El empleo, el desempleo y la reproducción de la vida en Cuba
Por Ailynn Torres Santana, OnCuba
en Sin filtro
“Se supone que no haya grandes perdedores”, “no pueden haber desamparados”, “nadie quedará desamparado”, son algunas de las declaraciones oficiales de las semanas de enero de 2021. Ellas se enuncian a propósito de “la tarea ordenamiento” de la economía cubana.
Al unísono, se ha afirmado que es necesario “promover un mayor interés por el trabajo”, que “ahora la gente y las familias tienen que sacar cuentas”. Se habla también de “la necesidad de trabajar” que impulsa la “tarea de ordenamiento”. Se asegura, en alta voz, que “se acaba el vivir del cuento”.
Puestos en relación, los dos tipos de titulares sugieren que el ordenamiento no solo va a intentar resolver —nuevamente— las distorsiones de la economía, producidas por malos diseños e ineficientes implementaciones internas y por la asfixia de los gobiernos estadounidenses a su homólogo y pueblo cubanos. El ordenamiento también promoverá una suerte de corrección a la concepción del trabajo que tiene la ciudadanía, y a los arreglos que hasta el momento había que desplegar para vivir.
“Nadie quedará desamparado”
La referencia a que “nadie quedará desamparado” es continuidad de procesos y discursos previos. En los 1990, Fidel Castro afirmó en V Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) que lo que se tuviera se repartiría “entre todos”. Esa crisis transformó la estructura socioclasista. En el año 1984 el índice de pobreza era de 6,6 %1 y a inicios de los 2000 había un 20% de pobreza urbana.2 El empobrecimiento fue inevitable, aunque no hubo desentendimiento institucional respecto a la búsqueda de ciertos amortiguadores. También aumentaron de forma drástica el costo de la vida y la cantidad de trabajo (remunerado y no remunerado) que las familias tuvieron que poner en juego para asegurar la subsistencia. Mientras, el valor real de los salarios cayó en picada.
En fecha más reciente, cuando Cuba inició otra reforma guiada por los Lineamientos de la Actualización del Modelo Económico y de Política Social (2011), el entonces presidente Raúl Castro afirmó lo ya dicho: “nadie quedará desamparado”. A mediados del 2020, cuando la pandemia del COVID-19 arreciaba el mundo, Miguel Díaz-Canel, actual presidente, anunció reformas económicas que nuevamente prometían intervenir las distorsiones de la economía nacional; en su alocución reiteró: nadie quedará desamparado.
El 1 de enero de 2021 comenzó una nueva etapa: la “tarea de ordenamiento”. En el campo de la economía monetaria, es probablemente el cambio más esperado, manoseado y profundo: reformas monetaria, cambiaria y salarial. Se ha desplegado también un nuevo programa de eliminación de los llamados “subsidios y gratuidades indebidas”.
Entre la “actualización” (2011) y el “ordenamiento” (2021) ha pasado una década en la cual las distorsiones del sistema socioeconómico han asegurado el aumento de la desigualdad y de la pobreza.
El cuento sobre el vivir del cuento
Para la ciudadanía, lo anterior ha tenido costos dramáticos. El esfuerzo familiar, colectivo, individual, no ha mermado; todo lo contrario. Los subsidios han disminuido progresivamente y también lo que representan los salarios estatales —y los ingresos en general— para las familias y las personas.
Las acrobacias del día a día han tenido que ser más riesgosas, más inciertas, se han vuelto estructurales. “La lucha”, “la pelea”, “el invento” y “el cuento” no son otra cosa que estrategias de sobrevivencia, abigarradas, fragmentarias pero persistentes del pueblo. Una parte de ellas funcionan dentro de redes estructurales de corrupción que no existen porque “la gente es mala y no merece”. Hay un orden, también institucional, que las produce en la forma de garantías al “mercado negro” (segunda economía), sobornos, prebendas, poderes ejercidos frente a otros poderes, relaciones de reciprocidad que son posibles porque antes ha habido robo, corrupción o “desvío de recursos”.
