Las soluciones sobre la mesa

A modo de epílogo

Por  Omar Everleny Pérez Villanueva . LJC

21 enero 2025

A lo largo de los años, economistas cubanos, tanto dentro como fuera de las instituciones nacionales, y desde diversas corrientes de pensamiento económico, han planteado propuestas sobre los cambios necesarios para la economía del país. Al analizar las soluciones formuladas, se observa un amplio consenso en torno a la necesidad de implementar transformaciones profundas. Ante un escenario próximo de posible recrudecimiento de las sanciones norteamericanas con la llegada de Trump a la Casa Blanca, se vuelve urgente llevar a cabo reformas económicas que permitan, no solo enfrentar los desafíos estructurales, sino también mejorar la calidad de vida de los cubanos en el corto y mediano plazo.

A pesar de que en repetidas ocasiones las altas figuras del país han declarado la importancia de integrar la ciencia en la toma de decisiones políticas, la limitada atención que se ha prestado a estas propuestas evidencia una clara contradicción entre el discurso y el actuar político. Esta desconexión, no solo ha obstaculizado la implementación de soluciones efectivas, sino que continúa agravando los problemas estructurales y limitando el desarrollo sostenible de la nación.

Durante estas dos semanas La Joven Cuba ha estado publicando un dossier con recomendaciones urgentes para la economía cubana. No están todos los que hubiéramos querido, pero sí algunos de los más valiosos y que pertenecen a varias instituciones dedicadas al estudio de la economía. En aras del tiempo y de los espacios de la publicación no fue posible convocar a más profesionales del campo.

A continuación se resumirán brevemente las propuestas de cada uno:

Julio Carranza, doctor en Ciencias Económicas propone una reforma integral y sistémica para enfrentar la crisis económica en Cuba. Destaca la necesidad de abordar temas urgentes como el equilibrio macroeconómico, el control de la inflación y la reestructuración de la deuda externa. Considera esencial transformar la producción agropecuaria y la empresa estatal para superar ineficiencias y fomentar un tejido empresarial diverso que combine formas públicas, cooperativas y privadas. Carranza insiste en la planificación estratégica, el fortalecimiento del mercado y políticas económicas coherentes, advirtiendo que el tiempo apremia para implementar estas reformas con orden y urgencia.

Tamarys Lien Bahamonde, doctora en Urbanismo y Políticas Públicas, apunta la necedad de descentralizar la gestión pública en Cuba, otorgando mayor autonomía a los gobiernos locales y eliminando la sobre-regulación que limita la eficiencia económica. Plantea reestructurar la empresa estatal hacia modelos más participativos y menos burocráticos, con mayor autonomía en inversiones y contrataciones. Sugiere fortalecer el sector no estatal mediante incentivos fiscales similares a los de la inversión extranjera y facilitar su integración en los encadenamientos productivos nacionales. Asimismo, recomienda incentivar la transición hacia energías renovables eliminando gravámenes y otorgando ventajas fiscales a negocios que adopten estas tecnologías. Por último, destaca la necesidad de políticas internas para resolver problemas financieros y mejorar la productividad nacional.

Ricardo González Aguila, candidato a doctor en Economía por la Universidad de Barcelona, expone que se debe alinear el sistema de precios en Cuba para superar las distorsiones que afectan la productividad y la competitividad. Sugiere implementar un modelo de precios duales, similar al usado en China y Vietnam, que permita a las empresas estatales operar parcialmente en mercados regulados mientras liberalizan parte de su producción a precios de mercado. También apunta la importancia de otorgar mayor autonomía a las empresas estatales mediante la creación de gobiernos corporativos y permitirles acceder al mercado cambiario unificado. Igualmente, destaca la necesidad de políticas redistributivas y compensatorias para minimizar los impactos sociales y fomentar un entorno productivo más eficiente, eliminando empresas inviables que constituyen una carga para la sociedad.

Ileana Díaz, doctora en Economía y experta en estudios empresariales, plantea la necesidad de transformar el modelo económico cubano para que el sistema empresarial funcione de manera integrada y eficiente. Propone fomentar la creación de empresas de todas las formas de propiedad, incluyendo la privadas en manos de nacionales, eliminando barreras de entrada y favoreciendo la competencia. Aboga por transitar de un modelo centralizado de asignación de recursos a uno basado en el mercado, regulado por el Estado mediante incentivos, y por recomponer el sistema de precios para reflejar la realidad económica. Sugiere otorgar autonomía a las empresas estatales en decisiones clave como contratación, salarios e inversiones, y permitir la creación y desaparición natural de estas, garantizando la protección de los trabajadores. Díaz también recomienda reestructurar el régimen fiscal, modernizar el sistema financiero, establecer normas de competencia y protección al consumidor, y crear una institución que represente al pueblo como dueño de las empresas públicas, eliminando su subordinación a los ministerios.

