La descentralización de facultades, sobre todo en el acceso a las divisas, abre las puertas a la efectiva autonomía de la gestión empresarial. Invitados a la Mesa Redonda de BOHEMIA valoran de positivas las medidas adoptadas, pero que aún son insuficientes. La planificación mantiene su sesgo administrativo, existen excesos en el marco jurídico, lentitud para asumir los cambios, falta de competitividad y entrenamiento, límites a la distribución de utilidades, descapitalización y atraso tecnológico, baja capacidad de innovación y el monopolio del comercio exterior
Por DELIA REYES GARCÍA
Fotos: JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA
I
El anuncio de la arrancada del ordenamiento no tomó por sorpresa a la Empresa de Tabaco Torcido El Laguito en la capital. Su director, Pedro Luis Pérez Acosta, asegura que desde el mes de septiembre del pasado año estaban trabajando en la primera etapa de ese proceso, por indicaciones del Grupo TabaCuba, al que pertenecen. “Ya recibíamos el financiamiento directo del cliente, abrimos las cuentas en Moneda Libremente Convertible (MLC), con capacidad de liquidez. Esto nos colocó en mejor posición.
“A partir del 1 de enero pasamos a la segunda etapa, relacionada con la transformación de los ingresos, es decir, el incremento de los salarios y las pensiones por jubilación”. En este nuevo escenario, agrega Pérez Acosta, la empresa se beneficia, al variar la tasa de cambio a 24 pesos por cada dólar de exportación, crecen la rentabilidad y el salario de los trabajadores. “Los que están a destajo salen ganando más, porque también reciben la distribución de utilidades trimestralmente, sin límites de hasta cinco salarios como era antes”, subraya.
Otras medidas, aprobadas dentro de la nueva estrategia económico-social para enfrentar la actual crisis mundial provocada por la covid-19, impactan también positivamente en el tejido empresarial. De las últimas 15 aprobadas el pasado año, un grupo otorga mayores facultades a las Unidades Empresariales de Base (UEB), así lo constata Eugenio Hernández Alonso, director de la UEB Cubana de Acero, subordinada a la Empresa Mecánica de Transformado del Acero (EMTA). “Eso es algo que nos fortalece, porque antes teníamos que pedir muchas autorizaciones a la empresa. Para hacer un contrato con un cliente había que esperar la aprobación del comité de contratación de la empresa, el cual se reunía una vez al mes. Era muy lento todo. Ya no es así”.
Con la descentralización de facultades, la UEB de Producción de Postlarvas Yaguacam, en Cumanayagua, gana terreno en la gestión.
De los obstáculos que tenían estas organizaciones, también comenta Carlos Sánchez Sánchez, director de la UEB de Producción de Postlarvas Yaguacam, dedicada al cultivo del camarón, y enclavada en el municipio de Cumanayagua, en Cienfuegos. “Todo el flujo del dinero salía por la empresa, era centralizado. Si tenías que comprar, por ejemplo, útiles de limpieza, había que mandar la factura por correo para La Habana, esperar la autorización y luego a que pusieran el dinero”.
Por su parte, Yovaine González Pedroso, director de la UEB Metropolitana, de la Empresa de Bebidas y Refrescos (Ember) de La Habana, considera que “las medidas están dirigidas a dar mayor autonomía a las UEB. Antes se firmaban grandes contratos a nivel de grupo o de empresa, y luego llegaban a la fábrica insumos que no eran los más adecuados para producir. Hoy los firmamos nosotros directamente con los proveedores”.
Al fin… una luz
Marlene Rosabal Sánchez, viceministra de la Industria Alimentaria, valora que las medidas han tenido un impacto positivo en el empresariado.
Para tomarle la “temperatura” a las medidas que perfeccionan y flexibilizan la gestión de la empresa estatal socialista, BOHEMIA invita al diálogo, en Mesa Redonda, a directivos de Organismos de la Administración Central del Estado (OACE); empresarios de algunos sectores clave, y a una investigadora del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC).
Según Marlene Rosabal Sánchez, vice titular del Ministerio de la Industria Alimentaria y la Pesca (Minal), el paquete de medidas, tanto las primeras 28 aprobadas en 2019 como las otras 15 de 2020, “fueron bien acogidas por el sistema empresarial ya que favorecen la autonomía al permitir gestionar las fuentes de financiamiento desde diferentes vías: por el aumento de exportaciones; las ventas a la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), la comercialización online y las ventas en MLC para el mercado interno.
