Documento de trabajo 2/2021, Instituto El Cano
5 de febrero de 2021
Por Carmelo Mesa-Lago| Catedrático de Servicio Distinguido Emérito de Economía y Estudios Latinoamericanos, Universidad de Pittsburgh
Resumen
Desde 1994 Cuba ha tenido dos monedas: el peso nacional (CUP) y el “peso convertible” (CUC). Ninguna de las dos se negocia en el mercado internacional y el valor del CUC es fijado unilateralmente por el gobierno. Esta dualidad genera distorsiones adversas. Después de una década de discusión y anuncios fallidos, se decretó el inicio de la unificación monetaria-cambiaria el 1 de enero de 2021. Este Documento de Trabajo analiza: (1) las normas legales; (2) los efectos potenciales; (3) los obstáculos; (4) el momento; y (5) las perspectivas de la unificación. Se basa en series estadísticas económico-sociales completas del período 1989-2020, legislación, explicaciones de los altos dirigentes, ensayos de académicos cubanos y extranjeros y medios de comunicación.
Introducción
Hay un consenso excepcional entre los economistas, dentro y fuera de Cuba, de que la “dualidad monetaria” (peso nacional, CUP, y peso convertible, CUC) causa efectos negativos que deben ser eliminados con la unificación monetaria y cambiaria para fomentar el crecimiento económico. La doble moneda fue introducida por Fidel Castro en 1994, como una de las medidas para afrontar la crisis del decenio de 1990 (“Período Especial en Tiempos de Paz”) tras la desaparición de la Unión Soviética. En su peor momento, el dólar llegó a cambiarse por 150 pesos cubanos y forzó la creación del CUC para controlar la devaluación del peso (Rodríguez, 2020). Además, Castro introdujo el dólar como moneda de curso legal hasta que lo eliminó en 2004. Ninguna de las dos monedas se transa en el mercado mundial. Su valor lo fija unilateralmente el gobierno.
Hay varias tasas de cambio: en el sector estatal empresarial, el CUP se cambia a la par con el CUC (1 CUP = 1 CUC = US$1), pero para la población la tasa de cambio es 1 CUC = 24 CUP. Además, hay otra tasa en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, 1 CUC = 10 CUP. La dualidad monetaria y las diversas tasas de cambio, unidas a la reintroducción parcial del dólar en 2019, provoca efectos negativos. Entre otros, distorsiona los precios, incentiva las importaciones y desincentiva las exportaciones, segmenta a la población pagada en CUP pero debe que comprar muchos bienes y servicios en CUC, y baja la productividad laboral en las empresas estatales, las cuales reciben costosos subsidios fiscales cuando sufren pérdidas.
El debate sobre la unificación monetaria y cambiaria comenzó en 2011, cuando el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) aprobó los “Lineamientos” para un nuevo modelo económico (“actualización”), que incluía un avance hacia la unificación. El VII Congreso (2016) decidió concluir dicho proceso. Desde 2018
Cuba sufre otra crisis económica, la peor desde la década de 1990, causada por un factor interno y tres externos. El interno es el modelo de planificación central, con predominio de las ineficientes empresas estatales sobre el mercado y el sector privado (un modelo fracasado en todo el mundo incluyendo Cuba).1 Los tres factores externos son la crisis de Venezuela –el principal socio comercial y subsidiador de la economía cubana, que ha reducido sustancialmente el comercio, compra de servicios médicos e inversión–, las sanciones impuestas por Donald Trump entre 2017 y 2020,
y la pandemia.
El gobierno cubano promulgó en 2014 las normas para implementar la unificación monetaria: el “Día Cero” (Resoluciones/2014). Raúl Castro la anunció para 2017 y para 2019, pero esto no ocurrió. En 2020 las más altas autoridades cubanas (el presidente, el ministro de Economía y Planificación, el encargado de la implementación de los Lineamientos) informaron que se consumaría la unificación monetaria y cambiaria, que el CUC desaparecería y el CUP sería la moneda unificada pero devaluada. Sin embargo, esto tampoco ocurrió. Finalmente, el 1 de enero de 2021 comenzó el proceso de unificación, llamado “Ordenamiento Monetario”.
Este Documento de Trabajo analiza las normas de la unificación, identifica los obstáculos, evalúa sus efectos a corto, medio y largo plazo, intenta contestar la interrogante de por qué ahora, en medio de otra crisis, y explora sus perspectivas. Se basa en una colección estadística de indicadores económicos y sociales de 1989 (en vísperas de la crisis de los 90) y de 2007 a 2019 (cuando se introdujeron reformas estructurales que no dieron el fruto esperado). Además, se examina la legislación, las explicaciones de las autoridades cubanas, la literatura académica más reciente y los medios de comunicación oficiales e independientes.2
1 Las reformas estructurales de Raúl Castro en 2007-2018, no cambiaron substancialmente el modelo de planificación central ni impidieron la caída del PIB. En 2020, el ministro de Economía ratificó que “se mantendrá la planificación centralizada… la capacidad de tomar a nivel central las principales decisiones económicas”, pero agregó que buscaban mecanismos para descentralizar la asignación de recursos (Falcón y otros, 2020b).
2 Debido a que la unificación monetaria ha estado en debate por 10 años, hay una extensa literatura dentro y fuera de Cuba imposible de resumir. Entre los principales ensayos: Monreal, 2017, 2018a, 2018b, 2019a, 2020a, 2020b; Pérez, 2017, 2018, 2019, 2020; Infante, 2018; Marquetti, 2018; Triana, 2018; Nova, 2019; Benavides, Carranza y Monreal, 2020; Pérez Villanueva, 2020a, 2020b, 2020c; Torres, 2020. Fuera de Cuba: De la Torre e Ize, 2014; Vidal, 2014, 2020; Di Bella y Romeu, 2017; Hernández -Catá, 2017; Di Bella et al, 2018; Linde, 2028; Luis, 2018, 2020a, 2020b; De Miranda, 2020; Morales, 2020; y varios números de Cuba Standard, 2018-2020.
(1) Análisis de las normas legales de la unificación
Las regulaciones de la unificación monetaria y cambiaria fueron publicadas en 14 decretos-leyes y acuerdos (un total de 60 normas jurídicas) en la Gaceta Oficial del 10 de diciembre de 2020 (Consejo de Estado, 2020). El CUC desaparece con la unificación: de hecho, esto había estado ocurriendo gradualmente, porque sus tenedores se apresuraron a cambiarlos antes de la unificación y, cuando compraban y les daban la vuelta, lo hacían en CUP. El deseo de deshacerse del CUC aceleró su devaluación en el mercado negro: se pasó de un cambio de 1 CUC por US$0,80 en 2015 a US$0,95 en2017 y entre US$1,60 y US$1,80 a fines de 2020. En realidad, nadie quiere el CUC. A mediados de diciembre, era imposible cambiarlo en dólares (Mesa-Lago, 2017; Miranda, 2020; “Información…”, 2020).
