De hecho, según datos proporcionados por la ONURE, en 2018 la provincia apenas vendió 1.06 litros de combustible por día a cada porteador no estatal, una cifra infinitamente menor a lo que la lógica y la cantidad de viajes indican como normal.
Esa tendencia se mantuvo hasta abril de este año, cuando poco a poco comenzó a cambiar, impulsada por el aumento del control, pero también por las reducciones en las entregas de combustible al sector estatal. La mezcla de esos factores confluyen para que al cierre de agosto Villa Clara venda 54.80 litros diarios por cada uno de sus 517 transportistas privados.

Cuentas claras

En tiempos de control de los recursos energéticos, ver llegar el auto con el logo verde y naranja que identifica a la ONURE es una bendición para algunas entidades estatales, pero un mal augurio para otras.
Para las derrochadoras, ineficientes o con descuidos imperdonables sobre su combustible, esas visitas bien pueden significar un llamado de alerta o el inicio de un proceso más amplio de fiscalización.
Así sucede para las nueve entidades de Villa Clara catalogadas como deficientes en el actual año, una cifra alta si se tiene en cuenta que, hasta agosto último, 20 empresas y unidades presupuestadas recibieron algún tipo de visita. Otras cuatro fueron objeto de procesos investigativos por el Ministerio del Interior y no recibieron evaluación.
Las 190 acciones de control efectuadas en los primeros ocho meses de este 2019 –166 de ellas a entidades con altos consumos– ofrecen un panorama que revela una pérdida económica de 26 mil 596.48 pesos. Las pérdidas del 2018 se ubicaron en más de 17 mil CUC y 6 mil pesos en moneda nacional.
Asimismo, hasta agosto del actual año, siete entidades no lograron justificar su gasto de combustible durante un mes, un indicador capaz de sembrar dudas sobre si el desfalco podría tener allí las puertas abiertas.
Junto a ese dato, apenas basta un rápido bosquejo al último informe para comprobar cómo esos controles demuestran la permanencia en el tiempo de carencias todavía más preocupantes. De los problemas detectados en las once instituciones evaluadas como deficientes en 2018, solo uno no se repite en el actual año.
  • Las tarjetas prepagadas de combustible no se controlan como establecen las regulaciones vigentes.
  • Diferencias entre los datos reportados en el balance mensual y la información primaria.
  • Los sistemas de Gestión y Control de Flota en las entidades no cumplen con todo lo establecido en los procedimientos aprobados.
  • Las tarjetas de combustible no están personalizadas por vehículo.
  • Deficiencias a la hora de normar el índice de consumo para cada equipo.
  • Medios de transporte o tecnológicos consumen combustible sin respaldo de actividades ejecutadas.
  • Equipos con sobreconsumo de combustible superior al 5 por ciento.
  • Falta de análisis profundos sobre las desviaciones en los índices de consumo.
  • Escasos estudios de los indicadores de eficiencia energética.
  • Inestabilidad, fluctuación y falta de preparación técnica del personal encargado de realizar la planificación, el control, el análisis y la verificación de los datos generados en la utilización del combustible.
Según el director de la ONURE en Villa Clara, resolver esa situación no implica crear procedimientos nuevos, sino aplicar correctamente el Manual de inspección a los portadores energéticos, un documento recogido en la Resolución 152 del 2018 del Ministerio de Energía y Minas. Sencillamente, cumplir con lo establecido.