“El objetivo era que las empresas pudieran incrementar, o mantener al menos, sus niveles de producción, teniendo en cuenta la situación financiera que existía y aún persiste en el país”, advierte la viceministra. Y recuerda, “a través de la entidad financiera Finatur, las empresas de la Alimentaria recibieron préstamos que pudieron asegurar las entregas al Turismo, buscar la sustitución de importaciones en este sector. Así las entidades adquirieron mayor motivación en su gestión y responsabilidad.
“Las últimas medidas también tienen cambios significativos para las UEB, al dotarlas de más facultades. Igualmente se modifican los destinos de las utilidades retenidas y se crean dos nuevos fondos, para financiar la construcción de viviendas y la estimulación de los trabajadores”.
Una debilidad que durante mucho tiempo ha golpeado al sistema empresarial es la perniciosa subordinación a los OACE. Sobre este aspecto, señala la viceministra del Minal: “comienza a materializarse la separación de funciones entre el sistema empresarial y el ministerio, y cada cual a ocuparse de lo que le corresponde, sin depender de los financiamientos del organismo central para realizar su gestión. De no ser por la pandemia, tuviéramos una mayor implementación y mejores resultados”, concluye.
Salir del círculo vicioso
Jorge Ernesto Jaén Duany, jefe del Departamento de Divisas del MEP, asegura que las normativas emitidas están en permanente evaluación.
A juicio de Jorge Ernesto Jaén Duany, jefe del Departamento de Divisas, del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), las medidas tributan a la autonomía en la gestión financiera de las empresas y a la independencia en el acceso a la liquidez externa, que estaba “muy centralizada, dependía totalmente de las instancias superiores… Y como era insuficiente, siempre se quedaba alguien sin recibirla”.
Al establecer las prioridades del país en la asignación de financiamiento con respaldo en liquidez “se descuidaba un poco el motor generador de la riqueza, que son las empresas exportadoras. Eso creaba un círculo vicioso, porque al disponer de menos divisas, menos había para repartir”. En ese sentido, como parte de la nueva estrategia, se impulsa la tarea de descentralizar la distribución de liquidez en el sistema empresarial.
“A partir de ahí el MEP emite la Resolución 115 (R-115) de 2020, que se sigue revisando porque no es un documento fijo que está escrito en piedra. Es muy flexible y puede ser modificado si las condiciones así lo indicaran. La esencia de esta normativa es que el motor generador de la riqueza tiene que disfrutar de los recursos que creó”, acentúa Jaén Duany.
Por tal motivo, se desmantelan los esquemas cerrados de financiamiento que antiguamente estaban a nivel de OSDE, con estructuras verticales y poco conectados horizontalmente con sus proveedores. “Los ingresos por exportaciones son retenidos allí donde se genera la exportación, a nivel de empresas”, subraya.
A la UEB Cubana de Acero se le ha hecho más expedito el camino para firmar contratos con los clientes.
Otros principios importantes, agrega, son lograr la autonomía financiera en los negocios con inversión extranjera directa y potenciar el derrame natural de esa liquidez al interior de la economía, a través de los encadenamientos productivos.
El directivo del MEP esclarece que la R-115 abarca a las empresas estatales, a las entidades con capital ciento por ciento cubano, y a las mixtas. “Cuando una estatal logra relaciones comerciales con una mixta recibe el pago con respaldo de liquidez del ciento por ciento, excepto aquellos servicios básicos como electricidad, comunicaciones, acueducto y alcantarillado, y otros que no sustituyen importaciones.
“Esto es muy importante porque se trata de que busquen en la economía interna todo aquello que las empresas mixtas traían del exterior. Tenemos una inversión extranjera que se caracteriza, generalmente, por importar la mayor parte de los insumos que consume y exportar muy poco. O sea, venden en plaza todo el tiempo. Excepto los casos icónicos como Havana Club, Habanos, Moa-Níquel”.
Cada cual desde lo suyo
Los ingresos por exportaciones retornan al lugar que los generó.
El Ministerio de Industrias (Mindus) tiene bajo su égida las OSDE de Reciclaje, Electrónica, Ligera, Química y Sideromecánica. Katherine Montes Padrón, directora general de Control y Análisis del citado organismo, valora que la implementación de lo aprobado “plantea el reto de mantener una producción nacional con calidad y competitividad”.
