El desarrollo económico y social de cualquier país no solo se sustenta en la creación de riquezas. Para esto es imprescindible la planificación espacial en sus diferentes escalas y Cuba ya dispone de ese instrumento, traducido en el Esquema Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT), que complementa el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.
¿De qué manera? Pues no solo es importante tener claro hacia dónde queremos y necesitamos ir, como se precisa en los documentos programáticos aprobados en el 7mo. Congreso del Partido, sino de qué forma materializar los proyectos desde el punto de vista territorial. Y en esto precisamente es indispensable el enot, aprobado por el Consejo de Ministros en las postrimerías de 2018.
Resulta herramienta de obligatorio cumplimiento, de la que dispone la administración pública para, por primera vez, tener una mirada integral de los procesos con vistas a la toma de decisiones no solo como nación, sino replicada en sectores, provincias y municipios.
Desarrollo con orden y disciplina
Rector metodológico del enot es el Instituto de Planificación Física (ipf), creado el 19 de mayo de 1960, a instancias del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, para responder a las transformaciones aparejadas al triunfo revolucionario, pues se buscaba un equilibrio entre las provincias y el avance equitativo en los sectores, en función de los planes económicos y sociales del país.
Desde entonces se hicieron estudios territoriales materializados en planes a corto y mediano plazos, con esos antecedentes llegó ahora a concretarse y aprobarse un instrumento que, en un término mayor de tiempo, ofrece las propuestas de ordenamiento de las estructuras de carácter socio-económico, político-administrativo y ambiental.
La aplicación de dicho esquema se imbrica con el trabajo realizado por el ipf desde hace varios años, en cuanto a las indisciplinas vinculadas con el ordenamiento territorial y urbano, tanto de la población como de las entidades.
Mediante el uso de la prospectiva estratégica se proyectaron posibles escenarios. Y teniendo en cuenta, entre otros elementos, las potencialidades, la distribución de las actividades económicas, los sistemas de asentamientos y las infraestructuras, fue asumido un modelo compuesto por cinco regiones, lo cual no significa que es donde único se llevarán a cabo las acciones previstas, solo que esas zonas son las de interés nacional y hacia ellas se dirigirán los recursos y las prioridades.
Región marítima: Conformada por la plataforma insular y la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México, contiene recursos naturales que constituyen potencialidades para el desarrollo y patrimonio cultural subacuático a proteger. Se incluye por primera vez dentro del planeamiento.
Región con alto nivel de diversificación productiva: Se localiza en el norte del país, desde Pinar del Río hasta Holguín y sur de Cienfuegos-Sancti Spíritus. Es la zona de mayor desarrollo hotelero, de la agricultura, puertos y ciudades industriales, procesos inversionistas asociados a cadenas productivas y de alto emprendimiento logístico.
Región agrícola: Abarca parte de las regiones occidental y central y las llanuras del valle del río Cauto y sus afluentes en la zona oriental. Comprende los mejores suelos y condiciones de disponibilidad de agua para producir alimentos. En estas se establecerán fuertes vínculos entre la agricultura y las empresas procesadoras asociadas y también para la combinación de la gestión estatal con la no estatal.
Región agropecuaria: Se dirigirá básicamente al autoabastecimiento alimentario y a potenciar los renglones exportables. La gestión de proyectos de desarrollo local será una de las fuentes de ingresos y se fomentará la gestión no estatal.
Región con condiciones para la conservación y el desarrollo de actividades productivas especializadas: Comprende toda la zona oriental, con presencia en la costa sur del centro y occidente del país. Es muy vulnerable a los eventos meteorológicos extremos y a los efectos esperados del cambio climático. Tiene una concentración significativa de áreas protegidas, de ahí la necesidad de mantener el equilibrio entre la producción y la conservación.
Políticas y decisiones
Para implementar el modelo se estudiaron y proyectaron transformaciones territoriales, expresadas en 21 políticas y 75 determinaciones territoriales. Las primeras quedan estructuradas según establece el Acuerdo 7812/2015 del Consejo de Ministros y, por su importancia, se adicionan las referidas a la gestión para la reducción de riesgo y de adaptación al cambio climático.
políticas:
Potenciar el uso eficiente y sostenible del suelo agrícola según su agroproductividad y disponibilidad de agua; promover la recuperación de los suelos afectados por procesos dañinos.
Definir y desarrollar la actividad minera y de hidrocarburos de forma racional y en armonía con los compromisos territoriales.
Propiciar el uso eficiente del suelo destinado al crecimiento de los asentamientos humanos (urbanos y rurales) y de zonas de desarrollo socioeconómico. Se evitará para tal fin, el empleo de las tierras de alta agroproductividad, las zonas de recarga hídrica de las cuencas y otras definidas en normas jurídicas.
Potenciar el desarrollo de zonas con regulaciones especiales asociadas a los sitios de alta significación ambiental e histórico cultural y de desarrollo económico, así como los de interés para la defensa y la seguridad.
Promover polos productivos en los sectores estratégicos de desarrollo y las producciones claves en la sustitución de importaciones, potenciando el uso eficiente de las tecnologías, las capacidades productivas existentes y los recursos endógenos de cada territorio.
En ese sentido se propende fomentar dichas áreas y sus industrias procesadoras, principalmente en Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Ciego de Ávila y Camagüey.
