Para contener el alza desmedida de los precios, la Tarea Ordenamiento concibió, desde sus inicios, la centralización del valor de un grupo de productos transversales a la economía, como los combustibles, por ejemplo. A la par, se dieron facultades a las entidades para la formación de otros precios mayoristas descentralizados.
Respecto a estos últimos, la Resolución 324 de 2020, de la Ministra de Finanzas y Precios, estableció el procedimiento a seguir durante los primeros seis meses del ordenamiento, a partir de la determinación de índices máximos por clase de actividad económica.
De acuerdo con la letra de la Resolución, los índices definidos (nivel máximo que, como promedio, crecen los precios de los productos y tarifas de los servicios, en concordancia con la clase de actividad económica en la que clasifica cada entidad) tienen carácter de máximos y se aplican según proceda.
PERO, ¿QUÉ HA PASADO EN LA PRÁCTICA?
«Las entidades han utilizado el máximo de esos índices y no es así, es hasta ese índice; lo que ha provocado un incremento excesivo de los precios respecto a lo que estaba previsto en la Tarea Ordenamiento», explicó a Granma Randar Romero López, subdirector provincial de Finanzas y Precios en La Habana.
Debido a este comportamiento, aseguró, «estamos inmersos en la evaluación de las fichas de costo de las entidades y de todos los precios mayoristas que forman, a su vez, los precios minoristas. Muchos de estos precios todavía están en estudio, porque es muy poco el tiempo transcurrido; pero buena parte se ha reducido casi al 50 %».
Durante el mes de enero, agregó, se han realizado ajustes en los precios del Sistema de Atención a la Familia, la gastronomía, los comedores obreros, las tarifas de correo, al tiempo que siguen en examen las del agua, así como la merienda escolar, entre otros productos y servicios.
No obstante, a juicio del Subdirector de Finanzas en la capital, en esta primera etapa del ordenamiento, además de la aplicación de los índices máximos, las entidades han presentado irregularidades de índole organizativas y administrativas, porque los problemas de calidad, por ejemplo, no tienen que ver con la Tarea Ordenamiento y sí con la gestión.
Por ello, añadió, han existido muchos cuestionamientos sobre la adecuada correlación calidad-precios, unido a violaciones flagrantes de estos últimos, por lo que se han intensificado las acciones de control a todos los actores económicos, tanto estatales como no estatales.
Justamente, con el objetivo de evitar que se generen precios abusivos y especulativos, la Gaceta Oficial No. 8 Extraordinaria, de 29 de enero de 2021, publicó el Decreto 30 De las contravenciones personales, sanciones, medidas y procedimientos a aplicar por la violación de las normas que rigen la política de precios y tarifas.
Para que la Tarea Ordenamiento avance, reiteró Randar Romero, hay que continuar examinando las fichas de costo confeccionadas por cada entidad; evaluar periódicamente, incluso de carácter mensual, los resultados de las entidades y, sobre todo, no se puede bajar la guardia en el seguimiento a los precios, con énfasis en el accionar de los gobiernos locales y en el control popular.
En los años 2003 y 2004, cuando fui Profesor invitado en la Universidad Privada de Tacna (UPT) en Perú, además de la educación del pueblo, que fue lo que más me llamó la atención y las excelencias culinarias, me llamó poderosamente la atención la intensa actividad comercial, existe en esa ciudad una zona franca, pero dentro de la actividad comercial lo más interesante era como estaban fijados los precios en todos los abarrotes (pequeñas tiendas) que tenían todas los mismos precios fijados por los suministradores, que los dueños no podían ni subir ni bajar lo fijado en las tarjetas que acompañaban a cada producto. Como en todos los países capitalistas los surtidos eran completos, y si por casualidad faltaba un producto que uno pedía le decían venga mañana, que aquí se lo tendremos, si no lo buscaban de inmediato en un almacén cercano. Esos precios no los fijaba el estado, que nada tenía que ver con ellos, sino que lo fijaba la ley de la oferta y la demanda. La escasez de los productos en el mercado es la causa fundamental del aumento de los precios, y mientras el país no produzca la cantidad de productos necesarios para satisfacer la demanda, los precios aumentarán, y si el estado les fija precios a los productos agropecuarios que no permitan a los campesinos obtener sus muy merecidas ganancias, dejarán de producirlos y solo se podrán adquirir a precios aún mayores en el mercado negro, como ya está ocurriendo en este año. La única solución para controlar los precios es el aumento de la producción, meta muy difícil de alcanzar en las condiciones actuales de la pandemia y de las sanciones de Estados Unidos, por lo cual nuestro gobierno debe aprovechar la presidencia de Biden para tratar de normalizar nuestras relaciones haciendo para ello todo lo que sea necesario, lo único que no puede ser negociado es la independencia y la soberanía nacionales.
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