Explica que tras estudiar minuciosamente las medidas, las concentraron en cuatro grupos. Las relacionadas con facultades para gestionar los financiamientos, aquellas que tienen que ver con los encadenamientos entre el sector empresarial y las formas de gestión no estatal, las que permiten flexibilizar la planificación y, por último, las asociadas a los recursos materiales demandados por la industria nacional, en virtud de incrementar las producciones con destino a la exportación, a los programas priorizados y a los productos de primera necesidad.
Por su parte, Adriana Ballester Hernández, directora de Personal del Ministerio de la Agricultura (Minag), coincide en que estas medidas generan autonomía, sobre todo en la gestión económico-financiera del sistema empresarial. “También se amplían las facultades que permiten la flexibilidad de los procesos laborales y de contratación, sobre todo con las aprobadas en 2020. Otras, relacionadas con los sistemas de pago, ya estaban en marcha”.
Ballester Hernández sostiene: “en el caso del Minag se ha combinado la aplicación de estas medidas con un grupo de transformaciones contenidas dentro de la estrategia económico-social, que llaman a modificar el papel de la empresa estatal, dedicada a las actividades agropecuarias y forestales, las cuales mantienen estrechos vínculos con el sector cooperativo”.
Los encadenamientos entre empresas del propio sistema de la Agricultura, expone la directiva, garantizan un retorno financiero en MLC para oxigenarse internamente.
“Lo primero que hicimos fue un intenso proceso de capacitación de los directores, porque a veces sucede que quieren libertad, pero cuando la reciben, no están preparados para asumirla. Y no solo ellos, sino sus consejos de dirección y los propios trabajadores”. En tal sentido evalúan constantemente los resultados.
Clara M. Castillo Villadroín, vicepresidenta de la OSDE de la Industria de Materiales de la Construcción (Geicom), da la cara por el Ministerio de la Construcción (Micons). “Desde el ministerio las medidas se fueron implementando en aspectos muy específicos: la sustitución de importaciones, la exportación de bienes y servicios; las fuentes de acceso a la liquidez, en particular con la Zona Especial de Desarrollo Mariel el sector de la construcción está enlazado a ese proyecto desde que allí se puso la primera piedra”.
Destaca el vínculo con las universidades, con las cuales impulsan 75 proyectos; así como la innovación, asociada a las mejoras tecnológicas, el mantenimiento de las plantas industriales y los equipos de construcción.
Sin maratones
Azcuba está llamado a diseñar con exactitud la cadena de valor, para que las divisas lleguen a las bases productivas no estatales, creadoras de la riqueza.
Dentro de la nueva estrategia trazada por la dirección del país, se propone un redimensionamiento del sector azucarero que debe concluir en el actual año. Antonio León Mursulí, director de Capital Humano del Grupo Empresarial Azucarero (Azcuba), comenta: “cuando se anunciaron las medidas, estábamos inmersos en el perfeccionamiento de la estructura del sector, que se presentó al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, y como en ese momento se trabajaba en el diseño de las últimas medidas, se tomó la decisión de aplazar la presentación para marzo de 2021”.
En cuanto a la autonomía financiera, valora que Azcuba tiene que resolver un asunto muy complejo, porque tiene asociadas 700 bases productivas, y parte de la liquidez debe ir a estas, porque son las que generan la materia prima y se trata de formas de propiedad no estatal. Por tanto, están obligados a diseñar la cadena de valor dentro del grupo con precisión de relojeros, para que las divisas lleguen realmente al creador de las riquezas.
El sector azucarero es de naturaleza exportadora y transversal en la economía nacional, al encadenarse con muchos otros sectores como Industria, Turismo, Comercio Interior, Recursos Hidráulicos, Unión Eléctrica… “En el plan 2021, como parte de la implementación de la R-115, más del 45 por ciento de los ingresos generados por exportaciones serán para encadenarnos con la industria nacional”, asegura el director de Capital Humano.
Azcuba cuenta con siete empresas que mantienen vínculos directos con la ZEDM y generan montos significativos. Una parte de esas divisas se revierten hacia el resto de las entidades.
“Para que estas medidas perduren en el tiempo –advierte León Mursulí– las insertamos como estrategia dentro del plan de desarrollo del sector hasta 2030. De lo contrario se convierte en un maratón, porque sin dudas, desde las OSDE esto no se resuelve. Los empresarios tienen que apropiarse de ellas, sentirlas suyas, y que las vean realmente como un beneficio para la organización”.