Derrame

Caricatura: Martirena
La desaparición de 15 mil 549 litros de combustible no es cosa fácil. Sin embargo, así ocurrió en la Unidad Empresarial de Base Transporte Caibarién, una de las entidades de ese municipio que más diésel recibe para mantener sus operaciones. La pérdida se detectó durante una actividad de control a una de las reservas habilitadas en la entidad, pero poco pudo hacerse ante los tanques vacíos.
Luego de la alarma y la posterior investigación, el resultado fue más increíble de lo esperado. Aparentemente, nadie se apropió del combustible, porque el deterioro de los medios de conservación actuó primero y el diésel se derramó sin que nadie lo notara.
La demora en una inversión necesaria desde el año anterior y la falta de chequeo a un depósito que de antemano se sabía defectuoso, “propiciaron” la pérdida. Según cálculos conservadores, el diésel perdido podía garantizar más de 680 viajes entre Caibarién y Santa Clara, o más de 130 entre la capital provincial y La Habana.
Como parte de la Causa 29 del 2019, el Tribunal Municipal Popular de Caibarién determinó la implicación del director provincial de Transporte, el jefe de la UEB y el responsable de Seguridad y Protección, quien además de la privación de libertad, recibió una multa de 300 cuotas de un peso cada una.
Durante el juicio, junto al delito de incumplimiento del deber de preservar bienes en entidades económicas, la Fiscalía también acusó de falsificación de documentos al jefe de Seguridad y Protección.
Este último no solo violó una de las funciones inherentes a su cargo, sino que, al conocer sobre la pérdida, creó un reporte ficticio para simular que había comunicado el estado de deterioro de los depósitos al Instituto Nacional de Reservas Estatales.

Justicia, inteligencia y mano dura

Según Elina Ávalos Manresa, fiscal jefa del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Villa Clara, la actuación de ese organismo jurídico ante procesos relacionados con sustracción y descontrol del combustible se basa en la rigurosidad, tanto en la investigación como en la solicitud de condenas.
Para ello, la Resolución 15 del 2019, dictada por el Fiscal General de la República, juega un rol fundamental como guía para cada acción jurídica.
Junto al acompañamiento hasta que el proceso llega a los tribunales, el documento establece la imposición de la medida cautelar de privación provisional de libertad para los acusados vinculados a estos hechos. Asimismo, en caso de encontrar responsabilidad, reafirma el decomiso de casas que sirven de almacén o de vehículos utilizados para transportar el combustible robado.
“Aunque a la hora de solicitar sanciones se tienen en cuenta elementos como la edad de los acusados, su conducta previa o las condiciones del delito, sí se mantiene la política de rigurosidad para juzgar casos relacionados con el combustible. Es un delito de alta peligrosidad, porque afecta directamente a varias áreas de la economía cubana”, explica.
Una actitud similar la sostienen los juzgados de la provincia. De acuerdo a Arianny Casas Pérez, presidenta de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, el presidente del Tribunal Supremo Popular también ha dado indicaciones encaminadas a uniformar la tramitación de los procesos asociados a la pérdida de combustible.
La joven abogada aclara que todo parte de un concepto fundamental: la defensa de las garantías legales para impartir justicia. Según dice, estos procesos no se salen de lo establecido en la ley y mantienen sus características de transparencia y apego a los derechos para todos los acusados.
“Aquí la máxima severidad viene junto al análisis caso a caso de los modus operandi¸ las personas implicadas, el tipo de delito, la cantidad de combustible o las entidades afectadas. Cada proceso es diferente en cuanto a complejidad y alcance, y esos son elementos que también valoramos a la hora de emitir una condena”, asegura.
Esa idea la confirma Elena Margarita Cabrera Figueroa, presidenta del Tribunal Provincial Popular en Villa Clara. De acuerdo a unos datos que actualiza cada mes, hasta el momento el 92 por ciento de los sancionados en el territorio por delitos vinculados al combustible recibieron penas tanto de privación de libertad como de trabajo correccional con internamiento.
En una mirada rápida, esos números evidencian el interés de los organismos por enfrentar el robo. De hecho, Villa Clara es la segunda provincia con más medios de transporte decomisados en Cuba por casos relacionados al desvío de combustible. Asimismo, junto a Santiago de Cuba, es el territorio que más viviendas confisca por esos delitos.
Sin embargo, un análisis más profundo revela una estadística preocupante: los tres casos asociados al delito de incumplimiento del deber de preservar bienes en entidades económicas reportan el 86 por ciento del combustible “perdido” en Villa Clara.
Solamente por esa causa, los juzgados del territorio cuantifican el extravío de más de 20 mil 700 litros de diésel. La cifra es más alarmante cuando uno comprueba que por otros delitos la cantidad apenas sobrepasa los tres mil 250 litros este año.
Mientras tanto, los datos del Tribunal Provincial Popular contienen otra clave esencial para entender por qué es tan difícil cortar de raíz el robo de combustible: de todos los casos juzgados en Villa Clara, el 50 por ciento están asociados al delito de receptación, el último y más fácil eslabón de detectar. Es encarar un problema sin atacar la base. Las estadísticas relacionadas con la fuente del delito tendrían que crecer para que el enfrentamiento sea más efectivo.
“La policía encuentra a alguien con combustible sin justificar y esa persona dice no conocer al vendedor. Si lo cuenta es igualmente difícil demostrar la infracción, porque cuando aparece –casi siempre un chofer estatal– tiene en orden el chip, el consumo y las descargas de la tarjeta. No obstante, no llegar hasta el primer ladrón no implica dejar de juzgar a los otros”, explica Arianny Casas.
Para ella, este tipo de delitos se ubica entre los más sensibles, y aunque la mayoría no reporta grandes pérdidas económicas, el combustible sí sale de servicios que forman parte del día a día del cubano. Alerta además que su peligrosidad radica en que la sociedad ya los ve como algo natural.
“Muchas veces llega a los tribunales una causa por la receptación de volúmenes inferiores a las pérdidas reportadas en grandes empresas. Quizás sean 15 litros y cualquiera lo vería como una cuestión menor, pero por esa cantidad una ambulancia puede dejar de funcionar y causarle la muerte a un enfermo; o un barrio no recibir la fumigación e infectarse de dengue. Entonces no solo es importante ver el delito en sí, sino también sus consecuencias”, comenta.
En ese sentido, un elemento resalta a cada paso: la necesidad del control y la prevención para evitar el robo. Para ello, por ejemplo, las verificaciones fiscales a las empresas deben jugar su papel, tanto como las auditorías o los consejos de dirección. Si eso no ocurre, solo queda juzgar una y otra vez a quienes cometan el delito.