Esos no son atavismos ciudadanos. La posibilidad de asegurar ingresos y recursos suficientes por vías formales se ha raquitizado con el paso de los años. La ampliación parcial del sector no estatal, y específicamente del Trabajo por Cuenta Propia (TCP), no logró contener la precarización de los salarios estatales ni la expulsión de masas de personas del empleo formal en algún sector. Los números ayudan a verlo con claridad.
Las cifras
En 2010, Raúl Castro afirmó en el discurso de clausura del IX Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas:
“Si mantenemos plantillas infladas en casi todos los ámbitos del quehacer nacional y pagamos salarios sin vínculo con los resultados, elevando la masa de dinero en circulación, no podemos esperar que los precios detengan su ascenso constante, deteriorando la capacidad adquisitiva del pueblo. Sabemos que sobran cientos de miles de trabajadores en los sectores presupuestado y empresarial, algunos analistas calculan que el exceso de plazas sobrepasa el millón de personas y este es un asunto muy sensible que estamos en el deber de enfrentar con firmeza y sentido político”.
Enseguida aclaró que “la Revolución no dejará a nadie desamparado”. Cinco meses después , la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) anunció que en los seis meses siguientes quedarían disponibles —despedidas— 500 mil personas del sector estatal; la cifra se duplicaría a fines del 2011 y alcanzaría un total de 1,3 millones en 2014. Ese proceso era imprescindible para corregir las distorsiones de la economía cubana, pero tenía altos costos sociales y políticos. Se esperaba que la flexibilización del sector no estatal de la economía contribuyera a la creación de empleos.
En principio, el plan anunciado por la CTC se pospuso. Pero una década después, estamos en condiciones de evaluar lo que verdaderamente ha sucedido.
Entre 2010 y 2019, la tasa de actividad económica cubana disminuyó considerablemente: de 74,9 a 65,2. Eso quiere decir que, antes de la “tarea de ordenamiento”, la relación entre la población en edad laboral y la población económicamente activa se estrechó en casi 10 puntos porcentuales. La baja del indicador puede deberse a al menos cuatro razones.
Primero, al propio programa estatal de reducción de plantillas. Segundo, al reflejo en las estadísticas de la eliminación de formas de estudio que eran consideradas un empleo y ya no lo son (trabajadores sociales, maestros emergentes y otros, recibían una remuneración durante su período de formación profesional, como parte de los programas de la Batalla de Ideas). Tercero, a procesos de emigración hacia el exterior: personas que viven fuera del país pero mantienen su estatus de residentes y, por tanto, contabilizan como población en edad laboral pero no están ocupadas ni desocupadas. Cuarto, a la incapacidad del TCP para absorber el excedente de fuerza de trabajo del sector estatal. Ninguno de los factores se explica por la desidia de las personas ni por la existencia de un “papá Estado” que permita vivir sin trabajar para percibir ingresos.
Pero hay más. En 2010, 4millones 178mil personas estaban ocupadas en el sector estatal. En 2019, eran 3millones 78mil. El dato informa un hecho: 1millón 100mil personas salieron del sector estatal entre 2010 y 2019. Entonces, y después de todo, el plan anunciado de reducción del empleo en el sector estatal se cumplió. Sin embargo, las deformidades del sistema socioeconómico no se corrigieron. El problema, que sabemos es resultado de distintos factores, no se “corrigió” con el cambio de uno de los indicadores, todo lo contrario. A partir de 2021 es probable que haya más desempleo estatal, ahora debido a la “tarea de ordenamiento”, pues un número aún incierto de empresas de ese sector no sobrevivirán la reforma.
¿A dónde fueron ese más de un millón de personas? Unas 629 mil 800 fueron al TCP de modo formal; o sea, con licencias. Pero otras 470 mil 200 personas quedaron fuera tanto del sector estatal como del TCP.1
Hay tres opciones (no excluyentes) para ese grupo: a) fueron a hacer trabajo informal en el sector privado (sin contrato y, por tanto, sin derechos laborales), al autoempleo también informal, o hacia actividades directamente ilícitas, b) fueron a trabajar de forma no remunerada en los hogares (“amas de casa”), c) salieron del país conservando su residencia.