Descentralizar la asignación de liquidez es una medida que revoluciona la economía nacional.
Invitados al diálogo
En esta ocasión participan en la Mesa Redonda sobre las medidas que perfeccionan y flexibilizan la gestión de la empresa estatal socialista:
*Marlene Rosabal Sánchez, viceministra del Minal.
*Jorge Ernesto Jaén Duany, jefe del departamento de Divisas del MEP.
*Katherine Montes Padrón, directora general de Control y Análisis del Mindus.
*Adriana Ballester Hernández, directora de Personal del Minag.
*Clara M. Castillo Villadroín, vicepresidenta de Geicom.
*Antonio León Mursulí, director de Capital Humano de Azcuba.
*Ileana Díaz Fernández, investigadora del CEEC.
*Ulando Jiménez Vargas, director general de la Empresa para el Cultivo del Camarón (Eccam).
*Nilda E. López López, directora general de la Empresa de Bebidas y Refresco (Ember).
*Juan Fernández Marzo, director general de la Empresa Transformadora del Acero (EMTA).
*Antonio García González, director general de la Industria Cubana del Mueble (Dujo).
*Isis Diez Duardo, directora de Economía del Grupo Empresarial Tabacuba.
*Alfredo Rubio Lezcano, vicepresidente del Grupo Empresarial Gelma.
*Osmany Barreiro Consuegra, director general de la Empresa Productora de Alimentos (Prodal).
*Arturo Forteza Valdés, vicepresidente primero del Grupo Agroforestal.
*Alfredo Almeida Bazán, segundo jefe de la dirección general de Recursos Humanos del Minal.
*Olivia E. Ponce Adrón, especialista Comercial de la Empresa Mármoles Cubanos.
*Benedicto E. Ríos García, director de Economía de la Empresa Inoxidable Varona.
*Marilis Hernández Fernández, dirección general de Comunicación Institucional del Mindus.
II
Afinando los motores
Sobre la reestructuración, rigidez de la planificación y normativas pendientes, también dialogan los invitados a la Mesa Redonda
De los zigzagueos con las empresas no hay quien le haga un cuento a Ileana Díaz Fernández, investigadora del Centro de Estudio de la Economía Cubana (CEEC). “Llevo 40 años trabajando el tema y siempre he defendido a los empresarios, porque suele culpárseles por los pobres resultados económicos, cuando en realidad no han tenido el poder para tomar decisiones.
“Con las manos atadas es muy difícil hacerlo. El país ha tenido históricamente, y lo mantiene, un esquema muy centralizado de toma de decisiones, basado en el control, en particular, administrativo”, afirma la doctora en Ciencias Económicas.
“La Resolución 115 (R-115), Bases para el perfeccionamiento del Sistema de Asignación de Liquidez del Plan de la Economía Nacional, emitida por el Ministerio de Economía y Planificación (MEP), es quizás una primera luz en el camino. El fortalecimiento de la empresa estatal no significa que ella tenga que estar en todo, ni para todo. La Constitución de la República lo dice claro, la propiedad es estatal, pero la forma de gestión puede ser cualquiera de las reconocidas en la Ley Suprema. Por tanto, habría que precisar realmente dónde hace falta una empresa estatal fuerte, que sea un motor en la economía.
La doctora en Ciencias Económicas, Ileana Díaz Fernández, estima que aún son necesarios otros cambios de fondo para alcanzar la autonomía empresarial.
“Desde que comenzó la actualización del modelo cubano, se ha emitido un sinnúmero de normativas para darle autonomía a las empresas, incluso mucho antes se hicieron intentos con el Sistema de Dirección y Planificación de la Economía en los años 70 y luego en los 90 cuando se introdujo el esquema de financiamiento cerrado para algunas de estas, pero hasta ahora no se ha logrado materializar esa aspiración”.
La experta manifiesta recelos con las nuevas figuras que introducen las últimas medidas: (UEB que pasan a ser empresas, empresas filiales, OSDE subordinada a otra OSDE), y las que están recogidas dentro de la estrategia económico-social (micro, pequeñas y medianas empresas, que pueden ser privadas, estatales o mixtas). A su juicio, pueden enredar más las cosas.
