Po 28 septiembre 2021, LJC
Los ritmos de crecimiento de la economía cubana en el último quinquenio —2016-2020— han sido bajos, en lo fundamental por la reducida tasa de ahorro e inversión interna, que no rebasa el 12% del PIB cuando se necesita no menos de un 20-25% para garantizar un proceso sostenido de incremento y modernización. Aunque se ha priorizado la obtención de inversión extranjera directa (IED), se mantienen numerosas trabas para su atracción efectiva, las propuestas escasean y/o no se aprueban en el tiempo necesario.
La disminución del ingreso nacional hace más acuciante determinar la eficacia social de la política inversionista. La alternativa es decidir si la inversión debe dirigirse a la recapitalización de la estructura existente para garantizar mayor satisfacción de las necesidades prioritarias de la población y la economía, o a nuevas áreas que favorezcan los intereses proyectados a mediano y largo plazo por los que saben, los decisores del nivel central.
Es el caso de la prioridad que debe otorgarse a los sectores agropecuario, industrial, construcción de viviendas y servicios sociales; o a la inversión en la fabricación de nuevos hoteles para cuando millones de turistas estadounidenses puedan venir a Cuba. Un somero vistazo a las inversiones, del Período Especial a la fecha, muestra que hoy los resultados son peores que en décadas anteriores.
Analicemos entonces lo ocurrido en los últimos treinta años en el ámbito inversionista y aflorarán algunas causas y factores que solemos pasar por alto.
-I-
La crisis del modelo extensivo de desarrollo aplicado en los países socialistas era indetenible en 1985. Mientras la República Popular China y Vietnam se transformaron radicalmente al adoptar el modelo de economía socialista de mercado, la URSS y demás países del CAME optaron por reformas liberalizadoras (reestructuración/perestroika) que aceleraron el derrumbe del modelo y la transición al capitalismo. Cuba, por su parte, proclamó la Rectificación de errores y tendencias negativas, que pretendió solucionar el problema con fórmulas antimercantiles ya experimentadas y desechadas desde los años sesenta.
En 1990, cuando el intercambio con los países del CAME representaba el 85% del comercio exterior cubano, la URSS decidió unilateralmente que para el año siguiente todo su comercio se haría a precios del mercado mundial y en MLC. Se eliminaban así el rublo transferible y los precios indexados, que incluían un subsidio comercial a la Isla evaluado en más de 100,000 millones de rublos en treinta años.
A esto se sumó la disminución del suministro de petróleo, —de trece millones de toneladas en 1989, a 1,2 en 1992—, por lo que Cuba tuvo que comprarlo a los traders petroleros a precios exorbitantes. El bloqueo se incrementó con la Ley Torricelli que prohibió las transacciones con filiales de empresas norteamericanas en terceros países. Los más de 8,000 millones de USD en importaciones durante 1989, se redujeron a 2,200 en 1992.
Como respuesta, Cuba aprobó ese año una nueva ley encaminada a promover la inversión extranjera directa (IED) —mixtas y en asociaciones económicas— para obtener tecnología de punta, generar empleo de calidad, incrementar exportaciones y sustituir importaciones. A partir de 1993, con la creación del ministerio de Finanzas y Precios, inició un proceso de reestructuración económica basado en la industria turística, que incluía otras medidas liberalizadoras: libre circulación del USD, apertura a las remesas, reintroducción del mercado libre campesino y de productos industriales, descentralización del comercio exterior y apertura de zonas francas.
En 1996, la economía había crecido un 7,8%, lo que indicaba el inicio de una recuperación. Entre 1995 y 2003, se lograron importantes resultados, entre ellos: reducción del déficit fiscal al 2.8% del PIB; de los subsidios a las empresas al 1.3% del PIB y del exceso de circulante, del 56 al 40% del PIB.
Al cierre de 1998, las inversiones crecieron un 7,1% para alcanzar valores superiores a 2,300 millones de pesos. La IED conseguía 345 acuerdos de asociación con empresas cubanas y 243 empresas extranjeras operaban en zonas francas. Más del 50% de las inversiones mixtas y asociaciones con capital foráneo se concentraban en el sector industrial, principalmente en generación eléctrica y petróleo; 27% en comunicaciones y 16% en turismo y actividad inmobiliaria. La tendencia a la revaluación promedio del peso lo situó a 21,8 por USD y garantizaba el equilibrio financiero interno.