(1.1) Tasa de cambio
La unificación monetaria-cambiaria y la transición a una economía de mercado (liberalización de la propiedad, empresas, precios, empleo y mercados por reformas estructurales) en los antiguos y actuales países socialistas se hizo en dos formas: una gradual y otra rápida (big bang), pero hay que distinguir entre unificación y liberalización. China y Vietnam siguieron la vía gradual, pero en China la unificación tomó unos 45 años (1948-1993) y en Vietnam 14 (1975-1989), más parecido al big bang (la devaluación fue de 10 veces en un año). En China, las reformas estructurales fundamentales fueron posteriores a la unificación, con una combinación del plan y del mercado (socialismo de mercado). En Vietnam, las reformas estructurales fueron paralelas a la unificación (también socialismo de mercado). Esto fue facilitado por el predominio de empresas familiares, granjeros privados y pymes, en vez de las grandes empresas típicas de la URSS. En varios países de Europa Central y Oriental hubo un big bang en la transición a la economía de mercado. Los países que formaban la URSS (CIS) siguieron una vía gradual más cercana a China. Cuba ha seguido el big bang en la unificación, pero a un ritmo más lento que China y Vietnam y no ha forjado un socialismo de mercado (Mesa-Lago y Svejnar, 2020; Cuba Standard, 2020).
La tasa de cambio oficial en el sector empresarial antes de la unificación era de un CUP por dólar y pasó a 24 CUP. Esto implica una devaluación del 2.300% (para las tasas de cambio entre 1989 y 2013 véase Hernández-Catá, 2017). El Decreto-Ley 17/2020, en su artículo 7, establece que: “La tasa de cambio del peso cubano frente a las monedas extranjeras se determina por el Banco Central de Cuba (BCC) y se publica diariamente en el sitio WEB de dicha institución”. Además, se informa que las tasas variarán según oscilan en el mercado internacional. Ni el gobierno ni los expertos saben cuál es la tasa de cambio de equilibrio o real, porque el CUP no se transa en el mercado internacional que determinaría su valor frente al dólar por la oferta y la demanda. Por más de 25 años, el gobierno ha mantenido una tasa de cambio fija del CUC, desconectada con la realidad del mercado nacional e internacional. El CUP está sobrevaluado: si a fines de 2020 se cambiaba en el mercado negro entre 1,50 y 1,80 por dólar, esto equivalía a entre 36 y 43 CUP en vez de la tasa oficial de 24. El diferencial llegaba al 4.200% (Luis, 2020a).
El gobierno ha decidido continuar con la tasa de cambio fijo o “anclaje nominal” para controlar el incremento de los precios mayoristas y de la inflación. Más adelante –se dice–, cuando la situación económica mejore, podrá pasarse a una tasa de cambio móvil, pero esto implicará futuras devaluaciones. Por eso no se puede hacer ahora y no se sabe qué tiempo será necesario para efectuar dicho cambio (Gil, citado por Falcón y otros, 2020b). Lo ideal hubiese sido establecer un tipo de cambio mayor a 24 e irlo ajustando gradualmente a la baja según la economía se recuperase. Por último, la unificación monetaria no es completa, porque continúa usándose el dólar en parte de la economía.
La extracción del CUC de la circulación se producirá de varias maneras: la entrega de CUC a cambio de 24 CUP (no habrá límites en la cantidad); los traspasos de las cuentas bancarias en CUC a CUP, sea por el titular en bancos o de manera automática pasado el plazo de seis meses; las compras en CUC en las tiendas durante dicho plazo y, si hay vuelta, se dará en CUP; y la pérdida de valor de los CUC que algunas personas atesoren y no cambien.
En una mesa redonda en televisión, Marino Murillo, jefe de la implementación de los Lineamientos, y Marta Wilson, ministra presidenta del BCC ofrecieron información detallada del proceso de cambio (Falcón et al., 2020c). Tanto estas informaciones como las de salarios, precios e impuestos son muy complejas y algunas me resultaron ininteligibles. Es dudoso que la mayoría de la población las entendiese. El gobierno reiteró por años a la población que sus CUC estarían garantizados, aunque no siempre se hará esto. Las personas que tengan CUC tienen un período de seis meses a partir del 1 de enero para cambiarlos en bancos y casas de cambio a 24 CUP. Sin embargo, se exceptúan los trabajadores del sector no estatal con cuentas en CUC, los cuales no tendrán el plazo de seis meses y el cambio a CUP se hará automáticamente el 1 de enero.
Las cuentas en CUC deben cambiarse a cuentas en CUP en dicho plazo. Si no, habrá un cambio automático a la tasa prescrita. En seis meses no se admiten nuevos depósitos en CUC ni extracciones en dicha moneda, sólo en CUP. Las cuentas de ahorro en CUP perderán capacidad de compra con el aumento de los precios, pero no se pueden ajustar a ellos. Los titulares de certificados de depósitos que no acudan al banco también verán cambiados sus CUP. En adición de los intereses que perciben, se les pagará un interés de entre el 1% y el 3,5% (no se explicó cómo se aplica el rango). Los trabajadores cubanos en el extranjero (“colaboradores”), que cobran sus servicios en dólares, cuando regresen a Cuba pueden abrir una cuenta en divisas, que al ser nueva pueden asociarse a una tarjeta en divisas y extraer efectivo en dólares. Al contrario, los colaboradores que ya tienen cuentas bancarias en divisas en Cuba recibirán un “certificado de depósito” en dólares o euros, con un interés del 0,15%, pero no podrán hacerlos efectivos en divisas “porque la economía no dispone de esa liquidez” y tendrán que esperar a que “las condiciones de la economía mejoren”. Si desean retirar el depósito se les pagará el equivalente en CUP con los intereses correspondientes, de manera que su cuenta se decomisa al menos temporalmente y no hay garantía de que se les pagará en divisas en el futuro. Los que deseen adquirir dólares o euros a cambio de CUP no lo podrán hacer porque “no hay disponibilidad en divisas”, y tampoco los cajeros podrán dispensar divisas, sólo CUP. Los que tengan cuentas en divisas tendrán que hacer una solicitud en los bancos a ver “si existe disponibilidad para vender”. Se puede recibir dólares del exterior, bien por giro bancario a una cuenta de divisas, bien de manera personal. En este caso puede depositarse en su cuenta en divisas, pero en ambos no puede hacerse extracciones en divisas sino en CUP.
A pesar de la unificación, ciertas personas jurídicas estatales recibirán un cambio automático a la tasa actual de 1 CUC por 1 CUP: los organismos de administración central del Estado, las organizaciones superiores de dirección empresarial-estatal (OSDE), los órganos locales del poder popular, las empresas estatales, las unidades presupuestadas, las organizaciones y asociaciones que reciben CUC del Estado, las cooperativas agropecuarias (UBPC y CPA), y las empresas que tienen cuentas colaterales o recolectoras de bancos para cumplir obligaciones con el exterior. Esto fue justificado diciendo que las entidades estatales que tienen una cuenta en CUC los recibieron cuando el cambio con el CUP era a la par. Por tanto, no pueden cambiarlo a 24 CUP, sino a 1 CUP como antes. Por el contrario, se aplicará el cambio de 24 CUP por CUC a todas las formas de gestión no estatal, incluyendo las cooperativas no agropecuarias y de servicios y los trabajadores por cuenta propia; las oficinas de representación y agentes de sociedades mercantiles extranjeras; las embajadas, líneas aéreas, agencias, corresponsales de prensa e instituciones religiosas; y las asociaciones e instituciones que no reciban CUC del Estado.
