21 mayo 2026, LJC
El debate sobre las reformas económicas ha vuelto. Basta con abrir cualquier medio de comunicación en estos días para verificarlo. Ese renovado interés ocurre, además, en un contexto político especialmente complejo para Cuba: una negociación abierta con los Estados Unidos, acompañada de un bloqueo energético, severas sanciones sobre la inversión extranjera y una retórica de confrontación que incluye amenazas de escalada militar.
En medio de tal situación, en algunos espacios se discute sobre el sentido de avanzar, bajo las actuales condiciones, en un programa de reformas económicas profundas o, por el contrario, postergar este programa para priorizar otros objetivos tácticos más inmediatos: aliviar la emergencia energética, asegurar suministros básicos, evitar un deterioro humanitario mayor o ampliar márgenes diplomáticos de negociación.
La pregunta es compleja. Pero antes de reflexionar sobre ella conviene examinar la historia reciente de las reformas económicas cubanas. No porque esta ofrezca recetas concretas, sino porque la última década deja lecciones importantes sobre lo que se hizo y lo que se dejó de hacer, lo que funcionó y lo que no y, sobre todo, arroja luces sobre los márgenes de lo posible en las condiciones actuales.
Una historia corta de las reformas económicas en Cuba
Cuba es una economía que necesita reformas profundas. La afirmación es cierta bajo cualquier circunstancia, no cambia. Se fundamenta en la idea de que el país arrastra problemas estructurales persistentes, como baja productividad, débil capacidad exportadora, incentivos insuficientes a la producción, limitada autonomía empresarial y mecanismos de asignación de recursos poco eficientes. Estos constituyen problemas horizontales compartidos, que van desde la generación de energía hasta la producción de alimentos.
La reforma entre 2011 y 2019: la pérdida de momentum
Una cosa es necesitar reformas y otra muy distinta tener condiciones para implementarlas. Entre 2011 y 2019 —y probablemente, sobre todo, hasta 2016— Cuba tuvo la mejor oportunidad en décadas para avanzar más profundamente en esa dirección. Sí, persistía el diferendo histórico con Estados Unidos y la restricción externa seguía formando parte del paisaje económico nacional. Pero a una escala incomparablemente menor que la actual.
La Actualización del modelo económico que inició en 2011 brindó el marco general para este propósito. Durante los primeros años confluyeron, además, condiciones externas excepcionales: Venezuela aún aportaba importantes flujos comerciales y financieros; persistían programas regionales de cooperación; el acercamiento con la administración Obama abrió expectativas económicas inéditas; crecía el turismo norteamericano, el interés de inversionistas extranjeros y la percepción —correcta o no— de que Cuba comenzaba a abrirse al mundo.
Sería impreciso afirmar que no hubo transformaciones al calor de la Actualización: se amplió el espacio al trabajo por cuenta propia, se promovió una nueva ley de inversión extranjera, se introdujeron cambios tributarios y se descentralizaron parcialmente algunos mecanismos financieros y de gestión empresarial.
Sin embargo, los cambios promovidos fueron insuficientes para corregir los problemas estructurales de la economía. Persistieron restricciones fundamentales:
- un sector privado limitado a unas pocas actividades,
- un sector estatal atado a las cadenas de la asignación centralizada de recursos,
- un sistema de precios distorsionado, pocos incentivos productivos,
- un ambiente monetario segmentado,
- un sector exportador asfixiado por un tipo de cambio sobrevaluado,
- obstáculos regulatorios sobre la inversión, el comercio y la gestión económica, entre muchos otros.
Faltó voluntad política para aprovechar un contexto favorable y atacar restricciones estructurales más profundas. Las condiciones externas amortiguaban parcialmente los costos de no reformar y, en cierto sentido, maquillaban desequilibrios acumulados.
A medida que avanzó la década, el contexto comenzó a deteriorarse. Venezuela entró en crisis, se redujeron programas regionales de cooperación y Donald Trump —en su primera administración— desmontó buena parte del deshielo con Cuba y reimpuso sanciones. En 2019 el país entró en recesión debido a una crisis de ingresos externos en desarrollo.