Sin embargo, desde que en 1999 Chávez asume el poder en Venezuela, el gobierno cubano vuelve a apostar por la relación preferencial con el nuevo país amigo y colaborador. De ahí que retornara a una elevada centralización de los mecanismos de asignación y utilización de divisas; las asociaciones mixtas fueran reducidas y eliminados los negocios inmobiliarios extranjeros; se disminuyera el número de empresas nacionales autorizadas a realizar operaciones directas de comercio exterior y se reavivara la ojeriza hacia el TCP.
En aquel momento el Gobierno decidió priorizar los servicios profesionales, tanto al interior de la Isla —vía Batalla de Ideas—, como hacia los países de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), en lugar de encauzar la inversión para modernizar y ampliar el sector productivo. Prueba de ello fue que en el 2000 se ordenó desmantelar y triturar gran número de centrales azucareros y vender sus hierros viejos como chatarra.
Desde 2003, las exportaciones de servicios profesionales de alto valor agregado alcanzaron el primer lugar tanto en el PIB como en las exportaciones, desplazando al turismo, que lo tenía desde 1990. A inicios del 2005 se creó la Cuenta Única de Ingresos en Divisas del Estado, que distribuiría las asignaciones en divisas para los organismos y organizaciones a partir de criterios gubernamentales.
Venezuela y China se convirtieron en nuestros principales socios comerciales, mediante acuerdos que incluían grandes inversiones conjuntas para ampliar y modernizar la industria petro-química, agricultura, telecomunicaciones, biotecnología, turismo, industria ligera, sideromecánica, biofarmacéutica y electrónica. Se priorizaba la creación de plantas ensambladoras, con creciente participación de la industria cubana, enfocadas en sustituir importaciones y exportar hacia el mercado latinoamericano y caribeño.
En 2005 inició el programa electro-energético, con un plan de inversiones que incluía la modernización de los sistemas de transmisión, instalación de nuevos equipos, utilización de vías no convencionales de generación y sustitución de equipos antiguos por otros modernos, menos consumidores.
Sorpresivamente se anunció que Cuba no sería ya únicamente receptora de flujos de inversión externa, sino que comenzaba a ser emisora de inversiones hacia otros países, a través de la construcción de hospitales y plantas para la producción de productos biotecnológicos en China, India, Malasia e Irán.
La crisis del 2008, las dificultades de Venezuela tras la muerte de Chávez y el declive del progresismo latinoamericano, dieron fin al espejismo de una economía de servicios y mostraron la necesidad de promover el sector productivo como garantía de soberanía alimentaria y sustentabilidad del desarrollo nacional. Desde 2008, se promovió el incremento de la explotación agropecuaria, la ampliación del TCP y los pequeños negocios, lo cual atrajo una cantidad, indeterminada pero sustancial, de inversiones a partir de la capitalización de parte de las remesas.
Cuando en el 2010 se produjo la destitución de Yadira García, ministra de la Industria Básica, aún el sector industrial concentraba el mayor volumen de capital extranjero y tenía proyectos de explotación y exploración de crudo con empresas de una decena de países. Venezuela construía un complejo petroquímico en Cienfuegos mediante una inversión comprometida de 5.000 millones de dólares.
No obstante, el tan añorado y descapitalizado sector agropecuario —que llegó a cubrir el 22,3% del total de las inversiones en 1989— redujo su participación al 6,7% en 2012. En particular lo ha perjudicado la ausencia de inversiones hidráulicas, que conllevó a la caída de los rendimientos en cultivos como el arroz, la producción de huevos y la ganadería, con el consiguiente incremento de las importaciones y de las angustias en la mesa familiar.
-II-
La llegada al poder de la administración Obama y el anuncio del deshielo en las relaciones Cuba-Estados Unidos (2014), abrió nuevas perspectivas a la inversión extranjera, la llegada de turistas y el incremento de inversiones en el sector privado. A este escenario favorable se unieron la anunciada terminación de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel (ZEDM) y la exitosa renegociación de la deuda externa de Cuba con Rusia, Japón, México y el Club de París.