Si tenemos en cuenta que en la década se ha producido un encarecimiento progresivo del costo de la vida, ha aumentado la escasez de bienes básicos y han disminuido los subsidios, es probable que al menos una parte muy importante de ese grupo se haya sumado a la masa de trabajadores y trabajadoras que engrosan el sector del trabajo informal. Ahí buscan —y eventualmente logran— ingresos desde los márgenes de lo normado y, también, del marco que provee derechos laborales.
El plato sobre la mesa sigue siendo lo imprescindible y, para eso, la gran mayoría del pueblo siempre ha necesitado sacar cuentas. Decir lo contrario desenfoca interesadamente la mirada.
La pandemia… y lo que no es cuento
En 2021 la situación es más grave. La pandemia ha caotizado lo que ya era un escenario de difícil manejo. El impacto global de la COVID-19 y su asfixia al turismo y a otros sectores de la economía ha impactado negativamente al país y a la ciudadanía. El recrudecimiento de las sanciones estadounidenses al gobierno y pueblo cubanos ha sumado leña al fuego.
El TCP, que había dado empleo a cientos de miles de personas, se ha estrechado dramáticamente. En febrero de 2021, 250 mil trabajadoras y trabajadores del TCP habían suspendido sus licencias (45,5% del total). Han quedado sin ingresos, no tienen seguro de desempleo y hoy viven de ahorros o se han incorporado a un sector informal que podría estar también precarizado porque la escasez continúa escalando.
En este contexto, una de las invitaciones oficiales es a que ciudadanos y ciudadanas “se interesen por el trabajo”. ¿Pero cuál trabajo?
Parte de las comunicaciones sobre la “tarea de ordenamiento” ha celebrado que las personas estén acudiendo a las oficinas locales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en busca de empleo. Cifras de Cubadebate informan que, al cierre de este 5 de febrero 92 651 personas habían acudido a buscar empleo. De ellas, alrededor del 52% tuvieron buen curso; o sea, las personas habían aceptado alguna de las ofertas disponibles.
¿Qué representa ese número frente a las 400 mil 200 personas que en la última década han quedado fuera del mercado laboral formal? ¿Qué representa respecto a quienes ya estaban buscando empleo antes de la crisis sin lograrlo? ¿Y qué representa frente a las 2millones 481mil personas que están en edad laboral pero que no tienen empleo formal ni han buscado tenerlo y parte de las cuales podrían querer hacerlo en este momento? Representa poco. También representan poco las 48 mil ofertas de trabajo que distintos organismos empleadores han registrado en los canales disponibles por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hasta este momento, y las 33796 plazas disponibles que informan medios oficiales.
Por lo dicho, más que celebrar, lo necesario es calibrar soluciones posibles con lentes de economía política y con apego a principios ciertos de justicia social.
Sin cuento
Si tenemos en cuenta que en la última década el sector estatal ha prescindido de trabajadores y trabajadoras más que acogerles, y que la “tarea de ordenamiento” es probable que continúe ese curso, no hay razón para pensar que ese mismo sector va a generar empleo suficiente mientras se encarece el costo de la vida y se destejen los arreglos sociales que la hacían posible.
Es muy probable que el flujo sea hacia el engrosamiento del sector informal. Pero eso implica ausencia de derechos laborales (no existen contratos que garanticen estabilidad ni garantía de condiciones dignas en el empleo) y, por otro lado, el sector informal puede ser fuente de las redes de corrupción que se quieren desactivar porque drenan la economía nacional. Que se pretenda que el sector informal resuelva el desempleo real en el país, es un despropósito.
Una de las vías más lógicas y factibles es destrabar definitivamente el funcionamiento del sector no estatal de la economía (cooperativo y TCP). La última década ha demostrado que el TCP puede dinamizar el sistema de socioeconomía, y que lo ha hecho en condiciones nada favorables. Un paso en ese sentido fue el anunciado el pasado 5 de febrero, relacionado con la muy solicitada reforma de las actividades autorizadas y no autorizadas para la realización del TCP.