Asimismo, consolidar los polos dedicados al arroz y su procesamiento, el desarrollo de la agroindustria azucarera, incluidos los derivados de la caña de azúcar y el incremento de la producción de alimento animal y la cogeneración de energía; modernizar y diversificar la industria forestal; fomentar la acuicultura, la camaronicultura y las áreas tabacaleras, además de reforzar la industria biofarmacéutica, y la asociada al software y la nanotecnología.
También se prevé asegurar el avance de la industria en 26 zonas identificadas, especialmente en el Mariel, La Habana, Matanzas, Santa Clara, Cienfuegos, Holguín, Moa y Santiago de Cuba.
Desarrollar la actividad turística, potenciando la creación de nuevas modalidades que aprovechen los recursos endógenos y atractivos turísticos locales.
Es decir, el esquema propone mantener el turismo de sol y playa, sobre todo en la costa norte del país, e incluye favorecer otras modalidades como el de naturaleza, de salud y el cultural, asociado este último, en lo fundamental, a valores de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad.
Promover el cambio de la matriz energética, en correspondencia con las necesidades y potencialidades de los territorios, utilizando fuentes de energía renovable que garanticen su eficacia y reposición sistemática.
Rehabilitar la infraestructura del transporte y modernizar la plataforma logística a partir del balance de carga generado por la Zona Especial de Desarrollo Mariel; fortalecer los nodos multimodales asociados a la conectividad de los corredores técnicos principales, con prioridad del ferrocarril sobre el resto de los medios de transportación.
Promover y potenciar el desarrollo de las infocomunicaciones como soporte tecnológico del desarrollo económico y social territorial.
Continuar la distribución racional de las instalaciones de servicios sociales y su recuperación constructiva para la elevación del nivel de vida de toda la población, con énfasis en la atención integral a grupos vulnerables en ambientes seguros.
En ese sentido, el esquema propone, entre otras tareas, priorizar los asentamientos humanos vinculados a los polos productivos fundamentales e incrementar las casas de abuelos y hogares de ancianos en las ciudades principales, los centros intermedios y en las cabeceras municipales priorizadas, con alto nivel de envejecimiento; inicialmente en La Habana, Santa Clara, Sancti Spíritus y Matanzas.
Propiciar una distribución de la población que responda a las necesidades del desarrollo económico y a las potencialidades del territorio y, de ser necesario, intencionar migraciones hacia lugares que lo requieran, previéndose las condiciones para su asentamiento.
Fortalecer el funcionamiento del sistema de asentamientos humanos en sus tres niveles superiores (capital del país, ciudades principales y ciudades intermedias), con las jerarquías de servicios correspondientes y empleo diversificado, con accesibilidad adecuada para la población tributaria, mejorando la calidad de vida de esta.
En cuanto a las ciudades principales (Santiago de Cuba, Santa Clara, Camagüey y Holguín) se plantea priorizar su desarrollo como centros interprovinciales y provinciales, para satisfacer las necesidades de la población en servicios altamente especializados y acceso a la actividad económica.
Asimismo, a los centros intermedios diferenciados hasta ahora y con preeminencia para aquellos vinculados a las zonas de mayor desarrollo, se propone promover otros siete hacia dicha función territorial: Consolación del Sur (Pinar del Río), Bauta (Artemisa), Jovellanos (Matanzas), Guáimaro (Camagüey), Amancio (Las Tunas), Niquero (Granma) y San Antonio del Sur (Guantánamo).
Garantizar la movilidad entre los diferentes niveles del Sistema de Asentamientos Humanos, mejorando el acceso de la población rural y los asentamientos urbanos de base con sus cabeceras municipales y el estado técnico de la vialidad automotora y ferroviaria de interés nacional y provincial, priorizando la transportación pública de pasajeros.
Desarrollar estructuras urbanas compactas que garanticen el máximo aprovechamiento del potencial de crecimiento interno de las ciudades y demás asentamientos, incrementando las densidades y la utilización de las redes técnicas y los servicios.
Fomentar la recuperación e incremento del fondo habitacional para mejorar las condiciones de vida de la población.
Preservar los paisajes naturales y antropizados asociados a las infraestructuras agroindustriales tradicionales.
Mejorar la imagen de los asentamientos actuales con diseños arquitectónicos y urbanos de calidad, integrados al entorno; con intervenciones que reflejen el espíritu local y universal con respeto a lo existente.
Reducir la vulnerabilidad de los territorios, asentamientos humanos, infraestructuras e instalaciones socio-económicas, amenazados por sismos, eventos hidrometeorológicos extremos y la elevación del nivel medio del mar por el cambio climático.
Entre otras determinaciones se plantea reubicar los 15 asentamientos amenazados con desaparecer de cara al 2050 por impacto del cambio climático, localizados en las costas sur de Artemisa y Mayabeque, y en la costa norte de Villa Clara. Asimismo, reasentar otros que sufren afectaciones permanentes o parciales, lo cual se corresponde con las acciones estratégicas de la Tarea Vida.
Gestionar los recursos hídricos del país, así como la infraestructura hidráulica independientemente de quien la use o la administre, en conformidad con las prioridades y principios establecidos en la Política Nacional del Agua.
Fortalecer y perfeccionar la implementación y control del ordenamiento territorial a partir de un efectivo proceso de participación institucional y ciudadana, liderado por el gobierno para garantizar la disciplina territorial y urbana.
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