La segunda etapa: reformar bajo shock (2020–2025)
Sin los deberes hechos en la etapa previa, sanciones crecientes y una crisis del sector externo, llega el año 2020. La pandemia desplomó el turismo, redujo drásticamente los ingresos externos y forzó un severo ajuste de importaciones. Combustibles, alimentos e insumos productivos comenzaron a escasear con mayor intensidad.
El shock externo se tradujo rápidamente en un agravamiento de los problemas monetarios internos. En 2020, el déficit fiscal alcanzó un pico, la brecha cambiaria (diferencia entre el tipo de cambio formal e informal) se amplió y la inflación se disparó hasta 18,5 %, alcanzando los dos dígitos por primera vez en décadas.
Este contexto más complejo exige reformas más complejas. No resultará suficiente con atender los problemas estructurales heredados. Se requerirá abordar desequilibrios monetarios creados por el shock externo y el Ordenamiento Monetario de 2021. Encima, el contexto se agrava por otras causas. Por un lado, una desproporcionada concentración de recursos escasísimos en la infraestructura del turismo; y, por otro, un complejo escenario internacional, marcado por una crisis inflacionaria significativa (2022). Para completar el cuadro, las consecuencias de la crisis empeoran aún más la situación; una crisis migratoria (2022–2024) hace perder al país uno de sus activos más importantes —su capital humano joven—, mientras la fractura de la infraestructura energética complejiza cualquier estrategia de salida inmediata.
En el período se implementaron reformas estructurales. No sin vaivenes e incongruencias, la apertura al sector privado ha sido bastante amplia. Por ejemplo, más del 50 % de la circulación minorista de mercancías pasa por esta forma productiva, presente de forma significativa, además, en cadenas logísticas, de comercio exterior, de transportación de cargas, energía solar fotovoltaica, servicios informáticos y entre otros. Más recientemente, se anunciaron cambios para la inversión extranjera (2025) con participación de la diáspora (2026), la constitución de un mercado cambiario para ciertas empresas (segmento III), se dolarizaron transacciones en el sector estatal y se transformaron algunos mecanismos de pagos internacionales para dotarlos de mayor flexibilidad.
También hubo desaciertos y ausencias, pues no se favoreció una mayor convergencia entre precios estatales y privados; no se puso al sector exportador en el centro de la reforma; se concibió la estabilización macroeconómica como un proceso exclusivo de corrección del déficit fiscal y no como un proceso más amplio que incorporara la dimensión productiva y cambiaria. No se reformaron las competencias empresariales (ley de empresas) y como consecuencia no pudieron adaptarse al nuevo entorno. Y, quizá el mayor desacierto de todos fue perder tiempo y actuar sin suficiente pragmatismo en un contexto de creciente deterioro económico y social.
De los varios aprendizajes que dejan estos dos períodos, señalaré cinco que son, en mi opinión, los más relevantes.
Primera lección: los problemas estructurales no desaparecen; se agravan. La pandemia no creó los principales problemas económicos de Cuba; los expuso y profundizó. Postergar reformas estructurales no eliminó sus costos; solo desplazó su expresión hacia condiciones más difíciles de manejar. Al no solucionar los problemas se perdió credibilidad, un ingrediente clave de cualquier proceso de cambio.
Segunda lección: las reformas deben estar guiadas por el pragmatismo y el sentido común. Lo importante es promover cambios que funcionen y resuelvan problemas. Cuba no necesita diseñar «una reforma perfecta» en el momento «cero»; necesita diseñar una reforma que funcione. Como recordó un reformista pragmático alguna vez: «no importa que el gato sea blanco o negro, lo importante es que cace ratones».
Tercera lección: las transformaciones mal secuenciadas empeoran los problemas. El Ordenamiento Monetario constituye probablemente el ejemplo más visible. Muchos fallos de implementación suceden porque se desmontan mecanismos existentes —por malos que sean— antes de construir otros capaces de reemplazarlos. Con el Ordenamiento se eliminó un esquema monetario profundamente imperfecto para sustituirlo por otro inexistente; y cuando el vacío de reglas y el desanclaje institucional ocuparon el espacio, la incertidumbre y los problemas de expectativas desataron nuevos desequilibrios.
Cuarta lección: atender desequilibrios macroeconómicos sin enfrentar simultáneamente los desafíos estructurales que lo originan solo reproduce y amplifica el estancamiento productivo y la pobreza.