Desidia

El descontrol es una causa fundamental para propiciar el delito. Caricatura: Martirena
A solo horas de que el huracán Irma comenzara a azotar al municipio de Sagua la Grande, el Consejo de Defensa Municipal entregó al hospital del territorio mil 200 litros de diésel para garantizar la vitalidad cuando arreciaran los vientos. Desde ese momento, ese sería el punto de la discordia para todos los implicados en el cuidado del combustible… o más bien, en su descontrol.
Luego de recibir el petróleo sin documentos y solo con el chip emitido por CUPET como constancia, el director, la energética y el subdirector administrativo del hospital lo depositaron en una pipa novia, pero enseguida comprobaron que no lo necesitaban. Entonces, el Consejo de la Administración Municipal (CAM) decidió moverlo hasta una de las estaciones de bombeo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.
Apenas pasaron dos horas y un chofer de tractor llegó al centro de salud para trasladar el combustible. En el nuevo destino el administrador recibió el combustible, pero tampoco verificó la cantidad que el Estado ponía bajo su custodia. Así lo dejó durante tres meses. Sin cuidados, sin control, hasta que desapareció en su totalidad.
En las investigaciones se comprobó que el chofer del tractor robó 60 litros durante el traslado, pero fue imposible determinar el paradero para los otros mil 140 litros. El hurto de carácter continuado y el incumplimiento del deber de preservar bienes y entidades económicas otra vez fueron los delitos por los que todos fueron juzgados como parte de la Causa 16 del 2019.
Junto a la del administrador de la estación, la Fiscalía Municipal también encontró responsabilidad en la jefa del Subgrupo de Energía del CAM y en la directora de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, sobre todo por no chequear un bien del que conocían su existencia y su importancia.

¿Nuevas alternativas para la misma realidad?