Se crea un “crédito puente”, un préstamo transitorio dado por los bancos para no paralizar la economía. Las entidades estatales con un pago salarial alto que necesiten liquidez podrán solicitar esos préstamos que se otorgarán en los 90 días posteriores al 1 de enero y vencerán en 150 días, como un adelanto del ingreso futuro. Habrá que devolverlos basados en el nuevo precio mayor que se forme en las empresas después de enero. Todas las deudas vencidas de las entidades hasta el 31 de diciembre de 2020 serán asumidas por los bancos y posteriormente estarán garantizadas por el presupuesto del Estado (no quedó claro si estas deudas tendrán que ser devueltas por las entidades que las tenían). También se otorgarán préstamos para inversiones, pero limitados a la producción de bienes y servicios de exportación, al desarrollo de infraestructura y para terminar obras que ya tengan ejecutadas la mitad. El primer crédito que las entidades deberán solicitar (a partir del 15 de diciembre pasado) es para financiar salarios por 1.000 CUP por trabajador como adelanto para que puedan comprar la canasta básica de bienes y servicios a comienzos de 2021, después se pagará la diferencia de acuerdo con las respectivas escalas salariales.
(1.2) Subsidios a las empresas estatales
El gobierno tenía dos opciones: cerrar las empresas con pérdidas y terminar con los subsidios fiscales (algo presente en los Lineamientos de 2011), que suponen el 25% del presupuesto nacional, o una reforma “monetaria ficticia”, tras la retirada del CUC y la devaluación del CUP continuarían los subsidios y las distorsiones. En mi opinión, contraria a la de Cuba Standard (2020), los dirigentes escogieron la segunda: un período de transición de un año, durante el cual las empresas con pérdidas seguirán siendo subsidiadas para poder ajustarse a las nuevas condiciones y evitar el desempleo y garantizar la producción de bienes esenciales. Para eso se crea una reserva en el presupuesto central del Estado de 2021, que contribuye al notable salto del déficit fiscal (Bolaños, 2020; Gil, 2020a). Murillo añadió que ese programa de ayuda “implicaría compromisos claros de las empresas sobre cómo reducir esas pérdidas en el tiempo [fijado] y ganar competitividad” (citado por Falcón y otros, 2020b). Ninguno de los cinco ministros que han dado información a la población en televisión ha dicho que pasará si después del año de transición las empresas estatales incumplen sus “compromisos” y siguen con pérdidas. Una cuestión clave es si terminarán los subsidios y cerrarán dichas empresas o habrá otro período de transición, quizás para las empresas estratégicas que el gobierno quiera proteger, con lo cual no surtirán los efectos positivos a largo plazo. Varios expertos señalan que los subsidios temporales, aun limitados a las empresas estratégicas más afectadas, tenderán a convertirse en permanentes (Torre e Ize, 2014; Hernández-Catá, 2017).
(1.3) Ajuste de salarios
En una comparecencia en televisión, Marta Elena Feitó, ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marino Murillo y Meisi Bolaños, ministra de Finanzas y Precios, explicaron los ajustes a los salarios, pensiones y asistencia social, así como los nuevos tributos para hacer frente a la escalada de precios generada por la unificación (Falcón et al., 2020d). El salario mínimo, las pensiones y las prestaciones de asistencia social toman como referencia el costo de la canasta de bienes y servicios fijado centralmente en 1.528 CUP mensuales (US$64). Esta incluye alimentos, vestido, electricidad, transporte público, productos de aseo e higiene, medicamentos y un estimado de reparación y mantenimiento de la vivienda (Murillo, citado por Falcón et al., 2020a).
Es la primera vez que el gobierno determina su valor y es difícil evaluar si es correcto, pero parece ser bajo ante los incrementos de precios de alimentos y otros bienes de consumo y servicios esenciales, sumado a la exclusión de los servicios del sector privado y venta de bienes esenciales en divisas (Monreal, 2020c). El salario mínimo lo reciben 24.700 trabajadores en el sector estatal de la economía; dicho mínimo se fija centralmente en 2.100 CUP mensuales (US$88), un aumento 5,2 veces mayor respecto al salario mínimo anterior de 400 CUP fijado en 2019. El nuevo salario mínimo se calculó multiplicando el coste de la canasta por un coeficiente de 1,3 (el número promedio de personas a cargo de un trabajador) y es 572 CUP más que el valor de la canasta. Los trabajadores deben pagar la contribución a la seguridad social, 105 CUP (5% de 2.100, se mantiene la contribución de 12% de las empresas estatales), dejando teóricamente 467 CUP para otras necesidades.
La escala salarial la componen 32 grupos, según la complejidad, intensidad y responsabilidad de su labor. El rango salarial pasa del mínimo de 2.100 CUP en la escala I a 9.510 CUP en la VII (US$$88 y US$396 mensuales).3 El sector estatal se divide en dos: el empresarial (empleados en empresas que pagan sus salarios) y el presupuestado (empleados en actividades gubernamentales, como servicios sociales, pagados por el presupuesto nacional), casi la mitad en cada grupo. En el sector empresarial, el salario se incrementa entre 9,3 y 10,2 veces en las siete escalas, con un promedio de 9,6 veces. En el presupuestado el salario se aumenta de 4,8 a 5,3 veces, con un promedio de 4,9 veces. La diferencia probablemente se debe a que los trabajadores del sector presupuestado recibieron un incremento del 37% en julio de 2019. Aparentemente, los trabajadores con calificación de nivel medio superior recibirán pagos adicionales no especificados; los profesionales con maestría universitaria cobran 440 CUP mensuales más que el salario superior en la escala VII y los que tienen un doctorado 825 CUP (US$18 y US$34 respectivamente). Si un trabajador recibe un salario superior al que le corresponde por escala, se le seguirá pagando hasta que se retire. Los pagos adicionales, sistemas de estímulos, pagos por resultados, a directivos y otros, antes en CUP y CUC, se eliminan y se integran en las escalas. Sin embargo, en el sector empresarial, además del salario fijo y de los pagos adicionales por nivel educativo, hay una parte móvil que comprende salario a destajo y distribución de utilidades de las empresas trimestrales y anuales. Estos cambios sugieren una mayor integración del sistema salarial y una interrelación entre la productividad del trabajador y su salario, ambos positivos.
3 La distribución porcentual de los trabajadores estatales entre las siete escalas salariales la he estimado como sigue: Escala I 1,7%, II 13,3%, III 15,4%, IV 18,4% VI 24,4% y VII 16,9%. El total de 1.469.420 trabajadores dado por la ministra Feitó es aproximadamente la mitad del total de trabajadores ocupados en el sector estatal en 2019 (ONEI, 2020), por lo que la otra mitad estaría en escalas salariales superiores.