Juan Carlos Albizu Campos, doctor en Ciencias Económicas y Demografía, afirma que se debe redefinir el modelo socioeconómico cubano mediante una profunda liberalización económica y un cambio de paradigma. Aboga por abandonar la economía centralizada, desmilitarizar la economía, y dar paso a un modelo mixto que integre a todos los actores nacionales e internacionales. Entre sus propuestas destacan la eliminación de subsidios económicos, el paso de la dolarización parcial a la dolarización total, y la implementación de una ley de quiebras. Sugiere reformar la política de inversión extranjera para incluir capital nacional y garantizar la protección de la propiedad. Asimismo, plantea la restauración de infraestructuras energéticas, viales y de comunicaciones, junto con la privatización de actividades estatales ineficientes. Finalmente, enfatiza la necesidad de políticas integrales de desarrollo humano, y la reconstrucción del sistema estadístico para que este refleje los problemas de la economía real.

Hiram Marquetti, doctor en Ciencias Económicas y profesor titular, enfatiza en la necesidad de formular una política industrial a largo plazo para transformar la economía cubana. Propone que esta política no se limite a un ministerio, sino que integre esfuerzos de reindustrialización con un enfoque amplio que incluya al sector privado y promueva la cooperación estratégica entre actores públicos y privados. Aboga por un diseño que responda a retos globales como el cambio climático, la revolución tecnológica y las transformaciones en las cadenas productivas. Además, sugiere incorporar avances tecnológicos de las industrias 4.0, fortalecer el tejido productivo y garantizar un marco jurídico que sustente la sostenibilidad de las políticas industriales en el contexto actual.

Antonio Romero Gómez, doctor en Ciencias Económicas, subraya la necesidad de redefinir las prioridades de inversión hacia la agricultura, la manufactura y la infraestructura energética, y flexibilizar las normativas que dificultan la exportación y la sustitución de importaciones. Recomienda implementar instrumentos como la Ventanilla Única de Comercio Exterior para facilitar el comercio exterior y reformar radicalmente la política cambiaria para incentivar exportaciones y estabilizar la economía. Además, plantea permitir negocios con capital extranjero en el sector no estatal, fomentar remesas vinculadas al desarrollo productivo y renegociar la deuda externa bajo un marco financiero consensuado. Romero enfatiza que sin credibilidad y un programa integral de estabilización macroeconómica y reformas estructurales, el país no podrá revertir su ciclo de crisis externa.

Por último, Pedro Monreal, doctor en Ciencias Económicas y destacado investigador, alerta que superar la crisis económica en Cuba requiere abandonar el modelo de planificación centralizada vigente, que ha demostrado ser ineficaz y obsoleto. Señala que este esquema, basado en un control estatal rígido y decisiones políticas que prevalecen sobre los criterios económicos, perpetúa un estancamiento. Para avanzar, el destacado investigador sugiere implementar un modelo que integre un mercado de capitales que permita a las empresas estatales y privadas tomar decisiones autónomas basadas en precios reales. Asimismo, recomienda redirigir inversiones hacia sectores estratégicos como la agricultura y la manufactura, dejando atrás la sobreinversión en el turismo, e impulsar un crecimiento sostenible mediante tasas de acumulación más altas y una asignación de recursos más racional. Igualmente destaca la necesidad de diferenciar entre los desequilibrios macroeconómicos y microeconómicos, sugiriendo que el Estado enfoque su intervención en monitorear y ajustar los primeros, mientras que los segundos deberían resolverse en un mercado más libre y competitivo

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Con un simple inventario de sus propuestas, se puede decir que de una forma u otra todos los autores plantean una reforma integral de la economía, para lo cual hay que eliminar distorsiones y emprender soluciones que conduzcan a erradicar los desequilibrios estructurales de vieja data: los monetarios, financieros, productivos, entre otros.