Exigir los comprobantes del combustible a los transportistas privados puede ser un buen paso. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.
Para Abelardo Martínez Rodas, un auditor con más de 40 años de experiencia, una lucha realmente efectiva contra el robo de combustible implica, en primer lugar, entender qué bases sustentan el fenómeno. Según dice, ese detalle resulta imprescindible para no verlo como un suceso aislado, ni convertir su enfrentamiento en una situación temporal.
“Ciertamente, los ingresos promedio de un trabajador estatal pocas veces alcanzan para satisfacer todas sus necesidades, pero esa no puede convertirse en la razón para defender cualquier tipo de robo.
“Junto a ello, la corrupción y la irresponsabilidad de quienes tienen a su cargo el cuidado de los recursos estatales debería tener consecuencias más severas. La responsabilidad material no puede estar divorciada de la penal. De otro modo sería arar en el mar”, apunta.
En tal sentido, Juan Carlos Marante, gerente comercial de la Sucursal CIMEX Villa Clara, se queja del escaso impacto de los informes que todos los meses él entrega a los organismos encargados de analizar el desvío de combustible.
Según cuenta, ese documento recoge las operaciones de las tarjetas repetitivas o con altas descargas en cada uno de los 59 servicentros de la provincia, pero en la mayoría de los casos nadie las examina o tienen poco seguimiento.
“No podemos negarle a un vehículo estatal el combustible. Ellos pueden extraer hasta tres veces en un día, pero ¿para qué un auto que circula dentro de la ciudad necesita tanto en una jornada? Nosotros plasmamos esas operaciones en el informe, pero es responsabilidad de cada entidad controlar qué sucede con sus tarjetas prepagadas, su combustible y sus vehículos”, comenta.
Por su parte, el auditor Abelardo Martínez encuentra otra área desaprovechada en el control del combustible. Para él, una buena manera de aumentar la exigencia sería incorporar a las pesquisas de los inspectores de tránsito la justificación del combustible empleado en cada viaje.
“Si junto a la revisión de la licencia operativa, el chequeo del estado técnico o la cantidad de pasajeros, los inspectores incluyeran con rigor la verificación de los comprobantes de compra del diésel a nombre del chofer, ese pequeño detalle sería un paso contundente para cerrarle otra brecha al robo”, asegura.
Estudiar nuevos precios del combustible en el país o un fortalecimiento en la relación contractual con los porteadores privados, para permitirles adquirir el diésel a costos diferenciados y bajo condiciones favorables para ambas partes, pueden ser otros interesantes senderos por explorar. Aun así, todo debe llegar junto al destierro de la cultura del facilismo y la ilegalidad como modo de vida.
A su vez, otra buena opción podría estar en la creación de políticas de incentivo fiscal para aquellas entidades eficientes en el uso y control del combustible al final del año.
Que quien economice no vea la reducción de sus asignaciones en el plan del año siguiente, sino un ingreso por concepto de eficiencia para incrementar la inversión en innovación y desarrollo, por ejemplo. Aunque esos son elementos analizados en otras ocasiones, este sería un buen contexto para aplicarlos con mayor fuerza.
De igual manera, para el director de la ONURE en Villa Clara resulta fundamental la constancia en el control y el sentido de pertenencia tanto de jefes como de trabajadores. "Es la única manera de superar las dificultades y borrar de una vez el problema", sintetiza.
“La clave para detener el robo de combustible no radica únicamente en las inspecciones a las entidades, sino en el rol que cada centro laboral sea capaz de asumir ante un contexto donde saben de la prevalencia del delito. El control de los recursos energéticos debe convertirse en una rutina de trabajo, no en algo que sucede porque un ente externo lo exija”, agrega.
Junto a ello, la batalla por solucionar un problema que cada año le cuesta al país miles de dólares pasa también por clausurar otros resquicios “menos ilegales”, pero tan dañinos como el robo más grotesco.
Así, en la más reciente visita a Villa Clara del ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, apareció un dato alarmante: en el último semestre la provincia reportó 15 mil litros de combustible por concepto de sobreconsumo ineficiente. Se trata de los camiones de carga que circulan vacíos y gastan el diésel asignado sin un respaldo en el traslado de mercancías.
Aunque no es un elemento tipificado como robo, pocos pueden evitar cuestionarse si el control sobre el combustible no debería extenderse con igual fuerza también a esos mecanismos ineficientes.
Mientras tanto, otros también se preguntan quién fiscaliza el uso de los autos y el diésel estatal para que no funcionen como un bien particular en manos de choferes y directivos. Son pequeños gastos camuflados detrás de las pérdidas más alarmantes, pero que en definitiva también podrían incrementar las estadísticas por robos o desvíos.