Debido a los incrementos de los sueldos, el gasto total en salarios para 2021 se proyecta oficialmente en CUP 73.501 millones, un aumento de 2,4 veces sobre el fondo de CUP 30.000 millones en 2019 (ONEI, 2020; Bolaños, 2020).4 En el sector empresarial, las empresas fijarán nuevos precios que incluirán el efecto de la devaluación más el costo del incremento salarial. Habrá un aumento significativo de los precios mayoristas que será trasladado a los minoristas. En el sector presupuestario, el aumento salarial deberá pagarlo el presupuesto nacional. Por tanto, vía precios o emisión monetaria se incrementará la inflación.
En el sector de inversión extranjera, no hay regulación estatal del salario, que se pagará según la eficiencia y ganancias de la empresa, pero no cambia el método anterior. El trabajador no recibirá el salario completo que paga la empresa inversionista. Este se negocia con la agencia estatal empleadora y el grueso del salario se lo queda el Estado. Esta medida se considera un desincentivo a la inversión extranjera y los inversionistas han reclamado, sin éxito, un cambio hacia la contratación y el pago directo a sus empleados.
Respecto a los salarios en el sector no estatal, especialmente a los empleados de los trabajadores por cuenta propia y de los campesinos dueños de sus tierras, se asume que serán fijados libremente por unos y otros según la oferta y la demanda. Murillo pronostica que los precios subirán en dicho sector porque si los precios mayoristas se elevan, subirá el costo de los insumos y el precio de los servicios aumentará para no disminuir las ganancias, pero el mercado probablemente evitará que los precios crezcan indiscriminadamente. Los gobiernos municipales están facultados para fijar los precios con el sector no estatal (Falcón y et. al., 2020b).
(1.4) Ajuste de pensiones y prestaciones de asistencia social
La pensión mínima de 280 CUP (US$$12) mensuales se incrementa cinco veces a casi el valor de la canasta básica de 1.528 CUP (US$$64). La pensión de los trabajadores no estatales (cuentapropistas, usufructuarios, cooperativistas) que contribuyen menos del 5% asignado a los trabajadores estatales se fija en 1.118 CUP (US$$47) mensuales. Se afirma que esto “garantiza el costo de la canasta básica”, pero en realidad es un 27% inferior. El máximo es 1.260 CUP (US$$53), un 18% menor. El fondo estatal para pensiones crecerá cinco veces en 2021 sobre 2020, un poco más que el fondo de salarios (Falcón et. al., 2020a). La prestación de asistencia social mínima se fija en 1.260 pesos, equivalente al 67% del salario mínimo, pero por cada persona extra en la familia se agregan 800 CUP. Un núcleo familiar de cinco o más personas recibe 4.460 CUP (US$185). Estos incrementos aparentemente son generosos, pero dependen de dos factores: si el valor de la canasta básica de 1.528 CUP se corresponde con la realidad, y si las pensiones y prestaciones de asistencia sociales mantendrán su valor real frente a la inflación, lo que no ha ocurrido en 30 años (véase la sección 2).
4 Murillo afirmó que el fondo de salarios aumentará 4,9 veces, más del doble de mi cálculo.
(1.5) Incremento de precios
De las 60 normas jurídicas aprobadas el 10 de diciembre, la mitad se refiere a los precios. Los de los artículos importados se multiplicarán por 24, según la nueva tasa de cambio. Serán más caros y desincentivarán las importaciones. Los precios de los productos nacionales no podrán crecer más que los importados, pero la ministra Bolaños dijo que aumentarían 12 veces (en vez de 24) por efecto de la devaluación y la reforma salarial. Esto indica que se impondrá un tope, que llamó “medidas antiinflacionarias y de contención”. Habrá centralización de precios, con un tope impuesto a 42 productos y servicios mayoristas de “alto impacto en la población”, como combustible, acero, cemento, azúcar, miel y agua. También se impondrán “precios administrativos”, con un tope a los precios mayoristas descentralizados. Estas medidas fueron justificadas para lograr que “la utilidad, la eficiencia y la rentabilidad de las producciones salgan de la generación de las riquezas y de producciones tangibles, y no a costa de incremento de precios”. También la ministra dijo que se buscaba evitar precios abusivos y el aumento de la inflación. No obstante, afirmó que “los precios deben dar señales del mercado a los productores, prestadores de servicios y al comercializador final y que las entidades deben tener en cuenta el comportamiento de los precios de referencia externos e internos”.
Los precios del acopio 5 de productos esenciales también aumentarán centralizadamente. El frijol negro subirá un 34%, el arroz un 56%, la carne de cerdo un 88%, los huevos un 235% y la patata un 295%. Otros productos menos esenciales se descentralizarán por empresa. De los productos agropecuarios, 30 serán determinados centralmente, pero el resto se descentralizará y se fijará por acuerdos entre productores y compradores. Asimismo, se mantendrán centralizados los precios de la canasta familiar de bienes y servicios (la libreta de racionamiento). Esto exigirá mantener temporalmente los subsidios fiscales a dichos productos, aunque aumentarán algo sus precios. Aunque no lo expresó directamente, se deriva del análisis de la ministra que, al imponer topes a dichos precios, se abriga la ilusión de que no habrá necesidad de ajustar el valor de la canasta básica, ni tampoco ajustar los salarios, contra la realidad del pasado. Todos los productos que los niños reciben, las dietas de enfermedades crónicas, los calzados ortopédicos y profilácticos y los servicios de óptica mantendrán sus precios actuales con altos subsidios fiscales. Igualmente, el Estado fijará los precios de los productos esenciales vendidos en las tiendas en divisas, aunque aumentarán los de los productos no necesarios como bebidas alcohólicas y tabaco.
5 El acopio es la venta obligada de parte de la cosecha al Estado a un precio fijado, inferior al de mercado. Debido a su ineficiencia, reconocida por el gobierno, el acopio había sido substancialmente reducido por las reformas de Raúl Castro, pero se reinstauró en 2016 culpando al aumento de precios de venta de los productos agrícolas. En 2019 la función del acopio pasó a los Ministerios de Finanzas y Precios y Agricultura, o sea, siguió a cargo del Estado, aunque Gil (2020a) afirma que es una “empresa no monopólica”.
Se subsidiarán parcialmente los precios del transporte aéreo (la ministra no mencionó el terrestre, lo cual sugiere que aumentará), medicinas, servicios fúnebres e incineración. Aumentarán las tarifas eléctricas según ingreso y nivel de consumo. Los usuarios que consumen 100 kWh mensuales, de bajo ingreso, tendrán un incremento de 9 a 40 CUP, 4,4 veces, mayor que el incremento salarial promedio en el sector presupuestario; los que consuman entre 350 y 500 kWh mensuales que tienen mayor ingreso, tendrán incrementos mayores de precios. La tarifa de 500 kWh pasará de 459 CUP a 2.267 CUP, casi cinco veces (la explicación oficial es que estos incrementos vienen impuestos por la escasez de combustible y la dependencia en 60% del crudo importado). El precio del gas en bombonas se duplicará, pero el de la red se multiplicará 22 veces, mientras las tarifas de agua subirán al triple (Cruz, 2020). Los servicios de telefonía móvil tendrán una cuota de activación de 750 CUP (36% del salario mínimo y 8% del salario en la escala VII), la cuota mensual de navegación internacional por Internet entre 350 y 185.360 CUP para enlaces directos y los enlaces por VPC-FR entre 175 CUP y 55.825 CUP y las tarifas máximas de acceso a Internet por líneas de subscripción asimétrica (ADSL) entre 1.250 y 48.375 CUP (“Estos serán los precios…”, 2020).