Por su parte, la opción cooperativa prácticamente no ha podido afirmarse; el desconocimiento de la personalidad jurídica a los esfuerzos productivos no estatales ha afectado también sistemáticamente a esa forma de propiedad en su ejercicio fuera del agropecuario. De hecho, en 2019 más que aumentar disminuyó el número de cooperativistas no agropecuarios, y se han identificado claras barreras para su ejercicio, las cuales tienen que ver, entre otros asuntos, con la inexistencia de formación en esas formas más horizontales de gestión y con el surgimiento de parte de ellas como orientaciones “desde arriba”.
A la vez, la ampliación del sector no estatal de la economía requiere el impulso firme de derechos laborales. En este momento, los derechos laborales en el TCP son frágiles y se incumplen sistemáticamente. No existen normativa ni mecanismos institucionales que aseguren derechos para quienes trabajan ahí bajo contrato. El Código de Trabajo tiene poca operatividad allí. Es necesaria una ética del ordenamiento que afirme un programa de justicia que considere el trabajo digno, también en el TCP.
El sector estatal necesita producir también mejores incentivos y democratizarse. Por ejemplo: para amortiguar la “tarea de ordenamiento” se ha anticipado un monto de mil pesos a trabajadores y trabajadoras que lo soliciten; es un monto reembolsable en cuatro meses. Frente a la situación actual, ese plazo de devolución es extremadamente breve. Un gesto loable sería la ampliación del plazo de reembolso a las empresas de ese dinero. En el país existen compensaciones laborales pero no seguros de desempleo; eso preocupa y podría agravar la situación para quienes trabajan en las empresas que eventualmente se declaren sin rentabilidad. Para eso último hay más tiempo, contando con que hay un fondo estatal para sostenerlas por un plazo determinado. Mientras ello transcurre, ¿podríamos considerar la posibilidad de instituir un seguro de desempleo justo?
Finalmente, son imprescindibles incentivos para que se empleen a grupos sociales que tienden a quedar fuera del mundo del trabajo asalariado formal, muy especialmente las mujeres. La tasa de actividad laboral de las mujeres cubanas era de 53,3 en 2019, según la información del Anuario Estadístico de 2020. Eso quiere decir que casi una de cada dos mujeres en edad laboral no tiene empleo formal ni tampoco lo está buscando. Aproximadamente 382 mil 784 mujeres salieron del sector estatal entre el 2010 y el 2019 3; eso equivale al 21,12% de las que se consideraban “ocupadas” por las estadísticas en ese último año. El TCP acogió a una parte de ellas, pero allí continúan siendo una amplia minoría (poco más del 30%). En general, la brecha de participación laboral asalariada entre hombres y mujeres es grande, de cerca del 20%, a pesar de que en Cuba las mujeres son mayoría entre las personas universitarias y en los niveles educativos superiores. Eso va en perjuicio de su autonomía económica, condiciona la imposibilidad de salir de ciclos de violencia y desconoce que en el país, como mismo sucede en otros territorios, los hogares con jefatura de hogar de mujeres están en franco ascenso.
Exactamente la misma brecha que se sostiene en las cifras generales del empleo en el país se están reproduciendo en las estadísticas de quiénes están buscando trabajo en las instituciones: el 60,8% de quienes acuden a las oficinas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en busca de empleo son hombres, frente a un 39,2% de mujeres. Es muy posible que esa diferencia se defina, entre otros factores, por la escasez de servicios de cuidados (infantiles, de personas ancianas o enfermas crónicas). Muchas mujeres tienen que esperar a que sus hijos e hijas crezcan o a que sus padres y madres mueran para, si aún les es posible, buscar empleo remunerado. Ampliar la posibilidad de empleo para ellas supone, a la vez, colocar a los cuidados en el centro de la política, también como parte del “ordenamiento”.
Con todo, es cierto, existe el imperativo de dejar de vivir del cuento. Pero “el cuento” es una cosa distinta si se observa con compromiso político, aspiración de justicia y reconocimiento de la injusticia realmente existente. Las cuentas nos sirven para ver un cuento distinto, y reescribirlo de mejor modo.
***
Notas:
1 Andrew Zimbalist y Claes Brundenius: «Crecimiento con equidad en una perspectiva comparada» en Cuadernos de Nuestra América No 1, 1989.