Geominera del Centro: Control para precaver, no para juzgar

En medio del actual panorama, cualquier medida encaminada a resguardar los recursos se torna vital. Bien lo sabe el ingeniero Argelio Jesús Abad Vigoa, director general de la Empresa Geominera del Centro, un lugar que en los últimos dos años tiene ahorros superiores a los 80 mil litros de combustible.
Con nueve UEB distribuidas en todo el centro del país, un gasto mensual de 160 mil litros de diésel, 86 equipos altos consumidores y áreas de trabajo muchas veces ubicadas en zonas de difícil acceso, esta era una entidad con “condiciones” para el desfalco. Pero en febrero de 2017 el Consejo de Dirección tomó un grupo de medidas encaminadas a cerrarle las puertas al descontrol.
“Lo primero fue reconocer que una parte del combustible robado en Villa Clara también provenía de esta empresa. Entonces, buscamos dónde estaba el 80 por ciento de nuestro consumo y cuáles eran las áreas más vulnerables. Con esos datos celebramos un Consejo Energético Extraordinario y revisamos todas las deficiencias y vulnerabilidades”, cuenta Abad Vigoa.
De ese encuentro salieron varias decisiones interesantes. Por ejemplo, se le retiró la custodia de las tarjetas prepagadas de combustible a los choferes de los equipos que no recorrían grandes distancias. Por otra parte, crecieron las medidas de protección en todos los depósitos y se actualizó la prueba de consumo al 100 por ciento de los vehículos de la empresa.
Asimismo, para las llamadas “pipas excepcionales” —encargadas de llevar el combustible a los equipos pesados—, se determinó la rotación de sus operarios cada año.
Del mismo modo, el proceso de llenado solo ocurre durante el horario diurno y la responsabilidad recae en el director o los jefes de Operaciones y Canteras Internas de cada unidad. El chofer del carro cisterna no tiene acceso ni a la tarjeta, ni al combustible.
De acuerdo con el director general de la Geominera del Centro, a la par de esas acciones, también ocurrió la firma de un compromiso ético de todos los cuadros vinculados al combustible. A su vez, mejoraron las condiciones de trabajo y potenciaron el contacto con las familias para que comprendieran la importancia del control.
Aunque luego de implementar las medidas la empresa afrontó la salida de diez trabajadores por voluntad propia y otros cuatro por sanciones disciplinarias, los resultados hablan por sí solos. En 2017 el ahorro fue de 50 mil litros, mientras que un año después la cifra quedó en 30 mil. En este 2019 los cálculos prevén una reducción de 6 mil litros.
“En la UEB Servicios Mineros al Cemento, nuestra unidad que más gasta, logramos disminuir el índice de consumo de 0.79 a 0.70 litros de diésel por tonelada de masa minera. Es un ahorro real, porque ya este año elaboramos el plan de producción basados en el nuevo valor y le dejamos de pedir al país 144 mil litros de combustible”, apunta el directivo.
Con la experiencia de quien lleva varios años al frente de una de las empresas más importantes del territorio, Argelio Abad sabe que esas acciones no surten efecto si no van acompañadas de una constancia y una evaluación sistemática de sus impactos.
Así, el ejemplo de la Empresa Geominera del Centro arroja una de las claves fundamentales para entender en toda su dimensión la lucha contra el robo de combustible: se trata de ejercer un verdadero control para eliminar las brechas por donde llega el delito, no para buscar culpables cuando solo queda lamentarse por los litros y la batalla está perdida.