Algo esencial es que a estas alturas debería estar definido el tipo de modelo socioeconómico que se quiera desarrollar, el actual dista mucho de resolver problemas acuciantes de la población, y eso conlleva abandonar la visión de la planificación centralizada, tal y como se ejecuta hoy.

El mercado y las finanzas

Muchos economistas coinciden en la necesidad de incorporar más mercados a la economía cubana, destacando que estos deben ser diseñados y estructurados conscientemente.

De manera general también se llama la atención sobre sobre la necesidad imperiosa de que el Estado tome el control del mercado cambiario, que hoy funciona en la informalidad. El primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció en su intervención ante la Asamblea Nacional del Poder Popular avisó de la futura aplicación de un nuevo régimen cambiario con «mayor flexibilidad» y que varíe de acuerdo con las «condiciones de oferta y demanda», con «una tasa al día». Es algo que ya se ha anunciado otras veces, pero siempre sin decir plazos, ni cómo se implementaría. Seguir posponiendo esta decisión solo agravará más la crisis.

Igualmente, durante el dossier se ha dicho que la corrección de los problemas monetarios —incluida la inflación— requiere políticas encaminadas a mejorar eficiencia y productividad en el sector de la producción de bienes y servicios, para aumentar la exigua oferta que hoy está disponible en el mercado nacional.

También se asume que para salir de la crisis de falta de divisas y de la pérdida de credibilidad internacional, hay que resolver el tema de la deuda externa del país, y eso podría abrir un camino hacia la obtención de nuevos créditos internacionales. Igualmente es necesario trabajar en la integración de Cuba a los circuitos financieros internacionales y para eso se debe dar pasos que le permitan incorporarse a los organismos multilaterales que sean posibles.

Habría que realizar una modificación «radical» y en el corto plazo, de la concepción vigente sobre política cambiaria; el Banco Central podría implementar distintos mecanismos e instrumentos que existen en los diferentes bancos internacionales.

De igual modo, es una urgencia que se recomponga el sistema de precios, de uno administrado a uno que muestre la realidad económica y permita definir incentivos por el gobierno, en función del patrón de inserción económica que se desea.

El sector productivo y la reforma de la empresa estatal

Una mayoría abordó con fuerza el tema de la necesaria transformación profunda del subsistema de producción agropecuaria, y la reforma de la empresa estatal, como sectores que propicien bienes de consumo hoy deficitarios en el país. Para ello la empresa estatal cubana debe restructurarse y ajustar su modelo de gestión y organización hacia formas menos verticales y más eficientes, más democráticas y participativas.

En estos momentos la empresa estatal está sometida a muchos organismos que actúan como dueños, por eso cualquier propuesta de política para el sistema empresarial pasa por el cambio en el modelo de funcionamiento económico. Debe diseñarse un proceso, aprobado y regulado, al más alto nivel, que permita, mediante la clasificación de las empresas estatales, ir pasando del mecanismo centralizado de asignación de recursos, a uno donde el mercado asigne los recursos en el sector productivo.

En sentido general, el proceso de descentralización debe devolver poder a los territorios; no solo delegar o desconcentrar funciones que el gobierno nacional no desea o no puede gestionar. Además, se expone la necesidad de una reforma agraria que elimine las trabas hoy existentes en el sector agropecuario que le impiden garantizar los niveles de producción que necesita la producción. En este sentido, el monopolio estatal sobre el acopio de las cosechas es una de los principales frenos.

Se han planteado sugerencias relacionadas con la ampliación de los oficios permitidos para el ejercicio privado y el respeto a las legislaciones vigentes. Es fundamental evitar la constante modificación del marco legal, especialmente cuando estos cambios son más restrictivos y tienen impactos significativos sobre los agentes económicos. La sobre-regulación e inseguridad jurídica que caracteriza el entorno legislativo cubano, no solo dificulta la gestión económica, sino que también desincentiva el desarrollo del sector no estatal, pues los empresarios son más reticentes a invertir su capital por miedo que las reglas cambien y puedan perder su inversión.

Por otra parte, las propuestas para la reconstrucción de toda la industria nacional abarcarían la instrumentalización de una ley de bancarrota para aquellas empresas que, durante un tiempo prolongado, constituyen un lastre para las finanzas del Estado, es decir, abandonar el subsidio a los actores económicos con probada ineficiencia e implementación de una ley de quiebra.