Murillo también se refirió al rol del mercado: “en el mundo los precios los pone el mercado, pero la competencia perfecta no existe en la práctica, porque tendrían que estar iguales la oferta y la demanda y eso tampoco existe”. Justificó la fijación de precios centralizados y se preguntó “¿por qué poner límites de precios?”, pero en vez de contestar alabó el aumento del precio de las importaciones en 24 veces porque incentivará a las empresas exportadoras, cuyos precios se reducirán, pero no dilucidó por qué aumentó 12 veces o menos en los precios nacionales. El ministro de Economía y Planificación, Gil, ahondó en el papel del mercado: “tenemos un sistema de precios que no da señales claras del mercado a los productores… Cuba no va a una economía de mercado, pero el mercado existe independientemente de la realidad nuestra, y a los productores le tienen que llegar las señales de ese mercado” (Falcón et al., 2020a, 2020b). Ni Bolaños, ni Murillo ni Gil aclararon la contradicción entre los topes de precios a la producción nacional, que los distorsiona, y su libre determinación por la oferta y la demanda, ni como llegarían las señales del mercado a los productores con precios fijados centralmente y topes impuestos.
Habrá al menos ocho tipos de precios: (1) un grupo de productos esenciales con precios fijados por el Estado; (2) en el acopio, los precios de los productos esenciales serán determinados e incrementados centralmente, mientras los no esenciales serán descentralizados y los fijarán las empresas; (3) los precios de 30 productos agropecuarios serán topados; (4) en los bienes distribuidos por racionamiento continuarán los subsidios fiscales aunque aumentarán algo sus precios; (5) en productos para dietas infantiles y enfermos se mantendrán los precios actuales; (6) en otros servicios habrá subsidios parciales (en estas seis categorías los precios estarán subvaluados respecto a su coste real); (7) las tarifas eléctricas sufrirán un aumento substancial, aunque más para los usuarios de mayores ingresos; y (8) sólo en productos no esenciales los precios minoritarios se formarán de manera descentralizada, cercana al precio de mercado.
Muchas de estas medidas buscan proteger a la población vulnerable y son loables. Pero unidas al tipo de cambio fijo determinado administrativamente, mantendrán las distorsiones de precios, con sus efectos perversos y sus altos costes para el Estado (Miranda, 2020), y fomentarán el mercado negro, salvo que aumente substancialmente la producción (algo descartado por Murillo). La ministra Bolaños explicó que un objetivo central de la unificación monetaria (
y las reformas de Raúl Castro) es “la eliminación de los subsidios excesivos y las gratuidades indebidas, porque con la dualidad monetaria y cambiaria había que cubrir parte de los costos por la falta de conocimiento de una tasa que pudiera dar una mayor cercanía a los costos reales de las exportaciones”. Pero racionalizó que “permanecerán los subsidios a productos con un alto impacto en la población, hasta tanto se generalice el subsidio a las personas… tenemos que ir creando las condiciones para que esos subsidios que seguirán otorgándose desde el presupuesto estatal sean a personas y no a productos”. Teniendo en cuenta que esta meta viene discutiéndose desde hace 10 años y se esperaba que se cumpliese con la unificación, es un fiasco que se vuelva a aplazar sin un plazo claro.
(1.6) Impuestos
La ministra Bolaños explicó los cambios en los impuestos tras la unificación. Los trabajadores estatales con un salario (nuevo) de 3.260 CUP (US$135) mensuales estarán exentos del impuesto sobre ingresos personales, los que cobren entre 3.260 y 9.510 CUP (US$396, la escala VII de salarios) pagarán un impuesto del 3% sobre el excedente de 3.260 (no sobre la totalidad del ingreso) y entre 9.510 y 10.000 CUP pagarán otro 5% sobre el excedente de 9.510 CUP. Esta escala es positiva por su efecto progresivo sobre la distribución del ingreso. Los trabajadores no estatales tienen el mismo monto de ingresos exento: 3.260 CUP mensuales o 39.120 CUP anuales (US$1.630), un 30% más sobre la exención anterior de 30.000 CUP. Además, se permite excluir del ingreso el 100% de los gastos, teniendo que justificar solo los que excedan del 80%. Los residentes cubanos permanentes que trabajan en el extranjero con contratos pagarán un 4% sobre sus ingresos; dichos residentes que viajan al extranjero pueden importar bienes por valor de 1.000 CUC y se está estudiando el arancel para que en el futuro sea similar en CUP. Se establece un impuesto del 10% a la venta de bienes y servicios por cuentapropistas que comercializan productos de forma minorista, y a aquellos que venden productos o prestan servicios destinados al consumo y uso (Decreto-Ley 21/2020).
(2) Efectos potenciales
Los efectos de la unificación a corto plazo serán adversos, pues esta generará inflación y desempleo, y podría haber una caída significativa del poder adquisitivo si los salarios y pensiones quedan bajo la inflación. Se cuestiona si la promesa de subsidiar a las personas vulnerables se cumplirá, y se examina la posibilidad de una dolarización de la economía. A mediano y largo plazo los efectos serían positivos siempre que la unificación cumpla las normas necesarias.
(2.1) Inflación
En su anuncio de unificación, Díaz-Canel (2020b) advirtió de sus riesgos: “uno de los principales es que se produzca una inflación superior a la diseñada”. Entre la población, la devaluación del CUP no afecta a la inflación porque la tasa sigue en 24. Sin embargo, dentro del sector empresarial, al subir la tasa de cambio de 1 a 24, los costes de producción de las empresas estatales aumentarán de forma paralela a la devaluación, incrementando los precios mayoristas, que a su vez afectan a los minoristas, y crecerá la inflación. Un ejemplo: la empresa estatal importaba bienes en dólares y en su contabilidad registraba un CUC igual a US$1, lo que disminuía artificialmente el coste real de la importación y la incentivaba. Al eliminarse el CUC y fijar la tasa de cambio de 24 CUP por dólar, el coste de importación se multiplica por 24, como el coste de producción. Esto muestra mejor el valor real de la importación y la desincentiva. Por eso, los precios de la empresa tienen que aumentar para cubrir el costo de producción, lo que alimenta la inflación (Redacción OnCuba, 2016). Al contrario, en las exportaciones, US$1 era igual a 1 CUC, pero ahora se multiplica por 24. Esto revela su valor, aumenta los ingresos de las empresas exportadoras y es un incentivo para exportar.
La tasa de inflación fue del -2,9% (deflación) en 2016 y del -1,3% en 2019 (Figura 1), pero esta ha sido subestimada por decenios: (a) el gobierno fija la gran mayoría de los precios, en vez del mercado; (b) el índice de precios al consumidor (IPC) se basaba en las compras de la población en CUP, pero excluía al CUC, con el cual la población adquiría muchos bienes y servicios; (c) el IPC está también devaluado por la “inflación reprimida”, manifestada en las colas cada vez más largas; 6 y (d) los precios en el mercado libre (informal y negro) donde funciona la oferta y la demanda, se han disparado en los últimos meses. Por ejemplo, un cartón de 30 huevos que no se puede comprar en las tiendas estatales (salvo una vez al mes por racionamiento), en el mercado libre hace años se podía adquirir por 87 CUC (2,90 CUP por unidad) y a fines de 2020 costaba 175 CUC (5,80 por unidad), su precio ha subido al doble. La libra de carne de cerdo, un buen indicador del coste de la nutrición, ha subido de 24-25 CUP en 2018 a 50-70 CUP a mediados del pasado diciembre, también al doble. Lo mismo ha ocurrido con otros alimentos (“Información…”, 2020).