Cómo atenuar las limitaciones del combustible en Artemisa, analiza el presidente cubano

Reunión de trabajo en Artemisa con la presencia del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Miguel Díaz-Canel Bermúdez Foto: Yudy Castro Morales
Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, inicia la reunión de trabajo en Artemisa con el propósito de evaluar las medidas adoptadas para atenuar las limitaciones en el uso de combustible.
Ricardo Concepción Rodríguez, jefe de la Administración Provincial, informa sobre las medidas implementadas, teniendo en cuenta los programas priorizados y los servicios a la población.
El reordenamiento del transporte, la distribución de la canasta familiar, la funcionalidad de los servicios vitales de salud, la búsqueda de alternativas para la higiene comunal, así como el respaldo a los programas de sustitución de importaciones y exportaciones, figuran entre las prioridades.
La  producción  de ómnibus y el respaldo a rubros exportables como tabaco, ají, carbón vegetal, fue otro de los temas abordados por Concepción Rodríguez, quien llamó la atención, además, sobre las acciones de control y fiscalización que van desde la regulación  del consumo de energía hasta el monitoreo de los precios.
El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez, enfatizó en las prioridades del sector, que incluyen el mantenimiento de la vitalidad de los puertos, la prohibición de la circulación de vehículos de cargar vacíos, el perfeccionamiento de las agencias de carga y el máximo aprovechamiento del ferrocarril.
Y estas medidas, más que como parte de una campaña, deberán mantenerse en el tiempo, subrayó.
Por su parte, Alejandro Gil, titular de Economía y Planificación, enfatizó en tres ideas fundamentales: recuperar los niveles de actividad, en la medida de lo posible, para no renunciar a los objetivos del plan; cumplir con el plan de circulación minorista e incorporar el concepto de ahorro puesto en práctica por estos días, en el plan 2020.
De coherente calificó el trabajo de la provincia Miguel Díaz -Canel, y aseguró que más que enfrentar la actual situación, las medidas han permitido prepararnos mejor. De lo diseñado en la provincia, destacó la ubicación de personal de las bases se transporte como inspectores, el vínculo necesario con el transporte de la capital y la reubicación de alumnos en sus lugares de residencia sin afectar la asistencia a clases.

Leer la realidad y aprender de los hechos

Por: Jorge Gómez Barata septiembre 16, 2019

La debacle en los países del socialismo real y en la Unión Soviética no son pasado ni historia, sino eventos en desarrollo que pueden afectar no solo a los países sobrevivientes (China, Vietnam y Cuba), sino a los proyectos inspirados en los valores socialistas.

Aunque se admite que hubo algunas influencias externas. Lo cierto es que la rebelión de las masas en Polonia y otros países ex socialistas de Europa Oriental y la errática actuación de las élites soviéticas,
incluidos el partido, los sindicatos y los altos mandos de las fuerzas armadas y la seguridad, se debió a fenómenos internos.

Tampoco se trató de hechos repentinos, sino de procesos que se gestaron durante décadas. Desde los años treinta cuando se produjo la expulsión de Trotski y hasta los cincuenta cuando murió, Stalin aludió constantes conspiraciones, traiciones y mediante dudosos procesos judiciales, purgas, ejecuciones, encierros en los gulags y destierros, castigaba por miles no a enemigos, sino a connotados militantes, dirigentes, jefes militares y altos funcionarios.

El sistema no contó con mecanismo reguladores capaces de auto preservarse y protegerse de sí mismo. La legalidad no funcionó, los jefes eran inmunes a la crítica y estaban por encima de la ley y la administración de justicia era irregular. Las instituciones, principalmente los parlamentos no eran idóneos, y el diseño de las estructuras políticas fue claramente inadecuado.