Evidentemente cualquiera de las propuestas o ideas anteriores pasaría por una nueva política salarial y de seguridad social que garantice el incremento sostenido de los ingresos de la población. También que proteja durante un tiempo aquellas personas que pudieran quedar desempleadas ante la posible futura quiebra de empresas. Igualmente urge una reformulación de las pensiones que hoy están muy lejos de cubrir la canasta básica alimentaria.

En un contexto así, de reforma integral, se haría necesario establecer una institución que represente al pueblo y actúe como dueño, dejando la subordinación de las empresas a los Ministerios ramales. Igualmente hay que desarrollar un ecosistema emprendedor para todos los actores, que pasa por el establecimiento de normas de competencia y protección al consumidor.

Las inversiones

Otro aspecto necesario es la inversión en la infraestructura física del país. Eso incluye la restauración de la red energética a partir de la inversión de los recursos que se aporten desde la inversión extranjera directa. Sobre el punto de la inversión extranjera, en adición, hay que caminar hacia el establecimiento de negocios con capital extranjero para las formas de gestión no estatal (FGNE), y eso pasa por analizar los flujos de remesas a cubanos residentes en el país, sobre todo aquellas que pudieran vincularse —directa o indirectamente— al desarrollo de emprendimientos productivos, y generar formas de estimularlos.

La construcción de las políticas industriales, si bien demanda de una participación activa y transparente del Estado, requieren también del involucramiento del sector privado. Precisamente una forma de contribuir a la inserción de estos actores en la economía es brindándole ventajas similares, por ejemplo, en materia impositiva, a las que se le otorgan a la inversión extranjera privada.

Los temas de las finanzas externas son muy prioritarios: desde buscar alternativas para empezar a erogar deuda externa, intentar estabilizar la balanza de pagos, hasta incentivar el microcrédito internacional. Todo ello debe ir encaminado a una estrategia integral para la renegociación de las obligaciones financieras que ha acumulado Cuba en estos últimos años en el exterior, cuando el país se encuentra de nuevo en situación de «default».

Por otro lado, hay que redefinir prioridades de la política de inversiones del país: no puede continuar la política que ha determinado que la industria y la agricultura sean los sectores a donde menos se dirigen las inversiones. Es importante flexibilizar normas y mecanismos vigentes que en la práctica constituyen un desincentivo a la exportación y la sustitución de importaciones, tanto por las empresas estatales como por las FGNE.

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Son variadas las propuestas que pueden leerse en este dossier, pero fruto de la aspiración de sus autores de que el país salga de la situación de casi bancarrota en que se encuentra hoy. No está escrito como un paquete de medidas, con una guía paso a paso de implementación, pues tenemos claro que la realidad es más rica que cualquier fórmula, pero sí aparecen problemáticas y propuestas de solución, que de no atenderse, provocarían el crecimiento del deterioro económico a futuro, y por ende, una mayor pérdida de la esperanza en aquellos que han optado por quedarse en Cuba.

Para superar la profunda crisis económica que atraviesa la Isla, es necesario dejar atrás el modelo actual, que perpetúa las ineficiencias y sigue frenando a los actores económicos, bajo la justificación de un «igualitarismo», que paradójicamente sigue aumentando las desigualdades al intentar caóticamente distribuir de forma igual la pobreza.

Por tanto, urge avanzar hacia un esquema que impulse el desarrollo económico, premie el emprendimiento y la innovación, a la vez que contemple políticas concretas para enfrentar las inequidades en los segmentos con más carencias. Esto exige la implementación de nuevos cambios institucionales, ya que la forma en que hoy están organizadas y operan las instituciones del país dificulta el avance hacia soluciones efectivas. Sin una reestructuración integral de estas bases, cualquier intento de reforma será insuficiente para lograr el progreso y la estabilidad que necesita la nación.

El dossier ha puesto sobre la mesa un grupo de soluciones. No pretende ofrecer «la fórmula mágica» definitiva para resolver la crisis económica. Más bien busca contribuir al debate, reconociendo que existen muchas otras alternativas posibles para enfrentar los desafíos actuales. Sin embargo, lo que no puede continuar es la repetición de las mismas estrategias esperando resultados distintos. Las reformas económicas deben ser integrales y basarse en criterios de experticia que garanticen su viabilidad y efectividad. En este sentido, La Joven Cuba ha aportado reflexiones y propuestas, reconociendo que hay múltiples caminos posibles, pero subrayando la necesidad de que tanto los decisores como la ciudadanía mantengan una conversación informada y profunda sobre las opciones disponibles para sacar adelante al país.