6 Según el primer ministro Manuel Marrero se han creado 3.054 grupos integrados por 22.281 personas para perseguir a los “coleros” y cambistas informales de divisas, supervisados por las fuerzas armadas y la policía. Las colas se hacen a 300 metros de las tiendas para no apreciar su longitud (14y medio, 18/VIII/2020).
Notas: los espacios en blanco indican que no hay información disponible. Las cimas de producción o mejor desempeño (por ejemplo, el menor déficit fiscal) están marcadas en negrita, para facilitar su identificación; la cima de producción de acero fue de 412.000 en 1986; la de puros 657.000 en 1965; la de tubérculos 1.946.000 en 2004; la de hortalizas 4,1 millones en 2004; la de arroz 716.000 en 2003; la de cítricos 985.000 en 1988; la de cabezas de ganado de 6,8 millones en 1967, y la de pescado/marisco 244.000 en 1986.
a Formación de capital bruto como porcentaje del PIB. b Moneda en manos de la población o depositadas en los bancos como porcentaje del PIB (M-2). c Ingresos menos gastos presupuestarios como porcentaje del PIB. d Índice de producción industrial 1989=100. e Miles de toneladas métricas, salvo cuando se especifica. f Millones de metros cúbicos. g Miles de Giga vatios/hora. h Millones de metros cuadrados. i Millones de unidades. j Miles de cabezas. k 2019 o el último año disponible respecto a la cima, la diferencia es en puntos porcentuales o en porcentajes. l El PIB en 2020 cayó un 11%, más que el estimado -8% de CEPAL y The Economist. m A partir de 2017 se cambió la serie incluyendo los saldos en CUP y CUC, por lo que el porcentaje aumentó al 96,5% en 2017, al 100,3% en 2028 y al 103,4% en 2019. n Se proyecta un déficit del -23,3% en 2021. o ONEI (2020) reporta un incremento de más de un 100% en un año, un aumento no logrado antes y que se contradice con las disminuciones en los otros productos agrícolas e información sobre la cosecha.
Fuentes: elaboración propia basada en CEE (1991); ONEI (2008 a 2020); Gil (2020b); y Bolaños (2020).
a Las cifras, salvo que se indique, están dadas en millones de “pesos,” sin especificar si son CUP o CUC; el consenso es que están en CUC similar al dólar de EE.UU. b Mis cálculos: exportaciones de servicios menos ingreso bruto por servicios de turismo. c “Bruto significa” que no se ha restado el gasto de las importaciones para el turismo, en 2019 se informó que este tomaba el 60% del total, o sea, que el ingreso “neto” es el 40% del que muestra la Figura. d Ingreso promedio en dólares EEUU por turista. e Estimados gruesos, no hay series estadísticas verificables. f Las exportaciones de servicios eran fundamentalmente en turismo, virtualmente no había exportaciones de servicios profesionales. g En 2020 las exportaciones cayeron un 30% de manera que estaban un 73% por debajo de 1989. h En 2018 y 2019, por primera vez el gobierno publicó las cifras del valor de los servicios exportados e importados, que se han usado en la Figura para esos dos años; si se usa la serie anterior, la balanza de bienes y servicios es igual en 2018 pero aumenta a 1.369 millones en 2019. i En 2020 hubo 1,1 millones de turistas y estimo un ingreso bruto de 667 millones de dólares; para 2021 el gobierno predice 2,2 millones de turistas y 1.224 millones de dólares (Falcón et al., 2020a; Gil, 2020b).
Fuentes: elaboración propia basada en CEE (1991); y ONEI (2008 a 2020).
Figura 3. Indicadores sociales de Cuba, 1989 y 1993-2019
a Población económicamente activa como porcentaje de la población en edad laboral. b Estimados del autor. c Salario o pensión media mensual estatal, ajustada anualmente a la inflación (Figura 1), cálculos del autor. d Año 1994, el subtotal no estatal incluye organizaciones políticas, que no está en otras distribuciones. e Alteración arbitraria de la serie que pasó 6 puntos porcentuales de privados a cooperativas en 2018, el cambio comenzó en 2015.
Fuentes: elaboración propia basada en CEE (1991); ONEI (1995, 2001 a 2020); y desempleo oculto de Mesa-Lago (2020).
Una forma alternativa (“subrogante”) de medir la inflación es la “liquidez monetaria” (M- 2): la cantidad de moneda que tiene la población en sus manos o depositada en los bancos. Un crecimiento del M-2 sugiere un ascenso de la inflación. En la década de 1990, el excedente de moneda en circulación fomentó la demanda y no había bienes para satisfacerla. El M-2 respecto al PIB ascendió del 25,3% en 1990 a un récord histórico del 73,1% en 1993; después, con la recuperación parcial, descendió al 34,1% en 2004. Pero la fuerte emisión monetaria lo hizo crecer de nuevo del 36,4% al 58,9% entre 2007 y 2018. La última cifra superó a las de 1992 y 1994 (un 56,1% y un 51,7% respectivamente). En 1993, el peor año de la crisis, se alcanzó la cima, un 73,1% (Figura 4). La anterior serie de M-2 fue cambiada en el Anuario de 2019. Esto fue resultado de que a partir de 2017 se “incluyen los saldos en CUP y CUC” en las cuentas bancarias. Antes sólo se reportaban las cuentas en CUP. El resultado es un notable salto del M-2 sobre el PIB: en 2017 pasó del 52,8% al 96,6%, en 2018 del 58,9% al 100,3% y en 2019 al 103,4%. El problema es que no se puede comparar la serie anterior con la nueva (salvo en 1989 y 1993-1994, cuando sólo había cuentas bancarias en CUP). La población tenía en sus manos y en depósitos bancarios más que el valor del PIB en 2019. Hubo una enorme emisión monetaria, mayor que en 1993 (ONEI, 2000).7 La devaluación del CUP aumentará dicha proporción y agravará muchísimo una tasa de inflación muy alta.
Murillo explicó dos métodos para evitar que la inflación sea mayor que lo planificado. El primero, mantener el precio centralizado de un grupo de productos, especialmente los que tienen un fuerte impacto económico. El segundo, poner límites (topes) a los precios mayoristas formados en el sistema empresarial. Estos dos métodos y sus efectos adversos se han discutido en la sección (1). Agregó Murillo que “otra forma para controlar la inflación es garantizar mayores abastecimientos [mediante el incremento de la producción y la oferta] pero en las actuales condiciones de la economía cubana esa no es una estrategia factible… ante nuestro déficit de oferta” (Falcón et al., 2020b).