2 Ferriol, Ángela (2004), “Política social y desarrollo”, Política social y reformas estructurales: Cuba a principios del siglo XXI (LC/L.2091), E. Álvarez y J. Mattar (eds.), México D.F., Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas.
3 Cálculo de la autora a partir del análisis de los datos de los Anuarios Estadísticos de Cuba de 2011 y 2020.
Excelente análisis de Ailynn Torres Santana sobre la situación actual de nuestro país y los antecedentes que la determinan.
ResponderEliminarDice la autora: "las distorsiones de la economía, producidas por malos diseños e ineficientes implementaciones internas y por la asfixia de los gobiernos estadounidenses a su homólogo y pueblo cubanos." Esas distorsiones y malos diseños provienen del modelo de Capitalismo Monopolista de Estado (CME) copiado de la Unión Soviética y que llevó al fracaso y la desaparición de aquel conglomerado de naciones que conformaban el país más grande en extensión territorial del planeta, con 22 402 200 Km2 y una población superior a los 290 millones de habitantes, con una economía centralizada y una extrema represión política, dirigida por un solo partido y que a pesar de los enormes recursos naturales que poseía, y ser la segunda potencia mundial en armamentos y desarrollo de la cosmonáutica, después de 72 años de ejercer el poder absoluto se vino abajo como castillo de naipes por esas distorsiones –del socialismo marxista– y los malos diseños del CME, y que por no construir el Socialismo, desapareció y retornó al capitalismo real, con todas las malas herencias de aquel sistema.
Refiere la autora que: “a inicios de los 2000 había un 20% de pobreza urbana” como consecuencia de haber mantenido aquel modelo fracasado por 10 años más sin la enorme subvención económica de aquel poderoso país, y como consecuencia “aumentaron de forma drástica el costo de la vida y la cantidad de trabajo (remunerado y no remunerado) que las familias tuvieron que poner en juego para asegurar la subsistencia.”
Reconoce la autora que: “Entre la “actualización” (2011) y el “ordenamiento” (2021) ha pasado una década en la cual las distorsiones del sistema socioeconómico han asegurado el aumento de la desigualdad y de la pobreza.” Causando una agudización de la crisis crónica que padecemos, agravada en el 2020 por la pandemia del SARS-CoV-2 y el reforzamiento del embargo/bloqueo de Estados Unidos.
Destaca que: “Por su parte, la opción cooperativa prácticamente no ha podido afirmarse; el desconocimiento de la personalidad jurídica a los esfuerzos productivos no estatales ha afectado también sistemáticamente a esa forma de propiedad en su ejercicio fuera del agropecuario. De hecho, en 2019 más que aumentar disminuyó el número de cooperativistas no agropecuarios, y se han identificado claras barreras para su ejercicio, las cuales tienen que ver, entre otros asuntos, con la inexistencia de formación en esas formas más horizontales de gestión y con el surgimiento de parte de ellas como orientaciones “desde arriba”.” Teniendo en cuenta que el cooperativismo y la autogestión obrera son las formas de producción verdaderamente socialistas y que las Pymes son la forma de producción más típica del capitalismo ya que generan más del 80 % del PIB de los países capitalistas, en lugar de abrir el país a las Pymes debe hacerlo a las cooperativas para justificar que nuestro país es un país Socialista como establece la Constitución.
Sobre los derechos laborales del sector no estatal señala que: “A la vez, la ampliación del sector no estatal de la economía requiere el impulso firme de derechos laborales. En este momento, los derechos laborales en el TCP son frágiles y se incumplen sistemáticamente. No existen normativa ni mecanismos institucionales que aseguren derechos para quienes trabajan ahí bajo contrato. El Código de Trabajo tiene poca operatividad allí. Es necesaria una ética del ordenamiento que afirme un programa de justicia que considere el trabajo digno, también en el TCP.” Sin embargo, en las Cooperativas ocurre todo lo contrario, todos sus miembros tienen más derechos que los trabajos asalariados, porque son sus dueños colectivos y se reparten las ganancias netas de las mismas.