Sin embargo, en 2014 sobrevino otra inesperada vuelta de tuerca a la inversión no estatal, con la prohibición del funcionamiento de salas de cine 3D y de juegos electrónicos y computacionales privados y la venta de ropa y calzado importados. No se tuvieron en cuenta los problemas de calidad en la oferta de las TRD, sus precios exagerados, y el hecho de que no se hubiera potenciado una industria nacional que supliera las ofertas privadas.
En ese año se aprobó una nueva Ley de inversión extranjera que otorgó mayores garantías jurídicas y facilidades impositivas a los inversores y les permitió actuar en todas las áreas de la economía, salvo en instituciones armadas, Salud, Educación, y medios de comunicación; fue disminuido el impuesto sobre las ganancias al 15% y se acompañó de una Cartera de Oportunidades de Negocios.
A pesar del favorable escenario existente entre 2009-2016, la economía apenas logró un crecimiento de 2,3%, lejos del 4,4 previsto. En ello influyó que no se lograra captar nunca el monto de 2.000-2.500 millones anuales de USD en inversión foránea, que se estiman forzosos para alcanzar las metas de crecimiento necesarias, de entre 5-7%.
La posibilidad de elevar el monto de inversiones, se vio afectada a partir de 2009 por el pago de los servicios de la deuda externa renegociada, que alcanzó la cifra estimada de 23,000 millones de USD, lo cual limitó los fondos de consumo e inversión del país.
No obstante, nada ha marcado más la política inversionista en la última década que el creciente poder del holding GAESA, el cual se expandió aceleradamente a partir de la asimilación del grupo CUBALSE, también en 2009.
Según estudio del economista cubano Pavel Vidal, la descapitalización es la causa principal del retroceso relativo de Cuba ante economías de similar tamaño en la región —Ecuador, República Dominicana, Panamá, y Costa Rica—, entre 1970 y 2014. En tanto aquellas crecieron un 3.8 % en las últimas dos décadas, Cuba apenas lo ha hecho al 1.7 %, pues tiene una de las tasas más bajas de inversión de América Latina: 12.7 por ciento como promedio en los últimos veinte años.
Tras la llegada de Trump al gobierno en EE.UU., el escenario de inversiones se tornó todavía más difícil para Cuba. La respuesta centralizadora del Gobierno/Partido/Estado no se hizo esperar en la Isla. En 2018, a tenor de una sorpresiva e impopular decisión, se revirtieron algunas de las regulaciones relacionadas con el TCP anunciadas poco antes. Pero lo peor vino del exterior, cuando ante las presiones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, Cuba retiró a sus colaboradores del Programa Más Médicos dejando de percibir la parte mayoritaria de sus ingresos por exportaciones de bienes y servicios.
A pesar del desfavorable contexto, entre 2014 y 2020, y aunque la ocupación hotelera nunca ha rebasado el 60% con una tendencia a la baja (45,6 en 2020); la inversión inmobiliaria de GAESA en la construcción de hoteles aumentó, de manera acelerada y sostenida, su participación en la inversión total del país: de un 21,8% al 45,6.
Mientras, disminuían la inversión agropecuaria (de 8,1% a 5,9) y en el sector de Salud (de 2,2 a 0,9). En el primer trimestre del 2021, dicha tendencia se mantuvo inalterable: la inmobiliaria aumentó al 50,3% MP, la agropecuaria se contrajo a 2,6 y la de Salud, apenas a 0,3 en plena pandemia de covid-19.
Quizás en este, como en otros campos, debamos acudir a la experiencia internacional y otorgar más prioridad a la creación y funcionamiento de bancos de inversiones, especialmente en el sector agropecuario. La reorientación del fondo de inversión de la nación —público y privado— debe encauzarse hacia los sectores prioritarios para el presente y futuro inmediato.
Lo cierto es que hasta ahora, en la esfera inversionista, todo parece indicar, parafraseando al secretario general saliente del PCC, que aunque los frijoles puedan ser más importantes que los cañones, no son más importantes que los hoteles.
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