7 Según Yolanda García, directora de estudios económicos del BCC: “La crisis de los 90 generó ‘inflación reprimida’. El dinero en manos de la población excedió la capacidad de ofrecer bienes y servicios y sus precios no subieron, agravando la escasez en los mercados ya golpeados por la caída del 75% de las importaciones… el peso cubano perdió su poder adquisitivo”. Esta situación era similar en 2020. García agrega que “debe haber claras normas sobre la emisión monetaria para que la economía tenga justo la cantidad de dinero necesaria” (Rodríguez, 2020).
(2.2) Desempleo
La generación del desempleo por la unificación requiere una explicación más profunda. La serie de desempleo declarado (“visible”) indica que mermó del 7,9% al 1,3% de la fuerza laboral entre 1989 y 2019, una de las cifras más bajas del mundo, y sugiere “pleno empleo” (Figura 3). Sin embargo, desde los inicios de la revolución, ha habido un excedente creciente de mano de obra en el sector estatal. Un ejemplo hipotético lo ilustra: el gobierno crea una fábrica que necesita un máximo de 100 trabajadores, pero para reducir el desempleo declarado emplea 200. Esto lo reduce, pero también disminuye a la mitad la productividad y el salario de los trabajadores, mientras aumenta el desempleo “oculto”, la mano de obra que realmente no necesita la empresa. Mi tesis doctoral (1968) probó que este ejemplo era universal en la economía estatal cubana, refutando la creencia generalizada del pleno empleo (Mesa-Lago, 1968). Durante la crisis de los 90, cuando el PIB cayó un 35% entre 1989 y 1993, el excedente de mano obra creció enormemente porque para impedir un gran salto del desempleo declarado, el gobierno no despidió a los trabajadores de las empresas estatales cerradas y continuó pagándoles el salario y subsidiando a las empresas, lo cual aminoró la productividad, escaló el déficit fiscal y los precios, y redujo los salarios (Mesa-Lago, 2010). La CEPAL (2000) estimó el desempleo oculto (llamándolo “desempleo equivalente”) entre 1989 y 1998: pasó del 7,9% de la fuerza laboral en 1989 a una cima del 34% en 1993 y descendió al 21% en 1998. En 1993, el total del desempleo declarado más el oculto fue del 40% (Figura 5).
Al gobierno le tomó 42 años poder aceptar la realidad del desempleo oculto. En 2010- 2011, se revelaron cifras oficiales sobre el empleo innecesario en el sector estatal (se le llamó “nóminas infladas”). Había que despedirlo y emplearlo en el sector no estatal: 500.000 en 2010, un millón en 2011 y 1,8 millones entre 2011 y 2015. A fines de 2014 habían sido despedidos sólo 418.000 empleados estatales superfluos, y en 2016 se decretó la terminación de los despidos. Tomando la meta de 2015, aún quedaban 1,3 millones de empleados excedentes. El crecimiento del sector no-estatal fue insuficiente para ocupar a todo el empleo estatal excedente. Cuando comenzaron los despidos, el desempleo abierto aumentó del 1,7% en 2009 al 3,5% en 2012. Pero declinó consistentemente al 1,3% en 2019 (ONEI, 2010, 2013 y 2020). Mi estimación para 2018 indica que el desempleo declarado era del 1,7%, el oculto del 29,2% y el total del 30,9% (Figura 5). En 2019, cuando se reportó un desempleo declarado récord de sólo el 1,3%, debía haber un desempleo oculto de alrededor del 29%, esto en vísperas de la unificación (el gobierno predijo un aumento al 1,6% de desempleo declarado en 2021, muy pequeño en vista a la discusión anterior; véase Gil, 2020).8
8 Otro indicador de desempleo oculto es la caída de la “tasa de actividad” (población activa como porcentaje de la fuerza laboral en edad laboral) del 76,1% en 2011 –justo cuando comenzaron los despidos– al 65,2% en 2019 (Figura 3); la diferencia de 11 puntos revela que una proporción importante de la población en edad laboral no busca empleo (“desvinculación al trabajo”). Una de cada tres personas en edad laboral no trabajan, descontando los que estudian (Monreal, 2020a; y Albizu-Campos, 2021)
El gobierno ha anunciado repetidamente que no habrá “terapia de choque” por la unificación, ni despidos masivos (Díaz-Canel, 2020b), con lo cual está repitiendo su política de la década de 1990: “el desempleo… no es una opción” (Murillo, citado por Falcón et al., 2020b). Debido a la crisis económica, entre abril y octubre de 2020 había 150.000 trabajadores estatales que no trabajaban porque sus empresas habían cerrado pero cobraban su salario (“interruptos”) y 250.000 cuentapropistas con suspensión temporal de sus licencias, un total de 400.000 trabajadores equivalentes al 8,7% de la fuerza laboral ocupada. Los que no estaban en esa situación “han tenido un nivel bajo de actividad”, claros indicadores de desempleo “oculto” (Gil, 2020a; y ONEI, 2020). La devaluación del CUP incrementará los costes de producción de las empresas y, como han advertido Díaz-Canel, Murillo y Gil, muchas de ellas tendrán fuertes pérdidas. Se supone que el gobierno dejará de subsidiar las pérdidas del 40% de las empresas estatales, al ser financieramente insostenibles y que deberían cerrar. Pero ya se ha explicado que el Estado asignará recursos para sostener a dichas empresas durante un año de transición, ayudándolas a ajustarse a las nuevas condiciones. Si después de la transición se acaban los subsidios y se cierran las empresas, sus trabajadores quedarán desempleados. En resumen, al desempleo oculto en 2020 se agregarán los despidos resultantes de la unificación. El desempleo total podría exceder el 30%, aunque si se permite expandir el cuentapropismo sin trabas ni impuestos excesivos, éste absorbería el desempleo estatal (véase la sección 4).
(2.3) Poder adquisitivo de la población
El discurso oficial que rechaza la “terapia de choque” también promete que la población será protegida del aumento de precios mediante un incremento de salarios y pensiones mayor que el de precios. Según Murillo: “En economía hay una diferencia entre el salario real y el nominal. Nuestra aspiración es que todos los asalariados queden en mejores condiciones que en el punto de partida en que estamos” (Falcón et al., 2020b). El salario nominal creció desde su punto más bajo en 1993, pero el salario real (ajustado a la inflación) está por debajo del nivel de 1989 y se ha reducido el poder adquisitivo. El salario medio mensual nominal en 2019 era de 879 CUP y, debido a la inflación anual, el salario real en 2019 equivalía al 47,3% de su valor en 1989. Se devaluó un 52,7% (pese al alza notable del salario en el sector no empresarial en 2019), mientras que la pensión media nominal de 362 CUP equivalía al 64,3% de su valor real en 1989. Se devaluó un 35,7% (Figura 6).9
9 Si medimos el salario medio y la pensión media al cambio oficial en dólares en 2019, las cifras respectivas eran US$37 y US$15 mensuales
En mi opinión es virtualmente imposible que el gobierno incremente los salarios por encima del alza de precios para mejorar su valor real. Si bien está aumentando los salarios, las pensiones y las prestaciones sociales, esto no compensará el efecto de la devaluación y la inflación. Será una continuación de la política practicada entre 1989 y 2019 del deterioro real de dichos pagos, que cubrirán aún menos las necesidades básicas.