Quinta lección: reformar significa también contraponer intereses. Haber priorizado la inversión en hoteles por encima de otros objetivos estratégicos profundizó los efectos de la crisis y restringió la posibilidad de salir de ella. Las decisiones de inversión también son decisiones de renuncia: recursos dirigidos a un objetivo dejan de estar disponibles para otros.
2026: ¿se puede reformar en las condiciones actuales?
En 2026 entramos en una nueva fase del problema, más difícil y compleja que la anterior (si es que acaso es posible). Las sanciones coercitivas y unilaterales que siempre han estado presentes evolucionaron. Por un lado, hacia algo que cualquier analista político interpretaría como un acto de guerra —el bloqueo de combustibles— y, por otro, hacia una mayor institucionalización de su alcance extraterritorial, particularmente sobre la inversión extranjera. Por si lo anterior fuera poco, aumentan las tensiones y las expectativas sobre una posible escalada militar, un hecho que disuade aún más cualquier interés por el destino Cuba, afectando las perspectivas de inversión y la demanda turística.
Entonces, ¿tienen las reformas algún rol en este contexto?
Aunque la necesidad de reformas económicas sigue ahí, el principal cuello de botella actual ya no es únicamente económico. Resulta extremadamente difícil promover transformaciones profundas sin acceso estable a un insumo básico como la energía, sin inversión ni financiamiento y sin suficiente demanda externa.
Siempre existen pequeños espacios de maniobra, pero son marginales y difícilmente tendrán los efectos generales que se necesitan para alterar el equilibrio actual. Porque una cosa es reformar una economía con problemas estructurales —como la Cuba de 2011— y otra muy distinta es intentar hacerlo en medio de una emergencia prolongada, con una severa crisis energética, restricciones financieras crecientes y sanciones sobre algunos de los principales resortes económicos del país.
Las reformas profundas requieren tiempo, financiamiento, una estabilidad mínima e insumos básicos para sostener la actividad económica. Y hoy Cuba enfrenta precisamente la ausencia de esas condiciones.
Hoy, por lo tanto, es momento de hacer política, no economía. No porque la política sustituya las reformas económicas, sino porque las restricciones más severas ya no son únicamente técnicas. Incluso la burocracia económica más eficiente y con mayor voluntad de cambio tendría enormes dificultades para reorganizar una economía en este contexto.
Promover reformas económicas hoy significa, primero, recuperar márgenes mínimos de maniobra: aliviar la asfixia energética, reconstruir espacios de negociación internacional y recuperar acceso a financiamiento e inversión. Y eso, bajo las actuales condiciones, solo parece posible a través de la política como instrumento. No pedirle a la economía lo que la economía no puede dar.
Hay un par de problemas añadidos. Uno es el tiempo: mientras este pasa, los problemas estructurales siguen ahí, no esperan, se agravan y la crisis humanitaria se profundiza. El otro es la endogeneidad, de la cual emerge una importante paradoja. En las condiciones actuales, las transformaciones necesitan apoyo financiero internacional. Y nadie parece dispuesto a financiar cambios si no percibe señales creíbles de transformación. Pero, al mismo tiempo, el deterioro del contexto hace cada vez más difícil producir esas señales.
Son probablemente los tiempos más complejos que ha enfrentado el país en décadas y, como sociedad, atravesamos múltiples tensiones simultáneas. La historia reciente deja, sin embargo, una lección incómoda: cuando existieron mejores condiciones, las reformas se hicieron a medias y se perdió tiempo valioso; hoy, cuando las reformas siguen siendo necesarias, las condiciones extremas reducen drásticamente los márgenes para implementarlas con profundidad.
La contradicción es evidente. Cuba necesita transformaciones más que nunca, pero probablemente dispone hoy de menos condiciones que antes para impulsarlas. De ahí que el desafío inmediato no sea escoger entre política o economía, sino entender su secuencia: sin mínimos márgenes políticos y financieros será difícil reorganizar la economía; pero sin señales creíbles de transformación también será difícil construir esos márgenes.
Espero y deseo por mi país que la actual situación encuentre una salida mediante la paz, el alivio de tensiones y la reconstrucción de espacios de cooperación. Si ese momento llegara, la lección de la última década debería estar clara: no volver a desperdiciar otra ventana de oportunidad.
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