En una tardía respuesta, en 1956, durante su XX Congreso, el Partido Comunista de la Unión Soviética dio un paso que parecía decisivo cuando, mediante un “Informe secreto” que las bases del partido y el pueblo soviético no conocieron sino muchos años después y que algunos partidos “hermanos” nunca publicaron, se realizó una profunda crítica
a los desmanes de Stalin.

Aquel partido que había sido silenciado durante 30 larguísimos años en los cuales, en su nombre se cometieron crímenes atroces que condujeron a la defenestración “post morten” de Stalin, aceptó que aquel desastre político y jurídico fuera cubierto con el eufemismo de “errores de culto a la personalidad” que parecería una falta menor. Tampoco estuvo en condiciones de exigir a Kruzchov y más tarde a Brezhnev una rectificación profunda que salvara al socialismo.

Aunque Mijaíl Gorbachov intentó hacer las cosas de otro modo y realizó la rectificación como un proceso transparente, cubierto por la glasnov y apegado a las normas del partido y del estado cuyos órganos de dirección (Buro Político, Comité Central, Soviet Supremo y Consejo de Ministros), participaron de las decisiones, la perestroika (rectificación) también fue un proceso esencialmente palaciego, realizado sin participación de las bases del partido y las masas, que terminó de la peor forma posible, mediante un golpe de estado, destituciones y tanques en las calles.

Los comunistas soviéticos, que extraordinariamente disciplinados acataban la disciplina basada en el “centralismo democrático” y estaban preparados y dispuestos para actuar cuando algún militante le fallaba al partido, no supieron qué hacer cuando el partido les falló a los militantes. Educados para obedecer las órdenes de arriba, lo hicieron también cuando de un plumazo Boris Yeltsin disolvió un partido de 20 millones de militantes, 2 500 000 cuadros y 400 000 organizaciones de base e intermedias que durante 70 años gobernó una sexta parte de la Tierra.

Los sindicatos con 100 millones de afiliados no emitieron un comunicado ni levantaron un cartel y los más de mil generales, mariscales y almirantes que habían jurado defender al socialismo miraron para otro lado.

La idea de que en la Unión Soviética y los países socialistas de Europa Oriental las masas perdieron la fe en el socialismo, se volvieran indiferentes e incluso refractarias a los mensajes políticos emanados de las cúpulas gobernantes, fueran inmunes a su pedagogía política y se sumaron a la oposición, no se debió predominantemente a la actividad enemiga ni a los efectos de mensajes ideológicos hostiles, sino a problemas estructurales, métodos de dirección erróneos y a grandes déficits de democracia, legalidad y derechos humanos.

Tengo la sensación de que, a pesar de la audacia de Gorbachov y lo profundo de su crítica, las estructuras políticas, es decir el partido, el parlamento, y el gobierno soviético, fueron excesivamente considerados con ellos mismos y, al confiar en sus métodos burocráticos, alejarse del pueblo y creer en que podían realizar la rectificación exclusivamente desde arriba y reformar el sistema sin cambiar sus estructuras, una vez más, se equivocaron.

Comparto la visión de Raúl Castro primer secretario del Partido Comunista y del presidente Díaz-Canel de realizar la rectificación, no mediante retórica ni ejercicios formales, sino con transformaciones  reales que, aunque todavía adolecen de falta de integralidad y avanzan a ritmos excesivamente lentos, con la resuelta aplicación de lo acordado en los congresos y conferencias del partido y de la Constitución adoptada, a pesar del bloqueo y la hostilidad de los Estados Unidos, pueden perfeccionarse el socialismo.

El sistema soviético tuvo suficientes alertas tempranas de que las cosas andaban mal y diversas oportunidades que sus instituciones y sus liderazgos no supieron aprovechar, y al final no tuvieron a quien culpar, excepto a ellos mismos. Los hechos y las experiencias están a la vista para todos los que quieran aprender de ellos. Allá nos vemos.