(2.4) Necesidad de expandir el sector no estatal, especialmente el privado
El análisis anterior constata la importancia para el gobierno y el país de expandir el sector no estatal, especialmente el privado y el cuentapropismo (Monreal, 2020b). Entre 2010 y 2019 el sector no estatal pasó del 16,2% al 32,9% de la fuerza laboral ocupada, mientras que el estatal se contrajo del 83,8% al 67,1%. Dentro del sector no estatal, elprivado creció del 11,8% al 22,5% y, dentro de este, el de cuenta propia subió del 3% al 13,4% (Figura 7).10 En 2019 el empleo sumó 102.500 trabajadores, con un 89% en el sector no estatal y un 11% en el estatal. En el no estatal, el 83% fue en el privado (del cual el 35% por cuentapropismo) y sólo el 6% en el cooperativo (ONEI, 2020).11 Sin embargo, en 2021 se proyecta un incremento de sólo 32.000 ocupados, con un 69% en el sector estatal (que debería reducir empleo) y un 31% en el no estatal, que se supone debería expandirse (Gil, 2020b). Díaz-Canel (2020a) ha dicho que “algunos economistas cuando hablan de destrabar las fuerzas productivas solo piensan en el sector privado” mientras que para el gobierno el principal actor económico es “el sector empresarial estatal y, como un complemento de este, el sector privado”, por ello ahora estamos centrados en “ir desatando al sector estatal sin frenar al sector privado”.
10 Para un análisis de los grupos en el sector no estatal, véase Mesa-Lago, Pérez Villanueva y Vidal (2020).
11 El sector cooperativo mostró un declive del 8,4% al 4,1% entre 2000 y 2017; en 2015 el gobierno alteró la serie, transfiriendo 7 puntos porcentuales del sector privado al cooperativo (lo hizo retroactivamente desde 2015), con lo cual este experimentó un salto milagroso (Monreal, 2019b; y Mesa-Lago, 2019a).
No obstante, el gobierno ha tomado medidas positivas respecto al sector no estatal, incluyendo el privado y el cuentapropismo:
(a) El anuncio de la eliminación en agosto pasado de la lista de 123 actividades por cuenta propia permitidas. La ministra de Trabajo no especificó cuándo entrará en vigor, pero dijo que el gobierno permitirá “negocios de perfil más amplio” que se determinarán “a partir de proyectos de trabajo que presente el interesado” y las limitantes serán “que las labores y materias primas sean de procedencia lícita” (Falcón y Terrero, 2020). Esta medida había sido reclamada por economistas académicos cubanos, que apoyan dar libertad para ejercer en cualquier actividad, salvo un número razonable que por su importancia estratégica se reserve el gobierno (la mayoría de las actividades son de bajo valor añadido, mientras la fuerza laboral cubana tiene un alto nivel educativo desperdiciado).
(b) En noviembre se anunció que 7.000 restaurantes estatales pasarán en arriendo a cooperativistas y cuentapropistas y que los trámites de aprobación de licencias se simplificarán (Monreal, 2020b; y Pentón, 2020).
(c) La concesión al sector no estatal de vender productos y servicios directamente a la Zona Especial de Desarrollo de Mariel.
(d) La autorización a los cuentapropistas para descontar de los ingresos todos sus gastos, estableciendo un ingreso mínimo de 39.120 CUP (US$1.630) anuales exento del impuesto sobre ingresos tanto para el sector no estatal como el estatal, y la exoneración del impuesto sobre ingresos personales a los cuentapropistas que suspendieron sus actividades en 2020 debido al COVID-19 (Decretos Leyes 20 y 21, 2020; Bolaños, 2020; y Gil, 2020a).
Estas concesiones son esenciales porque, debido a la unificación, los cuentapropistas serán afectados por fuertes incrementos en el coste de los insumos, pero es fundamental promulgar la ley de empresas que legalice y de garantías al sector no estatal.
La autorización a las microempresas y cooperativas no agrícolas para exportar e importar es positiva, aunque se mantienen fuertes restricciones: la obligación de hacerlo a través de empresas estatales puede generar conflictos de interés; tener cuentas bancarias en divisas y confirmar que el origen de los fondos depositados provenientes del extranjero es “totalmente lícito”; y autorización específica del BCC, y que los bienes y servicios exportados tengan calidad y sean competitivos, algo que no se exige a las empresas estatales (Gaceta Oficial, 17/VIII/2020). Otras medidas necesarias son el desarrollo del comercio mayorista, la eliminación de trabas burocráticas, como 29 documentos para obtener una licencia de cuentapropista, la unificación de regulaciones para los sectores estatal y no estatal, la creación de un banco que ofrezca préstamos con bajo interés al sector no estatal, etc. Todo esto hay que hacerlo con rapidez, sin trabas ni desincentivos.
(2.5) Reemplazo de subsidios de precios por subsidios a personas vulnerables
Desde que inició sus reformas estructurales en 2007, Raúl Castro proclamó que se eliminarían gradualmente los subsidios y gratuidades indebidas, incluyendo la libreta de racionamiento, porque sus precios subsidiados se justifican para los ciudadanos de bajos ingresos, pero no para los de altos. De hecho, la reforma la habían sugerido 12 años antes tres economistas en un libro que provocó una fuerte crítica del gobierno a sus autores (Carranza, Gutiérrez y Monreal, 1995). Como parte de dicha política, bajo Raúl Castro, muchos alimentos y otros bienes de consumo se sacaron de la libreta de racionamiento y vendidos por el precio de oferta y demanda, lo cual aumentó notablemente los precios y redujo el poder adquisitivo de salarios y pensiones. El retorno de la crisis económica en 2019-2020 generó desabastecimiento y escasez de alimentos y bienes de consumo, y obligó al gobierno a retornar varios de dichos productos a la libreta de racionamiento.
No obstante, se mantendrán los subsidios de precios a productos y servicios “sensibles a la población” (Bolaños, 2020). El reemplazo de los subsidios a precios por subsidios a personas es adecuado porque, además de focalizarse en la población de bajo ingreso, la unificación expandirá la población vulnerable que requerirá asistencia social, aunque Bolaños explicó que dicho reemplazo se pospondría hasta que las circunstancias lo permitan. Esta expansión comenzó con las reformas estructurales de Raúl Castro que redujeron el gasto social. Esto, a su vez, perjudicó el acceso y la calidad de los servicios sociales de educación y salud, así como la construcción de viviendas, junto con la caída del poder adquisitivo de salarios y pensiones (Mesa-Lago, 2012, 2018). Aunque la situación demandaba una expansión de la asistencia social, ocurrió lo contrario: entre 2006 y 2019, los beneficiarios de la asistencia social disminuyeron de 5,3 a 1,5 por cada 1.000 habitantes, mientras el gasto de asistencia social respecto al PIB menguó del 2,2% al 0,4% en el mismo período (Figura 8)
Otros indicadores oficiales de asistencia social entre 2008 a 2019, muestran caídas de: adultos mayores en 61%, discapacitados en 67%, madres de hijos con discapacidad severa en 57%, y servicio de asistencia a domicilio en 69% (Figura 9)