“Mi temor es que ahora demos el bandazo contrario, querer resolver el tema de la reestructuración del sistema empresarial eliminando las OSDE, porque son muchas, que si son muy grandes y verticales, cuando eso se sabía. La reestructuración de una organización es ciencia constituida y existe cualquier cantidad de información. No es sentarse y decir: este se subordina a aquel, o viceversa. Como generalidad es lo que se ha hecho. Pero eso no es reestructurar”, alerta la investigadora.
De un plan rígido a…
Uno de los aspectos más significativos que le encuentra Díaz Fernández a la R-115 es que “pueda ayudar a eliminar la rigidez del plan, porque no es financiero, sino de asignación de recursos. Por tanto, es un método administrativo: le doy a uno y le quito al otro.
Urge sacudir las rigideces al plan, en un contexto de incertidumbre ante la Covid-19.
“La normativa trata de resolver esa situación, pero algo le crea una barrera y es el monopolio del comercio exterior. Es conveniente recordar que eso no está en la Constitución de la República, se quitó en la de 1992, y no se incluyó en la de 2019”.
Por su parte, Jorge Ernesto Jaén Duany, jefe del Departamento de Divisas del MEP, valora que las medidas aprobadas para el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista tienen su expresión en el plan. “En el ministerio hemos debatido mucho sobre el papel, las funciones y características del plan de la economía y coincidimos en que no puede seguir siendo un instrumento de asignación administrativa.
“Esto es más evidente en la planificación a corto plazo, no sucede igual con los planes a mediano y largo plazo, como puede ser el Plan Nacional de Desarrollo. Pero también en el primero de los casos, que no sea tan rígido ni administrativo y pueda hacer uso de herramientas más financieras, para servir de guía al sistema empresarial.
Mayores facultades deben ir acompañadas de responsabilidades superiores en la gestión empresarial.
“Un primer paso fue la selección el pasado año de 28 empresas a las que se le emitió el plan de forma diferente al de las OSDE. Con esto se exploró la posibilidad de hacerlo de otra manera, que no fuera administrativo. ¿Por qué hay que emitir un plan de asignación de recursos al universo empresarial? Tal vez podamos crear un híbrido, donde confluya uno más financiero para las empresas y otro más administrativo para aquellas entidades que garanticen prioridades de la economía. Son variantes que se están explorando”.
Jaen Duany agrega que dentro del plan de 2020 se redujeron los indicadores del encargo estatal, y se eliminaron otros financieros como utilidades y pérdidas. Adelanta que estudian la posibilidad de hacer un plan de licitación pública, es decir, donde el Estado garantice aquellos productos, bienes y servicios que tengan carácter estatal, dígase la canasta básica, las producciones para los servicios sociales y que el resto tenga un ambiente más descentralizado.
“También se revisa por qué emitir un plan rígido al inicio del año y para variarlo tenga que hacerse un engorroso proceso de modificación. La idea es emitir rangos, en los que se puedan mover las empresas. Que nadie crea que el plan de la economía es un papel inerte, los que participamos en este proceso estamos pensando en cómo podemos progresar y hacerlo más descentralizado y más financiero”, asegura el directivo del MEP.
Cambian las reglas
Para quienes se reincorporen al empleo, cambiará la regla de cálculo en el incremento de la cuantía de la pensión.
La abogada Haydée Franco Leal, subdirectora de la dirección Jurídica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, corrobora: “todavía están en proceso de aprobación las propuestas de regulación que garanticen la implantación de las medidas como tales”.
Dentro de las 15 medidas aprobadas para continuar avanzando en el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista, está la reincorporación del jubilado al mismo puesto de trabajo donde se retiró y la facultad de aprobación la tienen los jefes de entidades nacionales, empresas y órganos locales del Poder Popular, previa evaluación en el consejo de dirección de cada una de esas instancias, esclarece. Antes, eran autorizados por los consejos de las administraciones municipales.
En este sentido, precisa Franco Leal, se realizará una modificación al procedimiento establecido en la Ley de la Seguridad Social, que consiste en cambiar la regla de cálculo para el incremento de la cuantía de la pensión del jubilado reincorporado al trabajo.
En el nuevo escenario de ordenamiento monetario y cambiario, el cálculo de las pensiones está considerado, al igual que los salarios, sobre el valor de la canasta referencial de bienes y servicios. Y en materia de Seguridad Social, la jubilación se sustenta en el principio de comprensibilidad, es decir, la cuantía de las pensiones se corresponde con los salarios devengados y el tiempo de servicio prestado.
La planificación está abocada a ser cada vez más financiera y menos administrativa.
